+ Juego perverso, tomar sólo la mitad de los problemas 

Si la toma del zócalo por ambulantes, auspiciados por la Sección 22, es en sí misma una desgracia, lo es mucho más que el gobierno federal —que es el nuevo negociador e interlocutor con el magisterio— no asuma la responsabilidad de enfrentar este problema y todos los demás que siguen congelados en su ruta negociadora. Reiteradamente, la Secretaría de Gobernación se ha ufanado de ser la nueva conductora de la relación con la CNTE; pero parece que sólo lo ha hecho a medias, en lo que le preocupa, y con una enorme indolencia respecto a todos los oaxaqueños.

En efecto, es público y notorio que hoy la relación con el magisterio democrático la lleva el gobierno federal, y que el centro de esa relación se encuentra en los salarios como herramienta de negociación frente a sus movilizaciones. Concretamente, la Secretaría de Gobernación estableció una ruta negociadora con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que lo que busca evitar es que sus movilizaciones vuelvan a llegar a la Ciudad de México, o se enreden —todavía más— con los problemas políticos que existen en Michoacán y Guerrero, y particularmente con el de los normalistas desaparecidos.

Ese “interés” del gobierno federal por conducir la relación con la Sección 22, y por cumplirle todas sus exigencias —incluidos sus caprichos—, es lo que explica que en mesas de negociación haya decidido darle todas las concesiones que ellos exigían: la garantía de sus salarios íntegros, el establecimiento de un mecanismo enredado y burocrático que desalienta la posibilidad de que se les descuenten salarios cuando incumplen sus deberes, y sobre todo la inclusión de alrededor de 14 mil “trabajadores” en la nómina magisterial federal, que hasta hace unos meses no existían pero que aparecieron por decisión política de la CNTE —porque constituye la subsistencia de su primera línea de movilización política y choque.

Una de las cuestiones que hasta hoy no ha quedado del todo clara —no al menos en Oaxaca— es a cambio de qué, el gobierno federal le extendió un cheque en blanco al magisterio democrático de nuestra entidad. Pues parece —y así lo hemos apuntado en este espacio— una claudicación total del Estado mexicano en la implementación de la reforma educativa, el hecho de que contra todas sus promesas de aplicar la ley, le haya decidido dar todo a los democráticos, e incluso prometerles que a ellos los dejará fuera de la reforma educativa.

La lógica, en este sentido, nos lleva a pensar que el gobierno federal decidió negociar con la CNTE y la Sección 22 en base a su propia agenda política y de riesgos, y que en base a ella vio como una salida “aceptable” acordar con el magisterio la contención de sus inconformidades en el ámbito local de Oaxaca, para evitar que éstas se enredaran de más con las de otros conflictos políticos paralelos al magisterial, y provocaran un coctel nocivo para la gobernabilidad y la estabilidad del gobierno federal.

El problema es que esta agenda no sólo no parece tomar en cuenta interés alguno a favor de Oaxaca, sino que de hecho lo que parece estar haciendo es intentar sepultar o arrinconar el movimiento magisterial en nuestra entidad, para que ahí se desfogue y se contenga al mismo tiempo, evitando las mezclas y “contaminaciones” con otros líos en un año electoral como 2015.

Esta parece una decisión pragmática, y quizá hasta eficaz, aunque sólo en el corto —cortísimo— plazo. ¿Por qué? Porque la lógica del magisterio en sus negociaciones siempre es la de ir adelante. Por eso en un año posterior no se permite acordar un pacto a cambio de menos de lo que recibió el año previo. Por eso sus pactos políticos son siempre perecederos en el corto plazo. Y por eso la idea de darles todo siempre resulta un mal negocio, porque el magisterio nunca puede ver sus logros como hazañas sino como actos de justicia que no alcanzan a revindicar sus causas.

Por eso si el gobierno federal pactó con la 22 la inaplicación de la reforma educativa y el sostenimiento de sus privilegios, a cambio de no perturbar más la gobernabilidad y la estabilidad del régimen presidencial a lo largo de 2015, quizá en el corto plazo esté resolviendo un problema, aunque a costa de perjudicar profundamente a Oaxaca, y de abrir un frente mayor (en su propio perjuicio) para los años siguientes.

EL ZÓCALO, SÍMBOLO DE INDOLENCIA

Ayer, frente a la nueva ocupación del zócalo citadino, el presidente Municipal, Javier Villacaña Jiménez, anunció que buscaría a los interlocutores necesarios para poder despejar el área. Remarcó —y eso es algo muy importante— que este no es un problema de ambulantaje sino un asunto político que necesita ser resuelto por los tres ámbitos de gobierno en conjunto. Sólo que ese llamado no encontró eco ni en el Gobierno del Estado —que en los hechos está completamente rebasado—, y mucho menos en el gobierno federal, al que le interesa que el magisterio no le provoque líos “nacionales” aunque esto implique la destrucción de Oaxaca.

La cuestión es bastante compleja, porque la Sección 22 ya mostró sus cartas: aceptó todos los beneficios y prebendas que le dio Gobernación, pero anunció que mantendrá su plantón rotativo en el Centro Histórico de Oaxaca, que abonaría al regreso de los ambulantes como elemento de “cobertura” a su plantón; y que incluso hoy lunes llevaría a cabo nuevas acciones masivas de protesta. Esto significa que buscarán sostener el ritmo de sus movilizaciones aquí en Oaxaca, a cambio de no ir a la Ciudad de México.

Lo trágico es que, en estas circunstancias, es inútil lo que los gobiernos municipal y estatal puedan hacer, porque este es un tema federal, en el que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está sacrificando a Oaxaca a la vista de todos. Ya demostró que no le importó poner la gobernabilidad estatal como moneda de cambio para sus intereses. Y con su silencio y su desinterés por atender la problemática local que trae aparejada su negociación nacional con la Sección 22, lo que demuestra es que —una vez más— lo que menos le importa es qué pase con nuestra ciudad.

LOS POZOLEROS

Estamos en las semanas de la “informitis”. A todos les da por informar algo, aunque sean los logros de otros. ¿Habrá hablado el senador tuxtepecano del PRI de la relación de él y su grupo político con los temidos “pozoleros” de la Sección 22? Porque si algo ha hecho por Oaxaca, eso ha sido abonar a sus problemas.

