Las consecuencias, pagadas por la ciudadanía

Estamos a muy poco tiempo de que Oaxaca cumpla tres lustros de sostener una relación fría y distante con la Federación. El resultado de esa lejanía es palpable en diversos aspectos, comenzando porque hoy en día Oaxaca parece más una ínsula que una entidad integrante de la Federación. En esa relación, la alternancia partidista sin madurez política, ha sido factor fundamental para la persistencia de esta crisis.
En efecto, si miramos al pasado veremos que Oaxaca ha pagado caro el costo de sus efervescencias políticas. Cuando en el año 2000 se dio la alternancia de partidos en el poder presidencial, nuestra entidad atravesaba por un dominio casi total del priismo. En la decantación del viejo poder presidencial, los nuevos depositarios de ese poder fueron los Gobernadores. Y en el caso de nuestra entidad, en aquel entonces había un Mandatario fuerte que asumía que ejercer el poder era un ejercicio de plenitud que implicaba no ceder oficiosamente frente al adversario.
Los resultados de esa relación, en aquel momento, fueron poco perceptibles. El entonces nuevo Presidente de la República (Vicente Fox Quesada) llegó al poder asumiendo una actitud democrática que le sirvió para ganar legitimidad en el primer periodo de su gobierno. Por eso, en el inicio aceptó la tolerancia total frente al disenso y decidió utilizar la sola herramienta de la lejanía para mostrar oposición a sus adversarios. Sólo que después, cuando asumió la parte del poder que disimuló al principio, comenzó una campaña de hostigamiento en contra de las entidades con las que no concordaba. Oaxaca fue una de ellas y entonces a través de las restricciones presupuestales comenzó a hacer presión a la entidad.
¿Cuál fue el efecto? Que, en lo inmediato, los poderes de la entidad se vieron obligados a llevar a cabo diversas acciones de reacción frente al gobierno federal, que incluso llegaron a un plantón en la capital del país, en exigencia de recursos. Lo que ocurría no parecía simple, porque entonces la federación no negaba más recursos a la entidad, sino que se resistía a entregar los que ya tenía. Por eso, la batalla de los poderes locales en contra de la federación fue finalmente ganada por los oaxaqueños, con la “salvedad” de que la federación impidió que el presupuesto y la inversión hacia Oaxaca creciera por voluntad. Los recursos y las obras que se llevaron a cabo fueron producto de desencuentros feroces en los que lo que menos prevalecía era la solidaridad y la simpatía de la federación con nuestra entidad.
Luego, en los tiempos electorales, vino el primer revire fuerte. En los albores de las alianzas partidistas raras en nuestro país, en 2004 se dio en Oaxaca una alianza inexplicable del PAN y el PRD para impulsar a un solo candidato, opositor al PRI, y apoyado por todos los factores de poder externos, incluyendo la federación. No pudieron ganar. Pero el nuevo Mandatario, Ulises Ruiz, llegó nuevamente cuestionado y generó desde el inicio roces con el Presidente, que seguía siendo Vicente Fox. ¿Qué pasó? Que Fox aparentó tener una relación civilizada con la entidad, que nunca debía ser entendida como una relación de solidaridad. Por eso, cuando todos se enfrentaron al conflicto magisterial del 2006, el gobierno federal decidió dejar aislada a Oaxaca, en su afán por vengarse del entonces gobernador Ruiz y todo lo que éste implicaba.
¿Quién ganó? Nadie. Porque la Federación no consiguió la renuncia del gobernador Ruiz. Éste no ganó la posibilidad de arrinconar al más importante poder fáctico de la entidad, que es la Sección 22 del SNTE. El magisterio no consiguió derrocar al Gobernador del Estado. y finalmente la gran perdedora fue la ciudadanía oaxaqueña que vio cómo por un conflicto entre grupos políticos, la ciudad entró en una situación de crisis y los habitantes –que nada tenían que ver con ese lío– terminaron pagando las consecuencias por esas afrentas.

RELACIÓN SIN FUTURO
Después del conflicto magisterial, las veces que el Presidente vino a Oaxaca fueron escasas, y de mala gana. De hecho, el Titular del Poder Ejecutivo Federal evitó casi por completo venir a la capital oaxaqueña, y en las pocas ocasiones que visitó alguna región del Estado lo hizo de la forma más breve y distante posible.
Esa situación tuvo sus efectos en la imposibilidad de la entidad para acceder a mejores condiciones. La federación comenzó, por presión de los representantes oaxaqueños en el Poder Legislativo Federal, a etiquetar más recursos para la entidad. Pero siempre quedó claro que a pesar de los ofrecido, lo dado no era todo lo posible, y esto siempre estaba enmarcado por la corrupción que la federación nunca se ocupó por combatir de verdad en nuestro estado.
Así llegó el 2010, cuando los partidos a nivel federal estaban perfectamente determinados en sus rutas políticas, en Oaxaca ganó Gabino Cué la gubernatura. Él llegaba gracias al apoyo del PAN, PRD y PT. Sin embargo, éste desde el primer momento se asumió como garante de las fuerzas de izquierda, y entonces el panismo –que estaba en el poder presidencial- se alejó, abriendo una nueva brecha que ya no se cerró. En los comicios federales de 2012, en Oaxaca el perredismo ganó los comicios presidenciales gracias al impulso del Gobernador del Estado, pero eso no dejó bien parada a la entidad. ¿Por qué?
Porque la izquierda fue lanzada hasta la tercera posición en la importancia y presencia de las fuerzas políticas nacionales. El hecho de que ganara el PRI la presidencia no le abrió margen de negociación alguno porque las cúpulas nacionales de los partidos mayoritarios fueron abordadas directamente por el Presidente, quien logró acuerdos que marginaron a los liderazgos locales. Por eso el capital político del gobierno de Oaxaca no cobró mayor relevancia en las grandes negociaciones nacionales, y por eso no hubo mecanismos a partir de los cuales el Presidente se viera obligado a buscar los consensos locales para una mejor gobernabilidad.

¿QUÉ SIGUE?
Es posible que más allá de los triunfalismos, la relación entre Oaxaca y el gobierno federal no se componga sino hasta los resultados de los comicios estatales de 2016. No hay forma clara de saber cómo se compondrá el escenario de la sucesión estatal, pero lo que sí queda claro es que sólo bajo condiciones muy específicas el gobierno federal accederá a construir una relación aceptable con nuestra entidad. Mientras los ciudadanos seguiremos pagando las consecuencias de esa relación lejana, que está por cumplir tres lustros.

