+ Que hablen pruebas y hechos, de conflicto de interés

La difusión de la mansión de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto no tenía como fin revelar la opulencia con la que vive la familia del Mandatario mexicano, sino llevar este asunto al terreno de las conjeturas y las sospechas, en donde la razón es deliberadamente relevada por la indignación y la descalificación. Sin embargo, es necesario hallar los puntos clave de este asunto que no debe quedar en el olvido, pero que tampoco debe ser ocasión para la descalificación personal cuando este es un asunto de interés público.
En efecto, frente al ruido y las sospechas sobre el origen de la casa y la fortuna personal de la actriz y esposa del Presidente, Angélica Rivera, vale la pena revisar algunos puntos que son fundamentales alrededor de este asunto, que pareciera que hasta el momento no han sido considerados en la forma y dimensión debida:
1. Hoy en día, el tema verdaderamente importante de la explicación que dio Rivera sobre el origen de la llamada Casa Blanca, ya no se encuentra en el hecho de si es posible creerle o no a la actriz, sino de si es o no coherente no tanto la explicación, sino el conjunto de pruebas ofrecidas a la opinión pública. En el fondo, este no es un asunto de fe ni de militancias partidistas, y tampoco de simpatías. Es una cuestión en la que el conjunto de documentos y explicaciones deben permitir la posibilidad de formar un criterio a favor o en contra de lo dicho, pero basado en lo que existe y se exhibe, y no en suposiciones.
2. Contrario a lo que afirma, Rivera sí tiene el deber de ofrecer una explicación, pues ese deber no es legal sino moral. En el video de YouTube donde se refiere a los antecedentes y detalles de su mansión, la esposa del Presidente dice en varias ocasiones que ofrece esa explicación a pesar de no tener la necesidad de hacerlo. Al asumir esa postura, Rivera intenta colocarse en un espacio en el que ella pareciera estar concediendo algo que no tendría por qué dar. No toma en cuenta que no es la mansión en sí, sino el posible conflicto de interés, el punto de partida de la explicación que estaba moralmente obligada a dar, e incluso de la investigación a la que tendría que someterse, para deslindar responsabilidades.
3. Al margen del conflicto de interés, sí hay un cuestionamiento moral por la desproporción de la forma en que vive la familia del Presidente, frente a la realidad de millones de personas. Atendiendo al principio de prudencia y solidaridad con la mitad de la población del país, que directamente enfrenta algún tipo de pobreza o marginación en su persona o familia, no puede ser aceptable que el Presidente o su familia tengan tal nivel de ostentación, ni siquiera cuando el origen de sus lujos pudieran ser lícitos. Este, de nuevo, es un tema moral y de comportamiento que hasta ahora parecían no considerar los integrantes de la familia del Presidente, y que lejos de hacerlos parecer cercanos a la gente, dan la idea de vivir —y de haber vivido siempre—, aislados de la realidad mexicana en un mundo elitista, al que es ajeno la mayoría… pero que no podría ser el de ellos, porque son parte de la familia del Presidente que, se supone, fue electo justamente por esa mayoría a la que ellos parecen ignorar.
4. Nadie le pide, ni le pedirá a un Presidente en México que imite al mandatario paraguayo José Mujica, que por voluntad vive en una austeridad que casi raya en la precariedad. Pero así como la sociedad mexicana no quiere ni le pediría eso al Presidente, tampoco podría aceptar —sin inmutarse— la opulencia con la que vive su familia.

TEMAS PÚBLICOS
5. Ahora bien, así como es inaceptable la opulencia desproporcionada con la que vive la familia del Presidente, también lo es que el origen de la mansión de la esposa de Peña Nieto sirva como pretexto para los ataques a la dignidad humana de Angélica Rivera. Pues este asunto de su casa y su fortuna ha caído intencionalmente en la descalificación ad hominem de la esposa del Presidente, tratando de tacharla moralmente de actividades o antecedentes que son, en esencia, intrascendentes para esta discusión pública. En muchos de los casos, por el hecho de ser —o haber sido— actriz, se le ha tratado de calificar como puta, como prostituta o como hacedora de “favores sexuales” para obtener su fortuna. Eso, lo afirmamos con todo denuedo, es inaceptable, a partir de que esta es una discusión pública, en la que importan las irregularidades, los conflictos de interés o la comisión de delitos, pero no los asuntos o actividades de la vida privada, incluyendo todo por lo que se le intenta tachar, sin ningún otro sustento que la mojigatería y la insensatez de muchas personas.
6. Lo que sí importa, y mucho, es que sí existe un conflicto de interés que debe ser aclarado. Ello parte de este deber primario de todo servidor público: Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte (art. 47, fracción XIII, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos). Así, si no hubo conflicto de interés en la construcción de la llamada Casa Blanca, sí lo hubo en la licitación federal del tren bala que ganó la misma constructora, y en todos los concursos en los que ha participado esa empresa durante la presente administración federal. Eso es lo que hay que revisar, para deslindar responsabilidades y sobre todo para que se corrobore, lo más ampliamente posible, que la investigación llegue a fondo y se determine fehacientemente que no hay relación o beneficio entre la mansión de Rivera y los contratos federales de obra asignados al constructor de la misma.

¿VENDER LA MANSIÓN?
7. Finalmente, Angélica Rivera dijo que venderá los derechos de propiedad del contrato de compraventa de la Casa Blanca. Eso no arregla ni sirve de nada. Pues como no anunció el destino que le dará a lo que obtenga por esa operación —y creemos que no tendría por qué donar o utilizar ese dinero para un fin caritativo, porque dice que es producto de su trabajo como actriz—, bien podrá guardar su dinero o comprar otra casa igual. ¿Qué arregla eso? Nada. Entonces no habría razón para venderla.

+ Hoy, debate es sobre temas de dinero, no por ideologías

En el Congreso del Estado no hay riesgo de parálisis, porque hasta hoy no existe ninguna discrepancia ideológica entre las fracciones parlamentarias. En realidad, lo que sí existe es una lucha feroz por los intereses políticos que están en juego en el umbral de los comicios federales intermedios de 2015, y por el reparto de los recursos económicos que se ejercen anualmente en el Poder Legislativo. A eso se reducen las luchas entre los legisladores; y sus discrepancias terminan ayudando al gobierno estatal, que desde hace meses se ve decidido a transferir los costos de la falta de leyes en la entidad, a un Congreso que no se ayuda.

En efecto, cuando el pasado sábado los diputados de la fracción priista decidieron no asistir a la apertura de sesiones del primer periodo ordinario del segundo año de la LXII Legislatura, se prendieron algunas alarmas sobre la forma en cómo están moviéndose las variables dentro del Congreso.

A todos les quedó claro que lo que no había ocurrido era un consenso político entre el gobierno estatal y la fracción priista, y que éste trataría de aprovechar la situación para tratar de posicionarse —quizá por primera vez— como un partido de oposición en la entidad. Formalmente, los priistas dieron sólo razones de coyuntura para justificar su ausencia. Pero no establecieron una agenda de qué tendría que pasar para que ellos pudiesen estar en condiciones de volver a la senda del acuerdo.

Este asunto no es menor. Pues en retrospectiva, la única certeza que existe es que durante el primer año de trabajo legislativo, el Congreso del Estado no le hizo ningún aporte a Oaxaca, y que sí decidieron cargar —nuevamente— con el costo de no contribuir a la urgencia de enfrentar algunos de los problemas más apremiantes de la entidad. En esencia, los legisladores locales decidieron asumir el cuestionamiento, por ejemplo, de no procesar ni aprobar la ley educativa, cuando a todos quedaba claro que ese era un tema que requería la colaboración de los tres poderes, y de los tres órdenes de gobierno por ser uno de los de mayor complejidad actual en la entidad.

