+ La recentralización nos victimiza a todos

En el atril de los cuestionamientos hacia el Estado mexicano, continúa vigente la pregunta de por qué nadie pudo distinguir toda la podredumbre que se encontraba alrededor de los hechos de Iguala, el mes pasado. Una de las preguntas busca, en efecto, hallar una explicación sobre la impunidad abierta del edil prófugo de aquel municipio, pero junto a ella debe haber otras más que cuestionen a defenestrado gobernador Ángel Aguirre, e incluso que encaren al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pues si algo queda claro —dentro de las pocas certezas que tiene hoy nuestro país— es que esto fue visto por todos, menos por quienes debían verlo.
En efecto, muchas de las explicaciones deben buscarse en ese mal logrado proceso de recentralización que comenzó con la administración del presidente Peña Nieto. Pues si por un lado quedó claro que todas sus reformas constitucionales tenían como rasgo en común la extracción de facultades a las entidades federativas para asumirlas —o reasumirlas— la Federación, por el otro también se vio que había ciertas decisiones claramente encaminadas a fortalecer al centro del país en detrimento de las entidades federativas. ¿Cómo se dio ese proceso? Aislando, por un lado, al gobierno federal de lo que pasaba en los alrededores; y por el otro, abandonando a quienes necesitaban o pedían ayuda desde las diversas regiones de la República.
Avisos de esta crisis de la recentralización, hubo varios pero nadie en el gobierno federal los registró correctamente. Cuando estalló la violencia en Michoacán y Tamaulipas, trataron de resolver el problema primero negando su existencia, y segundo tratando de aplicar soluciones desde el centro del país. No entendieron que hoy en día, a diferencia del pasado, ya no es trascendente la pugna de poder entre el Presidente y los Gobernadores, sino entre éstos dos juntos con los poderes fácticos, como la delincuencia organizada, el narcotráfico o los grupos sociales organizados.
En Michoacán no han podido resolver el problema, a pesar de la fuerza institucional que le dieron a Alfredo Castillo Cervantes, a quien nombraron como comisionado federal en aquel estado a pesar de que esa figura no existe en la Constitución, y por tanto no tiene sustento legal ni debería tener facultades ejecutivas para disponer de recursos públicos como lo hace. El gobierno federal intentó, en ese caso, desplazar y relevar al Gobernador como figura de mando, pero sin asumir la magnitud del problema y sin asumir que el tema de fondo no era si el Mandatario estatal gobernaba o no, sino que no existía capacidad para hacer frente a la delincuencia organizada, que ya había tomado el control de diversas regiones de aquel estado.
En Tamaulipas las situación fue peor. Ahí la federación intentó negar la situación asumiendo que los hechos de violencia eran aislados, y que por tanto “no era necesario” el envío de un Comisionado federal, similar al de Michoacán. ¿Qué hubiera resuelto otro comisionado? Nada. Porque el tema de fondo, de nuevo, no versaba sobre si Egidio Torre Cantú era o no un mandatario fuerte, sino que la delincuencia había rebasado la capacidad institucional del gobierno y, como fuere, había que encararlo sin anteponer el costo político de los enfrentamientos o de la violencia, que tanto han tratado de esconder para según ellos no caer en la misma espiral de terror que se vivió en los años de Felipe Calderón como presidente del país.
¿Qué ha hecho, personalmente, el presidente Peña Nieto? Simplemente ha evitado las zonas de violencia, así como el gobierno federal ha evitado penetrar en las zonas verdaderamente controladas por la delincuencia organizada. Como si con eso lograra que la delincuencia disminuya, el Presidente había venido evitando Michoacán —hasta antes del “rescate” que fallidamente encabezó Castillo Cervantes— y también Tamaulipas y la gran mayoría de las zonas afectadas por la ola criminal en el país.

EL SURESTE, OLVIDADO
Más o menos lo mismo pasó con el sureste mexicano. El presidente Peña Nieto se metió en el tema de Guerrero debido a la contingencia meteorológica del año pasado que arrasó con Acapulco y que dejó a un centenar de personas sepultadas en una comunidad de la montaña guerrerense. Se metió, sí, pero a atender a los damnificados y a tratar de inmiscuirse en un asunto de rescate social que nada tenía que ver con la delincuencia. Ángel Aguirre trabó amistad con él, y lo siguiente fue continuar administrando la crisis social sin tomarle importancia al tema de la delincuencia organizada, que no se circunscribía sólo a Michoacán, y que en Guerrero también provocaba problemas importantes.
Lamentablemente, tuvo que venir esta crisis para que las cosas cambiaran. ¿Qué hizo el gobierno federal? Doce días después de la detención-desaparición de los 43 normalistas, las fuerzas federales tomaron el control de varios municipios en donde había presencia de criminales. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué ninguno de los sistemas de información del gobierno federal pudo prever no los hechos relacionados con los normalistas, sino la galopante inseguridad y criminalidad existente en aquella entidad?
Lo mismo sucede en Oaxaca. Pareciera que aquí el gobierno federal sólo tomará atención cuando ocurra una tragedia en la tensa relación que existe entre el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE. El gobierno federal nunca ha reparado en eso, y lejos de asumir la importancia del manejo político que se le ha dado al tema, lo que se dedicó a hacer en todos los meses previos fue fustigar al gobierno de Oaxaca en los medios de información de la capital por la tibieza con la que, según ellos, el gobernador Gabino Cué ha manejado el conflicto magisterial.

EL COSTO DE LA SOBERBIA
Al final, la pregunta es: ¿Los problemas desaparecen cuando el gobierno federal cierra los ojos? ¿Hay algo que pueda resolverse negando la realidad? En el fondo, es alarmante que el gobierno de la República asuma que el país es sólo la Ciudad de México y la región centro del país, y que los únicos temas importantes de atender son los que involucran reflectores, inversionistas, relaciones públicas, frivolidad o diplomacia. A golpes, la realidad le ha ido enseñando a esta administración federal que México es mucho más de lo que ellos pensaban, y que tan les ha faltado sensibilidad para entenderlo, que por eso las circunstancias le están cobrando caro las facturas de su reiterada soberbia.

Uno de los síntomas más claros de que la transición democrática en México fue un fracaso, es la trágica situación que hoy enfrentan la mitad de las entidades federativas, que viven asoladas o por la violencia social o por la criminalidad, pero con gobernadores soberbios y millonarios que sin embargo no tienen capacidad de controlar la situación de los estados que gobiernan. ¿Qué pasa? Guerrero y Michoacán son dos llamadas de atención, de una situación sintomática que debe ser atendida cuanto antes.

En efecto, apenas el 20 de junio pasado se dio el relevo de Fausto Vallejo por Salvador Jara en el gobierno de Michoacán; este fin de semana ocurrió lo mismo en Guerrero, con la salida del gobernador Ángel Aguirre Rivero y su sustitución por Rogelio Ortega Martínez. En ambos casos la salida fue a través de la licencia al cargo. Y en ambos esto ocurrió frente a gravísimos hechos de violencia e incapacidad gubernamental para hacer frente a las circunstancia. Quienes festinan estas situaciones, dicen que detrás de Michoacán y Guerrero se encuentran Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y varias entidades más. ¿Qué pasa?

Lejos de ver las causas inmediatas, vale la pena ir a revisar por qué los gobernadores teniendo tanto poder, han podido hacer tan poco por sus estados. Y la primera respuesta está en el que, al margen de los nombres y los partidos, los mandatarios estatales recibieron mucho poder en muy poco tiempo, con un poder que no les costó obtener porque les cayó de rebote por la alternancia en el poder federal; y por eso asumieron actitudes de nuevos ricos descuidando los temas sustantivos de los gobiernos estatales. ¿De qué hablamos?

