+ Conflictos contaminados, pero constatables

No se necesita ser clarividente para entender por qué el Gobierno del Estado se resiste a despedir a Alberto Esteva Salinas. No lo hace porque, al igual que en el largo conflicto del DIF estatal, y de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, asume que en realidad la crisis es una fabricación de empleados inconformes. Lo que el gobierno no alcanza a ver es que detrás de esas protestas, que sí pueden tener una inducción concreta, se encuentran otros problemas que son igualmente graves y que quedan sin solución. Vale la pena hacer un repaso breve para entenderlo.
En efecto, es necesario preguntarse por qué se amotinaron los elementos de la Policía Estatal desde el fin de semana, y anteayer se les unieron los de la Policía Auxiliar, Bancaria y Comercial. Éstos lo hicieron exigiendo el pago de salarios y la dotación de insumos básicos para la realización de sus labores operativas. Los empleados y elementos inconformes han venido manifestando las insuficiencias que padecen y la incorrección del secretario Esteva para abordar esos problemas. Pero el gobierno lo ha tomado, al parecer, como un conflicto prefabricado.
En este sentido, es claro que hay dos problemas centrales que son paralelos, pero que corren por cuerda separada. Uno de ellos se centra en la falta de prestaciones y salarios suficientes, y a tiempo, para el personal operativo y los elementos de la SSP. Y el segundo de esos problemas se ubica en la incapacidad de Alberto Esteva Salinas para sostener con hechos su presunción de que la de Oaxaca es “la mejor policía de México”.
Pues resulta que en estos días de protestas, los elementos de la SSP han hecho un largo recuento de la carencia de salarios, equipos, armamento, alimentación y viáticos suficientes para la realización de su trabajo. Y esto choca de frente con la insistencia de Esteva de que la Policía Estatal de Oaxaca es la mejor del país. ¿Hay posibilidades de presumir supuestos adelantos, cuando en realidad no se tiene ni para lo básico?
Y lo grave no es sólo eso, sino que una vez que estalló la crisis en seguridad pública, de inmediato trataron de encontrar responsables en los alrededores. Señalaron a ex funcionarios de la dependencia, a la delincuencia organizada, y a un afán por denostar a Esteva. Pero en esa búsqueda de responsables —y es probable que sí los haya— lo que dejaron de ver es que al margen de la posible motivación política, sí existe un problema de fondo que no está siendo atendido. Ese problema es la falta de atención a las necesidades básicas de una policía que seguramente sí puede llegar a ser la mejor del país, pero que para serlo necesita lo que se presume que se da, pero que en los hechos se regatea.
Sin embargo, ahí es donde se encuentra el quid de este asunto: en que el gobierno prefiere ver sólo el tema político detrás de la crisis, pero al hacerlo desprecia las causas de fondo que sí están ahí, y que sí deben ser motivo de atención desde el más alto nivel para remediar de fondo estas pequeñas grandes crisis, que sólo son administradas en la medida de lo posible pero que no se resuelven de fondo.
Por eso el lunes el gobernador Gabino Cué dijo que la renuncia de Esteva Salinas no está a discusión. No les va a dar el gusto a los elementos inconformes de correr a uno de sus secretarios nada más por su beligerancia. Pero en medio de eso quién sabe si alcance a distinguir que también hay una cuestión seria que debe atender al margen de que Esteva continúe o no al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

PATRÓN REITERADO
Si observamos este asunto en perspectiva, nos daremos cuenta que es exactamente lo mismo que ocurrió en las respectivas inconformidades existentes en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En lo político, el gobierno dejó de ver lo de fondo. Y por eso decidió sostener indefinidamente a los funcionarios señalados sin entender que el problema no sólo son ellos sino la falta de atención a los problemas reales.
En el primero de los casos, es clarísimo que la Cortv atraviesa por una crisis desde hace años. Esa crisis tiene que ver con la desatención a sus contenidos, a la falta de inversión en nuevos equipos, señales y programación propia, y en el desinterés del gobierno por entrar a revisar lo que ocurre en realidad en esa corporación. Esto ha venido constatándose cada que el gobierno nombra a un nuevo titular que no tiene ningún interés, o capacidad de maniobra, para rescatar las señales y dotar —a la Corporación, y a sus trabajadores— de un mínimo de dignidad para llevar a cabo su trabajo en condiciones de decoro.
Por eso, puede ser entendible que los empleados de esa dependencia hayan salido a protestar. Empero, el gobierno lo que vio fue un conflicto fabricado por otros intereses. Y por eso tardó más de la mitad de Rubén Ortega Cajigas, en tomar la decisión de cesarlo, y sólo lo hizo cuando se corroboraron algunos de los abusos que cometía pero no frente a los señalamientos de los empleados inconformes. Y hoy, al no poder resolver esos mismos problemas —y quizá incluso evitando prácticas abusivas para no confrontarse con los trabajadores—, Emilio de Leo sólo debe estar contando los días para que le estallen problemas similares a los de su antecesor.
¿Otro ejemplo más? Ahí está el del DIF estatal con María de Fátima García León, a quien, es cierto, un grupo de trabajadores le creó una crisis ondeando una bandera legítima: la de las abominables condiciones en que se encuentran los menores internados en las dos casas hogar que administra el DIF. ¿Qué hizo el gobierno? Una vez más, responsabilizar de todo a los temas políticos para poder sostener a García León y no darle gusto a los empleados inconformes, pero dejando en medio el gravísimo problema de las condiciones inhumanas en que viven docenas de bebés, niños y adolescentes en los albergues del DIF, que a pesar de lo que se diga, siguen en el más terrible de los abandonos.

CRISIS ANUNCIADA
Por cierto, desde hace más de una semana, a través de las redes sociales, empleados de la SSP venían denunciando la falta de pagos, apoyos y respaldo de la dependencia hacia ellos. Por eso la crisis de estos días fue anunciada pero nunca hubo reacción de Alberto Esteva, que parece que sólo está, o quiere estar, donde luce bien o donde le conviene, pero no en la demostración de sensibilidad y solidaridad —“campaña de valores”— que sus compañeros le exigen. Lamentable.

