+ ¿El partidismo atropellará a la coalición?

Si la elección de julio estuvo llena de vértigo para el gobierno, para los partidos y para los poderes fácticos en Oaxaca, ahora con la designación de los liderazgos camerales podrían terminar diluyendo sus respectivos avances obtenidos el 7 de julio. La forma en que parecen estar procesándose las definiciones dentro de los partidos dejarán mucho que desear. Si siguen como van, ni el PRI ni los partidos coalicionistas estarán en posibilidad de refrendar la confianza que les depositaron quienes votaron por ellos. Veamos por qué.
En efecto, el hecho de que el Congreso esté integrado por una pluralidad de fuerzas genera la necesidad de que se construyan acuerdos que van más allá de lo estrictamente popular. El hecho de que ninguna fracción parlamentaria tenga mayoría, genera la necesidad de que el Congreso se gobierne a través de una Junta, con un poder rotativo entre las tres principales fuerzas.
Ese poder compartido, implica la necesidad de cada acuerdo se construya en base a consensos que son determinados por los principales factores de poder dentro no sólo del Congreso, sino también de otros sectores determinantes, como son como el gobierno, las cúpulas partidistas y los grupos y sectores (políticos, económicos, sociales, etcétera) a los que pertenece cada uno de los diputados. Es cierto que los liderazgos legislativos deben responder al interés de cada uno de los partidos. Pero también lo es que los partidos deben asumir que no fueron ellos solos los que ganaron, sino que cada victoria y derrota fue producto de la combinación de factores que sólo puede existir en la pluralidad.
¿Por qué afirmar lo anterior? Porque, en términos generales, los partidos están intentando decidir sus liderazgos como si hubieran ganado ellos solos. Y si deciden hacer eso estarán tomando una decisión no sólo precipitada, sino que también pondría en riesgo la gobernabilidad legislativa, la productividad del Congreso, y la resolución de un montón de problemas que necesariamente deben ser resueltos a partir de la ley. Pero vayamos por partes.
En el PRI, por ejemplo, se ve reiterada la intención de que el liderazgo legislativo recaiga o en Juan José Moreno Sada, o en Alejandro Avilés Álvarez. Todas las razones son de cúpula. Esto, porque aseguran que a cada uno de ellos lo apoya sendo ex gobernador, y que esas “bendiciones” serán fundamentales. Sin embargo, ¿en la pluralidad de fuerzas y desde su posición de partido de oposición, una sola definición debe ser suficiente para determinar el rumbo de una bancada?
Más bien, lo que los priistas deberían es tratar de aprender de su adverso presente, y de las duras lecciones que les dejó el manejo cupular de su bancada ya como partido de oposición. ¿Será que no recuerdan el alto costo que pagó la bancada tricolor por el ingenuo manejo que tuvo la coordinación de su fracción durante el primer año legislativo? ¿Y será que insisten en no ver que la débil coordinación de los dos años siguientes llevó a toda la bancada a una situación de atomización que no hizo sino debilitar al priismo?
Y es que, en el fondo, queda claro que si Avilés o Sada (o quien sea de ellos) pretende encabezar a su bancada, debe demostrar su liderazgo a través de la legitimación. Y esa legitimación no puede llegar sólo de la opinión o el designio de uno solo de sus militantes notables, sino de la constatación de que ese liderazgo fue bien construido, y que además está respaldado por la bancada y por la sociedad.
¿Moreno Sada y Avilés podrían pasar esa prueba? Difícilmente. Tampoco podrían pasar la prueba de los antecedentes; ya no digamos que pudieran pasar por el tamiz de la buena fama pública. Entonces, ¿cómo construir ese liderazgo?

LIDERAZGOS DE BERRINCHE
En el Partido Acción Nacional las cosas siguen un camino que parece irremediable: volver a generar una imposición para después ser fustigados por quienes tienen el poder real que ellos intentan aparentar que poseen. Nos explicamos: en las negociaciones por la asignación de las candidaturas por el principio de representación proporcional, el grupo gobernante no logró poner más que a Bernardo Vásquez Colmenares –un no panista- en la suplencia de la segunda posición, cuya titularidad ocupa Perfecto Rubio Heredia.
Siempre quedó claro, pero lo entendieron todos menos el panismo local y nacional, que al grupo gobernante no le interesaban todas las posiciones, sino una en particular, que representara los intereses del gobierno antes que los del partido, y que fungiera como vaso comunicante entre el gobierno y la bancada panista. Esto, hasta en la más común de las lógicas, implicaba el equilibrio entre la independencia panista y la pertenencia a una coalición que gobierna.
Sin embargo, hoy existe una abierta rebelión que tiene como único fin impedir que Vásquez llegue al Congreso. Por el lado de Rubio Heredia, éste estaría –alentado por el panismo duro- dispuesto a no presentar licencia a su cargo legislativo; y por el otro, buscarían destituirlos a ambos a partir de la impugnación de la candidatura que ellos representan a través del argumento de la violación a la paridad de género. ¿Qué buscan? En el fondo, imponer a su propio coordinador de bancada. Pero con eso descarrilarían a la fracción panista, como lo hicieron cuando impusieron a Francisco Reyes por encima del interés del grupo gobernante.
Algo similar pasa en el PRD. Ahí fue todavía más definido el interés que buscaba asegurar la posición de Jaime Bolaños no como figura perredista, sino como la del hombre del Gobernador en el Congreso. De nuevo, en su voracidad, el perredismo intenta encarecer la negociación o para poner como coordinador a uno de los líderes de sus tribus locales, o bien para subir al infinito el costo de su anuencia para que Bolaños pase como líder parlamentario y sea quien articule los esfuerzos no a favor del PRD, sino de la Coalición que, como va, no pinta para un terso fin de sexenio.

PARADOJAS
Panismo y perredismo juegan con fuego, calculando con avaricia la necesidad que tiene el grupo gobernante de ellos en el Congreso. La mayor paradoja que podría presentarse en este escenario –y que no podemos descartar- es que ante tanta codicia, el grupo gobernante termine pactando con el PRI y con las fuerzas minoritarias para sacar adelante las reformas y emisión de nuevas leyes que tiene pendientes. Con el PRI y la “chiquillada”, el gobierno tendría la mayoría simple para las reformas legales. Todo es posible. Este último escenario, también.

