+ Sin controles ni contrapesos, el Congreso va a la nada

Mañana jueves arrancarán técnicamente los trabajos del segundo año de labores de la LXII Legislatura, y hasta hoy nadie ha podido explicar cuál es la razón de los nulos resultados de su primer año de trabajo, y de que los órganos de gobierno del Congreso local hayan pasado sin rendir ningún tipo de cuentas a la sociedad por su ausencia de los asuntos torales que enfrenta Oaxaca. Como no fueron electos por la ciudadanía, y no tienen deber de rendir cuentas a nadie, los jefes de las bancadas han hecho de la Legislatura un remedo de sí misma.

En efecto, mañana se elegirá a la Mesa Directiva para el segundo año de la LXII Legislatura, y el sábado se abrirá el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, en medio de un total descrédito por la inexistencia de resultados e incidencia en la vida pública de Oaxaca. En el año que se fue, la Legislatura no pudo procesar una sola ley útil para los oaxaqueños, y tampoco fue capaz de enfrentar los retos que los diputados sabían desde el inicio debían encarar.

Parece inaudito, pero en el primer año de trabajo de la actual Legislatura, sólo se emitió una ley que para efectos prácticos es intrascendente para la problemática común de los oaxaqueños; pero junto a eso, sí se llevaron a cabo dos reformas constitucionales, y varias a leyes estatales, que interesaban a los bolsillos e intereses políticos de los diputados.

Según la propia página de internet del Congreso del Estado, en 2014 se emitieron las normas relativas a ingresos y egresos del Estado (leyes que ni siquiera debieran contabilizarse para efectos de “resultados legislativos” porque es su obligación emitirlas para el funcionamiento de todo el aparato burocrático municipal y estatal de Oaxaca), y se reformó dos veces la Constitución, una a la Ley de Desarrollo Social, se modificaron algunos artículos de la Ley de Fiscalización Superior, y se le hizo un ajuste a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Todas las reformas sirvieron para satisfacer intereses y caprichos de los diputados. Ninguna fue a favor de la ciudadanía. Para comprobarlo, basta con recordar en qué consistieron dichas reformas. Veamos.

La Constitución local se reformó dos veces, para alimentar el bolsillo y el “bienestar” de los diputados. Una de esas reformas se hizo para hacer “irreductible” el presupuesto anual del Poder Legislativo; y la otra consistió en regresar al Congreso la facultad para nombrar a los administradores de los ayuntamientos que por algún conflicto político o social no pudieron celebrar sus elecciones.

Así, si el primero de los temas es ridículo, el segundo es verdaderamente ofensivo. Pues resulta que en lo relativo al “presupuesto irreductible” del Poder Legislativo, en realidad lo que los diputados hicieron fue un intento desesperado —y descarado— por no perder sus privilegios, tratando de presentar este asunto como un tema de interés público cuando en realidad ni las explicaciones que entonces dieron, ni sus resultados actuales, alcanzan para justificar su avidez.

Y si ese primer tema los hacía impresentables, el segundo era verdaderamente abominable. Pues apenas unos meses antes, los diputados de la LXI Legislatura habían realizado una reforma constitucional para devolver la atribución del nombramiento de los administradores municipales al Ejecutivo del Estado, luego del desastre —y el negocio— que había sido ese asunto para los diputados en los tres años previos.

¿Por qué insistir en ese asunto? porque los diputados de la LXII Legislatura sabían perfectamente que un administrador municipal gobierna una comunidad y —sobre todo— administra los recursos municipales sin ningún control ni equilibrio, porque gobierna sin Cabildo y porque generalmente la misma protección política que les brindan los diputados les permite —literalmente— robarse todo el dinero de las comunidades para entregarlo o compartirlo con el legislador que los puso en el puesto, o para destinarlo a campañas políticas o proyectos de otro tipo.

De nuevo, pues, no había tema de interés público en esa reforma. Sólo la avidez de los diputados —y hasta eso, de quienes integran las cúpulas parlamentarias— por conseguir dinero a costa de la institucionalización de la corrupción y el desvío de recursos que implican las administraciones municipales (que, además, prometieron que serían sólo por tres meses, y ya llevan casi un año de gestión, todas).

REFORMAS SIN CONTROL

Las reformas a la Ley de Fiscalización Superior fueron para cumplirle el capricho, y darle presupuesto adicional, al diputado Adolfo Toledo Infanzón, que es presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior. Sí, porque su gran reforma sirvió esencialmente para crear el órgano técnico de vigilancia de la Auditoría Superior, que hoy en día funciona al margen de cualquier reglamento o disposición legal, pero que tiene bajo su potestad un presupuesto de alrededor de 15 millones de pesos al año.

¿Para qué sirve? Según, para vigilar el funcionamiento de la ASE. ¿Cuál es su importancia de fondo? Que es la fuente de burocracia que le regalaron al diputado Toledo para que cumpliera compromisos, colocara personal y ensanchara su influencia al interior del Congreso. ¿Y cuáles son los resultados tangibles de esa reforma para el ciudadano de a pie? Hasta hoy, son desconocidos por todos.

Y luego, para rematar, viene la reforma a la Ley del Sistema Estatal Seguridad Pública, que sirvió para frenar a Alberto Esteva con los colores que legalmente puede utilizar para la vestimenta y rotulado de los vehículos oficiales. Los legisladores invirtieron valiosísimo capital político en hacer una reforma que impidiera el uso del color naranja en las patrullas y los uniformes de los policías, según para evitar que hiciera campaña política. ¿Cuánto incidió esa reforma en una mejor seguridad pública para la población? En nada. Sólo era cumplirle, otra vez, los caprichitos a los diputados, que con eso querían justificar su inacción en los temas torales para Oaxaca.

NO HAY RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Cuándo veremos a Alejandro Avilés rindiendo cuentas por la mediocridad demostrada, y por su incapacidad para conducir un trabajo legislativo útil para Oaxaca? Nunca. Y es así no sólo porque ni la Junta de Coordinación Política ni la Mesa Directiva tienen el deber de rendir cuentas a nadie, ni porque Avilés o cualquiera de los otros coordinadores parlamentarios le deba algo a alguien. Nadie de ellos fue electo por nadie. Sólo por sus partidos, y los intereses que los cobijan. Patético.