+ PGJE, PGR y Policía Estatal callan ante ilegalidad

La comparecencia ante el Congreso del Estado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas, revivió varias de las cuestiones que siguen pendientes de ser respondidas, y que el olvido parece que está a punto de perdonar. Los diputados le cuestionaron su insensibilidad e incapacidad para enfrentar los problemas que tiene la dependencia que encabeza, y los problemas que provocó con los policías. Pero a Esteva nadie le preguntó qué pasó con las órdenes de aprehensión que tenía pendientes, y tampoco cómo logró conseguir una nueva carta de antecedentes penales distinta a la que inicialmente se le había extendido.
En efecto, ni los coyunturales ni los de fondo son temas menores. Ayer durante su comparecencia ante la LXII Legislatura, Esteva fue duramente increpado por los diputados locales, quienes abiertamente lo invitaron a que renunciara a su cargo. Lejos de cualquier defensa, todos le reprocharon su incapacidad para enfrentar, manejar y resolver las diferencias que tiene con un grupo importante de elementos de la Policía Estatal, y para asumir el mando policiaco que se supone que debiera tener, y que por razón de esos mismos conflictos hoy se encuentra depositada de facto en la Secretaría General de Gobierno.
Por si eso no fuera suficiente, al recinto legislativo entraron a protestar elementos de la Policía Estatal que aseguraron no haber recibido aún ninguno de los beneficios pactados desde septiembre pasado con la SSP para levantar su plantón. Los elementos, que forcejearon con la seguridad del Congreso, hicieron su manifestación y luego continuaron viendo la comparecencia como si nada ocurriera.
Este hecho es llamativo porque resulta que hoy los elementos estatales que fueron a protestar, son los mismos que consiguieron que Esteva no pudiera ingresar, desde aquel entonces, al Cuartel General de la Policía Estatal, al que hoy sólo puede acceder el Comisionado. En ese contexto, que los elementos le fueran a protestar al propio Congreso es una muestra de la falta de control y capacidad política que tiene Esteva para manejar una situación como esa.
Todo esto provocó lo que bien podría calificarse como una “tormenta perfecta”. Esteva no pudo defender las cifras sobre la inseguridad, y lo más acertado que alcanzó a decir es que hay otras entidades que enfrentan problemas de delincuencia mayores a los de nuestro estado. Poco o nada pudo decir frente a los señalamientos por el crecimiento de las cifras de secuestro, homicidios dolosos, extorsiones y varios otros de los que diariamente se duele la ciudadanía oaxaqueña, y de la que los diputados fueron portavoces.
Por eso, si en la coyuntura Esteva salió pésimamente librado —a estas alturas es impresentable, y sólo se sostiene en el cargo por una decisión política de mantenerlo ahí— nadie se acordó de preguntarle qué ocurrió con uno de los temas cruciales relacionados con su arribo a la SSP, y que tiene que ver con su famosa carta de antecedentes penales, que luego simplemente le corrigieron como si fuera una simple carta de presentación.

EL MISTERIO DE LA CARTA
Con fecha 27 de diciembre de 2013, la propia SSP, a través de la Dirección Jurídica y mediante oficio número SSP/PE/DJ/23860/2013, hizo saber que Esteva tenía una carta de antecedentes penales. Ese fue el documento que conocieron inicialmente los diputados locales, justo el día en que Esteva había acudido al Congreso —ya con el nombramiento del Gobernador en la mano— para cumplir con el requisito constitucional de la ratificación en su cargo.
“Se encontró —decía ese primer documento, cuya copia aún hoy puede ser fácilmente consultada y ubicada en internet—: Orden de aprehensión emitida el 6 de mayo de 2003 en el proceso 151, por violación a la ley de Amparo y orden de Aprehensión en el proceso 29 del Juzgado 7º Penal del Reclusorio Norte, con estatus vigentes a ejecutar por la Procuraduría General de la República”, se leía en el oficio, firmado por el comisionado Roberto César Alfaro Cruz.
La supuesta filtración de ese documento, fue la razón para que el Gobernador cesara a Alfaro Cruz. El Comisionado de la Policía Estatal fue sustituido —al día siguiente de la difusión de los antecedentes penales de Esteva— por Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla; y hace poco más de un año, el lunes 30 de diciembre de 2013, Esteva fue ratificado por el Congreso de Oaxaca, al presentar una nueva carta de no antecedentes penales, firmada por el nuevo funcionario y sin los hechos delictivos mencionados en el oficio.
Hoy, frente a todo eso, no están de más algunas preguntas: ¿Qué pasó con las órdenes de aprehensión que se supone que estaban pendientes de cumplimentar?; si Esteva es un hombre apegado a la ley, ¿cómo consiguió que Plataforma México, y los demás archivos que se consultan para conocer si una persona tiene o no antecedentes penales, pudieran modificar sus datos de forma tan rápida?; si no fue así, ¿entonces le expidieron un documento con datos falsos sólo para salvarlo de la situación y asegurarle su arribo al cargo?
Los diputados, y la sociedad, debían hoy estar preocupados por conocer cuál fue la historia real detrás de la eficientísima corrección de datos que logró Alberto Esteva Salinas, y si en ello hubo apego a la ley o se cometieron delitos. De esto debía dar cuenta la PGR, la PGJE, y el mismo Comisionado Víctor Alonso, que hoy podría estar encubriendo ese conjunto de hechos, por un erróneo sentido de la institucionalidad hacia su cargo y hacia sus superiores jerárquicos. Sobre todo esto no ha habido una sola referencia. Pero debiera ser uno de los temas cruciales sobre el cuestionado titular de la SSP en Oaxaca.

LAS FOTOMULTAS
El programa de las llamadas fotomultas impulsado por el Ayuntamiento citadino, no parece un proyecto ideado para utilidad de las finanzas públicas —estatales y municipales— en Oaxaca. ¿Por qué? Porque aquí, por razón del elevado costo de la tenencia, circulan más vehículos con placas foráneas, que locales. Si la fotomulta sólo podrá aplicar para las placas de Oaxaca —porque la multa se enviará por correo al domicilio registrado al momento de la expedición de la lámina—, entonces el programa no parece tan atractivo como forma de recaudación y control del tránsito, y más bien es una invitación abierta a que haya más (aún más) fuga de contribuyentes de las arcas estatales, hacia los atractivos subsidios y las placas de otras entidades, a las que no les podrían aplicar las sanciones de la fotomulta.

