Columna Al Margen

En la Frontera Sur, sí debe cambiar la política del gobierno federal

almargenoaxaca

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abril 16, 2015

+ ¿Qué han hecho gobiernos locales para resolver crisis humanitaria?

El padre Alejandro Solalinde encabeza una caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a la Ciudad de México para pedir que el gobierno federal cambie la política de contención migratoria en la frontera sur del país, y que específicamente modifique las acciones del Plan Frontera Sur, que implementó la Secretaría de Gobernación al inicio de esta administración para contener el paso de migrantes desde el sur del continente hacia la frontera con los Estados Unidos. Más allá del activismo, es evidente que esa política debe cambiar, pero no a partir de los tradicionales argumentos de la política migratoria, sino de los deberes que tienen los tres órdenes de gobierno con los derechos humanos.

En efecto, los migrantes, que iniciaron el Viacrucis el 24 de marzo en la frontera de México y Guatemala, realizan desde hace varios años este recorrido para hacer visible el drama de las personas indocumentadas que intentan llegar a Estados Unidos y sufren en México toda clase de abusos. Sin embargo, en esta ocasión el Instituto Nacional de Migración (INM ) desplegó un operativo alrededor de Ixtepec y advirtió que se permitirá el tránsito de ilegales.

Frente a esto, Solalinde Guerra ha manifestado que uno de los objetivos principales de esta caravana se centra en pedir a la Secretaría de Gobernación —que es de quien depende orgánicamente el INM— que modifique el Plan Frontera Sur, a partir del cual han tratado de impedir que continúe el tránsito de migrantes que vienen de Centroamérica, y que ingresan al país no para quedarse en él, sino para tratar de llegar a la frontera con los Estados Unidos.

Solalinde ha hecho énfasis en dos cuestiones: primera, que los Grupos Beta, que fueron creados para brindar protección, seguridad y ayuda a los transmigrantes en su paso por territorio nacional, han sido ahora utilizados como grupo de inteligencia, y esto ha corrompido su labor; y segunda, que el gobierno federal no ha realizado una verdadera política de contención de la migración, sino que únicamente se ha dedicado a tender redadas para impedir que los migrantes continúen su camino, y para regresarlos a su lugar de origen, pero que no ha hecho prácticamente nada para asegurar que no sean blanco de delitos, extorsiones y trata, y, sobre todo, para garantizar que estén a salvo sus derechos como persona, al margen de su calidad migratoria.

Y es que resulta que una de las principales acciones que contempla ese Plan Frontera Sur, se centra en impedir que los transmigrantes aborden el tren de carga que periódicamente sale de Chiapas, y que cruza varios estados —entre ellos Oaxaca— antes de conectarse con la frontera norte de la República. Hasta ahora los resultados positivos de esa política de contención no han sido claros, pero lo que sí ha sido público es que el número de migrantes que llegan al país desde Centroamérica no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado.

Frente a todo esto, la gran incógnita se centra en cuál es la ruta, y los medios de transporte alternos que han comenzado a utilizar los transmigrantes para tratar de cruzar el país, y sobre todo a qué nuevas calamidades se están teniendo que enfrentar en dicho proceso. Evidentemente, nadie creería que la política actual ha servido para algo.

Y más allá de lo que diga Solalinde, lo que todos debiéramos preguntarnos es qué está haciendo el gobierno, en sus tres ámbitos, para evitar que los transmigrantes —que son personas, con calidad migratoria ciertamente irregular, pero también con derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, y que son válidos para ellos por el solo hecho de encontrarse en territorio nacional— continúen siendo el blanco preferido de las organizaciones criminales, que lucran con ellos, que los agreden, los extorsionan, violan a las mujeres y provocan todo tipo de horrores de los que el gobierno no se está haciendo corresponsable en lo que le correspondería hacer.

CUESTIÓN DE DERECHOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece derechos fundamentales que no pasan por la calidad migratoria de las personas. Un ejemplo de ello, se encuentra en la clásica afirmación constitucional, de que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional, por ese solo hecho alcanzarán la libertad y la protección de las leyes (penúltimo párrafo del artículo 1 constitucional). Ello es un punto de referencia para entender que existen derechos que no pasan por el tamiz de la calidad migratoria, y sobre los cuales el Estado mexicano tiene deberes ineludibles, también contenidos en el citado precepto de la Constitución de la República.

¿Por qué afirmamos esto? Porque hasta hoy el tema de los transmigrantes se ha quedado en la discusión de las normas migratorias y de población, pero no ha alcanzado el nivel de los derechos fundamentales. Bajo esta lógica, el Estado tendría que estar preocupado de verdad no sólo por ver qué ocurre con los transmigrantes en su paso por el territorio mexicano, sino sobre todo por garantizar que sus derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la no discriminación —entre otros— fueran respetados y garantizados en toda la extensión de la palabra, independientemente de su calidad migratoria.

¿Por qué? Porque no se trata de promover la migración irregular, pero sí de asumir que por lo menos en algún grado parcial, sí es responsabilidad del Estado mexicano todo lo que ocurra con los transmigrantes mientras se encuentran en territorio nacional. No hacerlo, significa también negarles de facto su calidad de personas y por ende entregarlos, por la vía de los hechos, a las organizaciones criminales para que ellos hagan con los centroamericanos lo que les venga en gana.

Finalmente este es un asunto que debe pasar por una discusión serena respecto a los derechos fundamentales. Más allá del activismo —y hasta oportunismo— de algunos personajes, en la frontera sur sí existe gente preocupada por la suerte de los transmigrantes que debe ser escuchada y respaldada siempre que esta lucha sea de verdad por los derechos fundamentales.

SOLALINDE

Es bienvenida, y muy necesaria, su lucha a favor de los migrantes. En mala hora se alió con el gobierno estatal (a quien ya no cuestiona) para involucrarse en una grilla local, que nada tiene que ver con la lucha por la que ganó reconocimiento nacional e internacional.

Debe preocuparnos, que siete de cada diez no se identifique con reelegibles

Columna

almargenoaxaca

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abril 15, 2015

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+ Legisladores sin respaldo ciudadano: su futuro político está cancelado

Hay dos variables que los actuales candidatos deberían estar tomando en cuenta, hoy que pretenden llegar al Congreso federal con base en mentiras, demagogia, propuestas desorbitadas y desapego ciudadano, y sólo apoyados por los capitales electorales de sus partidos. Primera, que esta será la primera ocasión en la que quienes resulten electos como Legisladores serán reelegibles de forma inmediata. Y segunda, que hoy más que nunca la ciudadanía no se siente identificada con ellos. Ese es un coctel venenoso para cualquier político que no esté consciente y dispuesto a cambiar de fondo su forma de interactuar con sus electores.

En efecto, de acuerdo con la reforma al artículo 59 de la Constitución de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 2014, los Senadores podrán ser ahora electos hasta por dos periodos consecutivos, y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivo. Esto es, en término simples, que por virtud de esa reforma, los diputados federales electos en los comicios del próximo siete de junio ya podrán aspirar, en el proceso electoral de 2018, a buscar una segunda postulación por parte de su partido para tratar de repetir en el cargo.

Este es un primer tema que los candidatos actuales no registran. En los últimos días, en este espacio hemos hecho un recuento somero de la forma tan irresponsable en la que los propios abanderados asumen su deber de construir propuestas serias e identidad con los ciudadanos, a partir no de la compra del voto sino del convencimiento de un proyecto legislativo, o incluso de un esquema político.

De hecho, todos están decididos a hacer campaña según los métodos tradicionales, y para eso han echado de las estrategias ampliamente conocidas, como la de ir a tratar de convencer a partir de dádivas o de la compra del voto, o de tratar de generar identidad con los ciudadanos a partir de frases jocosas, canciones, jingles o mensajes que no tienen ni pies ni cabeza como un posible planteamiento serio de por qué, y para qué, se pretende ser legislador federal.