Protestar, sí; pero urge dar cauce a indignación

La noche del sábado un grupo de personas que se manifestaban en la Ciudad de México por la detención-desaparición de los 43 normalistas en Iguala, fueron a tratar de incendiar la puerta principal de Palacio Nacional. Aunque este pudiera ser un acto justificable en la indignación de los manifestantes, de todos modos queda una pregunta: ¿Qué sigue después de la indignación?
En efecto, la pregunta no es cosa menor, porque en uno de los extremos a muy pocos parece quedarles clara la razón por la que el Estado es responsable por la detención-desaparición de los normalistas; y sobre todo, no parecen tener una sola luz sobre cuál es el flagelo de fondo que hay que tratar de combatir, así como los ajustes que necesita con urgencia el Estado para garantizar que nada de esto vuelva a ocurrir. Si no hay claridad en todo esto, entonces la puerta está abierta para una protesta ruidosa pero estéril, y para que ésta sea una nueva oportunidad perdida para México.
Y es que resulta que muy pocos parecen entender la base de este problema, del que Iguala sólo fue el detonador. Lo crítico que enfrenta nuestro país es que el Estado de Derecho no existe, y como hay en todos los rincones del país gente tan poderosa en sus localidades que cree que puede hacer lo que sea sin ninguna consecuencia, entonces frente a lo que estamos es a la pérdida total de la noción de los límites que existen entre el poder fáctico y lo que indigna a toda una sociedad.
La razón es elocuente: el viernes la PGR informó que tiene indicios suficientes para suponer que, en efecto, el edil de Iguala, José Luis Abarca Velásquez dio la orden, la noche del 26 de septiembre, de que la Policía Municipal contuviera a los normalistas; que luego éstos elementos los entregaron a un grupo criminal, que creyendo que eran integrantes de sus grupos enemigos, los llevaron hasta un basurero y los mataron, para luego quemar sus cuerpos y llevar los restos humanos hasta un río donde fueron arrojados, con tal de no dejar ningún tipo de rastro de lo ocurrido.
¿Qué revela esa macabra historia? Que, por un lado, Abarca creyó que como tenía la doble calidad de autoridad municipal y capo criminal en Iguala, podía hacer lo que quisiera sin ninguna consecuencia. Junto a eso, los elementos de la Policía Municipal asumieron también que lo único que importaba era la autoridad de su jefe, y que no había más. Es decir, no había ley, ni derechos, ni delitos, ni crímenes de lesa humanidad, ni nada. Sólo era cuestión de cumplir, y ya. Y qué decir de los criminales, que siempre asumen que hacer lo necesario en el momento es lo único que importa, porque de todos modos viven y actúan todo el tiempo al margen de la ley.
¿Cuál es el leitmotiv de esa historia? Que todos hicieron lo que ya sabemos, por una ausencia total de la noción del Estado de Derecho. Que, quizá, habían hecho eso mismo en innumerables ocasiones, y como nunca hubo nadie que protestara, que se indignara, o los señalara por esos abominables abusos, creían que podían repetir esas acciones una y otra vez sin ninguna consecuencia.
Todo eso, es cierto, es lo que les provocó la persecución y las consecuencias que están viviendo los que ya están detenidos, y los que siguen siendo buscados por la justicia. Pero para el Estado mexicano mismo, hay otras consecuencias que también están siendo pagadas a un costo altísimo pero apenas razonable, por haber relajado a tal nivel la aplicación de la ley y por haber sido omiso, y tolerado, la existencia de autoridades ligadas a la criminalidad, que se sentían omnipotentes, y que por eso fueron capaces de desplegar tales conductas como las vistas en Iguala.
Ese es el primer aspecto sobre el que se debiera reflexionar y entender más, antes que quedarse en los discursos ruidosos y simplistas que tratan de responsabilizar a un solo político o a un solo funcionario, por un conjunto de hechos que son consecuencia de toda una crisis institucional que no se gestó ayer, ni hace un año, pero que frente a estos hechos debe ser atendida para evitar que este grado ignominioso de impunidad se perpetúe.

¿Y QUÉ SIGUE?
Esa debiera ser la siguiente pregunta: ¿Qué sigue? Porque a todos nos queda claro que no queremos otro Ayotzinapa, ni otro Tlatlaya, ni tantísimos otros episodios en los que quienes ponen la sangre y los muertos es la población, y quienes se benefician de los excesos y de la impunidad, son quienes ordenan o ejecutan esas acciones.
La indignación se entiende a partir de esos antecedentes. Sin embargo, ni eso significa que haya una justificación en la violencia, ni mucho menos podemos creer que todo se acabará en marchar y protestar sin tener claro qué se debe hacer para cerrarle la puerta definitivamente a que este tipo de acciones pudiera volver a repetirse.
Pues debe ser momento de tomar otras acciones. Es decir, que todos los que se asumen como indignados, tengan la capacidad de centrar qué es lo que les indigna, y cómo puede remediarse. En pasos. En planes y programas concretos de trabajo. En cambios institucionales. En reformas a las leyes que sean necesarias. En reestructuración de mecanismos de justicia. En la refundación moral de los órdenes de gobierno. En la vigilancia estricta y —ahora sí— real del ejercicio público. Etcétera.
Y es que sólo así la indignación tendría un cauce adecuado, y podría servir como un sello que cancele definitivamente toda posibilidad de que este tipo de acciones pudiera volver a repetirse. Pues lamentablemente, hoy mucha gente sólo corea las frases vacías que exigen que se vaya Peña Nieto o el Procurador, o que responsabilizan al Estado, sin reparar en que hoy en día esas acciones ni implicarían justicia de verdad ni contribuirían a resolver los problemas que tiene el país.
El Presidente y sus funcionarios deben enfrentar los costos de lo que no ha hecho. Pero es responsabilidad de la sociedad mexicana exigir que esos cambios tengan una dirección y generen la certidumbre necesaria de que algo se está haciendo para no volver a tener otro Ayotzinapa pero, sobre todo, para no volver nunca a un país ahogado de impunidad como en el que hoy vivimos los mexicanos.

EMPODERAMIENTO CIUDADANO
Hoy todos los partidos están sumidos en la misma brea de cuestionamientos y corrupción. ¿Con quién debe pactar el Presidente los cambios para combatir la corrupción y la impunidad? ¿Con ellos, o con la sociedad mexicana? debemos seguir, sí, indignados. Pero esa indignación debe tener un cauce. Si no, nosotros mismos terminaremos echando nuestros muertos a la basura.

+ Equilibrio de fuerzas, mito ante la realidad

En memoria de Oscar Raúl Ortiz Romero,
que ayer fue llamado a cuentas por el Creador

Hay quienes, en términos muy simplistas, creen o que el Gobierno del Estado no tiene ningún tipo de relación política con la Sección 22 del SNTE o que, por el contrario, la connivencia es tal, que todas las acciones y silencios en el tema magisterial se encuentran relacionados con la alianza magisterio-gobierno en Oaxaca. Pero en realidad, la política que se hace entre las fuerzas políticas, las facciones y el gobierno con el magisterio son muchas más de las que podemos imaginarnos. Hoy menos que nunca la 22 es un grupo homogéneo; y al entender sus divisiones podremos también comprender muchas de sus acciones y movimientos dentro del largo conflicto que subsiste en nuestra entidad.
En efecto, sólo en los meses que llevan las movilizaciones en protesta por la reforma y la armonización de las normas en materia educativa, la Sección 22 ha demostrado ya no ser un solo frente, sino ser varios micro grupos que sólo tienen temas en común en los que logran ponerse de acuerdo para actuar, pero que entre ellos existen tantas divergencias que en ciertos momentos los llevan a tomar posiciones que los acercan muchísimo a sus principales adversarios. Hemos visto, por ejemplo, a grupos de maestros actuando por consignas de dos grupos priistas distintos; a otros continuar acordando con el gobierno estatal, aunque ello implique lo que ellos denominan como la traición al movimiento. Y a algunos más tratando sólo de minar a la actual dirigencia a partir de una suerte de oposición interna.
En ese sentido, un texto publicado ayer en el periódico Noticias, titulado Crónica de un Prepleno Anunciado, y firmado por Pavel Sosa Martínez, hace un recuento de esos grupos al interior de la Asamblea Estatal de la Sección 22, y las relaciones e implicaciones políticas que tienen algunos de esos grupos con el gobierno, con los partidos y con posiciones políticas e ideológicas al interior del Sindicato. El punto central de dicho texto es preguntarse, y prever, cómo la interacción de esos grupos va a generar que dicho Prepleno —que, dice, es donde la dirigencia magisterial debe rendir cuentas a sus bases— no cumpla con su objetivo.
El autor de dicho texto hace cinco presagios, que en realidad es una disección muy general en cinco aspectos, de las relaciones de los distintos grupos al interior de la Asamblea Estatal, que determinan el rumbo y las relaciones de la 22 con el exterior. Así, señala lo siguiente:
“Presagio 1.-El Comité Seccional que encabeza Rubén Núñez Ginez, fue resultado de un gran pacto entre los grupos que se hacen llamar la amplia donde sobresalen la Unión de Trabajadores de la Educación, el Bloque Democrático, Coordinadora Democrática Magisterial Oaxaqueña, PRAXIS, Maestros Democráticos de la Costa y la Cañada, Colectivo Magonista Libertario, entre otras expresiones
“Presagio 2.-Los grupos que no lograron incrustar en los espacios deseados a su gente, comenzaron a reunirse y generar situaciones de confrontación e inestabilidad con la dirigencia; por un lado la Coordinación Multilateral (parte de Codemo, Coordinación de bases, Colectivo magonista libertario y Ex Utes) y por el otro Sangre Nueva o Insurgencia Magisterial (chepistas).
“Presagio 3.-El descredito a la Comisión Política y el impulso de cambiar a los integrantes siguiendo el ejemplo de la Región de la Sierra, sirvió para que los grupos afines al Estado y en especial al priismo echaran a andar esa maquinaria para reposicionarse, relevando a Isabel Dávila Rivera por Julián Terán García; David Estrada Baños por Abelardo Salvador Carlos, Horacio Gómez Pineda por Noé Mendoza Aldaz y a Aciel Sibaja Mendoza por Gustavo Manzano Sosa, sembrando un precedente en este sentido.
“Presagio 4.- La evidente intromisión del priismo en el conflicto magisterial en la jornada de lucha nacional del 2013, evidenció las dos posiciones que se disputan el control de la XXII. Por un lado, los muratistas que encabeza Francisco Villalobos y por el otro los evielistas, célebremente llamados ‘pozoleros’.
“Presagio 5.- La continuidad de la relación de la UTE y Bloque Democrático con el gobernador Gabino Cué y la operación política en favor del proyecto del senador Benjamín Robles Montoya y Morena.”