+ Reto de SEP: sujetar protestas a lo que dice la ley

Bravucones, los integrantes de la Sección 22 del SNTE señalan categóricos que no permitirán que por movilizaciones como la de ayer miércoles —en la que pararon las actividades en las 14 mil escuelas de la entidad— no permitirán que la SEP les aplique los descuentos correspondientes por el día de inasistencia a sus centros laborales. Frente a esto, la autoridad educativa federal tiene dos retos: por un lado, demostrar que —como lo dice— aplicará cada una de las nuevas reglas establecidas en la reforma educativa; y, por el otro, lograr que los maestros ajusten sus inconformidades a las formas y mecanismos que establece la ley.
En efecto, ayer los integrantes de la Sección 22 llevaron a cabo un paro general de labores en el marco de lo que ellos mismos denominaron como “Primera jornada nacional de lucha de la CNTE en 2015”, y que consistía, según la convocatoria, en la “liberación” de casetas, toma de gasolineras, aeropuerto, transnacionales y la terminal de autobuses. El vocero de la 22, Mohamed Otaqui dijo que a pesar de estas acciones, la SEP no aplicará descuentos porque las mesas de negociación continúan, por lo cual los aspectos de esta ley (la reforma educativa) quedan sin efecto para esta entidad.
Esto significa, en términos sencillos, que las protestas de la Sección 22 continuarán obedeciendo a una lógica eminentemente política; y que el magisterio no tiene ninguna disposición para ajustar sus inconformidades a la ley, y tampoco permitirán los efectos que debiera tener el abandonar todos, todas las aulas, por uno o varios días para realizar movilizaciones o marchas, simplemente porque ellos —y quizá esa sea la realidad— asumen que la reforma educativa no se aplicará en Oaxaca.
Y es que parece que los oaxaqueños ya lo olvidamos por completo, pero en un verdadero Estado de Derecho los maestros tendrían plenamente justificados sus paros de labores siempre que se tomaran el tiempo de ajustar su calendario político a lo que marca la ley. ¿De qué hablamos?
De que la Sección 22 tiene la “costumbre” —permitida por todos los gobiernos desde hace décadas— de realizar sus movilizaciones y abandonar las aulas sin padecer consecuencia alguna. Las razones y las “autorizaciones” que reciben para cumplir su calendario de movilizaciones y protestas, han sido históricamente de tipo político, en el mejor de los casos.
En todos los demás, el magisterio ha asumido a plenitud que ellos tienen superioridad numérica frente al gobierno, y que su disciplina y capacidad de movilización es suficiente para no pedir ningún tipo de autorización a la autoridad para realizar sus protestas, y tampoco dar pie a que la autoridad cumpla su deber de aplicar las sanciones que corresponderían en derecho a quienes faltan a laborar a sus centros de trabajo.
Así, lo que históricamente hemos visto es que los profesores lo mismo paran sus labores un día para realizar una marcha, movilizaciones o una simple reunión sindical, que semanas completas para llevar a cabo plantones, movilizaciones en Oaxaca y la Ciudad de México, o simplemente paros indefinidos de labores en protesta por la resistencia de la autoridad a cumplir alguna de sus demandas.
¿Dónde queda entonces la ley? Es lo que muchos nos hemos preguntado desde hace tiempo; pero ahora mucho más frente a la nueva legislación en materia educativa que se supone que normaría todo esto que hacen los maestros para alejarse de sus deberes.

DERECHOS Y DEBERES
Es indiscutible el derecho que tienen los profesores, y todas las personas, para protestar por lo que consideran que les afecta o agravia. El de la protesta es un derecho constitucionalmente consagrado, que no tiene más límites que el del uso de la violencia como amenaza a la autoridad para que lleve a cabo lo que los manifestantes exigen.
No obstante, no se debe confundir ese derecho a la protesta, con otras prerrogativas y deberes que tienen los integrantes de la Sección 22 y todos los mexicanos, que no pueden eludir por el simple hecho de pertenecer a un gremio multitudinario, y que tampoco se debiera seguir utilizando como sustituto de las reglas que rigen la relación laboral, y la negociación de condiciones de trabajo y salario, entre trabajadores y patrones.
Hablamos, en concreto, de las reglas que debieran regir la huelga, por ejemplo, para cuando los maestros quisieran exigirle a su patrón —el gobierno federal o estatal, según fuere el caso— el cumplimiento de demandas laborales legítimas. Tan hemos olvidado que esto debería ser el marco de referencia para las acciones gremiales del magisterio, que por eso ya nunca lo consideramos como parte de la discusión entre lo que los maestros exigen y el gobierno otorga.
Aquí, por ejemplo, es tradición que el magisterio entrega su pliego petitorio al gobierno estatal en su tradicional marcha del 1 de mayo, y que a partir del día 15 del mismo mes se dice listo para recibir una respuesta. El gobierno responde y negocia con el sindicato, pero en una mesa de diálogo político y no siguiendo, en ninguna de sus fases, las reglas del emplazamiento, la negociación y el estallamiento de huelga que establecen las leyes laborales vigentes, independientemente de que aunado a ello pudiera existir un mecanismo específico en las leyes que rigen la relación laboral entre los profesores y el Estado.
Nada de esto se realiza, porque todo se hace a través de un manejo político. Esta tradición fue establecida desde que surgió el movimiento magisterial, y por eso las discusiones de los pliegos petitorios y el cumplimiento de las demandas salariales o de condiciones de trabajo —y hasta políticas— pasa por los requisitos naturales de todo patrón que negocia con un sindicato legítimo que cuenta con una mayoría reconocida y la legitimación por parte de las autoridades laborales.

EL RETO DE LA SEP
Y aunque pareciera que se pide un imposible al tratar de ubicar el derecho del trabajo como marco referencial para las protestas de la Sección 22, es claro que si el gobierno federal quiere marcar una diferencia y dejar constancia de que se aplica la reforma educativa, tendría que comenzar a orillar al magisterio a que proteste en el marco de la ley, a que exija según las reglas establecidas para todos los trabajadores, los sindicatos y los patrones, y que aplique sanciones cuando no se realicen las manifestaciones conforme a esos principios.

+ En Oaxaca no afecta la crisis, sino los intereses locales

Contrario a lo que pudiera pensarse, en Oaxaca la izquierda no está en crisis. En la entidad, ni el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ni el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tienen otra cosa de qué preocuparse, más que de negociar correctamente sus intereses con el régimen gobernante. Es una paradoja de la transición democrática, pero aquí parece que no importan las crisis políticas ni los escándalos mediáticos, e incluso tampoco lo que la opinión pública diga. Aquí las elecciones se resuelven con ingeniería electoral, que el régimen —a pesar de su aparente puritanismo— ha demostrado que sabe operar muy bien.
En efecto, en los últimos meses hemos visto cómo la izquierda en México se derrumbó. La combinación de factores que ocurrió en Guerrero con los normalistas desaparecidos, tiró de inmediato al gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero justo detrás de él hizo sucumbir a los partidos de izquierda.
Razones hubo de sobra: en el lado del PRD, éste partido intentó negociar con el régimen presidencial la continuidad de Aguirre en la gubernatura a pesar del escándalo y de las evidencias de su colusión con el crimen organizado. Por si esto fuera poco, pronto salieron a la luz las intenciones perredistas de impulsar al edil de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, como candidatos a una diputación federal, y a la alcaldía de Iguala, respectivamente. Ante las evidencias, la puesta en evidencia, y el escándalo, el PRD reculó y se escondió de una crisis en la que lo primero que quedó demostrado es que tiene hoy más vínculos con la criminalidad que con los ciudadanos.
Algo más o menos similar pasó con Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Casi inmediatamente de desatado el escándalo por los desaparecidos, salieron a relucir los vínculos entre Lázaro Mazón —secretario de Salud del gobierno de Aguirre— con Abarca, y la relación política de ambos con AMLO. Contra todo lo que pudiera esperarse, el tabasqueño no se deslindó públicamente de Abarca sino hasta varias semanas después, cuando éste ya se encontraba desaparecido. Y de Mazón —que también es señalado por tener vínculos con la delincuencia organizada en Guerrero— AMLO nunca se deslindó, aún cuando el propio peso del escándalo público propició que éste se separara de su cargo en el gobierno guerrerense, incluso antes de que Ángel Aguirre dejara la gubernatura.
Todo esto generó una expectativa, que es la peor para la izquierda: en la gran mayoría de las entidades del país comenzó a sospecharse —y luego se constató a partir del resultado de las encuestas realizadas después del mes de septiembre de 2014— que la izquierda en el país tendría una caída estrepitosa. Las razones son visibles: Morena y el PRD quedaron en medio del escándalo de los desaparecidos, de la colusión entre la delincuencia y la política, y de la insistencia por postular a personajes impresentables lo mismo por ser ineptos que corruptos; o por tener estas dos “cualidades”, además de la de ser al mismo tiempo autoridad y capo criminal.
Todo esto tiene en vilo al PRD y Morena que, juntos, hicieron quedar muy mal parada a la izquierda en México. Esta circunstancia, por ejemplo, es la que en parte orilló al senador Armando Ríos Piter, a declinar la candidatura perredista al gobierno de Guerrero —lo cual hizo en medio de otro escándalo por acusar al perredismo de querer obligarlo a trabar un pacto de protección para el gobernador con licencia Aguirre Rivero—; y es lo mismo que está provocando que en todo el país se reconsidere el potencial castigo que hoy pudieran tener los partidos de izquierda frente a esos escándalos.
Hay quien habla ya del triunfo del abstencionismo, o la masificación del voto nulo en los comicios de junio próximo, ante la incapacidad del PRI y PAN por sostener —al igual que la izquierda— su legitimidad ante los electores. Pero, ¿esa realidad (o apariencia bien fundada) nacional, será la misma que en Oaxaca?

