No entienden que armonización no es potestativa

Como si a Oaxaca le faltaran problemas por la improductividad e ineficiencia del Poder Legislativo, parece que nuestro estado va en camino a una nueva crisis por la adecuación de las normas estatales a la reciente reforma electoral federal en materia político-electoral. Parece que los diputados oaxaqueños no entienden los alcances de la nueva disposición constitucional en la materia, y con ello estarían generando una nueva dificultad por tratar de reducir a su corto entender, un conjunto de disposiciones que, de nuevo, están dictadas desde el centro para que los estados sólo las acaten.
En efecto, la semana pasada el presidente de la Junta de Coordinación Política, Alejandro Avilés Álvarez, anunció que en la reforma política que realizará la LXII legislatura “no contempla la reelección de los diputados y alcaldes en Oaxaca”. Específicamente, Avilés dijo que en el caso de la reelección de diputados y alcaldes, “no sería ético dar paso a esa figura, porque los legisladores locales que están en funciones, serían juez y parte”. En tal sentido, puntualizó que ésta figura no debe darse ( HYPERLINK “http://bit.ly/1o0PdzE” http://bit.ly/1o0PdzE). Es alarmante que el Presidente de la Jucopo esté equivocado, y desinformado, al grado de hacer esas afirmaciones. Veamos por qué.
La reforma político-electoral realizada a la Constitución de la República hace unos meses, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero pasado, está integrada por un conjunto de modificaciones que tienen por objeto la ampliación de las atribuciones de las autoridades y juzgadores federales en materia electoral, así como el establecimiento de nuevas medidas relacionadas con la actividad de los partidos políticos y su interacción entre ellos.
Sin embargo, uno de los temas más polémicos de dicha reforma fue la eliminación del principio de irrelegibilidad relativa de legisladores federales y locales, así como de autoridades municipales, que impedía tanto a legisladores como a integrantes de los Ayuntamientos buscar ser reelectos en sus cargos, inmediatamente después de haber concluido un primer periodo para que el que fueron electos.
Así pues, resulta que hasta antes de la reforma, un concejal (presidente municipal, síndico o regidor) tenía que esperar un periodo de tres años para poder estar legitimado para aparecer nuevamente como candidato a ese mismo cargo. Lo mismo pasaba con los diputados locales y federales, que también debían esperar un periodo legislativo para volver a ser candidatos a ese mismo cargo. Los senadores, por su parte, se encontraban bajo el mismo supuesto, con la salvedad de que inmediatamente después de concluir su periodo como legisladores en la Cámara alta, sí podían acceder a una curul, lo mismo que los diputados federales, que inmediatamente después de dejar su cargo en la cámara baja podían ser electos para ocupar un escaño en el Senado.
¿En qué consistió la reforma? En ese aspecto específico, la reforma eliminó el principio de la irrelegibilidad relativa que impedía la reelección consecutiva de legisladores federales y locales. Así, hoy el nuevo artículo 59 de la Constitución de la República dispone que “los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.

AYUNTAMIENTOS Y
CONGRESOS LOCALES
En lo que toca a los legisladores locales y autoridades municipales, es donde aparece el gravísimo error que de entrada parece estar teniendo el diputado Avilés, evidentemente por desinformación y desconocimiento de los temas que se supone que mejor domina como operador político de su partido. Resulta que, sobre autoridades municipales y legisladores locales, los artículos 115 y 116 constitucionales en su nueva redacción disponen lo siguiente:
Sobre la reelección de autoridades municipales, la fracción I del 115 constitucional dice: “Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años…”. Y sobre la reelección de diputados locales, la fracción II del 116 constitucional dispone que: “Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.
Frente a todo esto, el diputado Avilés está equivocado en cuando menos dos cuestiones: primera, que es obvio que en toda reforma que se hiciera a la Constitución local para establecer la reelección de diputados y concejales, los legisladores y autoridades municipales actualmente en funciones estarían impedidos de beneficiarse. La razón es inconcusa: ellos fueron electos para un solo periodo de tres años sin reelección consecutiva, en base a las leyes vigentes al momento de su elección; por ende, una reforma de esta naturaleza no podría operar en su favor, ni siquiera aplicando en sentido contrario el principio de la irretroactividad de la norma.
Y segunda, que si releemos lo dispuesto por el 115 y 116 constitucionales, éstos en ningún momento dejan al arbitrio de las Legislaturas locales establecer o no la reelección de concejales y diputados. En ambos casos la Constitución federal dispone que “las Constituciones estatales deberán…”, cerrando con ello toda posibilidad de que los Congreso estatales puedan disponer algo distinto de lo que ya manda la Constitución de la República en esos aspectos.

ENTIENDAN: NO HAY POTESTAD
No es algo sencillo de asimilar, cuando se supone los estados son libres y soberanos para decidir todo lo relativo a su régimen interior. Pero en casos como éstos la Constitución federal está imponiendo pautas a las cuales los estados no pueden sustraerse, ni decidir si aplican o no, sino simplemente reflejarlas en sus Constituciones locales. Quizá lo entiendan los diputados hasta que tengan encima una nueva controversia constitucional, si insisten en este grave desatino.

Aquí no hay hegemonía local ni nacional: sólo vacío

Es preocupante que Oaxaca sea la excepción en el proceso de democratización y fortalecimiento de las entidades federativas, y que lo sea también frente a la decisión pragmática de re centralizar el poder desde la Federación. Esto es algo que va de lo curioso a lo preocupante, pues el vacío que existe frente al atropellado proceso de armonización de la legislación educativa, deja ver que en el gobierno federal nadie está preocupado ni por rescatar a Oaxaca ni por abrirle una puerta alternativa a la democratización de sus decisiones. Aquí sólo queda el vacío, y eso se traduce en que a nadie le importa lo que ocurra en nuestro estado.
En efecto, en la entidad ocurre un desastre respecto a la armonización de las legislaciones local y federal en el ámbito educativo. La razón es simple: la Sección 22 del SNTE tiene un poder desproporcionado frente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo local, que no encuentran cómo sobreponerse a las presiones del sindicato magisterial. Esta cuestión se agrava porque el gobierno federal —que es el beneficiario de la reforma, porque es quien arrebata atribuciones a los estados y las concentra para ejercerlas él— no ha demostrado la menor intención o interés de intervenir para darle cauce a este proceso.
Esta situación constituye o una paradoja del proceso de recentralización de poder por parte de la Federación, o por lo menos un signo claro de que simplemente es Oaxaca quien no le importa al gobierno federal. ¿Por qué? Porque desde fueron planteadas las principales reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, se apreció que todas tenían una intención centralizadora, o re centralizadora. Es decir, que el ámbito federal le quitaría facultades o zonas de competencia a los estados y municipios, para ser él quien los supliera en su ejercicio.
En ese sentido, sería una paradoja que frente a todo el planteamiento de reformas de corte centralizador que han venido haciendo los poderes federales en el país, y en cuya cúspide se encuentra la reforma educativa, la federación simplemente claudicara frente a Oaxaca. Eso sería tanto como aceptar que su poder concentrador en realidad está diluido, y que es mucho más relativo de lo que hoy parece, además de que entonces los estados de la República fácilmente se podrían rebelar —como parece que lo está haciendo Oaxaca, con poderes fácticos sometiendo a los poderes constitucionales— a las decisiones federales en los temas que está centralizando.
La otra situación que es igual de grave, es que a la federación simplemente no le importe Oaxaca. Esto sería algo gravísimo —y posible— porque entonces lo que estaríamos viendo es la apertura de un espacio de total vacío, en el que ni opera la democracia propia de las entidades federativas, ni opera la centralización —tomados éstos los dos extremos naturales de una situación como ésta— que en los últimos tiempos ha intentado reimplantar la federación, como una forma de fortalecer al Presidente en detrimento del poder de decisión de las entidades federativas, los gobernadores y los congresos locales.