CINCO BLOQUES
Frente a esa diversidad de grupos queda claro que si hasta ahora la Asamblea de la Sección 22 ha logrado ponerse de acuerdo para algunas cosas —como el plantón representativo en el zócalo, que es ampliamente cuestionado por ser una protesta meramente testimonial sin capacidad de trascender a los fines teóricos de la lucha magisterial—, es en realidad un logro mayor de lo que parece. Pues según parece quedar claro, en realidad al interior de la 22 ya hay una presencia mucho mayor de los partidos y las facciones políticas que en otros tiempos, y eso está determinando el rumbo que tiene hoy el movimiento.
Eso explica, por ejemplo, por qué son bloques de profesores los que en varios momentos han ido a lastimar objetivos muy concretos de los grupos al interior del PRI, y hasta pareciera que existe una correspondencia abierta entre la guerra de facciones al interior del tricolor, con algunas acciones que por un lado ha emprendido el magisterio del Istmo y que por el otro han tomado los llamados “pozoleros” para cobrar venganza.
Del mismo modo, a partir de eso puede entenderse que sí haya un grupo de la 22, tan cuestionado como los que son afines al PRI, que sigue teniendo una relación fluida, y hasta compromisos políticos con el régimen en turno en Oaxaca, que responde a los intereses del senador Robles Montoya y que intentará ser un ala electoral dentro de dos años, primero para posicionar al michoacano como posible candidato a Gobernador por el PRD, y después para apoyarlo con movilización y estructuras electorales en los tiempos de campaña.

¿Y EL MOVIMIENTO MAGISTERIAL?
Esa es la pregunta base del Prepleno que, según vaticinan, no se va a responder. No va a ser así porque todos los grupos determinantes al interior de la Asamblea han fallado en sus tareas para fortalecer al movimiento. Por eso buscarán que dicho espacio de evaluación tome otro rumbo. Así tratarán de evitar rendir cuentas sobre sus fallas. Aunque en el fondo el gran cuestionamiento pendiente sea sobre la incertidumbre que hoy priva sobre el conflicto, lo ocupados que están los grupos principales en responder a otros intereses, y lo descuidada que tienen la lucha magisterial de fondo. Algo así como su peor escenario.

+ Proclama vacía; no hay sentido en exigencia

Ya renunció el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero; ya detuvieron al ex Edil de Iguala y su esposa; la presión nacional e internacional ya hizo que todo el Estado mexicano se volcara a la búsqueda de los normalistas. Pero aún así hay quienes insisten en la proclama ruidosa, pero sin sentido, de que ahora quien debe renunciar es el presidente Enrique Peña Nieto, o de que la culpa la tiene Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué querer que se vaya el Presidente, o que AMLO acepte su supuesta complicidad en el asunto, si eso ni contribuiría a resolver el problema jurídico y político que enfrenta el Estado por las desapariciones, ni eso permitiría, necesariamente, dar con los normalistas o conocer lo que realmente ocurrió la noche del 26 de septiembre en Iguala?

En efecto, quizá una semana después de que ocurrió la detención-desaparición de los 43 normalistas en Iguala —cuando todos salieron del pasmo, y vieron que el asunto tenía también una arista político-electoral que era necesario explotar— comenzaron también los señalamientos, primero exhibiendo la fotografía que en algún acto multitudinario se había tomado José Luis Abarca con el presidente Peña Nieto; y después utilizando una imagen similar, pero ahora de Abarca con López Obrador, para tratar de probar una supuesta responsabilidad o complicidad del tabasqueño con los implicados en las desapariciones.

La finalidad, en ambos casos, era exhibir al político sin siquiera ofrecer algún elemento que reforzara la idea de que, en efecto, existía una complicidad por parte de alguno de los políticos exhibidos con José Luis Abarca, o que éstos sabían que el entonces Edil de Iguala era un pillo que, además, comandaba una banda de criminales. Nunca lo hicieron. Pero sí lograron que mucha gente coreara las consignas que ellos habían construido con una finalidad política que, sin embargo, no apuntaba a la localización de los normalistas. ¿Qué buscaban?

Evidentemente, lo que buscaban era exhibir al adversario. Eso fue lo que intentaron quienes primero esgrimieron la imagen del Edil de Iguala abrazando al Presidente de la República. Era, es cierto, una imagen elocuente que demostraba la simpatía del encuentro, pero que también dejaba ver que esa alegría derivaba del acto multitudinario, y no del gusto mutuo entre los personajes retratados por encontrarse en ese preciso momento para capturar la imagen.

Ciertamente, en cada acto al que asiste, el Presidente puede pasar una o dos horas saludando de mano a cada uno de los asistentes y tomándose fotos con ellos. Y existe, de hecho, un apartado en la página web de la Presidencia que se llama “tu foto con el Presidente”, que sirve justamente para que las personas que asisten a los eventos con el Presidente, busquen si existe alguna imagen tomada por algún fotógrafo oficial con el Mandatario, para descargarla e imprimirla como un recuerdo. Y eso, en realidad, no es prueba ni de amistad, ni de complicidad, ni de reconocimiento, ni nada, entre el Presidente y nadie.

Ocurre exactamente lo mismo con AMLO. Pues al margen de si sabía o no de los malos pasos de Abarca, las fotos que han publicado los priistas para tratar de desacreditarlo, son exactamente iguales a las que antes se exhibieron con el Presidente: capturadas en actos políticos, multitudinarios, en los que el tabasqueño lo mismo se pudo haber retratado con Abarca que con cualquier otra persona que asistiera al evento y tuviera oportunidad de acercársele.

¿Qué demuestra todo eso? Nada. Y sin embargo hoy en día esas imágenes pasan entre mucha gente como prueba plena de las complicidades. Y en base a ellas se pretende exigir explicaciones a AMLO o la renuncia del Presidente. Con eso queda claro que se obsesionan con los centavos, pero por eso mismo dejan ir los pesos. ¿De qué hablamos?