Pero lejos de tratar de hacer su parte de este proceso llamando a todos los involucrados para que asumieran sus corresponsabilidades, el Congreso simplemente decidió absorber el cuestionamiento, como si su calidad moral les permitiera tener un “colchón” —o bono democrático— para no sufrir merma por esa crisis. El resultado fue tan patético que hoy no sólo Oaxaca no tiene ley educativa, sino que también los poderes federales, el Gobierno del Estado, y todos, le reprochan al Congreso local —como si fuera su sola responsabilidad— el no haber discutido ni aprobado una ley educativa para contribuir a la solución de la problemática educativa.

Ese, que es un tema concretamente de política, no pudieron resolverlo, tampoco pudieron procesar ninguno de los otros consensos que eran necesarios para poder sacar adelante otras normas necesarias. En el tintero del Congreso se quedaron otras normas, como la ley del Notariado —y toda una variedad de propuestas de reforma y puntos de acuerdo a los que el Congreso nunca pudo referirse de manera resolutiva— porque no hubo acuerdo entre las fracciones de cómo sería el reparto de los beneficios de dichas normas. En ninguno de los casos se atoró una ley o propuesta por motivos ideológicos e incluso tampoco por temas relacionados con el interés público. Todo se quedó en los “acuerdos” económicos que no son confesables, pero que tampoco traen las cargas propias de un asunto de conciencia.

Y en esas condiciones, mientras se pongan de acuerdo en ese tema que domina el Congreso —el dinero y las conveniencias— cualquier parálisis será superable.

FALLA POLÍTICA

En este sentido, parece claro que a nadie le interesa mucho la responsabilidad que tienen no sólo en el momento de la coyuntura sino frente a la historia. Por un lado, los diputados locales —todos— ya claudicaron en cualquier posibilidad de discutir los temas del Congreso desde las posturas de sus partidos. Por eso vemos a las fracciones parlamentarias de los partidos de izquierda defendiendo, por ejemplo, temas que debieran ser del interés de los sectores más conservadores de cualquier Congreso y, por el contrario, a las fuerzas de derecha secundando acciones que lastimarían los intereses de cualquier partido conservador en una democracia congruente.

En este sentido, la posición que hoy ocupa la bancada del PRI tampoco es muy defendible. Su coordinador por ejemplo —que hoy encabeza esta supuesta ruptura con las fuerzas coaligadas y con el gobierno estatal— hace pocos meses fue a respaldar la declaración política que firmó el Congreso y el gobierno con la Sección 22, para confeccionar y aprobar una ley educativa a capricho de los profesores democráticos. Eso, que tendría que haber puesto los pelos de punta a cualquier dirigencia congruente y preocupada por las posturas que asumen sus representantes en los Poderes del Estado. Pero en Oaxaca —que tiene una dirigencia tricolor sólo testimonial— hasta fue aplaudida la supuesta contribución a la solución del problema educativo.

¿Cuál es la otra parte de este problema? La desastrosa operación política que lleva a cabo el gobierno estatal en su relación con el Poder Legislativo, que a lo largo de estos cuatro años no sólo no ha podido construir una relación productiva con las bancadas del Congreso local, sino que esa relación haya pasado del acuerdo cooptado a la irreverencia inútil. Sí, pues cuando comenzó la LXI Legislatura había una abierta política de cooptación de legisladores de fuerzas opositoras al gobierno; pero hoy ya hasta la cooptación es condicionada a la satisfacción de caprichos y estrategias políticas.

SÓLO INCÓGNITAS

Desde hace muchísimo tiempo la responsabilidad de esa relación no está en la Secretaría General de Gobierno; tampoco hay un interlocutor formal de la Oficina Gubernatura, o de cualquier otra dependencia, con los diputados. ¿Sobre quién recae, entonces, la responsabilidad del hilo conductor institucional entre el Gobierno del Estado y el Congreso? No debiera ser creíble, y tampoco viable y aceptable políticamente, que no exista ese actor institucional encargado de conducir las relaciones políticas entre poderes. En el fondo, esa relación es subrepticia y llena de vicios, que se hace a través de terceros que no son públicamente identificables. Entonces, ¿cómo esperar una mejor relación entre poderes?

+ Inconformes, van a nada; violencia liquida legitimidad

Hoy en México nos encontramos en un callejón sin salida. En una vía, de los amplios sectores inconformes por las desapariciones, la violencia, la corrupción y la impunidad que el caso de Guerrero puso al descubierto, no han podido articularse para emprender un proceso civilizado y amplio de construcción de alternativas; en otra vía, paralela a la primera, se encuentran los partidos que se niegan a reconocer la crisis de Estado por la que atraviesa el país; y en una tercera vía se encuentran aquellos grupos que insisten en traducir la inconformidad en violencia. Todo eso, junto, nos lleva a la nada. ¿Es eso lo que queremos?
En efecto, hoy en día México vive una crisis sin precedentes porque todo el sistema de partidos ha demostrado preocupantes signos de fatiga, que van desde la imposibilidad de enfrentar una crisis como la de los normalistas de Guerrero, hasta el hecho de que hoy toda la clase política parece estar machaconamente coludida para minimizar lo ocurrido frente a una sociedad que simplemente ya no les cree. Hay grupos que dicen que se deben buscar alternativas de manera urgente (y aunque ya parecen tener más o menos claro el qué, no han podido articular los cómos). Pero hay otros que simplemente están apostando todo a la violencia.
Deberíamos poder ver este asunto en una perspectiva más amplia. Porque lo que los partidos y la clase política han insistido en hacer, es simplemente enfrentar esta crisis como si fuera un tema simple de comisión de delitos. Es decir, exigiendo comprensión a la ciudadanía, no mostrando acciones excepcionales, y minimizando el impacto de las inconformidades, como si lo ocurrido hubiera sido un simple enfrentamiento entre particulares y evitando reconocer que se trata no de un crimen de Estado, sino de un conjunto de hechos que generaron una responsabilidad de Estado.
Quienes insisten en atajar ese reconocimiento, lo hacen porque dicen que reconocer la existencia del crimen de Estado, implica aceptar todas las banderas que grupos políticos han ondeado para golpear al grupo gobernante. En esa parte tienen razón, pues muchos de los que han insistido en el crimen de Estado, lo que quieren es responsabilizar al gobierno federal directamente por los hechos de Guerrero, como si el Presidente hubiera mandado a detener y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa.
Pero el hecho de que el gobierno federal rechace la existencia de un crimen de Estado, no significa que no deba reconocer que sí existe una responsabilidad de Estado, que es una cuestión muy distinta a la del crimen de Estado, y que al margen de cualquier visión partidizada, sí existe en este caso (ver Al Margen 30.10.2014). ¿Cuál es el problema? Que el Estado sigue resistiéndose a tomar acciones excepcionales, y eso genera una enorme incredulidad e indignación entre la sociedad, que sí quiere respuestas extraordinarias a hechos que considera —y con toda la razón— fuera de cualquier posibilidad de ser tolerados y permitidos dentro de la “cotidianidad” de los hechos.
Al lado de eso, se encuentran los partidos políticos, que siguen esa misma vía en la resistencia de no perder su estatus de privilegio. El PRI, por ejemplo, se ha limitado a hacer una discreta defensa del gobierno federal emanado de su partido, pero no ha sido capaz de tomar la bandera de las reformas institucionales para cerrarle la puerta definitivamente a este tipo de hechos.
No quieren, en resumen, incomodar a su Presidente, aún cuando su pasividad incomoda e indigna al país. El PAN también se encuentra en esa situación. Y el PRD, que es quien vive la crisis más fuerte por sus implicaciones con las autoridades corruptas y criminales de Guerrero, lo está arrastrando a un lodazal del cual, además, no hace nada para salir.
Todo eso hace de esta crisis excepcional, porque ni las instituciones ni los partidos son capaces de asumir el fondo de este problema, y mucho menos de proponer alternativas bien vistas por la ciudadanía. ¿Qué quedaría? Lo único, son los caminos de la democracia participativa… que hoy se encuentran también gravemente amenazados por la insistencia de quienes prefieren la violencia a la propuesta, y con ello le dan la razón a los que quieren que las cosas no cambien. Veamos.

