Sólo una vía para control previo de una ley

Es preocupante que frente a un caso tan espinoso como el de la omisión legislativa del Congreso de Oaxaca, por la armonización de las normas educativas, el Secretario de Educación Pública intente defender la posición del gobierno federal con argumentos equivocados. Emilio Chuayffet demostró, en la primera alusión que hace a la situación actual de Oaxaca, que tiene firme intención de no permitir quebrantos a la Constitución, pero sin tener claridad de cómo conseguirlo.
En efecto, el lunes pasado en alusión al caso Oaxaca, el secretario Chuayffet, advirtió que “ahí donde no se han podido armonizar leyes con los objetivos de la política educativa de México”, se tiene el principio de “supremacía constitucional” que se puede ventilar en la Suprema Corte, “mediante una acción de inconstitucionalidad para que ésta diga cuál de las posiciones en conflicto o pugna prevalece”.
¿De verdad es posible defender la posición del gobierno federal, y el principio de la supremacía constitucional a que hace alusión el Titular de la SEP? ¿De verdad podría intentar una acción constitucional en este momento el gobierno federal? ¿Qué camino queda para tratar de conseguir algún grado de certeza respecto a la constitucionalidad de una norma que aún no se discute y aprueba, y sobre la cual lo único que existe son iniciativas de ley, presentadas ante el Congreso local pero aún no dictaminadas ni presentadas al Pleno por las comisiones a donde fueron turnadas las iniciativas?
En este punto podemos comenzar a distinguir las equivocaciones del secretario Chuayffet Chemor respecto a la forma en cómo prevé defender la supremacía de las normas educativas del ámbito federal, frente a las omisiones del Estado de Oaxaca, al menos en el momento en el que se encuentra el proceso de armonización de la norma educativa local con las disposiciones federales. Como todos sabemos, Oaxaca está, en ese ámbito, en la nada jurídica. Y de ahí deben partir ciertas consideraciones. ¿Cuáles?
Que, por un lado, el artículo 105 de la Constitución establece dos mecanismos de control constitucional, denominados Controversia Constitucional, y Acción de Inconstitucionalidad. El primero de esos mecanismos tiene por objeto que la Suprema Corte dirima controversias que se susciten entre poderes de un mismo ámbito de gobierno, o entre distintos ámbitos de gobierno, por leyes o actos realizados por uno de ellos, que afecten el ámbito de competencia de otro. Por su parte, la Acción de Inconstitucionalidad, tiene como fin plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.
En este sentido, el secretario Chuayffet aseguró, concretamente, que la vía que pretende utilizar es la Acción de Inconstitucional. ¿Es esto posible actualmente para el caso de Oaxaca? De entrada la respuesta es “no”, por una razón muy evidente: que según el propio artículo 105 de la Constitución federal, las acciones de inconstitucionalidad sólo podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma que se pretende impugnar.
Queda claro que en la situación actual de Oaxaca ni siquiera existe una ley estatal aprobada, que pudiera ser objeto del control constitucional por parte de la Suprema Corte mediante una Acción de Inconstitucionalidad; y que en el caso de ya existir, no sería la SEP ni el Presidente de la República los legitimados para poner en marcha ese mecanismo de control, sino en todo caso el Procurador General de la República, o el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Poder Legislativo del Estado, en contra de la ley estatal expedida por el propio órgano (artículo 105, fracción II, incisos c) y d) de la CPEUM).

EL (ÚNICO) CONTROL PREVIO
Con esto queda claro que con todo y su argumento de la supremacía constitucional (que es correcto) el Secretario de Educación Pública está equivocado porque hoy en día el único medio legal que tenía el gobierno federal para presionar a los poderes del Estado en Oaxaca a que apuraran la legislación en materia educativa, ya lo hizo valer cuando en abril pasado presentó una primera Controversia Constitucional en contra de la omisión legislativa de la Legislatura del Estado. Fuera de eso, hoy en día no tiene ningún otro mecanismo legal de presión, porque éstos sólo podrá hacerlos valer cuando se apruebe una ley y el contenido de ésta sea sometido a una revisión de constitucionalidad ante la Suprema Corte.
Curiosamente, sólo queda una vía de control constitucional, que es a nivel local, que no está en las manos de la federación sino de los poderes locales, y que debiera dirimirse ante el Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuál es? Es el mecanismo establecido en el apartado B, fracción IV, del artículo 106 de la Constitución del Estado.
¿De qué hablamos? Nos referimos, concretamente, a un mecanismo de control previo de la Constitucionalidad, que fue puesto recientemente en la Constitución local, pero del que sospechosamente nadie –quizá ni la misma Sala Constitucional local- parece hoy acordarse. ¿Qué dice la Constitución local al respecto? El precepto citado en el párrafo anterior dice, a la letra, lo siguiente: “Corresponde a la Sala Constitucional, en los términos que señale la ley: IV.- Conocer de las peticiones formuladas por el Gobernador del Estado, por treinta por ciento de los Diputados al Congreso del Estado (…) sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley o decreto aprobado por el Congreso previo a su promulgación y publicación. El Tribunal Superior de Justicia deberá resolver en un plazo máximo de quince días naturales, mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros”.
Esa es la única herramienta que le podría quedar para todo aquel que de verdad tuviese algún tipo de preocupación relacionada con las iniciativas presentadas ante el Congreso local en materia educativa. Ese es el único mecanismo de control previo que contemplan las leyes que rigen a los actos y los poderes involucrados en este asunto, a partir del cual el Tribunal Superior de Justicia podría hacer un primer balance sobre la constitucionalidad del contenido de esos proyectos de ley que ya existen en el Congreso local.

NO LO VEREMOS
Claro. Es brutal aceptarlo. Pero ese único mecanismo de control constitucional que existe hoy en día, no lo veremos ponerse en marcha. No, porque el Poder Judicial del Estado quiere ser ajeno a este lío. Y no, porque el Ejecutivo y Legislativo le están cuidando más la espalda a la 22, que la constitucionalidad.

ASE, incapaz de cumplir sus funciones, ¿por quién?