De que la extinción del régimen de partido hegemónico en el país, en el año 2000, decantó en los Gobernadores un nivel de independencia nunca antes visto. Hasta antes de ese año, los mandatarios estatales emanados del PRI tenían como Jefe Político al Presidente, y los de oposición eran tratados con lejanía por la Federación. No obstante, casi en paralelo a la pérdida del poder presidencial hegemónico se dieron también las reformas presupuestales que comenzaron a transferir más recursos a los estados, y que le dieron facultades para hacerse de recursos a través de mecanismos como la bursatilización de sus ingresos tributarios futuros.

Esto creó pequeños faraones locales que de pronto tuvieron toda la autonomía para hacer política y para allegarse de más recursos económicos que nunca, y a la par de ello pudieron plantarse frente a un gobierno federal debilitado por sus incapacidades propias y por la pluralidad fangosa del Congreso de la Unión. ¿Qué hizo la federación frente a esto? Comenzó a dar trato diferenciado a los Gobernadores, permitiéndoles todavía más ingresos y una fiscalización selectiva eminentemente determinada por criterios políticos. Así, si los gobernadores ya eran poderosos, la falta de rendición de cuentas les permitió convertirse en los nuevos magnates de la nación gracias al manejo discrecional de recursos, obras y licitaciones.

El problema es que, si vemos esto en perspectiva, lo que observar ver es que quienes se fortalecieron fueron los Gobernadores, no así las entidades federativas, que quedaron a merced de los intereses de los nuevos virreinatos en que se habían convertido los gobiernos estatales. Por eso, no fue extraño ver entidades en las que hubo mucha obra pero sólo de tipo faraónico para alimentar proyectos políticos. Hubo otras entidades en donde la deuda bursatilizada se fue a las nubes, y todavía hoy siguen sin saber en qué obras o programas se aplicaron esos recursos.

Hubo otros gobernadores que abiertamente se coludieron con criminales y decidieron entregar el control político de sus estados a la delincuencia organizada. Y en muchos otros casos más, ante la falta de controles y contrapesos en los demás poderes, se dedicaron a derrochar los capitales que habían conseguido sin preocuparse por hacer gobiernos fuertes en los temas importantes que debían atender.

GOBERNADORES SIN ESCRÚPULOS

Una entidad no se ahoga en la criminalidad en sólo un sexenio. Tampoco ocurre eso cuando la violencia es de tipo social y, como en el caso de Oaxaca, las amenazas vienen de organizaciones sociales o gremiales que ponen de rodillas a la gobernabilidad a través de su capacidad de movilización. En el fondo, lo que vemos es que estos fenómenos ocurren por un conjunto de variables que se dejan sueltas no sólo por un ámbito de gobierno, sino por los tres.

Pensemos: ¿cómo un edil —tomando como ejemplo a José Luis Abarca, de Iguala— puede ser al mismo tiempo autoridad y jefe de un cártel criminal, sin que ninguna instancia estatal o federal lo detecte o lo detenga? Supongamos de nuevo: ¿Cómo puede creerse que un Gobernador —pensando en Aguirre o en Vallejo— sea ajeno a la colusión de sus personas cercanas con el crimen organizado, y que la Federación también se desentienda? Y en casos como el de Oaxaca: ¿Cómo puede creerse que la fuerza que tiene hoy la 22 se la dio sólo Gabino Cué?

Esas son cuestiones básicas que en realidad lo que revelan es, por un lado, el tamaño de la falta de compromiso de esos mandatarios con la legalidad y los temas básicos del interés general; pero también revelan la existencia de redes y antecedentes ya anquilosados de relación, por un lado, entre gobernantes y criminales; y por el otro, del sometimiento institucional de los gobernadores a poderes fácticos, como en el caso de Oaxaca a la Sección 22 del SNTE, porque siendo Cué el gobernador, o cualquier otro, la situación frente al poder del magisterio sería prácticamente la misma.

¿Qué debe cambiar? Tendría que haber un replanteamiento integral de las atribuciones de los gobernadores y en general del federalismo en México, así como un refrendo profundo a la defensa del bien común, que se ha perdido aceleradamente en los últimos años. No puede seguir privando la simulación, ni la existencia de gobernadores poderosos en entidades federativas débiles. Ese poder incontrolado hace crisis cuando vienen sucesos como los de Michoacán o Guerrero, que ya tumbaron a sus gobernadores. Y si las cosas no cambian, irán cayendo, como piezas de dominó, muchos más gobernadores.

PRESIDENTE, DEBILITADO

Muchos ven, erróneamente, a Peña Nieto solicitando las renuncias de Aguirre o Vallejo. Pero en realidad, quien más debe padecer estas situaciones es el propio Presidente. ¿A poco estas dimisiones no son una especie de llamado a que el mismo Peña Nieto ponga desde ya sus barbas a remojar?

+ Demasiada política y no hay solución de problemas

En Oaxaca parece que todos los ciudadanos nos encontramos en un callejón sin salida, y lejos de que haya capacidad de propuesta y de solución de problemas entre nuestra clase gobernante —y opositora—, lo que recibimos es insensibilidad, incapacidad e indolencia frente a los problemas que son de todos. Si nos preguntamos por qué vivimos en un ambiente atiborrado de temas pendientes, y ninguna solución, lo que hace falta es ver quién, en qué ámbito de gobierno, se hace responsable de ellos.
En efecto, Oaxaca padece serios problemas en distintos ámbitos sobre los cuales nadie se responsabiliza. Basta con ver, por ejemplo, las calles de la capital oaxaqueña en las que prevalece un plantón representativo por parte de la Sección 22 del SNTE, que trae aparejado a un amasijo de comerciantes ambulantes, que carecen de un objetivo visible y más bien están aprovechando los vacíos de autoridad y la debilidad institucional que tiene atorado indefinidamente el conflicto magisterial por la incapacidad de los poderes del Estado para resolver de fondo la problemática. En ese, como en muchos otros temas, hay un conjunto de responsabilidades que nadie asume. Veamos.
El problema magisterial es, en primer término, responsabilidad del gobierno estatal atender. Éste lo ha hecho sólo parcialmente, en la medida en que la capacidad política de la administración estatal ha permitido desahogar puntos del pliego petitorio magisterial sin romper los delgados hilos de diálogo y entendimiento. Esto ha permitido avances poco reconocidos —como el hecho de que hasta hoy no haya habido paro general de labores docentes— a cambio de otros que son muy ruidosos para toda la sociedad como el plantón magisterial, que trae aparejados una serie de problemas que nadie atiende.
Esto, porque la persistencia del plantón es reflejo de que algo sigue sin poder resolverse. Ese “algo” es la ley educativa, a la cual los Poderes Ejecutivo y Legislativo no le han podido dar una solución por falta de capacidad de resolución. El Ejecutivo, por un lado, se lavó las manos en el conflicto entregando al Congreso local una polémica propuesta de ley educativa, que hace dos meses entró a un proceso de análisis de constitucionalidad, pero que hoy nadie sabe si en realidad quebranta las normas constitucionales federales, o si en realidad es un documento discutible y cuestionable pero sin rebasar al marco constitucional federal.
Si esa ya parece una solución más para capotear la crisis, lo que está haciendo el Congreso del Estado es todavía más cuestionable. Hoy, ahí, duermen plácidamente las siete propuestas de ley educativa. Pues como el Congreso local no tiene la legitimidad y la fuerza institucional para imponerse frente a los amagues de la Sección 22, entonces prefiere que a los profesores los derrote el paso del tiempo sin tomar una posición activa en la atención del conflicto. Su solución es no respaldar al gobierno, ni a la 22, aunque esa ominosa salida salomónica no sea sino la encarnación de la política del avestruz, en la que el responsable prefiere esconder la cabeza para no ver las responsabilidades que debe atender.
¿Qué queda? Un caos en el Centro Histórico, y una devastada imagen del Estado, de la que nadie se hace responsable. No lo hace el gobierno estatal, porque dice que como ellos ya cumplieron su parte del acuerdo con la Sección 22, entonces es problema del Congreso. Éste tampoco hace nada porque moverse en cualquier dirección, implica asumir una responsabilidad que no quieren ni de rebote. Y el gobierno federal se justifica en el hecho de este es un conflicto local que debe ser atendido y resuelto por los poderes estatales.
¿Quiénes quedan en medio? Quedan en medio los sectores productivos, a los que nadie atiende; quedan en medio los educandos que no pueden recibir instrucción completa y adecuada porque una parte de los maestros oaxaqueños se encuentran en el plantón; quedan en medio los prestadores de servicio, que han visto devastada su actividad comercial y su aportación a la economía local; y quedamos en medio todos los ciudadanos, que seguimos esperando una solución a este problema, que simplemente no llega, ni llegará, porque no parece haber alguien dispuesto a asumir su parte de responsabilidad para encarar la situación y tratar de hallarle una solución.