HALLAR A LOS DESAPARECIDOS

Se exige, por ejemplo, la renuncia del Presidente pero nadie sabe para qué. Sí, nadie sabe para qué tendría que renunciar Peña Nieto, o cual sería el beneficio para el país, y concretamente para la solución del asunto de los normalistas, si él se fuera. Más bien, lo que en medio de eso queda claro es que quienes construyeron esa consigna, son los mismos que han sido sus adversarios de siempre y ahora encontraron este pretexto para pedir su renuncia. Lo alarmante es que con esto, implícitamente demuestran también que en el fondo los normalistas desaparecidos no les importan, pero que sí están dispuestos a utilizarlos mientras con eso puedan cumplir el objetivo político que se trazaron desde el inicio.

¿Qué dejan de lado, que debiera ser fundamental? Primero, la exigencia fuerte, sonora, y apremiante, de que se sepa la verdad completa sobre el destino de los normalistas; y segundo, que una vez que esto se sepa, existan juicios apegados a derecho en contra de los responsables y, sobre todo, disposición del Estado mexicano para reparar el daño causado a todos aquellos que fueron víctimas directas o indirectas de las desapariciones forzadas y todos los demás delitos comunes y de lesa humanidad que pudieron haberse cometido en los hechos del 26 de septiembre en Iguala.

En el primero de los temas hay éxito relativo. Hoy el Estado mexicano está volcado a la búsqueda de los normalistas, y esto sólo ocurrió después de que la inconformidad nacional e internacional alcanzó niveles nunca antes vistos. Pues ni el gobierno federal, ni el local de Guerrero, ni los partidos políticos, ni nadie dentro de las instituciones, había reparado que este era un tema que trascendía la comisión de delitos del orden común, y era un asunto de trascendencia internacional. Por eso la búsqueda de los normalistas es una prioridad, y por eso todos los aparatos de inteligencia del Estado se encuentran apremiados a brindar respuestas oportunas, como la que ayer se dio con la detención del ex Edil de Iguala, y su esposa, en una casa de Iztapalapa, en la capital del país.

REPARACIONES

Pueden ir y venir 10 presidentes y 20 gobernadores, pero si no hay una reparación efectiva de los derechos violados, entonces todo va a seguir igual. Luego de aclarar los hechos y deslindar responsabilidades, el Estado mexicano debe comenzar por pedir disculpas a quienes fueron agraviados por esos hechos, y después hacer una reparación integral de los daños causados. A eso se debía también volcar la exigencia. Pero con sus arengas sobre la renuncia evaden temas como esos y sólo se van a la parte ruidosa, pero vacía, de la lucha entre partidos por el poder presidencial.

+ Cobrar… pero valdría la pena encauzar a algo lo cobrado

Al iniciar esta semana, el gobierno estatal anunció la puesta en marcha de un programa de fomento al pago de impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, al establecer el pago de tenencia en un peso para quienes adquieran automóviles nuevos. Esta decisión parece ser parte de un enésimo intento del gobierno estatal ya no por elevar la recaudación respecto al impuesto sobre la tenencia de vehículos, sino por tener a más contribuyentes cautivos a los que, no ahora sino después, les pueda cobrar el gravamen. El problema es que ni así pueden acercar a más personas a que paguen —sólo los incautos que no entienden la intención de este beneficio—, porque siguen sin entender que nadie en su sano juicio querrá pagar mientras no vea algún beneficio concreto a cambio.
En efecto, en otros momentos hemos apuntado en este espacio (ver, por ejemplo, Al Margen 06.01.2014) que uno de los mayores fracasos de la administración estatal se encuentra en la recaudación del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, como gravamen estatal. Pues en los años que llevan aplicando este impuesto, lo único que han conseguido es una fuga enorme de recursos por dicho concepto, a partir de que se han limitado a tratar de obligar al contribuyente para que cumpla, pero sin hacerle ver por qué es necesario que pague dicho impuesto en Oaxaca, y no en otra entidad federativa.
Y es que antes de que el gobierno estatal tuviera la sensibilidad de buscar mecanismos para flexibilizar el cobro de ese impuesto, o definitivamente eliminarlo y buscar elevar la recaudación a través de otras vías, intentó perseguir a los contribuyentes que dejaran de pagar ese impuesto en Oaxaca. Sí, pues resulta que en 2011 el gobierno estatal exploró la posibilidad de configurar como evasión fiscal el hecho de que un automovilista tuviera licencia de manejo expedida por el Gobierno del Estado de Oaxaca y condujera un vehículo de su propiedad matriculado en otra entidad federativa.
Trataron, en esencia, de aplicar de manera estricta y restringida el principio de que todas las personas tienen el deber de pagar los impuestos en el lugar de su residencia. Sólo que no consideraron que si bien ese principio es aplicable para los temas fiscales, el tema del emplacamiento vehicular de servicio particular está acompañado de otras reglas ya que, inicialmente, esa es una facultad del gobierno federal que desahoga a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sólo que, a su vez, la SCT delegó a las entidades federativas lo relacionado con el emplacamiento de todos los vehículos que no prestaran los servicios que la misma SCT se reservó como de competencia federal, ya que desde finales de los 90s la tenencia era un impuesto federal que cobraban los estados, y se lo abonaban ellos mismos a cuenta de los recursos que la Federación debía transferirles. Por eso SCT entregó el emplacamiento a los estados, pero esto no lo tradujo en la pérdida de facultades, y de entrada por eso todas las placas expedidas en todas las entidades, tienen plena validez en el territorio nacional.
Ahora bien, ¿habrían podido aplicar sanciones a quienes tuvieran emplacados sus vehículos en otro estado donde existen beneficios fiscales al cobro de la tenencia, y tener licencia de manejo expedida en Oaxaca? Sí lo intentaron, pero luego vieron los problemas que esto provocaría: ello significaría algo así como cobrar un impuesto al tránsito interno, que se encuentra expresamente prohibido en la Constitución federal, además de que, para poder hacer punitivo el cobro, se enfrentarían a la necesidad de configurar correctamente la evasión fiscal a partir de argumentos tan endebles como los antes señalados, además de que las placas de circulación siguen siendo expedidas por los estados mediante acuerdos con el gobierno federal, vía la SCT.

NUEVO INTENTO
El gobierno nunca lo intentó, pero habría podido convencer a la ciudadanía de seguir pagando la tenencia en Oaxaca si, por ejemplo, hubiera dispuesto que una parte de lo recaudado fuera invertido directamente en el mejoramiento de las calles por donde transitan los vehículos. Nunca le interesó.
Y es que las calles de Oaxaca, que son la banda de rodamiento por la que transitan los vehículos de motor por los que el gobierno estatal nos cobra un impuesto altísimo, se encuentran parcialmente destruidas. Eso no es privativo de la capital oaxaqueña —que en las últimas semanas pasa por un importante proceso de rehabilitación de las calles, pero que ocurre años después de una sonora exigencia ciudadana y por causas que no son las de legitimar el impuesto a la tenencia de vehículos— sino que más bien se replica en prácticamente todas las ciudades de importancia en la entidad, y no se diga en las carreteras que están bajo la tutela estatal, como la que comunica a los valles centrales con la costa oaxaqueña, que va del Cerro del Vidrio a San Pedro Mixtepec, la cual tiene años destruida y en el abandono total. Y esa carretera, es sólo un ejemplo de varios que existen sobre el abandono oficial.
Incluso, habría que tomar con muchas reservas la intención de establecer un estímulo fiscal para pagar sólo un peso por concepto de impuesto sobre tenencia a vehículos nuevos hasta que termine el 2014. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que parece querer es tener contribuyentes a quiénes cobrarles impuestos en 2015. Sí, primero porque este beneficio aplicaría únicamente para quienes sólo deben pagar la parte proporcional de la tenencia correspondiente a los meses de noviembre y diciembre; y segundo, porque al haber aceptado el beneficio fiscal en 2014, en 2015 les cerraría toda posibilidad a no querer pagar.
Nos explicamos: el gobierno no está eliminando el impuesto, sino que lo está condonando. Y para efectos administrativos, una persona que se acoge a una condonación, implícitamente está aceptando el cobro del impuesto, para después apegarse al beneficio que en ese momento le ofrecen. ¿Qué significa eso? Que si después quisiera inconformarse por un cobro posterior, completo y sin beneficios, no podría hacerlo ya que lo que la autoridad alegaría es que ese fue ya un acto consentido, al haber aceptado inicialmente el impuesto cuando recibió el beneficio.