OAXACA, EN EL LIMBO
Hace unos días el jurista Diego Valadés explicaba, en las páginas del diario Reforma (24.06.2014, página 12), el panorama actual del federalismo centralizador en nuestro país. A partir de eso podemos deducir la extraña relación que tiene Oaxaca con ese nuevo panorama político del país. “En México el sistema federal —afirmaba Valadés— se planteó para atenuar la tradición centralizadora virreinal pero sin construir un sistema democrático que impidiera la formación de dictaduras y cacicazgos. El rápido ascenso de figuras dominantes locales se tradujo en una tensión creciente entre gobernadores y presidentes en la que éstos acabaron por dominar la escena. El federalismo mexicano, por ende, no fue un instrumento para el control de los presidentes, sino un vehículo para el control por los presidentes. Durante la hegemonía de partido esos mecanismos se acentuaron con la postulación vertical de los candidatos a los gobiernos estatales y, si algo fallaba, se echaba mano de la llamada desaparición de poderes (…) Cuando esa hegemonía llegó a su fin, la democracia de baja intensidad y el proceso centralizador entraron en sinergia. La reforma constitucional se convirtió en el procedimiento sustitutivo para ensanchar las facultades federales y estrechar las locales. En lugar de una solución local democrática para contar con gobernadores responsables y controlados, se ha optado por el oxímoron constitucional de un peculiar federalismo centralizado”.
Frente a ese panorama, es claro que Oaxaca está en el limbo. Esto por dos razones: primera, porque al menos en el caso de nuestro estado, las reformas nacionales no han reflejado la intención del gobierno federal de asumirse claramente como nuevo depositario de esas facultades, y por ende incidir en nuestro estado para que sus determinaciones se cumplan; y segunda, porque si ese primer escenario no se da, tampoco se ve que los poderes locales tengan una intención o capacidad real para darse un ordenamiento alternativo o una forma distinta de determinación frente a las obligaciones que le impone el ámbito federal.
Por eso el panorama es desolador: Oaxaca se encuentra en una zona de vacío, en el que la federación no está preocupada por hacer valer ninguna de sus determinaciones. Simplemente es sorda a lo que aquí ocurre y, según parece, tampoco tiene ningún interés en invertir algo de su capital político, o atención, para resolver un problema que tampoco se encuentra en su palestra de prioridades. A la federación, pues, parece darle lo mismo lo que pase en Oaxaca, independientemente de si se aplica o no la reforma educativa, o de si se lleva o no bien a cabo el proceso de armonización de la legislación de la materia.

PODERES LOCALES,
CODICIOSOS Y SOMETIDOS
Y luego lo que ocurre en el ámbito local es también crítico: los poderes locales Ejecutivo y Legislativo no tienen capacidad para enfrentar a la Sección 22, y prefieren aliarse a él para ver si en la revuelta ganan algo —cuando menos unos pesos. Estamos en el escenario inaudito de que la Sección 22 del SNTE, un poder fáctico, está expulsando a los poderes formales de la discusión de una iniciativa de ley que sólo los poderes del Estado deben hacer, discutir y aprobar. Aquí no hay ninguna democracia, ni forma alternativa, ni orden, ni nada. Aquí, pues, en palabras de Valadés no hay ni federalismo centralizador, ni democracia de baja intensidad por parte de los poderes locales.

+ Búsqueda y desaparición, responsabilidad de Estado

A lo largo de los últimos días, diversos medios informativos de la capital del país han dado a conocer que el pasado 19 de junio de 2014, el Poder Judicial de la Federación emitió un dictamen donde pide al Ministerio Público, a la Secretaría de la Defensa, a la Procuraduría General de la República, entre otros, iniciar la búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, activistas del Ejército Popular Revolucionario, detenidos y desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007, aún en el contexto del conflicto magisterial del año previo. Estos hechos constituyen una responsabilidad de Estado, de la que el Gobierno del Estado no debía ser ni ajeno ni indiferente. Razones para afirmarlo hay en abundancia.

En efecto, en el caso de la detención-desaparición de estos dos militantes eperristas existe una amplia documentación del posible contexto en que se dio su desaparición. Distintas versiones sostienen, por ejemplo, que fueron aprehendidos en el Hotel del Árbol, en la Calzada Madero de la capital oaxaqueña; y otras que en realidad fueron detenidos en un sitio no identificado plenamente de ese mismo rumbo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

En lo único que sí hay coincidencia entre las versiones, y que ha sido aceptado públicamente por el Ejército Popular Revolucionario, es que tanto Reyes Amaya como Cruz Sánchez habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca el año previo; y dentro de las versiones se sostiene que en realidad al momento de su detención, estos dos individuos no se encontraban en el Hotel del Árbol, sino que momentos antes habían sido dejados en un sitio cercano al Hotel del Magisterio, y que se dirigían a ese lugar para sostener una reunión con personas ligadas al magisterio y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aún se mantenían activos en temas relacionados con el conflicto popular del año previo.

En ese sentido, el eperrismo denunció la desaparición de sus militantes, apenas unos días después de que ocurrió su detención. Lo hizo luego de poner en marcha sus mecanismos de verificación y de consultar a las comandancias regionales del EPR sobre la posibilidad de que tuvieran noticias de ellos. Fue entonces que aceptaron públicamente la participación de los dos desaparecidos en el conflicto magisterial. Y fueron enfáticos, desde el principio, en acusar tanto al gobierno del Estado de Oaxaca, como al federal, de haber participado, en una especie de “colaboración”, en la detención-desaparición de sus militantes.

Luego vinieron los actos de sabotaje, que en el segundo semestre de 2007 lanzaron en contra de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos. Ante la respuesta gubernamental de que los buscarían y detendrían, el EPR propuso una tregua unilateral que permitiera abrir un espacio de diálogo con el gobierno federal. Éste aceptó, pero reiteradamente dio largas al asunto. Mientras tanto, en Oaxaca había una atención distante del asunto y finalmente ni siquiera el cambio de partidos en el poder fue suficiente para que el gobierno estatal asumiera una actitud distinta frente al problema.

Hoy han pasado ya más de siete años de la detención-desaparición de esos dos milicianos, y llama la atención que ninguno de los dos ámbitos de gobierno parezca no terminar de entender dos circunstancias que son fundamentales en este tema: primera, que la detención y desaparición de esas dos personas está más documentada de lo que parece, sin que hasta el momento haya una conclusión concreta por parte del Estado sobre qué pasó con ellos, quién es el responsable directo de esos hechos, y qué grado de responsabilidad indirecta tiene México como Estado al promover, tolerar u omitir investigar esos hechos.

Y segunda, que a pesar de todo lo que ha pasado, el EPR no ha vuelto a optar ni por la violencia ni por el sabotaje. ¿Por qué? Porque parece claro que ese grupo tiene una estrategia perfectamente delineada, que hoy en día lo que busca es que por medio de la denuncia este asunto continúe vigente, y al final eso termine impactando en la forma en cómo la comunidad internacional ve a México (que se quiere asumir como una nación democrática) frente a hechos incalificables como el permitir, tolerar o promover la detención arbitraria, y la desaparición forzada de personas.