Estamos a poco tiempo de que termine el primer año de gestión de las autoridades municipales, y el cuarto de las autoridades estatales, y sólo podemos tener una seguridad: que la instancia fiscalizadora será incapaz de revisar las cuentas de cada uno de los ayuntamientos, y de los entes auditables, y que eso generará un nuevo dejo de impunidad que se sumará a los que todos conocemos. ¿Habremos de indignarnos? Seguro que sí. Pero dados los hechos, nadie debiera sorprenderse que al final ese fuera el resultado.
En efecto, cuando comenzó el año la sociedad oaxaqueña se estremeció cuando conoció amplias señales de corrupción e impunidad emergidas de varios ayuntamientos. De municipios como el de Xoxocotlán, Salina Cruz, San Pedro Mixtepec, Zaachila, entre muchos otros, brotaron sendas noticias de que los nuevos ricos de cada una de esas regiones eran justamente las autoridades municipales que entregaron sus cargos al finalizar el año anterior.
Así, de José Julio Antonio o Adán López se conocieron sus nuevas fortunas y propiedades inmobiliarias amasadas en apenas tres años; de Eduardo Rojas Zavaleta se supo de la existencia de una cuadra de caballos con valor de varios millones de pesos; o de Salina Cruz se supo del tiradero dejado por la autoridad saliente, que con magia “limpió” todas sus cuentas al pasar a ser diputado local. La gran pregunta, en esos y muchísimos otros casos era: ¿Por qué la Auditoría Superior del Estado no hace algo para investigarlos, perseguirlos y sancionarlos?
La respuesta simple lleva a pensar en la complicidad y en los acuerdos políticos para evitar las persecuciones. Sin embargo, queda claro que en más de un caso —en la inmensa mayoría de ellos— lo que ocurre es la combinación de una voluntad institucional encaminada a mantener débil al órgano de fiscalización de la entidad; y de un Congreso que está más preocupado por vigilar a la Auditoría Superior con recursos y burocracia legislativa, que por ver porque ésta cumpla verdaderamente con sus funciones y tenga mayores herramientas para realizar su trabajo.
Esta combinación de factores hoy en día es un problema mayor. Pues queda claro que por un lado el gobierno estatal no ha procurado una verdadera evolución del órgano fiscalizador. A lo más que llegó en relación a la ASE, cuando anunció su proyecto de Reforma del Estado, fue a reitegrar el órgano fiscalizador y hacer un reparto “equitativo” de posiciones entre los partidos políticos. Por eso el Auditor es una posición del régimen gobernante (y del PRD), y cada uno de los subauditores responde a los intereses del PAN y el PRI. Pero fuera de eso no se le dio nada más a la ASE para que hiciera mejor su trabajo.
El Congreso tampoco lo hizo. Cuando dizque reformó a la Auditoría no le dio mayores facultades de fiscalización; no le dio más recursos económicos; no le brindó una estructura burocrática de carrera que garantizara un nivel constante de actualización y mejoramiento de sus procesos administrativos; y por si fuera poco no le dio las herramientas para que la ASE se ganara la confianza frente a la ciudadanía, y con ello tuviera mayor legitimidad basada en sus resultados.
Hoy, por eso, la ASE es una entelequia que está afectada por diversos factores que cancelan cualquier posibilidad de fiscalización real, de persecución a las autoridades corruptas, y de brindar confianza y resultados a la ciudadanía. Esta historia, que constituye una tragedia para el sector público, se explica a partir de datos duros como las enormes carencias presupuestales que tiene la ASE; la ausencia casi total de personal especializado en tareas de fiscalización; los salarios abrumadoramente bajos de la mayoría de los empleados de la ASE -que hacen suculenta la posibilidad de incurrir en actos de corrupción-; y la falta de apoyo del Estado para que ésta haga correctamente su trabajo.

UN ÓRGANO INCAPAZ
Lejos de ver porque la ASE hiciera mejor su trabajo, este año el Congreso le quitó presupuesto. Lo hizo para crear la llamada Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la ASE, que preside el diputado Adolfo Toledo Infanzón, a la que le destinó 18 millones de pesos, que no fueron producto de una ampliación presupuestal, sino de la “reorientación” de recursos que recibía la ASE. Por eso, es paradójico —por decirlo de forma decente— que el Congreso haya creado un ente que vigila al órgano fiscalizador, pero al mismo tiempo le haya quitado elementos de funcionamiento a ese ente (la ASE) que ahora ya es observada de cerca por una comisión legislativa.
Este asunto tiene más de fondo: la ASE de Oaxaca es el órgano fiscalizador que tiene más entes auditables en todo el país (alrededor de 630), y ya de por sí era la auditoría de una entidad federativa que tenía menos presupuesto (que ahora, con los 18 millones que le quitó la Comisión de Vigilancia, es todavía más bajo); la ASE tiene menos de cien auditores —lo cual haría, en el mejor de los casos, seis auditorías por cada funcionario, y cada una de las revisiones lleva por lo menos dos meses de trabajo— y cada uno de ellos gana menos de 10 mil pesos al mes.
Sin justificar una conducta indebida, pensemos: ¿cómo suponer que un auditor estatal habrá de resistirse a la tentación de incurrir en un acto de corrupción (extorsionar a una autoridad municipal con problemas de comprobación, por ejemplo; o simplemente dejarse corromper por un edil que, además, si ha robado, tiene dinero suficiente para su “defensa”) cuando su salario lo pone en una situación que prácticamente lo invita a incurrir en ese tipo de conductas?
Por eso, a nadie debiera sorprenderle cuando el propio auditor Carlos Altamirano sostiene públicamente que este año sólo podrá auditar a 70 de los 570 ayuntamientos que tiene la entidad, y que de las 20 autoridades municipales que llevan auditadas, cuando menos 10 no entregaron información sobre el estado financiero en que recibieron sus administraciones municipales. Es, en el fondo, la muestra de que la impunidad está sostenida desde el propio Estado, que ni hace una Auditoría fuerte, ni genera las condiciones para que los servidores públicos le teman de verdad a una revisión de su ejercicio.

ES EL COLMO
Que haya ex autoridades municipales que además de no haber entregado la documentación comprobatoria de sus respectivas gestiones, todavía se den el lujo de “comunicarle” a la ASE que ellos tienen los documentos pero que necesitan que ésta “se los pida”, para que ellos las entreguen. Xoxocotlán uno de varios ejemplos.

Juntos, S22 es mayoría; pero en municipios, no

Cuando ocurrió el conflicto magisterial y popular de 2006, uno de los temas que puso sobre la mesa la administración estatal, fue la propuesta de municipalizar la educación, como una de las posibles salidas a las excesivas presiones políticas que ejercía el magisterio sobre el gobierno de Oaxaca. Hoy, en el marco de la reforma educativa federal, habría que preguntarnos por qué no tomar conciencia sobre el rol político y social que deben jugar los municipios en el ámbito educativo.
En efecto, la municipalización de la educación se ha manejado como una propuesta alternativa que garantizaría de modo más efectivo la correcta administración y vigilancia de los recursos económicos, humanos y materiales que el Estado dedica a la educación. sobre esto, se ha dicho que esa es la forma que da mayor certidumbre respecto a la cercanía entre profesor-padre de familia, y entre éstos y la autoridad reguladora, que es también la que funge como pagador de los servicios de los profesores, y que en este caso serían los Ayuntamientos.
Incluso, se entiende como razón natural que siendo relativamente pocos en cada municipio los centros educativos, y los maestros, habría un mejor control de ellos. Ahí se encuentra la clave de lo que tendríamos que asumir como sociedad para recuperar una buena parte del control de los servicios educativos, que hoy los maestros de la Sección 22 asumen plenamente como propiedad de su sindicato y rehén de sus conflictos e intereses políticos. ¿Qué hacer?
Queda claro que hoy lo único que podría hacerse es retomar la función de control social de la educación pública, por parte de los Ayuntamientos, de los padres de familia y de la población en general. Pues, de hecho, todo lo relacionado con la administración de la educación ya ni siquiera es potestad del Gobierno del Estado, sino que fue reasumida por el gobierno federal, quien a partir de 2015 ya no le dará vista ni posibilidad de intervención a estados y municipios en ese sector. Lo que la federación no puede hacer, pero tampoco puede limitar a la ciudadanía, es la función de contraloría y vigilancia de las funciones que realizan los profesores.
En ese sentido, todos los ejemplos que tenemos a la mano revelan que en cada caso en el que los padres de familia y la población en general de una comunidad se organiza y confronta a los profesores, el resultado que obtienen es el compromiso de los educadores para no abandonar las aulas, incluso desatendiendo las actividades políticas y de presión que les marca su sindicato.
Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en varias escuelas de la Villa de Mitla, en donde incluso llegaron a enfrentarse violentamente profesores paristas y padres de familia, aunque al final el acuerdo para distender el conflicto se centró en que los paterfamilias permitirían el regreso de los profesores de la Sección 22 con la condición de que éstos no volvieran a cerrar las escuelas para irse a realizar actividades de su sindicato.
Por eso, en las circunstancias actuales bien valdría la pena intentar un proceso de concientización en el que los padres de familia y comunidades en general tomaran en cuenta la importancia de la organización, y tomaran el mismo ejemplo de los profesores de la Sección 22 pero ahora para ocuparlo a favor de la educación. Y es que a lo largo de su movimiento sindical, la 22 ha demostrado una y otra vez que la base de su fortaleza es la organización y la disciplina. Eso es lo que les ha permitido poner al Estado de cabeza cada que lo deciden; y su sólida organización es la que les ha permitido desmovilizar a todos los demás sectores sociales que bien podrían oponérseles pero que se desaniman sólo de ver su relativa superioridad numérica.
Sin embargo, ¿qué pasaría si en cada comunidad todos los habitantes se organizaran para exigir trabajo y resultados a los profesores de sus escuelas de educación básica?