LOS INCONFORMES SE BOICOTEAN SOLOS
El país lleva 50 días en una crisis sin precedentes, y las propuestas de reforma apenas comienzan a emerger. Ninguna de esas iniciativas es de la clase política, y hemos visto también muy pocas de la ciudadanía organizada. Lo que hoy inunda al país es la violencia de otros grupos que, también organizados, prefieren gastar su tiempo en marchar y asumirse como inconformes, pero sin proponer soluciones.
En ese sentido, hay una clara proclividad a la violencia. Sólo que la violencia es por definición incompatible con la razón. Y lo que urge en México son propuestas razonables para salir de esta crisis, antes de que esas banderas sean tomadas por los mismos bribones que lo llevaron a esta situación, y hagan los cambios cosméticos que no resuelvan de fondo los problemas que existen. Eso es urgente. Y sin embargo resulta que la violencia es lo que sigue permeando y, al mismo tiempo, ahuyentando del posible debate a quienes sí tienen al menos una propuesta para que el Estado mexicano salga de este hoyo.
Por esa razón es urgente que en todo el país, y en los grupos organizados, quepa la cordura y comiencen ya a canalizar sus inconformidades por otras vías. De otro modo lo que seguirían haciendo es boicotearse solos, y minando los frágiles caminos de la democracia participativa —que es esa forma de democracia en la que la ciudadanía asume directamente parte del costo de las decisiones evitando que su voluntad sea suplida o interpretada por quienes son sus representantes ante los poderes del Estado—. Este debiera ser, pues, el momento en que los mexicanos tomáramos parte de la situación para hacer algo por nuestro país. Pero por eso mismo, quienes insisten en la violencia lo único que hacen es alejar la propuesta, y legitimar a los que quieren que nada cambie.

OPOSICIÓN DE PAPEL
Si la bancada priista en el Congreso local insiste en que la integración de la Mesa Directiva es ilegal, ¿por qué no combate esos actos en los tribunales? No lo hace, y por eso su indignación y su oposición se ve desde afuera como una mera pose, que no se ve respaldada con acciones concretas y creíbles para defender la constitucionalidad que sí habría podido ser vulnerada por los acuerdos de las demás bancadas. ¿Entonces?

+ Decir que hay “respaldo total” de EPN es una burla

Lunes 17 de noviembre de 2014.

En Oaxaca nos hemos preguntado hasta el cansancio por qué el presidente Enrique Peña Nieto tiene olvidada a nuestra entidad, pero la respuesta a esa pregunta ya se la dio al Presidente los abominables hechos de Iguala. Del sureste hacia el gobierno central —hoy sabemos que de “federal” le queda muy poco— se ha mantenido el cuestionamiento. Pero junto con él también existe una crisis que hoy en día parece inmanejable para el Presidente. Y los hechos de Guerrero no son la respuesta, sino la consecuencia, de creer que el sureste no importaba.
En efecto, hoy queda más claro que nunca que la visión del país que tenía el gobierno federal era equivocada. En este y muchos otros espacios se ha analizado la forma en cómo el gobierno de la República tenía la idea firme de que podía gobernar el país manteniendo estables sus relaciones políticas en el centro y norte del país, y que podía procesar los cambios institucionales “modernizadores” únicamente a partir de acuerdos cupulares.
En el fondo —apuntábamos en nuestra entrega del 28 de octubre—, es alarmante que el gobierno de la República asuma que México es sólo la Ciudad de México y la región centro del país, y que los únicos temas importantes de atender son los que involucran reflectores, inversionistas, relaciones públicas, frivolidad o diplomacia. A golpes, la realidad le ha ido enseñando a esta administración federal que México es mucho más de lo que ellos pensaban, y que tan les ha faltado sensibilidad para entenderlo, que por eso las circunstancias le están cobrando caro las facturas de su reiterada soberbia.
Esa circunstancia concreta, hoy lo sabemos, inicialmente se llamó Iguala y estaba directamente relacionada con la detención-desaparición de 43 normalistas —de los que aún no se tiene certeza sobre su paradero—; pero que hoy en día es un problema que se extiende a toda la región sureste del país, que se ha revelado como un verdadero polvorín a raíz no sólo de las desapariciones forzadas, sino del pésimo manejo político de este problema por parte del gobierno federal, y de la combinación de este hecho con la inocultable indolencia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con esta región del país.
Pues hoy en día en nuestra entidad ya se toma como un mero lugar común, y como parte de un discurso demagógico, palabras como las que el sábado vino a Oaxaca a decir la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario Robles. La funcionaria afirmó que el Presidente tiene un “gran interés por venir a Oaxaca, y en breve estará con el pueblo oaxaqueño para refrendar su compromiso con la política social que ha emprendido en beneficio de los que menos tienen” (Noticias, 16.11.2014, página 2A).
Además de que esas palabras ya carecen de credibilidad (luego de que, en los primeros dos años que lleva su gestión, el presidente Peña Nieto no ha puesto un pie en la entidad), apuntan también a que el gobierno federal está reparando en el error cometido con el sureste del país y quiere comenzar a remediarlo. Sólo que, de nuevo, lo hace tarde, y mal, sin entender que hoy ya no es su presencia lo que se necesita en el sureste, sino un conjunto de cambios institucionales que sean de carácter refundacional para el Estado mexicano.

ANTES Y DESPUÉS DE AYOTZINAPA
Antes de los hechos de Guerrero, el sureste del país clamaba la presencia institucional del gobierno federal (y en eso las visitas presidenciales son simbolismo sobre el refrendo al pacto federal) para poder atender un conjunto enorme de problemas que estaban pendientes. Pero después de Iguala y los normalistas desaparecidos, el sureste del país pasó del clamor de ayuda al riesgo del estallido social. Y si eso ya era grave para el gobierno de la República, lo fue mucho más que ahora sí esa explosión pudiera tener eco a nivel internacional, consolidando la idea de que ya no es suficiente con atender a la región, sino que hacen falta cambios profundos a las instituciones del país.
¿Por qué? Porque en el sureste estamos ahogados en un mar de corrupción, complicidades e impunidad que no son tolerables ni en democracias —se supone— menos sólidas que en la que —también se supone— vivimos. Esos problemas no sólo se crearon aquí, sino que en esta región se gestaron (y de ellos el matrimonio Abarca-Pineda fue el botón de muestra, pero no es el único que ostenta una autoridad pública al mismo tiempo que es un líder criminal) gracias al olvido y la indolencia del gobierno federal, que prefirió la frivolidad y el oropel y dejó completamente desatendida, por años, toda una región en la que, ante el vacío de poder, quien tomó el control fue la delincuencia organizada.
Por eso hoy en día ya anunciar la próxima presencia presidencial en Oaxaca o en cualquier otro estado del sureste del país, es lo de menos. A partir de los hechos de Guerrero, puede venir a cualquiera de los estados de esta región las veces que quiera, y de todos modos a todos nos va a seguir quedando claro —como hasta ahora— que la ayuda federal no es la panacea; y que de todos modos mientras no haga cambios de fondo a la estructura institucional del país, toda la ayuda que provea serán simples analgésicos frente a la más grave crisis que ha sufrido el Estado mexicano en los últimos tiempos.
Por eso aquí, desde el olvido, seguimos esperando ya no que el Presidente se acuerde del sureste del país, sino que se acuerde que gobierna un país y que tiene un compromiso histórico con México. En sus manos está asumir el reto de plantear cambios de fondo en el país, e incluir en ellos a la sociedad organizada para conseguirlo. Si cree que puede seguir gobernando en las cúpulas, en el centro del país, y sólo pactando con las dirigencias de los partidos, dentro muy poco tiempo el país se le va a terminar de ir de las manos.