EL CASO LOCAL
Antes de que ocurriera todo el escándalo por los desaparecidos y por el descrédito que hoy pesa sobre la izquierda en el país, en Oaxaca ya era visible que el futuro de la izquierda estaría determinado en gran medida por los intereses del régimen. Ya hace varios meses, apuntábamos (ver Al Margen 11.09.2014) que en los cálculos estatales debía considerarse esencialmente la dirección hacia donde el régimen gobernante decidiera orientar el trabajo electoral que, según ha demostrado en los últimos procesos electorales en los que ha barrido al PRI en la entidad, sabe hacer muy bien.
La cuestión concreta se ubicaba desde entonces en si el Gobierno del Estado asumiría que sus lealtades e intereses principales deben seguir concentradas en el PRD, o si es el momento en el que Gabino Cué debía retribuir a AMLO el respaldo político que éste le dio por mucho tiempo para la construcción de su proyecto político. Hoy sabemos que, a la par de ello, se encuentran los intereses del régimen por construir su propia trascendencia política en Oaxaca, y por comenzar a blindar a personajes clave del régimen estatal, construyéndoles una ruta hacia las diputaciones federales.
Hoy todo esto está a la vista. A finales del año pasado, el régimen tomó el control del PRD a través de Carol Antonio Altamirano, no sólo para garantizar la lealtad hacia el régimen saliente sino también para generar el escenario electoral del perredismo en la entidad; y siempre se vio que Morena sería el partido de las lealtades del régimen al haberse integrado únicamente con personajes incondicionales de AMLO como Salomón Jara, y con la anuencia de varias de las tribus perredistas que transfirieron parte de su representación al nuevo partido.

¿Y LOS ELECTORES?
Con toda esa combinación de factores, por supuesto, nadie le apuesta la simpatía de los ciudadanos, al voto razonado o mucho menos al libre albedrío para que cada quien decida su voto. Aquí a lo que se está apostando es a un triunfo robusto de la izquierda, sin importar todos los negros antecedentes nacionales de la izquierda. ¿Cómo? A través de la movilización, de la ingeniería electoral y de las prácticas que ya conocen bien para ganar elecciones. Lo que está en juego es la trascendencia del régimen. Y frente a la debilidad común del perredismo y Morena, la fortaleza del régimen es un respiro que estarán dispuestos a compartir a cambio de ceder una, varias o todas las candidaturas en los comicios venideros.

Las normas, intrincadas; instituciones débiles

Aunque la Auditoría Superior del Estado (ASE) dice que el número de auditorías y recursos revisados a los Ayuntamientos oaxaqueños constituyen una cifra sin precedentes, en realidad la sociedad oaxaqueña debiera estar preocupada. No se trata sólo de los ediles corruptos que para impedir la revisión de sus actos, esconden, sustraen y destruyen los archivos municipales, sino sobre todo de que la ciudadanía exige honestidad y castigo a la corrupción pero a cambio de ello el Estado le ofrece normas inoperantes e instituciones incapaces de cumplir con esa misión. Ese es el caso oaxaqueño.
En efecto, en su portada de ayer lunes TIEMPO daba cuenta de dos notas relacionadas con este tema. En la primera de ellas, la principal, informaba que la ASE detectó que al revisar el ejercicio 2013 de los municipios de la entidad, un total de 232 ex presidentes municipales robaron documentos comprobatorios y contables por más de 4 mil millones de pesos para evadir la rendición de cuentas sobre su ejercicio.
En la otra, daba cuenta que al ex edil de la capital, Luis Ugartechea, la propia Auditoría le observaría un monto de hasta 300 millones de pesos por irregularidades cometidas sólo en el ejercicio 2013. Aunque es una buena noticia que la ASE esté intentando castigar a las ex autoridades corruptas, no lo es tanto que intente hacerlo en condiciones tan estructuralmente adversas. Los oaxaqueños debiéramos exigir cambios de fondo en algunas cuestiones, que saltan a la vista, y que vale la pena revisar.
Primero, al informar sobre el programa anual de auditorías del ejercicio 2013, la ASE afirmó que logró realizar 105 auditorías a igual número de municipios, los cuales en conjunto ejercieron alrededor de 5 mil millones de pesos de un total de 13 mil 287.9 millones de pesos, que recibieron los municipios del Estado y la Federación para su funcionamiento. En términos de cobertura, dice la ASE, la fiscalización correspondiente a este informe abarcó el 38 por ciento de los recursos y el 18 por ciento en cuanto al número de municipios.
Según la ASE, esto significa un hecho “sin precedentes en la historia de Oaxaca”… que en realidad no debiera tenernos tan contentos. ¿Por qué? Porque sólo basta ver las cifras antes citadas en una perspectiva distinta: si en la entidad hay más de 630 entes —entre dependencias del gobierno estatal, municipios, paraestatales y organismos autónomos— que reciben recursos públicos para su funcionamiento, entonces tendría que ser deber del órgano fiscalizador, auditar todos los años el funcionamiento de cada uno de esos entes.
Eso es lo que marca la lógica. ¿Por qué no ocurre? Porque en los hechos, el Estado oaxaqueño —los Tres Poderes— no ha tenido la disposición suficiente de dotar a la Auditoría Superior de los recursos económicos necesarios para cumplir con ese cometido. Por esa razón, la ASE debe circunscribirse a hacer una especie de sorteo o insaculación de los entes a los que va a auditar, y a establecer “reglas” a partir de las cuales lleva a cabo revisiones o a los entes que tienen un gasto público anual superior a cierto parámetro, o a los que enfrentan reiteradas denuncias sobre corrupción, o los que realizaron obras o acciones que requieren una especial atención.
Sin embargo, al final lo único que queda claro es que a la ASE no le alcanzan sus recursos —y los periodos marcados por la ley— para poder auditar a todas las dependencias gubernamentales estatales y municipales que manejan recursos públicos, y que sí debieran estar sometidas a un proceso permanente de revisión de su actividad y el manejo de su presupuesto.
Incluso, teniendo como marco de referencia lo dicho en líneas anteriores, resulta una pésima noticia que en una entidad en la que se transfieren 13 mil millones de pesos a los municipios sólo se hayan podido revisar alrededor de 5 mil. Esto es apenas alrededor de dos quintas partes del presupuesto total ejercido, lo que implica que en los 8 mil millones de pesos que se quedaron sin revisar pudo también haber ocurrido todo tipo de quebrantos que fueron tácitamente aceptados y “perdonados” por la ley y las instituciones. Esto debiera tenernos verdaderamente indignados.