LA LUCHA POLÍTICA

El EPR es uno de esos grupos que en México lucha contra el poder. No es una lucha por el poder, porque ellos no quieren arrebatarle el gobierno a los partidos o al Presidente, ni convertirse en una fuerza de oposición institucional, sino lo que pretenden es destruir el poder actual para erigir uno nuevo, sobre bases políticas, ideológicas y sociales distintas a las actuales. Sin embargo, esa pretensión de fondo no parece distanciarlos de otras intenciones menos elevadas que hoy en día están plenamente vigentes, y que delinearon desde hace mucho tiempo respecto a sus dos militantes desaparecidos. ¿De qué hablamos?

De que ellos saben que el único camino posible en este caso es la denuncia reiterada. Saben que la posibilidad de encontrar vivos a sus compañeros es cada vez menor, pero también parece quedarles claro que ante lo irremediable de esos hechos lo menos que pueden hacer es permitir que el tema se olvide, o que se quede archivado en los expedientes de la burocracia. Por eso no es raro que todas las personas que desde la vida pública están encargadas de la defensa de los familiares de los desaparecidos, insistan en continuar actuando frente a las autoridades judiciales, para que una vez agotados todos los procedimientos vayan ante las instancias continentales en materia de derechos humanos.

Así, el camino que seguirá este asunto es que llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después irá a la Corte Interamericana. Ahí resultarán las responsabilidades que hasta ahora el gobierno federal y el local han querido evadir, y finalmente el Estado Mexicano se verá obligado a enfrentar este tema, que hasta ahora ha intentado ser minimizado por los gobernantes en turno.

¿Y OAXACA?

Eso es lo que también vale preguntar: ¿En los hechos, y frente a un caso como éste, qué ha hecho el gobierno oaxaqueño para contribuir al esclarecimiento de ese asunto? no hay visos de que tenga interés en el tema, o de que tenga elementos para aportar, a pesar de que son regímenes distintos, emanados de fuerzas políticas contrarias, y de que muchos de los aliados del actual régimen fueron perseguidos por el priismo. Llama la atención que aún con eso simplemente no pase nada.

+ Soberbia lleva a maestros a entuertos sin sentido

Embriagados completamente por el poder que irresponsablemente le han dado los Poderes Ejecutivo y Legislativo, los profesores de la Sección 22 del SNTE rayan en el delirio, al demandar el desafuero de los 42 diputados locales por considerar que “traicionan al pueblo de Oaxaca”. Si de por sí los maestros no se caracterizan por ser muy cuerdos en sus demandas, lo que exigieron ante la crisis desatada por los foros educativos que organiza el Congreso, es una verdadera patraña.

En efecto, el lunes el Congreso del Estado llevaría a cabo el segundo de sus “Diálogos por la educación”, en la región de la Cañada. Profesores de la Sección 22 impidieron la realización del foro, y la dirigencia sindical repudió la realización de los mismos, al tiempo que demandaba el cumplimiento de los acuerdos firmados el 10 de marzo pasado. Frente a esto, el Poder Legislativo amagó con romper el acuerdo de construir la nueva Ley Estatal de Educación junto con los maestros, si la gremial continuaba impidiendo la realización de los foros. La respuesta magisterial fue pedir el desafuero de los legisladores. ¿Cómo y para qué quieren los profesores el desafuero de los 42 legisladores locales?

Ninguna de las dos preguntas es irrelevante. Más bien revelan, por un lado, el tamaño de la ignorancia de los profesores de la Sección 22 del SNTE; y por el otro, la desmedida soberbia que existe en su convencimiento de que ellos no son un poder fáctico y que, al contrario, ellos son “el pueblo de Oaxaca”. Sin embargo, para entender a cabalidad este asunto es necesario ir por partes.

Primero debemos comprender qué entienden los profesores de la Sección 22 por desafuero, y qué es en realidad. Pues al parecer, para el magisterio democrático el desafuero implica en automático la separación del cargo de los legisladores, o algo por el estilo, en razón de que son “traidores al pueblo de Oaxaca”, aunque en realidad lo único que quizá hayan traicionado es un acuerdo político con ellos. Esto es un error de principio a fin que, sin embargo, es tomado como cierto no sólo por los maestros, sino por muchas personas que confunden términos, o suponen efectos que en realidad no existen, o se dan por válidos argumentos manipulados. Veamos.

La Constitución de Oaxaca establece dos vertientes de responsabilidad para los representantes populares. Una es el juicio político, y la segunda es la declaratoria de procedencia. ¿Qué alcances tiene cada una de esas figuras?, ¿Cómo se llevan a cabo esos procedimientos? Y, sobre todo, ¿ante quién se llevan a cabo?

Primero, el artículo 115 de la Constitución estatal dispone que los diputados tienen el carácter de servidores públicos. Luego, el artículo 117 establece que, en base a lo anterior, los diputados de la Legislatura local sí pueden ser sujetos del juicio político —que no es lo mismo que el desafuero—. Y luego establece: “Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su caso inhabilitación para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.

¿Cuándo procede el juicio político? Dice la fracción I del artículo 116 que se llevará a cabo y se impondrán las sanciones respectivas “cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

¿Y cómo se desahoga el juicio político? El mismo artículo 117 establece que “el Congreso del Estado integrará una comisión de Diputados (…) la que se encargará de analizar la acusación y que a su vez substanciará el procedimiento respectivo con audiencia del inculpado; para que posteriormente proceda a emitir su dictamen. Conociendo el dictamen el Congreso del Estado erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción respectiva mediante resolución de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”.

LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA

Decíamos en párrafos anteriores que la segunda vertiente de la responsabilidad para los diputados, es la declaratoria de procedencia. Esto es lo que comúnmente conocemos como “desafuero”, y es con lo que seguramente los profesores se confundieron al querer demandar juicio político en contra de los legisladores locales.

¿Para qué sirve la declaratoria de procedencia? Dice el artículo 118 constitucional local que “para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado (…) por la comisión de delitos (ojo, la “traición al pueblo de Oaxaca” no es un delito, tipificado y sancionado en alguna norma) durante el tiempo de su encargo, la Legislatura declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”. ¿Qué significa esto? Que esto, el desafuero, sirve para que el propio Congreso quite la inmunidad constitucional que protege a los legisladores para no ser procesados judicialmente durante su encargo, para que la autoridad pueda proceder en su contra por la comisión de un delito.

Sobre esto, dice el sexto párrafo del mismo artículo que “El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal…”. Por ello nos atrevemos a decir que la exigencia de la 22 es la patraña más grande que han dicho en mucho tiempo. Confundieron el juicio político con el desafuero. Y queda claro que la posibilidad de que ello procediera es nula. ¿Por qué?

Porque sólo un mentecato podría creer que los 42 diputados —o al menos 27 de ellos, que constituyen las dos terceras partes del total de la Legislatura, que exige el artículo 117 para el juicio político— dispondrían en su propio perjuicio la separación del cargo y la inhabilitación de toda la Legislatura, provocando con ello, además, una disolución de facto del Poder Legislativo, lo cual —por si algo faltara— sería crítico para nuestra cuestionada democracia en Oaxaca. Quizá esto último sea lo que en realidad quieran los profesores que pase con el Congreso del Estado.

¿Y LA FEDERACIÓN?