Magisterio vs ciudadanos: la volatilidad, clave

Nos hemos acostumbrado a que el gobierno asuma a grupos organizados como la mayoría, y que a la ciudadanía la obligue –nos obligue– a padecer los efectos de esa lucha que, aunque organizada, es en realidad minoritaria. En Oaxaca tenemos una larga y funesta tradición en ese sentido, a partir de grupos como la Sección 22 del SNTE que por su capacidad de organización y disciplina puede poner en jaque al gobierno, a pesar de tener una representación que apenas rebasa al dos por ciento de la población.
En efecto, vale la pena reflexionar sobre eso. Pues durante gran parte de los años de lucha que lleva la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, el gobierno ha asumido como una determinación velar por la atención a las demandas e intereses del magisterio, por ser un grupo numeroso y organizado. La contracara de esa determinación está en los ciudadanos, que aún siendo mayoría y teniendo una mayor capacidad de determinación, se encuentra siempre dispersa y se decanta en la sola indignación sin poder dar paso a las siguientes etapas de la reprobación a una autoridad que privilegia las minorías, por encima de la mayoría.
Esto lo vemos casi a diario en nuestra entidad. Aquí, inicialmente fueron las grandes masas de trabajadores inconformes las que fueron demostrando que con capacidad de organización y con disciplina era posible oponerse al Estado y conseguir la satisfacción de sus demandas. Eso fue lo que desde hace varios lustros demostró la Sección 22, cuando irrumpió en el escenario estatal y nos hizo ver a todos que ellos sí tenían capacidad de cerrar una arteria vial fundamental de la capital, que podían también cerrar una carretera federal; que podían tomar oficinas públicas o espacios comerciales, sin que la autoridad pudiera reaccionar ante ello.
Primero, hace años, lo hacían como una forma contundente de lucha. Si lo recordamos, hace quince o veinte años tomar cruces viales como el llamado crucero de la Volkswagen, en la capital oaxaqueña, era sinónimo de un verdadero atrevimiento y de una afrenta a la autoridad. Era así porque pocos lo habían hecho antes, y porque también la autoridad se aprestaba a atender de inmediato, bajo la amenaza de acciones recíprocas por parte de la fuerza pública, las demandas de los inconformes.
Sin embargo, con la reiteración de esas formas de lucha se fueron relajando los efectos. Por un lado, los grupos se dieron cuenta que tomar una acción tan “contundente” como esa era cada vez menos efectiva; y por otro lado, la autoridad comenzó a dejar de tener miedo a la reacción de la ciudadanía –que vio que a pesar de los abusos no tomaba partido o represalia política o electoral de la situación– y entonces comenzó a dejar pasar ese tipo de protestas sin dar mayor respuesta. Los primeros, pues, asumieron que su deber era accionar de forma contundente, siempre; y los segundos se dieron cuenta que a pesar de la reprobación ciudadana esto no podría quitarlos de sus cargos. Y entonces comenzaron a dejar todos pasar todas las acciones adversas.
¿Quién perdió? Perdió, obviamente, la ciudadanía que comenzó a ampliar su margen de tolerancia frente a las acciones. Los grupos de presión asumieron que debían ir incrementando la intensidad de sus formas de lucha para lograr la atención del gobierno; y éste asumió que sólo respondería en función de sus intereses y sus conveniencias políticas, pero no a partir de lo que la ciudadanía pensara o quisiera.
Así, los ciudadanos quedamos en segundo plano. Pero en buena medida fue por nuestra propia responsabilidad.

LA ORGANIZACIÓN, CLAVE 
El conflicto magisterial dejó muchas lecciones amargas, pero una de ellas es determinante hasta el día de hoy: propios, extraños, y el mismo gobierno, asume que el único grupo capaz de derrocar a un gobierno y generar inestabilidad política e ingobernabilidad en el estado, es la Sección 22. Por eso, a ese grupo de presión se le prohíja en todas sus demandas y se le procura hasta la ignominia a pesar de que muchas veces sus demandas sean contrarias al interés y deseo de la ciudadanía.
Y es que, es cierto, en 2006 el magisterio democrático oaxaqueño demostró una capacidad infinitamente superior de disciplina y organización, de la que cualquier otro grupo pudiera suponer. Los maestros, organizados, fueron a organizar un plantón; luego, juntos pero de forma selectiva, resistieron el embate de las fuerzas del orden cuando intentaron ser desalojados de su protesta; mantuvieron un paro de labores de casi siete meses en la entidad; soportaron la suspensión de pagos de sus salarios de agosto a noviembre de ese año; y sólo regresaron a clases y dieron por concluida la fase violenta del conflicto magisterial cuando les fueron satisfechas sus principales demandas.
¿Qué idea dejó todo esto? Que el único capaz de poner de cabeza al estado, y en jaque al gobierno, era el magisterio democrático, y que por eso la alianza con ellos debía prevalecer casi por encima de cualquier otro interés que pudiera existir en la entidad. Asumieron, pues, que esa era la alianza que permitía la gobernabilidad.
Y, silenciosamente, dieron también por hecho que esa unión podía sostenerse a pesar de los daños que pudiera generarle a la ciudadanía y al interés público, porque en este caso era predominante la capacidad de organización de los profesores sobre la volatilidad que tiene la ciudadanía, quien únicamente demuestra inconformidad por destellos, para luego olvidarlos y dar paso a un nuevo margen de tolerancia que soporte nuevos y más contundentes actos de presión.
Si asumimos la realidad con objetividad podremos ver que eso es exactamente lo que ha pasado. Por eso el gobierno mantiene una alianza irrompible con los grupos de presión que considera fundamentales para el mantenimiento de su gobernabilidad. Y por eso deja a la ciudadanía al garete, dando por hecho que a pesar de su inconformidad ni podrá tomar represalias en su contra (en las urnas, por ejemplo) y que tampoco esa inconformidad podrá destituirlos de su cargo. Algo ciertamente terrible, pero parte de la cruda realidad que vivimos los oaxaqueños todos los días.

GUELAGUETZA ¿TAPATÍA?
Fueron presentados los anuncios comerciales que se transmitirán por radio y televisión nacional sobre la fiesta de los Lunes del Cerro. Llama la atención que la música que ambienta los comerciales no es oaxaqueña, sino que más bien suena como a música del estado de Jalisco. ¿Habrán cometido tal barbaridad los lúcidos funcionarios de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico? Es pregunta.