+ Aislamiento, imposible en tiempos de globalización

Qué complicado resulta comprender los tiempos actuales, no sólo por el arraigo que muchas veces queremos tener respecto al pasado, sino también por la dinámica tan voraz en la que cambian las circunstancias. Hoy que celebramos un año más (204) del inicio de la lucha por la Independencia de México, muchos nos sentimos agobiados por sentimientos como el de la presunta “entrega” del país a los extranjeros, o la pérdida de soberanía frente a las potencias extranjeras. Vale la pena revisar momentos como éste para entender las circunstancias actuales.
En efecto, este será un año particularmente contradictorio porque en el país se acaban de aprobar las reformas estructurales que, según una porción de quienes influyen en la vida pública, entregan la soberanía nacional a los intereses extranjeros. Hay quienes repudian no sólo este momento histórico sino la continuación de ciertas políticas que son contrarias a lo que la mayoría necesita. Pero lo cierto es que hoy en día podemos pensar en cualquier circunstancia menos en la de vivir anclados a un aislamiento que sería tanto o más inexplicable que la situación actual. Veamos.
Es cierto que reformas como la energética abren muchas interrogantes. La mayor de todas, es que en realidad muy poca gente, poquísima (sólo los estratos muy especializados en esa materia) saben y entienden los alcances reales que tienen los cambios constitucionales y legales hechos hace apenas unas semanas en materia de energías. La mayoría de la población nos quedamos o con lo que nos dice el gobierno, o con lo que nos señalan sus grupos opositores. El primero dice que la reforma traerá un cúmulo de beneficios (empleo, energía a menor costo, movilidad económica, desarrollo, etcétera) para toda la población; mientras que los segundos dicen que estamos frente a la entrega de la soberanía nacional a los intereses extranjeros.
Uno puede o no estar de acuerdo con esas posturas, pero lo que no debemos hacer es quedarnos sin ningún por qué. El gobierno asume que la reforma energética era necesaria porque el Estado carece de las capacidades para detonar la industria energética del país en momentos en los que, relativamente, el petróleo está dejando de ser el oro negro, y existe necesidad de diversificar energías con las que cuenta el país, pero que en las condiciones actuales no son explotables. Por eso dice que la reforma es necesaria porque con ella habrá inversiones privadas que vendrán a colaborar con el gobierno para explorar esas nuevas vetas energéticas, a cambio de una ganancia. En la lógica oficial esto es un ganar-ganar (para el Estado y para los particulares que arriesguen sus capitales en esas exploraciones), con el que sin embargo hay muchos que no están de acuerdo.
No están de acuerdo porque dicen que las energías bien pueden ser explotadas por el Estado sin la intervención de particulares, y menos extranjeros. Porque dicen, además, que esto constituye un acto que marca la revocación del gran paso histórico que dio el general presidente Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar la industria y la riqueza petrolera. Y sostienen que en realidad la clase gobernante actual es socia, o subordinada, de los grandes capitales internacionales interesados en venir a quedarse con lo nuestro. Y por eso dicen que la reforma energética constituye la más grande traición y entrega de nuestro país.
No sabemos si en realidad cualquiera de las dos posturas pueda ser tan extrema como la pintan. En realidad lo que sí sabemos es que quienes han estado al frente del gobierno en los últimos años fueron educados en la lógica de la globalización y del llamado neoliberalismo, que busca sacar al Estado de la gran mayoría de las actividades económicas para que, en la lógica del liberalismo económico, sea el propio mercado quien se regule solo.

RAZONES EMOCIONALES
En ese sentido, podemos entender que en México el tema petrolero sea particularmente complejo. Esto, debido no sólo a que de la industria petrolera depende una tercera parte del gasto público nacional y que así ha sido en las últimas décadas, sino sobre todo porque el tema petrolero implica también una victoria trascendental de nuestro país en relación a los intereses extranjeros, que incluso podría ser la única en la que verdaderamente México se pudo sobreponer a los intereses que se aprovechaban de la industria y la riqueza del subsuelo mexicano.
Y es que el petróleo implica la única batalla que, sin armas, México le ha ganado a Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX, el gobierno mexicano entregó concesiones de explotación de hidrocarburos a empresas norteamericanas e inglesas. Éstas obtuvieron ganancias multimillonarias en nuestro país, y a cambio trajeron desarrollo tecnológico que marcaron el Porfiriato, en temas como el establecimiento de las comunicaciones ferroviarias, o el desarrollo a gran escala del telégrafo y otros medios de comunicación. Es cierto que hubo desarrollo y derrama económica. Pero también lo es, que lo que dejó en nuestro país esa industria en manos extranjeras, era nada respecto a lo que ellos habían ganado gracias a la explotación de los hidrocarburos.
Desde que se promulgó la Constitución de 1917, se estableció en el artículo 27, que los productos del subsuelo eran de propiedad nacional, y que ésta tenía el dominio exclusivo para su extracción, explotación, transformación y aprovechamiento.
Sólo que ningún gobierno, hasta el del presidente Lázaro Cárdenas, se atrevió a cuestionar o revocar las concesiones que tenían empresas estadounidenses para la extracción de los hidrocarburos contenidos en el subsuelo, debido fundamentalmente a que todos sabían que los industriales norteamericanos que verían afectados sus intereses, eran los mismos que –se rumoraba, con muchas bases- que contribuyeron al fin del gobierno del presidente Díaz, cuando éste comenzó a permitir las inversiones inglesas en las riquezas y territorios mexicanos que los estadounidenses ya consideraban como suyos.

INDEPENDENCIA, ¿DE VERDAD?
Por eso, cuando el presidente Cárdenas nacionalizó la industria petrolera y recuperó la hegemonía nacional en el aprovechamiento petrolero, para los mexicanos ese fue también un acto de reivindicación de la dignidad nacional. Desde entonces, el petróleo es un tema no sólo de economía, sino fundamentalmente de nacionalismo, en el que muchos prefieren que éste se pudra en el subsuelo, antes que entregarlo de nuevo a manos extranjeras.

+ ¿Quién debe cuidar el proceso y quién competir?

Aunque pareciera que las reglas son claras, hoy en día competidores, partidos y ciudadanía deberíamos reiterarnos esta pregunta: ¿Quiénes son los que deben participar en la integración de los Organismos Públicos Locales (OPL) del INE, quién debe cuidar el proceso, y quién debe darle legitimidad?
En efecto, la pregunta no es menor en la medida en que parece que, contrario a lo que debiera ocurrir, son los partidos y no los ciudadanos los que compiten por los cargos de autoridad electoral; que a su vez son los participantes en el proceso quienes se cuidan de no salir desacreditados, cuando son ellos quienes deberían competir; y resulta que la ciudadanía, que debería ser la beneficiada, ni participa, ni exige, ni se preocupa. Esto es, pues, el mundo al revés.
Hoy podemos ver ya dibujado el panorama en el que se desarrolla esta competencia por la integración de las representaciones locales del INE. Se supone que cuando se planteó la reforma a los institutos electorales locales —que fueron absorbidos por la competencia nacional que la Constitución le dio al INE— se hizo para que la Federación rescatara la función electoral de la contaminación que hubo de los órganos reguladores en los ámbitos locales, en donde la integración y funciones de los organismos se habían contaminado por la influencia de poderes fácticos, partidos y grupos de poder, perdiendo el sentido de la autonomía e independencia, que se supone que son dos de los principios básicos que deben regir a toda autoridad electoral.
Cuando el INE absorbió la responsabilidad de integrar los OPL, lo hizo prometiendo concretamente que en la integración de estos nuevos organismos no habría injerencias partidistas, influencias de grupos o personas, u opacidad en los procesos electivos, porque esta sería la principal garantía de que en esas representaciones habría imparcialidad, capacidad y autonomía para la realización de las tareas propias de un árbitro electoral.
Así, al llegar el plazo para la integración de los OPL en 18 entidades federativas —Oaxaca, entre ellas— se estableció un procedimiento de elección, que pasó por un examen de conocimientos en materia electoral; la realización de un ensayo en donde se probara la capacidad de argumentación y aplicación práctica de los conocimientos en esta materia frente a un problema concreto; para luego dar paso a la opinión de los integrantes del Consejo General del INE —conformado por consejeros y representantes de partidos— y finalmente llevar a cabo una entrevista con la Comisión encargada de llevar a cabo el proceso de integración de los nuevos consejeros de los OPL.
En este momento, el proceso electivo se encuentra en la fase de opinión de los partidos políticos, y lamentablemente es donde parece que están aflorando las desviaciones no concretamente del proceso electivo, sino de quienes se encuentran a su alrededor. Sí, porque según parece lo que estamos viendo es un intento de deslegitimación impulsado desde los propios partidos, quizá también desde el INE, e incluso desde las ideas equivocadas de algunos participantes. ¿Por qué?
Porque esta fase, en donde representantes partidistas y consejeros electorales deben dar su opinión se supone que por ser todos integrantes del Consejo General —los primeros sólo con voz, y los segundos con voz y voto—, debe de servir para dar el equilibrio final en la integración de los organismos locales, a través de la revisión que supuestamente los integrantes del Consejo General deben hacer de lo hasta ahora realizado, para verificar que las normas y principios planteados en el proceso electivo se hayan cumplido de manera suficiente.
Lamentablemente, esta fase está sirviendo para construir la idea de que este es el momento en el que, aplicando el último filtro con la opinión de los partidos y consejeros, saldrán los “recomendados” para ser ya definidos como próximos integrantes de una OPL, y también se conocerá a los “vetados” para no continuar participando. Esta es una idea que lamentablemente está siendo fuertemente fijada en el proceso, a tal punto de poner en riesgo la legitimidad que debiera tener, conservar y hasta defender el INE, pero que no hace.