Es lo que nos seguimos preguntando: ¿Dónde está la Federación en toda esta crisis? Pues ni el gobierno ni la 22 están contribuyendo a una solución sensata a este problema. Y los diputados van para ningún lado con la armonización de la norma educativa y, según parece, también con la política. Están lanzando graves signos de extravío e ignorancia que pueden provocar un estado todavía más profundo de crisis.

Congreso debe asumir su soberanía, no irse de mesa

Es deplorable que los diputados de la LXII Legislatura no asuman a plenitud su calidad de depositarios de una porción de la soberanía popular, y que en lugar de darse su lugar, asuman la posición de víctimas ante un magisterio voraz, que por todos los medios posibles lanzó mensajes de que sólo participaría en la elaboración de la iniciativa de reforma educativa, si los Poderes Ejecutivo y Legislativo se subordinaban a sus pretensiones. Qué bien que el Congreso decida no plegarse a las intenciones de la Sección 22. Pero qué mal que lo haga de esa forma.
En efecto, el lunes pasado la Sección 22 fue a boicotear el segundo foro organizado por el Congreso del Estado, que se llevaría a cabo en Teotitlán de Flores Magón Cañada. La dirigencia magisterial aseguró que al realizar esos encuentros, el Congreso traicionaba el pacto firmado el mes de marzo pasado, en el que se había comprometido a colaborar en la realización de los 37 foros que organizaría el magisterio y —según ellos— a que esa fuera la base para los trabajos de elaboración de la iniciativa de Ley Estatal de Educación.
Y es que apenas hace poco más de una semana, el Congreso anunció la realización de otros ocho foros regionales en donde convocaría, de forma paralela a lo hecho por la Sección 22, a diversos sectores de la sociedad para que externaran sus propuestas y puntos de vista respecto a la ley educativa que debe emitir el Poder Legislativo para cumplir con la armonización de la legislación local a las normas federales.
Cuando anunció esos foros, el Congreso evadió reconocer tres cuestiones fundamentales, que son a su favor: primera, que son ellos quienes tienen la capacidad constitucional para elaborar, discutir y aprobar cualquier ley en el ámbito estatal; segunda, que sus facultades son originarias y plenas, y que por tanto pueden consensar sus decisiones, pero que no tienen el deber de hacerlo. Y tercera: que en el caso de la Ley Estatal de Educación, no iban a descubrir el hilo negro: el trabajo legislativo es sólo de adecuación a las normas federales. Nada de eso quisieron reconocer entonces, y mejor optaron por engañarse con la estratagema del consenso y la socialización del posible contenido de la norma educativa.
En ese sentido, es un problema grave que en Oaxaca ni los poderes formales, ni el poder fáctico que constituye la Sección 22, quieran entender y reconocer públicamente que, de hecho, su capacidad de resistencia e incluso su capacidad de libre determinación, está rebasada por la reforma educativa. La razón es simple: las nuevas disposiciones son de nivel constitucional en el ámbito federal. Esto, en virtud del pacto federal, y del deber que tienen las entidades federativas de ajustarse a las normas federales según lo establece el artículo 124 constitucional, implica que en casos como éste su capacidad plena de legislar quede supeditada a lo ya establecido por la Constitución de la República, y su deber se reduzca a ajustar su marco estatal a las normas federales.
Dicho en otras palabras: ni el Congreso, ni el Gobernador, ni la Sección 22, entienden —o quieren reconocer— que lo que ellos puedan hacer al margen de lo que dice la Constitución y las leyes federales, es irrelevante. Pues honrando el renovado federalismo centralizador que impulsan los poderes federales, el Congreso de la Unión reemplazó a los estados en todos sus deberes relacionados con la educación, y su capacidad plena de decisión la redujo a simplemente acatar y hacer cumplir lo que dicte el poder central en esta materia.
Sin embargo, aún así el Congreso del Estado no desaprovechó la enésima oportunidad de demostrar hasta dónde pueden perder la dignidad y la noción de que ellos son un Poder del Estado, y no un grupo de presión como la Sección 22. Por eso, cuando ayer intentaron hacer patente su soberanía e independencia, lo que en realidad hicieron fue bajarse —otra vez— al nivel del magisterio, que está acostumbrado a presionar, y a no acobardarse ante los desafíos de sus contrapartes, pero que no es más que otro grupo de presión en la entidad.

EL BERRINCHE
La 22 nunca engañó a nadie. Nunca lo ha hecho. Por eso, y por sus antecedentes, era de esperarse que cuando el gobierno o el Congreso discreparan —así fuera en forma mínima— de sus pretensiones, entonces el magisterio rompería con ellos y regresaría a sus acostumbrados actos de presión y chantaje. La razón era simple: si la 22 aceptara una armonización como la obligada por la Constitución federal, entonces estaría aceptando todas las nuevas disposiciones que hoy rechaza; estaría legitimando lo que disponen las tres leyes federales (la Ley General de Educación, la del INEE y la del Servicio Docente) de las que hoy exigen su abrogación; y, en general, estarían aceptando que ellos estaban equivocados. Eso, sabíamos, no iba a ocurrir.
Y sin embargo, aún con eso, el Congreso no entendió su posición y su deber constitucional. Pues en lugar de asumir su papel como Poder Legislativo, los torpes diputados locales amagaron con retirarse de la mesa redactora de la Ley Educativa, como si fuera la Sección 22 la fuente de las iniciativas, o incluso como si el magisterio —y no el Congreso— fuera el encargado de elaborar la propuesta de ley.
De hecho, la realización de foros parecía una buena forma de que el Congreso se engañara solo mientras dejaba correr el tiempo para la aprobación de la norma. Pues en ninguna ley se establece que para la aprobación de una ley, la iniciativa debe pasar por foros, construirse de forma conjunta con los sectores relacionados, o socializarse con la ciudadanía.
Sin embargo, no entendieron eso. Tampoco entendieron que finalmente la Sección 22 no vota ni tiene capacidad para aprobar normas. Y con su falsa actitud de víctimas e ingenuos (más bien, de engañabobos), lo que están haciendo es confirmar su incapacidad para darse su lugar, para hacerse respetar, y para mantener su dignidad y su superioridad, frente a un poder fáctico (la 22) que aunque es poderoso, no tiene —ni tendrá jamás, a pesar del miedo, los titubeos y la indignidad de los representantes del gobierno y el Congreso— la posibilidad de equipararse a los Poderes del Estado. 

LA RUPTURA
Si las cosas siguen como hasta ahora, tendremos meses complicadísimos. La 22 no dudará en cercar el Congreso, perseguir a los diputados y hasta quemar la sede del Poder Legislativo, con tal de hacer patente su oposición a la armonización. La capacidad de contención del gobierno estatal está rebasada. ¿La federación seguirá olvidando a Oaxaca?