Falta de orden y proyecto, razón real de la crisis

En una democracia consolidada, no debería sorprender la existencia de disensos e incluso de rupturas entre las fuerzas políticas, o incluso al interior de éstas en una institución colegiada, como un Poder Legislativo. Eso sería normal porque los consensos y las rupturas tendrían que darse a partir de la defensa de razones políticas o posiciones ideológicas, o por la defensa de programas específicos cuando se rompieran los equilibrios que son parte de los compromisos pactados. En Oaxaca las rupturas son recurrentes en el Congreso, pero a diferencia de las democracias consolidadas aquí ocurren por la inmadurez política de las fuerzas partidistas, por la avidez de algunos personajes y por la ausencia total de proyecto, compromisos o programas políticos.
En efecto, en los primeros seis meses de trabajo de la LXII Legislatura hemos visto diversas rupturas tanto al interior de las fuerzas políticas, como entre ellas. Las fracciones parlamentarias han llegado varias veces al punto de la ruptura y la parálisis por temas que van desde las reformas relacionadas con los administradores municipales y el reparto de estas posiciones, hasta la desaparición de Ayuntamientos y los manejos presupuestales. A todos ha quedado claro que ninguna de las fracciones es homogénea a su interior, y que a pesar de que tienen mucho poder discrecional, los coordinadores parlamentarios no pueden controlar ni consensar con todas sus bancadas.
Todo esto tiene una ruta específica, y es la del dinero. En diciembre del año pasado, cuando se presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para 2014, en donde se contenía una reducción presupuestal al Congreso, todos los partidos representados lograron la milagrosa unanimidad en el impulso a una iniciativa de reforma constitucional, que establecía la irreductibilidad del presupuesto legislativo.
¿Por qué estuvieron todos de acuerdo? Porque la unanimidad, en el fondo, se centraba en el hecho de no perder las parcelas ni el presupuesto, pero no en que eso pudiera hacer más productivo al Congreso. Y menos de un mes después hubo otra reforma que logró otra prodigiosa unanimidad: la reforma constitucional que regresaba al Congreso la facultad de nombrar a los administradores municipales, sin intervención del Poder Ejecutivo. De nuevo, la preocupación de los diputados no se centraba en la estabilidad de los municipios en conflicto ni en la posibilidad de resolver sus conflictos internos por la vía de la imposición de administradores municipales –que, valga decirlo, ejercen atribuciones sin contar con un marco jurídico que los regule y frene en sus excesos.
De nuevo la pregunta: ¿qué los movió entonces a impulsar esa reforma? Lo que los movió fue su desmedida codicia de los presupuestos municipales. Pues resulta que desde hace mucho tiempo, era una tradición que los administradores municipales fueran nombrados según los intereses del Gobernador en turno, como un mecanismo más de premio para sus leales “poniéndolos donde hay”. Empero, esta práctica se modificó en los tiempos de la pluralidad, para dar paso a los administradores puestos –y con débitos concretos- por un diputado en específico. ¿Cuál era el débito? Compartir el presupuesto del municipio administrado, facilitarle prebendas y espacios, y otorgarle al diputado impulsor una serie de prestaciones libres de toda comprobación a costa del erario y los bienes municipales.
Por todo eso, los diputados oaxaqueños tenían mucho interés en que la facultad de nombrar a los administradores municipales regresara a ellos. Así lo hicieron. Pero la realidad es que todas las posiciones que hasta ahora han sido dispuestas por el Congreso del Estado, han sido producto de la decisión discrecional de los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Cada uno de los coordinadores ha nombrado a sus administradores, ha premiado a sus diputados afines, y ha relegado a los que no lo son.
Sin embargo en esas decisiones no ha habido una pizca de preocupación por el entorno social, por los conflictos municipales o por la resolución de los mismos. ¿Qué les ha preocupado? El dinero. Y esto ha sido así porque como en el Congreso no hay compromisos ni programas específicos, entonces las únicas reformas importantes que generan los consensos son aquellas en las que se encuentran involucrados intereses concretos, económicos, de los diputados. La democracia o la madurez política, pues, no tienen nada que ver en estos temas.

INESTABILIDAD
Hasta hoy el Poder Legislativo no ha tenido una actividad consistente, ni tiene una agenda legislativa que decorosamente pueda ser presentada como tal, ni cuenta con un solo logro que no sea la disputa y la salvaguarda de los intereses de los legisladores. Por eso la inestabilidad al interior de las bancadas –que se difumina todo el tiempo a la totalidad del Congreso– tiene también su origen en esas disputas que aunque son democráticamente intrascendentes, sí son determinantes para el funcionamiento de la Cámara de Diputados.
Si revisamos los casos, corroboraremos que la falta de acuerdos al interior de la bancada perredista, y la caída del diputado Anselmo Ortiz como coordinador en realidad fue producto de que los diputados de su fracción se sintieron agraviados pero no en lo ideológico, sino en lo económico, y decidieron remover no a quien administraba bien, sino a quien se quedaba con todo, y cambiarlo por alguien que sí “comparta”. ¿Compartir el presupuesto es algo moral y políticamente aceptable? A todas luces la respuesta es “no”. Sin embargo los diputados están tan extraviados que por eso públicamente ventilan sus diferencias y razones por las que quitaron a Anselmo Ortiz y pusieron en su lugar a Félix Serrano Toledo, sin que esa rotación pase por una promesa consistente de honestidad, congruencia o transparencia. Buscan con quién sí se pueden poner de acuerdo. Y ya. La democracia, el programa político a favor de Oaxaca, o la responsabilidad de los diputados, no existe.

CASOS SIMILARES
En una situación parecida se encuentran Natividad Díaz del PAN, y Alejandro Avilés del PRI. Es mucho más posible que pronto releven a la coordinadora parlamentaria panista; pero Avilés, en realidad, lo que está haciendo es contener una situación de tensión creciente al interior de su bancada, y apoyarse en los acuerdos cupulares que lo sostienen. Es claro, pues, que la crisis tiene su base en la avidez, no en los disensos ideológicos democráticos que, en Oaxaca, ocupan un lugar intrascendente en la agenda legislativa.

+ Sección 22: Cómo preparar su próxima derrota

Dice el principio de la contradicción que nada puede ser, y no ser, al mismo tiempo. En base a eso, se entiende la disyuntiva que encierra el planteamiento del Gobierno del Estado relacionado con que la Comisión Redactora de la Reforma Educativa en Oaxaca construirá una iniciativa que no se contrapondrá con el mandato de la Constitución federal, pero que tampoco atentará contra las conquistas laborales de los trabajadores de la educación en la entidad. La única alternativa posible, por un lado, es la de la institucionalización de un PTEO “patito”; y por el otro, la construcción de una salida decorosa a la Sección 22 del SNTE, ante lo inevitable.

En efecto, este asunto está lleno de complejidades. Pues en Oaxaca no se termina de entender que en realidad el gobierno de Gabino Cué se encuentra en un callejón sin salida en el tema educativo, y que como parte del control de daños está tratando de hacer lo que menos conflicto le genere con los principales poderes fácticos organizados, como la Sección 22 del SNTE. Por eso, en una decisión muy pragmática decidió mantener la alianza con el magisterio a costa del perjuicio que eso le causa ante la ciudadanía. Sólo que en la ponderación parece haber ganado la organización magisterial contra la volatilidad y dispersión de la ciudadanía, que puede estar muy inconforme pero no está organizada.

¿Qué camino queda en el ámbito formal? Si de lo que se trata es de mantener la alianza con el magisterio organizado, lo que irremediablemente le queda es construir una norma que se apegue íntegramente a lo planteado por la Sección 22 en el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO). Esto le garantizaría al gobierno estatal seguir contando con la gracia de los educadores y con la alianza en la cual el magisterio no cruza la línea de la presión hacia el gobierno, que ejerció de forma permanente en contra de otros Gobernadores.

Sin embargo, el asunto no es tan simple. ¿Por qué? Porque la respuesta se encuentra en la cuestión de quién paga el salario de los maestros. Quien paga, es la Federación. Y por ende, la Federación tiene una influencia determinante a la hora de presionar no para que se haga una norma de consenso, sino para que se formalicen y se apliquen las normas que ya fueron dictadas en el ámbito federal, y que constituyen condiciones ineludibles para que sea la Federación quien siga pagando los salarios de los profesores.

Oaxaca, por esa sola razón, está obligada a no apartarse de los lineamientos constitucionales federales en la materia. Y por eso mismo queda la duda: ¿Cómo construirá una reforma educativa estatal que ni viole los principios de la Constitución, ni tampoco disminuya los logros del magisterio a lo largo de más de 30 años de lucha? Dicho en otras palabras: ¿si la Sección 22 se opone a la reforma educativa federal porque dice que atenta contra sus derechos y conquistas salariales, y por eso pide su derogación, entonces cómo le hará el gobierno estatal para darles esa reforma que incluya los temas que le interesan a los maestros pero que además no infrinja lo que dice la Constitución federal?

Por eso no es equivocado asegurar que más bien lo que el gobierno de Oaxaca está tratando de hacer es jugar con el principio de la contradicción (“Nada puede ser y no ser al mismo tiempo”) para intentar convencer al magisterio de que la inclusión de su “visión de la educación” compensará los ajustes que irremediablemente tendrá que hacer al armonizar la norma estatal a los lineamientos federales, y con ello quitarles privilegios históricos como la perpetuidad de las plazas magisteriales, la no evaluación, la transmisión hereditaria de las mismas, y otros tantos temas que son los que, en realidad, la Sección 22 no quiere que desaparezcan de su marco de derechos.