NO HAY LÍMITES
Todos los interesados o involucrados en este proceso, hoy hablan del “apoyo” que deben recibir de alguno de los consejeros del INE, o de un partido político, para ser tomado en cuenta para la integración de un OPL como el de Oaxaca. De su lado, los partidos lejos de apartarse formal e informalmente de cualquier involucramiento con este asunto, están trabajando en el “respaldo” a algunos aspirantes a integrantes de las OPL, como si con esto ganaran algo. Y lo más contradictorio es que hasta hoy el INE no se ha pronunciado en contra de estas prácticas, que en sí mismas vician el proceso y lo hacen parecer una simple mascarada.
Y es que resulta que en todos los años que hay en México de experiencia en el funcionamiento de los órganos electorales “autónomos”, si algo ha quedado claro es que el afán avieso —y hasta obsesivo, y enfermizo— de los partidos políticos por tener el control del órgano electoral, no les reporta ningún beneficio concreto ni les permite ganar elecciones con mayor facilidad o, por el contrario, lograr que sus adversarios políticos pierdan. En realidad, esto parece ser más un rasgo de anquilosada “virilidad” política, que una táctica con fines concretos para tomar ventaja en los procesos electorales.
Lo peor de todo, es que son los mismos partidos quienes insisten sin reparo en desacreditar este proceso para tratar de demostrar que tienen capacidad suficiente como para influir en la decisión que tome el INE en la integración de los OPL. No se dan cuenta —y nadie se los reclama— que con su actitud insistente le hacen mucho daño a la democracia, y a la credibilidad de los órganos y reglas electorales que ellos mismos reformaron justamente para darles la legitimidad que hoy les regatean.

ESTEVA, INSOSTENIBLE
El paro de labores estallado ayer domingo por elementos y trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, es sólo epílogo de una situación que se viene gestando desde hace tiempo. El personal de honorarios de diversas áreas clave de la dependencia no sólo no han cobrado varias quincenas, sino que ni siquiera pueden darles una fecha tentativa de cuándo cobrarán. Mientras, la delincuencia galopa en Oaxaca y Alberto Esteva da más razones de por qué es insostenible en su cargo.

Competencia en 2015 será el indicador de la sucesión

Aunque la elección federal de 2015 representa casi un trámite para la gran mayoría de los ciudadanos en Oaxaca, para los partidos políticos esto más bien representa un ensayo de los comicios de 2016. Cada una de las fuerzas políticas tendrá, en los comicios del próximo año, la oportunidad de medir sus posibilidades reales de competencia, y también verá cómo el régimen gobernante en la entidad decide repartir sus cuotas e intereses para preservar el poder.
En efecto, el asunto no es menor dada la realidad de que hoy los partidos de izquierda pasan por su división más profunda desde que se aglutinaron, hace poco más de cinco lustros, en el Partido de la Revolución Democrática. El hecho de que el Instituto Nacional Electoral reconociera a Movimiento de Regeneración Nacional como un partido político más, estableció una disyuntiva que para gobiernos como el de Oaxaca resultan ser trascendentales.
Y es que Gabino Cué Monteagudo es, seguramente, el Mandatario estatal actual que construyó su candidatura más de cerca de Andrés Manuel López Obrador; pero también es real el hecho de que en el momento de definir su ruta política como Gobernador de Oaxaca lo hizo de la mano del PRD. Éste tampoco es tema menor, porque el gobernador Cué ha llevado su gestión particularmente de la mano del perredismo, y hoy en día la línea de flotación que tiene su gobierno se encuentra justamente anclada por las fortalezas formales del perredismo en las cámaras legislativas local y federales.
Este es un tema que vale la pena analizar. Pues a pesar de que ningún legislador federal oaxaqueño tiene influencia o peso específico —e incluso relativo— en la vida parlamentaria del país por su desempeño, sí se reconoce que el gobernador Cué tiene a su favor a la mayoría de los diputados federales y senadores, y que eso le permite una gestión más o menos fluida en su relación con las cámaras legislativas federales, y cierta seguridad de que las fuerzas predominantes en el Congreso federal no intentarán algo para desestabilizar su mandato como Gobernador.
Concretamente, si hay algo que debiera preocuparle al Gobernador, eso tendría que reducirse únicamente a dos temas: uno, asegurar cada año el presupuesto federal que se asigna a Oaxaca; y dos, atajar cualquier intento de que desde las cámaras federales se intente sabotear su permanencia como Mandatario.
Queda claro que al gobernador Cué eso es lo único que le ocupa, y que es a lo único que se ha abocado; y por eso aún cuando la mayoría de los diputados federales perredistas son grises e intrascendentes en la vida parlamentaria federal, el Gobernador los mantiene cercanos, y les permite márgenes de maniobra en sus gestiones con el Gobierno del Estado, a cambio de que éstos cumplan con esas dos condiciones que para el régimen actual sí son preocupantes.
Hablando en números, de los 18 diputados federales que hay por Oaxaca —11 electos por el principio de mayoría relativa, y siete asignados por el principio de representación proporcional—, sólo tres —uno de mayoría, y dos plurinominales— son del PRI; los dos diputados federales por el PAN llegaron gracias a la representación proporcional; pero Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el PRD —los tres, partidos aliados del Gobernador— concentran a 10 de las 11 diputaciones federales, y el PRD tiene, además, tres legisladores federales por el principio de representación proporcional.
Esos números revelan la fortaleza actual del gobernador Cué en términos de la representación política que tiene a su favor ante la Federación —aunque en los hechos tenga una relación nula con el Ejecutivo federal, y una imagen desastrosa, inducida ante la opinión pública nacional—, pero a su vez dejan ver el tamaño del problema que tiene ante la partición de la izquierda.

LAS DOS IZQUIERDAS
Las proyecciones apuntan a que Morena sí es capaz de quitarle una porción importante del voto al PRD. La diferencia de fondo entre esos dos bloques que se supone que comparten postulados de ideología política, se centra en que los partidarios y simpatizantes de Morena ubican a López Obrador como la figura central de todo el trabajo político, y votan en función de su liderazgo, mientras que el perredismo está repartido en tribus y cuotas que viven de un clientelismo que hoy por hoy puede reducirse a su voto duro, pero con una merma profunda en los votantes independientes que, en los últimos años, votaron por AMLO y, derivadamente, a favor del PRD.
Así, hoy en día habría que repensar el futuro del perredismo como una de las tres fuerzas políticas nacionales y, en el caso de Oaxaca, como la primera fuerza electoral del Estado. ¿La razón? Que en los cálculos debe considerarse no sólo la preferencia política independiente de cada ciudadano, o la capacidad de movilización de cada partido, sino también la dirección hacia donde el régimen gobernante oriente el trabajo electoral, que según ha demostrado en los últimos procesos electorales en los que ha barrido al PRI en la entidad, sabe hacer muy bien.
La cuestión concreta se ubica en si el Gobierno del Estado asumirá que sus lealtades e intereses principales deben seguir concentradas en el PRD, o si es el momento en el que Gabino Cué debe retribuir a López Obrador el respaldo político que éste le dio por mucho tiempo para la construcción de su proyecto político. En 2015 Morena ya participará como partido político, disputando las diputaciones al PRD y los demás partidos.
Y en los resultados de esa elección estarán los primeros indicios del sostenimiento de las lealtades políticas del régimen, o de su viraje hacia el sector de la izquierda que se ufana de nunca haber pactado con el priismo y panismo a nivel de país, y que esa será una de las cartas con las que buscará captar a los electores que están desencantados del revisionismo perredista y de los insuficientes resultados que han dado como cogobierno en Oaxaca.