Administradores: se agotaron los 3 meses

No es suficiente que la Junta de Coordinación Política del Congreso local haya decidido suspender definitivamente la construcción de un gimnasio en las instalaciones del Poder Legislativo. Es indispensable que el Congreso le informe a la ciudadanía todo lo relacionado con el costo de esa obra, y quién fue el beneficiario de ella, y bajo qué esquema se establecería el gimnasio y los equipos en otro sitio. Los diputados locales tienen mucho que informarle a la ciudadanía, incluyendo el tema —hoy olvidado— de los administradores municipales, a quienes según nombraron por tres meses, y ya llevan seis sin que haya informes de qué se ha hecho para normalizar la situación política de las comunidades en conflicto.
En efecto, ayer TIEMPO informaba que el Congreso del Estado decidió suspender la construcción del gimnasio dentro de las oficinas legislativas, y que probablemente los equipos y aparatos que se instalarían en la antigua cafetería del Palacio Legislativo, habrían de ser colocados en el parque deportivo El Tequio, o en algún otro centro recreativo para las familias oaxaqueñas.
Esa parece una primera decisión sensible y acertada que, sin embargo, no es suficiente. De hecho, lo de menos es que se haya decidido suspender la construcción del gimnasio legislativo, mientras siga estando en la opacidad todo el trasfondo económico: es decir, cuánto costaron en realidad los equipos y aparatos que ahí se instalarían; bajo qué esquema legal fueron adquiridos (licitación, compra directa, etcétera); a quién se lo compraron; cuánto dinero del total del presupuesto proyectado para esa obra ya se gastó y no podría reintegrarse; qué contratista fue el responsable de las adecuaciones que ya se habían hecho al inmueble; y sobre todo, quién fue el o los responsables directos de haber decidido llevar a cabo esa obra, y qué consecuencia tendrá esta decisión que ya fue revocada.
Suspender la construcción del gimnasio es apenas un acto de resarcimiento moral. Nadie creyó la versión dada por los legisladores respecto a que el gimnasio sería no para los diputados sino para los trabajadores del Poder Legislativo, y que la instalación de aparatos y equipos para hacer ejercicio tendría un costo mínimo para el presupuesto.
Desde el inicio, quedó claro que la construcción de ese gimnasio era producto de una decisión unilateral y carente de consensos, pues por eso hubo diputados de todas las fracciones parlamentarias que repudiaron esa decisión —que no había sido consultada ni informada a la gran mayoría de ellos—, e incluso —en un acto que bien podría ser calificado como una felonía por parte de Natividad Díaz y Anselmo Ortiz, en ese entonces— los propios integrantes de la Junta de Coordinación Política terminaron dejando solo al diputado Alejandro Avilés Álvarez, como si él hubiera sido el único responsable por la decisión y la ejecución de la obra, y como si él fuera el único que decide en el Poder Legislativo.
Por eso, al final la decisión de suspender la construcción del gimnasio frena el acto de desprecio que estaban en vísperas de cometer los diputados en contra de la gran mayoría de la ciudadanía (que piensa en subsistir antes que en frivolidades como el “fitness” que querían hacer, en su misma oficina, algunos de los diputados locales), pero no revierte el costo económico que tuvo esa decisión. ¿Por qué?
Porque ni Alejandro Avilés, ni nadie de la Jucopo, ni las oficinas administrativas del Poder Legislativo, han hecho público el costo real de ese gimnasio; tampoco han dicho claramente si los equipos y aparatos que ahí se colocarían fueron ya adquiridos y a quién; si la contratación de la obra se hizo bajo los esquemas y condiciones que señala la ley vigente; y qué consecuencias adicionales tendrá el hecho de que todos los aparatos adquiridos ya no se instalen en el recinto legislativo, y se vayan a otros espacios que no pertenecen al Congreso local.
Al final, el gimnasio era un negocio. Era, pues, ejecutar una obra para obtener las ganancias respectivas, y llenarla de equipos para ver qué porcentaje podrían obtener por la compraventa de los mismos. Frenar su construcción es una buena decisión. Pero si el negocio y la opacidad subsiste, entonces los oaxaqueños no tendremos más que conformarnos con una victoria moral, pero con el triunfo final de los bribones que de todos modos serían premiados por la obra.

¿Y LOS ADMINISTRADORES?
Cuando en enero pasado el pleno del Congreso le dio —ilegalmente— la facultad para la designación de administradores municipales, la Junta de Coordinación Política prometió que los cargos de administrador serían únicamente de tres meses, porque en ese tiempo se construirían las posibilidades de solución a los conflictos políticos que en varios municipios no permiten la realización de comicios conforme lo marca la ley.
Si recordamos ese penoso episodio, habremos de ver que, de nuevo, la Jucopo tomó una decisión según sus conveniencias y cálculos políticos, y que para ello no dudó en marear a sus integrantes y obligarlos a votar a favor de medidas que sólo beneficiarían a ellos a través de los esquemas ilegales de manejar el presupuesto público de comunidades en conflicto.
Han pasado seis meses desde el primer paquete de nombramientos de administradores hechos —ilegalmente— por la Jucopo, y resulta que hoy nadie habla de esos funcionarios, así como tampoco éstos informan sobre las condiciones reales que existen en esas comunidades como para que no haya comicios. Mucho menos podría hablarse de que en alguno de los municipios con conflictos políticos, éstos ya fueron resueltos y puede comenzar a contemplarse la reconstrucción del tejido social, para que haya comicios, así se normalice la vida política de esas comunidades, y entonces ellos dejen el cargo que les fue dado —ilegalmente— por la Junta de Coordinación Política.
Lejos de eso, y como siempre, los administradores están capoteando las crisis en la comunidad que les tocó, y sus diputados están administrando los problemas y aprovechando la pequeña mina de oro que tienen en los presupuestos de esos municipios, que son justificados pero que, seguro, nunca llegan a ellos.

ADMINISTRADORES, DE TRES AÑOS 
Ya va casi medio año y no hay para cuándo se termine la función de los administradores. Así, terminará ocurriendo que más allá de las promesas, esas personas que llegaron por tres meses se quedarán tres años. Claro, mientras les convenga a ellos y sus respectivos padrinos diputados.

EPN, sacrifica a Oaxaca como vía de escape

La cancelación de última hora de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Oaxaca tiene varias lecturas simultáneas. La primera de esas lecturas se relaciona con el poco interés que le genera el sureste del país a un Presidente que construyó su régimen sin la ayuda de esta región del país; la segunda, tiene que ver con la idea clara que parece tener el gobierno federal, de que Oaxaca es la válvula de escape para la inconformidad por la reforma educativa; y una tercera, estaría relacionada con el rechazo presidencial a la idea de que sus giras sean —o intenten ser— aprovechadas con una clara intención electoral. A partir de eso podremos comprender las razones de fondo de esta enésima cancelación.
En efecto, la tarde-noche del martes la Presidencia de la República informó a través de un escueto comunicado que por razones climatológicas el presidente Peña Nieto cancelaba la gira de trabajo que tenía programada al municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en el marco del mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y en la que, en específico, acudiría a inaugurar un centro de acopio de productos lácteos de la empresa social Leche Industrializada Conasupo, S.A.
La primera interpretación que se le dio a esta enésima cancelación (por lo menos en tres o cuatro ocasiones más se han anunciado visitas presidenciales que luego se cancelan), es que el Presidente habría querido evitar un choque con la Sección 22 del SNTE, o que las amenazas de boicot y movilización lanzadas por el magisterio democrático oaxaqueño habrían preocupado a los encargados de la gira. Es posible que los encargados federales de la visita presidencial sí hayan tomado en consideración los amagues del magisterio; sin embargo, es poco probable que eso haya determinado la visita.
Más bien, son dos los motivos relacionados con eso, pero no específicamente el posible intento de boicot por parte del magisterio, lo que haya determinado la cancelación de la visita. Esto porque el anuncio de que la gira de trabajo se posponía fue hecho con ligereza y de forma intrascendente por el gobierno federal, y también porque era poco probable que de verdad el magisterio tuviera la capacidad de incidir en la visita presidencial. ¿Qué razones fueron las que determinaron la cancelación?
Primero —y esa parece ser la razón de la laxitud con la que la Presidencia de la República anunció la cancelación de la gira— porque al Presidente y al gobierno federal no les provoca mucho interés —dicho esto en el mejor de los sentidos— una entidad como la nuestra. Oaxaca sí tiene mucha pobreza y marginación, pero no es una entidad de la que se pueda presumir mucho: no hay aquí temas electorales importantes, tampoco es punta de lanza en algún tema político, y ni siquiera tiene una proyección económica o de algún aspecto relacionado con eso, como para que la federación tuviera razones específicas para intervenir, o al menos para echar de menos una visita a nuestra entidad.
Lamentablemente, en ese primer conjunto de razones, al gobierno federal no le preocupa cancelar una y otra vez una visita a Oaxaca, porque parece asumir que a Oaxaca tampoco le importa mucho que el Presidente venga a refrendar el pacto federal. Pareciera que esto es, pues, una relación estéril que, como no beneficia ni perjudica, entonces no es indispensable atenderla y sin mayor remordimiento puede posponerse un compromiso que para nadie parece de verdad tan importante.
Pero además, la excusa tan simple que puso el gobierno federal para la cancelación, demuestra una vez más que el Presidente de la República sí podría estar tomando en cuenta la situación magisterial, pero que en un primer marco de prudencia, estaría asumiendo que es mejor dejar correr la situación, y aun sacrificando la posibilidad de provocar con su presencia que en Oaxaca se generen situaciones de atención social más favorables, fomentar que no haya factores externos que influyan o enrarezcan el proceso de negociación (si es que se lleva a cabo) de reformas como la educativa, que en Oaxaca tienen su centro nacional de algidez e inconformidad.