IMPUESTO SIN FUTURO
Lamentablemente no hay visión ni creatividad para cobrar los impuestos, y menos el de la tenencia. No han podido hacerlo en estos años, y con estas maniobras buscan acercar personas pero a través del engaño, y no del convencimiento.

Resolver la democracia, sí, pero dando certidumbre

Muchos coinciden en que la luna de miel del presidente Enrique Peña Nieto con los mexicanos se terminó hace tres semanas, cuando el caso de los normalistas de Ayotzinapa le explotó en las manos; lo mismo se decía, en su momento y en su dimensión, del gobernador Gabino Cué cuando todos sus aliados, partidos y poderes fácticos, se le fueron encima apenas cambió su circunstancia. ¿Por qué hay tanta preocupación por la democracia, cuando ambos tienen serios problemas para —medio— satisfacer un requisito previo que es el cumplimiento del Estado de Derecho?
En efecto, ante los hechos, esta pregunta es más vigente que nunca. Pues pareciera que el local y el nacional son dos escenarios que se han replicado al pie de la letra uno con otro, dando exactamente los mismos resultados. En ambos casos se tuvo un abultado bono democrático, que fue invertido en la realización de reformas que, sin embargo, ni rescataron al Estado de las garras de los poderes fácticos, ni fortalecieron la capacidad de hacer cumplir la ley, ni lograron mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Qué pasa?
El caso Oaxaca es elocuente. Aquí, cuando recién inició la administración del gobernador Gabino Cué se estableció una ruta reformista que fue cumplida a cabalidad. Se modificó más de la mitad de la Constitución del Estado, se emitieron alrededor de dos docenas de leyes estatales de contenido totalmente nuevo y se establecieron, según el discurso oficial, las bases para una nueva gobernabilidad democrática basada en la democracia, en los mecanismos de participación ciudadana, y en un gobierno plural y tolerante. Muchos, en su momento, asumieron ingenuamente que eso resolvería muchos de los problemas de Oaxaca. Hasta que se toparon con pared.
¿Cuál fue esa pared? Que en realidad las bases democráticas se quedaron en la norma, pero nunca pudieron compensarse con una capacidad real para hacer cumplir la ley y darle a los ciudadanos eso que en otros escenarios conocen como Estado de Derecho. El tope con pared llegó, además, cuando el gobierno estatal reveló sus debilidades e incapacidades para generar confianza entre la ciudadanía de que, además de que tenía un gobierno democrático y tolerante, tenía también un gobierno capaz de hacer cumplir algunos de los preceptos fundamentales de la convivencia pacífica. ¿Cuáles?
Cumplir, por ejemplo, con aquella vieja exigencia de la ciudadanía en Oaxaca de que se respete su derecho a pasar por cualquier calle o parque en el momento que lo desee. Y si eso, que es lo más leve, no se cumplió, tampoco ocurrió con aquella —también vieja— exigencia de que los conflictos entre grupos de lucha social, entre comunidades, o entre gremios, pudieran dirimirse siempre por la vía pacífica.
Este conjunto de situaciones adversas, rápidamente se vio enmarcada por un cuestionamiento más: que en el gobierno oaxaqueño no hay orden ni existen los mecanismos adecuados para un funcionamiento administrativo correcto. Esto ha sido, acaso, lo que ha generado igualmente costos muy altos: la percepción de que en el gobierno cada quién hace lo que le place, sin un orden ni estrategia, y sin una capacidad de demostrar eficiencia. Al reclamo ciudadano de la falta de honestidad de muchos funcionarios, rápidamente se sumó otro relacionado con la ineficiencia en la utilización de todas las herramientas y recursos que tiene el gobierno, lo cual por ende desembocaba en una enorme ineficacia en la posibilidad de alcanzar los fines prometidos.
Y es que de alguna manera la ciudadanía oaxaqueña siempre ha sido tolerante —y quizá hasta alcahueta— de la corrupción, siempre que en el intercambio tenga resultados por parte de sus gobernantes. El problema en este caso, es que pareciera que al interior del gobierno estatal ha habido siempre un complot para hacer que el Gobernador pague por todas y cada una de las ineficiencias y desviaciones de sus subordinados, y que éste mismo lo ha aceptado.
Así, por ejemplo, hoy en día no se cuestiona por los subejercicios o por la falta de obras y resultados a los titulares de las dependencias sino al propio Gobernador, cuando es claro que muchas de esas responsabilidades si bien recaen de forma primaria en él, también lo es que hay encargados específicos que no están cumpliendo con sus funciones. Y lamentablemente queda claro que frente a todo eso, ninguna regla o argumento del gobierno democrático sirve para paliar estos cuestionamientos que más bien tienen que ver con el cumplimiento de la ley, con la gobernabilidad o con la eficacia de la gestión pública.

EL DRAMA FEDERAL
México es un país que está triturado por la violencia, pero el gobierno del presidente Peña Nieto lo único que hizo fue cambiar la estrategia mediática. Es decir, generar las condiciones para evitar que se hable de un tema que sigue ahí, latente. Pues la violencia no ha disminuido, como tampoco la actividad de los cárteles criminales, y tampoco el número de ejecuciones, desaparecidos y violentados por temas relacionados con la delincuencia organizada.
Mientras todo eso pasaba, el gobierno federal se construyó el rostro del reformismo, que ya le había ganado al presidente Peña la imagen internacional de un estadista destacado. ¿Qué falló? Que de nuevo, trató de aplicar la fórmula atractiva del gobierno democrático, cuando lo que había que hacer era comenzar por enfrentar la purulencia que existe en las entrañas de este país, la cual está generando una crisis sin precedentes por los efectos devastadores que está provocando entre la gente de a pie.
Y lamentablemente, el tope con pared fue el caso de Ayotzinapa, que quizá sea el más abominable, pero que no es el único. ¿Cuántos desaparecidos hay en el país? ¿Cuántas ejecuciones reales ocurren diariamente en todos los rincones del país? ¿Cuántas comunidades han vivido, y siguen viviendo, asoladas por la delincuencia organizada, que controla porciones completas del territorio nacional? ¿Cuántos pobres y cuántos marginados siguen esperando una respuesta?

CONFUSIONES
De nuevo, frente a eso trató de aplicarse la fórmula reformista, y hoy lo que está quedando claro que es estos son dos problemas distintos, pero que lamentablemente se ha insistido en continuar aplicando los remedios de un problema, a otro que paralelamente existe, pero que necesita soluciones de otra índole. Es buena la democracia. Pero en este caso ha sido una fórmula ineficaz porque antes deben resolverse muchos otros problemas que, para mal de todos, siguen pendientes.

+ Los crímenes de lesa humanidad no admiten jerarquías

A muchos sigue sin quedarles claro por qué si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ordenó, ni ejecutó, ni consintió, las detenciones-desapariciones de los 43 normalistas en Iguala el pasado 26 de septiembre, sí está obligado a responder por esos crímenes que, al constituir la desaparición forzada de personas, son de lesa humanidad. La respuesta a esa interrogante es más técnica que política. Aunque parece que al principio ni al mismo gobierno federal le quedaba claro, y por eso tardó tanto en asumir esta postura.