COMO EL TÍO LOLO…
La Constitución local no define un formato específico al que debe ajustarse el Informe de Gobierno del Ejecutivo ante el Congreso. Por eso no deja de llamar la atención —y es hasta ridículo— que los diputados priistas no hayan asistido al IV Informe del gobernador Gabino Cué por considerar que sólo iría a manifestar “buenas intenciones”. ¿Por qué no pusieron a discusión, hace semanas, el formato al que tendría que ajustarse el Ejecutivo para rendir su Informe, y por qué no lo obligaron a ir a decir más que sólo sus “buenas intenciones”? En nada se ayudan los priistas con esos elocuentes y hasta sospechosos “actos de congruencia”.

+ Paradoja de EPN, satanizarse con lo que él señaló

En una de esas extrañas paradojas de nuestro tiempo, resulta que 44 días después de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos en Iguala, Guerrero, el gobierno federal le terminó dando la razón al de Oaxaca —que es el gobierno estatal más satanizado por el régimen del presidente Enrique Peña Nieto— en el manejo de la gobernabilidad en estos momentos de crisis. Eso es lo que ha demostrado el gobierno de la República frente al conjunto de hechos relacionados con los desaparecidos, y su abierta permisividad luego de haber satanizado la tolerancia de sus adversarios.

En efecto, hoy queda claro que no es lo mismo gobernar en las cúpulas que enfrentarse al México bronco. Desde que llegó a la Presidencia, Enrique Peña Nieto asumió que tenía una capacidad política no vista en los últimos doce años, y eso fue lo que le permitió unir a las cúpulas partidistas —que vivían sus propias y particulares debilidades— a su favor para sacar un conjunto de iniciativas de ley que, hasta septiembre pasado, eran la prioridad de su gobierno.

Peña Nieto gobernaba, además, en la comodidad porque mal que bien tenía en las manos un país que, acostumbrado al sacrificio, ya no veía como algo negativo la adversa condición económica y social que prevalecía en el país. Para nadie era un secreto, hasta antes del 26 de septiembre, que en México había desempleo, desaceleración económica, inflación disimulada, y una escalada de violencia que no cesaba desde los tiempos del presidente Felipe Calderón. La ventaja del Presidente era que esas eran condiciones que prevalecían desde hacía años, y que de alguna u otra manera los mexicanos se habían acostumbrado a vivir y capotear esas circunstancias.

Sólo que Ayotzinapa vino a cambiar todas las variables. Pues si el gobierno federal había asumido que el tema magisterial era sólo un conflicto local de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, los desaparecidos de Ayotzinapa vinieron a amalgamar las demandas magisteriales con un conjunto de situaciones que hasta entonces no habían sido previstas por el gobierno. Era ya un amasijo, pues, de demandas magisteriales, políticas y sociales, que se combinaron con la masacre de los normalistas y la demanda —nacional e internacional— de la presentación con vida de los desaparecidos.

En ese primer momento, el gobierno mexicano no supo cómo manejar la situación, ni distinguió la magnitud del problema, y entonces lo que hizo fue tratar de transferirlo al gobierno de Guerrero. Inicialmente, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gobierno de aquella entidad era quien debía responder por los hechos relacionados con los normalistas, y no fue sino hasta varios días después cuando asumió la parte de responsabilidad que le correspondía, y entonces intervino en el estado de Guerrero primero para tomar el control —según— de las zonas dominadas por la delincuencia organizada; y después para expulsar del gobierno estatal al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero.

En ese momento, la iniciativa presidencial fue tan abierta como inconstitucional. Sin ningún rubor, admitió públicamente que las fuerzas federales tomarían el control de varias regiones de aquella entidad; y luego tampoco tuvo empacho en demostrar que al gobernador sustituto de Aguirre lo había puesto su gobierno, y no el Congreso de Guerrero, que más bien lo que hizo fue formalizar la designación presidencial.

Con todas esas muestras de pragmatismo, lo que parecía era que el gobierno federal tenía un verdadero ánimo por asumir las consecuencias de lo que pasara en Guerrero, y que también tomaría bajo su control la gobernabilidad de aquel estado. En esta ruta, habría podido suponerse que mantendría la estabilidad a como diera lugar. Pero, sorprendentemente, comenzó a aplicar lo que bien podríamos denominar como la “fórmula Oaxaca” sólo que llevada a un nivel magnificado.

PARADOJAS

Durante meses, el gobierno federal direccionó continuamente la opinión pública de la capital del país, en contra del gobierno de Oaxaca y del Mandatario estatal. Por eso no era raro que durante meses se cuestionara lo que calificaban como “tibieza” del gobernador Gabino Cué en el manejo del conflicto magisterial, y su excesiva tolerancia en el uso de la fuerza pública. La diferencia era que el gobierno federal gobernaba desde la comodidad de la sociedad acostumbrada al sacrificio, y de los acuerdos cupulares; y que en Oaxaca la gobernabilidad y la paz social pendían, como desde hace años, de hilos.

Pues la realidad indicaba que, en efecto, el gobernador Cué venía aplicando una fórmula que más bien buscaba dejar pasar los conflictos antes que darle un motivo a los manifestantes para que, además de sus protestas y demandas orgánicas, tomaran también la bandera de la represión para —de todos modos— continuar protestando pero con más legitimidad. Eso era mal visto por el gobierno federal, que quizá suponía que podía gobernar al país con un garrote que, ahora ante las circunstancias, no sólo tuvo que guardar sino del que ha negado su existencia.

Sólo que en eso se le atravesó Guerrero. Ahí, los normalistas han aplicado todas las formas de violencia conocida, que incluso ponen a la situación de gobernabilidad de aquella entidad en un escenario similar o peor que el que tuvo Oaxaca hace ocho años, durante el conflicto magisterial de 2006. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquel entonces el gobierno federal dejó solo —como siempre— al gobierno de Oaxaca; y que en el caso actual, el gobierno federal es también el gobierno estatal de facto, con un gobernador títere que ha permitido todo lo que los normalistas y los inconformes han querido.

¿Sólo que hoy en día quién paga el costo? Lo paga el gobierno federal, porque de todos modos el Gobernador de Guerrero es —para efectos políticos— nadie en el país. Para la ciudadanía, quien permite todo es la federación. Y a estas alturas ya sólo falta que quemen la residencia oficial de Los Pinos, o la zona turística de Acapulco, que es de lo que vive la mayoría de los guerrerenses, con la complacencia o inacción del gobierno federal.

SOLIDARIDAD

Con nuestro respetado amigo y colega, don Felipe Sánchez Jiménez, que ha sido objeto de un par de agresiones en las últimas semanas. Es inadmisible el intento de agresión motivado en la molestia por lo que se publica, pero lo es todavía más el estado de impunidad en que vivimos. Un abrazo solidario a don Felipe, y nuestro repudio total y frontal a esas agresiones y a la inacción de la autoridad.

+ Sin controles ni contrapesos, el Congreso va a la nada

Mañana jueves arrancarán técnicamente los trabajos del segundo año de labores de la LXII Legislatura, y hasta hoy nadie ha podido explicar cuál es la razón de los nulos resultados de su primer año de trabajo, y de que los órganos de gobierno del Congreso local hayan pasado sin rendir ningún tipo de cuentas a la sociedad por su ausencia de los asuntos torales que enfrenta Oaxaca. Como no fueron electos por la ciudadanía, y no tienen deber de rendir cuentas a nadie, los jefes de las bancadas han hecho de la Legislatura un remedo de sí misma.