¿DE VERDAD SON MUCHOS?
El magisterio tiene una capacidad de movilización importante, pero sólo cuando se trata de hacer presencia en la capital del Estado, como centro de resonancia de toda la actividad política en el Estado. Obviamente, cuando se juntan los más de 70 mil profesores para realizar movilizaciones en la capital oaxaqueña, su superioridad es abrumadora. ¿Pero nos hemos puesto a pensar qué tan endeble es en realidad esa supuesta superioridad, si comenzamos a contrastar el número de profesores que tiene una comunidad frente al número de padres de familia, y ciudadanos interesados en que se imparta una instrucción pública de calidad?
Obviamente la respuesta es que los profesores, en ese escenario, tienen una inferioridad abrumadora. Una escuela primaria de una comunidad podría tener unos 50 trabajadores, entre profesores, directivos, personal administrativo y de intendencia. ¿Pero cuántos padres de familia tendría esa misma escuela? Y, sobre todo, ¿cuántos habitantes más, ajenos a los paterfamilias, estarían también interesados en participar en cualquier tipo de acción encaminada a mejorar las condiciones educativas de los niños de esa comunidad?
La respuesta, sin duda, es que unos y otros son muchos más. Por eso, en el fondo, la Sección 22 le tiene mucha reticencia a cualquier posibilidad relacionada con que los Ayuntamientos, y las comunidades, tomen conciencia del papel que pueden jugar en el ámbito educativo, y que en base a ello puedan también emprender acciones. En cada caso en el que lo han hecho el resultado es favorable para la educación; y dicho éxito se puede entender a partir de la sola circunstancia de que la inferioridad de los profesores sobre los habitantes de las comunidades que ejerce presión sobre ellos, los obliga a tomar una actitud distinta frente a su actividad sindical y los lleva a reconocer que no es sólo su potestad o sus intereses los que valen respecto a los derechos de miles de niños.

LEALTADES
Puede entenderse, sin justificarse, que el gobierno estatal esté sometido institucionalmente por los intereses del magisterio. ¿Pero podría justificarse que el gobierno estatal siguiera sin hacer nada frente a esta necesidad urgente de emprender acciones para concientizar a las comunidades de que debe ser desde ahí donde se debe rescatar la educación? La centralización educativa difícilmente tendrá un efecto o alcance real para atender esos temas. Y la municipalización educativa debe ser social, cívica. De eso nos hace falta a todos tomar conciencia y poner manos a la obra.

+ Quitar legisladores resta legitimidad; ¿y privilegios?

No es casual que apenas días después de la conclusión del proceso legislativo de las reformas estructurales, fuera el propio PRI quien pusiera en la discusión una vieja propuesta para reducir el número de integrantes de las cámaras legislativas federales. Lejos de tener una intención democratizadora, la propuesta priista más bien parece encaminada a colocar un candado a los procesos reformadores de gran calado y a socavar la posible existencia de contrapesos en el poder que hoy ostenta el Ejecutivo federal. Lejos de la demagogia vale la pena revisar con cuidado esta propuesta para entender qué fines persigue.

En efecto, hace unos días el secretario Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Sadot Sánchez Carreño, entregó en la Mesa Directiva del Senado de la República el “Aviso de Intención” para realizar una consulta popular con el propósito de reformar la Constitución para reducir 100 diputados federales y 32 senadores de representación proporcional. La estrategia priista se centra en conseguir alrededor de un millón y medio de firmas de apoyo de ciudadanos mexicanos antes del 15 de septiembre próximo —sólo median alrededor de 25 días entre la presentación de la propuesta y su formalización— para que esta consulta popular se lleve a cabo en la misma jornada electoral federal de 2015.

Frente a todo esto surgen varias cuestiones que vale la pena analizar. Pues lo primero que salta a la vista es la prisa que parece tener el CEN del PRI por formalizar la propuesta y convertirlo en un tema de la agenda pública. El gobierno federal y el partido gobernante, esperaron a que concluyera la fase legislativa de las reformas estructurales por un asunto de cálculo y conveniencia. Pero una vez concluido dicho proceso lo irremediable parece ser la búsqueda de una riesgosa reducción del Congreso. Es riesgoso que para conseguir la aprobación popular, el PRI utilice argumentos endebles y esconda los que verdaderamente importan.

Específicamente, nos referimos a dos cuestiones: primera, que al reducir el número de legisladores sin variar la composición y los alcances de las cámaras legislativas, lo que está buscando en realidad es concentrar más un poder al que al mismo tiempo está socavando de distintas formas; y segundo, que una parte esencial de la discusión relacionada con el número de legisladores debiera ser si es más viable reducir la integración de las cámaras legislativas o eliminar algunos de los muchos privilegios que tienen los diputados y senadores en México.

El asunto no es menor. La ciudadanía tiene un enojo añejo y genuino con sus legisladores por la forma en cómo concentran privilegios que no corresponden con la bajísima calidad del trabajo legislativo y con la insuficiencia en la atención de los problemas sociales del país. A partir de ello se ha cuestionado, por ejemplo, la existencia de los legisladores plurinominales, pero no se ha logrado una discusión serena respecto a la necesidad de eliminar a los plurinominales junto con los privilegios de los diputados, pero sin reducir la integración de las cámaras legislativas. Ese es un asunto más importante de lo que a simple vista podríamos suponer.

¿REDUCIR EL CONGRESO?

Lo que en esencia todo Congreso busca representar, es la pluralidad de ideas y expresiones políticas de una nación. En México esa fue la razón para que se estableciera el principio de elección por representación proporcional en los legisladores federales. Sin embargo, para tener un mejor Congreso no necesariamente debe ocurrir una reducción de legisladores. Veamos.

Parece que muchos mexicanos no logramos centrar la razón de nuestra inconformidad. A muchos nos agravian los excesivos privilegios que tienen los legisladores federales. Por eso, una reforma de verdad democratizadora a lo que debería ir encaminada es a quitar los salarios y privilegios excesivos, para devolverle el sentido de servicio a la función legislativa. Eliminar curules y escaños en realidad lo que busca es minar al Poder Legislativo en beneficio del Ejecutivo. ¿Por qué?

Porque un Poder Legislativo con menos integrantes significa únicamente la posibilidad de negociar y acordar con menos. Además, la reducción de legisladores es también proporcional a la pérdida de legitimidad en la toma de decisiones de gran calado. Si hoy en día, como lo apuntaba el doctor Diego Valadés, en México hay un legislador por cada 220 mil habitantes, con una reforma que disminuyera la integración legislativa, la representación popular se alejaría aún más de la ciudadanía. ¿A quién le sirve eso? Le sirve al Presidente, que se fortalece frente a un Poder Legislativo débil.

Además, la reducción de legisladores en los términos que se plantea no haría un Poder Legislativo más fuerte. No pasaría, por ejemplo, lo que se intentó en la Constitución de 1857 cuando se decidió disolver el bicamarismo para dejar sólo a la Cámara de Diputados eliminando el Senado. Al estar el Legislativo concentrado en lo que hoy conocemos como Cámara baja, sí existía una concentración de poder que lo que buscaba era justamente limitar la función del Presidente, que en los años previos había cometido todo tipo de excesos en el ejercicio de sus funciones.