Lo que no registran los candidatos es que ellos serán los primeros con posibilidad de acceder a la reelección inmediata. Será natural —hasta por el solo antecedente político— que la mayoría de ellos intente repetir en la diputación federal. Sólo que, en ese posible escenario, ¿cómo querrán hacerlo si ahora mismo no están preocupados por construir una agenda política y legislativa con sus ciudadanos, que sea su ruta de trabajo como legisladores, y luego sea su fundamento para regresar a pedir un segundo voto de apoyo entre los ciudadanos?

Pues una de las quejas más recurrentes de los ciudadanos en contra de los partidos y candidatos, es justamente que en la enorme mayoría de los casos los políticos en campaña van a las comunidades a prometer obras, servicios y gestiones a cambio del voto, y que también van dizque a solidarizarse con los problemas y preocupaciones de la gente, y aparentemente a identificarse con sus problemas para pedir el apoyo político, y luego nunca regresan a cumplir sus promesas, o cuando menos a demostrar que hicieron algo para remediar el problema o preocupación que les externó la ciudadanía cuando eran candidatos.

Ello ha ocurrido históricamente, porque como los diputados y senadores eran irrelegibles para el periodo inmediato, entonces el voto que se les entregaba era algo así como un cheque en blanco. Esa irrelegibilidad relativa, cancelaba también cualquier posibilidad de evaluar —desde la ciudadanía, y con el sufragio— al legislador, y finalmente por eso —entre otras muchas razones— ellos terminaban haciendo de su periodo lo que les venía en gana, porque sabían que trabajaran o no, nadie se los podría reprochar en las urnas.

NO HAY IDENTIDAD

Ayer el periódico Excélsior, de la Ciudad de México, revelaba datos escalofriantes sobre la falta de identidad entre políticos y ciudadanos. Una investigación realizada por 12 organizaciones civiles, entre ellas Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, revela que en México siete de cada diez personas no se sienten representadas por sus legisladores.

Dicho estudio, concluye que el Poder Legislativo mexicano es uno de los que cuenta con mayor opacidad en América Latina, y alertaron que bajo esta circunstancia será una catástrofe la reelección de legisladores, que surtirá efecto a partir de los diputados que se elegirán el 7 de junio.

Hay algunos datos que de alguna forma “explican” la brecha tan grande que existe entre legisladores y ciudadanía. Uno de ellos, da cuenta de la marginación hecha por el Poder Legislativo en México a los ciudadanos. Pues sólo 44 por ciento de los Congresos locales permite que los ciudadanos acudan a sus trabajos de comisiones y sólo 3 por ciento de estos cuerpos legislativos publica la versión estenográfica del debate en las mismas.

Sobre el manejo del dinero del que disponen para su funcionamiento, los congresos de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, y Quintana Roo no cumplen con ninguna variable de información presupuestal y administrativa. Hay un 84% de cumplimiento promedio en derecho a la información de los ciudadanos ante sus representantes populares y un 60% en accesibilidad y difusión del trabajo legislativo.

¿Con esos antecedentes, y con esa evidente falta de identidad y arraigo de los legisladores con los ciudadanos, pretenderán nuestros ahora candidatos ser nuevamente aspirantes a una reelección legislativa? El panorama es sombrío para la ciudadanía y para la representación popular porque no hay ninguna certeza de que quienes resulten electos tengan de verdad afinidad con la ciudadanía a la que irán a representar. Pero es todavía más oscuro si este escenario se observa a partir de que los mismos candidatos no parecen conscientes de que a ellos también les urge cambiar la forma en que conciben la manera de hacer política, para regresar a construir su propio arraigo con la gente.

PLIEGO PETITORIO

La Sección 22 adelantó que en días próximos entregará su pliego petitorio anual a las autoridades locales. Dicen que el aspecto central de ese pliego será la entrega de escuelas que se encuentran en poder de la Sección 59. Ante este anuncio, ¿seguirá el IEEPO siendo el facilitador de la persistencia de la hegemonía de la Sección 22 en Oaxaca, o ahora sí asumirá su papel de autoridad en la materia?

Campañas deslegitimadas: no hay compromiso con la honestidad

almargenoaxaca

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abril 14, 2015

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+ Ver la paja en el ojo ajeno, es un “remedio” que ya no tiene futuro

Los partidos políticos enfrentan un reto que no sólo no disminuirá con el tiempo, sino que irá en aumento: su falta de identidad con los ciudadanos es, y será, directamente proporcional al florecimiento de las candidaturas independientes. Este es un escenario previsible a partir del descrédito y de la falta de arraigo entre partidos y ciudadanos, y por eso también toma lógica el temor que tiene el sistema de partidos de abrir las vías electorales a los ciudadanos sin partido que desean competir por ocupar espacios de representación popular.

En efecto, hoy es fácilmente perceptible el hecho de que en el ámbito político vivimos en dos mundos distintos. Uno es el de los partidos y sus candidatos, que pretenden seguir engañándose con el garlito de que la ciudadanía está “prendida” con las campañas, y que el proselitismo a base de jingles, eslóganes y promesas demagógicas es lo que la gente está esperando. El otro, es el de la ciudadanía que está, por un lado, harta de los problemas públicos que no tienen solución; y por el otro, desencantada y ajena totalmente a la propaganda de los partidos, porque sabe que todo eso es palabrería que, en realidad, no tiene nada de sustancia ni de fondo.

¿Cómo resolver esa brecha? Los partidos no tienen intención alguna de hacerlo. Más bien, resulta que hasta hoy, las fuerzas políticas han asumido y reiterado el hecho de que la democracia son ellos, y que por ende no importa el grado de legitimidad e identidad que se tenga con el ciudadano, siempre que se gane la elección. Es decir, que a los partidos ya no es importa el cómo, y únicamente están decididos a mantener el qué que, hasta ahora, se encuentra a su favor. Ese “qué” bien puede traducirse en las curules y escaños que ganan en cada elección legislativa, y en los cargos que obtienen cuando se trata de alcaldías, gubernaturas y la Presidencia.

El cómo no es importa. Y no les importa primero porque el sistema electoral mexicano no evolucionado para eliminar el triunfo de las minorías. Es decir, hoy en el sistema político no importa que un candidato triunfe y aplaste a toda la oposición, en unos comicios en los que no participó ni la mitad del electorado.

Si consideramos ese hecho, veremos entonces que gana quien obtiene una mayoría relativa, pero que esa mayoría proviene de una clara minoría, porque la mitad o más de los electores decidieron no acudir a votar. Entonces su representación y legitimidad real está disminuidísima. Pero aún así ellos se convierten en los representantes de todos los electores, independientemente de que su triunfo sea reflejo de una minoría, y no de una mayoría.

Este es un problema grave, que sin embargo no le interesa a los partidos y sus candidatos. No les interesa porque ellos están sólo preocupados por ganar. Para lograrlo, se valen lo mismo de intentar convencer a la ciudadanía (que para ellos es lo más difícil, y por ende en lo que menos se preocupan porque en este sistema mexicano ganar no depende de convencer), pero sobre todo de tratar de obtener votos a través de los métodos que para ellos son “efectivos” y “tradicionales”. Esto es, a través de la coacción, del condicionamiento y de la compra del voto… con toda la ilegitimidad y cuestionamientos morales que ello conlleva, pero que tampoco les importa.

En el fondo, ese descrédito es el que provoca más problemas de los que resuelve en el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque además del descrédito natural que hoy tienen los partidos por haberse alejado de la ciudadanía para cuidar sus respectivas parcelas en los espacios públicos, hoy también enfrentan el cuestionamiento de fondo de que ni siquiera tienen posibilidad de ganar con legitimidad. En esa brecha es donde aparecen las candidaturas ciudadanas, a las que han intentado cercar, aunque finalmente terminarán derrotados.