LIMITANTES DE LA LEY
Podría ser tomado como una buena noticia que el año pasado se realizaron 110 auditorías. El problema es que los otros 520 entes auditables en el Estado se quedaron fuera de toda revisión, y no sólo eso: como dos de los principios que rige a la fiscalización superior son los de anualidad y posterioridad, ello significa que lo que no se revisó en 2014 del ejercicio anterior, ya no podrá ser revisado.
Esta es una especie de “bendición”  de impunidad para todos los que cometen actos de corrupción, y tienen el beneficio de no haber sido alcanzado por las revisiones de la Auditoría. E incluso, quienes sí son revisados y se les encuentran irregularidades, todavía tienen la posibilidad de solventar la aplicación o ejercicio de recursos que fue irregular, y una vez que esto queda saldado todavía tienen varias oportunidades para defenderse antes de que se les llegue a determinar una responsabilidad firme.
No es raro escuchar a personas que dicen que de todos modos la fiscalización es un gasto oneroso que no lleva a nada, porque sostienen que menos del cinco por ciento de las ex autoridades puede ser procesada a partir de los actos de corrupción o desvíos que se les comprueban. Incluso sostienen que a pesar de todo pueden dormir tranquilos. ¿Por qué pasa eso?
La respuesta está en que la ASE sólo puede determinar el quebranto e imponer sanciones administrativas y económicas; pero para que un acto de corrupción pueda ser castigado con penas corporales (prisión), las revisiones de la ASE deben ser sometidas a la consideración del Ministerio Público, que es quien debe integrar los datos en una averiguación previa. Este es otro problema porque no siempre los Agentes del Ministerio Público tienen el grado de especialización suficiente como para consignar su averiguación ante un juez, y que éste libre las órdenes de aprehensión para sujetar a las ex autoridades a un proceso penal.

¿LÍO SIN REMEDIO?
Hay quien, demagógicamente, dice que la solución a esto es darle más facultades a la ASE. En realidad, lo que debiera haber es voluntad por parte de los Poderes del Estado para dotar al órgano fiscalizador de fuerza institucional y capacidad presupuestal para cumplir con sus funciones. No lo hace, porque no quiere un ente fiscalizador robusto. Y eso lo termina haciendo cómplice de los corruptos.

Gobierno evade y espera que la solución llegue sola

Una pregunta que sigue latente en el panorama local y nacional, es qué rumbo lleva el movimiento popular que, se supone, encabeza —y debiera encauzar— la inconformidad nacional. A diferencia del pasado, la apuesta del gobierno federal es únicamente la de apostar a que la crisis se diluya por el solo paso del tiempo, y que al final sea la dinámica y los problemas cotidianos los que permitan “superar” la crisis de los desaparecidos. Esta es una apuesta tibia frente a un país en el que sólo el gobierno no entiende que Ayotzinapa no fue la causa de fondo, sino el detonante de un conjunto de situaciones que ya estaban ahí.
En efecto, en los últimos meses hemos visto cómo el gobierno federal comienza a claudicar en todas sus posiciones políticas. El Pacto por México, por ejemplo, fue ideado como un instrumento político que le diera cauce a las reformas. Era, en esencia, un pacto entre partidos para hacer funcionar al Poder Legislativo en ciertos temas. Y una vez que el acuerdo fue firme, entonces se le dotó de contenido político, intelectual y hasta ideológico. El producto del Pacto fueron las reformas educativa, política, de telecomunicaciones, fiscal, energética y de transparencia. Todo eso salió a pedir de boca. Sin embargo, esa misma situación habría que verla hoy a la luz de la crisis.
El resultado de esa visión nos llevaría irremediablemente a corroborar que el gobierno hizo muy bien su trabajo en esa primera parte de las reformas, pero que lo está haciendo mal en el proceso de la implementación. La muestra de ese fracaso es la puesta en marcha de las nuevas reglas en materia de educación. El gobierno federal anunció que se acabarían todos los vicios y cuestionamientos sobre el manejo administrativo de la educación. Pero a la vuelta de un año (y teniendo como marco la crisis de los desaparecidos, su pérdida de legitimidad, y la intensificación de las movilizaciones magisteriales) terminó pactando con sus adversarios para inaplicar la reforma en varios estados de la república.
¿Qué significa esto? En términos sencillos, es la claudicación de la reforma educativa, pero en medio de un escenario que es mucho más complejo. El gobierno federal, en realidad, intentó quitarse de en medio a uno de los principales protagonistas de las protestas por los desaparecidos en Iguala. El problema es que el costo que pagará el gobierno por equivocarse de grupo y de solución, será particularmente alto no sólo para ellos sino para el país.
Las razones están a la vista: pactar con la CNTE la inaplicación de la reforma educativa no resuelve las demandas del magisterio disidente del sureste del país; del mismo modo, ese pacto no va a generar desmovilización porque las causas de los maestros de la CNTE y la de los desaparecidos formalmente no son las mismas; este fue un pacto a favor de la nada porque pactar con la CNTE no significa que ésta se convierta en aliada del gobierno federal, o que vaya a generar un ambiente de concordia entre el gobierno y los grupos que protestan en su contra.
A lo mucho, lo que va a pasar es que habrá un periodo relativamente corto de paz, y que después todo regresará a la misma situación de siempre: un magisterio pujante, eternamente inconforme, exigente de respuestas y soluciones que el gobierno no le podrá dar, y dispuesto a continuar eternamente en la movilización como forma de presión —y de evasión— para no cumplir con las responsabilidades para las que fueron contratados.