En este caso, la reducción es simplemente de número pero se mantiene la división del Legislativo a través de la permanencia de las dos cámaras. Nada se dice sobre la eliminación de privilegios, y en realidad el “ahorro” económico no es sino la zanahoria con la que quieren justificar una medida que no contribuiría en prácticamente nada a democratizar un poco más el sistema político.

Por eso habría que ver con más detenimiento esta propuesta y cuestionar de fondo si junto con la reducción de legisladores habrá también una disminución de privilegios; o si con ello habrá también un replanteamiento de las funciones que tiene encomendadas el Presidente de la República. Ésta no parece una reforma saludable. Menos cuando el intento por arrinconar al Congreso viene apenas días después de que éste le hizo el favor al Presidente de aprobar las reformas que eran parte de su programa de gobierno.

PRIVILEGIOS

En una de las aristas de esta discusión debiéramos ver el caso de Oaxaca: aquí al Congreso en pocos años se le duplicó el presupuesto, pero la Legislatura no ha ganado credibilidad, eficacia o capacidad de resolución de problemas. Por eso, no es modificar lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Pero de eso, deliberadamente, nadie se acuerda.

Oaxaca se volvió infierno de violencia e indolencia

Ya nadie lo recuerda, pero el 21 de agosto de 2006 Oaxaca se volvió un infierno. La mañana de ese lunes, las calles de la ciudad amanecieron bloqueadas por profesores de la Sección 22 del SNTE e integrantes de la APPO, que en apenas unas horas montaron una verdadera toma de la capital oaxaqueña para enmascarar, en un ataque violento, la intención de hacerse de las principales estaciones radiofónicas para poder continuar su movimiento. Aún hoy resentimos los efectos de aquella maniobra perversamente planeada para involucrar a la ciudadanía en un conflicto que hasta entonces era sólo de grupos políticos.
En efecto, el 21 de agosto de 2006 era exactamente el día del punto sin retorno del conflicto magisterial de aquel año. Esa era la fecha en la que hace ocho años arrancaba el ciclo escolar 2006-2007, que los profesores se habían comprometido a iniciar a pesar de la crisis existente en la relación entre la Sección 22 y el Gobierno del Estado.
Era también el día fijado por el tribunal electoral federal para definir la apretada disputa electoral entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Por eso, los profesores oaxaqueños calcularon que ese era el día del punto sin retorno, en el que o iniciaban clases y optaban por la ruta de la concordia, o extendían indefinidamente el movimiento en contra del entonces gobernador Ulises Ruiz y contribuían a la desobediencia a la que llamaría el candidato presidencial derrotado de los partidos de izquierda.
La Sección 22 optó por esto último, y para ello utilizaron el pretexto de un ataque violento. Para eso, la madrugada de aquel 21 de agosto la Sección 22 fue blanco de un atípico asalto violento en las antenas de transmisión de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que habían ocupado desde el primer día de aquel mes, y que mantenían bajo su resguardo porque éste se había convertido en su principal canal de transmisión con la sociedad oaxaqueña, que hasta ese momento se había mantenido más o menos alejada de la crisis magisterial.
En dicho ataque —del que responsabilizaron al gobierno estatal, sin aportar una sola prueba que fuera referencia real de su autoría— ningún profesor fue lesionado, y más bien lo que ocurrió fue un ataque directo en contra de algunos aparatos de transmisión de las señales de radio y televisión oficiales. Eso bastó para que iniciaran una cadena de movimientos perfectamente coordinados con los que consiguieron la ocupación física y mediática de la capital oaxaqueña. Su estrategia consistió en ir a tomar las principales estaciones radiofónicas comerciales de Oaxaca de Juárez, y con ello magnificar el impacto social de sus acciones y mensajes.
En su justificación, los grupos que fueron directamente a ocupar las estaciones de radio —de las empresas Organización Radiofónica de Oaxaca y RPO, hoy grupo Radio México— afirmaron que el pueblo de Oaxaca había sido agredido, y que ante los impedimentos que encontraban para acceder a los medios de información públicos y privados, ellos habían encontrado el modo de “hacerse de ellos” para difundir sus postulados. Así, con un argumento tan sencillo como ese, justificaron esa abierta agresión a la ley y al derecho a la paz de miles de oaxaqueños.
Y, sabiendo lo que hacían, los grupos inconformes se fueron de lleno a explotar el capital que les permitiría la radio. Preveían que a partir de que iniciaran los llamados a la revuelta a través de las estaciones secuestradas, habría ríos de personas en las calles exigiendo la salida del gobernador Ulises Ruiz.
En los hechos, no hubo tal situación. Sin embargo, gracias al poder y la influencia que tienen los medios sobre las masas, el conflicto pasó de pertenecer a un gremio y a diversas organizaciones sociales sin representación, a convertirse en un monstruo que no sólo evidenció las carencias y los enojos sociales más profundos, sino también el rostro más violento de la sinrazón, las mentiras, los excesos y la incertidumbre impulsados y justificados desde la radio.

OBJETIVOS DE FONDO
La primera razón que tenían los grupos inconformes para aducir un ataque armado a las antenas de la Cortv no sólo era la de tomar otras estaciones de radio, sino también reventar la consulta magisterial que, ya para entonces, se perfilaba en torno al inminente inicio del ciclo escolar.
El mito de la balacera en El Fortín fue el pretexto perfecto para que los grupos inconformes  justificaran sus acciones ilegales respecto de la radio; para que la Sección 22 cancelara la consulta debido a la nueva agresión; y para que el movimiento social buscara la masificación no sólo en la capital sino también en el interior del estado.
La segunda fase de las estrategias de lucha, para entonces, estaba ya en operación. Al ocupar las señales de radio, los asesores mediáticos de las organizaciones inconformes delinearon la metodología que les permitiría no únicamente atraer a la población hacia su causa, sino también asegurarles la idea de que lo que ellos estaban diciendo, era la verdad. Esa metodología estaba integrada por tres pasos: primero, la descalificación de todos los medios de información no identificados con sus causas. Segundo, el adoctrinamiento social. Y tercero, el llamado a la revuelta.
Si se revisa la actuación mediática de los grupos inconformes, la estrategia fue seguida al pie de la letra. Por eso, uno y otro medio de información electrónico o escrito que no comulgaba con sus acciones violentas, en las estaciones en poder de los inconformes fue tachado de vendido, traidor o gobiernista —e incluso literalmente vetado por la APPO—, mientras que ellos, sin decirlo pero demostrándolo, se habían erigido en un auténtico instrumento no sólo informador, sino también ideologizador a favor de su movimiento.
El objetivo de la Sección 22 y la APPO no era que su movimiento tuviera voz: más bien, el objetivo real era dirigir al movimiento desde las señales de radio. Y hasta finales de noviembre de 2006, lo lograron a cabalidad.

ELINFIERNO
Así, gracias a que la radio estuvo en manos enfermas y manipuladoras, es que Oaxaca fue blanco de los horrores de la violencia, de las barricadas, de los ataques organizados y del envenenamiento retórico de que fueron objeto durante varios meses, todos aquellos que optaron por mantener prendidos sus receptores radiofónicos durante el conflicto. Lo más lamentable, es que a ocho años de distancia, lo que reina es la impunidad: nadie recuerda ese episodio y todo quedó sujeto al frío juicio del olvido.