En efecto, uno de los temas por los que más se le ha criticado al presidente Peña Nieto es por, primero, haber declarado inicialmente que la desaparición de los normalistas era un tema que le correspondía únicamente al gobierno municipal de Iguala, y al estatal de Guerrero; y segundo, por haber dejado pasar tanto tiempo antes de asumir que esos hechos eran también corresponsabilidad del gobierno federal, y que habiendo tenido o no participación en los hechos, éste debía también asumir una postura pública y conducir las investigaciones que fueran necesarias.

Pues entre que pasaron los hechos y que el gobierno de la República decidió intervenir en tema pasaron varios días en los que el Presidente se lavó las manos, y el gobierno federal se abstuvo de participar del problema. Parece que, inicialmente, el gobierno del presidente Peña dio por válido el mismo cuestionamiento de muchísimas personas, que siguen sin comprender por qué debían ellos responder por un crimen que nadie en la Federación cometió, o en el que participara directa o indirectamente. Sólo que chocaron con la realidad.

Y es que primero es necesario comprender que la responsabilidad de Estado no se segmenta en los ámbitos de gobierno; y en un segundo plano, no menos importante, también es necesario entender que en el ámbito de los derechos humanos no existe jerarquía ni ámbitos de aplicación. Vale la pena analizar estos dos elementos que son determinantes en la explicación de por qué el gobierno federal sí tuvo responsabilidad desde el inicio, y de por qué sí es perfectamente válido el cuestionamiento de por qué tardó tanto tiempo en asumir una postura e intervenir en el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala. Veamos.

¿Por qué la responsabilidad no puede segmentarse? Una primera luz sobre este tema, la da el Pacto de San José, cuando en su artículo 28, dice lo siguiente: “1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención”.

¿Qué significa eso? Que frente al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos nacionales —como el gobierno federal, en el caso de la federación que es México— es quien debe, primero, responder por el cumplimiento del contenido de la Convención; y segundo, ver que las partes integrantes cumplan también su contenido, pero sin dejar de ver que el deber entre estados y federación es uno solo.

Ahora bien, cuando se habla de cumplimiento, se refiere al respeto a los derechos fundamentales consagrados en esa Convención. ¿Cuáles? El derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente (art. 4); derecho a la integridad personal (art. 5); derecho a la libertad personal —que es uno de los directamente transgredidos aunque no el único, porque ese es un delito pluriofensivo— (art. 7); derecho a la protección de la honra y la dignidad (art. 11), entre otros.

Por eso, aunque el gobierno federal no es directamente responsable de haber cometido las detenciones-desapariciones de los normalistas, sí tuvo desde el primer momento una responsabilidad de Estado por la que debió intervenir de inmediato, tomando en cuenta, además, que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece como primer deber de los Estados parte —México es uno de ellos— el no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Valdría la pena saber, en concreto, por qué razón el gobierno de México tardó tanto en entender la situación.

DH’S, SIN JERARQUÍAS

Ahora bien, un segundo razonamiento relacionado con la responsabilidad del gobierno federal en este asunto, tiene que ver con que la propia Constitución federal no distingue jerarquías ni ámbitos de aplicación cuando se trata de derechos humanos. Concretamente, el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución dispone: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Al margen de otras consideraciones, lo que en este caso nos debe quedar claro es que en el ámbito de los derechos humanos no se puede alegar una cuestión de competencias o de jerarquías normativas, para no intervenir frente a una violación a derechos fundamentales que, además, no sólo es transgresora de los derechos fundamentales y del derecho penal interno, sino que constituye —como la desaparición forzada de personas— un delito de orden internacional que está considerado como de lesa humanidad.

EL COSTO POLÍTICO

Al final, parece claro que el gobierno federal está pagando, con intereses de agiotista, el costo político de no haber asumido a tiempo estas cuestiones, y haber primero intentado que el tema se circunscribiera a Guerrero, cuando no podía ser así. No se trata de estar a favor o en contra de la lucha o las razones de los normalistas, para comprender por qué esto generó de inmediato un rudo cuestionamiento internacional en contra de México: el país se había presentado no sólo como uno en donde ocurren estos hechos abominables, sino también como un Estado de Derecho sólo aparente, en el que ni el gobierno federal alcanzó a entender la situación, y a actuar en consecuencia en el tiempo y la forma que debía al menos para aceptar la parte de responsabilidad que le correspondía. Peor, no podía ser.

En 2010 no había condiciones; Iguala los está unificando

Cuando en 2010 muchos se preguntaban si México se encontraba en los albores de una nueva revolución, todos los posibles factores que habrían podido determinar esa situación enviaron señales en sentido negativo. Específicamente, los grupos armados ubicados en el centro y norte del país dijeron que ese no era el momento porque no existían condiciones. Hoy, la incapacidad del Estado mexicano de prevenir y resolver los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Iguala, parecen ser el elemento faltante que podría ser el hilo conductor que hacía falta para un gran levantamiento armado.
En efecto, en México hay una teoría cíclica de los movimientos sociales que, sin mucho sustento, aseguraba que si en 1810 hubo un gran levantamiento popular para buscar la independencia del país, y que si exactamente cien años después hubo otro gran movimiento armado para derrotar a las estructuras dictatoriales y sentar las bases de un nuevo orden jurídico, 2010 no sería sino la tercera repetición de ese ciclo. Muchos —románticos o poco enterados— hacían hipótesis sobre la llamada “nueva revolución”. Y muchos otros vieron incluso en el 2006 el catalizador para dicho movimiento que, sin embargo, no llegó.
Y es que para quienes querían todo eso, el conflicto magisterial de Oaxaca era el único referente, pero éste no alcanzó a funcionar como un unificador de luchas, primero porque el agravio que sufrieron los maestros de la Sección 22 del SNTE en ningún sentido era sinónimo de una afrenta general; y segundo, porque ese gran movimiento de 2006 se desgastó muy rápido en medio de la lucha entre radicales y moderados.
Los primeros querían llevar al movimiento popular al punto de la ruptura y la violencia; y los segundos pretendían simplemente negociar sus demandas hasta que fueran cumplidas, para después volver a su vida cotidiana. No hubo, en el conflicto magisterial, un punto medio que lograra articular las distintas formas de lucha. Y por eso Oaxaca fue un intento fallido para la construcción de ese gran movimiento popular.
Luego vino 2010, en el que muchos esperaban que algo importante ocurriera. No fue así, porque mientras se acercaba el momento del bicentenario de la independencia, y el centenario de la revolución, las principales organizaciones armadas del país se pronunciaron sistemáticamente por no considerar al 2010 como una fecha crucial para una posible gran ruptura nacional.
Para ellos, en ese momento aún no estaban dadas ciertas condiciones sociales y políticas como para emprender una gran empresa armada que lograra derrocar al régimen actual, e instaurar un nuevo orden basado en ideas distintas de libertad, de organización y de justicia.  Por si eso fuera poco, los grupos armados que en otros momentos habían intentado sublevarse, manifestaron que en las condiciones de ese momento sería algo así como un suicidio pensar en una insurrección violenta.
Más bien, la ruta que en ese momento siguieron fue la de la denuncia sistemática respecto a que la llamada guerra contra el crimen organizado había servido también para perseguir, reprimir y desaparecer a luchadores sociales y grupos que buscaban, por distintas vías, contrarrestar los excesos y las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
En aquel septiembre de 2010, apuntamos: “Podría suponerse, por todo eso, que el 16 de septiembre de 2010 podría haber sido una fecha crucial para una gran insurrección. No fue así por el conjunto de razones que, someramente, aquí se enumeran. Por eso mismo, ninguna de las organizaciones armadas de las que se tiene conocimiento de su existencia, hizo pronunciamiento o emprendió acción alguna sobre la fecha o el momento histórico por el que atravesamos. Otros serán los tiempos correctos. De eso no queda duda (Ver Al Margen 22.09.2010).”