CANDIDATURAS CUESTA ARRIBA

Por ejemplo, en el caso de las candidaturas ciudadanas, dice la ley electoral que a partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña.

La pequeña gran diferencia con todos los demás candidatos, postulados por partidos políticos, se encuentra en el hecho de que los abanderados de las fuerzas políticas sí tienen acceso a proselitismo en medios de comunicación, y no tienen que convencer previamente a nadie que no sea la jerarquía de sus propios partidos.

Ese margen de discrecionalidad es el que permite que dentro de los partidos, los candidatos sean los preferidos de las cúpulas y no de la ciudadanía, y que a los candidatos ciudadanos se les imponga el doble reto de convencer primero a un número elevado de ciudadanos para que apoyen su candidatura, independientemente del número de votantes a los que luego tienen que convencer, sin medios ni prerrogativas similares a los de los partidos, para tratar de ganar la elección constitucional.

Evidentemente, este nivel de dificultad se explica en el temor de los partidos a perder el monopolio de la postulación a cargos públicos, que además tuvo que abrirse luego de que la Corte Interamericana fallara en el sentido de que el sistema electoral mexicano era excluyente porque cerraba la participación activa al hecho de que un partido postulara para poder acceder a un cargo público, haciendo nugatorio el derecho de las personas que no militan en una fuerza política, para participar en los procesos electorales.

En el fondo esto es cuestión de tiempo. Aunque los partidos intentan atajar la participación electoral de los candidatos sin partido, esto no sólo no dejará de ocurrir, sino que irá en incremento. Ello se explica no sólo en que los ciudadanos tengan afanes políticos, sino también en la necesidad de ofrecerle un nuevo margen de legitimidad al sistema político de nuestro país, que hoy está ahogado por los partidos, que hace poco tiempo se presentaban como sus salvadores.

PATRAÑAS

Sigamos con propuestas desorbitadas: el candidato del PAN Javier Barroso ha prometido a sus posibles electores, por ejemplo, que irá por una “contrarreforma fiscal” para dejar de lastimar el bolsillo de los que menos tienen. Sí, podemos hasta coincidir con esa propuesta. ¿Pero por qué no habla mejor de algo que sí sea posible, y que además él pueda cumplir?

Campañas: el drama de los candidatos sin nociones ni propuestas

almargenoaxaca

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abril 13, 2015

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+ Ideas demagógicas, equivocadas e irónicas: son muestras de vacío

Es alarmante que en la primera semana de actividades proselitistas de los candidatos a diputados federales por Oaxaca, el único denominador entre los abanderados es el ayuno total de ideas y propuestas viables para la entidad. De un primer recuento de comunicados y actividades de algunos de los candidatos, puede verse que los ciudadanos podemos esperar propuestas demagógicas, ideas equivocadas, y hasta promesas irónicas de los candidatos, pero no una postura seria y congruente como candidatos a diputados.

En efecto, pasaron ya ocho días desde que iniciaron las campañas proselitistas, y seguramente no son pocos quienes querrían escuchar propuestas viales de los candidatos, de cara a los retos que tendrá la LXIII Legislatura federal. Esos retos están, básicamente, en el confeccionamiento del sistema de combate a la corrupción que tanto ha sido demandado desde la sociedad al Estado mexicano, y en la emisión de la normatividad que termine de reglamentar las reformas estructurales que se lograron concretar en esta primera mitad de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Acaso una de las tareas subjetivas, pero indispensables, que tendrá que hacer el Congreso en estos tres años siguientes, es la de vigilar, con responsabilidad y compromiso con la nación, la implementación de las reformas ya mencionadas.

El problema es que hasta el momento los abanderados no se han referido a nada de eso y, según parece, no tienen intención de hacerlo. De hecho, son contados los candidatos a diputaciones federales por Oaxaca que han estado dispuestos a reflejar en comunicados de prensa, o en sus páginas de internet, los mensajes y las propuestas que hasta ahora han llevado a sus electores. No obstante, de la revisión del poco material que existe al respecto, sí puede deducirse que lo que abunda son recuentos de actividades, reseñas de encuentros y mítines políticos, y algunos discursos. Pero también puede verse que en ellos es prácticamente inexistente cualquier viso de propuesta. Veamos.

Por ejemplo, la revisar los 10 comunicados que ha emitido la abanderada priista por el distrito 08, con cabecera en Oaxaca de Juárez, Beatriz Rodríguez Casasnovas, sólo se halló una suerte de compromiso que, a la letra, dice: “La aspirante a la cámara baja del Congreso de la Unión se comprometió a gestionar como diputada, de ganar este 7 de junio en las urnas, apoyo para realizar algunas de las obras que necesita esta colonia, Beatriz Rodríguez por su parte dijo, ‘Nosotras no les venimos a mentir, no nos gusta mentir, somos mujeres de trabajo, comprometidas con lo que hacemos, responsables y con sentido humano, el trabajo que nos respalda no es de hace 5 días cuando comenzó la campaña, nuestro trabajo viene de hace ya muchos años, hemos demostrado que las mujeres somos capaces de trabajar para la gente, somos tan aptas para llegar a ocupar cargos públicos como los hombres, entregamos resultados’”. Comunicado de fecha 10 de abril.

El compromiso puede ser loable, aunque es a todas luces insuficiente y desatinado. De hecho, algo que se ha cuestionado duramente en los últimos tiempos a los diputados federales y locales, es el hecho de que el centro de su labor y compromisos con la ciudadanía se encuentre en la gestión, y no en el trabajo legislativo.

Beatriz Rodríguez, en esta primera semana, no esbozó una sola propuesta relacionada con la labor legislativa que realizaría como legisladora federal, y sólo se limitó a reseñar sus encuentros con la ciudadanía que, si bien es una cuestión encomiable, no ofrece ninguna perspectiva de su posible labor sustantiva y sus compromisos como legisladora. Eso es lo que se refleja en sus comunicados.

CANDIDATOS EXTRAVIADOS

Francisco Martínez Neri, candidato del PRD por el mismo distrito que Rodríguez Casasnovas, en los pocos comunicados que pudieron localizarse en algunos medios digitales, dice tener una propuesta legislativa y pide a la ciudadanía que lo prefiera a partir de esa propuesta. Lamentablemente, en ningún punto de esos comunicados se hace referencia alguna al contenido de esa agenda o propuesta legislativa, y más bien se limita a hacer —igual que los otros candidatos— recuentos de actividades y colonias visitadas, que finalmente no ayudan a localizar en qué oferta legislativa se fundamenta su aspiración de ser diputado federal.

El caso que resulta aún más irónico es el del candidato del PAN, Sergio Bello Guerra. Éste, en su página web personal (sergiobello.mx) tiene tres propuestas generales, a saber: “1. Movilidad efectiva para que Oaxaca progrese (…) Impulsaré leyes que te permitan llegar a tu destino y que contemplen: Transporte público accesible y de calidad bajo un enfoque ambiental y de respeto al peatón. Que la movilización de pocos no afecte la movilidad de todos. 2. Impulso a tu economía familiar. Impulsaré leyes que establezcan las condiciones institucionales para contar con empleos dignos y bien pagados, así como el fortalecimiento al Seguro de Desempleo. 3. Seguridad para vivir tranquilos. Los oaxaqueños aspiramos a vivir en un estado donde prive la seguridad, libre de todo tipo de discriminación y violencia, donde se respeten los derechos humanos y nuestros hijos puedan desarrollarse en plenitud. Promoveré leyes que hagan de estos derechos una realidad”.