Atomización, escenario ideal para perpetuar olvido

Hace ocho años que ocurrió el gran conflicto magisterial y popular en Oaxaca y nadie, ni siquiera quienes perdieron directamente recursos y fuentes de empleo, parecen haber aprendido la lección. En 2006 el sector de empresarios y comerciantes establecidos de la capital oaxaqueña fue uno de los principales perjudicados por la revuelta magisterial, pero ni así lograron tomar las lecciones de aquel episodio para aprender a defenderse conjuntamente y tener la capacidad de ser verdaderamente resarcidos.
En efecto, pareciera que los sectores productivos de Oaxaca aprendieron muy poco de las lecciones que dejó el conflicto magisterial de hace ocho años, que para efectos de los quebrantos económicos, podemos resumir en dos: primera, que desorganizados no tienen ninguna posibilidad de conseguir algo verdaderamente provechoso para reactivar sus empresas y la movilidad económica (y los empleos) que generan; y segunda, que esa falta de organización y para generar efectos sobre las autoridades de los tres órdenes de gobierno a la larga generó un desgaste profundo a sus argumentos, los cuales hoy siguen siendo exactamente los mismos que hace ocho años, y sin embargo cada vez menos personas los creen. Veamos.
En 2006 pasaron muchas cosas, en medio de las cuales los sectores productivos tuvieron una participación importante. Esa participación fue, esencialmente, para respaldar las acciones que emprendía el gobierno y para apoyar las medidas que buscaran restablecer el orden arrinconando las protestas. Eso, sin embargo, tenía una doble intención. Pues lo que aparentemente querían los empresarios era orden y Estado de Derecho para poder trabajar. Pero en aquel momento, los líderes empresariales también querían provecho político y buscar un cargo de elección popular. Lo más importante los consiguieron –o estuvieron a punto- aunque en esencia los sectores productivos siguieron igual de quebrados que como quedaron después del conflicto.
Y es que quizá ya no lo recordemos con claridad. Pero el liderazgo de los empresarios y comerciantes de la capital durante el conflicto magisterial sirvió únicamente para beneficiar a unas cuántas personas. Pues acabada la crisis social en Oaxaca emergió el cuestionamiento al interior de diversos sectores de la iniciativa privada oaxaqueña, porque en poco tiempo muchos empresarios y comerciantes voltearon a ver a sus cámaras y representaciones empresariales luego de la actuación que tuvieron sus dirigentes en torno al conflicto magisterial, y se preguntaban: ¿cuál representatividad real?
El cuestionamiento, entonces, recaía sobre los denominados “líderes empresariales” como Fredy Alcántara o José Escobar —que eran dos de los personajes que desde entonces “sonaban” como potenciales candidatos a un cargo de elección popular por el PRI—, por la sencilla razón de que durante y después de la crisis social, usaron en su propio beneficio el nombre de las agrupaciones que encabezan para emitir posicionamientos, exigir apoyos económicos e incluso hacer “presencia política”.
Por eso, desde entonces algunos empresarios señalaban, por ejemplo, la pérdida de socios que ya padecían la delegación estatal de la Coparmex, que tenía al frente a José Escobar Gómez, cuyo único capital político para aspirar a diputado local y luego a presidente municipal de la capital oaxaqueña fue justamente ese; o la turbiedad con que también en aquellos tiempos se reeligió Adalberto Castillo González en la Canacintra en Oaxaca para luego salir por la puerta de atrás; o incluso el desdén con que miraban muchos hoteleros el tamaño de la representatividad que terminó teniendo sobre su gremio, Fredy Alcántara Carrillo, que también usó a sus representados sólo para obtener beneficios particulares, al convertirse él en subsecretario de Economía en el gobierno de Ulises Ruiz, dejando a los hoteleros sin ese gran beneficio colectivo que se supone que buscaba a través de la Asociación que encabezaba.

EL DESGASTE
Eso, junto con lo gastado de su discurso, tiene hoy a los empresarios contra la pared. Y es que nadie niega que las condiciones sociales en Oaxaca son complejas y que el gobierno ha demostrado una ineptitud infinita frente a cualquier posibilidad de garantizar el orden público. En este escenario, sin embargo, habría que preguntarse si los empresarios y comerciantes de la ciudad han podido pasar del discurso de la queja y la lamentación, al de las acciones concretas que puedan llamar la atención de la opinión pública a gran escala. La respuesta a esa pregunta, lamentablemente, es negativa.
Los sectores económicos de Oaxaca no han podido hacerlo porque no han tenido capacidad de transformar el mensaje que mandan con su inconformidad. Ellos siguen hablando, hasta el infinito, de la falta de condiciones de gobernabilidad para trabajar, y de las pérdidas que sufren por el magisterio. Pero sólo se limitan a pegar mantas a las afueras de sus negocios y a dar declaraciones que hoy en día han perdido el impacto que deberían seguir teniendo. Esto ocurre porque tienen ocho años diciendo lo mismo, y mientras repiten sus afirmaciones no reparan en que lo siguen diciendo en una sociedad que está igual de ahogada que ellos, y frente a un gobierno que está acostumbrado a no atender lo que ellos consideran irremediable.
En este sentido, es terrible que, por ejemplo, siendo un oaxaqueño el líder nacional del Consejo Coordinador Empresarial, y teniendo varios empresarios locales roce con sectores de importancia nacional e internacional, no logren llamar la atención de la opinión pública nacional para hacer valer sus denuncias.
Para mal de la colectividad, todos los oaxaqueños estamos en las mismas, y hemos escuchado hasta el cansancio el mismo discurso, pero lo cierto es que la ciudadanía puede hacer poco, y el gobierno no quiere hacer nada. Por eso hoy las denuncias de los empresarios y comerciantes más bien parecen tiros ahogados, que ya no logran tener ningún impacto en la posibilidad de que alguien les ponga atención y les brinde las herramientas para salir adelante.

OTRA VEZ
Ayer de nuevo los profesores de la Sección 22 causaron destrozos, a la vista de todos, incluyendo a la Policía Estatal. ¿Qué va a decir ahora Alberto Esteva? ¿Que como el de la 22 y la 59 es un lío interno de un sindicato entonces no se mete? Con razón las disputas internas como la de los transportistas, por ejemplo, en las que ha habido muertos y destrozos, ocurren siempre en la más artera impunidad.

Titular SSP no es experto, ni político. ¿Entonces?

En ese nivel de transparencia que quién sabe si algún día lleguemos a ver los mexicanos que hoy vivimos, el Gobierno del Estado debía explicar con claridad cuál es la razón por la que sostiene en el cargo a un funcionario como Alberto Esteva Salinas. Hasta hoy, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública no ha demostrado cualidades profesionales, académicas o políticas como para ser un personaje idóneo para el cargo que ocupa. Los oaxaqueños nos preguntamos por qué sigue en el cargo. Pero el problema es que nadie responde.
En efecto, Alberto Esteva Salinas llegó a la Secretaría de Seguridad Pública con un cuestionamiento de origen. Su antecesor, un policía puro como Marco Tulio López Escamilla, dejó el cargo plagado de minas que explotaron desde que Esteva puso un pie en la SSP, y ésta le emitió una carta de antecedentes penales exhibiendo que tenía al menos dos órdenes de aprehensión pendientes de ser cumplimentadas en su contra. Desde ese momento, quizá por una razón de purismos o incluso de evitar que un individuo no calificado llegara a ese cargo, a Esteva le brotaron los impedimentos que hoy en día no ha podido revertir con éxitos como titular de esa dependencia.
¿Cuál era el principal problema que tenía Marco Tulio López Escamilla? Que él no es un político, sino un policía, y que por ende frente a ciertas situaciones no tenía la capacidad para actuar con el tacto necesario como para controlar una situación que no necesariamente debía derivar en la fuerza verbal, o en la fuerza pública. López Escamilla actuaba al margen de cualquier tipo de razonamiento relacionado con una razón política que pudiera impedir la acción de la dependencia que encabezaba.
Quizá eso fue lo que buscó eliminar el Jefe del Ejecutivo del Estado cuando decidió optar por un político y no por un cuadro especializado en seguridad pública. Pues entre López Escamilla y Alberto Esteva se barajaron otros nombres de personajes que estaban menos contrapuestos entre sí. López Escamilla era el policía puro que llegaba al cargo más importante de ese estrato en una entidad federativa. Y Esteva es un personaje que si bien forjó buenas relaciones con el gobierno de la Ciudad de México —que luego se convirtió en referente para el nuevo modelo federal en la segunda era presidencial priista—, en realidad no contaba con ninguna experiencia técnica y operativa para el cargo que hoy desempeña.
Por eso el primer escollo que debió Esteva como titular de la SSPE fue justamente el de legitimar su nombramiento. No lo hizo: en lugar de ello decidió reñir desde el primer momento con la Legislatura del Estado, que finalmente decidió ratificarlo en el cargo no porque él hubiera tenido la capacidad de conseguir un consenso —incluso entre los propios partidos aliados del Gobernador— sino porque finalmente siguieron la lógica de que si el Ejecutivo como parte de sus responsabilidades lo proponía, entonces también sería corresponsable de lo bueno o malo que éste hiciera.