¿“TIEMPOS CORRECTOS”?
Cuando aquellas organizaciones hablaban de la no existencia de condiciones, y de esperar el tiempo correcto, lo decían porque en el país no había existido un catalizador específico para la unificación de fuerzas entre quienes podrían encabezar este tipo de acciones. Ese poderoso catalizador, tan coyuntural como brutal fue, por una parte, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; y por la otra, el silencio y la incapacidad institucional de los tres órdenes de gobierno para enfrentar la crisis rápidamente para evitar que el pasmo de la ciudadanía se convirtiera en indignación, y escalara de los materialmente responsables a todos los actores e instituciones políticas del país.
Y es que la detención-desaparición de los normalistas es un hecho que lastima profundamente a todos los sectores de la población en México. Por eso hemos visto que lejos de suponer que la indignación fuese sólo de un sector o de una clase social, en realidad ésta ha unificado a todos los estratos sociales, a todos los sectores estudiantiles, a todos los intelectuales y, en resumen, a todos aquellos que teniendo capacidad de discernir asumen esa realidad que apunta a que la desaparición forzada de una sola persona a manos del Estado —independientemente del estrato institucional que sea el agente responsable— es suficiente como para mover a todos a la indignación e, inmediatamente después, a la protesta y a la exigencia de justicia, e incluso a la búsqueda de medios para cambiar radicalmente el estado de impunidad que prevalece.
Si sumamos esa indignación, a las condiciones ya existentes —galopante pobreza, marginación, injusticias y desigualdades que han subsistido a lo largo del tiempo, y que lejos de mejorar han empeorado en las últimas dos décadas— entonces lo que tenemos es una suma de factores que hacen posible un movimiento de otra magnitud, quizá capaz de lograr dicho propósito. Y hoy el tema de los normalistas ya logró unificar a las cuatro organizaciones guerrilleras conocidas en el país.

ADVERTENCIA
Con esos antecedentes, cobra sentido la advertencia del EPR en su último comunicado respecto a la búsqueda de acciones a gran escala, para derrocar a las instituciones. “Que nadie se asuste por la acción popular, este es un pueblo con dignidad y voluntad de combatir. Hoy más que nunca cobra legitimidad la autodefensa popular; que los loables actos de fe hagan comunión con las acciones políticas de masas; si por voluntad del pueblo es necesario que ardan los símbolos de la opresión burguesa, que salten por los aires los símbolos del capital monopolista transnacional, que se derrumben las corruptas instituciones de la democracia burguesa ¡QUE ASÍ SEA!”

+ La recentralización nos victimiza a todos

En el atril de los cuestionamientos hacia el Estado mexicano, continúa vigente la pregunta de por qué nadie pudo distinguir toda la podredumbre que se encontraba alrededor de los hechos de Iguala, el mes pasado. Una de las preguntas busca, en efecto, hallar una explicación sobre la impunidad abierta del edil prófugo de aquel municipio, pero junto a ella debe haber otras más que cuestionen a defenestrado gobernador Ángel Aguirre, e incluso que encaren al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pues si algo queda claro —dentro de las pocas certezas que tiene hoy nuestro país— es que esto fue visto por todos, menos por quienes debían verlo.
En efecto, muchas de las explicaciones deben buscarse en ese mal logrado proceso de recentralización que comenzó con la administración del presidente Peña Nieto. Pues si por un lado quedó claro que todas sus reformas constitucionales tenían como rasgo en común la extracción de facultades a las entidades federativas para asumirlas —o reasumirlas— la Federación, por el otro también se vio que había ciertas decisiones claramente encaminadas a fortalecer al centro del país en detrimento de las entidades federativas. ¿Cómo se dio ese proceso? Aislando, por un lado, al gobierno federal de lo que pasaba en los alrededores; y por el otro, abandonando a quienes necesitaban o pedían ayuda desde las diversas regiones de la República.
Avisos de esta crisis de la recentralización, hubo varios pero nadie en el gobierno federal los registró correctamente. Cuando estalló la violencia en Michoacán y Tamaulipas, trataron de resolver el problema primero negando su existencia, y segundo tratando de aplicar soluciones desde el centro del país. No entendieron que hoy en día, a diferencia del pasado, ya no es trascendente la pugna de poder entre el Presidente y los Gobernadores, sino entre éstos dos juntos con los poderes fácticos, como la delincuencia organizada, el narcotráfico o los grupos sociales organizados.
En Michoacán no han podido resolver el problema, a pesar de la fuerza institucional que le dieron a Alfredo Castillo Cervantes, a quien nombraron como comisionado federal en aquel estado a pesar de que esa figura no existe en la Constitución, y por tanto no tiene sustento legal ni debería tener facultades ejecutivas para disponer de recursos públicos como lo hace. El gobierno federal intentó, en ese caso, desplazar y relevar al Gobernador como figura de mando, pero sin asumir la magnitud del problema y sin asumir que el tema de fondo no era si el Mandatario estatal gobernaba o no, sino que no existía capacidad para hacer frente a la delincuencia organizada, que ya había tomado el control de diversas regiones de aquel estado.
En Tamaulipas las situación fue peor. Ahí la federación intentó negar la situación asumiendo que los hechos de violencia eran aislados, y que por tanto “no era necesario” el envío de un Comisionado federal, similar al de Michoacán. ¿Qué hubiera resuelto otro comisionado? Nada. Porque el tema de fondo, de nuevo, no versaba sobre si Egidio Torre Cantú era o no un mandatario fuerte, sino que la delincuencia había rebasado la capacidad institucional del gobierno y, como fuere, había que encararlo sin anteponer el costo político de los enfrentamientos o de la violencia, que tanto han tratado de esconder para según ellos no caer en la misma espiral de terror que se vivió en los años de Felipe Calderón como presidente del país.
¿Qué ha hecho, personalmente, el presidente Peña Nieto? Simplemente ha evitado las zonas de violencia, así como el gobierno federal ha evitado penetrar en las zonas verdaderamente controladas por la delincuencia organizada. Como si con eso lograra que la delincuencia disminuya, el Presidente había venido evitando Michoacán —hasta antes del “rescate” que fallidamente encabezó Castillo Cervantes— y también Tamaulipas y la gran mayoría de las zonas afectadas por la ola criminal en el país.

EL SURESTE, OLVIDADO
Más o menos lo mismo pasó con el sureste mexicano. El presidente Peña Nieto se metió en el tema de Guerrero debido a la contingencia meteorológica del año pasado que arrasó con Acapulco y que dejó a un centenar de personas sepultadas en una comunidad de la montaña guerrerense. Se metió, sí, pero a atender a los damnificados y a tratar de inmiscuirse en un asunto de rescate social que nada tenía que ver con la delincuencia. Ángel Aguirre trabó amistad con él, y lo siguiente fue continuar administrando la crisis social sin tomarle importancia al tema de la delincuencia organizada, que no se circunscribía sólo a Michoacán, y que en Guerrero también provocaba problemas importantes.
Lamentablemente, tuvo que venir esta crisis para que las cosas cambiaran. ¿Qué hizo el gobierno federal? Doce días después de la detención-desaparición de los 43 normalistas, las fuerzas federales tomaron el control de varios municipios en donde había presencia de criminales. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué ninguno de los sistemas de información del gobierno federal pudo prever no los hechos relacionados con los normalistas, sino la galopante inseguridad y criminalidad existente en aquella entidad?
Lo mismo sucede en Oaxaca. Pareciera que aquí el gobierno federal sólo tomará atención cuando ocurra una tragedia en la tensa relación que existe entre el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE. El gobierno federal nunca ha reparado en eso, y lejos de asumir la importancia del manejo político que se le ha dado al tema, lo que se dedicó a hacer en todos los meses previos fue fustigar al gobierno de Oaxaca en los medios de información de la capital por la tibieza con la que, según ellos, el gobernador Gabino Cué ha manejado el conflicto magisterial.