Y es que el magisterio democrático no vive en la fantasía, ni está preocupado en realidad por la “pluriculturalidad de la educación”. No. Están claramente preocupados por su situación salarial y laboral. Y bajo ninguna circunstancia (y menos con el PTEO “patito” con el que el gobierno estatal trataría de apaciguarlos) dejarán que esos temas se conviertan en ley.

PROPUESTA: CONSENSO, UN ENGAÑO

Todo lo relacionado con las “múltiples visiones y realidades de la educación en Oaxaca” es en realidad un engaño. Es así por dos razones: primera, porque todo lo relacionado con la pluriculturalidad y las diferenciaciones que necesitan hacerse en las regiones del país con población indígena o de minorías, ya se encuentra establecido en la Constitución federal desde hace por lo menos una década en el artículo 2; y segunda, porque bajo esos argumentos el magisterio de Oaxaca ha enmascarado su oposición a los temas que tienen que ver con el aspecto laboral y administrativo de la educación, que es en realidad lo que les preocupa.

Por eso el consenso es un engaño. Por eso la supuesta “inclusión” de todas las visiones y realidades de la educación en la entidad, no es más que un maniqueísmo a través del cual buscarán tratar de hacer pasar algunos de los privilegios laborales y salariales que los profesores no quieren perder. En ello habría quizá formas muy apretadas de redacción de la ley para que la norma estatal no contraviniera a la federal pero tampoco atentara contra los derechos y conquistas de los educadores. Es una misión casi imposible que sin embargo sólo puede ser explicada de una forma. ¿Cuál?

Que también el magisterio estaría preparándose para la derrota inminente. No podrán oponerse (porque su capital político no les alcanza) a la implementación de la reforma educativa, y quizá terminen tratar de ganar perdiendo: es decir, aceptando el “PTEO patito” para decirle a sus bases que su plan alternativo se convirtió en ley, cuando lo que se haya hecho en realidad sea una entreveración de la reforma constitucional en los aspectos laborales, y del PTEO en los temas educativos, que para los maestros son secundarios. Todo puede pasar.

¿UN POLICÍA EN EL IEEPO?

Dicen que es parte de la cuota de Roberto Pedro Martínez. Que era el relevo de Alberto Esteva si finalmente se hacía imposible su llegada a la SSP. Que junto con Marco Tulio López Escamilla, era uno de los dos oaxaqueños con mejor posición dentro de la Policía Federal. Y que calienta el brazo para ir al IEEPO. Ya se ostenta como “representante gubernamental en las mesas de diálogo con la Sección 22, y asesor del Jefe del Poder Ejecutivo”. Es un salto (otro) al vacío. ¿Se imaginan?

+ “Sólo es 1mdp”… monto que muchos nunca tendrán

La frívola decisión de construir un gimnasio en las instalaciones del Poder Legislativo en San Raymundo Jalpan, es sólo una muestra más de la gran insensibilidad que caracteriza a los integrantes de la Legislatura local. Ya antes habían dado muestras de no saber ni entender por qué a la ciudadanía le molestan tanto los excesos de funcionarios y diputados. Para ellos un millón de pesos, o cinco o diez, son montos menores. No alcanzan a entender que a casi la totalidad de la población le molesta y le agravian esos dispendios, porque esas son sumas de dinero que resolverían todos sus problemas económicos y su vejez, pero que seguramente nunca verán junta.

En efecto, no es la primera vez que los diputados de la LXII Legislatura demuestran su lejanía con los problemas de la ciudadanía, a pesar de ser los “representantes del pueblo de Oaxaca”. Hace apenas unos meses, por ejemplo, cuando se dio a conocer que el diputado y coordinador de la bancada perredista en la LXI Legislatura, Emanuel Alejandro López Jarquín, había acumulado una riqueza superior a los 3.5 millones de pesos en cuentas bancarias sólo en el tiempo en el que fungió como legislador, esto generó un agravio generalizado, además de cuestionamientos sobre el origen y la licitud de esos recursos.

La razón de ese agravio que demostró la ciudadanía, era obvia: si se supone que un legislador gana menos de 50 mil pesos mensuales, el “ahorro” íntegro de tal cantidad durante los tres años de su cargo no alcanzaban a completar la suma reflejada en sus cuentas bancarias. Además, si esas sumas le fueron entregadas por otros conceptos, ello nunca quedó clarificado ni por el ex diputado ni por la Tesorería del Congreso. Empero, sólo hubo un personaje, uno solo, que salió a defenderlo. Ese personaje fue su sucesor en la coordinación de los diputados perredista, y tesorero legislativo en el tiempo de los depósitos inexplicables de López Jarquín, Anselmo Ortiz García. ¿Qué dijo?

Estas son sus declaraciones textuales: “el coordinador de la Fracción parlamentaria del PRD Anselmo Ortiz, aclaro que no hay elementos para enjuiciar al funcionario público del gobierno de Gabino Cué, por el delito que se le busca incriminar de 3 millones de pesos en sus cuentas bancarias. “Creo es que una cantidad muy modesta y si revisáramos las cuentas de los priistas creemos que más de uno pisaría la cárcel. López Jarquín acaba de ser legislador y tienen más de 30 años de carrera política y creemos que el monto existente en sus cuentas habla de una vida muy modesta”.

Hace falta releer las declaraciones para comprender la dimensión de la irreflexividad, de la insensibilidad y del desprecio hacia la ciudadanía y hacia las condiciones sociales y económicas de la mayoría de los oaxaqueños, que demostraba el impresentable diputado Ortiz García. ¿Tres millones de pesos en una cuenta personal son una cantidad “muy modesta”? ¿El hecho de que “los priistas” puedan tener en sus cuentas cantidades superiores y por ello “más de uno pisaría la cárcel”, era justificación del inocultable exceso de su compañero de partido? ¿En qué vida, en qué época de México, o en qué país, y en qué estrato social, “el monto existente (de tres y medio millones de pesos) en sus cuentas habla de una vida muy modesta”? Si eso es “modestia” para el diputado Ortiz, entonces debiera ser porque el grueso de la población, cualquier oaxaqueño, puede tener tres y medio millones de pesos en sus cuentas bancarias. Y no es así.

Más bien, lo que hizo con todo descaro, fue justificar que los políticos sí se roban el dinero del erario que tienen a su disposición. ¿La razón? Que al igual que el ex diputado López Jarquín, la inmensa mayoría de la población económicamente activa, también tiene que trabajar treinta años (las mil 500 semanas de cotización que exige la Ley del IMSS) para contar con derecho al retiro, y que ni siquiera con la suma de las aportaciones tripartitas de toda una vida de trabajo reflejadas en su cuenta de ahorro para el retiro, una persona común y corriente puede ver junta una suma de dinero que alcance los seis dígitos. Siendo así, ¿entonces sólo siendo político se puede juntar esa cantidad?

Esas aseveraciones son una burla abierta a la inteligencia de las personas, a la dignidad (lo poco que todavía podría quedarle) del trabajo en el sector público, y a la medianía juarista de la que todos hablan pero nadie honra en esta sociedad oaxaqueña que tiene políticos que creen que siguen viviendo en la época de la ignorancia total.