FRÍVOLOS
En Oaxaca tenemos 42 legisladores locales; 17 federales y tres senadores, pero la gran mayoría de ellos prefiere vivir en el mundo de la fantasía. Acaso, los que se encuentran más cerca del escrutinio público son los representantes populares locales, que a diario reciben el cuestionamiento por la baja productividad de la Legislatura del Estado; sin embargo, casi nadie considera que los legisladores federales por Oaxaca han sido, históricamente, de los más improductivos, intrascendentes e irresponsables con los problemas de la entidad.
Acaso, un ejemplo palmario, aunque no el único, es el del diputado Samuel Gurrión Matías, a quien un diario de circulación nacional exhibió no sólo por su improductividad sino por la intención faraónica de realizar un informe de actividades más ostentoso que el de un Gobernador, a pesar de tener una productividad legislativa tan pobre, y una participación nula en la solución de los problemas públicos de los oaxaqueños.
Hoy, por ejemplo, conocemos el marcador legislativo del diputado Gurrión Matías pero, ¿conocemos qué actividad verdaderamente productiva o provechosa para la entidad han realizado los otros diputados federales por la entidad? Evidentemente, no conocemos ninguna, más que las “gestiones” que según realizan respecto al presupuesto federal para Oaxaca que, además, no se refleja materialmente ante la incapacidad de muchos funcionarios para acreditar los proyectos que son indispensables para el acceso a esos recursos que son etiquetados para la entidad.

¿CHEQUE EN BLANCO?
Los diputados federales por Oaxaca parecen recibir, cada tres años, un cheque en blanco para ser pequeños virreyes en la cámara baja federal. Acaso el diputado Gurrión es el ejemplo más visible por ser el más estrafalario. Pero junto a él deberíamos preguntarnos qué han hecho, de verdad, por Oaxaca otros legisladores como Hugo Jarquín, Martín Vásquez, Eufrosina Cruz o Carol Antonio Altamirano, de quienes más sabemos por sus excentricidades, viajes y lujos, pero no por su trabajo a favor de la entidad.

+ Federalismo, a prueba; la moralidad, derrotada

Si el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero tuviera escrúpulos, ya habría dejado el cargo. Tendría que haberlo hecho por la simple razón de que sostenerse en el cargo de Gobernador, luego de la corroboración de que en Guerrero la seguridad pública es un mito, y que el territorio estatal se encuentra convertido en una gran fosa clandestina —además de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido con los normalistas— lo hace moral y éticamente insostenible en su cargo. El problema es que no se va. Y parece que quienes exigen su salida, lo hacen sin saber exactamente para qué.

En efecto, en los últimos días hemos escuchado declaraciones de políticos, representantes populares, dirigentes partidistas, funcionarios y líderes sociales, que sostienen que el gobernador Aguirre Rivero debe dejar el cargo de Gobernador. Algunos han sostenido la urgencia de someterlo a juicio político, y otros han manifestado su venia para iniciar el proceso de desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Unos más sostienen que simplemente el Gobernador debe reconsiderar su decisión de mantenerse en el cargo, y optar por solicitar licencia de forma unilateral. Hasta hoy, nadie ha podido centrar sus ideas y explicar para qué quieren que el gobernador Aguirre se vaya.

Este no es un asunto menor: Ángel Aguirre, como todos los gobernadores en el país, llegó al cargo con el respaldo de un resultado electoral, y a pesar de quienes no los ven con agrado, en su gran mayoría gobiernan los estados teniendo de su lado grandes porciones de la democracia representativa. Esto es, que en México casi todos los Mandatarios gobiernan teniendo mayorías afines en el Congreso del Estado, y sin mayores cuestionamientos de sus respectivos poderes Judiciales y órganos constitucionalmente autónomos.

Además, ningún Gobernador ha sido sometido a una revocación de mandato. Y si hoy el federalismo ha dado alguna de sus tenues demostraciones de consolidación, esto se nota en el hecho de que los Gobernadores ya no se encuentran subordinados al poder presidencial y tampoco son apéndices del régimen de partido hegemónico en las entidades federativas. Estas son razones formales que, en los hechos, se encuentran a favor de todos los Gobernadores en México, incluyendo al impresentable mandatario Aguirre Rivero.

Ahora bien, tomando en cuenta esto, volvamos a la pregunta: ¿Para qué quieren que se vaya Ángel Aguirre? Porque en un país como el nuestro, no es común escuchar opiniones unánimes en partidos y grupos políticos contrarios entre sí, y es mucho más raro que esa opinión sea clara en expresar el qué, pero sin siquiera ocuparse de dar una explicación de sus porqués.

En ese sentido, hay algunos líderes y representantes partidistas que quieren que Aguirre Rivero deje el cargo, para disputárselo entre ellos. Hay otros que sólo se subieron al tren de lo políticamente correcto, y como hoy dicho canon sostiene que lo indicado y bien visto es pronunciarse a favor de la licencia del gobernador (o del juicio político, o de la desaparición de poderes), entonces lo están repitiendo sin saber exactamente qué alcances puede tener una decisión, o una presión, de esa magnitud, y sólo se quedan con los argumentos que otros sostienen por un interés o motivación política. Lamentablemente, son los menos —y debieran ser los más— quienes sostienen que el Gobernador debe irse por razones morales o para permitir el reordenamiento del poder en aquella entidad.

¿PARA QUÉ SE IRÍA?

Si algunos quieren que el Gobernador de Guerrero se vaya únicamente para que quienes se quedan se disputen el vacío que éste dejaría, entonces el remedio sería más grave que el problema mismo, pues esa sería una garantía de que de todos modos subsistirían los mismos problemas estructurales de gobierno por los que hoy Aguirre tiene un pie fuera del gobierno, y lejos de resolver cualquier conflicto, la disputa por el poder estatal generaría un nuevo problema que hoy no existe en Guerrero, y que irremediablemente pasaría por la inestabilidad en el Congreso y los poderes formales y fácticos.