Evidentemente, esos planteamientos tendrían que partir de una pregunta concreta: ¿Qué ha hecho Sergio Bello como diputado local, por alcanzar esos mismos objetivos? No hace referencia alguna al respecto. Pues si el ayuno de ideas y propuestas es preocupante en el caso de Beatriz Rodríguez, esto es alarmante en las candidaturas de Martínez Neri y Sergio Bello, que o fueron diputados locales en el pasado reciente, o lo son actualmente, y que de ese trabajo pudieran fundamentar, primero, su aspiración —no legítima, sino legitimada en sus antecedentes— para ser ahora diputados federales, y segundo, tener un conocimiento más concreto y certero de lo que sustancialmente debe hacer un diputado, y de lo que debe ofertar para que sus propuestas puedan ser tomadas con seriedad y no como simples discursos vacíos y demagógicos, como hasta ahora ocurre.

SILENCIO TOTAL

Se echa de menos una campaña que tomara como base el combate a la corrupción en las mismas campañas electorales. ¿Cómo suponer que alguien los tome en serio, cuando todos están apostando a un posible triunfo electoral a partir de los clientelismos o del voto duro, y no de la verdadera conquista del voto ciudadano?

El incremento a la tarifa del transporte, aplazado con un “mejoralito”

almargenoaxaca

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abril 10, 2015

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+ Carlos Moreno Alcántara debe explicar qué sí y qué no pactó con pulpo

La tarde del miércoles, el gobierno de Oaxaca anunció el aplazamiento de la decisión de incrementar la tarifa del transporte urbano, y con ello no hizo sino aplazar una decisión que sigue vigente, pero además hizo indispensable que ahora el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, renuncie. Las implicaciones de la negociación del Titular del Ejecutivo con los concesionarios, así lo indican.

En efecto, mediante un comunicado se informó se informó que el Titular del Poder Ejecutivo y los concesionarios de las empresas Choferes del Sur, Tucdosa, Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao, así como Servicio Exprés Antequera Sertexa, habían acordado participar en una mesa de diálogo para mejorar la calidad del servicio del transporte público en la ciudad de Oaxaca, además de revisar la solicitud de incremento de tarifas.

Alejandra Gómez Candiani, representante de los concesionarios, informó que el servicio de transporte público en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, continuará con la tarifa de 6 pesos. Asimismo, Gómez Candiani dio a conocer que continuarán las mesas de trabajo entre concesionarios y la Sevitra, con la finalidad de revisar la solicitud de incremento a las tarifas, de acuerdo con la normatividad vigente, sin realizar paros ni bloqueos viales que afecten la dinámica económica y productiva de la ciudad de Oaxaca, por lo que el servicio público continuará ofreciéndose de manera normal.

Acaso lo más alentador de este anuncio, es que los concesionarios y el gobierno de Oaxaca se dijeron comprometidos a realizar una mesa de análisis “buscando encontrar puntos de equilibrio que armonicen el poder adquisitivo de la población, con los requerimientos de aumento planteados por los transportistas, y con ello, retomar un proyecto de mejora integral en el sector”.

Eso, la mejora integral en el sector, es lo que verdaderamente hace falta ya no sólo para hacer justa la tarifa que actualmente cobran a los usuarios, sino también para hacer más viable esa industria que hoy parece no tener pies ni cabeza. Si llega a darse un verdadero reordenamiento de las rutas y la forma en que se presta el servicio de transporte público en la capital oaxaqueña y los municipios conurbados, entonces habría también mayor posibilidad de que exista un negocio más equitativo para todos los concesionarios, y las calles dejen de ser tierra sin ley a merced de los autobuses urbanos.

Esta parte debiera ser la sustancial de la negociación, a la que también tendrían que convocar a la sociedad oaxaqueña. No podría imaginarse una conclusión válida y legítima en torno a este asunto, si en ella se excluye al actor fundamental que es quien, además, paga íntegros los costos de las decisiones tomadas, que es el usuario. Por eso, mejorar integralmente el servicio tendría que ser una de las principales prioridades, junto con el hecho de que todo debiera partir de un reordenamiento integral del sector para alejarlo del círculo vicioso en que hoy se encuentra.

Todo esto debiera ocurrir, sí, pero teniendo de por medio a un interlocutor también válido y legitimado. Y hoy queda claro que el secretario de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, no cumple con ese requisito.

MORENO DEBE IRSE

Hace dos días apuntábamos en este espacio, que lo que se notaba a simple vista, era la existencia de un acuerdo pactado en silencio entre gobierno y concesionarios, que cuando se abrió a la ciudadanía encontró un enorme rechazo “por eso hoy parece estarse haciendo la pantomima —que sólo se desmentirá con la renuncia del secretario Carlos Moreno Alcántara, como resarcimiento de sus posibles decisiones equivocadas— de que hay diálogo entre el gobierno y los concesionarios, para que de ahí salga una decisión sobre qué hacer con la demanda del incremento a la tarifa.

“Así —apuntábamos— si no ocurre la renuncia o separación del cargo de Moreno como titular de la Sevitra, y finalmente el gobierno le concede a los concesionarios el incremento de un peso a la tarifa del transporte urbano y suburbano, entonces se confirmará que todo fue un montaje para legitimar el incremento. De no ocurrir cualquiera de estos dos supuestos, entonces se confirmaría que sí hubo un acuerdo particular entre la Sevitra y los concesionarios, y entonces de todos modos Moreno tendría que irse por haber creado un problema al gobierno y la sociedad oaxaqueña por los acuerdos —o complicidades— que él tomó con el pulpo camionero sin haberle consultado al Titular del Poder Ejecutivo.”

Hoy sabemos el resultado: el gobierno no autorizó el incremento que Moreno Alcántara ya había pactado con el pulpo camionero. Llanamente, lo que hizo el gobierno fue invalidar una decisión tomada por uno de sus funcionarios. Con lo que se pone en evidencia que hubo, entre éste y los concesionarios, un acuerdo no consensado con el Ejecutivo, y por ende un acuerdo revocado; y que, en el otro extremo, el funcionario que hizo ese pacto debe ahora irse porque.

Es un asunto de decoro y forma política, que debiera cumplirse. No habrá posibilidad de que Moreno regrese a ubicarse como una autoridad en materia de transporte cuando ya quedó en evidencia que no ha actuado en defensa del interés público, y que más bien se dedicó a generar connivencia con quienes deberían ser sus regulados.

Quizá esa sea la razón por la que hasta ahora no ha dado la cara, ni ha ofrecido una explicación a la ciudadanía sobre la circunstancia que envuelve a este asunto, y por qué —en caso de que haya una explicación— él no ha sido cómplice de los concesionarios, y por qué sí puede continuar en el cargo que hasta ahora ocupa. Mientras eso no pase, hay más razones para pensar —y exigir— su renuncia, que para suponer que puede permanecer como titular de la Sevitra.

KORENFELD

Ayer David Korenfeld renunció a Conagua. La razón fue el escándalo que generó por el uso de un helicóptero oficial para fines particulares. Aunque han lapidado al defenestrado funcionario, resulta que éste es un caso raro de la política mexicana: un funcionario que reconoce un error —que para el ejercicio del poder en México es microscópico— y hace pública su renuncia. Esa debiera ser la medida de los errores en el servicio público: reconocerlo y, de entrada, separarse del cargo. No es un tema de responsabilidad administrativa o de castigos legales, sino inicial y finalmente de moral y vergüenza frente a la ciudadanía.

¿Seremos capaces de sostener el cambio que estamos provocando?

almargenoaxaca

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abril 9, 2015

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Un abrazo solidario y respetuoso para el director de TIEMPO,

Wenceslao Añorve, ante la lamentable pérdida de su señor padre.†

+ Rechazar corrupción, excesos y opulencia es comienzo; ¿Qué sigue?