+ Deuda, pero que sea para beneficio común

Casi al término de la gestión municipal en la capital oaxaqueña, el edil Luis Ugartechea ha buscado demostrar que su gobierno terminará con finanzas sanas, a través de la denuncia a administraciones anteriores. Sus antecesores le han respondido a través de la demostración de que ninguno de ellos dejó las arcas municipales sobrecargadas. Pero lejos de eso, el dilema de la capital se centra en que, si bien tenemos un municipio sin deudas, también tenemos un municipio sin capacidad de respuesta y sin margen de maniobra en sus finanzas. Por eso, no es ociosa la pregunta: ¿Necesitamos forzosamente un municipio sin deudas, o un gobierno con deudas “sostenibles”?
En efecto, sobre la administración de Ugartechea pesan importantes dudas relacionadas con la administración de los recursos municipales y con las deudas que pudo haber contraído durante su gestión. Se ha afirmado, sin probanzas plenas, que el Munícipe de la capital contrajo deudas millonarias y que no tuvo un manejo del todo responsable de las finanzas municipales. Aunque él asegura lo contrario, hay indicios de que algo no camina bien en el Ayuntamiento citadino, y que por eso están tomando medidas desesperadas (como el despido masivo de personal, del que daba cuenta TIEMPO en su edición del pasado sábado) para tratar de llegar al final de la gestión lo menos enredados posible.
Frente al público, pareciera que la preocupación central de Ugartechea no radica en dejar un municipio con faltantes o con problemas financieros, sino en no dejar un municipio endeudado. Hasta hoy, ha asegurado que entregará un Ayuntamiento con finanzas sanas y ha dicho que, a diferencia de sus antecesores, no habrá préstamos pendientes por pagar ni cuentas vacías a la llegada del nuevo munícipe. A todos los que ha acusado, le han respondido puntualmente asegurando que ellos no dejaron problemas como los que se denuncian actualmente.
Suponiendo sin conceder, demos por hecho algo: que ni Ugartechea, ni José Antonio Hernández Fraguas, ni los otros Alcaldes que ha tenido la capital en la última década, han dejado cuentas pendientes por pagar, deuda pública, o saldos sin comprobar en la administración municipal. ¿Eso es necesariamente algo benéfico para la ciudad? Antes de soltar una respuesta, tendríamos que repensar lo que vamos a responder.
Esto, debido a que si bien todos los Ediles que sucesivamente han pasado por el Ayuntamiento citadino, han tenido como preocupación central el tema de la deuda. Es cierto, las pruebas dicen que ninguno ha sobre endeudado al Municipio. Sólo que, también —y es el punto que a veces no alcanzamos a ver— ninguno de ellos ha tenido la capacidad de generar condiciones distintas en cuanto a la ejecución de obras que sean de beneficio e impacto mayor para la capital.
Salvo excepciones mínimas, Oaxaca de Juárez no sólo no ha tenido grandes obras o grandes beneficios en servicios públicos —que pudieron haber sido conseguidos incluso a través del camino de la deuda—, sino que incluso las últimas administraciones han comenzado a desatender temas que antes eran prioritarios, y por eso hoy vemos una ciudad que tiene serios problemas con temas esenciales que van desde la inseguridad hasta los baches, la basura, el alumbrado y muchos otros que hoy se encuentran en estado de abandono.
En esas condiciones, ¿debemos alegrarnos de que no haya deuda? Quizá sí, porque ello representa cierta “tranquilidad” para quien gobierna y para quienes están interesados en las finanzas de la ciudad. Empero, también debemos tomar en consideración que la palabra “deuda” no es directamente proporcional a “problema” o a “hipoteca del futuro”.
Más bien, lo que ha pasado es que nadie ha querido tomar el paquete de generar deuda responsablemente para dotar a la ciudad de mejores servicios. Y es que la ciudadanía cree que toda deuda es irresponsabilidad y significa “robo” por parte del gobernante. Y éste a su vez cree que toda deuda significará costos políticos para él y su partido. Por eso, a Oaxaca le queda a la perfección aquella perla del refranero que dice que “quien nada debe, nada tiene”.

LA DEUDA
En este punto, es menester recordar una anécdota agridulce ocurrida aquí mismo en Oaxaca: Cuando inició el gobierno de Ulises Ruiz, éste quería hacer muchas obras pero al mismo tiempo le rondaba el fantasma de los duros cuestionamientos que se le vendrían encima a su administración por el endeudamiento. Ellos, en su momento, “resolvieron” el problema a través de la salida fácil de contraer compromisos económicos que no estuvieran catalogados en la ley como deuda pública.
Así, con los esquemas PPS, construyeron Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. Ambas constituyen una enorme sangría (y por quince años más) a las arcas estatales, además de que en sí no representan obras que generen algún beneficio para la ciudadanía. Sin embargo, en la contratación del esquema y la deuda, pudo más la “tranquilidad” del ex gobernante por dejar una enorme deuda que para efectos legales no es “pública” (e hincharse con eso de dinero, junto con sus socios), antes que contratar una deuda que sirviera para inyectar dinamismo al gobierno y a la sociedad, y que a través de mayor crecimiento y mayor recaudación, dicha deuda pudiera ser sostenible por sí misma y generadora de beneficios para la mayoría.
Ese es el punto que también parece que no pueden cuadrar en la capital. Ugartechea quién sabe si deje o no deuda, pero lo que sí es cierto es que en su administración se incrementó drásticamente el gasto corriente (sólo en el tema de salarios el incremento es exorbitante), a partir de recursos que no sabemos si salieron de una mayor recaudación, del incremento de su presupuesto o de una deuda.
Y si no se endeudó, lo cierto es que su gobierno —como todos los anteriores— no tuvo sino sólo capacidad de hacer lo que pudo, pero no de concretar alguno de los tantos proyectos —muchos de ellos importantes como las vialidades, y otros urgentes, como la basura y demás— que tanto se prometen en campaña, pero que luego se desmoronan ante la incapacidad financiera del Ayuntamiento y los titubeos que tienen los gobernantes frente a la posibilidad de la deuda pública.

AUSTERIDAD
Por cierto, ¿Javier Villacaña sostendrá los estratosféricos salarios y dietas que implementó Ugartechea para sus concejales y empleados administrativos? Ese es un tema que seguro le hará crisis. Más, porque prometió mucho y, sin deuda y sin ajustes, no será posible que le alcance.

Comité de Radio/Tv, primero que pidió rescisión

En una sesión de trabajo realizada el 31 de mayo pasado, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, exigió por escrito al Presidente del Consejo General, Alberto Alonso Criollo, y a otros funcionarios del Instituto con competencia en este tema, que apercibieran de inmediato a la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV, para que realizara sus tareas de acuerdo a lo pactado, o que se les rescindiera el contrato respectivo. Nadie atendió (o nadie quiso atender) este llamado. Por eso, a nadie en el IEEPCO le queda la pose de sorprendido ante estas deficiencias, que siempre estuvieron a la vista de todos.

En efecto, en dicho documento —del cual obra copia en esta columna, y que puede ser consultado en nuestro blog http://almargenoaxaca.wordpress.com— consta que en esa fecha —37 días antes de los comicios—, todos los integrantes del Comité de Radio y Televisión (los representantes de los partidos políticos, así como los funcionarios electorales Gelasio Morga Cruz, y Leonardo Alejandro Aguilar Díaz) llevaron a cabo una reunión de trabajo para analizar el informe acumulado de monitoreo de espacios noticiosos del periodo de intercampañas durante el proceso electoral ordinario 2012-2013, realizado por la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV.