En efecto, mañana se elegirá a la Mesa Directiva para el segundo año de la LXII Legislatura, y el sábado se abrirá el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, en medio de un total descrédito por la inexistencia de resultados e incidencia en la vida pública de Oaxaca. En el año que se fue, la Legislatura no pudo procesar una sola ley útil para los oaxaqueños, y tampoco fue capaz de enfrentar los retos que los diputados sabían desde el inicio debían encarar.

Parece inaudito, pero en el primer año de trabajo de la actual Legislatura, sólo se emitió una ley que para efectos prácticos es intrascendente para la problemática común de los oaxaqueños; pero junto a eso, sí se llevaron a cabo dos reformas constitucionales, y varias a leyes estatales, que interesaban a los bolsillos e intereses políticos de los diputados.

Según la propia página de internet del Congreso del Estado, en 2014 se emitieron las normas relativas a ingresos y egresos del Estado (leyes que ni siquiera debieran contabilizarse para efectos de “resultados legislativos” porque es su obligación emitirlas para el funcionamiento de todo el aparato burocrático municipal y estatal de Oaxaca), y se reformó dos veces la Constitución, una a la Ley de Desarrollo Social, se modificaron algunos artículos de la Ley de Fiscalización Superior, y se le hizo un ajuste a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Todas las reformas sirvieron para satisfacer intereses y caprichos de los diputados. Ninguna fue a favor de la ciudadanía. Para comprobarlo, basta con recordar en qué consistieron dichas reformas. Veamos.

La Constitución local se reformó dos veces, para alimentar el bolsillo y el “bienestar” de los diputados. Una de esas reformas se hizo para hacer “irreductible” el presupuesto anual del Poder Legislativo; y la otra consistió en regresar al Congreso la facultad para nombrar a los administradores de los ayuntamientos que por algún conflicto político o social no pudieron celebrar sus elecciones.

Así, si el primero de los temas es ridículo, el segundo es verdaderamente ofensivo. Pues resulta que en lo relativo al “presupuesto irreductible” del Poder Legislativo, en realidad lo que los diputados hicieron fue un intento desesperado —y descarado— por no perder sus privilegios, tratando de presentar este asunto como un tema de interés público cuando en realidad ni las explicaciones que entonces dieron, ni sus resultados actuales, alcanzan para justificar su avidez.

Y si ese primer tema los hacía impresentables, el segundo era verdaderamente abominable. Pues apenas unos meses antes, los diputados de la LXI Legislatura habían realizado una reforma constitucional para devolver la atribución del nombramiento de los administradores municipales al Ejecutivo del Estado, luego del desastre —y el negocio— que había sido ese asunto para los diputados en los tres años previos.

¿Por qué insistir en ese asunto? porque los diputados de la LXII Legislatura sabían perfectamente que un administrador municipal gobierna una comunidad y —sobre todo— administra los recursos municipales sin ningún control ni equilibrio, porque gobierna sin Cabildo y porque generalmente la misma protección política que les brindan los diputados les permite —literalmente— robarse todo el dinero de las comunidades para entregarlo o compartirlo con el legislador que los puso en el puesto, o para destinarlo a campañas políticas o proyectos de otro tipo.

De nuevo, pues, no había tema de interés público en esa reforma. Sólo la avidez de los diputados —y hasta eso, de quienes integran las cúpulas parlamentarias— por conseguir dinero a costa de la institucionalización de la corrupción y el desvío de recursos que implican las administraciones municipales (que, además, prometieron que serían sólo por tres meses, y ya llevan casi un año de gestión, todas).

REFORMAS SIN CONTROL

Las reformas a la Ley de Fiscalización Superior fueron para cumplirle el capricho, y darle presupuesto adicional, al diputado Adolfo Toledo Infanzón, que es presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior. Sí, porque su gran reforma sirvió esencialmente para crear el órgano técnico de vigilancia de la Auditoría Superior, que hoy en día funciona al margen de cualquier reglamento o disposición legal, pero que tiene bajo su potestad un presupuesto de alrededor de 15 millones de pesos al año.

¿Para qué sirve? Según, para vigilar el funcionamiento de la ASE. ¿Cuál es su importancia de fondo? Que es la fuente de burocracia que le regalaron al diputado Toledo para que cumpliera compromisos, colocara personal y ensanchara su influencia al interior del Congreso. ¿Y cuáles son los resultados tangibles de esa reforma para el ciudadano de a pie? Hasta hoy, son desconocidos por todos.

Y luego, para rematar, viene la reforma a la Ley del Sistema Estatal Seguridad Pública, que sirvió para frenar a Alberto Esteva con los colores que legalmente puede utilizar para la vestimenta y rotulado de los vehículos oficiales. Los legisladores invirtieron valiosísimo capital político en hacer una reforma que impidiera el uso del color naranja en las patrullas y los uniformes de los policías, según para evitar que hiciera campaña política. ¿Cuánto incidió esa reforma en una mejor seguridad pública para la población? En nada. Sólo era cumplirle, otra vez, los caprichitos a los diputados, que con eso querían justificar su inacción en los temas torales para Oaxaca.

NO HAY RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Cuándo veremos a Alejandro Avilés rindiendo cuentas por la mediocridad demostrada, y por su incapacidad para conducir un trabajo legislativo útil para Oaxaca? Nunca. Y es así no sólo porque ni la Junta de Coordinación Política ni la Mesa Directiva tienen el deber de rendir cuentas a nadie, ni porque Avilés o cualquiera de los otros coordinadores parlamentarios le deba algo a alguien. Nadie de ellos fue electo por nadie. Sólo por sus partidos, y los intereses que los cobijan. Patético.

Protestar, sí; pero urge dar cauce a indignación

La noche del sábado un grupo de personas que se manifestaban en la Ciudad de México por la detención-desaparición de los 43 normalistas en Iguala, fueron a tratar de incendiar la puerta principal de Palacio Nacional. Aunque este pudiera ser un acto justificable en la indignación de los manifestantes, de todos modos queda una pregunta: ¿Qué sigue después de la indignación?
En efecto, la pregunta no es cosa menor, porque en uno de los extremos a muy pocos parece quedarles clara la razón por la que el Estado es responsable por la detención-desaparición de los normalistas; y sobre todo, no parecen tener una sola luz sobre cuál es el flagelo de fondo que hay que tratar de combatir, así como los ajustes que necesita con urgencia el Estado para garantizar que nada de esto vuelva a ocurrir. Si no hay claridad en todo esto, entonces la puerta está abierta para una protesta ruidosa pero estéril, y para que ésta sea una nueva oportunidad perdida para México.
Y es que resulta que muy pocos parecen entender la base de este problema, del que Iguala sólo fue el detonador. Lo crítico que enfrenta nuestro país es que el Estado de Derecho no existe, y como hay en todos los rincones del país gente tan poderosa en sus localidades que cree que puede hacer lo que sea sin ninguna consecuencia, entonces frente a lo que estamos es a la pérdida total de la noción de los límites que existen entre el poder fáctico y lo que indigna a toda una sociedad.
La razón es elocuente: el viernes la PGR informó que tiene indicios suficientes para suponer que, en efecto, el edil de Iguala, José Luis Abarca Velásquez dio la orden, la noche del 26 de septiembre, de que la Policía Municipal contuviera a los normalistas; que luego éstos elementos los entregaron a un grupo criminal, que creyendo que eran integrantes de sus grupos enemigos, los llevaron hasta un basurero y los mataron, para luego quemar sus cuerpos y llevar los restos humanos hasta un río donde fueron arrojados, con tal de no dejar ningún tipo de rastro de lo ocurrido.
¿Qué revela esa macabra historia? Que, por un lado, Abarca creyó que como tenía la doble calidad de autoridad municipal y capo criminal en Iguala, podía hacer lo que quisiera sin ninguna consecuencia. Junto a eso, los elementos de la Policía Municipal asumieron también que lo único que importaba era la autoridad de su jefe, y que no había más. Es decir, no había ley, ni derechos, ni delitos, ni crímenes de lesa humanidad, ni nada. Sólo era cuestión de cumplir, y ya. Y qué decir de los criminales, que siempre asumen que hacer lo necesario en el momento es lo único que importa, porque de todos modos viven y actúan todo el tiempo al margen de la ley.
¿Cuál es el leitmotiv de esa historia? Que todos hicieron lo que ya sabemos, por una ausencia total de la noción del Estado de Derecho. Que, quizá, habían hecho eso mismo en innumerables ocasiones, y como nunca hubo nadie que protestara, que se indignara, o los señalara por esos abominables abusos, creían que podían repetir esas acciones una y otra vez sin ninguna consecuencia.
Todo eso, es cierto, es lo que les provocó la persecución y las consecuencias que están viviendo los que ya están detenidos, y los que siguen siendo buscados por la justicia. Pero para el Estado mexicano mismo, hay otras consecuencias que también están siendo pagadas a un costo altísimo pero apenas razonable, por haber relajado a tal nivel la aplicación de la ley y por haber sido omiso, y tolerado, la existencia de autoridades ligadas a la criminalidad, que se sentían omnipotentes, y que por eso fueron capaces de desplegar tales conductas como las vistas en Iguala.
Ese es el primer aspecto sobre el que se debiera reflexionar y entender más, antes que quedarse en los discursos ruidosos y simplistas que tratan de responsabilizar a un solo político o a un solo funcionario, por un conjunto de hechos que son consecuencia de toda una crisis institucional que no se gestó ayer, ni hace un año, pero que frente a estos hechos debe ser atendida para evitar que este grado ignominioso de impunidad se perpetúe.