Ahora bien, si es el gobierno federal quien abona a que el gobernador Aguirre solicite licencia a su cargo, lo que ya debería tener listo es un plan de intervención en Guerrero. ¿Qué significa esto? Un plan a través del cual pudiera tomar las riendas del Congreso de aquella entidad, y pudiera efectuar un control de daños en tiempo real de todas las posibles situaciones de riesgo para garantizar el arribo de un Gobernador afín a la federación, que además viniera acompañado desde el primer momento por un plan estructural para rescatar la seguridad y dar soluciones a los problemas que Aguirre no pudo resolver.

Eventualmente, esta sería una salida eficaz aunque evidentemente significaría la claudicación total del incipiente federalismo mexicano, que hoy en día apenas si da destellos de existencia, pero que justamente eso se refleja en la “estabilidad” política de los gobernadores en sus cargos.

¿Esas podrían ser todas las razones? Evidentemente, no. En realidad, la razón más consistente para orillar la salida de un gobernador como Aguirre, debiera estar en su imposibilidad moral para sostenerse en el cargo. Esto es: un gobernador a quien le explota en las manos un problema del tamaño del de la desaparición forzada de 43 normalistas, y al que además se le descubre que en los mismos tiempos de su gobierno su entidad se convirtió en una gran narcofosa, es evidentemente un mandatario fallido que debería dejar su cargo por una ineptitud manifiesta, además de la comisión por omisión de los delitos que llegaran a configurarse.

En una empresa privada, por ejemplo, un gerente inepto debe ser separado de su cargo inmediatamente después de que se le comprueban sus deficiencias, primero como consecuencia de su incapacidad, y segundo, para que no siga cometiendo errores que pongan en riesgo a toda la compañía.

FACILITAR LAS INVESTIGACIONES

Otra razón consistente, que se ha esgrimido realmente muy poco, es la relacionada con que el gobernador Aguirre debe dejar su cargo para facilitar las investigaciones de los normalistas desaparecidos, de las narcofosas y de la delincuencia galopante que impera en aquella entidad. Como quiera que sea, todos los funcionarios estatales son subordinados de Aguirre y las investigaciones pasan por la presunta comisión de un montón de delitos del fuero común que no podrán ser indagadas imparcialmente mientras el actual Gobernador continúe en su cargo.

+ ¿Qué intereses están detrás de STPEIDCEO?

La administración estatal lleva años consintiendo la ineficacia de miles de sus trabajadores sin hacer algo para cambiar el estado de cosas, y lejos de que se vislumbre un cambio positivo, lo único que se encuentra a la vista es la elección de la nueva dirigencia de los burócratas estatales. Este proceso, que no reporta ningún beneficio para los trabajadores o para la administración pública, es más bien ocasión para la manipulación y la búsqueda de intereses políticos a costillas de los empleados.
En efecto, luego de que pasó la llamada “semana del empleado” en la burocracia estatal —una semana, que en realidad son dos, en las que el gobierno le “regala” a los trabajadores de base un bono económico, y días de descanso, para que realicen actividades recreativas en ocasión del Día del Empleado, aún a costa de menguar los servicios públicos que el gobierno presta a la ciudadanía—, vale la pena analizar qué mejoras le ha procurado el gobierno a sus trabajadores para que sean más productivos, y qué destino tiene la parte política del manejo gremial de los más de nueve mil burócratas estatales.
El asunto no es menor. Pues de entrada está el hecho de que el gobierno estatal ha mantenido desde hace años a una burocracia privilegiada, costosa y poco productiva. El Gobierno del Estado, por ejemplo, nunca ha tenido el interés de promover un verdadero servicio profesional de carrera que permita la profesionalización de la burocracia de base y el incremento de su productividad y eficiencia, a través de esquemas institucionales de escalafón basado en la productividad.
De hecho, cuando llegó Alberto Vargas Varela a la Secretaría de Administración, dijo que ese sería uno de sus objetivos como titular de esa dependencia. Sin embargo, a cuatro años de distancia, y sin ningún paso dado sobre la ruta que él mismo marcó el día en que tomó posesión, queda claro que ese es uno de los temas que definitivamente abandonó, o no pudo abordar. Y hoy en día la burocracia estatal sigue siendo la misma de siempre, que consume recursos millonarios, que carece de rumbo, y que reporta muy pocos beneficios a la administración estatal.
No obstante, parece claro que el de la improductividad es el menos grave de sus problemas, porque junto a él se encuentra otro: el de la manipulación con fines políticos. ¿De qué hablamos? De que el sindicato de burócratas ha sido un factor de poder para políticos y funcionarios. Y de que hoy que se avecina la elección del próximo dirigente de los burócratas ya hay intereses bien definidos alrededor de ellos, que buscan aprovecharse de él para alimentar futurismos. Veamos.
Por un lado se encuentra la llamada “unidad sindical”, que no es sino un amasijo de pequeños grupos de burócratas manipulados por el dirigente saliente del STPEIDCEO, Juan Rosas, y el director general del Colegio de Bachilleres, Germán Espinosa Santibáñez. Éste grupo es quien parece estar recibiendo la venia oficial, a través del otorgamiento de días de descanso y apoyos económicos para la realización de actividades abiertamente proselitistas, fuera de los plazos legales.
Hace unas semanas, por ejemplo, con financiamiento hasta ahora no aclarado, ese grupo de Unidad Sindical organizó un desayuno masivo, en horas y días hábiles, al que invitaron a todos los trabajadores de base que quisieran asistir. El “gancho” era doble entre los burócratas: desayuno y día de descanso, para identificarse con ese grupo, que lo que busca es simpatías de cara a la elección de la dirigencia sindical.
El problema es que ni así, Unidad Sindical pudo reunir a las mil 500 personas que esperaba, y sí quedó el cuestionamiento, primero, de quién costeó el desayuno, y segundo, de por qué la Secretaría de Administración le autorizó a ese grupo el día de descanso para los asistentes si la reunión no tenía ningún objetivo sindical, si el proceso electoral aún no inicia, si dicha actividad era claramente un acto proselitista. Y sobre todo, lo más ruidoso del asunto es que esto constituye una abierta intromisión de la Secretaría de Administración en temas en los que no debería involucrarse.

MANIPULACIÓN
El problema es que reiteradamente el gobierno estatal ha intentado manipular al sindicato de burócratas, y casi siempre se le ha salido de control. En los noventas eso pasó con Reveriano Chagoya, a quien utilizaron hasta que intentó rebelarse, y entonces provocaron un grave problema político para el gobierno y sólo se resolvió cuando encarcelaron a Chagoya y cooptaron a los líderes menores.
Esa historia se repitió a principios de la década anterior con Oliverio Neri, quien por un pésimo manejo político del gobierno intentó también una rebelión, que ni tenía fines a favor de los trabajadores, ni contaba con la fuerza para defender sus posiciones políticas. En todos los casos, pues, los experimentos de manipulación política al interior del STPEIDCEO han derrotado a quienes los han intentado, y además han sumido a la burocracia estatal en el descrédito y la improductividad, además de ocasionar más problemas de los que han resuelto.
Hoy pareciera que esta situación se repite con el intento abierto de Espinosa Santibáñez, y de Juan Rosas —a quien acusan de traición al grupo que lo llevó a la dirigencia gremial—, con el apoyo de funcionarios estatales, por generar una corriente que derrote al grupo que desde hace casi una década ha demostrado tener el respaldo mayoritario entre los burócratas, y que tiene como cabeza visible al ex dirigente Joel Castillo Pérez.
Y es que no está mal que intenten generarle oposición a ese o a otros grupos. El problema es que lo hacen mal, sin capacidad de persuasión genuina entre sus agremiados, y quebrantando abiertamente las reglas mínimas de la convivencia entre los burócratas, al utilizar recursos públicos para sus actividades, que además son realizadas al margen de los tiempos establecidos para ello.