El objeto concreto de dicha reunión, consistía en la presentación del informe, para luego dar voz a los integrantes de la Comisión, para que luego emitieran sus consideraciones. Lo ahí asentado refleja con todo detalle los problemas de fondo que todos sabían que tenía ese deficiente trabajo de monitoreo. Y aunque lo hicieron saber oportunamente al Consejo General, y a todos en el IEEPCO, nadie hizo algo al respecto. Esto fue lo que, textualmente, manifestaron los representantes de los partidos políticos:

“1. De acuerdo a lo que se ha manifestado en otras ocasiones, no estamos satisfechos con el trabajo realizado por la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV, pues sus reportes carecen de claridad y un análisis que nos lleve a comprender el comportamiento de los medios ante las notas que se generan día a día, ya sea en radio, televisión, prensa e internet; donde queda de manifiesto el profesionalismo de la empresa, la cual nos otorgue la seguridad a nosotros como representes de los partidos políticos, así como también a la ciudadanía en general, de contar con la certeza y la transparencia que implica la competencia entre los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos contendientes en el presente proceso electoral, asimismo poder estar sabedores de la imparcialidad con la que los medios tratan toda actividad política relativa a dicho proceso electoral.

“2. No existe un reporte cuantitativo de calidad por partido político con gráficas de cada uno de ellos.

“3. No existe una cobertura total de las empresas radiofónicas contempladas en el catálogo de medios aprobado por este comité.

“4. Los reportes semanales y el acumulado no reflejan un análisis puntual que nos permita conocer la tendencia de los medios hacia algún candidato, partido político o coalición.

“5. Del mismo modo queremos manifestarnos en cuanto a la presentación del portal de consulta de sus bases de datos, ya que no vemos un trabajo que demuestre calidad, no se encuentran gráficas, datos estadísticos.

“6. No hay acceso a testigos de todas las notas como se nos comentó de parte de la empresa, pues ha habido ocasiones que esperamos hasta más de cuarenta y ocho horas para poder tener la información completa, ya que de las quince plazas donde se instalaron sólo aparecen ocho u once plazas para consultar información.

INCONSISTENCIAS

“Por la serie de inconsistencias y deficiencia en los trabajos de monitoreo —continúa el documento—, este comité solicita que se requiera a la empresa contratada para que en el próximo reporte semanal mejore su trabajo, en los términos establecidos en el contrato respectivo, atendiendo las observaciones que se han vertido en esta reunión. Asimismo debe turnarse el presente asunto al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles, al Consejero Presidente del Consejo General y al Señor Contralor de este Instituto, a efecto de que determinen lo procedente en uso de sus facultades legales, apercibiendo a la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV para que en caso de no cumplir con el presente acuerdo se proceda de inmediato a la cancelación del contrato”.

Después, en el mismo documento, se toman dos acuerdos que hoy sabemos que fueron ignorados por todos en el IEEPCO. Ahí se consigna: “Primero. Se dará a conocer a la empresa contratada para llevar a cabo el monitoreo, a (sic) las inconformidades expresadas en la presente minuta mediante oficio, así como a la Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles, al Consejero Presidente del Consejo General y al Señor Contralor de este Instituto, a través del Presidente de este Comité de Radio y Televisión, a efecto de que determinen lo procedente en uso de sus facultades legales, apercibiendo a la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV para que en caso de no cumplir con el presente acuerdo se proceda de inmediato a la cancelación del contrato.

“Segundo.- Se requiere que la empresa contratada para que en caso de continuar con su relación laboral con este Instituto, designe a una persona con la capacidad técnica necesaria para que cada semana rinda su informe por escrito y en versión electrónica ante este Comité de Radio y Televisión”.

No sobra decir, que dicha minuta fue firmada y sellada por Gelasio Morga y Leonardo Alejandro Aguilar Díaz, presidente y secretario de dicho Comité, así como por los representantes del PAN, PRI, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, Unidad Popular, Partido Socialdemócrata de Oaxaca, y Nueva Alianza.

QUE NADIE SE SORPRENDA

¿Eso, como lo dice Alberto Alonso Criollo, es “cumplir la ley”? Lo que queda claro con ese documento es que las inconsistencias y el pésimo trabajo de monitoreo siempre fue sabido por todos en el IEEPCO, pero que nadie pudo hacer nada o para corregir las fallas de la empresa, o para evitar que los casi 13 millones de pesos que costó el monitoreo, fuera dinero tirado a la basura. Echar culpas hoy ya no sirve de nada. Y en concreto, ¿de todos modos terminarán pagándole a Verificación y Monitoreo?

+ Federación y Estado no respetan a Ediles

Más allá del escándalo y de los rencores personales y políticos que salieron a relucir, para lo que debería servir el incidente del lunes pasado en el que personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal impidió la entrada al presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, es para que hechos como éstos, en los que un ámbito de gobierno ningunea a otro como si entre uno y otro hubiera una relación de subordinación y no de igualdad, no vuelvan a ocurrir. Ese fue sólo un ejemplo, de muchos que ocurren a diario en la compleja relación entre funcionarios estatales y autoridades municipales. Porque todos los ven, pero nadie los reconoce.
En efecto, todo aquel que conoce el funcionamiento del aparato administrativo estatal, y las necesidades que tienen los municipios de Oaxaca, saben que la relación entre el Gobierno del Estado y los 570 municipios de la entidad, es intensa e inevitable. En este sentido, tanto la Constitución de la República, como la del Estado, disponen que los Municipios constituyen un verdadero ámbito de gobierno que, en esencia, no tiene mayor jerarquía que los otros dos ámbitos —el federal y el estatal— y que, en sentido contrario, tampoco tienen menor rango que éstos. Incluso, la fracción I del artículo 115 de la Constitución federal establece expresamente que no habrá autoridad intermedia alguna entre este [el municipio] y el Gobierno del Estado. Eso, sin embargo, no ocurre.
Y es que, en la realidad, son muy pocos los municipios que tienen capacidad para cumplir por sí mismos las funciones que les confieren la Constitución y las leyes, y en muchos de los casos los propios programas de operación, los presupuestos y las disposiciones de orden estatal o federal disponen que éstos deban trabajar coordinadamente con el gobierno estatal, o con el federal, para poder acceder a recursos que generen beneficios para sus habitantes o territorio. Ahí es donde comienza el vía crucis diario del ninguneo a las autoridades municipales. ¿Por qué?
Porque por razones políticas y administrativas, pero también por un grado altísimo de ignorancia y soberbia de las autoridades estatales (mucho más que las federales), éstas siempre han asumido que los órdenes de gobierno son en realidad “niveles”, y que por ende el “nivel” de gobierno estatal, se encuentra por encima del “nivel” de gobierno municipal.
Incluso, no faltan los torpes que enumeran cada uno de esos niveles, poniendo de inicio al federal como el “primer nivel” de gobierno, y dejando al municipal como el tercero. Esa idea, lleva a pensar a los obtusos que una autoridad municipal es de menor rango que una estatal, y que por esa razón en las dependencias estatales se pueden dar el lujo de ningunear, de obstruir, de discriminar y de invadir la investidura, las atribuciones y el respeto que le merecen a una autoridad municipal (hasta la del pueblo más alejado y más pobre de la capital) que, a diferencia de ellos —salvo el Gobernador del Estado, todos sus subordinados, hasta los Secretarios, son simples empleados administrativos—, es tiene un cargo de nivel constitucional.
Eso no lo han entendido. Por eso, en todas las dependencias en las que las autoridades municipales realizan gestiones, en todas, las faltas de respeto y las groserías son cosa de todos los días. De hecho, no bastaría más que con conversar con autoridades municipales (incluso las de municipios conurbados a la capital, que son grandes, importantes, poblados y con captación propia de recursos) para corroborar cómo todos, todos, han sido históricamente mal tratados en dependencias como la Secretaría de Finanzas, Gobierno, de Infraestructuras, pero también en casi todas las dependencias a las que llegan a realizar trámites para la obtención de recursos y beneficios que no les regalan los funcionarios, sino que el Estado y la Federación ponen a su disposición para provecho de sus habitantes.