¿Y QUÉ SIGUE?
Esa debiera ser la siguiente pregunta: ¿Qué sigue? Porque a todos nos queda claro que no queremos otro Ayotzinapa, ni otro Tlatlaya, ni tantísimos otros episodios en los que quienes ponen la sangre y los muertos es la población, y quienes se benefician de los excesos y de la impunidad, son quienes ordenan o ejecutan esas acciones.
La indignación se entiende a partir de esos antecedentes. Sin embargo, ni eso significa que haya una justificación en la violencia, ni mucho menos podemos creer que todo se acabará en marchar y protestar sin tener claro qué se debe hacer para cerrarle la puerta definitivamente a que este tipo de acciones pudiera volver a repetirse.
Pues debe ser momento de tomar otras acciones. Es decir, que todos los que se asumen como indignados, tengan la capacidad de centrar qué es lo que les indigna, y cómo puede remediarse. En pasos. En planes y programas concretos de trabajo. En cambios institucionales. En reformas a las leyes que sean necesarias. En reestructuración de mecanismos de justicia. En la refundación moral de los órdenes de gobierno. En la vigilancia estricta y —ahora sí— real del ejercicio público. Etcétera.
Y es que sólo así la indignación tendría un cauce adecuado, y podría servir como un sello que cancele definitivamente toda posibilidad de que este tipo de acciones pudiera volver a repetirse. Pues lamentablemente, hoy mucha gente sólo corea las frases vacías que exigen que se vaya Peña Nieto o el Procurador, o que responsabilizan al Estado, sin reparar en que hoy en día esas acciones ni implicarían justicia de verdad ni contribuirían a resolver los problemas que tiene el país.
El Presidente y sus funcionarios deben enfrentar los costos de lo que no ha hecho. Pero es responsabilidad de la sociedad mexicana exigir que esos cambios tengan una dirección y generen la certidumbre necesaria de que algo se está haciendo para no volver a tener otro Ayotzinapa pero, sobre todo, para no volver nunca a un país ahogado de impunidad como en el que hoy vivimos los mexicanos.

EMPODERAMIENTO CIUDADANO
Hoy todos los partidos están sumidos en la misma brea de cuestionamientos y corrupción. ¿Con quién debe pactar el Presidente los cambios para combatir la corrupción y la impunidad? ¿Con ellos, o con la sociedad mexicana? debemos seguir, sí, indignados. Pero esa indignación debe tener un cauce. Si no, nosotros mismos terminaremos echando nuestros muertos a la basura.

+ Equilibrio de fuerzas, mito ante la realidad

En memoria de Oscar Raúl Ortiz Romero,
que ayer fue llamado a cuentas por el Creador

Hay quienes, en términos muy simplistas, creen o que el Gobierno del Estado no tiene ningún tipo de relación política con la Sección 22 del SNTE o que, por el contrario, la connivencia es tal, que todas las acciones y silencios en el tema magisterial se encuentran relacionados con la alianza magisterio-gobierno en Oaxaca. Pero en realidad, la política que se hace entre las fuerzas políticas, las facciones y el gobierno con el magisterio son muchas más de las que podemos imaginarnos. Hoy menos que nunca la 22 es un grupo homogéneo; y al entender sus divisiones podremos también comprender muchas de sus acciones y movimientos dentro del largo conflicto que subsiste en nuestra entidad.
En efecto, sólo en los meses que llevan las movilizaciones en protesta por la reforma y la armonización de las normas en materia educativa, la Sección 22 ha demostrado ya no ser un solo frente, sino ser varios micro grupos que sólo tienen temas en común en los que logran ponerse de acuerdo para actuar, pero que entre ellos existen tantas divergencias que en ciertos momentos los llevan a tomar posiciones que los acercan muchísimo a sus principales adversarios. Hemos visto, por ejemplo, a grupos de maestros actuando por consignas de dos grupos priistas distintos; a otros continuar acordando con el gobierno estatal, aunque ello implique lo que ellos denominan como la traición al movimiento. Y a algunos más tratando sólo de minar a la actual dirigencia a partir de una suerte de oposición interna.
En ese sentido, un texto publicado ayer en el periódico Noticias, titulado Crónica de un Prepleno Anunciado, y firmado por Pavel Sosa Martínez, hace un recuento de esos grupos al interior de la Asamblea Estatal de la Sección 22, y las relaciones e implicaciones políticas que tienen algunos de esos grupos con el gobierno, con los partidos y con posiciones políticas e ideológicas al interior del Sindicato. El punto central de dicho texto es preguntarse, y prever, cómo la interacción de esos grupos va a generar que dicho Prepleno —que, dice, es donde la dirigencia magisterial debe rendir cuentas a sus bases— no cumpla con su objetivo.
El autor de dicho texto hace cinco presagios, que en realidad es una disección muy general en cinco aspectos, de las relaciones de los distintos grupos al interior de la Asamblea Estatal, que determinan el rumbo y las relaciones de la 22 con el exterior. Así, señala lo siguiente:
“Presagio 1.-El Comité Seccional que encabeza Rubén Núñez Ginez, fue resultado de un gran pacto entre los grupos que se hacen llamar la amplia donde sobresalen la Unión de Trabajadores de la Educación, el Bloque Democrático, Coordinadora Democrática Magisterial Oaxaqueña, PRAXIS, Maestros Democráticos de la Costa y la Cañada, Colectivo Magonista Libertario, entre otras expresiones
“Presagio 2.-Los grupos que no lograron incrustar en los espacios deseados a su gente, comenzaron a reunirse y generar situaciones de confrontación e inestabilidad con la dirigencia; por un lado la Coordinación Multilateral (parte de Codemo, Coordinación de bases, Colectivo magonista libertario y Ex Utes) y por el otro Sangre Nueva o Insurgencia Magisterial (chepistas).
“Presagio 3.-El descredito a la Comisión Política y el impulso de cambiar a los integrantes siguiendo el ejemplo de la Región de la Sierra, sirvió para que los grupos afines al Estado y en especial al priismo echaran a andar esa maquinaria para reposicionarse, relevando a Isabel Dávila Rivera por Julián Terán García; David Estrada Baños por Abelardo Salvador Carlos, Horacio Gómez Pineda por Noé Mendoza Aldaz y a Aciel Sibaja Mendoza por Gustavo Manzano Sosa, sembrando un precedente en este sentido.
“Presagio 4.- La evidente intromisión del priismo en el conflicto magisterial en la jornada de lucha nacional del 2013, evidenció las dos posiciones que se disputan el control de la XXII. Por un lado, los muratistas que encabeza Francisco Villalobos y por el otro los evielistas, célebremente llamados ‘pozoleros’.
“Presagio 5.- La continuidad de la relación de la UTE y Bloque Democrático con el gobernador Gabino Cué y la operación política en favor del proyecto del senador Benjamín Robles Montoya y Morena.”