EL TINTE ELECTORAL
Es muy posible que al Presidente le quede claro que su presencia en Oaxaca no tiene ninguna trascendencia política directa para su régimen. Es decir, sabe que venga o no a la entidad, de todos modos su gobierno no será ni mejor ni peor aceptado por la ciudadanía o los electores oaxaqueños, y que viniendo o no de todos modos tendrá él —y sus intereses— el mismo número de votos que ya tenía desde el momento en que fue electo Presidente. Sabe, pues, que Oaxaca es territorio electoral adversario y por eso no le genera ninguna inquietud venir a ver si logra algo mejor porque de todos modos su victoria electoral no se la debe a Oaxaca.
Sin embargo, la ausencia de una motivación política o electoral en el Presidente, no significa que esto sea similar para sus funcionarios. Y como en Oaxaca todas las acciones de un gobernante están cargadas de referencias políticas, entonces lo que sí queda claro es que aun cuando a Peña Nieto no le importe lo electoral en la entidad, a uno de sus funcionarios sí. Y quizá esa visita habría sido tomada por él, y por muchos oaxaqueños, como el espaldarazo tácito a una decisión de su partido (el PRI), y por ende la legitimación para el inicio de una campaña electoral temprana que lo tendría como fin sería la búsqueda de la gubernatura del Estado.
¿No es eso lo que reiteradamente ha buscado el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, director de Liconsa, con los intentos reiterados de que el Presidente venga por primera vez a Oaxaca a supervisar un tema relacionado con la empresa que él dirige? Sus intenciones de convertirse en su momento en candidato a Gobernador por el PRI, son legítimas. Sin embargo, esto no significa que los actuales sean los tiempos correctos, y quizá tampoco —y así pudo haber sido leída la situación por la Presidencia, y por eso también por prudencia política con los procesos y tiempos del PRI respecto a Oaxaca— que esa visita presidencial fuera tomada o interpretada como una convalidación de una intención no relacionada con el gobierno o la Cruzada Nacional contra el Hambre, sino con temas electorales.

¿GRATITUD O REPUDIO?
Ofende, sí, que Oaxaca sea la única entidad federativa que nunca ha sido visitada por Peña Nieto como presidente de México. Pero si sopesamos con serenidad esas razones posibles, quizá hasta terminemos dándole las gracias por no venir. Al menos por ahora.

Congreso y Sección 22: el choque irremediable

A pesar de los supuestos consensos iniciales, la Sección 22 del SNTE está enviando señales de lo que irremediablemente terminará ocurriendo: el rechazo a la iniciativa de Ley Estatal de Educación, por no ajustarse incondicionalmente a su programa político. El primer signo claro es el rechazo anticipado a los foros a los que convocó el Congreso, como parte del proceso para la elaboración de la iniciativa. Sólo pueden estar pasando dos cosas posibles: o los poderes están tratando de impulsar la iniciativa en el total desorden, o están dispuestos a chocar con la Sección 22. No hay más.
En efecto, hace apenas unos días la Diputación Permanente de la LXII Legislatura aprobó el acuerdo para realizar los foros denominados “Diálogos por la educación para la atención legislativa al pueblo de Oaxaca en materia de educación”. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Alejandro Avilés, dijo que en estos foros el Congreso convocará a padres de familia, profesores, ciudadanía y expertos, para que expongan sus inquietudes y propuestas relacionadas con la nueva norma educativa.
Todo iba muy bien, hasta que recibieron el rechazo frontal de la Sección 22 del SNTE, que en voz de su vocero, desconoció y no avaló los foros a los que convocó la LXII Legislatura, debido a que en la declaración política que firmaron en conjunto con el Gobierno y el Congreso del Estado el 10 de marzo pasado, sólo se estableció el compromiso de los 37 foros que ya se realizaron y que fueron organizados por la 22 los cuales, dice, también estuvieron abiertos a toda la ciudadanía.
Incluso, dijo que el Poder Legislativo no cumplió con enviar a un representante ni a la mitad de los foros educativos organizados por la Sección 22, y que por tanto “se sacó de la manga” la realización de estos nuevos foros, ya que dijo que hay un documento firmado (la declaración política), el cual existe un compromiso específico para la construcción de la norma, y que el Congreso incumple ahora que está organizando foros al margen de esos compromisos.
¿Cuál es uno de esos dos escenarios posibles que puede estar ocurriendo? Que en el gobierno estatal, ni en el Congreso, existe una conducción comprometida con los compromisos que ellos mismos firmaron en la declaración política con la Sección 22, y que por eso ahora están tratando de impulsar acciones que no estaban contenidas en dicho documento. En ese sentido, es probable que en su momento hayan aceptado y firmado esa declaración política únicamente con los puntos y las condiciones dictados por la Sección 22 (incluso sin leer o analizar el documento) bajo la premisa de no contradecir o provocar la ruptura con el magisterio, y meterlo en una dinámica de construir la norma en conjunto antes que chocar con ellos y generar condiciones de inestabilidad que pusieran en peligro la continuidad del régimen.
Así pues, es muy posible que el gobierno y el Congreso se hayan plegado a las exigencias de la 22 sin reparar en la necesidad de hacer un consenso más allá de los solos requerimientos políticos del magisterio, y que ahora que se ven en la necesidad de llevar a cabo más acciones para la construcción de la ley, sea la misma Sección 22 quien les reproche sus decisiones (cuestiones a las que mal que bien los dos poderes se comprometieron), y con “fundamento” en el documento que contiene la declaración política, desconozca todas aquellas acciones que se apartan de lo que concretamente firmaron en conjunto el 10 de marzo pasado, para construir la iniciativa de Ley Estatal de Educación.