FUNCIONARIOS ABUSIVOS
En este caso, el incidente entre el Edil de la capital oaxaqueña y personal de la SSPE, fue ocasión para las afrentas políticas. Luis Ugartechea exigió la renuncia del secretario Marco Tulio López Escamilla, quien hasta hoy parece no haber terminado de comprender que su cargo, además de operativo, es político y que por ende debe actuar como servidor público y como delegado directo que representa en primera instancia al Gobernador, y no sólo como un policía.
Empero, si ello es grave, lo es mucho más que el propio edil Ugartechea en casi tres años no haya aprendido a darle respeto a su investidura, y permitiera que un agente policiaco (el que directamente le impidió la entrada) haya sido capaz de mandarlo de regreso a su casa (no a él, sino al Presidente Municipal Constitucional), y que esa fuera la ocasión para que luego salieran terceros oficios (Jesús Martínez Álvarez, que da una pésima imagen resintiéndose públicamente cada que puede, del gobierno para el que trabajó) a tratar de defenderlo.
Según nuestra visión, el edil Ugartechea debió hacer valer, ahí en el Auditorio, su investidura y el respeto (no subordinación, pero tampoco pleitesía) que le merece a su cargo constitucional, el secretario López Escamilla, el gobernador Cué, e incluso el presidente Enrique Peña Nieto (si hubiera estado presente en el momento), para darle el trato de Anfitrión que siempre ha tenido el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez en la fiesta de los Lunes del Cerro.
No lo hizo, y por eso este hecho se convirtió en ocasión para los rencores que supura el grupo gobernante a su interior, pero no una oportunidad para reivindicar el poco o nulo respeto que los funcionarios estatales le dan a sus pares municipales. Esto es un problema que, si lo vemos en una perspectiva administrativa, atora y confronta a los dos ámbitos de gobierno, e impide que haya más acciones coordinadas en beneficio de los oaxaqueños.
Esto, lamentablemente, pasó de nueva cuenta desapercibido. Ugartechea, su suegro, y López Escamilla, entre otros, protagonizaron otro round de sombra (otro más…), que será estéril porque no permitirá el arreglo de ninguno de los temas sustantivos que, en situaciones como esta, involucran a las autoridades municipales con las estatales.

INVITADOS ESPECIALES
Por cierto, ¿hay algún programa en la Secretaría de Turismo, o en alguna otra dependencia estatal, para invitar a actores, conductores y “socialités” nacionales a los Lunes del Cerro? ¿Sus gastos son pagados con recursos públicos? ¿Qué utilidad podría tener eso para Oaxaca? Alguien debería explicarlo…

+ Oaxaca, majestuosa a pesar de todo (y de todos)

No queremos ser aguafiestas, pero es preocupante tanto triunfalismo (oficial, y de la misma ciudadanía) luego de la culminación de la edición 2013 de las fiestas de la Guelaguetza. Preocupa no porque no haya buenos resultados en materia económica y turística, sino porque la falta de una visión autocrítica y sensata no de nuestras tradiciones, sino de todos los servicios y la función pública y privada que se encuentra alrededor de ellos, nos lleva a hacernos una visión inexacta de satisfacción y éxito que nos ha impedido crecer como destino turístico.
En efecto, durante el resto de la semana habrán de concluir las últimas actividades programadas en el marco de los Lunes de Cerro. Cuando esto concluya, las dependencias municipales, estatales y federales, harán el corte de caja de siempre, en el que detallarán la derrama económica que dejó la festividad, y explicarán cuánto se captó por concepto de ocupación hotelera, de servicios turísticos, por los espectáculos y las representaciones culturales y el efecto que tuvo el conjunto de actividades que se programaron en torno a la Fiesta.
Al margen de las cifras, ese corte de caja es siempre incompleto. Esto porque en los últimos años, los tres órdenes de gobierno se han dedicado únicamente a administrar las tradiciones y a incrementar, en alguna medida, las representaciones culturales que se llevan a cabo alrededor de los Lunes del Cerro. Fuera de eso, todo lo demás ha consistido en explotar, explotar, y explotar hasta el máximo posible, el interés y la disposición del turismo nacional e internacional por continuar viniendo a presenciar la Guelaguetza.
Y es que la fiesta de los Lunes del Cerro, hoy se asemeja a la Gallina de los Huevos de Oro. Veamos si no. En los últimos años, esa conmemoración no sólo no ha mejorado, sino que sustancialmente ha venido sufriendo una serie de variaciones que la han metido un proceso de desnaturalización, que hoy es advertido por propios y extraños.
Esto ha tenido un mero afán económico, que inició cuando el gobierno de Ulises Ruiz decidió duplicar las representaciones de la Guelaguetza para iniciar las llamadas “ediciones vespertinas”. Éstas fueron, como era de esperarse, copias alargadas de las ediciones matutinas, que generaban atracción en el público por los vistosos y coloridos fuegos artificiales, la calenda y otros números que se crearon ex profeso para disimular la modificación —y el daño— a dicha representación. Incluso, en esa lógica económica se fueron ideando otras actividades (representaciones folclóricas, conciertos, ferias y demás) que hoy intentan ya convertirse en tradiciones, sin serlo en realidad.
Ahora bien, si vemos todo lo que está alrededor veremos que también el saldo no es tan positivo como parece. La ciudad recibe a los visitantes nacionales y extranjeros en condiciones cada vez más adversas. Esto va desde las condiciones de las calles, la seguridad pública, el cuidado de los espacios públicos y las facilidades, instalaciones y condiciones que ofrece el propio Estado para el desarrollo de esas festividades y otras actividades que, por falta de infraestructura, no se llevan a cabo en Oaxaca. Vayamos a cuestiones más concretas: en Oaxaca, a pesar de las promesas, seguimos sin contar con espacios dignos para la celebración de actividades masivas. No hay verdaderos centros de convenciones, tampoco hay teatros de aforo importante; no hay plazas que soporten eventos de gran concurrencia; e incluso eso se refleja en el poco acceso que tiene Oaxaca por aire y por tierra.
Por ello, si para un solo evento (una convención de profesionistas a nivel nacional e internacional) quisieran llegar a Oaxaca cuatro o cinco mil personas al mismo tiempo, la gran mayoría tendría que hacerlo por tierra. La conectividad y los asientos disponibles en las aerolíneas no soportarían transportar a todas esas personas, ni siquiera a lo largo de una semana completa ocupando todos sus vuelos disponibles. Por eso, ese tipo de eventos se realiza en otros destinos. Y a Oaxaca el turismo está acostumbrado, o a venir por sus propios medios, o a llegar por sus propios medios, o a reservar con muchísima anticipación su medio de transporte ante lo limitado de los medios comerciales disponibles para este destino.