Una pregunta que todos los ciudadanos debemos hacernos es si de verdad estamos dispuestos a sostener la exigencia del cambio de actitud por parte de quienes ejercen el poder, para traducirla en definiciones políticas distintas. Este es un asunto que no debemos dejar en el cajón del olvido, pues la indignación que provocan los excesos que se cometen desde el poder, debe venir acompañada de la capacidad de castigar efectivamente esos excesos y provocar cambios en todos los niveles. Si no lo hacemos, entonces nada de lo que estamos haciendo tiene sentido.

En efecto, el último escándalo político —hay uno cada semana, desde hace meses— del país lo está protagonizando por tercera ocasión la esposa del Presidente. Medios de información de los Estados Unidos la captaron en un exclusivo centro comercial de la zona de Beverly Hills, en Los Ángeles, California, realizando compras acompañada de varias personas. De inmediato, la prensa mexicana reprodujo las imágenes —que en la Unión Americana tenían una intención inicial de exaltar a la llamada “prensa del corazón” — acompañadas de un aluvión de cuestionamientos, la gran mayoría de ellos razonables.

La prensa mexicana comenzó preguntándose, por ejemplo, en qué tipo de aeronave —si oficial o privada— se transporta la esposa del Presidente a destinos internacionales, y con qué frecuencia lo hace. Otros se fueron por la vertiente de cuántos elementos del Estado Mayor Presidencial la resguardan en esos viajes. E incluso hubo quienes —en un tono más frívolo y poco serio— decidieron preguntarse si el dinero que gastaba en su día de “shopping” era de origen público.

Acaso lo más relevante de las imágenes de la Primera Dama y su familia en Beverly Hills, se centra nuevamente no en el hecho de cuánto habría costado su viaje o si el dinero que gastaba es del erario, sino en la circunstancia misma de que esa es una representación de la desigualdad que existe, entre la esposa de un político que accede a privilegios de ese tipo a partir de una elección ciudadana, en medio de un país en el que más de la mitad de la población vive en situación de pobreza extrema, y en donde alrededor de dos terceras partes de la población vive en alguna condición de marginación.

Frente a esto uno podría argumentar —como lo ha hecho ella misma, y mucha gente en su defensa— que la señora Angélica Rivera gasta el dinero que ella ganó como actriz y que por eso no tiene el deber de reportarle a nadie el destino de sus recursos y las decisiones que toma. El problema es que si bien ella es una persona común porque no ostenta ningún cargo público, sí tiene un deber moral y político de guardar prudencia en su conducción como persona a partir de que ella es la esposa del Presidente, y que por ende debiera tener una actitud sensible y solidaria frente a la realidad nacional, y no de displicencia frente las condiciones sociales del país, en momentos en los que además hay una fuerte crispación por la poca sensibilidad que demuestra el propio gobierno frente a hechos específicos como el de los normalistas desaparecidos en Iguala, o las revelaciones de corrupción de él mismo y de varios de sus más cercanos colaboradores.

CERCAR LA CORRUPCIÓN

Ese es, de hecho, uno de los casos más relevantes pero, desgraciadamente, no el único. Si revisamos sólo lo ocurrido en las semanas previas. Sólo por citar dos ejemplos más, se encuentra el uso indebido de un helicóptero de la Comisión Nacional del Agua, por parte de su director, David Korenfeld, para trasladarse junto con su familia de los alrededores de su domicilio al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para realizar un viaje privado, o las distintas revelaciones que han salido a la luz sobre la forma poco precisa en que el gobierno federal pretende perseguir la corrupción, más como una cuestión de decoro que como una convicción.

Esto, aunque el gobierno y la clase política intenten negarlo, sí está impactando en la forma en cómo ellos deben entender el ejercicio público a partir de ahora. Una cosa es que ese tipo de excesos siempre haya ocurrido, y otra que puedan seguir ocurriendo. La sociedad está enviando el mensaje de que esto ya no puede seguir siendo de esta forma. Si el gobierno registra correctamente esa lectura, se verá obligado a cambiar. Y si eso ocurre, entonces los ciudadanos tendríamos que darle la siguiente vuelca a la tuerca de la democracia ya no sólo repudiando ese tipo de hechos, sino rechazándolos y castigándolos justamente donde más le duele al gobierno: en las elecciones.

Eso es lo que idealmente tendría que ocurrir: que el costo político este tipo de excesos se convirtiera en un costo electoral, facturado y cobrado el día de los comicios. Es el imperativo siguiente, para que partidos y gobierno asuman cabalmente que el cambio que exige la ciudadanía es de fondo. Si no ocurre entonces estaremos frente a un sonoro fracaso que sólo hará más fuertes a quienes hoy, cuestionados desde la sociedad, se encuentran en una posición débil.

DE MAL EN PEOR

Por mero trámite, orillados por la presión de la sociedad y los medios de comunicación, a los integrantes de la Comisión Instructora del Congreso local no les quedó más remedio que llamar a comparecer a los tres impresentables consejeros de la Cotaipo, Esteban López José, Eréndira Fuentes Robles y Gema Sheyla Ramírez Ricárdez. En la más absoluta opacidad comparecieron los Consejeros de Transparencia, a puerta cerrada, sin testigos incómodos, bloqueando la entrada a los representantes de los medios de comunicación. Al amparo de María Luisa Matus, Natividad Díaz y Vilma Martínez todo estuvo “planchado” para que nada incomodara o levantara suspicacias contra los cuestionadísimos funcionarios que siguen sin rendir cuentas claras.

A cambio de la impunidad los Consejeros cedieron plazas de mandos medios a los recomendados de los actuales diputados, esa fue la cuota para negociar su permanencia y sin auditoría. Teniendo como únicos argumentos sus intereses personales, los diputados se afanan por sostener lo insostenible y dicen desconocer los abusos al interior de la Cotaipo. ¿Pasarán por alto los diputados las iniciativas para reintegrar la Cotaipo, además de las fallas y el sonoro reclamo ciudadano ante la incapacidad de los consejeros actuales?

Gobierno: al ceder a chantajes del pulpo, remata a economía local

almargenoaxaca

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abril 8, 2015

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+ Costo del pasaje en transporte urbano, es referencial para la economía

Luego de sitiar por más de ocho horas la capital oaxaqueña, los concesionarios del “pulpo camionero” decidieron darle una soberbia “tregua” al gobierno estatal, para que en un lapso de 48 horas resuelva el incremento de un peso a la tarifa del transporte urbano. Además de ilegal, esta tregua de los transportistas al gobierno resulta ominosa. Pues si finalmente —como parece— el gobierno decide concederles el incremento, estará no sólo premiando a los concesionarios por su beligerancia, sino que además estará abriendo la puerta a una escalada de precios que hasta hoy no ha sido correctamente dimensionada.

En efecto, al concluir —en los primeros minutos de este martes— una mesa de diálogo entre transportistas y funcionarios del gobierno de Oaxaca, surgió un primer acuerdo de “analizar la petición de los empresarios”. Y es que según los concesionarios del transporte urbano, el Gobierno de Oaxaca debió autorizar el aumento de la tarifa a 7 pesos en la ciudad, a partir de la premisa de que la Ley de Transporte establece una revisión cuando menos una vez al año y ésta no se ha dado en lo que va de la presente administración. El gobierno pidió tiempo para analizar la petición de incremento y en su caso, “otorgarlo con base en un estudio socioeconómico”. Es decir, que lo que pareciera es que lo único que falta es el elemento de forma para legitimar esta decisión.

Esta no es buena noticia para nadie. Pues en un primer momento, habría de quedar nuevamente reiterado que no hace falta más que presionar al gobierno, y lastimar a la ciudadanía, para obtener prebendas y beneficios que terminan revictimizando a los afectados, y legitimando acuerdos inicuos que ya existían sólo que a espaldas de la ciudadanía.