EL DESCONOCIMIENTO QUE VIENE
Desde hace tiempo veíamos venir el rechazo final de la Sección 22 a la propuesta de Ley Estatal de Educación, y así lo apuntamos el 13 de mayo pasado, cuando decíamos que en el caso de la Ley de Educación, la Sección 22 sí avaló el procedimiento, sí está participando en la elaboración de las iniciativas, y parcialmente se verá obligado a respaldar dicho proyecto, aunque éste termine siendo la reglamentación obligatoria a la Constitución federal en la que parte que le corresponde.
“En ese sentido, la Sección 22 –decíamos– tendrá que preparar dos escenarios. El primero, que será inédito (aunque creemos que poco probable) será el de encontrar la forma de aceptar que la nueva Ley Estatal de Educación, que según surgió de su consenso y de sus foros regionales que ahora mismo se realizan, sea en realidad –y en los temas torales- una mera reglamentación de lo que dice la Constitución de la República y las leyes federales en materia educativa. Sería algo así como la entreveración entre sus postulados políticos y académicos, con los temas que le interesa regular a la federación, relacionados específicamente con la evaluación y todo lo que ahora fue incorporado al nuevo artículo tercero constitucional.
“Esto no parece probable. La razón es simple: por cuestiones políticas, la Sección 22 difícilmente respaldará algo que no esté ajustado a su programa político. Y en este caso sería inédita la forma en que fundamente el hecho de que sí está de acuerdo con dicha norma, y que reconozca que sus postulados son concordantes y compatibles con lo que establece la legislación federal. Eso sería el resultado de que los foros y la ley la hicieran ellos. Pero sería también una forma de reconocer que todo lo que dijeron estaba mal y que ahora están apoyando una norma que dice y dicta lo que sus adversarios dicen.
“El otro escenario es más simple y puede también ocurrir: si el gobernador Gabino Cué asegura que la nueva ley estará aprobada antes de que inicie el nuevo ciclo escolar, entonces es posible que la iniciativa sea presentada en el mes de junio y discutida antes de que termine el periodo de sesiones correspondiente. Es decir, entre el mes de julio y agosto próximos. ¿Qué puede hacer la 22? Rechazar la ley, como ya lo hizo cuando el gobernador Cué instruyó que se conformara una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, la cual hicieron conjuntamente abogados del gobierno estatal con gente de la Sección 22 pero que al final el magisterio terminó rechazando la propuesta por no ajustarse a su programa político.

LAS SEÑALES
El escenario que prepara el magisterio es ese: el de rechazar la norma. Ellos van por todo, y no aceptan ninguna vacilación. El primer argumento a favor del rechazo que viene, ya se los dio el Congreso con esta cuestión de forma. Luego vendrán los temas de fondo, que también rechazará la 22 de la Ley Educativa. Ninguna buena noticia, pues, para Oaxaca.

Verdad, reducida a dinero, codicias y presupuesto

El 14 de junio es una fecha emblemática en Oaxaca, por el intento de desalojo de la Policía Estatal a profesores de la Sección 22 del SNTE, que en ese entonces se encontraban plantados en el primer cuadro de la capital oaxaqueña. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, esa fecha debía ser emblema de algo más que de un solo hecho: debía ser, pues, recuerdo de justicia, de lucha o de congruencia. Lamentablemente, hoy es sinónimo de nada.
En efecto, han pasado ocho años y la realidad, a pesar de las circunstancias, es lamentable. En 2006, el magisterio de la Sección 22 se decidió a luchar en contra no sólo de un gobernante, sino de todo un régimen, por considerarlo (al menos esa era la explicación que daban) anacrónico y nocivo para la democracia en la entidad. Aunque al inicio de sus movilizaciones la 22 determinó buscar la salida del entonces gobernador Ulises Ruiz, en realidad el objetivo de fondo radicaba en quitarle al PRI la hegemonía política de la entidad para darle paso a una alternancia que desmantelara las estructuras de manipulación y corrupción, sobre las que descasaba el liderazgo priista.
Todo eso, visto a la distancia, se cumplió a la perfección… y sin embargo nada cambió. Y decimos que todo se cumplió a cabalidad, porque dejando de lado todas las cuestiones subjetivas que han determinado el incumplimiento de todas las aspiraciones democráticas que se supone que tenían quienes encabezaron la revuelta social, es claro que el proceso de alternancia y supuesta democratización se cumplió a cabalidad en apenas cuatro o cinco años.
Pues si vemos los resultados, corroboraremos que apenas en 2010 (cuatro años después de la revuelta popular), en su mayoría la ciudadanía oaxaqueña avaló tácitamente la lucha de la Sección 22 del SNTE y de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, votando a favor de partidos y candidatos contrarios al interés priista. En los históricos comicios de gobernador y diputados locales de aquel año, el PRI no sólo perdió la Gubernatura del Estado, sino que también perdió la mayoría en el Poder Legislativo, con lo que se supone que se abriría una nueva pauta para buscar el desmantelamiento de las redes del poder priista, y la búsqueda de justicia para todo lo que se había hecho antes, durante y después del conflicto.
La razón era simple: todos aquellos que lucharon juntos en 2006 en contra del régimen priista del gobernador Ruiz, ahora tenían la Gubernatura del Estado y el Congreso. Lo único que hacía falta era voluntad para llevar a cabo todo ese proceso democratizador, y para sentar las bases de lo que sería un nuevo modelo de democracia en Oaxaca. De haber sido exitoso ese proceso, incluso habría sido un modelo de que una revuelta popular bien encauzada sí es capaz de derrocar a un régimen que parece invencible; asimismo habría demostrado ser capaz de generar pautas democráticas y de justicia para todos quienes lucharon valientemente en contra del régimen gobernante.
Lamentablemente, en Oaxaca el resultado de dicho proceso es un conjunto de vergüenzas compartidas por todos los que participaron en esos momentos históricos, pero que no supieron qué hacer con el poder que adquirieron; que ya teniendo recursos e influencia dieron a conocer su verdadera vocación de ambición y codicia; o que simplemente se extraviaron ante la incapacidad de manejar su nueva circunstancia.

JUSTICIA, DERROTADA POR
LA CODICIA Y PRESUPUESTO
Es necesario distinguir a los distintos grupos que se beneficiaron del conflicto magisterial. Por un lado, están los grupos políticos que a través de partidos como el PAN y el PRD capitalizaron los dividendos de la revuelta magisterial y los encauzaron hacia la lucha política, con tal de ganar espacios públicos. Por otro lado se encuentran los grupos de lucha social, que lo que en realidad buscaban era presupuestos, canonjías y beneficios a cambio de dar su respaldo al grupo que buscaba el poder. Y en una tercera facción están aquellos que tienen objetivos políticos e ideológicos más complejos y de fondo, como la Sección 22 del SNTE, quien a pesar de sus alianzas con quienes tomaron el poder en 2010, nunca dejaron su trinchera de opositores. 
Los primeros fueron quienes tomaron formalmente el poder, de la mano del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Éste tomó para sí las partes estratégicas del gobierno que le interesaban, y lo demás lo repartió entre los partidos y facciones políticas que lo apoyaron durante sus años de lucha.
A los grupos de lucha social –en donde se encuentran muchos de los que todavía se dicen agraviados por el conflicto del 2006– les dio también espacios y les ofreció justicia en términos abstractos, bajo el argumento de que debían ser ellos quienes construyeran las instituciones y las reglas. Les abrió las llaves del presupuesto, pero también los puso a prueba para que demostraran que tenían capacidad no sólo de denunciar violaciones a derechos humanos, sino también de instrumentar los mecanismos para que esto no volviera a ocurrir.
¿Cuál fue el resultado? Que muchos, la gran mayoría, prefirió la comodidad de gozar de un cargo público –con todas sus comodidades– antes que de mantener la congruencia y la capacidad de demostrar que podían contribuir en la búsqueda de justicia. Eso, en el fondo, era lo que más le convenía al nuevo Gobernante, que antes que la revisión del pasado lo que le interesa es ejercer el poder y asegurar que éste se perpetúe en alguno de los suyos para el futuro.
Mientras, a algunos les dio indemnizaciones discrecionales, que sólo alimentaron la codicia por el dinero y los hicieron olvidarse de la justicia. A otros les cumplió el capricho de crearles una Comisión de la Verdad que sólo existe en la ley. Y a muchos más los metió formalmente al presupuesto para hacerlos orgánicos y evitar cualquier aspaviento futuro, por lo menos hasta que termine el sexenio.