AMIGOS COMUNES
Oaxaca vive una situación de abandono por parte de la Federación, en la que participan correlativamente el PAN, el PRI y el PRD. En el ámbito federal, a nadie de ellos le importa la suerte que corra la entidad, y menos la circunstancia del gobernador Cué. Esta situación habría de llevarlo, llegado el momento, a asumir la identidad natural que tiene con el lopezobradorismo, que también está lejos de esas fuerzas. ¿Qué puede ofrecer, hoy, el PRD a Oaxaca? Y en la circunstancia actual, ¿qué perdería el régimen —nada— si decide seguir la ruta política de López Obrador?

+ Ciudadanía y gobierno: sin interés por lo público

El conflicto magisterial en Oaxaca continúa su ruta hacia lo incierto, y no parece haber algo, ni alguien, capaz de aglutinar a todos los sectores de la sociedad que resultan afectados por las acciones de la Sección 22 del SNTE. Esta realidad debe llevarnos a una reflexión urgente sobre el interés real que le brindamos a los problemas que al ser públicos, son de todos.

En efecto, llevamos en Oaxaca más de cincuenta días de acciones continuas de los profesores de la Sección 22, pero hasta ahora nadie, desde ningún sector, ha podido construir una respuesta sólida a esas acciones. Es alarmante que a pesar de que la lucha de la Sección 22 no tiene hoy un asidero visible, y tampoco una ruta y un fin definido, no haya capacidad o posibilidad de nadie en el gobierno, los sectores empresariales, los liderazgos sociales, o la propia ciudadanía, ya no para convocar, sino para concretar, el gran pacto que tanto le urge a Oaxaca para superar esta crisis.

Y es que resulta que hoy la lucha magisterial tiene un rumbo cada vez menos preciso. ¿Razones? Que, por un lado, el gobierno estatal ya dio prácticamente por concluidos los trabajos de negociación, al haber reconocido el secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, que en lo que toca a la relación del magisterio con el gobierno estatal, no queda ningún tema pendiente por negociar o atender, acaso algunos pendientes administrativos que sólo es cuestión de tiempo y trámites burocráticos para que se resuelvan.

Si esa es la situación que prevalece en el ámbito administrativo, en el ámbito político la relación entre el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE pasa también por un momento de serenidad. ¿Por qué? Porque al margen del contenido de las iniciativas de Ley Estatal de Educación presentadas en el Congreso del Estado, lo cierto es que el gobierno cumplió su parte del acuerdo político con la 22, relativo a permitirle que fuera ésta quien redactara, en los puntos esenciales, la iniciativa que finalmente es motivo del mayor análisis por parte del Poder Legislativo local, y la Federación, en estos momentos. Y hasta hoy, el Congreso ha afirmado que estudia las propuestas presentadas, aunque lo cierto es que resulta irrelevante qué iniciativa apruebe porque a partir del 1 de enero serán las normas federales en materia de evaluación de la educación las que regirán la situación laboral de los profesores oaxaqueños.

Si esta situación pone en entredicho las razones de la permanencia del plantón y las acciones magisteriales de hostigamiento, todo se agrava ante la decisión del gobierno federal de no continuar negociando con la Sección 22, y de sólo hacerlo a través de su Delegado en Oaxaca. El mensaje que está enviando la Federación es simple: también con ellos se agotaron los temas sustanciales de negociación, y únicamente quedan algunas cuestiones tan relativas por dialogar con los profesores oaxaqueños, que por ello puede y debe hacerlo el Representante de Segob en Oaxaca, y ya no el Subsecretario federal de Gobierno.

Todo esto se enmarca en otra circunstancia palpable: que desde hace semanas la Asamblea Estatal de la Sección 22 no ha definido ninguna nueva ruta de acción política encaminada a los objetivos que se supone que busca. Esto parece comenzar a ser proporcional: el magisterio quiere todo, y como no puede conseguirlo ni por la vía de la presión ni de la negociación, entonces decide quedarse en nada. Y al no conocer los matices asume que su ruta es la del choque contra la pared. El problema es que eso los está llevando a la nada. Y esa nada se pone cada vez más de manifiesto ante la incapacidad del propio magisterio de plantear rutas alternas a las ya establecidas.

El problema de eso es que somos los oaxaqueños quienes pagamos las consecuencias: llevamos 50 días de un plantón que hoy ya no tiene una expectativa o fundamentación clara, y tampoco tiene para cuándo concluir; y todos los días los ciudadanos somos blanco de pequeñas acciones del magisterio con las que quebranta el orden para —según ellos— presionar a un gobierno, que públicamente sostiene que ya no quedan temas por negociar.

Ante este callejón sin salida, ¿debemos conformarnos los ciudadanos? Queda claro que no. El problema es que no hallamos —y parece que tampoco queremos buscarla— una ruta para enfrentar a un gremio organizado pero sin objetivos, y a un gobierno que se conforma con cuidarse la espalda aunque no responda a lo que sus ciudadanos necesitan.

¿Y EL “GRAN PACTO”?

En varios momentos, funcionarios, empresarios, y políticos oaxaqueños han convocado a lo que ellos denominan como “un pacto”. El último fue el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, pero antes fueron representantes empresariales, y un Secretario de Gobierno; todos, con un común denominador: que no pasaron del simple llamado, y que no pudieron materializar su convocatoria en algo concreto a favor de todos los oaxaqueños.

La cuestión es alarmante. Porque queda claro que, al menos en el ámbito de los Poderes del Estado, sus integrantes (el Gobernador, los diputados, etcétera…) sí están dispuestos a la firma de pactos, pero sólo en lo que se refiere a acordar con poderes fácticos con la Sección 22; los sectores empresariales locales están desorganizados y desacreditados por su servilismo del pasado reciente; y la ciudadanía no halla cómo enfrentar a una organización (el magisterio) que tiene el respaldo incondicional de quienes deberían ser aliados de la ciudadanía, y no de los poderes fácticos.

Al final, lo que queda es lamentable para todos. Nadie parece tener el interés, o la estatura, para convocar efectivamente a un gran pacto a favor de la gobernabilidad y los derechos de la ciudadanía. Los poderes del Estado están hoy dispuestos a hacerse uno con sus detractores. Los sectores económicos sólo rumian sus pérdidas pero sin alcanzar a entender que sus inconformidades tendrían más eco si ellos se aliaran con la ciudadanía, antes que esperar a que ésta se compadezca de su desgracia, y de ellos. Y los ciudadanos hemos preferido el desinterés de la resignación, que la capacidad para indignarnos, y actuar en consecuencia, con todo lo que ocurre en Oaxaca.

NO HAY FUTURO

Al final queda claro que los liderazgos, en general, están liquidados, y que ante esta realidad, sólo nos queda esperar a que pase quién sabe qué —incluso nada— con la gobernabilidad en Oaxaca.