PELEAR CON TODOS
Luego, Esteva generó sus propios cuestionamientos cuando recién llegado a la SSPE anunció que disolvería los grupos de elementos antimotines, bajo la lógica de que el gobierno actual es democrático y no está hecho ni debe servir para reprimir al pueblo. Pero apenas semanas después de eso, se tuvo que tragar sus palabras cuando se vio obligado a utilizar a la fuerza pública para contener una manifestación violenta de normalistas que ocurría a las afueras de las instalaciones del IEEPO.
Luego, Esteva decidió emprender falsas campañas de proximidad social, ridiculizando a los elementos policiacos, distrayéndolos de sus actividades, y obligándolos a cumplir con funciones que no son propias de un elemento de seguridad pública. ¿Cuáles? Ir a regalar café y pan a los familiares de las personas internadas en hospitales públicos, fungir como payasos, paseadores o nanas de niños en las calles; obligarlos a ser parte de actividades como el cuidado de ardillas en la plaza principal de Oaxaca, o presentarlos como “amiguitos” de la gente cuando lo único cierto es que el policía debe infundir una sola imagen, que es la de autoridad.
Si ello no fuera suficiente, Esteva Salinas pronto demostró su incapacidad para tolerar la frustración y su poco entendimiento de la actividad política que se supone que lo mandaron a hacer a Seguridad Pública. Y es que a Esteva, quizá, no lo mandaron a que hiciera una precampaña política o a que diera rienda suelta a sus sueños de ganar por fin una elección en la entidad, sino a que fuera la mano tersa que aliviara algunas tensiones que había generado su antecesor en el cargo.
No lo hizo. Y no sólo eso, sino que hoy en día Esteva está más enfrentado con la ciudadanía que ningún otro Secretario de Seguridad Pública en el pasado reciente de la entidad, y aún así él continúa alimentando esa idea de que es un inepto como operador del sistema de seguridad pública estatal, y a su vez un pésimo político que lejos de consensar posiciones distintas que pueden derivar en el uso de la fuerza, siempre termina desmentido por la realidad, pero además riñendo con todos los que se cruzan en su camino.
Por eso hoy sería importante saber cuál es la razón que lo mantiene en su cargo como titular de la SSPE. Esto porque no es un político que sea la mano suave frente a la respuesta contundente que sólo puede dar la fuerza pública. No es un operador técnico ni táctico que pueda demostrar reducción en la tasa de los delitos de mayor incidencia (Al contrario). Y tampoco es un elemento que contribuya a generar concordia entre el grupo gobernante y los sectores radicales que siempre han existido en Oaxaca.
Así, al haber fracasado como conciliador, como operador, como político y hasta como simple sostenedor de las estrategias que ya existían, lo que Esteva debería hacer es irse. Sin embargo, no sabemos —y quizá no lo sepamos nunca— si es por testarudez, por un compromiso político que nosotros desconocemos, o simplemente por indolencia, se permita que continúe en el cargo que ostenta.

REINCIDIR
Es lo que hace la Sección 22, que no entiende razones. ¿Qué les molestó tanto que quitaran de la iniciativa de ley educativa que envió el Gobernador al Congreso? En esencia, les causó escozor que eliminaran el Transitorio 16, que establecía la contratación automática de los normalistas, cuestión que sí es claramente inconstitucional. Así, su ánimo por insistir los pone como necios y como congruentes, que es lo que según intentan parecer.

Se irán paulatinamente, sin reconocerlo

No es la primera vez que ahogan a la capital y a la sociedad oaxaqueña, y sin embargo en este momento la Sección 22 del SNTE anuncia una retirada parcial —paulatina— inusitada. La aceptación de arrancar el ciclo escolar el próximo lunes, es trascendental porque marcará el principio del fin de las protestas magisteriales. Lo que sigue es que los profesores vayan procesando las circunstancias que se vayan dando y, en un tiempo razonable, diluir su plantón para comenzar a asimilar su nueva realidad.
En efecto, el magisterio de la Sección 22 ya dio varios pasos sin retorno. El primero de ellos fue haber construido una propuesta de Ley Estatal de Educación, con la que no rompieron en el último momento. El segundo es la aceptación de su Asamblea Estatal de los términos del proyecto. Otro paso más de convalidación, fue la decisión del Gobernador del Estado de entregar la propuesta de ley educativa prácticamente sin cambios a la Legislatura. Y a estas alturas el último paso, que es ya irremediable, es que el Congreso determine hasta qué punto la iniciativa es constitucional, y la apruebe incluso en los términos en los que la mandó el Gobernador. Al final, de lo que se trata es de que el magisterio ya se encuentra en un punto sin retorno. ¿Por qué?
Porque a estas alturas nadie en su sano juicio, dentro de los poderes del Estado, tomaría la iniciativa de romper una paz, y una derrota magisterial, que si bien pende aún de alfileres, es ya prácticamente un hecho. La ruta que muy probablemente seguirá este proceso, es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo le sigan la corriente al magisterio para evitar que éstos decidan estallar el paro indefinido de labores, para luego esperar a que, una vez teniendo la ley aprobada, el gobierno federal decida si presenta o no una segunda controversia constitucional. Si eso ocurre o no, no es potestad estatal. Y los efectos de una posible sentencia condenatoria en una segunda controversia serían, paradójicamente, benéficos y no perjudiciales para el gobierno oaxaqueño. Para entenderlo, vale la pena desglosar estas afirmaciones.
Primero, hay que distinguir que a estas alturas la Sección 22 ya no puede desdecirse de lo que ya avaló en reiterados momentos. El Gobernador ha afirmado que la propuesta construida por la comisión redactora integrada por el Congreso, el gobierno y el magisterio, no contraviene la Constitución federal. De ser verdaderamente así, entonces ésta es más una victoria que un acto de sumisión del Ejecutivo frente a la 22. ¿Por qué? Porque aún cumpliéndoles ciertos caprichos, de todos modos los profesores quedarían supeditados a la evaluación federal —que es lo que ellos rechazaban—; y además, quedarían sujetos con su aceptación expresa, que manifestaron implícitamente al avalar la propuesta de ley educativa.
Ahora bien, haciendo una ponderación equilibrada, lo que necesita verdaderamente hacer con responsabilidad el Congreso, es determinar si hay razón en afirmar que la iniciativa de la 22 no contraviene la Constitución. Si de verdad es esto así, entonces no habría que hacer sino aprobar la iniciativa y ver qué efecto tiene ante la federación. Así, limitándose a hacer eso, estaría concluyendo la responsabilidad y el compromiso político con la Sección 22; les estaría arrebatando definitivamente cualquier bandera o acción posterior relacionada con la reforma educativa (pues estarían todos el entendido que, hasta la ignominia, se les respaldó, y ellos avalaron lo que se legisló); y a Oaxaca estaría garantizando la paz que no ha visto en todos estos meses de protestas.
Todo ello no significaría, forzosamente, una derrota del Estado, sino más bien una lucha en donde los equilibrios van cambiando de posición. ¿Por qué? Porque lo único que quedaría por ver es si el gobierno federal presenta otra controversia constitucional, y de hacerlo, qué efecto tendría.
Vayamos al caso en el que declarara inconstitucionales diversos artículos de la ley educativa de Oaxaca. En esta situación, el efecto que tendría la sentencia de la controversia sería que la Suprema Corte se erigiera en una especie de “legislador sustituto” y estableciera los nuevos parámetros en que debieran aplicarse los preceptos declarados inconstitucionales. Esto, al final, terminaría beneficiando al Estado, que aún en la condena estaría librándose de haber sido él quien quebrantara la ley a capricho de la Sección 22.