EL GIMNASIO

Algo similar ocurre con el gimnasio legislativo. El diputado Alejandro Avilés se justifica diciendo (sin ninguna prueba documental, cotización, licitación, contrato o algo similar, que pruebe sus dichos) que ello sólo costará un millón 200 mil pesos. Con esa cantidad de dinero, que para el diputado Avilés es nada, se podrían rehabilitar muchos espacios deportivos públicos, que hoy se encuentran en ruinas.

Se podría también dotar de mobiliario e infraestructura dignas a decenas de escuelas que no necesitan un millón, sino diez o veinte mil pesos para comprar mesabancos nuevos o pizarrones nuevos. Podrían procurarle dignidad a parques y espacios comunes –incluso los aledaños al Recinto Legislativo de Jalpan– que se encuentran en el más completo olvido, y que también podrían utilizar para que los trabajadores y los legisladores convivan, se ejerciten y se acerquen unos a otros para corroborar que al final más allá de los cargos y las lisonjas, todos son personas que comparten los mismos problemas que por condición humana todos enfrentamos.

Qué bien nos caería a todos los ciudadanos que los diputados bajaran de la nube en que se encuentran y asumieran que en la realidad de la gran mayoría de los oaxaqueños hablar de una suma de dinero como la que están invirtiendo en el gimnasio, es tanto dinero que seguramente decidirían que se invirtiera en obras de verdadera utilidad y no para satisfacer la frivolidad de un puñado de diputados que, aludiendo al refranero, como no tienen y llegan a tener, locos se quieren volver.

RESPONSABILIDAD DE MUCHOS

Es terrible que el diputado Avilés asuma la defensa de lo imposible y trate de justificar y hacer ver como “normal” algo que es inadmisible para la mayoría de la población. Lo peor es que confirma de nuevo, su papel de peón y cómplice de una Junta de Coordinación Política que parece la principal enemiga de la ciudadanía y de Oaxaca, y en la que comparte responsabilidad con Natividad Díaz y Anselmo Ortiz.

+ Auditoría: ¿protección o ruptura de cívicos?

Es indispensable que la Auditoría Superior del Estado cumpla a cabalidad con la determinación de revisar a fondo los recursos públicos que ha ejercido el Congreso del Estado en los últimos años, pero también es necesario que lo haga de cara a todos los oaxaqueños y que en eso nadie permita engaños o simulaciones, e incluso venganzas entre grupos. Lo que debe prevalecer es la ley, aunque esa sea la premisa más desdeñada hoy en día.
En efecto, uno de los temas que queda en medio de todo es la relación de dependencia institucional y constitucional que tiene la ASE frente al Congreso; y la relación de dependencia personal y política que existe al interior del grupo que revisará y será revisado. Hay que clarificar, pues, con todo detalle la relación y los débitos que existen entre el hoy diputado federal Carol Altamirano con el auditor Carlos Altamirano Toledo, y entre éstos y Alejandro López Jarquín, actual secretario de Desarrollo Social y Humano, y presidente de la Junta de Coordinación Política durante el último año de la escandalosa y cuestionada LXI Legislatura.
Vayamos por partes. Pues queda claro que el primer escollo que presenta esta posible investigación, radica en que la Auditoría Superior es el órgano técnico de fiscalización, que tiene las atribuciones constitucionales de revisar el ejercicio de los recursos públicos que reciben los poderes del Estado. El problema es que la ASE tiene una autonomía limitada, que sólo se circunscribe a lo técnico y operativo, pero dependiendo del Poder Legislativo en sus alcances sustanciales. En esas condiciones, ¿qué garantías institucionales existen de que la ASE, que es subordinada al Poder Legislativo, podrá auditar con plena libertad, sin presiones y sin limitaciones, al propio Congreso?
En un primer momento podríamos suponer que como se trata de ejercicios pasados, y que como no son los mismos diputados quienes serán revisados y quienes integran hoy la LXII Legislatura, entonces no habría mayor problema en que la revisión fuera a fondo. Sin embargo, en medio de todo eso quedan dos cuestiones: primera, que dentro del Congreso, y en la actual Legislatura, ya hubo un acuerdo político para mantener al mismo personal que manejó los recursos en la Legislatura anterior; y segunda, que constitucionalmente la ASE tendría plena libertad de auditar sólo el último año de ejercicio de la LXI Legislatura, que es el que corresponde justamente al tiempo en el que López Jarquín fue presidente de la Junta de Coordinación y que por ende sería quien resultara con responsabilidad por el posible manejo indebido de recursos públicos.
En la primera de estas dos vertientes, el panorama es claro: dentro del Congreso pudo más el arreglo discrecional entre los coordinadores parlamentarios del PRI y PRD que el escándalo por el evidente manejo indebido de los recursos públicos, y por eso Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés pactaron la permanencia de toda la estructura administrativa que tuvo a su cargo los recursos en la LXI Legislatura, a cambio de compartir los beneficios de ese manejo discrecional que ya quedó en evidencia de dos de los tres coordinadores parlamentarios de la Legislatura que antecedió a la actual.
Al parecer, los diputados Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés tratarán de capitalizar lo más posible (quién sabe para beneficio de quién, a aparte de ellos) el estruendo causado por las evidencias de corrupción y enriquecimiento indebido, y buscarán aprovechar el río revuelto, y el problema que eso genera entre los grupos perredistas, para seguir teniendo ventaja en la discrecionalidad que ahoga al Congreso del Estado.

LOS ALTAMIRANO
Carol Antonio Altamirano es sobrino de Carlos Altamirano Toledo. El primero fue coordinador parlamentario de la LXI Legislatura desde su inicio (en noviembre de 2010), hasta los primeros meses de 2012, cuando solicitó licencia a su cargo de diputado local, para ocupar una curul federal. Él heredó en la coordinación de los diputados perredistas a Alejandro López Jarquín, fundamentalmente por pertenecer a su misma corriente política (o tribu) al interior del PRD, denominada Movimiento Cívico. Entre ellos está parte del problema actual por la auditoría exigida y prometida a la LXI Legislatura. ¿Por qué?
Porque el artículo 65 bis de la Constitución del Estado señala que en el desempeño de sus funciones, la ASE “contará con plena autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.” Estos principios, en términos sencillos, apuntan a que la ASE sólo puede revisar ejercicios anuales, pero que esa atribución se ejerce plenamente sólo en el año inmediato anterior al en que se realiza la revisión.
Ahí es donde se encuentra el problema para los Altamirano. Pues si el auditor Carlos Altamirano sostiene que el órgano revisor hará una auditoría al Congreso, ésta tendrá que comenzar por el año 2013. En ese periodo, de enero a noviembre, quien encabezó la Legislatura fue López Jarquín, que fue el “delegado” de Carol Antonio Altamirano en la LXI Legislatura mientras él se fue a ocupar una curul a la Cámara baja federal.
¿Qué significa esto? ¿Es un rompimiento al interior del grupo de los “cívicos” perredistas? ¿Es un error de cálculo obligado por las circunstancias? ¿O es parte de un pacto tácito para hacer una revisión poco profunda a las finanzas del Poder Legislativo, cerrarla con observaciones menores que no impliquen una responsabilidad trascendental a quienes encabezaron la LXI Legislatura, y dar con eso carpetazo al asunto bajo la premisa de que un mismo ejercicio anual, no puede ser legalmente revisado dos veces por el mismo órgano de fiscalización?