+ Gobierno debe dar los beneficios, sin discriminación

Qué visión tan corta tienen los empleados de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, que no alcanzan a ver que el programa de dotación de útiles y uniformes escolares a los niños que estudian en instituciones públicas de educación básica, es un derecho y no una dádiva. Eso, que se aprecia a simple vista, lo confunden con sus aviesas lealtades con la Sección 22 del SNTE. Y en aras de querer sostener sus compromisos políticos, lo que provocan es la violación flagrante de los derechos de los niños que reciben instrucción con profesores de la Sección 59.

En efecto, ayer TIEMPO informaba que según el director del programa de dotación de uniformes y útiles escolares del gobierno estatal, Diego Rule Castro, los alumnos de los maestros de la Sección 59 “no recibirán uniformes y útiles escolares porque [la 59] no acreditó a sus alumnos ni están avalados por el Sistema Educativo de Oaxaca. Destacó que mientras no se compruebe debidamente que cada alumno instruido por maestros de la Sección 59 del SNTE ya cuenta con toda su documentación, los útiles y uniformes no se entregarán ‘porque no se podrá soportar cada entrega’”.

Veamos este asunto en perspectiva. En febrero de este año, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Alejandro López Jarquín, señalaba que con el programa de dotación gratuita de uniformes escolares a alumnos de educación pública, se distribuirán un millón 950 mil juegos de uniformes escolares a 975 mil alumnos, ejerciendo una inversión de 463 millones 156 mil 720 pesos; además, decía, se entregarán 500 mil paquetes de útiles escolares con una inversión de 76 millones 230 mil 960 pesos. La única condición que existe para que cada uno de esos niños reciba su dotación de uniforme y útiles escolares, es que se encuentre inscrito en una escuela pública en el Estado.

Ahora bien, lo que parece es que Rule Castro se encuentra extraviado entre los compromisos del gobierno con la Sección 22 —que no hizo él, pero que oficiosamente está siguiendo— y su corta visión como persona y como servidor público. Claramente es visible que no entiende que la entrega de útiles y uniformes a los menores constituye un derecho y no una prebenda; que su obligación como servidor público es velar porque los derechos de la niñez prevalezcan por encima de cualquier otra circunstancia; y que este conflicto entre la Sección 22, la 59 y el gobierno estatal, no es culpa de los menores, y por ende ellos no tienen por qué pagar las consecuencias.

En ese sentido, es evidente que su perspectiva limitada, impide a Rule Castro —y al obtuso Titular de la Sedesoh— entender que el problema entre las secciones sindicales y el gobierno estatal es finalmente producto de una disputa administrativa y política, en la que los menores no tienen nada que ver, y por ende sus derechos deben estar protegidos independientemente de las circunstancias políticas frente a las cuales ellos son víctimas y no actores.

Específicamente, el no reconocimiento de esos alumnos por el sistema educativo estatal es una cuestión administrativa, porque es una resistencia del IEEPO —motivada por cuestiones políticas, y por la presión que permanentemente ejerce la Sección 22 sobre ellos—, la que impide que los alumnos de educación pública básica que reciben instrucción por maestros afines a la 59, cuenten con toda su documentación en regla.

Además, es lamentable constatar que son los propios funcionarios estatales quienes presentan los programas sociales como una prebenda o una dádiva sólo para las personas que, al margen de que tengan la necesidad o el derecho de recibir este beneficio, sean quienes estén de acuerdo con el gobierno… o con sus aliados. Esto es abominable porque, además, el gobierno de Oaxaca mantiene sus programas sociales sostenidos únicamente como una concesión graciosa del gobierno, sin darles el carácter constitucional de derechos para la niñez, con lo cual se harían obligatorios de observar independientemente del tiempo y la circunstancia política.

VIOLAN DERECHOS

Además, si esto parece aún poco, quedan aún varias preguntas por responder. Una de ellas, fundamental, es la siguiente: ¿Qué no todos y cada uno de los servidores públicos del país están obligados a observar los derechos fundamentales, definidos y difusos, de las personas, independientemente de que se encuentren o no en una norma, pero existan en la realidad?

Pues hasta donde recordamos, el tercer párrafo del artículo 1 constitucional dice que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Al menos en este caso los servidores públicos involucrados están asumiendo una posición, aún en el ámbito de lo voluntario, que querer limitar un derecho mientras no se cumpla una condición administrativa que no está en manos de los afectados. Es decir, los alumnos no tienen la culpa del problema administrativo de la Sección 59, y ellos sí cumplen con el requisito de asistir a clases en una escuela pública, y por ese solo hecho ser merecedor de las prestaciones que les debe dar el Estado por ser parte de un programa social la dotación de útiles y uniformes.

No hacerlo de ese modo, sería tanto como aceptar que entonces el programa fue hecho sólo para los alumnos que reciben instrucción por parte de maestros de la Sección 22, y que está permitido llevar a cabo un acto abierto de discriminación por no acudir a una escuela de los “democráticos”.

Al final, queda claro que esto quebranta la afirmación de que el gobierno es para todos y que hay una verdadera actitud democrática. Lamentablemente, esta es la constatación de la alianza del sector oficial con el magisterio, que es llevada hasta la ignominia.

SOLIDARIDAD

Al margen de la circunstancia, y de los rejuegos e intereses políticos que hay alrededor de algunos medios locales, es inaceptable la sola intención de querer amedrentar a compañeros de medios informativos. El ataque al domicilio del director de Despertar, nuestro amigo Felipe Martínez López, debe ser indagado y esclarecido de inmediato por las autoridades estatales competentes. Rechazamos la violencia en contra de los medios y exigimos que se haga valer el Estado de Derecho.

Déficit financiero, “papa caliente” para SEP en 2015

El jueves pasado el Gobierno del Estado publicó un inusual comunicado en el que repasaba las circunstancias en que se dio el proceso de rezonificación salarial de los trabajadores de la educación en Oaxaca y, disimuladamente, le “anunciaba” al gobierno federal el déficit, y los problemas financieros que habrá de enfrentar la Secretaría de Educación Pública a partir de enero de 2015, con la recentralización del manejo administrativo de la nómina educativa.
En efecto, en la visión simplista del largo conflicto educativo de Oaxaca, y de la situación que enfrenta hoy el Gobierno de Oaxaca frente a las presiones de la Sección 22 del SNTE, casi siempre se omiten detalles que son fundamentales para comprender la realidad actual. Una de esas circunstancias, que hoy parece en el cajón del olvido, es la relacionada a la negociación que en 2006 emprendió el gobierno federal con la Sección 22, en el marco de la revuelta magisterial que entonces ocurría en la capital del Estado. Ahí se encuentra una de las razones claves de la beligerancia magisterial actual. ¿Por qué?
Porque uno de los temas que encendió la furia de los profesores (y fue gasolina para la revuelta social), fue la decisión del entonces gobernador Ulises Ruiz de retomar el control administrativo del IEEPO. Como bien se recordará, producto del convenio de descentralización educativa firmado en 1992, el gobernador Heladio Ramírez había fijado nuevas reglas para la administración de la educación en el Estado, dentro de las cuales se estableció que sería la Sección 22 quien nombraría a toda la estructura administrativa del nuevo instituto educativo, con excepción del Director General, que sería el único nombrado por el Ejecutivo Estatal sin consenso con el sindicato magisterial.
Ruiz fue presa de esa regla, y por eso cuando decidió la embestida en contra de los profesores en 2006, uno de los aspectos clave que decidió tocar para minar su influencia, fue el de eliminar a todos los integrantes de la Sección 22 que eran parte del cuerpo directivo del IEEPO. Esa fue una de las decisiones que más dolió a la Asamblea de la Sección 22, porque si hubo un factor decisivo para mantener la disciplina de todos los miembros de la 22, éste era la capacidad que tenía el propio sindicato de coaccionar administrativamente a los integrantes del sindicato que no cumplieran con las tareas que ordenara el Comité Ejecutivo de la Sección 22. Por eso, al perder presencia la 22 en los cuadros directivos del IEEPO, también perdía mucha de su capacidad de control al interior de sus bases.
Fue por eso que cuando la 22 fue llamada a negociar en la Ciudad de México directamente con la Secretaría de Gobernación —una vez que la 22 había desconocido totalmente a la administración estatal como interlocutor—, la Asamblea decidió que dos serían los temas base de la negociación: uno sería el conseguir que toda la estructura administrativa que existía en el IEEPO como espacios del sindicato, fuera reinstalada en las funciones que venía desempeñando hasta antes de la crisis magisterial de ese año; y dos, que se llevara a cabo el proceso de rezonificación salarial de los más de 70 mil trabajadores de la educación en el estado, lo cual les garantizaría las mejoras salariales que el gobernador Ruiz se había negado a darles en los meses previos, por tener un costo global de más de 41 mil millones de pesos que el gobierno estatal no tenía capacidad de destinar para ese proceso.
Por eso, a pesar de que la 22 no consiguió ni la salida de Ulises Ruiz del gobierno estatal, ni la desaparición de poderes, curiosamente decidió regresar a las aulas. Pues aunque no había conseguido sus objetivos políticos, éstos se convertirían en la justificación permanente de todas sus movilizaciones y acciones de lucha en los años siguientes. Y al margen de eso, sabían que habían conseguido mucho más que todos los demás actores participantes en el conflicto de aquel año.
Lo que nadie previó es que al final privaría el olvido institucional del gobierno federal por los compromisos que asumió con la Sección 22 para desactivar sus protestas, y que hoy todo eso fuera parte de un pasivo que, como bumerang, le está regresando al gobierno federal para que los asuma.