Pues resulta que —tomando como base este chantaje de los concesionarios al gobierno— este paro de actividades, y bloqueo de arterias viales, protagonizado ayer por el pulpo camionero no sólo le habrá jodido la vida a todos los que por esa causa dejaron de hacer sus actividades, de ganar el dinero que tenían planeado o de simplemente gozar del derecho inherente al uso libre de la vía pública, sino que además todo esto habría servido para legitimar el acuerdo bajo la mesa entre los funcionarios de la Sevitra y los concesionarios, y para asestar un golpe artero a la economía de los oaxaqueños.

Y es que de entrada todos sabían que no sería fácil que la ciudadanía aceptara el incremento, cuando todas las promesas de mejora al servicio han sido incumplidas. Esto, además, se agrava por el hecho de que este es un año electoral, en el que el gobierno busca todo menos echarse encima a la ciudadanía o con nuevos impuestos, o con nuevas medidas que impliquen una sangría al bolsillo familiar.

El problema es que en medio de todo esto hubo un acuerdo pactado en silencio entre gobierno y concesionarios, que cuando se abrió a la ciudadanía encontró un enorme rechazo, y por eso hoy parece estarse haciendo la pantomima —que sólo se desmentirá con la renuncia del secretario Carlos Moreno Alcántara, como resarcimiento de sus posibles decisiones equivocadas— de que hay diálogo entre el gobierno y los concesionarios, para que de ahí salga una decisión sobre qué hacer con la demanda del incremento a la tarifa.

Así, si no ocurre la renuncia o separación del cargo de Moreno como titular de la Sevitra, y finalmente el gobierno le concede a los concesionarios el incremento de un peso a la tarifa del transporte urbano y suburbano, entonces se confirmará que todo fue un montaje para legitimar el incremento. De no ocurrir cualquiera de estos dos supuestos, entonces se confirmaría que sí hubo un acuerdo particular entre la Sevitra y los concesionarios, y entonces de todos modos Moreno tendría que irse por haber creado un problema al gobierno y la sociedad oaxaqueña por los acuerdos —o complicidades— que él tomó con el pulpo camionero sin haberle consultado al Titular del Poder Ejecutivo.

GOLPE MULTIDIMENSIONAL

Otra de las cuestiones que quién sabe si el gobierno esté considerando al tratar de empujar el acuerdo para el incremento a la tarifa del transporte, es que en buena medida ésta es referencial para el precio de un conjunto enorme de servicios que —se supone— dependen directa o indirectamente del transporte de pasajeros. En Oaxaca la mayor parte de la economía se basa en los servicios que prestan personas que viven de un salario, y que en gran medida se trasladan en transporte público. Si sube el pasaje, entonces, sube todo (y esto también sirve de ocasión para muchos vivales, que con el pretexto del alza al pasaje aprovechan para incrementar el costo de lo que venden, o del servicio que prestan).

De cuestiones como éstas es de donde debería partir el supuesto estudio socioeconómico que pretenden hacer, para legitimar el incremento a la tarifa del transporte público. Pues en realidad lo que se estaría provocando es una nueva espiral de precios al alza que finalmente no es tan medible para el gobierno, pero que sí impacta de manera importante a la mayoría de las familias oaxaqueñas que no viven en una situación de holgura económica. Esa es una cuestión que parece no provocar mucha preocupación al gobierno y los concesionarios, pero que debiera ser uno de los temas considerados como centro de la discusión en la que el usuario es lo más importante, y no el más ignorado —como hoy ocurre—.

Quisiéramos ver todos un gobierno más sensible a los problemas de la gente, y menos dispuesto a satisfacer a los grupos de poder. Es inadmisible que siendo genuina o montada la inconformidad y los actos de presión de los concesionarios al gobierno, finalmente todo quede en un triunfo liso y llano de quienes rompen el orden para conseguir sus intereses.

PARO EN SECULTA

A nadie debiera sorprender el paro de labores realizado ayer por trabajadores de la Seculta. Francisco Martínez Neri —actual candidato del PRD a una diputación federal por el distrito VIII— no hizo sino continuar la inercia de carencias y rezagos en la dependencia. Él, como sus antecesores, nunca pudo delinear el proyecto que definiría su gestión al frente de esa Secretaría, y se fue por la puerta de atrás después de dos años que bien pueden considerarse como una derrota. ¿Hubo respaldo al sistema cultural del Estado, como las casas de la cultura, casas de pueblo y bibliotecas? Eso debiera explicar Martínez Neri como razón para ahora merecer la candidatura que ya ostenta.

Al descubierto, acuerdo negado de Sevitra con concesionarios

almargenoaxaca

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abril 7, 2015

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+ Carlos Moreno y su doble traición: a ciudadanos y al “pulpo”

La semana pasada, cuando intempestivamente los concesionarios del transporte urbano de la capital oaxaqueña anunciaron el incremento de un peso a la tarifa del pasaje, llamó la atención que fuera desde la gubernatura, y no en la Secretaría de Vialidad y Transporte, de donde se desmintiera la versión y se llamara al orden al “pulpo camionero”. En el fondo parecía haber una complicidad entre funcionarios y concesionarios para dar un albazo con el incremento al transporte, que finalmente ayer quedó al descubierto.

En efecto, cuando el pasado 1 de abril se filtró la información de que al día siguiente un grupo de concesionarios de la línea camionera Choferes del Sur, incrementaría unilateralmente la tarifa del pasaje, en este espacio dimos cuenta de la duda que despertaba el silencio de la dependencia encargada de atender el transporte, frente a la determinación con la que el vocero del Ejecutivo salió al paso para rechazar el incremento.

“El gobierno estatal —apuntamos en nuestra entrega del 2 de abril pasado—, a través del vocero del Poder Ejecutivo, Miguel Muñoz, se deslindó oficialmente de cualquier autorización al alza de la tarifa. Lo que ahora el gobierno debe indagar, y castigar si es debido, es si hubo algún pacto interno entre el secretario Carlos Moreno Alcántara y los concesionarios, para darle a los usuarios, y al propio gobierno, un albazo con este incremento sorpresivo. Sevitra titubeó varias horas ante la exigencia de que confirmara o rechazara el incremento. Y eso abre la posibilidad de que ahí haya habido una complicidad que finalmente no tuvo el resultado deseado.”

Esa sospecha hoy está confirmada. Ayer los concesionarios llamaron a una conferencia de prensa en la que le dieron un plazo al gobierno estatal para entablar una mesa de negociación en la que se revisara la tarifa autorizada, o de lo contrario bloquearían las principales arterias viales de la capital oaxaqueña. Dicha negociación no ocurrió. Y por eso después de las 13 horas más de 900 unidades se plantaron en varios de los cruces y calles principales de la capital oaxaqueña como señal de protesta.

Junto con la conferencia de prensa, los concesionarios emitieron una especie de comunicado, del que vale la pena rescatar algunas líneas, porque en ellas los mismos concesionarios ponen de manifiesto el acuerdo para incrementar el precio del pasaje, que luego negó la Sevitra.

“Los concesionarios del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Oaxaca, manifestamos públicamente nuestra inconformidad y rechazo por la decisión subjetiva que tomó el titular de Sevitra de dar marcha atrás a la tarifa revisada con el personal a su cargo; acordada de manera sustentada por las partes involucradas, es decir, entre los concesionarios y la autoridad responsable de $7.00 pesos.