EL COSTO DE LA SOBERBIA
Al final, la pregunta es: ¿Los problemas desaparecen cuando el gobierno federal cierra los ojos? ¿Hay algo que pueda resolverse negando la realidad? En el fondo, es alarmante que el gobierno de la República asuma que el país es sólo la Ciudad de México y la región centro del país, y que los únicos temas importantes de atender son los que involucran reflectores, inversionistas, relaciones públicas, frivolidad o diplomacia. A golpes, la realidad le ha ido enseñando a esta administración federal que México es mucho más de lo que ellos pensaban, y que tan les ha faltado sensibilidad para entenderlo, que por eso las circunstancias le están cobrando caro las facturas de su reiterada soberbia.

Uno de los síntomas más claros de que la transición democrática en México fue un fracaso, es la trágica situación que hoy enfrentan la mitad de las entidades federativas, que viven asoladas o por la violencia social o por la criminalidad, pero con gobernadores soberbios y millonarios que sin embargo no tienen capacidad de controlar la situación de los estados que gobiernan. ¿Qué pasa? Guerrero y Michoacán son dos llamadas de atención, de una situación sintomática que debe ser atendida cuanto antes.

En efecto, apenas el 20 de junio pasado se dio el relevo de Fausto Vallejo por Salvador Jara en el gobierno de Michoacán; este fin de semana ocurrió lo mismo en Guerrero, con la salida del gobernador Ángel Aguirre Rivero y su sustitución por Rogelio Ortega Martínez. En ambos casos la salida fue a través de la licencia al cargo. Y en ambos esto ocurrió frente a gravísimos hechos de violencia e incapacidad gubernamental para hacer frente a las circunstancia. Quienes festinan estas situaciones, dicen que detrás de Michoacán y Guerrero se encuentran Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y varias entidades más. ¿Qué pasa?

Lejos de ver las causas inmediatas, vale la pena ir a revisar por qué los gobernadores teniendo tanto poder, han podido hacer tan poco por sus estados. Y la primera respuesta está en el que, al margen de los nombres y los partidos, los mandatarios estatales recibieron mucho poder en muy poco tiempo, con un poder que no les costó obtener porque les cayó de rebote por la alternancia en el poder federal; y por eso asumieron actitudes de nuevos ricos descuidando los temas sustantivos de los gobiernos estatales. ¿De qué hablamos?

De que la extinción del régimen de partido hegemónico en el país, en el año 2000, decantó en los Gobernadores un nivel de independencia nunca antes visto. Hasta antes de ese año, los mandatarios estatales emanados del PRI tenían como Jefe Político al Presidente, y los de oposición eran tratados con lejanía por la Federación. No obstante, casi en paralelo a la pérdida del poder presidencial hegemónico se dieron también las reformas presupuestales que comenzaron a transferir más recursos a los estados, y que le dieron facultades para hacerse de recursos a través de mecanismos como la bursatilización de sus ingresos tributarios futuros.

Esto creó pequeños faraones locales que de pronto tuvieron toda la autonomía para hacer política y para allegarse de más recursos económicos que nunca, y a la par de ello pudieron plantarse frente a un gobierno federal debilitado por sus incapacidades propias y por la pluralidad fangosa del Congreso de la Unión. ¿Qué hizo la federación frente a esto? Comenzó a dar trato diferenciado a los Gobernadores, permitiéndoles todavía más ingresos y una fiscalización selectiva eminentemente determinada por criterios políticos. Así, si los gobernadores ya eran poderosos, la falta de rendición de cuentas les permitió convertirse en los nuevos magnates de la nación gracias al manejo discrecional de recursos, obras y licitaciones.

El problema es que, si vemos esto en perspectiva, lo que observar ver es que quienes se fortalecieron fueron los Gobernadores, no así las entidades federativas, que quedaron a merced de los intereses de los nuevos virreinatos en que se habían convertido los gobiernos estatales. Por eso, no fue extraño ver entidades en las que hubo mucha obra pero sólo de tipo faraónico para alimentar proyectos políticos. Hubo otras entidades en donde la deuda bursatilizada se fue a las nubes, y todavía hoy siguen sin saber en qué obras o programas se aplicaron esos recursos.

Hubo otros gobernadores que abiertamente se coludieron con criminales y decidieron entregar el control político de sus estados a la delincuencia organizada. Y en muchos otros casos más, ante la falta de controles y contrapesos en los demás poderes, se dedicaron a derrochar los capitales que habían conseguido sin preocuparse por hacer gobiernos fuertes en los temas importantes que debían atender.

GOBERNADORES SIN ESCRÚPULOS

Una entidad no se ahoga en la criminalidad en sólo un sexenio. Tampoco ocurre eso cuando la violencia es de tipo social y, como en el caso de Oaxaca, las amenazas vienen de organizaciones sociales o gremiales que ponen de rodillas a la gobernabilidad a través de su capacidad de movilización. En el fondo, lo que vemos es que estos fenómenos ocurren por un conjunto de variables que se dejan sueltas no sólo por un ámbito de gobierno, sino por los tres.

Pensemos: ¿cómo un edil —tomando como ejemplo a José Luis Abarca, de Iguala— puede ser al mismo tiempo autoridad y jefe de un cártel criminal, sin que ninguna instancia estatal o federal lo detecte o lo detenga? Supongamos de nuevo: ¿Cómo puede creerse que un Gobernador —pensando en Aguirre o en Vallejo— sea ajeno a la colusión de sus personas cercanas con el crimen organizado, y que la Federación también se desentienda? Y en casos como el de Oaxaca: ¿Cómo puede creerse que la fuerza que tiene hoy la 22 se la dio sólo Gabino Cué?

Esas son cuestiones básicas que en realidad lo que revelan es, por un lado, el tamaño de la falta de compromiso de esos mandatarios con la legalidad y los temas básicos del interés general; pero también revelan la existencia de redes y antecedentes ya anquilosados de relación, por un lado, entre gobernantes y criminales; y por el otro, del sometimiento institucional de los gobernadores a poderes fácticos, como en el caso de Oaxaca a la Sección 22 del SNTE, porque siendo Cué el gobernador, o cualquier otro, la situación frente al poder del magisterio sería prácticamente la misma.

¿Qué debe cambiar? Tendría que haber un replanteamiento integral de las atribuciones de los gobernadores y en general del federalismo en México, así como un refrendo profundo a la defensa del bien común, que se ha perdido aceleradamente en los últimos años. No puede seguir privando la simulación, ni la existencia de gobernadores poderosos en entidades federativas débiles. Ese poder incontrolado hace crisis cuando vienen sucesos como los de Michoacán o Guerrero, que ya tumbaron a sus gobernadores. Y si las cosas no cambian, irán cayendo, como piezas de dominó, muchos más gobernadores.

PRESIDENTE, DEBILITADO

Muchos ven, erróneamente, a Peña Nieto solicitando las renuncias de Aguirre o Vallejo. Pero en realidad, quien más debe padecer estas situaciones es el propio Presidente. ¿A poco estas dimisiones no son una especie de llamado a que el mismo Peña Nieto ponga desde ya sus barbas a remojar?