LA ANARQUÍA
Es claro que quienes buscan meterse por la fuerza a la política sindical de los burócratas, lo hacen con la intención de ser un factor para la sucesión de 2016 en Oaxaca. El problema es que hoy parece haber más intereses políticos que de la clase trabajadora, y que si no hay un manejo político eficaz de esta situación, este bien puede convertirse en otro problema para la gobernabilidad al interior de la administración estatal. ¿A quién le conviene que haya inestabilidad? Es la pregunta que debían responderse quienes hoy permiten y alientan a los que quieren madrugar, en el relevo de la dirigencia del sindicato de burócratas.

+ Desaparición de poderes, desechado por el Senado

Parece increíble, pero es cierto: en México a pesar de la existencia de mecanismos de control de la constitucionalidad, no parece haber caminos viables frente a la situación de un insostenible como el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero en Guerrero. No existen, primero porque en ese aspecto la Constitución de la República está desfasada frente a la realidad; y segundo, porque si tomamos como base los criterios del pasado reciente sobre la desaparición de poderes, podríamos ver que —a menos de que haya un acuerdo político para echar mano de esa figura— el mismo Senado la ha declarado inoperante.

En efecto, en nuestra entrega de ayer hacíamos un repaso somero de las normas jurídicas locales y federales que en un momento dado podrían regir o la desaparición de poderes, o el procedimiento de juicio político en contra del gobernador Aguirre en Guerrero. En realidad, su separación del cargo de Gobernador se ha vuelto un imperativo nacional frente a los graves hechos del 26 de septiembre en Iguala. Y sin embargo, hasta hoy no existe un criterio claro sobre qué prevenciones deben tomar los poderes federales, o el Congreso de Guerrero, en uno u otro caso, para poder separarlo del cargo sin romper la ley, dado que el propio Aguirre ha sostenido que su voluntad es continuar en el cargo.

Y es que tal y como lo analizábamos ayer, optar por la ruta del juicio político es materialmente imposible, dado que la bancada perredista en Guerrero es mayoría, y es quien apoyaría al gobernador Aguirre para sostenerse en el cargo. Por eso, decíamos, el otro camino se encontraba en la desaparición de poderes. Y afirmábamos que sólo faltaba ver si el Senado ocupaba correctamente, como prueba de la desaparición de poderes, los hechos del lunes pasado… en lo que Oaxaca en 2006, no es buena referencia.

No es el ánimo ser machacones. Pero si de lo que se trata es de tratar de probar la ingobernabilidad como causal para la desaparición de poderes ante el Senado de la República, Oaxaca es el único referente reciente al que habría que acudir. Y, lamentablemente, para los que quisieran que por esa ruta se fuera el gobernador Aguirre, la solución senatorial al caso Oaxaca no ayudaría como referente. ¿Por qué?

Valdría la pena recordar, brevemente, algunas circunstancias. Esta semana, en Guerrero, hubo un solo día de disturbios. Pero en Oaxaca, en 2006, los poderes locales estuvieron cinco meses a salto de mata. El Poder Ejecutivo no pudo ejercer sus funciones normalmente. El Legislativo actuó siempre en sedes alternas. El Judicial funcionó a medias, porque las salas del Tribunal Superior no pudieron sesionar durante la revuelta, y porque los juzgados de la capital fueron tomados. Todo esto, además de los constantes disturbios, enfrentamientos y ataques a la paz pública y los derechos de terceros, cometidos lo mismo por las caravanas de la muerte que por los integrantes de la APPO y la Sección 22 para tratar de generar las condiciones de ingobernabilidad que según ellos eran necesarias para la desaparición de poderes.

¿QUÉ RESOLVIÓ EL SENADO?

En 2006 el Senado recibió por lo menos siete solicitudes de desaparición de poderes en Oaxaca, basadas en el argumento de la ingobernabilidad. La Comisión de Gobernación del Senado conformó una Comisión de Senadores que vino a la entidad a corroborar lo que decían las solicitudes. Y vale la pena releer, punto por punto, bajo qué argumentos la Cámara alta resolvió, el 19 de octubre de 2006, la improcedencia de dicha solicitud. (El dictamen, íntegro, puede consultarse en http://bit.ly/1rd7VnQ) Veamos.

“I. Esta Comisión de Gobernación encuentra que el marco legal de la desaparición de poderes está rebasado por la realidad y la compleja vida actual. La legislación vigente fue pensada para un sistema político que ha sido superado por la dinámica política que en los últimos años ha vivido el país. Un ejemplo de esta complejidad para declarar la desaparición o no de los Poderes de un estado, como en este caso, lo constituye el hecho de que la Ley Reglamentaria de la fracción V, del artículo 76 constitucional, confiere al Senado más facultades que el propio texto constitucional. Es por ello, que aún cuando se tuviera la voluntad de declarar desaparecidos los poderes, en la situación que nos ocupa y con el marco de la actual legislación, no se dan los supuestos de ley.

“II. Resulta insoslayable que existen condiciones graves de inestabilidad e ingobernabilidad en el Estado de Oaxaca; que se ha trastocado seriamente el orden jurídico y la paz social. Sin embargo, esta Comisión dictaminadora, ciñéndose al marco jurídico vigente, sólo puede concluir que los hechos que esta situación ha generado, no implican la desaparición, esto es, la ausencia o inexistencia, de todos los Poderes del estado de Oaxaca.

III. Una vez analizados los antecedentes, valoradas las pruebas y vertidas las consideraciones, se concluye que no se actualizan los supuestos normativos previstos por la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proceder a declarar desaparecidos los Poderes del Estado de Oaxaca y por tanto, no ha lugar a nombrar Gobernador Provisional en dicho Estado.”

Bajo esos argumentos, en resumen, el Senado resolvió que no era procedente la solicitud de desaparecer poderes en Oaxaca. No, porque según ellos, los hechos graves ocurridos durante cinco meses no eran prueba plena de que los poderes habían desaparecido. Pero sobre todo, porque el Senado consideró que el marco jurídico estaba rebasado por la realidad y que por ende no era aplicable frente a una situación y un tiempo como el que ocurría entonces.

Y lamentablemente, ese parece ser el único referente para Guerrero, en donde a pesar de que existe una responsabilidad de Estado por la detención-desaparición de los normalistas, y de que esa responsabilidad pasa necesariamente —por acción u omisión— por el Gobernador del Estado, que debía irse para facilitar la realización de una investigación imparcial, parece muy poco posible que pueda operar plenamente esta figura para que el Senado lo separe de su cargo.

SOLUCIÓN POLÍTICA

¿Qué soluciones quedan? Que el PRD haga la labor política necesaria para que, “voluntariamente”, el gobernador Aguirre solicite licencia a su cargo; otra salida pueda ser que el gobierno federal lo haga, presionándolo con el fincamiento de otras responsabilidades. Pero al final, y para mal de todos, ninguna salida pasa por la Constitución y las leyes.

+ Desaparición de poderes, único camino posible… y viable

Si el conflicto magisterial de Oaxaca en 2006 dejó muchas lecciones al país que nadie ha considerado, una de las primordiales tendría que versar en cómo abordar constitucionalmente la necesidad de que el Gobernador del Estado se separe de su cargo. En Oaxaca, en aquel año, las dos vías posibles fueron inviables: La de la desaparición de poderes en la entidad, y la del Juicio Político a Ulises Ruiz. ¿Cuál es el panorama del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero hoy en Guerrero?