LA RETIRADA
Sin embargo, hoy en día lo que se aprecia es el ánimo del magisterio de comenzar la retirada. Por eso aceptaron iniciar el ciclo escolar, y sólo dejar un plantón representativo. Es, en esencia, más o menos lo mismo que hicieron el año pasado cuando fueron derrotados en sus protestas en la Ciudad de México. En aquel momento dejaron un plantón representativo porque, al ver todo perdido, lo único que trataron de cuidar que la forma de la retirada no fuera tan abrupta que los pusiera más en evidencia. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora.
Pues queda claro que en otra circunstancia, el magisterio podría resistir semanas o meses de paro y plantón masivo, como lo ha hecho en otros momentos. Hoy en día, no les han dejado de pagar, ni existe pugna entre ellos y el gobierno, y la federación ni siquiera ha enviado una señal concreta de querer intervenir en el conflicto. Por eso, si hoy anuncian que se van a iniciar clases, lo que en realidad están queriendo hacer, es ir dando pasos paulatinos rumbo a la conjura de sus protestas.
Está equivocado todo aquel que quisiera ver a un magisterio aceptar públicamente que perdió y claudicar en sus acciones. Eso no va a ocurrir, ni en el peor de los escenarios. Empero, lo que sí pueden hacer es irse retirando poco a poco para no descuidar las formas y para seguir teniendo margen de acción frente a alguna variación radical en el escenario. Pero lo que ya es visible, es que es únicamente cuestión de tiempo para que esto concluya.

MEZQUINDAD
La de los diputados del PAN y PRD por defender, hasta la indignidad, sus posiciones oficialistas. Ayer la diputada Martha Alicia Escamilla presentó un exhorto para que el Ejecutivo implementara un programa emergente de apoyo a la economía formal que se ha visto afectada por las protestas magisteriales, pero los diputados panistas y perredistas prefirieron las lealtades a la posibilidad de adherirse a una exigencia que tiene en riesgo a docenas de comercios formales que, a pesar del plantón, luchan solos por no cerrar sus puertas y dejar sin empleo a miles de oaxaqueños.

Gobierno y S-22, simulan no ver realidad

No miente el titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca cuando dice que el anteproyecto de la Ley Estatal de Educación no se contrapone a los lineamientos establecidos en la Constitución de la República. Dice la verdad, porque lo cierto es que el tema más sensible para la Sección 22 del SNTE se centra en la evaluación de los maestros, lo cual es una facultad federal, que no está, ni debería estar, en la Ley Estatal de Evaluación. Alrededor de eso, a plena luz del día, todos —gobierno y magisterio— están decididos a seguir indefinidamente engañándose con la verdad.
En efecto, en el anteproyecto de Ley Estatal de Educación que el lunes pasado le entregó la Sección 22 al gobernador Gabino Cué, se establece un conjunto de cuestiones exigidas por el magisterio, que sin embargo no pasa por el tema de la evaluación. Sobre esto, el Gobernador ha reconocido que “en la Ley estatal sí hay un mecanismo de evaluación, pero no hacia los docentes, sino va enfocado a una evaluación de los planes y programas de materia educativa en materia estatal” (http://bit.ly/1sDURhk). En ese aparente juego de palabras, está la clave del autoengaño que se están aplicando todos los involucrados en el conflicto por la nueva ley educativa. ¿De qué hablamos?
De que, como lo afirma el gobernador Cué, en el proyecto de Ley Estatal de Educación que presentó la Sección 22, se establece un proceso de evaluación que, como lo dice el propio Mandatario, está enfocado a la evaluación de los planes y programas en materia educativa, y también existe otro proceso de evaluación que, en el caso estatal, no es vinculatorio pero tampoco desconoce —ni puede desconocer— las facultades que le da la Ley General del Servicio Profesional Docente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Específicamente, los artículos 98 y 99 del anteproyecto elaborado por la Sección 22 establecen lo siguiente, respecto a la evaluación: “Con el objeto de generar una cultura de evaluación desde la escuela y la comunidad se crea el SEEO (Sistema de Evaluación Educativa de Oaxaca), considerando la diversidad  social,  cultural y lingüística de los pueblos de Oaxaca. En el reglamento correspondiente se establecerán las funciones,  acciones  y  estructura que sea necesaria para su operación” (artículo 98). Y “la cultura de evaluación generada por el SEEO,  contribuirá  a la transformación de las prácticas educativas que propicie la reflexión, la crítica y la autocrítica para la formación individual y social de los sujetos, que transforme la educación y apoye de manera creadora la práctica docente de acuerdo a las características contextuales de estudiantes y trabajadores  de la educación” (artículo 99).
Además, los artículos 102 y 103 del anteproyecto dan luces específicas del autoengaño en el que están incurriendo los profesores. Éstos disponen: “Artículo 102. Los colectivos escolar, comunitario y de zona realizarán la evaluación de los proyectos educativos conforme a criterios, técnicas, instrumentos, ámbitos, tiempos, modalidades, agentes y estrategias, en coordinación con el SEEO…”. Y el artículo 103 dice: “La evaluación también la llevan a cabo los colectivos de sector, región, nivel  educativo y colectivo estatal a través de espacios de discusión con la finalidad de revisar, analizar y reflexionar críticamente para transformar los procesos educativos y su propia participación…”
¿Por qué el autoengaño? Porque, como lo dice el gobernador Cué —y así lo validó la 22 (quién sabe si por ignorancia, o por tratar de disimular que están en vías de acatar las disposiciones federales), a pesar de que el punto central de su inconformidad se centra en la evaluación que les aplicará el INEE—, lo que dispondría la ley educativa estatal son sólo procesos de “evaluación” no vinculatorios, que no deciden ni influyen sobre el ingreso, promoción, permanencia y posible remoción de los trabajadores de la educación, y que más bien van enfocados a crear una “cultura de la evaluación” a través de trabajos colectivos —según— de reflexión y mejora sobre lo ya realizado, que a simple vista parecerían más una terapia de grupo que un verdadero proceso de evaluación de su desempeño.