LA CRISIS DE FONDO
El gobierno federal no conseguirá nada pactando con la CNTE, porque la Coordinadora no es representativa de un sector amplio de la población, sino que junto con sus causas legítimas tienen también muchos intereses económicos, políticos y gremiales que los hacen ser frontales en sus métodos de lucha. Son, en buena medida, oportunistas que están aprovechando una crisis que tiene mucho más de fondo. ¿Cuál es?
La crisis de fondo no tiene que ver sólo con los desaparecidos. De hecho, Ayotzinapa no constituye el fondo de la inconformidad nacional, sino más bien fue el detonante de una inconformidad que no solamente incluye el rechazo a los excesos de la fuerza pública o a su responsabilidad por la violencia en el país, sino que también pasa por el prolongado periodo de crisis económica que ha padecido la población, aderezado por la pobreza y marginación crecientes, y las pocas expectativas de que algo distinto ocurra en los próximos meses, o años, para aliviar esa situación.
El problema es que la inconformidad corre en dos bandas que parecen ser paralelas y distantes, pero que fácilmente pueden confundirse. En una de las bandas está la inconformidad liderada por la CNTE y otras organizaciones, que envueltos en la bandera de los desaparecidos y la violencia en el país, están yendo a negociar con Gobernación la satisfacción de sus propias demandas. El ejemplo perfecto de ello es la Coordinadora, que ya fue a pactar sus necesidades a cambio de desmovilizarse, como si ellos aglutinaran a la conciencia nacional o fueran representantes genuinos del movimiento popular.
En la otra banda se encuentra la gente, que está legítimamente indignada, y que exige cambios. A raíz de los desaparecidos ha habido todo tipo de manifestaciones de rechazo a la violencia, y de exigencia de justicia, y la presentación con vida de los desaparecidos. El problema es que esa gente inconforme se diluye frente a los grupos organizados, e incluso rechaza ser confundida como simpatizante de la Coordinadora o alguno de los otros grupos que están abrazando la protesta para satisfacer sus propios intereses.
Al final, el gobierno se está equivocando porque apuesta a pactar con los primeros, y desoír a los segundos. Esto significa que el gobierno federal pactará lo que sea necesario con todos los grupos que le están haciendo presión hoy en día, y resolverá sus problemas de corto plazo, aunque en la perspectiva amplia esto constituya la claudicación en la voluntad de cambio. Lo preocupante es que con esta solución los problemas seguirán ahí, latentes, y quizá haya que esperar un nuevo detonante para ver si entonces las cosas cambian.

LOS DISTRACTORES
El gobierno federal le apuesta a que la gente olvide. Sí, por eso el Presidente no anunció grandes cambios y tampoco pretende ir a fondo para combatir la corrupción y los excesos institucionales. Más bien esperan que las elecciones y los problemas cotidianos diluyan la inconformidad y hagan que la población regrese a donde estaba antes de Ayotzinapa. Se equivocan. Pero esa es su apuesta.

+ El mal ejemplo ahora será la constante de grupos

El arreglo al que llegó —en nombre del gobierno federal— el subsecretario de Gobernación Luis Miranda, con la Sección 22 del SNTE, no sólo implica la claudicación federal respecto a la reforma educativa, sino que constituye una pauta ominosa para que a partir de ahora todos los grupos de presión busquen satisfacer sus intereses por la vía de la movilización, el chantaje y los perjuicios a la sociedad. En esta puja —que perdió el gobierno federal— no tendrán que entregar los salarios, prestaciones y prebendas al magisterio, sino que también entregaron la potestad soberana y el Estado de Derecho a los poderes fácticos.
En efecto, anteayer el gobierno federal informó que la Secretaría de Gobernación había llegado a un arreglo con los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que a su vez son cabeza de playa de la CNTE. Éste grupo de presión —que tiene presencia en varias entidades del sureste del país— fue el principal opositor de la reforma educativa, que desde el inicio se propuso su abrogación. Con el arreglo conseguido no lograron la abrogación como término jurídico y constitucional, pero sí lo consiguieron en la vía de los hechos. ¿Por qué?
Porque como lo apuntábamos en nuestra entrega de ayer jueves, la Sección 22 y Gobernación acordaron “normalizar” los pagos atrasados a los más de tres mil profesores afectados por la transferencia de la nómina educativa entre el gobierno estatal y el federal, así como que los integrantes de la 22 cobren de la manera tradicional a través de un comprobante de pago, con talón de cheques y por medio de la nómina de la CNTE.
Otro de los puntos —fundamental en este acuerdo, y que explica en gran medida la derrota y rendición total del gobierno federal ante la Sección 22 y la Coordinadora— es que Gobernación reconoció plenamente la nómina del IEEPO, que aglutina a 81 mil 300 integrantes, lo que contrasta con el censo de docentes que tiene la SEP en Oaxaca, con un total de 67 mil 408 docentes.
La aceptación del gobierno federal de esta parte del acuerdo es importante porque representa el reconocimiento de 13 mil 800 trabajadores de la educación que no existían en el recuento de la SEP, y por tanto implica el otorgamiento fáctico de ese mismo número de plazas al margen de cualquier evaluación, concurso, oposición o demás, que era una de las finalidades de la reforma educativa.
Incluso, un punto más que revela que la intención del gobierno federal por implementar correctamente la reforma educativa no fue sino una mera bravuconada, es el referente a que a pesar de lo que ahora dice la Constitución y la legislación federal en la materia, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda seguirán pagando los salarios a los maestros paristas y a todos aquellos que falten a clases, mientras no haya una solicitud de los gobiernos de los estados para que esas dependencias procedan a hacer descuentos.
Con la suma de todo esto, no debe ya quedar ninguna duda de que el gobierno federal ya liquidó su reforma laboral, al menos con los estados de la República en los que la CNTE tiene una presencia determinante. Y si tomamos en consideración que una parte de la reforma tenía como destino el desmantelamiento del poder corporativo de Elba Esther Gordillo —a quien metieron en la cárcel incluso antes de que esa norma se consolidara— como dirigente magisterial; pero que el otro extremo de la reforma iba encaminado a tratar de controlar a la Coordinadora, que ejerce un poder verdaderamente hegemónico no sólo en el manejo educativo, sino que también tiene en sus manos la gobernabilidad y la estabilidad política de las entidades federativas en las que tiene sometidos a los gobiernos locales.

LA GOBERNABILIDAD, EN VILO
Antes el gobierno federal había pactado con el Sindicato Mexicano de Electricistas el fin de sus protestas. Ellos, como bien debemos recordar, comenzaron sus jornadas de lucha cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón decretó la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009.
Desde entonces, el SME había realizado todo tipo de jornadas de protesta, pero sorpresivamente el año pasado Martín Esparza, último secretario General de ese organismo, anunció que habían llegado a un acuerdo con el gobierno federal, que la base del acuerdo era la recontratación de todos los trabajadores que se habían negado a su liquidación, y que daban por terminadas sus protestas.
Vista en perspectiva, es exactamente la misma ruta que siguió el gobierno federal con la Coordinadora para tratar de desactivar sus protestas, con el añadido de que la CNTE es un organismo de carácter nacional —mientras el SME tenía base social real sólo en el Distrito Federal y algunas zonas del Estado de México—; que a diferencia del SME, la CNTE es un organismo vivo; y sobre todo, que hay una distancia enorme entre las formas y estrategias de lucha del SME y la CNTE, y que ésta última ha demostrado reiteradamente que sus conquistas son tomadas no como triunfos, sino como “deudas” del Estado parcialmente cumplidas con ellos, que ameritan continuar luchando para conseguir más.
Por todo eso no es un buen ejemplo el que dio el gobierno federal en el arreglo anunciado con la CNTE. No, porque es la pauta clarísima para que todos los demás poderes fácticos —Telmex, Televisa, Telcel, los partidos políticos, etcétera— a los que el gobierno del presidente Peña Nieto anunció que acotaría con sus reformas estructurales, para que en el momento en que lo deseen organicen una turba y con ello sea suficiente para detener los efectos de las modificaciones constitucionales, únicamente para que ellos continúen gozando del estado de cosas a favor que habían tenido históricamente, y que según se terminaría con estas reformas.