En efecto, para entender a cabalidad la situación que hoy prevalece en Guerrero, vale la pena echarle un ojo al pasado en Oaxaca. Y es que ayer martes, la dirigencia nacional del PRD dejó formalmente solo al gobernador Aguirre. Carlos Navarrete, dirigente nacional perredista, dijo que “ante los graves acontecimientos que se han desatado en la entidad guerrerense, el gobernador debe evaluar si puede mantenerse en el cargo”.

Esto lo afirmó Navarrete luego de reunirse con Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, quien a su vez dijo que “la única instancia facultada para determinar la desaparición de poderes en Guerrero y un eventual juicio político en contra de Ángel Aguirre Rivero es el Senado de la República”. Estas dos posturas dejan, en efecto, solo al gobernador Aguirre… quien sólo pende de los beneficios que le otorgan las lagunas constitucionales guerrerenses. ¿De qué hablamos?

De que para ver si funcionan o no los mecanismos señalados por las cúpulas panista y perredista nacionales, no hace falta sino hacer un pequeño análisis a las normas federales y locales que rigen esos procedimientos. Pues en el primero de los casos, el del juicio político, queda claro que sería inviable optar por dicho camino, a partir de la contradicción de las normas estatales con las federales. Veamos.

Por un lado, el segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución federal dice que “Los Gobernadores de los Estados (…) sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.

Es muy probable que, por las faltas que se le imputan hoy en día al gobernador Aguirre, el juicio político federal sea procedente… sin embargo, la misma Constitución establece un candado, a través del cual debe ser la Legislatura estatal la encargada de ejecutar las sanciones al Gobernador, que según la Constitución federal deben consistir en su separación del cargo y la inhabilitación para ocupar responsabilidades públicas.

No obstante, el centro de todo se encuentra en la Constitución local guerrerense. Y resulta que el recién reformado artículo 195 de la Constitución de Guerrero señala que “incurren en responsabilidad política los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones realicen actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la presente Constitución o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los municipios.

Luego, la fracción VII de la primera parte del artículo 195 señala que procederá el fincamiento de responsabilidad política “por las siguientes causas graves”: “Cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y a las leyes federales o del Estado cuando cause perjuicios graves a la Federación, al propio Estado de Guerrero, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones…”

Y luego de contemplar al Gobernador como posible sujeto de juicio político, dicho precepto dispone que la responsabilidad política se sancionará con la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público del Estado o de los municipios, por un periodo máximo de diez años, en los términos dispuestos en la ley”.

¿Por qué si la Constitución de Guerrero dice todo esto, el gobernador Aguirre dijo la semana pasada, en tono retador y hasta burlón, que sólo dejaría su cargo si el pueblo guerrerense, mediante una consulta pública, así lo decidía? Casi nada: porque la Constitución de Guerrero dispone que se necesita el voto favorable de dos terceras del total de integrantes de la Legislatura, que está integrada por 46 diputados. Para separarlo de su cargo se necesitarían 31 votos. Y si tomamos en cuenta que la bancada del PRD en la LX Legislatura de Guerrero (que es la bancada del gobernador Aguirre) tiene 20 diputados, la posibilidad de que procediera el juicio político evidentemente es nula.

DESAPARICIÓN DE PODERES

La salida directa a este problema de que el gobernador Aguirre no sólo se sienta seguro en el cargo, sino de que se burle de quienes quieren que se vaya, y se aferre a su posición, sería a través de la desaparición de poderes, a través de la cual el Senado declararía desaparecidos los tres poderes locales, incluyendo el que está depositado en la persona del gobernador Aguirre.

Sobre esto, la fracción V del artículo 76 de la Constitución federal dice que es facultad exclusiva del Senado declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado.

El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado, dice la Constitución, a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. Y vale la pena considerar que, según la Constitución federal, la disposición antes transcrita “regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso”, tal y como lo es el de la recién reformada Constitución de Guerrero, que no contempla el supuesto de la desaparición de poderes decretada por los poderes federales.

¿QUÉ SIGUE?

Ver, por un lado, hasta dónde el gobernador Aguirre tiene control de su Congreso y hasta dónde puede el PRD influir en la posibilidad de que solicite licencia a su cargo. Y, por el otro, ver si el Senado ocupa correctamente, como prueba de la desaparición de poderes, los hechos del lunes pasado… en lo que Oaxaca en 2006, no es buena referencia. Abundaremos.

+ Aquí, todo negado; allá, sin temor a crisis

Ayer estalló la violencia en la capital guerrerense, y con ella se pusieron en evidencia una serie de factores que estuvieron presentes en el conflicto popular y magisterial de Oaxaca en el 2006, y que aunque aquí fueron negados, allá están siendo aceptados con toda naturalidad, como si fueran parte del Estado de Derecho, de la normalidad, o de la democracia.

En efecto, son al menos siete aristas de la realidad las que están reeditadas. Y llama la atención que a pesar del discurso sancionador y de repudio a todas las formas de violencia y de quebranto al Estado de Derecho, en Guerrero todo esté ocurriendo a plena luz del día, como si el Estado (Federación, Estados, Municipios) no hubieran aprendido ninguna de las lecciones del largo conflicto magisterial en Oaxaca. vale la pena hacer un recuento de esta situación, que en otro país sería motivo de colapso de quienes están al frente de las instituciones.

Así, bajo la premisa de que todo lo que en Oaxaca se intentó negar y disimular durante el conflicto magisterial de 2006, en Guerrero está ocurriendo como si fuera parte de la normalidad, debemos observar lo siguiente:

1. La incapacidad del gobierno estatal para garantizar el Estado de Derecho en Guerrero. En Oaxaca, hace ocho años, el gobierno de Ulises Ruiz fue igualmente incapaz de detener la ira magisterial. Luego del desalojo, el gobierno guardó a la policía, y los maestros –acompañados de los grupos inconformes, que luego crearon la APPO- tomaron el control de la vía pública durante meses. Es exactamente lo mismo que está pasando en Guerrero, con la diferencia de que, por una conveniencia común y coyuntural del gobierno federal y local, en Oaxaca nunca se aceptó que había ingobernabilidad, mientras que en Guerrero se habla de repudio, de “debilidad institucional” y de colusión de autoridades con criminales, guerrilleros, y demás.
2. La ausencia federal. En Oaxaca, el gobierno federal sólo intervino cuando un ciudadano norteamericano fue ultimado en una refriega entre elementos policiacos e integrantes de los grupos inconformes, pero eso fue más de cuatro meses después de que había crisis e ingobernabilidad. En Guerrero, el gobierno federal actuó enviando a las fuerzas federales a Iguala, sólo para que la comunidad internacional diera cuenta de que la federación se estaba haciendo cargo del problema. Pero los hechos de ayer, demuestran que ese control es sólo aparente, y que el gobierno federal sigue estando tan ausente del verdadero control de la crisis, como en su momento lo estuvo del manejo político y policiaco de la crisis de Oaxaca.
3. El radicalismo magisterial desbordando en violencia, sin ningún cuestionamiento de fondo de la ciudadanía. En 2006, los maestros de la CNTE ganaron las calles después de ser desalojados. Recibieron un respaldo ciudadano masivo, que se tradujo en al menos cuatro megamarchas que contabilizaron, cada una, cientos de miles de participantes. Luego vinieron las acciones de resistencia, que también fueron apoyadas por la ciudadanía. ¿Por qué ocurrió esto? Porque a la gente le indignan los actos de represión, como en Guerrero la detención-desaparición de 43 normalistas. Por eso no es raro ver que si bien la ciudadanía no está participando activamente en los disturbios, tampoco los está condenando. Esa tendencia continuará, irremediablemente, hasta que la violencia se vuelva en contra de los ciudadanos, y entonces varíen las formas de esta lucha.