LOS TEMAS IMPORTANTES
En este sentido, vale la pena resaltar dos cuestiones: primera, que la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPF) es, valga la expresión, una ley general, porque es de aplicación indistinta en todo el territorio nacional en cada una de las atribuciones que establece. Una de ellas, esencial, es la evaluación nacional de todo el personal docente en el ámbito de la educación básica, así como el establecimiento de las atribuciones que le corresponden a las autoridades locales.
En ese sentido, el artículo 7 de la LGSPF establece “En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior, corresponden al Instituto las atribuciones siguientes: I. Definir los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables”.
Y sobre los deberes de las autoridades locales dispone, en su artículo 8, lo siguiente: “En el ámbito de la Educación Básica corresponden a las Autoridades Educativas Locales las atribuciones siguientes: I. Someter a consideración de la Secretaría sus propuestas de perfiles, parámetros e indicadores de carácter complementario para el Ingreso, Promoción, Permanencia y, en su caso, Reconocimiento que estimen pertinentes…” y establece otras, que no pasan por una posible suplencia o coordinación con el INEE, en los aspectos estrictamente relacionados con la evaluación de los profesores, o la definición de la permanencia, promoción, remoción o admisión de nuevos profesores.
¿Qué significa esto último? Que, en esencia, esas cuestiones continúan siendo federales y que de todos modos, diga lo que diga la ley estatal, la norma federal es aplicable en todo el ámbito nacional y las atribuciones siguen intocadas a favor del INEE y de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

AGUAS CON LO RESIDUAL
Por eso, el Poder Legislativo debe poner atención en otros temas en los que la 22 pretende seguir teniendo, e incrementando, su control. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la construcción de infraestructura educativa, que ahora plantean modificar para que ellos participen en la definición. El anteproyecto está plagados de intentos suplementarios de la 22 por tomar partida en temas que tampoco deberían tocarle. Ahí está la clave de cambiar unas cosas por otras. ¡Aguas!

S-22: ¿Por qué los municipios se desentienden?

Es terrible que el proceso de armonización de las normas educativas locales con las federales únicamente esté sirviendo, en los hechos, para exhibir a los gobiernos locales —gobernadores, congresos, y poderes judiciales— como débiles e incapaces de hacer cumplir las potestades mínimas del Estado. Este es un fenómeno ominoso, en el que la Federación debía ser parte de la solución, y no del problema. Pues si este conflicto fuera visto y abordado con una perspectiva integral, el propio gobierno federal tendría que estar alentando hoy a estados y municipios a recuperar la legalidad frente a poderes fácticos como la CNTE. Pero nada de eso ocurre.
En efecto, en los últimos meses hemos visto cómo el proceso de armonización de la legislación educativa en Oaxaca, ha sido una tragedia que sigue al pie de la letra el enunciado conocido como la Ley de Murphy. Ese adagio, del conocimiento empírico, dice simplemente que si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿No es eso lo que hemos visto? Claro que sí. Razones hay de sobra para afirmarlo.
Todo iba mal desde el principio, porque Oaxaca fue uno de los estados que simplemente dejó correr el tiempo, agravando una situación que debió resolverse en tiempo, pero que se evitó para no agitar al magisterio. De hecho, aunque hoy es un tema irrelevante, las previsiones pesimistas sobre esta ruta de armonización comenzaron desde que el Congreso de Oaxaca evitó —y hasta la fecha— pronunciarse a favor o en contra de la reforma constitucional en materia educativa. La Legislatura nunca dio una razón concreta sobre su silencio. Simplemente se dejó presionar por la Sección 22, y alimentó la visión de que el gobierno era —es— aliado del magisterio, y que por ende no harían nada que los contradijera.
Luego, si ya todo iba mal, la ruta del agravamiento continuó cuando con llegada la fecha límite para llevar a cabo la adecuación de las normas locales a las nuevas leyes federales, en lugar de asumir compromisos de Estado, el gobierno y la Legislatura lo más que lograron hacer fue establecer un pacto político con la Sección 22. Nadie de ellos quiso entender lo que debía pasar. Y por eso los poderes formales legitimaron a los fácticos, pactaron con ellos, y de hecho les obsequiaron la titularidad del poder reformador, para que ellos llevaran la batuta en la elaboración de la nueva norma.
A estas alturas, ¿a alguien le quedaba duda que la 22 haría todo menos actuar de forma responsable? Evidentemente no. Por eso, a pesar de la urgencia, el magisterio se tomó seis meses para elaborar una norma que de todos modos no es, ni puede ser, acorde con la Constitución de la República.
Y la Ley de Murphy se cumplía entonces a cabalidad, cuando a pesar de tener a la vista ese enorme conjunto de señales adversas, todos decidieron seguir adelante, incluida la Federación, que simplemente permitió que este problema se enredara, se pudriera y, hoy, se agusanara. Pues eso que se preveía que podría salir mal —la emisión de una nueva ley educativa local— finalmente terminó saliendo mal, porque nadie hizo algo para que las cosas fueran de forma distinta.

DEBILIDAD TOLERADA
Sólo en un país como el nuestro, un poder puede regodearse, y dejar caer, a otro poder. Esto es lo que pasa entre los ámbitos de gobierno en México, cuando a simple vista se puede apreciar que frente a una amenaza al Estado de Derecho, uno de los poderes permite que el otro se pudra simplemente porque no tiene coincidencias políticas o partidistas con él. No asumen que el Estado de Derecho los involucra a todos, y que en la defensa de la constitucionalidad no deberían existir ni colores partidistas ni fobias políticas.
Eso es lo que pasó entre Oaxaca y la Federación. Hoy, existe una tendencia generalizada en el país de responsabilizar sólo al gobernador Gabino Cué de la situación que prevalece en la entidad, y del sometimiento institucional a las exigencias de un poder fáctico como la Sección 22 del SNTE. Se opta por el camino fácil de buscar al primer responsable que se tenga a la vista, y cargarle toda la responsabilidad del problema, sin distinguir que junto a él, como responsable directo, hay otros que han actuado por omisión frente a una situación que finalmente involucra a todo el poder público, independientemente de los ámbitos de gobierno o de las facultades específicas. ¿De qué hablamos?
De que, en esto, la Federación tiene tanta responsabilidad en haber dejado crecer este problema, como la tienen los Poderes del Estado en Oaxaca. La tiene porque las entidades federativas no son entes aislados ni ajenos a la Federación, y porque la propia Constitución señala de forma expresa los momentos en los que el gobierno de la República debe ir en auxilio de las entidades federativas; y porque finalmente es una responsabilidad constitucional implícita de los tres órdenes de gobierno, y de los tres poderes del Estado, velar porque las leyes se cumplan y porque la legalidad prevalezca.
Frente a todo esto, es claro que la Federación ha sido un simple espectador, que hoy parece reírse de la debilidad institucional que tiene el Estado en Oaxaca, sin reparar en el hecho de que esa debilidad no es de Gabino Cué o de la Legislatura, sino de los Poderes del Estado; y que, en su silencio, la federación saluda esa debilidad, la alimenta, y la promueve.
Hoy, con seriedad, la federación debía responder por qué sigue dejando sola a Oaxaca. Por qué, en todo el proceso de negociación con el magisterio, no ha asumido la parte de responsabilidad que le corresponde, o que cuando menos buscara equilibrar la situación estableciendo los parámetros de negociación entre los poderes en pugna. La Federación guarda silencio y sólo buscará dar el manotazo. Sin embargo eso no arregla nada, porque aún desmantelando a la Sección 22, las acciones y omisiones federales terminarán provocando que otro poder fáctico emerja para ocupar el lugar —el trono— que hoy tienen los profesores democráticos por encima del Estado oaxaqueño.

TIEMPO, 13 AÑOS
Este día, TIEMPO de Oaxaca cumple trece años de informar a la ciudadanía, con responsabilidad y compromiso. Sirvan estas líneas para reconocer la tenacidad y perseverancia de todos nuestros compañeros que, con talento y gran esfuerzo, hacen este diario, y para enviar un abrazo respetuoso al personal del diario, y a nuestro editor y director, Wenceslao Añorve, por estos primeros trece años de éxito. ¡Felicidades!