CINCO BLOQUES
Frente a esa diversidad de grupos queda claro que si hasta ahora la Asamblea de la Sección 22 ha logrado ponerse de acuerdo para algunas cosas —como el plantón representativo en el zócalo, que es ampliamente cuestionado por ser una protesta meramente testimonial sin capacidad de trascender a los fines teóricos de la lucha magisterial—, es en realidad un logro mayor de lo que parece. Pues según parece quedar claro, en realidad al interior de la 22 ya hay una presencia mucho mayor de los partidos y las facciones políticas que en otros tiempos, y eso está determinando el rumbo que tiene hoy el movimiento.
Eso explica, por ejemplo, por qué son bloques de profesores los que en varios momentos han ido a lastimar objetivos muy concretos de los grupos al interior del PRI, y hasta pareciera que existe una correspondencia abierta entre la guerra de facciones al interior del tricolor, con algunas acciones que por un lado ha emprendido el magisterio del Istmo y que por el otro han tomado los llamados “pozoleros” para cobrar venganza.
Del mismo modo, a partir de eso puede entenderse que sí haya un grupo de la 22, tan cuestionado como los que son afines al PRI, que sigue teniendo una relación fluida, y hasta compromisos políticos con el régimen en turno en Oaxaca, que responde a los intereses del senador Robles Montoya y que intentará ser un ala electoral dentro de dos años, primero para posicionar al michoacano como posible candidato a Gobernador por el PRD, y después para apoyarlo con movilización y estructuras electorales en los tiempos de campaña.

¿Y EL MOVIMIENTO MAGISTERIAL?
Esa es la pregunta base del Prepleno que, según vaticinan, no se va a responder. No va a ser así porque todos los grupos determinantes al interior de la Asamblea han fallado en sus tareas para fortalecer al movimiento. Por eso buscarán que dicho espacio de evaluación tome otro rumbo. Así tratarán de evitar rendir cuentas sobre sus fallas. Aunque en el fondo el gran cuestionamiento pendiente sea sobre la incertidumbre que hoy priva sobre el conflicto, lo ocupados que están los grupos principales en responder a otros intereses, y lo descuidada que tienen la lucha magisterial de fondo. Algo así como su peor escenario.

+ Proclama vacía; no hay sentido en exigencia

Ya renunció el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero; ya detuvieron al ex Edil de Iguala y su esposa; la presión nacional e internacional ya hizo que todo el Estado mexicano se volcara a la búsqueda de los normalistas. Pero aún así hay quienes insisten en la proclama ruidosa, pero sin sentido, de que ahora quien debe renunciar es el presidente Enrique Peña Nieto, o de que la culpa la tiene Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué querer que se vaya el Presidente, o que AMLO acepte su supuesta complicidad en el asunto, si eso ni contribuiría a resolver el problema jurídico y político que enfrenta el Estado por las desapariciones, ni eso permitiría, necesariamente, dar con los normalistas o conocer lo que realmente ocurrió la noche del 26 de septiembre en Iguala?

En efecto, quizá una semana después de que ocurrió la detención-desaparición de los 43 normalistas en Iguala —cuando todos salieron del pasmo, y vieron que el asunto tenía también una arista político-electoral que era necesario explotar— comenzaron también los señalamientos, primero exhibiendo la fotografía que en algún acto multitudinario se había tomado José Luis Abarca con el presidente Peña Nieto; y después utilizando una imagen similar, pero ahora de Abarca con López Obrador, para tratar de probar una supuesta responsabilidad o complicidad del tabasqueño con los implicados en las desapariciones.

La finalidad, en ambos casos, era exhibir al político sin siquiera ofrecer algún elemento que reforzara la idea de que, en efecto, existía una complicidad por parte de alguno de los políticos exhibidos con José Luis Abarca, o que éstos sabían que el entonces Edil de Iguala era un pillo que, además, comandaba una banda de criminales. Nunca lo hicieron. Pero sí lograron que mucha gente coreara las consignas que ellos habían construido con una finalidad política que, sin embargo, no apuntaba a la localización de los normalistas. ¿Qué buscaban?

Evidentemente, lo que buscaban era exhibir al adversario. Eso fue lo que intentaron quienes primero esgrimieron la imagen del Edil de Iguala abrazando al Presidente de la República. Era, es cierto, una imagen elocuente que demostraba la simpatía del encuentro, pero que también dejaba ver que esa alegría derivaba del acto multitudinario, y no del gusto mutuo entre los personajes retratados por encontrarse en ese preciso momento para capturar la imagen.

Ciertamente, en cada acto al que asiste, el Presidente puede pasar una o dos horas saludando de mano a cada uno de los asistentes y tomándose fotos con ellos. Y existe, de hecho, un apartado en la página web de la Presidencia que se llama “tu foto con el Presidente”, que sirve justamente para que las personas que asisten a los eventos con el Presidente, busquen si existe alguna imagen tomada por algún fotógrafo oficial con el Mandatario, para descargarla e imprimirla como un recuerdo. Y eso, en realidad, no es prueba ni de amistad, ni de complicidad, ni de reconocimiento, ni nada, entre el Presidente y nadie.

Ocurre exactamente lo mismo con AMLO. Pues al margen de si sabía o no de los malos pasos de Abarca, las fotos que han publicado los priistas para tratar de desacreditarlo, son exactamente iguales a las que antes se exhibieron con el Presidente: capturadas en actos políticos, multitudinarios, en los que el tabasqueño lo mismo se pudo haber retratado con Abarca que con cualquier otra persona que asistiera al evento y tuviera oportunidad de acercársele.

¿Qué demuestra todo eso? Nada. Y sin embargo hoy en día esas imágenes pasan entre mucha gente como prueba plena de las complicidades. Y en base a ellas se pretende exigir explicaciones a AMLO o la renuncia del Presidente. Con eso queda claro que se obsesionan con los centavos, pero por eso mismo dejan ir los pesos. ¿De qué hablamos?

HALLAR A LOS DESAPARECIDOS

Se exige, por ejemplo, la renuncia del Presidente pero nadie sabe para qué. Sí, nadie sabe para qué tendría que renunciar Peña Nieto, o cual sería el beneficio para el país, y concretamente para la solución del asunto de los normalistas, si él se fuera. Más bien, lo que en medio de eso queda claro es que quienes construyeron esa consigna, son los mismos que han sido sus adversarios de siempre y ahora encontraron este pretexto para pedir su renuncia. Lo alarmante es que con esto, implícitamente demuestran también que en el fondo los normalistas desaparecidos no les importan, pero que sí están dispuestos a utilizarlos mientras con eso puedan cumplir el objetivo político que se trazaron desde el inicio.