SOCIEDAD ACRÍTICA
A los oaxaqueños nos gusta tanto la Guelaguetza, que por eso terminamos siempre perdonando todos los perjuicios que cometen en su contra. Los Lunes del Cerro, por ejemplo, han variado muchísimo y en realidad es muy poca la gente que se inconforma abiertamente, o que decide “protestar” no yendo al Auditorio Guelaguetza.
Lo mismo ocurre con las pésimas transmisiones televisivas que se hacen de esos eventos. Ante la falta de presentadores experimentados y con conocimientos reales de nuestras tradiciones, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión ha optado por esconder sus deficiencias a través de inexpertos jóvenes universitarios, que si bien tienen rostros juveniles y que hacen su mejor esfuerzo, en realidad están lejísimos de poder llenar las expectativas de esa, que debería ser considerada como la transmisión más importante del año para la televisora oficial. Pero aún con todos los errores de los presentadores, con la pésima transmisión, con los cortes a la señal, y con las incuantificables deficiencias de la Cortv, los oaxaqueños no somos capaces de apagar la televisión como una forma efectiva de rechazo ante tanta negligencia.
Así podríamos ir enumerando los errores y las insuficiencias de estas celebraciones, que terminamos tolerando no porque sean irremediables, sino porque no tenemos la decisión para señalarlas, e incluso porque nosotros mismos terminamos rebasados por la emoción de esa celebración que, como sea, esperamos cada año.
Sólo mejoraremos cuando haya un cambio de visión. Por eso afirmamos que no se trata de ser fatalistas, sino de ver con un sentido más crítico lo que podemos mejorar y lo que debemos corregir de esta celebración, que nos da mucho pero que podría darnos mucho más si no fuéramos tan conformistas.

OAXAQUEÑOS, REBASADOS
Oaxaca tiene una magia especial que siempre nos rebasa. En estas fechas, y siempre, Oaxaca se revela grande, magnífica, como una ciudad imponente, cargada de historia y de tradiciones. Eso nos rebasa a todos, incluyendo a nuestras confrontaciones y problemas. Hay razón, parcial, para no preocuparnos. Pero, ¿esperaremos a minar lo mucho que aún tenemos, antes de preocuparnos por eso? No es necesario. No esperemos a entonces.

+ Enredo, para tapar excesos de candidatos

Aparentando un acto de transparencia y legalidad, el IEEPCO anunció el inicio de un procedimiento sancionador en contra de la empresa “Verificación y Monitoreo SA de CV”, por la mala calidad del servicio de monitoreo que hizo en medios de comunicación a las campañas de diputados y presidentes municipales durante el actual proceso electoral en la entidad. Esto, que parece la crónica de un fraude anunciado, en realidad terminará sepultando la nada despreciable incógnita de cuánto gastaron en realidad partidos y candidatos en difusión de medios, y hasta qué punto violaron la ley electoral con esas prácticas.
En efecto, en el mes de marzo del presente año, el IEEPCO anunció la contratación de la citada empresa por la cantidad de 12 millones 760 mil pesos. Su misión era realizar el monitoreo de medios durante el proceso electoral en el estado, el cual incluía la captación de todas las pautas publicitarias establecidas dentro de los llamados “tiempos oficiales”, así como las menciones que se hicieran de partidos y candidatos, las entrevistas y toda la información que fuese manejada en los medios informativos de las ocho regiones del Estado respecto a las campañas por las diputaciones y las alcaldías. Incluso, se anunció que como un servicio adicional, la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV, llevaría cabo el monitoreo de la información consignada en diarios locales y portales de internet con cobertura en el estado de Oaxaca.
Nada de esto ocurrió en los términos establecidos en el contrato que firmó la empresa con el IEEPCO. De hecho, a decir de quienes dentro del propio Instituto vieron a detalle el deficiente trabajo que realizó Verificación y Monitoreo para cumplir con las tareas que le fueron encomendadas, dicha empresa sólo instaló equipo y personal para el monitoreo de medios en la capital oaxaqueña, y las regiones de la Cuenca y Costa oaxaqueña, pero dejó sin ningún tipo de cobertura a toda la región geográfica oaxaqueña restante. Si lo vemos en términos generales, dicha empresa sólo cubrió a tres de las ocho regiones. Y aseguran que donde sí llegaron a instalar equipos, éstos consistían en estéreos de automóviles desde donde captaban algunas señales para hacer el conteo de las pautas y las menciones.
Del mismo modo, quienes conocen y tuvieron acceso a los informes que periódicamente entregaba Verificación y Monitoreo al Comité de Radio y Televisión del Instituto, aseguran que ni siquiera éstos contaban con los requisitos mínimos necesarios como para demostrar un trabajo profesional y apegado a las necesidades del órgano electoral. En ese sentido, afirman que aún cuando la empresa se comprometió a hacer un análisis cualitativo de la información difundida en radio, televisión, medios impresos y portales noticiosos respecto a cada una de las campañas, en los municipios y distritos en donde sí alcanzaron a hacer su labor de monitoreo únicamente atinaron a entregar meros y simples informes cuantitativos.
Es decir, que lejos de poder tasar la información a través de una metodología clara, que permitiera una interpretación que además diera cuenta del tipo de información y la directriz e intención que ésta perseguía, únicamente se limitaron a hacer un conteo de notas y menciones para así tratar de justificar lo que habían prometido realizar.

CONTRATACIÓN OSCURA
En un débil intento por defenderse, el consejero Presidente del IEEPCO, Alberto Alonso Criollo ha asegurado que el procedimiento para la contratación de Verificación y Monitoreo SA de CV “fue impecable”, porque la empresa había reunido los requisitos presupuestales y técnicos. “Sin embargo —se excusa— la empresa no cumplió con lo convenido, y por tanto, deberán ser sancionados, y es de mi interés que esta sanción sea plenamente transparente, porque se hizo el convenio legal, en donde uno supone que todo va salir bien, pero en los hechos la empresa no cumplió con lo cabalmente prometido”, cerró.
Alonso Criollo miente cuando asegura que hubo transparencia en dicho proceso. De hecho, lejos de haber sido una licitación pública, e incluso un procedimiento de contratación por invitación restringida, dicha contratación se dio por la vía de la adjudicación directa. De ello, incluso, se informó en un comunicado emitido en marzo pasado por la propia dependencia.
En éste, se informaba que fue a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del IEEPCO como se decidió, en la total opacidad, dicha contratación por un monto que casi alcanza los 13 millones de pesos. Incluso, el IEEPCO tenía tanto “interés” por contratar a Verificación y Monitoreo, que en el camino dejó a otras empresas que bien podrían haber participado en una licitación y demostrar su capacidad técnica y presupuestal, pero sobre todo dejó fuera a la UNAM, que es quien realiza el trabajo de monitoreo para el Instituto Federal Electoral.
En todo esto, la pregunta que queda en el aire —y que es el tema de fondo en este “sorpresivo” incumplimiento que el IEEPCO está aceptando con tanta (sospechosa) naturalidad— es: ¿si la empresa de monitoreo falló en el control y vigilancia del desempeño de partidos y candidatos en los medios informativos, ahora con qué herramientas y pruebas podrá sancionar a quienes hayan incumplido la ley en esta materia?
Recordemos, primero, que por norma constitucional federal, los partidos, los candidatos, e incluso los particulares, tenemos prohibido contratar espacios en radio y televisión para fines electorales. Segundo, los partidos y candidatos tienen topes de campaña para efectos de publicidad, que ahora nadie sabrá si fueron respetados o no. Y tercero, ¿quedará sin castigo la posibilidad de que unos y otros, partidos y candidatos, hayan contratado publicidad disfrazada de trabajo informativo en medios en los que por ley tenían prohibido realizar transacciones económicas?