LA DICTABLANDA
Incluso, esto tampoco parece una de esas modificaciones graduales que son tan características del sistema político mexicano. Una cosa es una implementación paulatina y otra cosa dar marcha atrás, como en este caso lo está haciendo el gobierno federal frente al poder de la CNTE. Por eso, queda claro que si hoy deciden irse los maestros del plantón en el zócalo, y concluir sus manifestaciones, será únicamente de manera momentánea. Ya los veremos regresando en mayo a sus movilizaciones anuales, y en los próximos meses estallando paros y plantones por las más variadas causas. Con esos antecedentes, sólo será cuestión de tiempo.

+ Ruta del dinero explica resistencia a auditoría

Si algo debe fundamentar la necesidad de una reforma constitucional para hacer una nueva Auditoría Superior del Estado, eso es la resistencia abierta y velada de los diputados locales por abrir al Congreso a la fiscalización a la que pretende someter a los demás entes públicos. Debe predicar con el ejemplo. El problema es que en los poderes del Estado en Oaxaca no existen ni los controles ni el pudor frente al repudio ciudadano.

En efecto, ayer TIEMPO daba cuenta de que los diputados locales bloquearon la revisión que la Auditoría Superior del Estado había previsto al Congreso dentro de su programa anual de auditorías, luego del escándalo permanente que los propios legisladores habían protagonizado en los últimos años por el manejo discrecional —y la presunta malversación— de los más de 600 millones de pesos anuales que constituyen el presupuesto del Poder Legislativo. De acuerdo con lo publicado, la ASE dejó pendiente la revisión, a pesar de que ésta había sido una promesa pública del auditor Carlos Altamirano Toledo, y de que los diputados de la LXII Legislatura se habían dicho dispuestos a la revisión del último año de ejercicio de la diputación anterior.

Resulta que la LXI Legislatura terminó en medio de un escándalo —aunque hoy vemos que el primer año de ejercicio de la actual Legislatura rebasó por mucho la corrupción de sus antecesores— marcado por la opacidad en el manejo de su presupuesto, y por el evidente enriquecimiento y los beneficios indebidos de los que fueron objeto sus integrantes. Cuando concluyó la LXI Legislatura, diversos sectores de la ciudadanía se dijeron inconformes y por eso exigieron una revisión de lo ejercido.

Así, en un primer momento la LXII Legislatura dijo que abriría su administración a la revisión de la ASE. El problema es que, como lo apuntamos en nuestra entrega del 10 de febrero del año pasado, dentro del Congreso pudo más el arreglo discrecional entre quienes eran en ese momento coordinadores parlamentarios del PRI y PRD que el escándalo por el evidente manejo indebido de los recursos públicos, y por eso Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés pactaron la permanencia de toda la estructura administrativa que tuvo a su cargo los recursos en la LXI Legislatura, a cambio de compartir los beneficios de ese manejo discrecional que ya quedó en evidencia de dos de los tres coordinadores parlamentarios de la Legislatura —depósitos millonarios realizados a cuentas bancarias personales de Alejandro López Jarquín y Francisco García López, del PRD y PRI, respectivamente— que antecedió a la actual.

Al parecer, apuntamos desde entonces, los diputados Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés tratarán de capitalizar lo más posible (quién sabe para beneficio de quién, a aparte de ellos) el estruendo causado por las evidencias de corrupción y enriquecimiento indebido, y buscarán aprovechar el río revuelto, y el problema que eso genera entre los grupos perredistas, para seguir teniendo ventaja en la discrecionalidad que ahoga al Congreso del Estado.

Hoy podemos ver que esa discrecionalidad fue estimulada con creces: por un lado, en la LXII Legislatura ya brotaron innumerables evidencias de las enormes sumas de dinero que se manejan en efectivo —con todas las dudas que conlleva el hecho de que el manejo de dinero en efectivo denota opacidad plena—.

Y por el otro, los diputados decidieron cerrarle la puerta a la revisión que realizaría la ASE, seguramente no tanto porque quisieran proteger a los integrantes de la Legislatura anterior —aunque en ello pudo haber también un acuerdo político con el Gobierno del Estado, ya que varios de los que fueron diputados ahora son funcionarios estatales— sino más bien porque permitir la revisión, constituiría el “mal ejemplo” para que cada año la ASE quisiera auditarlos.

UNA AUDITORÍA DE PAPEL

A pesar de la supuesta transición democrática que se vive en Oaxaca, la Auditoría Superior del Estado es un remedo de lo que debería ser. Aunque el Ejecutivo prometió que establecería los mecanismos efectivos de fiscalización, y para eso envió una iniciativa que reformaba —y, sobre todo, reintegraba— la Auditoría Superior, aunque al final no propuso que se le dieran mayores alcances o fuerza institucional de las que ya tenía.

Por su parte, al aprobar sus nuevas reglas constitucionales y legales, el Congreso local tampoco le procuro mayores facultades, o recursos económicos; no le brindó una estructura burocrática de carrera que garantizara un nivel constante de actualización y mejoramiento de sus procesos administrativos; y por si fuera poco no le dio las herramientas para que la ASE se ganara la confianza frente a la ciudadanía, y con ello tuviera mayor legitimidad, basada en sus resultados.

Como todo eso no fue suficiente, en 2014 el Congreso creó otro elefante blanco al aprobar la creación de un órgano técnico de fiscalización, a cargo de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior, que encabeza el diputado Adolfo Toledo, que en esencia representa un incremento de burocracia que opera sin marco legal y hasta hoy sin resultados tangibles. Así, por un acuerdo político la Legislatura le creó al diputado Toledo su estructura burocrática, pero con recursos que le quitó a la ASE.

Eso no tendría mayor problema, si no fuera porque ya de por sí la Auditoría Superior opera con fuertes limitaciones económicas, que sólo le permiten revisar anualmente al 10 por ciento de los entes auditables del Estado; y que frente a los posibles quebrantos la misma ley no le da facultad para procurar una persecución judicial efectiva a los responsabilidades.