CRISIS DE LEGITIMIDAD
Dicen, hasta en tono de burla, en el Congreso, que hoy se vive un periodo de crisis institucional por la falta de acuerdos entre el PAN y el PRD, y la voracidad del Coordinador de los diputados priistas, que está aprovechando cada uno de los espacios para hacerse de más poder al interior del Congreso. En realidad, lo que se vive es una profunda crisis de legitimidad porque si ya de por sí los diputados tienen una credibilidad y una ascendencia bajísima frente a la ciudadanía, con estas acciones, acuerdos y complicidades, lo que están haciendo es agotar la poca legitimidad que tenía el Poder Legislativo en Oaxaca.

Hace veinte años, el país amaneció el primer día del año en guerra. Ese día, unos chiapanecos decidieron tomar las armas, y desde las montañas impulsaron un levantamiento armado, que si bien no fue exitoso en el terreno de las armas, veinte años después continúa retumbando porque logró poner en el centro de la atención nacional el olvido y la marginación, ancestrales, que prevalecían en las zonas rurales de aquella entidad, y que no habían cambiado con ninguno de los cambios sociales y políticos que había vivido nuestra nación desde el momento de la conquista. Vale la pena hacer un recuento de uno de los episodios más relevantes del alzamiento armado, que consolidó al subcomandante insurgente Marcos como la emblemática figura que con el filo y las balas de la palabra centró el debate sobre Chiapas.
En efecto, se afirma con razón que la de Chiapas de 1994 fue una guerra que duró 11 días en la lucha armada, pero que ha durado varios lustros en la guerra de palabras. Desde el primer día de aquel año, cuando se dio el levantamiento armado, y las bases militares y policiacas de Chiapas comenzaron a ser atacadas, el gobierno tenía intenciones de aplastar a los insurrectos a través de acciones violentas. Esa posibilidad fue atajada por la entonces incipiente globalización de los medios y de la opinión pública, y por el temor que tuvieron expresiones del gobierno federal de que esa respuesta fuera más costosa políticamente para la imagen del país, que las señales de apertura que pudieran darse a través de una ley de amnistía.
Así, el gobierno federal anunció el 11 de enero de aquel año, el cese unilateral de las acciones armadas por parte de las fuerzas armadas, y el día 21 de ese mismo mes fue emitida una Ley de Amnistía, a través de la cual se buscaba la desmovilización de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde algunos días antes, entre el 17 y 18 de enero, el presidente Carlos Salinas de Gortari había anunciado el envío de dicha Ley al Congreso. Y cuando eso ocurrió, el Departamento de Prensa y Propaganda del EZLN dio a conocer uno de los comunicados más emblemáticos de la guerra zapatista de Chiapas, e icono de las capacidades intelectuales y retóricas del líder más visible de aquella organización. Vale la pena releer algunos fragmentos de ese comunicado, que es comúnmente conocido con el título de “¿De qué nos van a perdonar?” y emitido en respuesta al anuncio de la Ley de Amnistía que había hecho el gobierno federal:
“Creo que ya deben haber llegado a sus manos los documentos que enviamos el 13 de enero de los corrientes –escribía el subcomandante insurgente Marcos. Ignoro qué reacciones suscitarán estos documentos ni cuál será la respuesta del gobierno federal a nuestros planteamientos, así que no me referiré a ellos. Hasta el día de hoy, 18 de enero de 1994, sólo hemos tenido conocimiento de la formalización del “perdón” que ofrece el gobierno federal a nuestras fuerzas. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate, en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles, por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos?

¿QUIÉN VA A PERDONARNOS?
“¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los que, durante años y años, se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo? ¿Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas? ¿Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte “natural”, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares? ¿Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera, por fin, el “¡YA BASTA!”, que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez pero ahora para vivir? ¿Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos? ¿Los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua? ¿Los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos? ¿Los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave “delito” de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, sólo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago?
¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la república? ¿Los secretarios de estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los gobernadores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los policías? ¿El ejército federal? ¿Los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra? ¿Los partidos políticos? ¿Los intelectuales? ¿Galio y Nexos? ¿Los medios de comunicación? ¿Los estudiantes? ¿Los maestros? ¿Los colonos? ¿Los obreros? ¿Los campesinos? ¿Los indígenas? ¿Los muertos de muerte inútil? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo?

20 AÑOS DESPUÉS…
Poco ha cambiado en Chiapas desde entonces. Y quizá habría que seguirse preguntando quién debe perdonar, y por qué, en esa guerra. En otro momento analizaremos por qué Octavio Paz dice que el zapatismo entrañó la única causa verdaderamente social de la Revolución. Chiapas lo confirmó. Aunque pareciera que muchos siguen sin entenderlo.

+ Reasignación municipal inquieta a autoridades

Transcurrió ya la primera semana hábil de 2014 y en muchos municipios de la entidad hay preocupación por la posible disminución del Ramo 28, que constituye la principal fuente de ingresos para el funcionamiento de los gobiernos municipales, y que proviene de las transferencias que realiza la Federación por la recaudación de diversos impuestos.
En efecto, una vez que las nuevas autoridades municipales asumieron sus cargos y comenzaron a revisar los recursos con los que contarán, muchos se percataron que contrario a lo común, en muchos casos el Ramo 28 de su municipio –que siempre aumentaba de forma anual, así fuera de forma sólo testimonial- disminuyó drásticamente para 2014, mientras que en otros municipios creció hasta duplicarse o triplicarse. Es tiempo que el gobierno estatal y federal ofrezcan explicaciones al respecto.
¿Qué es el Ramo 28? De acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal federal, éste el Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación que contiene los recursos correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos que se asignan a las entidades federativas y los municipios en los términos establecidos por la citada Ley y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Esencialmente, el Ramo 28 ha buscado ser una expresión del llamado “federalismo fiscal”, a través del cual se ha buscado que tanto la Federación, como las entidades federativas y los municipios, participen en el reparto de los recursos recaudados por la existencia de diversos impuestos que se aplican en todo el territorio nacional y que involucran por igual a los contribuyentes.
En el ámbito municipal, y al margen de las desviaciones y los vicios que existen en muchas administraciones corruptas, lo cierto es que en esencia el Ramo 28 constituye la principal fuente de ingresos, porque es el rubro presupuestal que les permite el funcionamiento de la administración y que les da margen de decisión para optar por el uso de esos recursos en funciones administrativas o en obra o servicios, con un grado de libertad que no tiene ningún otro fondo al que pudieran acceder del Estado o la Federación.
El origen federalista de dicho Ramo, radica en su integración: el Ramo 28 se compone del Fondo General de Participaciones, que se constituye con el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP), el Fondo de Fomento Municipal; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el que las entidades federativas participan con el 20 por ciento de la recaudación.
Otro de los elementos de dicho ramo es el Fondo de Compensación, mediante el cual se distribuye la recaudación derivada del aumento a la gasolina y diesel. Para la integración del Ramo 28 también participan recursos de otras fuentes, como el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; incentivos por el cobro del Impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos, y otros.
Uno de los aspectos que ha tenido el Ramo 28 como de vital importancia para los municipios, es que dicho fondo ha constituido algo así como un ingreso progresivo garantizado que tienen para cubrir sus necesidades más básicas, que van desde el otorgamiento de servicios a su comunidad, su gasto corriente y la inversión en temas que escapan a la cobertura de otros fondos que tienen recursos etiquetados para ciertos rubros.