IEEPO: BOMBA DE TIEMPO
En el comunicado al que hacemos alusión (que puede ser leído íntegramente en  HYPERLINK “http://oaxaca.quadratin.com.mx/?p=331919” http://oaxaca.quadratin.com.mx/?p=331919), el gobierno de Oaxaca muy comedidamente le enlista a la federación los problemas que se llevará a partir del 1 de enero del próximo año. Son los siguientes:
1.-Prestaciones en días  (70 días) y plazas fuera de presupuesto, derivadas de negociaciones salariales de gobiernos anteriores (1995-2007): lo cual equivale a 3.4 mil millones de pesos anual.
2.- Proceso de Rezonificación 2006-2012.- El costo de la transferencia de los trabajadores de la Educación de la zona económica II a la zona económica III, solo se cubre en su totalidad por la federación en el cinco por ciento de las plazas, por el 95 por ciento de plazas restantes,  se recibe una compensación. Lo anterior conlleva a una insuficiencia presupuestal, conciliada con la SEP de: 2.1 mil millones de pesos.
3.- Distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB).- A partir de 2008 se recibe del FAEB únicamente el presupuesto programado en el ejercicio anterior, más el incremento inflacionario estimado, esto implica que los incrementos anuales en sueldos y salarios no sean regularizados. Este criterio de asignación de recursos redujo el presupuesto del IEEPO en: 3.0 mil millones de pesos en el periodo 2008-2012. Con la publicación de la nueva Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno Federal, crea el Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y desaparece el FAEB, y re-centraliza el pago de la nómina educativa a partir del 1 de enero de 2015.

OCHO MIL MILLONES
Si hacemos operaciones aritméticas simples respecto a los montos que constituyen el déficit actual del IEEPO, llegaremos a la conclusión de que su monto real es de más de ocho mil millones de pesos. Esta suma millonaria —unas tres cuartas partes del presupuesto educativo anual de Oaxaca, que es de unos 14 mil millones de pesos— no se generó de la noche a la mañana. ¿Por qué nunca asumió la Federación su responsabilidad de parar esta loca carrera de chantajes? A la federación le ganó la visión facciosa de corto plazo. Y ahora tendrán de nuevo este problema en sus manos.

La responsabilidad federal, hasta ahora sigue escondida

Lejos de lo que se pensaba, en el mensaje alusivo a su Segundo Informe de Gobierno el presidente Enrique Peña Nieto se refirió al tema educativo y, sin mencionar expresamente, lo hizo en un tono conciliador en el que ofreció todo el esfuerzo de su gobierno para la implementación de la reforma educativa. No hubo, pues, ni los tonos de reclamo ni el repudio que muchos hubieran querido escuchar. Eso se explica en el hecho de que, aunque casi nadie lo registra, el gobierno federal tiene un enorme reto con la reforma educativa en Oaxaca que quizá —al igual que el gobierno estatal, con la parte que le corresponde— no sabe cómo resolver.
En efecto, al dar un mensaje a la nación, el presidente Peña Nieto fue muy cuidadoso en sus palabras, respecto a las resistencias en la aplicación de la reforma educativa. “La instrumentación de la Reforma Educativa constituye —dijo— un firme compromiso del Gobierno de la República. Si bien su aplicación ha sido generalizada en el país, también hay que reconocer que ha enfrentado resistencias en algunas regiones específicas. Seguiremos sumando esfuerzos con los gobiernos locales, con los maestros, los padres de familia, las organizaciones civiles y la ciudadanía en su conjunto, para que la Reforma Educativa se aplique en las 32 entidades federativas y, con ello, asegurar que sus beneficios lleguen a todas nuestras niñas y niños del país”.
Al margen de la retórica, lo que parece claro es que el discurso y la realidad no van de la mano, al menos en el caso de Oaxaca, que es la única entidad federativa en donde no se ha llevado a cabo el proceso de armonización de las respectivas legislaciones, en donde tampoco se ha dado un solo paso en la implementación de la reforma educativa, y en el que, al contrario, la Secretaría de Gobernación está socializando una posible solución a la pugna con el magisterio en resistencia, que bien podría constituir la claudicación de la puesta en marcha de los mecanismos de evaluación que hoy contempla la Constitución federal para los profesores de educación pública básica.
Lamentablemente, el gobierno federal ha sido tan omiso como el Estado en las tareas que le corresponden, pero a lo que sí le ha invertido mucho es a tratar de que sea Oaxaca quien cargue con todo el costo político de la imposibilidad de implementación de la reforma educativa, que si bien pasa por la armonización de las dos legislaciones, también es un tema de operación política en la que el gobierno federal no ha podido demostrar eficacia en la construcción de acuerdos.
Y es que hasta hoy, todo lo que hemos visto, se centra en el impulso constante de una campaña de linchamiento en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca, que han sido incapaces de cumplir con su tarea de llevar a cabo el proceso legislativo que hace falta. En esa tarea, se ha omitido mencionar que el gobierno federal ha buscado un debilitamiento constante de las estructuras institucionales locales, frente a un sindicato que tiene una capacidad de movilización que no puede ser desestimada, y se ha aprovechado de que el gobierno estatal ha tomado como una determinación —creemos que equivocada— la de no contradecir, ni en lo mínimo, a la dirigencia magisterial que, más que nunca, ha mostrado desinterés en llevar a cabo sus protestas sin lastimar a la ciudadanía.