¿Qué dejan de lado, que debiera ser fundamental? Primero, la exigencia fuerte, sonora, y apremiante, de que se sepa la verdad completa sobre el destino de los normalistas; y segundo, que una vez que esto se sepa, existan juicios apegados a derecho en contra de los responsables y, sobre todo, disposición del Estado mexicano para reparar el daño causado a todos aquellos que fueron víctimas directas o indirectas de las desapariciones forzadas y todos los demás delitos comunes y de lesa humanidad que pudieron haberse cometido en los hechos del 26 de septiembre en Iguala.

En el primero de los temas hay éxito relativo. Hoy el Estado mexicano está volcado a la búsqueda de los normalistas, y esto sólo ocurrió después de que la inconformidad nacional e internacional alcanzó niveles nunca antes vistos. Pues ni el gobierno federal, ni el local de Guerrero, ni los partidos políticos, ni nadie dentro de las instituciones, había reparado que este era un tema que trascendía la comisión de delitos del orden común, y era un asunto de trascendencia internacional. Por eso la búsqueda de los normalistas es una prioridad, y por eso todos los aparatos de inteligencia del Estado se encuentran apremiados a brindar respuestas oportunas, como la que ayer se dio con la detención del ex Edil de Iguala, y su esposa, en una casa de Iztapalapa, en la capital del país.

REPARACIONES

Pueden ir y venir 10 presidentes y 20 gobernadores, pero si no hay una reparación efectiva de los derechos violados, entonces todo va a seguir igual. Luego de aclarar los hechos y deslindar responsabilidades, el Estado mexicano debe comenzar por pedir disculpas a quienes fueron agraviados por esos hechos, y después hacer una reparación integral de los daños causados. A eso se debía también volcar la exigencia. Pero con sus arengas sobre la renuncia evaden temas como esos y sólo se van a la parte ruidosa, pero vacía, de la lucha entre partidos por el poder presidencial.

+ Cobrar… pero valdría la pena encauzar a algo lo cobrado

Al iniciar esta semana, el gobierno estatal anunció la puesta en marcha de un programa de fomento al pago de impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, al establecer el pago de tenencia en un peso para quienes adquieran automóviles nuevos. Esta decisión parece ser parte de un enésimo intento del gobierno estatal ya no por elevar la recaudación respecto al impuesto sobre la tenencia de vehículos, sino por tener a más contribuyentes cautivos a los que, no ahora sino después, les pueda cobrar el gravamen. El problema es que ni así pueden acercar a más personas a que paguen —sólo los incautos que no entienden la intención de este beneficio—, porque siguen sin entender que nadie en su sano juicio querrá pagar mientras no vea algún beneficio concreto a cambio.
En efecto, en otros momentos hemos apuntado en este espacio (ver, por ejemplo, Al Margen 06.01.2014) que uno de los mayores fracasos de la administración estatal se encuentra en la recaudación del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, como gravamen estatal. Pues en los años que llevan aplicando este impuesto, lo único que han conseguido es una fuga enorme de recursos por dicho concepto, a partir de que se han limitado a tratar de obligar al contribuyente para que cumpla, pero sin hacerle ver por qué es necesario que pague dicho impuesto en Oaxaca, y no en otra entidad federativa.
Y es que antes de que el gobierno estatal tuviera la sensibilidad de buscar mecanismos para flexibilizar el cobro de ese impuesto, o definitivamente eliminarlo y buscar elevar la recaudación a través de otras vías, intentó perseguir a los contribuyentes que dejaran de pagar ese impuesto en Oaxaca. Sí, pues resulta que en 2011 el gobierno estatal exploró la posibilidad de configurar como evasión fiscal el hecho de que un automovilista tuviera licencia de manejo expedida por el Gobierno del Estado de Oaxaca y condujera un vehículo de su propiedad matriculado en otra entidad federativa.
Trataron, en esencia, de aplicar de manera estricta y restringida el principio de que todas las personas tienen el deber de pagar los impuestos en el lugar de su residencia. Sólo que no consideraron que si bien ese principio es aplicable para los temas fiscales, el tema del emplacamiento vehicular de servicio particular está acompañado de otras reglas ya que, inicialmente, esa es una facultad del gobierno federal que desahoga a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sólo que, a su vez, la SCT delegó a las entidades federativas lo relacionado con el emplacamiento de todos los vehículos que no prestaran los servicios que la misma SCT se reservó como de competencia federal, ya que desde finales de los 90s la tenencia era un impuesto federal que cobraban los estados, y se lo abonaban ellos mismos a cuenta de los recursos que la Federación debía transferirles. Por eso SCT entregó el emplacamiento a los estados, pero esto no lo tradujo en la pérdida de facultades, y de entrada por eso todas las placas expedidas en todas las entidades, tienen plena validez en el territorio nacional.
Ahora bien, ¿habrían podido aplicar sanciones a quienes tuvieran emplacados sus vehículos en otro estado donde existen beneficios fiscales al cobro de la tenencia, y tener licencia de manejo expedida en Oaxaca? Sí lo intentaron, pero luego vieron los problemas que esto provocaría: ello significaría algo así como cobrar un impuesto al tránsito interno, que se encuentra expresamente prohibido en la Constitución federal, además de que, para poder hacer punitivo el cobro, se enfrentarían a la necesidad de configurar correctamente la evasión fiscal a partir de argumentos tan endebles como los antes señalados, además de que las placas de circulación siguen siendo expedidas por los estados mediante acuerdos con el gobierno federal, vía la SCT.

NUEVO INTENTO
El gobierno nunca lo intentó, pero habría podido convencer a la ciudadanía de seguir pagando la tenencia en Oaxaca si, por ejemplo, hubiera dispuesto que una parte de lo recaudado fuera invertido directamente en el mejoramiento de las calles por donde transitan los vehículos. Nunca le interesó.
Y es que las calles de Oaxaca, que son la banda de rodamiento por la que transitan los vehículos de motor por los que el gobierno estatal nos cobra un impuesto altísimo, se encuentran parcialmente destruidas. Eso no es privativo de la capital oaxaqueña —que en las últimas semanas pasa por un importante proceso de rehabilitación de las calles, pero que ocurre años después de una sonora exigencia ciudadana y por causas que no son las de legitimar el impuesto a la tenencia de vehículos— sino que más bien se replica en prácticamente todas las ciudades de importancia en la entidad, y no se diga en las carreteras que están bajo la tutela estatal, como la que comunica a los valles centrales con la costa oaxaqueña, que va del Cerro del Vidrio a San Pedro Mixtepec, la cual tiene años destruida y en el abandono total. Y esa carretera, es sólo un ejemplo de varios que existen sobre el abandono oficial.
Incluso, habría que tomar con muchas reservas la intención de establecer un estímulo fiscal para pagar sólo un peso por concepto de impuesto sobre tenencia a vehículos nuevos hasta que termine el 2014. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que parece querer es tener contribuyentes a quiénes cobrarles impuestos en 2015. Sí, primero porque este beneficio aplicaría únicamente para quienes sólo deben pagar la parte proporcional de la tenencia correspondiente a los meses de noviembre y diciembre; y segundo, porque al haber aceptado el beneficio fiscal en 2014, en 2015 les cerraría toda posibilidad a no querer pagar.
Nos explicamos: el gobierno no está eliminando el impuesto, sino que lo está condonando. Y para efectos administrativos, una persona que se acoge a una condonación, implícitamente está aceptando el cobro del impuesto, para después apegarse al beneficio que en ese momento le ofrecen. ¿Qué significa eso? Que si después quisiera inconformarse por un cobro posterior, completo y sin beneficios, no podría hacerlo ya que lo que la autoridad alegaría es que ese fue ya un acto consentido, al haber aceptado inicialmente el impuesto cuando recibió el beneficio.

IMPUESTO SIN FUTURO
Lamentablemente no hay visión ni creatividad para cobrar los impuestos, y menos el de la tenencia. No han podido hacerlo en estos años, y con estas maniobras buscan acercar personas pero a través del engaño, y no del convencimiento.