En esas condiciones, ¿cómo querer tener una Auditoría capaz de revisar ya no digamos que al Congreso, sino a muchas de las corruptas autoridades municipales, que a la vista de todos se burlan de la ciudadanía con sus excesos, con su impunidad, con sus nulos resultados, y con su nulo temor a las consecuencias que puedan tener sus desvíos de recursos.

Así, si la corrupción es institucional y estructural, entonces no habría por qué extrañarse que los diputados se resistan públicamente a la revisión, para preservar el millonario negocio anual que tienen en las manos.

¿MAESTROS?

Coincidimos con quienes piden que a los integrantes de la Sección 22 ya no se les llame “maestros” o “profesores”. Nadie encaminado al bien, y ni siquiera por una causa legítima, tiene justificación para romper y destruir. Ayer dieron una más de sus acostumbradas muestras de irracionalidad al causar destrozos y desmanes en la capital oaxaqueña.

La creación de “frentes comunes” para atajar la postulación de algunos personajes como candidatos del PRI a varias diputaciones federales en Oaxaca, sólo revela el avanzado estado de descomposición de la civilidad al interior de ese partido, y la inutilidad de todos los remedios que le han tratado de dar a los permanentes enfrentamientos, y a las feroces disputas por los ansiados cargos públicos. Lo que ocurrió ayer fue sólo un paso más en la ruta crítica de ese partido.

En efecto, la tarde de ayer se realizaría en la sede del PRI estatal una más de las fases en el proceso de selección de algunos de sus candidatos a las diputaciones federales por el método de convención de delegados. Como desde la semana pasada uno de los eternos grupos en disputa, filtró información falsa de que el Comité Nacional de ese partido ya había “palomeado” a los once futuros candidatos —y que la mayoría de los beneficiarios eran de ese grupo—, todos los demás aspirantes se dijeron burlados y amenazaron con boicotear el proceso, creando frentes de promoción al voto de castigo, y otros más amagaron con renunciar al PRI. Los hechos ocurridos la tarde de ayer, en los que unos porros llegaron a vandalizar la sede priista en aras de que se suspendieran los trabajos que se realizaban, es apenas una muestra de ello.

Lo cierto es que esa filtración de las supuestas decisiones del CEN del PRI, sólo fue una de las prácticas acostumbradas por el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, tratando de influir en las designaciones a partir de la inconformidad, el desánimo y la idea de que él se había impuesto en el reparto de candidaturas. Esa estrategia de echar a pelear a todos los que aspiraban a un cargo, para desgastarlos, y después facilitar la toma de una decisión, fue común durante su gobierno. Y eso fue lo que de nueva cuenta puso en práctica con resultados que, si bien eran los esperados, hoy tienen el efecto adicional de exhibir como incompetente a la dirigencia del partido en Oaxaca.

Pues en otra circunstancia, parecería inconcebible que al interior de un partido que se supone que se caracteriza por la institucional, ocurrieran hechos como los que hemos venido viendo. Se supondría que la dirigencia estatal del PRI, respaldada por su comité nacional, y acatando sus directrices, tendría que haber llevado a cabo el proceso de selección de sus candidaturas a partir de una eficiente operación política. Ello no existió. Y por eso estamos viendo una nueva trifulca en la que todos se sienten traicionados y burlados, pero a la vez todos se sienten con el derecho de cuestionar las decisiones y a su dirigencia.

En todo esto, una pregunta que hoy —al margen de fobias o simpatías— todos los interesados debieran hacerse es ¿dónde está el dirigente estatal, Héctor Anuar Mafud Mafud, que no atina a conseguir el único fin para el que fue designado como líder priista? Pues si recordamos, por estos mismos meses de 2014 hubo una fuerte disputa entre varios personajes y grupos al interior del PRI, para ver quién resultaba ungido como Dirigente.

Mafud ganó esa partida gracias a que era quien —según— generaba menos fricción en la relación necesaria entre los dos Jefes Políticos del tricolor en la entidad (los dos ex Gobernadores) y era quien podía —según, también— generar los consensos entre la militancia, para evitar más rupturas luego de la gran derrota electoral de 2010, y las subsecuentes de 2012 y 2013. Ese era, pues, su gran objetivo. Hablar con todos, conciliar con todos, revitalizar las estructuras partidistas y generar las condiciones para que el CEN decidiera quiénes serían sus siguientes candidatos a cargos de elección popular.

EL FRACASO DE MAFUD

En esta condición, Mafud Mafud debió haber impedido cualquier intento de insubordinación entre militantes y aspirantes a las diputaciones federales. No lo hizo, porque como no tiene influencia real sobre los actores determinantes de su partido —varios de ellos ni siquiera lo escuchan, y él no tiene paciencia para promover el consenso—, tampoco está en condiciones de llamarlos al orden, serenarlos, y establecer una margen mínimo de respeto a las reglas necesarias para el desarrollo del proceso de selección de sus candidatos.

Todo esto, además del caos que es hoy —como siempre, pero también como se supone que ya no debía de ocurrir al contar ese partido con un dirigente supuestamente consensado entre los factores decisivos del PRI— el proceso interno de selección de sus candidatos, revela que Mafud no ha hecho su trabajo, y que por eso anda buscando justificaciones frente a todo lo que está ocurriendo.

En estas condiciones, sólo faltaría escucharlo decir que una vez más —y como siempre— tendrá que ser el CEN del PRI, o el Presidente Nacional de su partido, o el propio Presidente de la República, quien deba venir a Oaxaca a poner orden entre los aspirantes a cargos públicos, e implícitamente a resolver el caos que él no contribuyó a resolver, y que sí estimuló con su indolencia, su apatía y su falta de iniciativa para realizar el trabajo que le fue encomendado.

Hoy, por ejemplo, el “borregazo” que fue la filtración de una supuesta lista de candidatos “palomeados” para las diputaciones federales por el PRI, es un golpe contra Mafud, que él mismo debiera considerar como “fuego amigo”. ¿Por qué? Porque el ulisismo, voraz y bribón como todos saben que es, decidió echar por delante esa lista para tratar de que el desánimo “bajara” a varios de los posibles candidatos (que en su lista ficticia no eran los elegidos), y para que el enojo los llevara a cometer actos que luego justificaran la decisión de sacarlos de las candidaturas.

Lo que el ulisismo no calculó, es que esta lista era un golpe bajo para el dirigente que ellos mismos contribuyeron a poner en el PRI. La lista filtrada, y la afirmativa ficta que trajo aparejado el silencio del CDE, fue el golpe que necesitaba Mafud para quedar como una caricatura de sí mismo. Pues ello demostró que la dirigencia ni opera políticamente y tampoco decide; que son los dos o tres personas, desde la Ciudad de México, quienes resuelven, y que todo lo que ocurre aquí es una simulación para justificar la “democracia priista” en la que, sin embargo, no se ve ni se escucha a nadie.

¿QUÉ SIGUE?

Hoy existe una disputa, que no conoce reglas, por las candidaturas en los distritos que se definirán a través de la convención de delegados. Y faltan las definidas por designación directa. Ese será otro caos. Todo está anunciado.