LOS PENDIENTES FEDERALES
A partir del 1 de enero próximo, la Secretaría de Educación Pública debe tomar el control de la administración de la educación en Oaxaca, y no sabemos qué avance real lleva ese proceso. Asimismo, la SEP aplicó, en coordinación con el INEGI, un censo de maestros y escuelas que nadie sabe qué grado de avance pueda tener en la entidad, y después por un acuerdo con la Sección 22 impulsó un “plantilleo” que no es más que la realización de un censo alternativo para conocer el número de maestros por escuela, su adscripción, sus condiciones salariales y su participación en labores docentes.
Esa crisis, en la parte que hoy sigue escondiendo el gobierno federal frente a la sociedad, tomará otra dimensión en enero próximo, cuando —haya o no ley educativa local armonizada con la legislación federal— entren en vigor todas las disposiciones relacionadas con la administración de la educación, y entonces sea ya la SEP, y no el IEEPO, el encargado de llevar a cabo todos los procesos para que los maestros oaxaqueños cobren sus salarios. Hoy en día no existe ninguna certeza —y si la hay, es sólo en el ámbito privado, porque en el ámbito público sólo se guarda silencio— sobre qué pasará entonces, y si llegado ese momento habrá capacidad de la nueva autoridad educativa para enfrentar todo lo que les espera.
Tomemos como base un ejemplo. ¿Qué pasará si falla la realización del llamado “plantilleo”, así como falló la ejecución del censo educativo que hizo el INEGI? ¿Qué condiciones de gobernabilidad habrá en Oaxaca si una tercera parte, o la mitad, o todos los maestros oaxaqueños no cobran su primera quincena de enero de 2015 con cheques ya emitidos por la SEP? ¿En enero qué tendrá que decir el gobierno federal frente a la resistencia a la aplicación de los nuevos criterios de evaluación de los profesores?
Sobre todo eso debiera estar trabajándose hoy por parte de la SEP, porque la armonización de la legislación local con la federal en materia educativa, es sólo uno de varios pasos que deben darse para llevar a cabo el cumplimiento de las promesas que hizo el presidente Peña Nieto en el marco de la entrega de su Segundo Informe de gobierno. Y queda claro que así como hoy el gobierno de Oaxaca es cuestionado —con toda razón— por su tibieza y sus omisiones, también debiéramos al menos preguntarnos qué está haciendo, y cuánto ha logrado avanzar, el gobierno federal, en las tareas que le corresponden.
Sabemos que esta es una atribución conjunta de los tres órdenes de gobierno, en la que la Federación tiene un conjunto de tareas que quién sabe si ya realizó. Por eso, quizá, el presidente Peña prefirió el tono suave antes que un reproche a Oaxaca que, irremediablemente, le terminaría rebotando como bumerang ante la falta de resultados de los operadores e implementadores federales de la reforma educativa.

INSOSTENIBLE
Sí, el secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva, es insostenible. Con su ánimo de no meterse en asuntos internos de los gremios, vuelve inoperante hasta el lema de la dependencia que encabeza. ¿Cumplir y hacer cumplir la ley? Por favor…

Presión magisterial, freno a democracia

Sostenidamente, el gobierno y el Congreso de Oaxaca hacen dos aseveraciones respecto a su supuesta independencia de los poderes fácticos: por un lado, dicen que ninguna presión ejercida desde la sociedad es determinante para la toma de decisiones; y por el otro, sostienen que el Estado asume plenamente que parte de su vocación democrática radica en no responder a las provocaciones que grupos de presión como la Sección 22 del SNTE hacen a la autoridad, respecto al orden público y los derechos de terceros. ¿De verdad esas actitudes demuestran democracia e independencia en Oaxaca?
En efecto, hoy el Estado oaxaqueño se encuentra ante uno de sus dilemas más profundos frente a la necesidad de emitir una nueva legislación en materia educativa. Como bien lo sabemos, la reforma constitucional federal, y la promulgación de la reglamentación secundaria de ese nuevo contenido constitucional, obligaron a Oaxaca como entidad federativa a iniciar un proceso de armonización de su legislación, que hoy tiene a sociedad y gobierno frente a una situación en apariencia insalvable: la Sección 22 se ha opuesto con todo denuedo a que se lleve a cabo ese proceso, y sostienen que sólo estarán de acuerdo con una legislación educativa que responda a sus intereses, independientemente de que sea o no armónica con la Constitución de la República. Y ocupan el método de la presión social para tratar de conseguir lo que pretenden.
Frente a esto es que el Estado hace esas dos manifestaciones. Pues por un lado, gobierno y Congreso sostienen que son independientes y que no se dejan presionar por grupo alguno, aunque en los hechos ellos son los que se han visto obligados a postergar el momento de emitir la nueva legislación educativa, y a llevar al consenso con un poder fáctico (la Sección 22) el contenido de una ley, que en sí misma debiera ser la expresión de la independencia y soberanía de los poderes del Estado.
La justificación que hasta ahora han ofrecido el gobierno y el Congreso para llevar a cabo ese consenso, es la vocación democrática de quienes los integran. Esto es posible. Sin embargo, en un verdadero marco de democracia lo que tendría que haber ocurrido es que todos demostraran su voluntad por el consenso, cediendo en ciertas posiciones en aras de conseguir otras. Esto es, que tanto el gobierno y el Congreso concedieran ciertas posiciones a un poder fáctico como la Sección 22 (con quien de entrada no tienen el deber de negociar, aunque lo hacen por esa supuesta vocación democrática), para que a su vez ésta hiciera esa misma demostración. Sólo que eso no ha ocurrido, y posiblemente no ocurra nunca.
Todos sabemos que hasta hoy la 22 no ha cedido una sola de sus exigencias, porque sus órganos de dirección asumen la democracia como el deber del Estado de cumplir todo lo que ellos —como expresión del pueblo de Oaxaca— exigen, y no como el deber de todos los participantes en el consenso democrático de ceder ciertas posiciones en aras de conseguir otras. 
Así, lo que en realidad están provocando los poderes del Estado con esa posición ambigua e inexplicable, es debilitar en su conjunto al Estado. Pues a pesar de que los Poderes estatales no aceptan que en realidad se encuentran profundamente presionados —y asustados— por las acciones y reacciones de la Sección 22, todos vemos que eso ocurre todos los días.
¿Cómo no pensar que hay presión infinita por parte de la Sección 22 en contra del gobierno y del Congreso, cuando los obligaron primero a firmar un pacto político que en sí mismo quebrantaba el mandato dado por el Poder Legislativo Federal para el periodo en que debía darse la armonización de las legislaciones locales con la norma federal? ¿Cómo no creerlo cuando después obligaron al Ejecutivo y Legislativo a conformar una comisión redactora conjunta, en la que prevaleció la visión de los profesores democráticos? ¿Y cómo no seguirlo creyendo, cuando ellos son quienes presionan todos los días a los diputados para que no discutan y aprueben otra legislación, que no sea la que ellos entregaron?
Si en ese marco de presiones —y de la reacción del gobierno y el Legislativo, que siempre responden cediendo a lo que quiere el magisterio—, todavía se atreven a afirmar que hay democracia e independencia del Estado, entonces no sabemos qué concepción tan distorsionada tienen de esos conceptos, que hoy en día no están ni cerca de materializar lo que hasta ahora hemos conocido como Estado de Derecho.