“No aceptamos los pretextos que se quiere argumentar por parte de Carlos Moreno Alcántara para justificarse. Ya que no es culpa de los transportistas que no se hayan hecho los anuncios y los trámites jurídicos correspondientes a tiempo. Desconocemos de la interlocución al C. Carlos Moreno Alcántara (…) Tenemos tomas y secuestros de unidades prácticamente todos los días por parte de las diferentes organizaciones sociales que se manifiestan constantemente en la ciudad y nadie nos apoya o repone las pérdidas que esto conlleva. Hemos aguantado dos años tres meses, de manera paciente y prudente este aumento. Los empresarios hemos estado dispuestos a dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad, cambio de parque vehicular, capacitación a los conductores, operativos de revista, etc (…) es por esto que la mayoría de los usuarios que utilizan el transporte están conscientes del aumento. La ciudadanía sabe que todo ha subido y no podemos seguir con al tarifa actual…”

COMPLICIDADES

Varias cuestiones deben subrayarse frente a este posicionamiento de los concesionarios. Pues lo primero que salta a la vista es que, como se preveía, sí existió un acuerdo previo entre la Secretaría de Vialidad y Transporte, y los concesionarios, para incrementar el costo del pasaje.

Lo segundo es que ese consenso no fue avalado directamente por el Titular del Poder Ejecutivo sino únicamente por el titular de Sevitra, Carlos Moreno Alcántara, quien además de que ahora debe renunciar por esta traición a la ciudadanía, también perdió ya la capacidad de interlocución con los concesionarios, que ahora también se dicen traicionados y que se encuentran en franca rebelión frente al Estado, que es quien finalmente les otorgó la concesión para el servicio que prestan (y que en realidad debía decirse que es “el negocio que explotan”).

Otra cuestión que llama la atención es que en todo este embrollo los concesionarios hayan perdido todo pudor al querer presentarse como los únicos que resienten pérdidas por la inestabilidad política que priva en la capital, y que es a quienes el gobierno o los usuarios deben resarcir por sus pérdidas. Incluso parece hasta un mal chiste que los dueños del “pulpo camionero” digan que el público usuario está consciente y que apoya el incremento a la tarifa porque reconoce que “todo ha subido” y que por ende el transporte urbano no puede seguir “con la tarifa actual”.

Finalmente, lo que continúa siendo parte del tema de fondo ignorando es que tanto los transportistas como la autoridad mantengan una discusión llena de medias verdades y acuerdos no revelados, y que en nada de esto hayan considerado a la ciudadanía, que es quien finalmente terminará pagando el costo de sus decisiones. El gobierno, evidentemente, no quiere cargar con un costo político más en el contexto del inicio de las campañas electorales. Y los concesionarios insisten en presentarse como los quebrantados, cuando lo cierto es que ni tienen tantas pérdidas como dicen (porque en la lógica común, ningún empresario continúa en un negocio que ya no es negocio) ni han cumplido con los requerimientos de capacitación y renovación de la flota vehicular, como tanto insisten.

CARLOS MORENO DEBE IRSE

Hasta la tarde de ayer, Carlos Moreno no había dado la cara, ni ofrecido a la ciudadanía una explicación por lo que estaba ocurriendo, a pesar de que por sus errores le jodió el día a miles de personas. Lo primero que tendría que explicar es la veracidad de las afirmaciones de los concesionarios, sobre el acuerdo que tomaron con él y que luego fue negado por él mismo. No lo hará. Si tuviera vergüenza, ya habría presentado su renuncia.

Inician las campañas; los partidos, sólo ofrecen descrédito

almargenoaxaca

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abril 6, 2015

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+ En Oaxaca, logros se achican y mezquindades se expanden

Ayer inició formalmente el periodo de campañas para la elección federal intermedia, y en escenarios como el oaxaqueño nos seguimos preguntando cómo y bajo qué premisas los partidos van a hacer proselitismo. Al margen de los nombres de los abanderados, y de las componendas entre los grupos al interior de los partidos para repartir las candidaturas, lo que puede verse es una gran incógnita sobre de qué logros hablarán, y de qué promesas se valdrán, para tratar de capturar el voto de una ciudadanía ya no sólo desencantada, sino que además es hoy particularmente receptiva a las incapacidades institucionales y a los magros logros alcanzados en los últimos años.

En efecto, como la maquinaria electoral no se detiene, llegamos de nuevo al momento de las campañas. Sólo que en esta ocasión, a diferencia de otros procesos electorales, la ciudadanía parece tener ya mucha claridad de varias cuestiones que son esenciales. Una de ellas, es que la pluralidad de partidos en los distintos ámbitos de gobierno, ha sido un fracaso; otra, que las campañas basadas en jingles y slogans ya dejaron de ser suficientes para captar el voto; una más, que en los últimos años los problemas públicos (esos que son de todos) llevan una inercia imparable hacia el agravamiento; e incluso, que ningún partido o candidato ha sido capaz de transformar positivamente el estado de cosas en la entidad.

Más bien, el escenario es el siguiente en Oaxaca: cada partido político definió en qué distritos puede ser competitivo electoralmente hablando, y entonces cada uno de ellos se dedicó a tratar de construir alianzas cupulares a su interior para el otorgamiento de la candidatura. Este proceso se dio, en todos los partidos, únicamente entre sus jerarcas (ex gobernadores, líderes morales, jefes de tribu, etcétera) y fueron éstos quienes definieron el destino de las candidaturas.

En los demás distritos electorales pusieron candidatos de relleno, únicamente para cubrir los requisitos de participación en la contienda electoral. Incluso, en el caso del Partido Nueva Alianza, nuevamente utilizó la vieja estrategia de utilizar a personajes mediáticamente reconocidos no para tratar de ganar la elección, sino únicamente para asegurar el porcentaje de votos que necesitan para conservar el registro. Y el común denominador en todo esto, es que ninguno de los partidos pudo o quiso atender el imperativo ciudadano de tener candidatos con capacidad de generar consensos con la ciudadanía.

Repasemos el escenario local y, poniendo algunos ejemplos, vayamos a corroborar lo antes dicho. Pues acaso un distrito emblemático es el de Tehuantepec, en donde dentro del Partido de la Revolución Democrática hubo toda una trifulca por la definición de la candidatura, entre José Antonio Estefan Garfias y Félix Serrano Toledo.

Ninguno de los dos garantizaba tener un verdadero respaldo ciudadano: el primero de ellos era un candidato directamente impulsado desde el gobierno estatal, y el segundo es dirigente de una de las tribus dominantes del perredismo en la región. La disputa, entre ellos, era especialmente cupular, pues ninguno de los dos representaba genuinamente un interés ciudadano por la candidatura, sino una medición abierta de fuerzas entre grupos para ver quién se quedaba con la candidatura.

¿Dónde estuvo la ciudadanía en este proceso? Ignorada, totalmente, en la misma medida de que Estefan y Serrano son ajenos a cualquier contribución a los problemas reales de la región. Lo peor es que mientras esa disputa ocurría en el PRD, en el PRI las cosas no fueron muy distintas: a Sofía Castro (la abanderada del tricolor en ese distrito) también la puso una decisión cupular, bajo el impulso y auspicio de un ex Gobernador, para favorecer específicamente a un grupo político en detrimento de otro, y en el que la ciudadanía ni participó, ni fue escuchada, ni fue considerada, ni nada.

Así, tratar de imprimir contenido a una campaña que fue sólo definida entre cúpulas es doblemente complicado, primero porque esos candidatos son abanderados de cúpulas e intereses, y no de aspiraciones realmente ciudadanas; y segundo, porque ellos apuestan a la división de sus adversarios, al voto duro, a las maquinaciones y a la ingeniería electoral, pero no a verdaderamente ganar algo de credibilidad frente a la ciudadanía.

OTROS EJEMPLOS

En el Distrito de Oaxaca Centro ocurrió algo parecido. En el PRI, Beatriz Rodríguez Casasnovas fue también puesta como candidata, como pieza del grupo político al que pertenece. De nuevo, dentro del PRI hubo una medición de fuerzas entre grupos, en la que no importó otro factor que no fuera quién de ellos tenía la capacidad de imponerse frente a los otros. Por eso, de esa lucha cupular resultó candidata Rodríguez a pesar de contar con un historial político lleno de claroscuros y de pertenecer a uno de los grupos políticos más repudiados dentro y fuera del PRI en Oaxaca.