LA JUSTICIA, HASTA NUNCA…
Por eso hoy a nadie preocupa lo que pueda pasar con las promesas de justicia, y con la supuesta vocación democrática. Quienes le arrebataron el poder al PRI únicamente cambiaron la titularidad de las estructuras políticas pero no las desmantelaron. De hecho, hoy ellos las ocupan. Lo mismo pasó con la posibilidad de la no repetición de actos como los del 2006. Ya a todos se les olvidaron las causas que dieron origen a esa crisis. Y en una de esas, vamos enfilados a repetir esa historia.

Deber y desdén institucional afectan a Oaxaca

Los poderes Ejecutivo y Legislativo reiteran su promesa de que antes de que inicie el ciclo escolar 2014-2015 –es decir, el 18 de agosto próximo– Oaxaca tendrá una nueva Ley Estatal de Educación. Según lo que han declarado los representantes de los dos poderes, esa norma conseguirá el doble objetivo, de cumplir con los requerimientos de armonización que estableció la legislación constitucional y ordinaria federal en la materia, y también de atender los reclamos de la Sección 22 del SNTE. Al margen de que esto parezca una tarea imposible, hoy en día también debemos preguntarnos ¿qué están haciendo, en la vía política, los poderes del Estado para conseguir este posible arreglo?
En efecto, ninguna de las dos cuestiones es menor. Pues en el primero de los temas parece que los poderes estatales se encuentran en el dilema de tratar de actuar en contra de aquel tantas veces mencionado principio de la contradicción, que establece que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Es evidente que la pretendida ley educativa cumple con ese requisito de la contradicción. ¿Por qué?
Porque por un lado es claro que la reforma educativa tiene una clara intención de normar la vida laboral y las cuestiones administrativas de los maestros del país. Y porque, por el otro, los profesores de la CNTE, en realidad no quieren ni pluriculturalidad ni el cumplimiento de demandas sociales: lo que ellos quieren es que no se les norme en su vida laboral, ni sean sujetos de sanciones administrativas, ni tengan contrapesos en el establecimiento de las normas que rigen sus actividades como docentes.
Ese es un primer problema que no parece sencillo de superar. Y uno de los indicadores que habla de esa primera vicisitud que no saben cómo resolver (ni en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y tampoco en la Sección 22 del SNTE que se prestó al juego contradictorio de los foros educativos y de la construcción conjunta de una reforma), radica en el hecho de que hasta hoy no existe un solo lineamiento concreto a partir del cual alguien pueda explicar, en Oaxaca, cómo se va a llevar a cabo la construcción de la ley educativa, o cómo se va a llevar a cabo esa curiosa armonización no sólo entre lo que dice la norma federal y lo que debe decir la ley estatal, sino también lo que deba ocurrir en la combinación de esos dos lineamientos legales frente a los planteamientos del magisterio, que hasta ahora sólo los ha esbozado en algunos documentos, pero que tampoco ha tenido la capacidad de establecer líneas concretas que refieran que en esa armonización ellos podrían ceder algunas de sus posiciones en aras de conseguir otras.
Esto va a generar, irremediablemente, un “atorón”, si es que en realidad existe una remota posibilidad de que el Estado tenga la intención de cumplir con sus deberes antes que plegarse a los intereses del magisterio oaxaqueño. Ese “atorón” ocurrirá en el momento en que la Ley Estatal de Educación tenga algún supuesto con el que no está de acuerdo el magisterio democrático. Éstos, hasta ahora, han demostrado que su posición no es precisamente la de negociar. Y por esa razón sólo ocurrirán dos cuestiones posibles: una, que el Estado se vaya de largo aprobando una legislación que después tendrá problemas para aplicar. O, dos, que apruebe una ley de la mano del magisterio, que después termine derruida por una nueva controversia constitucional.
Por eso, también vale la pena saber qué están haciendo en los gobiernos estatal y federal para poder hacer posible no sólo la nueva Ley Estatal de Educación, sino también la reforma constitucional federal en materia educativa, que hasta ahora en Oaxaca sigue esperando el momento adecuado para comenzar a implementarse.

¿Y LA OPERACIÓN POLÍTICA?
Hace unos días, el diario Reforma dio a conocer el acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Gobernación y la CNTE, donde la dependencia federal concede que ningún trabajador podrá ser removido de las funciones que realizaba antes del 11 de septiembre de 2013, fecha en que entró en vigor la Ley General del Servicio Profesional Docente. Este ofrecimiento implicaba seguir la ruta imposible que señalábamos en líneas anteriores, de que el gobierno cediera en algunas de sus posiciones, en aras de que también el magisterio hiciera lo mismo.
Eso no ocurrió. La Sección 22 del SNTE –principal eje de la Coordinadora en el país– decidió que ese ofrecimiento era también insuficiente para los fines que ellos buscan, y reiteraron que su exigencia se sigue centrando en la derogación del contenido de la reforma constitucional en la materia, la abrogación de las normas federales secundarias, y la aprobación y reconocimiento de su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, como norma educativa que rija su labor.
Frente a todo eso, lo preocupante no es que los profesores oaxaqueños hayan rechazado esta primera oferta, sino que en el panorama no parece haber otro intento (uno solo, aparte de este) de conseguir un acuerdo de distensión con el magisterio. El panorama no es fácil, porque la dirigencia magisterial continúa reiterando que su posición es de conseguir todo, o de no negociar nada. Sin embargo, la labor del gobierno –el federal y el estatal– tendría que ser la de plantear tantas posibilidades de solución como fueran posibles, en aras de tratar de hacer algo más de la posición pasiva que se ha asumido hasta este momento.
Por eso, en las condiciones actuales parece claro que será irrelevante si la ley es o no aprobada, y también es irrelevante si llegan a plantearse posibilidades de acuerdo entre el gobierno y la Sección 22. Lo único que se ve en este escenario, es que mientras el Estado siga teniendo ese nivel de debilidad institucional que tiene hasta ahora, de todos modos la ley no se aplicará independientemente de su contenido. Y también es claro la falta de operación política, y el desdén mostrado por el gobierno frente a las posibilidades de solución, están condenando a Oaxaca a continuar indefinidamente viviendo en el caos magisterial que creímos que se iba a frenar con la aprobación de la reforma educativa.

COTZOCÓN
Al margen de las razones que determinan la grave situación política de San Juan Cotzocón, la SSPE y su titular, Alberto Esteva Salinas, deberían comenzar por explicar la razón por la que elementos de la Policía Estatal fueron a ejecutar una orden de aprehensión, cuando esa es una tarea que, en la generalidad, debe realizar la Agencia Estatal de Investigaciones.