ESTADO DÉBIL
Ahora bien, ocurre exactamente lo mismo con el orden. El gobierno asume como deber inamovible no responder a las afrentas que reiteradamente ha hecho la Sección 22 en contra de la sociedad y el orden público, porque dice que actuar en su contra constituiría una demostración de represión, que va en contra de la vocación democrática del régimen gobernante.
No obstante, lo que ocurre en realidad es que con ello el Estado facilita su propio debilitamiento. ¿Por qué? Porque no sólo se trata de no actuar en contra de la Sección 22, sino también de lo que demuestra, y de los puntos de referencia que toman otras organizaciones. Hoy en día vemos que taxistas, camioneros, transportistas, vendedores ambulantes, integrantes de organizaciones gremiales, grupos de lucha social, y un larguísimo etcétera, toman las calles de Oaxaca libremente, como si en ellas no hubiera una norma mínima de convivencia, y como si no tuvieran el deber de respetar a los demás.
¿Por qué ocurre eso? No porque el magisterio sea muy numeroso y sea imposible actuar en su contra, sino más bien porque el Estado es quien puso la pauta de que todo podía hacerse sin tener consecuencia alguna, y por eso hoy cualquier grupo hace lo que quiere en la vía pública de la ciudad, o atacando bienes o derechos de la colectividad.
Esa es una muestra de debilidad profunda, que está confundida con una actitud democrática. Ésta última debía centrarse en actuar en un marco de tolerancia y civilidad. Pero el límite de esos dos valores debía darse en el momento en el que cualquiera de los dos extremos (la protesta o la civilidad) lastimaran los derechos de terceros.

¿Y LA SOCIEDAD?
Esa es la gran pregunta. Y la respuesta no se encuentra específicamente en la población, sino más bien en su desorganización. Los oaxaqueños no hemos podido pasar del lamento a la organización, entendida ésta última como la capacidad de aglutinarse para exigir derechos u oponerse a ciertas cuestiones. Nada de eso existe. Por eso, y por la debilidad del Estado, aquí impera la ley del más fuerte.

S22 no se conformará; crisis de 2006 es la prueba

La Secretaría de Gobernación cometió el más grande error táctico en su intención por lograr que la Sección 22 del SNTE entre en el proceso de implementación de la evaluación para los trabajadores de la educación. Al ceder en la contratación de los 943 egresados de las 11 escuelas normales de la entidad, Gobernación quizá trató de dar una muestra de buena voluntad para avanzar en la negociación. Sin embargo, este paso revela el nivel de desconocimiento que tienen sobre la forma de operar de la Sección 22. El conflicto del 2006 es la prueba, y sólo hace falta recordar por qué.
En efecto, sólo aquellos que no tienen memoria ya olvidaron la génesis del conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca. El año previo —2005, el primero de gestión del gobernador Ulises Ruiz, quien como promesa de campaña había anunciado que en su gobierno no habría más marchas y plantones—, el entonces secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, conjuró rápidamente las jornadas de lucha magisterial haciendo un movimiento que en el momento dio resultados, aunque en el mediano plazo se convirtió en el detonante de la mayor crisis que ha vivido un gobierno local por conflictos sociales.
Pues resulta que en aquel año 2005, efectivamente no hubo plantón ni paro indefinido de labores por parte de la Sección 22 porque el Secretario General de Gobierno llegó a la mesa de negociación con el magisterio con respuesta a todas y cada una de sus demandas, y todavía les ofreció más recursos de los que el magisterio le había solicitado al gobierno. Obviamente, en aquel momento la negociación fue redituable para la Sección 22, aunque tal movimiento reveló que el sagaz secretario Franco Vargas no conocía la forma de operar del magisterio democrático oaxaqueño. ¿Por qué?
La respuesta es simple: porque ni Jorge Franco, ni el gobernador Ulises Ruiz calcularon que esa supuesta “inversión” hecha con el magisterio no sólo no los convertía en “amigos” o aliados, ni les redituaría en nada —fuera de haber logrado que en 2005 no hubiera plantón, protestas, o actos de presión en las calles de la ciudad—, sino que al año siguiente ello se convertiría en el punto de referencia para que la Sección 22 fuera y les pidiera más de lo que ellos habrían podido seguir dando.
Y es que, en su desconocimiento, Ruiz y Franco no alcanzaron a ver que uno de los principios básicos de la lucha magisterial se centra en nunca ceder ni dar pasos hacia atrás. Esto significaba que, por poner un ejemplo, si en 2005 habían recibido equis número de millones de pesos —cuestión que para el gobierno podría constituir una inversión histórica, producto de un esfuerzo único y extraordinario—, al año siguiente el magisterio no se conformaría con recibir lo mismo, o menos. Ellos, pues, van siempre por más. Y en la imposibilidad de entender esa forma de lucha, todo se rompió cuando en la negociación entre el gobierno y el magisterio en 2006, la administración del gobernador Ruiz no pudo igualar, y mucho menos superar, lo que su mismo gobierno le había dado el año previo.
¿Qué ocurrió entonces? Que los maestros prolongaron el paro indefinido de labores por 22 días, hasta que el gobierno de Ruiz tomó la decisión equivocada de ordenar una incursión policiaca que fue repelida por los profesores que se encontraban en el plantón ubicado en el primer cuadro de la capital oaxaqueña.

LOS ERRORES DE SEGOB
Ayer, el periódico Noticias informaba que ante el acuerdo político entre el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda y la Comisión Política de la Sección 22, el IEEPO inició la contratación de 943 egresados de las 11 escuelas normales, sin mediar examen alguno de evaluación.
Según informaba el diario en su primera plana, el jefe del Departamento del Nivel de Formación y Actualización de Docentes de la dependencia, Jehú Reyes de la Rosa, dijo  que las direcciones de educación preescolar, especial, primaria, indígena y física iniciaron el 29 de agosto pasado las reuniones de trabajo con los 943 egresados para dar a conocer los criterios de contratación porque son diferentes en cada nivel. Explicó que el IEEPO contratará a los egresados con el término administrativo movimiento 95, equivalente al interinato ilimitado, para ser basificados a los seis meses un día de labores conforme marca la Ley.
Esto constituye la rendición del gobierno federal ante la Sección 22, en una equivocada estrategia de distensión del movimiento magisterial de Oaxaca. Pues quizá en la lógica utilizada por el gobierno federal, lo que podrían lograr con esta concesión a los maestros es que ellos se llevaran su “premio de consolación” a cambio de acatar los lineamientos de la reforma educativa. Lamentablemente, no entienden que la lógica de la lucha magisterial no es compatible, bajo ninguna visión, con la conformidad o la resignación. Por eso nos atrevemos a afirmar que este es un error que finalmente Oaxaca, y el gobierno federal, habrán de pagar en los años siguientes.
¿Por qué? Porque el sindicato magisterial no asume que sus adversarios les hacen concesiones como demostraciones de buena voluntad, sino que lo hacen porque se ven obligados a decidirlo en función de la capacidad de movilización y de presión que ejerce el magisterio. Por eso, si en esta jornada de negociación lograron al menos la contratación de los 943 egresados de las 11 normales de la entidad, en momentos subsecuentes no irán sino por más de lo que en esta ocasión lograron conseguir.
Esa fue la lección implacable que dejó el 2006. Y es todavía más lamentable que Gobernación haya cedido ante las presiones magisteriales sin nunca haber tomado la responsabilidad, y los costos políticos, sociales y económicos, de este proceso de implementación de la reforma educativa, que ha cargado silenciosamente a la sociedad y al gobierno de Oaxaca. Esta decisión difícilmente podrá zanjar el problema existente. Y más bien, se ve como la punta de lanza de los conflictos futuros en la relación de la Sección 22 con sus nuevos interlocutores, que a partir de 2015 serán funcionarios del gobierno federal.

EPN: DOS AÑOS, Y NADA
Ayer el presidente Enrique Peña Nieto presentó su segundo informe de gobierno. En ese contexto, una de las cifras negras en su gobierno es que Oaxaca es el único estado del país que no ha visitado. Ahora debería venir pero ya no como favor, sino a explicar por qué escogió a Oaxaca como símbolo del fracaso de su reforma educativa. No faltaba más.