RELACIONES PELIGROSAS

1. La relación guerrilla-magisterio, está a la vista. En Oaxaca siempre se negó la relación y la colaboración entre la Sección 22 y el EPR. Se negó a pesar de que la coexistencia de esos grupos era palpable durante el conflicto, en la implementaciones de acciones de ofensiva y defensiva que no eran producto de la imaginación espontánea de ciudadanos, sino del asesoramiento de personas bien entrenadas en métodos de guerrilla urbana. Curiosamente, en Oaxaca no fue la 22 quien aceptara la participación de guerrilleros en la resistencia popular, sino el propio EPR. Éste, cuando se dio la detención-desaparición de sus milicianos en Oaxaca, en mayo de 2007, aceptó públicamente que “ellos como otros de nuestros militantes participaron desde la base en el movimiento magisterial-popular de Oaxaca motivados por su conciencia de clase y alta sensibilidad humana. Ese sería el único ‘delito’ por el cual se efectuó su ilegal detención y se les impone un castigo de lesa humanidad” (Comunicado emitido por la Comandancia Militar de Zona en Hidalgo, el 12 de junio de 2007). En Guerrero, esa relación no se sospecha, sino que constituye una de las principales líneas de investigación para entender la desaparición de los normalistas.
2. La relación guerrilla-narco. En Oaxaca hubo siempre señalamientos muy específicos de la “tolerancia” de la Sección 22 y la APPO a grupos de la delincuencia organizada en barricadas como la de Cinco Señores o Brenamiel. Y, en base a la razón contenida en el numeral anterior, se hace evidente que también existe una conexión entre grupos de la guerrilla que tienen enfrentamientos con el narco, y en medio de los cuales se encontraban los normalistas.
3. La relación crimen organizado-Estado. En Oaxaca esa fue una de las sospechas sempiternas, que también dieron luces cuando grupos bien pertrechados, que no eran policías, integraban las Caravanas de la Muerte. Pero en Guerrero es tan clara la relación narco-Estado, que por eso el mismo gobernador Ángel Aguirre tiene un pie fuera del gobierno, y el edil de Iguala, José Luis Abarca gobernaba, a plena luz del día, de la mano del cártel Guerreros Unidos.
4. El respaldo de fondo a un asunto que en la forma es reprobado. Sí, la ciudadanía en Oaxaca siempre respaldó al magisterio, hasta que sus métodos se volvieron contra los mismos ciudadanos. Lo mismo va a pasar en Guerrero. Ayer los normalistas quemaron oficinas públicas, y nadie reprobó nada. Pero sólo es cuestión de tiempo –y quizá sea en momentos irremediables- cuando esto ocurra.

COLOFÓN

La situación de Guerrero es casi tan grave como la de Oaxaca. Sólo que allá todas las variables juegan en contra de la Federación, que es la única capaz de hacer cambiar el estado de cosas. Lo alarmante es que el presidente Enrique Peña Nieto no parece encontrar el medio exacto para abordar la crisis. Y el gobernador Aguirre, ajeno a toda vergüenza, se burla en la cara de todos los mexicanos diciendo que no dejará su cargo.

+ Crisis de Estado, porque México no es el PRI

Muchos se alegraron cuando al llegar de nuevo el PRI a la Presidencia de la República, comenzó a dar muestras de recentralización y avasallamiento a los otros poderes del Estado, y a los dos órdenes de gobierno que constitucionalmente conviven con el gobierno federal. Quienes se alegraron, vieron que el “orden” de la anterior era priista podría estar de regreso. Aunque quizá pasaron por alto que el México de hoy no es el de hace tres décadas, y que sólo por eso no se podían aplicar las viejas fórmulas a los nuevos problemas del país. Así, Tlatlaya y Ayotzinapa se convirtieron en ese portazo que irremediablemente iba a comenzar a ubicar en su dimensión real al gobierno de Peña Nieto.
En efecto, las dos semanas anteriores marcaron el fin del gobierno omnipotente de Peña Nieto, y el inicio del aterrizaje forzoso que está teniendo en la realidad. En los casi 23 meses que llevaba de gobierno cuando ocurrió la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, Peña Nieto había deslumbrado a buena parte de los mexicanos, e intentaba hacerlo en el mundo, con una imagen no sólo de reformador y de gobernante eficaz, sino también con el intento de establecimiento de un perfil neodinosáurico que pretendía reasumir todas las funciones metaconstitucionales que había perdido el Presidente en los 12 años que el PRI estuvo fuera del poder.
Y es que si en el ámbito internacional, Peña Nieto vendía una imagen “sexy” como estadista reformador y conciliador en un país donde había sido imposible poner de acuerdo a los factores reales de poder, en México el gobierno federal intentó establecer —y lo logró, buena medida— una idea de que el Presidente que ahora gobierna era lo suficientemente fuerte como para volverse a ubicar en un plano superior a los otros dos poderes del Estado, y a los otros dos órdenes de gobierno, con los que constitucionalmente debe convivir, pero no sobreponerse.
Peña Nieto logró todo esto gracias al factor de obediencia que marcó con los dos partidos principales de oposición, a los que primero ayudó y luego le cobró la factura en las reformas estructurales. El PAN y el PRD fueron, desde el primer día, a pactar con el Presidente para que éste los respaldara en sus pugnas internas, a cambio de los votos en el Congreso.
Así, el PAN de Gustavo Madero aseguró su permanencia a cambio del respaldo a las reformas presidenciales. Y el PRD de los Chuchos hizo lo mismo para permanecer en el poder. ¿Qué consiguieron? Que a la par de que Peña Nieto lograra consolidar su proyecto reformador, le regalaron la calidad de Jefe Político de las dos mayorías en sendas cámaras legislativas federales, asumiendo que ellos se encuentran en un plano inferior al de la potestad del Presidente.
Algo similar pasó con las entidades federativas, a las que prácticamente borró del mapa nacional de los equilibrios. Así, hasta hace pocos días para Peña Nieto eran sólo un puñado de entidades federativas las que tenían importancia estratégica para sus intereses. Estado de México, Hidalgo y algunas entidades del norte del país, eran las únicas que le importaban por los temas políticos que su gobierno está desahogando, o por la relación que tienen con su paquete de reformas. Guerrero y Michoacán, por ejemplo, se metieron a fuerza en su agenda, el primero por la contingencia meteorológica de Acapulco, el año pasado; y Michoacán por la inocultable violencia.
En ambos casos, su decisión de atender los problemas de esas entidades pasó por la anulación de los gobiernos estatales, en dos formas distintas. En Guerrero el gobierno federal tomó el control de los espacios que necesitaban atención, y nombró a delegados especiales de su gabinete para que atendieran las distintas vertientes de la crisis, sin involucrar —y corresponsabilizar— al gobierno guerrerense por sus propias acciones.
Y en Michoacán anuló por completo primero a Fausto Vallejo y luego a Salvador Jara como mandatarios constitucionales de aquella entidad, nombrando en Alfredo Castillo Cervantes a un Gobernador de facto, sin atribuciones y sin respaldo constitucional, pero con todo el poder del gobierno federal.