VORACIDAD Y GRILLAS
Dentro del Instituto, tanto en el Consejo General como en las Direcciones, hay una guerra imparable en la que la voracidad y las diferencias entre sus integrantes están arrastrando a todo el Instituto, cada vez con más fuerza, al descrédito y la inoperancia total. No hubo interés genuino en la contratación del monitoreo: ganaron la voracidad y los acuerdos para compartir las ganancias. Y lamentablemente, este resultado, y la posible sanción a la empresa, no son sino la venganza de quienes, siendo parte del mismo IEEPCO, no fueron parte de ese beneficio.

+ Exhibir a prepotentes, no es disculpa para excesos

La grabación revelada la semana pasada, en la que se aprecia a la diputada local del PAN, Martha Patricia Campos Orozco haciendo alardes de prepotencia al ser detenida por la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez cuando conducía un vehículo en estado de ebriedad, debe pasar de la sola atención al escándalo y los excesos de la legisladora al amparo del fuero que la protege, para también centrar la atención respecto a la actuación de la corporación policiaca de la capital oaxaqueña. Al parecer nadie se lo cuestiona, pero ¿son legales, y están reguladas las grabaciones que hacen los propios agentes, y que después “alguien” filtra a los medios informativos con el único fin de generar escándalo?
En efecto, la semana pasada fue nota a nivel nacional la detención de una diputada oaxaqueña al provocar un percance de tránsito menor, mientras conducía su camioneta en estado de ebriedad. Si el escándalo partía del solo hecho de haber sido sorprendida en esa situación —que la sociedad reprueba porque un conductor ebrio es un peligro para la sociedad—, el escándalo se alimentaba porque en otras escenas se podía ver a la diputada Campos Orozco discutiendo y vociferando ya en los separos de la Policía Municipal, negando que estuviera en situación inconveniente, destellando prepotencia, y amenazando con llevar el asunto a la tribuna legislativa.
Esas escenas eran harto parecidas a las que hace poco más de un año vimos que protagonizó otro servidor público, ante la misma corporación policiaca. Si recordamos, en febrero del año pasado, la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez detuvo a Juan Francisco Arias Díaz, quien fungía como secretario privado del edil citadino, Luis Ugartechea Begué.
Según la información de aquellos días, las imágenes fueron grabadas en la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Oaxaca de Juárez, cuando los elementos policiacos bajaban de una patrulla a Arias Díaz, y éste, tras advertirles que los cesaría, los retaba insistentemente a golpes, además de proferirles todo tipo de insultos y palabras altisonantes y discriminatorias.
Arias Díaz fue cesado inmediatamente de sus funciones en el Ayuntamiento citadino, e incluso el propio Munícipe advirtió que no toleraría ningún tipo de exceso por parte de funcionarios que fueran sorprendidos por la autoridad infringiendo la ley. Si en aquellos momentos alguien se preguntó quién y bajo qué circunstancia habían grabado a Arias Díaz, este tema quedó relegado ante lo “políticamente incorrecto” que hubiera sido cuestionar a quienes captaron esas imágenes.
De hecho, nunca se ofreció mayor explicación sobre cómo esas escenas llegaron hasta las redes sociales y los medios informativos; y algunas fuentes de la Policía Municipal se limitaron a decir que realizaban esas grabaciones como una forma de asegurar su labor, y para poder demostrar su modo de actuación ante denuncias relacionadas con violaciones a derechos humanos, agresiones o excesos por parte de los elementos de la corporación policiaca municipal en contra de las personas que habían sido detenidas.

NUEVAS GRABACIONES
Hoy, sin embargo, el tema cobra nueva relevancia ante la difusión, en circunstancias similares, del aseguramiento de la diputada Campos Orozco y la exhibición del video en el que aparecen sus inaceptables desplantes de prepotencia, así como lo fácilmente perceptible del avanzado estado de ebriedad en el que se encontraba al momento de ser captada en video.
Llama la atención que quienes presentaron dicho video, en la televisión, dijeron que quien lo había realizado era un ciudadano que en ese momento se encontraba también en las oficinas de la corporación. Sin embargo, en varios momentos en que la grabación se realiza detrás de un cristal, puede verse cómo el haz de luz que genera el flash del teléfono con el que fueron grabadas las escenas, genera un efecto de reflejo en el que se observa, con toda claridad, cómo la persona que realiza la grabación lleva puesto un chaleco con reflejantes y símbolos muy parecidos a los que portan los elementos que realizan su labor en las calles, y que les sirven como medida de seguridad para que los conductores los vean aún en la oscuridad.
De ahí surge la duda, que en ningún sentido pretende disculpar a la Diputada, que así como provocó un incidente menor de tránsito, pudo haber provocado un percance de consecuencias fatales para terceras personas, y para ella misma. ¿La Policía Municipal de Oaxaca de Juárez tiene algún tipo de reglamentación y/o protocolos relacionados con las grabaciones o fotografías que se toman durante los operativos y a las personas que son remitidas a los separos de la corporación?
Esta práctica puede entenderse si, como medida de seguridad, se capta en video la grabación de los agentes tanto para evitar que cometan excesos en las medidas que toman para someter y trasladar a los particulares a los separos, como también para desvirtuar cualquier acusación que se formule en su contra relacionada con arbitrariedades, torturas, excesos de fuerza o violación a las garantías fundamentales de las personas que son detenidas.
Lo que ya no es aceptable, es que esas grabaciones (que pueden ser institucionales y útiles para todos) puedan fácilmente terminar o en las redes sociales o en las oficinas de medios de información, que terminan difundiéndolas por las razones que, periodísticas o no, tengan para exhibir las conductas de un servidor público como Arias Díaz, en febrero del año pasado, o de la diputada Campos, la semana pasada.
Este es un tema que el gobierno de Luis Ugartechea debe ver con más detalle. Pues sí, todos juntos debemos terminar con la prepotencia de quienes se sienten amparados por un cargo o por el fuero que les confiere la ley. Pero eso no es justificación para que se violen los derechos de las personas que, aún en estado de ebriedad o destellando prepotencia, tienen garantías que deben ser reconocidas y protegidas, por quienes están justamente para cumplir y hacer cumplir la ley, y no para aplicarle la Ley del Talión a quienes caen en sus manos.

ACOTAR EL FUERO
Sí, coincidimos plenamente con quienes exigen acotar el fuero. Y también, y sobre todo, se debe revisar el Código Penal para establecer que la embriaguez es una agravante y no una excluyente de delito. Aunque nos sorprenda, eso dice la ley. Quizá diputados como Campos Orozco, que les gusta conducir a pesar de haber tomado unos mezcales, prefiera hacer mutis sobre la necesidad de esta reforma.