Y resulta que en las fuerzas políticas contrarias ocurrió algo similar que en Tehuantepec. En el PRD hubo todo tipo de disputas entre las tribus por tratar de ver quién lograba poner a su candidato. Finalmente determinaron colocar a otro personaje al que poco o nada le interesa generar consenso ciudadano.

Pues resulta que ni Rodríguez, ni Martínez Neri tienen en su respectivo haber alguna contribución para la construcción de un mejor escenario en Oaxaca. El caos, el atraso, y la ingobernabilidad han ocurrido igual con ellos, que a pesar de ellos. Y ninguno —amén de los demás candidatos— puede hablar de una contribución a la solución de uno solo de los problemas de la entidad, que hoy los rebasan a todos como políticos y como integrantes de una fuerza política. Pero eso, parece, no importa.

EL CIUDADANO, OLVIDADO

Cualquiera pudiera decir que en los partidos las cosas siempre se han definido así, y que por ende es ingenuo suponer que en esta elección las definiciones hubieran sido distintas. Quizá pareciera que quienes lo afirman, tienen razón. Pero entonces preguntémonos: ¿han sido en vano las airadas protestas por los desaparecidos, los señalamientos de promoción a la impunidad y encubrimiento de los partidos, las revelaciones de corrupción entre funcionarios federales? ¿Todo eso ha sido en vano? Se supone que todo eso debiera servir para la construcción de una mejor democracia (ubicando al ciudadano en el centro de esta discusión), y no sólo para el morbo (a lo que parece que quieren reducir todo los partidos frente a los ciudadanos).

Nómina magisterial refleja el fracaso de la reforma educativa federal

almargenoaxaca

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abril 3, 2015

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+ En Oaxaca, IEEPO es cómplice; en la federación, SEP, SHCP y Segob

A pesar de que las instancias estatales y federales encargadas de la educación, insisten en señalar que ya se están aplicando las nuevas disposiciones de la reforma educativa, por todos lados salen a relucir indicios de que esto no es así. La presión que están ejerciendo sobre el gobierno federal la Sección 22 de Oaxaca, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y la debilidad institucional de éste, hoy provocan un verdadero estado de excepción en el ámbito educativo, que constituye el fracaso de una de las reformas más importantes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En efecto, en Oaxaca hemos visto cómo a lo largo de más de tres décadas el gobierno estatal no sólo ha estado sometido, sino que ha ido incrementando el nivel de subordinación frente al magisterio. Esto ocurrió, por un lado, por la falta de mecanismos legales e institucionales que equilibraran la relación entre el gobierno y el magisterio luego de la firma del Acuerdo para la Descentralización Educativa de 1992, en la que el Estado le entregó el control administrativo de la educación pública a la Sección 22.

Lo que no habíamos visto es cómo resulta que, de cara a la reforma, la CNTE también logró doblar al gobierno federal, cuando éste había sido el último dique que contenía el desbordamiento de la hegemonía sindical en el ámbito educativo. Hasta antes de 2013, cuando se aprobó la reforma educativa y se aprobaron nuevos lineamientos para regular la relación entre el magisterio y la autoridad educativa, la relación entre el gobierno federal y la CNTE era de mutuo respeto. Es decir, no había ninguna confrontación porque el magisterio asumía que con el gobierno federal no tenía nada que negociar porque no era su patrón directo.

Por su parte, y a pesar de que la educación es un tema concurrente entre federación, estados y municipios, el gobierno federal no se involucraba porque asumía que el tema magisterial no era parte de sus deberes. Por eso entre ambos había una relación de sana distancia, que siempre estuvo enmarcada en el hecho de que la Sección 22 sabía que sus únicos límites estaban en la necesidad de no romper con el gobierno federal y de no terminar abiertamente peleados con la dirigencia nacional del SNTE, que finalmente fue quien los ha respaldado en momentos clave como el conflicto magisterial de 2006.

¿Qué pasó? Que de cara a la reforma educativa, el gobierno federal intentó endurecer sus posiciones frente al magisterio nacional, y específicamente respecto a la CNTE, que es quien principalmente se opondría a las nuevas disposiciones federales. El problema es que, por un lado, se trabó una alianza de oportunidad entre la CNTE y el SNTE para oponerse a la reforma, y que por el otro el gobierno federal se vio debilitado por otros escollos que finalmente impactaron negativamente en la posibilidad de oponerse a la reforma.

Así, por ejemplo, en esa alianza de oportunidad entre la CNTE y el SNTE, Lo que parece es que en realidad la CNTE le está haciendo el trabajo sucio al SNTE. Si el gobierno federal claudica —como parece inminente— en la aplicación de la reforma educativa con la Coordinadora, entonces por equidad también tendrá que hacerlo con el SNTE (y si no lo hace, ésta podría copiar las tácticas de presión de la Coordinadora). Sólo que a la CNTE ya la exhibió y la presentó como la beligerante.

Esto porque en la revisión al ejercicio 2013, la ASF detectó un mal uso de 11 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que equivalen a 20% de los 56 mil 525 millones de pesos que presentaron irregularidades en ese ejercicio fiscal (http://bit.ly/1DWVy8G). Entre las anomalías encontradas en la fiscalización del fondo educativo, que recibió 325 mil millones de pesos, destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato, pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.

LA REFORMA, UNA FARSA

Lo que revelan esos datos antes apuntados, es que las entidades predominadas por la CNTE no son las únicas que tienen problemas graves en la implementación de la reforma educativa, sino que este es un mal compartido con estados en donde el SNTE tiene el control de la educación. Por si eso fuera poco, resulta que pareciera que hay una decisión ya tomada en el gobierno federal para no aplicar la reforma educativa.

De esto, por ejemplo, daba cuenta el periodista Carlos Loret en su columna de El Universal, hace dos días. Éste apuntaba que un truco de magia política, una suerte de prestidigitación, una trampa a la vista están llevando al cabo tres secretarías de Estado del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto

“El Inegi realizó un censo educativo hace año y medio. Recorrió prácticamente todas las escuelas del país y detectó quiénes eran los maestros. El objetivo central de éste era detectar falsos profesores: los que cobraban en la nómina, pero no estaban realmente dando clases. La Constitución prohíbe pagarles y el chiste era detectarlos y cancelarles sus quincenas (…) Con el censo del Inegi iba a quedar claro quiénes realmente eran maestros. Los demás debían de ser erradicados de la nómina. Nada de esto está sucediendo. El truco de magia es que entre las tres secretarías, en complicidad con los gobiernos estatales, dicen que están “depurando” la nómina de maestros, pero no es tan cierto.

¿Qué está pasando? El censo del Inegi está en el baúl del olvido. Entonces, el gobierno federal está negociando con cada gobernador cuántas plazas les dejan, pero aquella ‘depuración de aviadores’ no está sucediendo. La negociación la encabezan las secretarías de Hacienda en primerísima instancia, y cuando se trata de estados con problemas de rebelión social del magisterio, Gobernación. Y lo que queda, la secretaría de Educación Pública. En síntesis, los gobernadores siguen decidiendo quiénes están en la nómina, que era justo el problema que se quería abatir”.

ADIÓS A LA REFORMA

El gobierno federal no va a aceptar, al menos en el corto plazo, que claudicó en la aplicación de la reforma educativa. De hecho, todos los funcionarios involucrados lo niegan. El problema es que la realidad los refuta. Y si sabemos que una doble negación lleva a la convalidación de una verdad, entonces ya sabemos cuál es el estado real de la reforma educativa del presidente Peña Nieto.

Al MarganColumna

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