EL CHOQUE CON LA REALIDAD
Quizá el gobierno de Peña Nieto había asumido que esa era la forma de gobernar el país en esta segunda era priista: recentralizar todas las funciones posibles, anular al disidente, e invertir grandes capitales —políticos y económicos— en la construcción de una apariencia de éxito y eficacia, que bien podría emular el intento del presidente Carlos Salinas de Gortari por engañar a propios y extraños con la idea, en 1993, de que México estaba a punto de ingresar al primer mundo.
Sólo que al igual que como el pasó en el 93 al gobierno salinista, Peña Nieto olvidó que debajo de esa dermis de éxito y logros, había un contenido purulento que evidentemente no había querido reconocer y atender con visión de Estado. Nunca reconoció, por ejemplo, que en el sureste del país existe una combinación peligrosísima de factores, que van desde la pobreza y la marginación hasta la debilidad institucional, pasando por el dominio del narco, la presencia de la guerrilla, y la galopante corrupción y complicidad entre funcionarios y grupos que realizan actividades al margen de la ley.
Hoy queda claro que de todos esos problemas, Peña Nieto no atendió uno solo, pero que va a tener que hacerlo. No ha atendido, con visión de Estado, el conflicto magisterial de Oaxaca, que a la luz de lo que ocurre en Michoacán y Guerrero, es el menos grave de todos los problemas. Tampoco ha atendido los factores sociales que generan la atroz situación que prevalece en Michoacán.
Y en Guerrero tiene un problema para mucho tiempo —y que incluso podría marcar el principal antecedente de su gobierno—, porque los policías que entregaron a los normalistas a los criminales que los desaparecieron, generaron una responsabilidad de Estado por la que, es cierto, Peña Nieto no es el responsable directo, pero por la cual irremediablemente va a tener que responder, de ahora y para mucho tiempo, como jefe del Estado mexicano.

SUBE Y BAJA
Guerrero implica la conjugación de todos los problemas. Pero si Peña Nieto entiende bien el nuevo tablero de la problemática nacional, en sus soluciones tiene que pasar muy pronto por Oaxaca, sin avasallar. La balanza comienza a inclinarse a favor de quienes han sido largamente señalados como ineptos en el manejo de la crisis con la Sección 22 del SNTE.

+ Llamado a rebelión, pero también al ajusticiamiento

Es necesario ver con mucho cuidado la conjugación de factores que se está dando luego de la detención-desaparición de 43 normalistas el fin de semana pasado en Iguala, Guerrero. Mientras el Estado mexicano comienza a reaccionar del aturdimiento de no alcanzar a entender la dimensión de estos hechos, diversos factores reales de poder están emergiendo para tratar de generar las condiciones para un alzamiento popular, pero también para una nueva faceta de violencia en nuestro país. La irritación popular, la indignación y la debilidad institucional, pueden crear efectos hasta ahora insospechados.
En efecto, el fin de semana pasado elementos de la Policía Municipal de Iguala atacaron a balazos a jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que habían tomado camiones y pretendían realizar “boteo” para financiar sus actividades políticas. En el enfrentamiento, los policías masacraron a seis personas –tres estudiantes y tres transeúntes- y capturaron a 43 normalistas de los cuales aún no existe certeza de su paradero.
Por declaraciones, se sabe que la Policía de Iguala habría entregado a los normalistas retenidos a una banda criminal, que presuntamente habría ordenado la ejecución de cuando menos 17 jóvenes. También por indicios, se sabe que la banda criminal era encabezada por personas cercanas al presidente Municipal de esa localidad, José Luis Abarca, que hoy está desaparecido. Mientras esto se indaga, el gobierno federal apenas si ha alcanzado a reaccionar a esta crisis institucional, y el Gobernador de Guerrero se atrincheró tratando de hacer que esto parezca un enfrentamiento entre la Federación y su gobierno, y no un asunto de Estado, por el que él debe responder.
En ese sentido, la crisis de Estado es evidente. El gobierno federal se indignó por los hechos varios días después, y sólo cuando la presión internacional les permitió ver el tamaño del problema que implica la desaparición y posible ejecución extrajudicial de 43 jóvenes. Como lo apuntamos hace unos días (ver Al Margen 06.10.14), esos hechos podrían implicar la comisión de delitos de lesa humanidad, por los cuales tendría que responder no un gobernante en específico, sino el propio Estado mexicano independientemente de quién integre los gobiernos internos, o quién haya sido el directamente responsable, porque delitos de ese tipo implican una responsabilidad institucional que no puede evadirse ni repartirse.
Si eso ya es de por sí indignante, lo es todavía más la actuación mezquina de los gobiernos y grupos políticos implicados. El PRD, que ha sido el partido insignia de todos los que por décadas se quejaron de la represión y la intolerancia gubernamental, se dedicó a proteger al impresentable gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, hasta que la ciudadanía les cobró esa afrenta a través del rechazo al líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, cuando el miércoles pretendía participar como orador en la multitudinaria protesta ocurrida en la capital del país por los desaparecidos de Ayotzinapa.
Si eso es insostenible, la actitud del gobernador Aguirre es una burla. Dijo primero que si su renuncia permitía el esclarecimiento de los hechos, él no tenía problemas en presentarla. Pero ayer cambió su posición y dijo que sólo a través de una consulta pública se iría. Es ridículo, e insultante, porque la separación de su cargo tendría que ser indispensable por el solo hecho de esa demostración brutal de incapacidad para hacer valer el Estado de Derecho en la entidad que se supone que gobierna; esto, además de que el separarse del cargo permitiría una investigación eficiente sobre este asunto, que además pudiera incluir libremente la investigación a funcionarios de su gobierno –y a él mismo- con probable responsabilidad en este conjunto de hechos.
Incluso, si otro fuera nuestro país, el gobernador Aguirre tendría que haberse ido ya sólo por la vergüenza de que durante su gobierno haya pasado un hecho tan abominable como el del fin de semana pasado.
Sin embargo, en el ámbito político apenas intentan a digerir el impacto de este asunto. ojalá que lo terminen pronto de reconocer y entender, porque el panorama que se vislumbra es nada alentador para la gobernabilidad y la paz públicas.

LA VIOLENCIA SE ASOMA
A partir de los hechos de Iguala, cuatro grupos guerrilleros con presencia en Guerrero se han manifestado, como en una especie de “pase de lista”. Los comunicados, en general, coinciden en señalar que están listos para iniciar acciones de resistencia popular combativa, pero con un elemento más: el llamado al ajusticiamiento de los grupos criminales que habrían tenido responsabilidad en la detención-desaparición de los normalistas de Guerrero.
Y es que en estos días, fue primero el Ejército Popular Revolucionario quien alzó la voz, llamando a la rebelión popular organizada. Luego lo hizo otra organización denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo; después lo hizo otro grupo, del cual no se tenían noticias sobre su existencia, denominado “Milicias Populares ¡Basta ya!”; y finalmente el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
Este último grupo es quien, expresamente, hizo el siguiente llamado: “Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cartel de sicarios del Estado, mal llamado ‘Guerreros Unidos’. Recábese toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía pública o secreta”.
¿Qué tiene de trascendente esto? Además de lo concretamente asentado en este llamado, que el ERPI tiene aún una vieja afrenta con la delincuencia organizada, por el asesinato, en noviembre de 2009, de su Comandante Ramiro, de quien acusaron que había sido ultimado por el “narcoestado”, que no era sino la colusión de políticos con criminales en el Estado de Guerrero. Curiosamente, los mismos que son señalados hoy como los responsables de la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

COLOMBIANIZACIÓN II
¿Vamos a una segunda colombianización? Es muy posible. Si este escenario de enrarecimiento cuaja, tendremos tres frentes: el del Estado, el del narco, y el de la guerrillera. Igual que en Colombia, a finales de los ochentas. Sólo que maximizado a una potencia infinita.