+ Urge rescatar Registro Civil, y el de la Propiedad

Sobre los dos principales servicios registrales que ofrece el Gobierno del Estado, existen señalamientos plenamente fundados respecto al robo de libros y documentos, que además de constituir en sí mismos un importante quebranto para la legalidad y la certidumbre jurídica en la entidad, pueden ser también el punto de referencia para la comisión de otros actos ilícitos que afectan a las personas. Lo más grave es que esos señalamientos son públicos y conocidos, y a pesar de ello es poco lo que las autoridades han podido hacer para frenar la corrupción, y para esclarecer esos hechos que lastiman a toda la sociedad.
En efecto, el caso del “edil resucitado” Leninguer Carballido no sólo puso en evidencia, sino que reiteró una constante de corrupción que ahoga a los servicios registrales en la entidad. Como bien se sabe, ese individuo evadió la acción de la justicia a través de un acta de defunción, en la que se certificaba su muerte. Y es que para la ley penal, una de las principales causas por las que se extingue la acción penal se da cuando el sujeto activo del delito (es decir, quien lo comete) muere. Por eso, Carballido consiguió escabullirse del delito por el que se le procesaba (violación tumultuaria), debido a que se probó con un documento oficial (con datos falsos) que éste había dejado de existir.
Una de las preguntas plenamente vigentes en este caso, radica en cómo consiguió dicho documento y, sobre todo, en cómo han operado esas redes de corrupción institucional que no sólo son capaces de conseguir un documento clonado, sino que también pueden “legalizar” hechos que nunca ocurrieron, y dar fe sobre el origen y la situación jurídica de bienes y personas que en realidad no gozan del legítimo derecho que concede la ley.
Y es que así como en Oaxaca es sabido públicamente que han ocurrido hechos como el del Edil resucitado, o el del robo de formatos de actas de nacimiento, e incluso la sustracción de libros de los archivos del Registro Público de la Propiedad, también es bien sabido que en diversas regiones de la entidad los oficiales del Registro Civil pueden vender actas de nacimiento lo mismo a personas que pretenden “obviar” trámites relacionados con la corrección de sus registros originales, que a personas que se encuentran ilegalmente en el país y pretenden “legalizarse” de esa forma, o incluso a quienes —por razones similares a las de Leninguer Carballido— pretenden cambiar de identidad.
En casos como esos, es claro que no sólo es necesario señalar frontalmente a quienes cometen esos actos de corrupción, sino también a los funcionarios e instituciones que hasta ahora, por negligentes y por faltos de determinación, no han sido capaces de frenar este tipo de cuestiones que lastiman a toda la ciudadanía, y que demuestran la fragilidad que prevalece —y que el Estado permite y tolera— en relación a la seguridad y certeza jurídica en rubros tan sensibles (para las personas, para la economía y para quienes buscan seguridad en sus bienes) como el registral.
Por esa misma razón, debería ser un tema de primera prioridad para el Gobierno del Estado, llevar a cabo un proceso integral de rescate de los servicios registrales de la entidad. Tanto en el Registro Civil, como en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es apremiante que el gobierno deje de verlos como meras oficinas burocráticas, como medios para incrementar la recaudación, e incluso como cargas para el fisco, y asuman la necesidad y los beneficios de tener servicios registrales confiables, que brinden certeza, que sean ágiles y que cuenten con la tecnología que es necesaria.

SERVICIOS OBSOLETOS
En el caso del Registro Civil hay cierto grado de avance que en ningún sentido puede ser digno de presumir en el ámbito nacional. Ahí, los registros de personas se realizan sólo con el aval de la presunción de la buena fe en lo que declaran, quienes participan en esos actos de la vida civil. En el caso de los registros, la mayoría de éstos se levantan sólo con las aseveraciones de los participantes. Pero no existen mecanismos de seguridad —que sí podrían implementarse— que brinden algún tipo de certeza sobre lo que se declara y sobre las personas que participan en ellos.
Y es que, sin ninguna razón aparente, en Oaxaca hay miles de personas que tienen, por ejemplo, dos registros de nacimiento distintos. ¿Por qué lo hacen? Porque, en una de las vertientes, la corrección de los registros sólo puede conseguirse después de un enredo legal y burocrático infinito, que termina desalentando a muchos para terminar optando por la corrupción. Pero también porque, en el otro extremo, siempre hay personas y funcionarios dispuestos a facilitar esa corrupción, que sin ningún problema puede darse hasta en las oficialías más cercanas a la capital oaxaqueña.
El caso del Registro Público de la Propiedad es tanto o más grave. Pues por años éste funcionó con la corrupción y la dádiva como formas institucionalizadas de hacer que ese Registro funcionara. Y hoy, aunque se han hecho esfuerzos para terminar con la corrupción, esa dependencia se enfrenta al nada sencillo problema del olvido oficial, que ha impedido que ahí se hagan las inversiones (en recursos económicos, y en personal capaz, dispuesto y profesional) para brindar los servicios que la ciudadanía requiere.
La necesidad, en ese caso, es igual de apremiante. Pues por ejemplo, con los libros de registros que están perdidos, todos los bienes inmuebles ahí registrados se encuentran en la total incertidumbre jurídica. Con la corrupción, se legalizaron incontables bienes y situaciones que no tenían por qué contar con el aval del Estado. Y con el olvido y la falta de modernización se ahuyentan las inversiones de quienes ven en los servicios registrales de la entidad a otra maraña burocrática que, entre los atrasos y los coqueteos con la corrupción por parte de algunos funcionarios, le dan la peor cara de presentación a la entidad, y terminan realizando sus inversiones en otras entidades, en las que no existen los problemas que aquí en Oaxaca son tan cotidianos que ya ni siquiera nos sorprenden.

CON MUCHOS PADRES…
Bien dice el refranero que toda victoria está llena de padres, pero que la derrota es siempre huérfana. Eso pasa con la investigación de TIEMPO sobre el Candidato Resucitado. Hoy muchos se sienten “padres” de esa revelación. Pero lo cierto es que eso fue producto de la investigación y el agudo sentido periodístico de nuestros compañeros reporteros. Nada más.