LAS DUDAS
No son pocas las voces que, desde los municipios de la entidad sostienen que el Ramo 28 que corresponde a su comunidad ha disminuido, llegando a niveles que incluso hablan de reducciones de más del 50 por ciento, respecto a los recursos recibidos en 2013.
La primera duda que surge es en relación a si este es un problema de asignación desde la Federación, o si fue un error o una decisión deliberada del Paquete Económico aprobado por la LXII Legislatura para 2014. De entrada, y según lo establece el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2014, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33, el Ramo 28 asignado a Oaxaca no sólo no decreció, sino que fue incrementado en más de mil millones de pesos respecto a 2013. En datos duros, para 2014 el mencionado Acuerdo establece que Oaxaca recibirá 15 mil 716 millones 766 mil 802 pesos, mientras que en 2013 fueron transferidos 14 mil 462 millones 776 mil 134 pesos. Hay una diferencia de mil 253 millones 990 mil 668 pesos.
Luego, en el Presupuesto de Egresos del Estado se establece, en su artículo 25, que los municipios ejercerán un presupuesto de 11 mil 486 millones 542 mil 155 pesos, y establece que la distribución y calendario de pagos se publicará en el Periódico Oficial a más tardar 15 días después de que Hacienda publique el calendario de entrega.
De ser correcta esta primera apreciación de muchas autoridades municipales, sería bueno que desde ahora el Gobierno del Estado, y el federal, tomaran las previsiones necesarias, primero para explicar si esto es cierto, y después –y sobre todo- para eliminar las disposiciones que establecen un cambio en el cálculo del Ramo 28 para cada municipio, tomando en cuenta que dejar esta modificación afectaría gravemente el funcionamiento de muchos municipios, y los servicios que reciben cientos de miles de ciudadanos en cientos de municipios de la entidad, provocando también problemas políticos, manifestaciones y hasta rebeliones.

SUBIR Y BAJAR
En contraparte, desde los mismos municipios sostienen que hay algunos a los que su Ramo 28 se multiplicó. Tiene la idea, porque no cuentan con datos concretos, que esto puede ser por la inclusión de dichas localidades en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que en Oaxaca desde 2013 focalizó prácticamente todos los programas federales a los 133 municipios contemplados en el mapa de la Cruzada. De ser así habría beneficiarios colaterales, que no precisamente sufren de hambre pero sí de avidez económica: cinco de los doce municipios a los que la LXII Legislatura les asignó administradores, son parte de la Cruzada. Estos son San Juan Ozolotepec, San Mateo del Mar, Santiago Camotlán, Santiago Choapan y Santa Cruz Acatepec. ¿En estos hubo duplicación del Ramo 28? De ser así, ¿de verdad será para beneficio de la gente, o de los administradores y sus patrocinadores y socios del Congreso? Pronto lo sabremos.

+ Jucopo refleja ilegalidad y esconde decisiones

Ayer, a través de un comunicado, el Congreso del Estado anunció la designación de doce administradores municipales, y el nombramiento en breve de otros tres encargados, que fungirán de forma temporal como autoridades en lo que, según, se construyen las condiciones para que se verifiquen los comicios que, por razones políticas o de inestabilidad social, no pudieron realizarse durante el periodo electoral 2013. Lejos del compromiso y la vocación democrática, el Congreso da nueva muestra de torceduras y discrecionalidad que debía inquietar a propios y extraños.
En efecto, en el comunicado emitido la tarde de ayer, el diputado Alejandro Avilés (coordinador de la bancada priista y presidente de la Junta de Coordinación Política), aseguraba que “nombrar a los administradores de 12 municipios por parte del Congreso, y a otros tres que están pendientes, es coadyuvar a la estabilidad política y a la gobernabilidad democrática del estado”.
Luego decía que “en todos los casos los nombramientos de los administradores fueron producto de un estudio minucioso de perfiles y de un ejercicio mesurado y de amplio consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias”. Y finalizaba diciendo lo siguiente: “concluye un proceso de revisión y selección de quienes a juicio del Poder Legislativo conducirán mejor el destino de los municipios asignados, y que no podían continuar sin una autoridad legítimamente constituida, quienes tienen la encomienda de crear las condiciones necesarias para que la comunidad elija a sus autoridades municipales”.
Hay varias cuestiones que son inquietantes alrededor de este asunto. La primera es la constitucionalidad de los nombramientos. Pues si bien el propio Congreso informó en su momento que el Pleno de la Legislatura había facultado a la Junta de Coordinación Política para proponer “y para que nombre, de ser necesario” a los encargados de las administraciones municipales, esa facultad conferida mediante decreto rebasa lo que establece la Constitución. ¿Qué dice al respecto?
La fracción XIII del artículo 59 constitucional, reformado por esta misma Legislatura hace apenas unas semanas, establece lo siguiente: “el Congreso hará la designación de un encargado de la Administración Municipal, cuando por cualquier circunstancia especial no se verificare la elección de algún ayuntamiento o se hubiere declarado nula o no válida, lo anterior de conformidad en lo establecido en la Ley de la materia”. Es claro que aunque pareciera que el Congreso hizo lo correcto, en realidad esos nombramientos fueron hechos fuera de la ley. ¿Por qué?
Porque al margen de lo que digan los decretos (en los que, en su soberbia e ignorancia, los diputados acostumbran amoldar la ley a lo que mejor les conviene, como si ésta fuera una simple referencia o un instrumento potestativo), la Constitución local dice que debe ser el Congreso quien nombre a los administradores. Ello implica un proceso político electivo, que no se puede delegar. ¿Por qué? Porque una elección del Congreso, la que sea, implica la participación de todos los diputados; implica también una votación y un debate, en pleno, de las razones que los llevan a tomar tal decisión; y, aunque esto último no ocurriera, lo que sí debe haber es la validación y la legitimación del Poder Legislativo como Institución del Estado de una decisión que trasciende al gobierno de una comunidad y a los derechos políticos no ejercidos de ciudadanos que estuvieron impedidos para ejercer su derecho al voto para elegir, o ser electos, como autoridad municipal.

LAS TRAMPAS
En uno de esos intentos por amoldar la ley a su conveniencia, el pleno del Congreso tergiversó el mandato constitucional cuando estableció que la Junta de Coordinación Política podía proponer, “e incluso nombrar”, a los administradores municipales. ¿Por qué?
Porque la Junta es un mero órgano de convergencia al interior del Congreso, pero no representa ni suple, en términos constitucionales y legales, la voluntad de todos los diputados. Para comprender mejor esto, basta con releer las atribuciones que tiene la Jucopo en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para corroborar que al margen de sus facultades frente a terceros, su función esencial entre los diputados es la de conseguir acuerdos y proponerlos al Pleno para que sea una mayoría legitimada la que decida.
Sin embargo, en este caso la Junta de Coordinación pasó por encima de este límite y se auto asignó atribuciones que rebasan su ámbito de competencia. Pues ni siquiera el Congreso en pleno tiene la fuerza suficiente para brincarse un precepto constitucional (¡confeccionado y reformado por ellos mismos!) y darle una vertiente distinta a lo que establece la propia Constitución. De ser así, entonces el siguiente paso que tendría que dar la Junta de Coordinación (que raya en el extremo, pero que está pasando por la debilidad de la mayoría de los diputados) es la de resolver que el Congreso ya no debe funcionar el pleno, y mandar a descansar a todos los legisladores, tomando ellos para sí una “voluntad delegada” de la mayoría de la Legislatura, para tomar todas las decisiones que fueran necesarias.
En este caso, lo más grave es que, como siempre ocurre, el Congreso y la Junta de Coordinación Política no explicaron en razón de qué nombraron a quienes ya fueron designados (sin votación y por la fuerza de un dudoso decreto) como administradores municipales.
La única “explicación” ofrecida por Avilés (que, queda claro, no ha sido sino un mero pararrayos y cómplice de los intereses que comparte con el coordinador perredista, Anselmo Ortiz) es la siguiente: ““No se trataba de nombrar por nombrar. No fue un ejercicio mecánico de medición de fuerzas ni de asignación de cuotas partidistas o de favorecer a los cuates, sino un proceso responsable de elección de las personas más calificadas”.

SÓLO DUDAS
¿Las doce personas nombradas como administradores municipales son de verdad gente honorable? ¿En qué se basó la Junta de Coordinación para llegar a esa conclusión? ¿Si no fue un asunto de cuotas o de cuates, por qué aparecen entre esos nombres, los de allegados a diputados, a delegados federales y políticos de diversos partidos? ¿Ninguno de ellos tiene cuentas pendientes con la justicia? ¿De verdad procurarán la concordia en los municipios? ¿Tuvieron, o tendrán costo esos nombramientos? Como no hubo discusión, será imposible conocer otras razones que determinaron que las administraciones recayeran en esas personas, y no en otras.

+ Gobierno no pudo convencer sobre el pago

Uno de los mayores fracasos de la administración estatal se encuentra en la recaudación del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, como gravamen estatal. En los tres años que llevan aplicando este impuesto, lo único que han conseguido es una fuga enorme de recursos por dicho concepto, a partir de que se han limitado a tratar de obligar al contribuyente para que cumpla, pero sin hacerle ver por qué es necesario que pague dicho impuesto en Oaxaca, y no en otra entidad federativa.
En efecto, por disposición de una reforma ocurrida en 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal federal, se estableció que a partir del 1 de enero de 2012 el gobierno federal dejaría de cobrar el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, como gravámen federal, y lo dejaría a la libre determinación de las entidades federativas para que cada una de ellas decidiera si continuaba aplicando su cobro pero ahora como gravamen de tipo local.
Cuando eso ocurrió, en Oaxaca la administración del gobernador Gabino Cué anunció que mantendría este gravamen, fundamentalmente por dos razones: primera, porque la recaudación estatal es de por sí mínima frente a la dependencia que tiene el gobierno estatal de los ingresos que cada año se transfieren a la entidad a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sobre eso, la Secretaría de Finanzas sostenía que la recaudación estatal no podía darse el lujo de perder un impuesto como ese, debido a que esos recursos eran necesarios para acceder a más dinero del presupuesto federal.
El segundo argumento versaba sobre la imposibilidad de eliminar dicho impuesto, debido a que la administración anterior había llevado a cabo un proceso de bursatilización de recursos comprometiendo los ingresos por concepto de derechos vehiculares a cambio de obtener préstamos para la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, y para otras inversiones. Así, decían, eliminar el impuesto a la tenencia de vehículos era imposible.
El problema es que nunca dieron una alternativa a los particulares, ni establecieron incentivo alguno para motivar a que éstos continuaran pagando la tenencia, aún cuando en varias entidades federativas vecinas el cobro de dicho impuesto había sido ya eliminado. ¿Qué hicieron en Oaxaca? Que a partir de 2012 el gobierno inició una agresiva campaña para el cobro de dicho impuesto. Finanzas comenzó a enviar requerimientos a los domicilios advirtiendo a los tenedores de vehículos registrados en sus archivos, que de no pagar se les impodrían todavía más gravámenes, por concepto de multas y recargos.
A la par de ello, la Dirección de Tránsito, y la Policía Estatal, iniciaron operativos de verificación de la documentación de los vehículos. Así, sacando automóviles de circulación, y asustando a los contribuyentes, intentaron mantener la recaudación que tenían cuando la tenencia era un impuesto federal. Pero lo único que consiguieron fue fracasar estruendosamente.
Fue así, primero porque no tuvieron claridad ni ganas de convencer al contribuyente de que pagar ese impuesto en Oaxaca era benéfico para la economía gubernamental pero tambien para gozar de mejores derechos como ciudadano. Pero fracasaron tambien porque la misma regulación federal que rige el tránsito de vehículos, no prohibe –porque es una garantía constitucional, de las más importantes- que un automotor circule libremente por una entidad federativa distinta a la que registró su emplacamiento, y el cobro de los derechos vehiculares.

TRIPLE FRACASO
Así, este fracaso fue triple: primero porque en estos tres años el gobierno estatal ha visto disminuida fuertemente su recaudación por la tenencia vehicular. Segundo, porque el contribuyente prefiere no pagar frente a las condiciones en las que se encuentra todo lo relacionado a los vehículos y las vías de comunicación en la entidad. E incluso fracasó el gobierno porque esa fuga de dinero recaudado tambien se traduce en inseguridad jurídica para transeuntes, conductores y público en general. Vayamos por partes.
El primero de los fracasos radica en que el gobierno apenas si ha podido sostener el número de personas que mantiene registrados y emplacados sus vehículos en la entidad. Finanzas, Sevitra, y todas las instancias involucradas, nunca han hecho algo más que lo mínimo, para alentar a que la población emplaque, o reemplaque, sus vehículos en la entidad. Sólo ponen a disposicion del ciudadano el trámite para el emplacamiento. Pero ni siquiera existen incentivos atractivos, o trámites simplificados, como para provocar que el contribuyente común prefiera emplacar su automóvil en la entidad, antes que esperar a que un gestor le tramite sus placas en otra entidad federativa.
El segundo de los fracasos, radica en que el gobierno nunca estableció ningún tipo de incentivo indirecto. Esto es sencillo: las calles en Oaxaca están destruidas. Las vialidades son insuficientes para el tránsito de los vehículos, y éstos se dañan constantemente o por la temporada de lluvias que genera baches, o por el descuido en los programas de repavimentación, o bien porque la autoridad no tiene dinero o ganas de mejorar las vialidades. ¿Cómo convencer al contribuyente que pagar la tenencia le beneficia más que ir a emplacar su vehículo a otro estado en donde ese impuesto fue eliminado, si en Oaxaca ni siquiera en el estado físico de las vialidades se nota una mejoría, o un compromiso de la autoridad, por devolverle al contribuyente un servicio a cambio del dinero que paga por la tenencia? ¿Cómo demostrar que en algo se contribuye con el pago de la tenencia, si la única obra vial del gobierno estatal, el Distribuidor Vial de Cinco Señores, tiene dos años en construcción y no tiene para cuándo ser concluida?

INSEGURIDAD JURÍDICA
El tercero de los fracasos es todavía mayor. Antes, tradicionalmente, cuando había un incidente de tránsito, había cierta seguridad en apuntar el número de placa del automóvil infractor. Hoy ni eso es garantía de algo en Oaxaca. ¿Cómo buscar a alguien que causó algún daño, o que lesionó a alguna persona, si la diversidad de placas de otras entidades hace imposible la búsqueda debido a que muchos dan domicilios falsos para gozar de los beneficios en otros estados, aún cuando sus vehículos circulan siempre en Oaxaca? Al margen de la avidez recaudatoria, el gobierno estatal debía impulsar un registro de vehículos para tener cierta seguridad jurídica, que hoy tambien está perdida en Oaxaca gracias al torpe cobro de la tenencia.