+ Disputas por el poder, pesadilla recurrente

Si el conflicto postelectoral no se resuelve de forma legal y civilizada, a Santa Lucía del Camino le esperan tres años más de ingobernabilidad, de abandono, de ausencia total de servicios, y de codicias relacionadas con el poder político. Si de por sí es traumática la forma en cómo las reyertas perredistas devastaron el bastión que podría ser ese municipio como influencia para el poder en la capital oaxaqueña, lo es mucho más que luego de los comicios ese municipio se encuentre en la franca incertidumbre por un poder que sigue siendo disputado de la peor forma posible.
En efecto, hasta 2010 el municipio de Santa Lucía del Camino había sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. En ese año, el Partido de la Revolución Democrática se hizo del poder gracias al efecto arrollador que tuvo la elección de Gobernador, a pesar de que tenía en Pedro Cabañas Santamaría a un candidato sin experiencia y sin capacidad de generar los espacios de interlocución con quienes se supone que eran sus aliados, tanto dentro del Cabildo, como con la administración estatal que en apariencia era su aliada por haber emanado de la misma Coalición.
No fue así, y por eso la supuesta unidad del Cabildo pronto quedó liquidada, y desde ahí las diversas facciones —enfrentadas— al interior de la administración estatal tomaron partido a favor de quienes querían que tomaran no el poder, sino el presupuesto de ese municipio. Cabañas fue enfrentado al interior por su compañero concejal Omar Blas Pacheco.
Y el desastroso manejo de la política interior al inicio de la administración estatal, generó que ahí se generaran dos gobiernos paralelos (uno y otro, encabezados por sendos personajes, en el mismo tiempo y en el mismo espacio) que en las apariencias de querer ejercer el poder con legalidad, comenzaron a disputarse los jugosos millones de pesos que constituyen las aportaciones y participaciones estatales y federales, los ingresos propios por concepto de impuestos y servicios y, sobre todo, el discrecional manejo de los “recursos extraordinarios” obtenidos fuera de toda fiscalización y registro por los casi 400 giros negros (cualquier cantidad de bares, cantinas, prostíbulos y congales que deliberadamente funcionan sin ningún tipo de regulación) que particularmente se han multiplicado en los últimos tres años.
Mientras eso pasaba —y los dos “gobiernos” se disputaban el presupuesto y el manejo del dinero de los giros negros—, la ciudadanía de aquel municipio comprobó lo que era no tener gobierno. A lo largo de todo este trienio no hubo obra ni beneficio tangible para la ciudadanía. Ninguna de las dos administraciones municipales pudo asegurar a plenitud la legalidad con la que decían funcionar, y por ende ninguna pudo otorgar los servicios y la certidumbre a la ciudadanía.
Mientras todo eso pasaba, el desastre servía para distraer a la ciudadanía, y para fingir que el gobierno estatal también se entretenía tratando de resolver las diferencias, lo que pasó en el fondo fue que los recursos de ese municipio fueron “ejercidos” y simplemente desaparecieron. A todos les convenía el caos, porque así no había forma posible de exigir resultados o cuentas de lo gastado. Todos se metieron en esa dinámica, quizá porque de esa forma todos podían hacerse parte de las ganancias.
Lo peor vino cuando el PRD —bajo el cobijo del senador Benjamín Robles Montoya— intentó, para continuar medrando, postular no a un personaje necesario para Santa Lucía sino a una familiar de Blas Pacheco. Ésta fue rechazada de la forma más tajante posible. Pero lo más triste es que eso no pudo terminar con las disputas y el caos que puede continuar en ese municipio, si las autoridades judiciales y las encargadas de la gobernabilidad siguen sin tomar en cuenta la importancia de ese municipio.

CRISIS E ILEGITIMIDAD
Hacía ya varios años que en Santa Lucía del Camino no se definían unos comicios en los que el ganador lo hiciera con alrededor de tres mil votos. Pero en la elección del pasado siete de julio, el resultado se terció y por esa razón el ganador lo hizo con esa cantidad de votos, seguido por un segundo lugar que casi lo igualó en sufragios captados, y por otros candidatos que aún en la derrota no tuvieron tan pocos votos como para suponer que fueron partidos o abanderados morralla. El problema es que si ya de por sí esa definición es problemática por la bajísima legitimidad que refleja, esto se grava ante las fallas de los Consejos Municipal y General del IEEPCO.
Y es que la diferencia en votos entre el candidato del PSD, José García, y del PRI, Galdino Huerta, fue mínima. Incluso, Huerta ha demostrado tajantemente que él fue quien ganó la elección, pero que el mal funcionamiento del IEEPCO, y la beligerancia del peesedista García, entramparon el conteo para terminar generando un halo de incertidumbre que sólo podrá ser resuelta por los Tribunales Electorales y por el Gobierno del Estado, si es que en algo valora la gobernabilidad y todo lo que representa ese municipio para la capital de Oaxaca.
Huerta ha demostrado que el conteo de votos no se hizo completo. Funcionarios del propio Instituto asentaron las irregularidades y las amenazas salidas de los seguidores de José García. Pero el Consejo General del IEEPCO se ciñó a su cuestionable criterio de no entrar en polémicas y permitir que sean los tribunales quienes decidan los temas problemáticos que ellos, para no meterse en más líos, han evitado abordar.
En ese escenario, lo único claro es que pase lo que pase, de todos modos no habrá arreglo terso. Pues si García fue capaz de ir a tirar camiones de escombros a las principales calles de ese municipio —que sirven de desahogo a la capital— cuando el PRI no lo consideró como él esperaba, después si los tribunales no le dan la razón, su reacción puede ser todavía peor.

MUNICIPIO INGOBERNABLE
Por eso, sea Huerta o García quien finalmente demuestre haber ganado en los votos, de todos modos el problema persistirá mientras no haya una solución de fondo, que permita una regulación más estricta y una recuperación del orden y la legalidad en ese municipio. Santa Lucía es codiciado por ser el paraíso de los giros negros a 10 minutos de la capital. La ruta del dinero lo explica todo. Pero el gobierno estatal ni mete orden en eso, ni hace algo para permitir que ahí se asiente un gobierno municipal fuerte, que ponga fin a estas desafortunadas disputas que han hecho de ese un lugar abandonado e ingobernable.

+ Piratería engulló artesanías: ¿lo hará con la fiesta?

Si en Oaxaca sigue sin permear la idea del rescate de la autenticidad de la fiesta de los Lunes del Cerro, dentro de no muchos años tendremos nada menos que una Guelaguetza pirata. Eso fue lo que pasó con muchas de las expresiones artesanales de nuestros pueblos, de las que hoy se hacen copias chinas sin ningún valor (estético, económico, cultural, etcétera) pero que, para muchos ingenuos, pasan como originales y son apreciadas como si fueran auténticas. Aunque parezca exagerado, esa parece ser la ruta de nuestra fiesta, que año con año vemos cómo se desvirtúa sin que nadie –los que se supone que saben- hagan algo para impedirlo.
En efecto, hace apenas pocos años nadie dudaba de la autenticidad de la ropa, las telas, los grabados, los tallados y demás productos que se expendían en los mercados de artesanías tanto de la capital oaxaqueña como de los diversos centros turísticos de la entidad. Éstos eran, por definición, productos elaborados por manos oaxaqueñas según las tradiciones y las formas heredadas de los abuelos, y eran por tanto expresiones auténticas de la cultura, de la imaginación y de la habilidad artesanal de la comunidad de la que se decía que eran originarios. Sólo que de un tiempo a la fecha esa confianza cambió radicalmente, a grado tal que hoy sólo los conocedores pueden distinguir una artesanía autentica de una fabricada en serie por la piratería.
Esta es una tragedia que ocurrió a la vista de todos, y que nadie quiso detener. Por ejemplo, en el Mercado de Artesanías ubicado en la zona sur del Centro Histórico de nuestra capital, los artesanos auténticos hoy son recelosos de todos aquellos que expenden productos en el ambulantaje, e incluso de aquellos turistas que, en la ingenuidad y en la buena fe, pretenden captar imágenes de sus productos. ¿Por qué? Porque así comenzó la piratería.
Y es que afirman los artesanos que desde hace algunos años la piratería china y centroamericana tocó tierra en Oaxaca buscando desplazar a las artesanías auténticas. Aseguran, por ejemplo, que personas que se hacían pasar por turistas provenientes de Asia, llegaron hasta Oaxaca a tomar cientos de fotografías de tapetes, telares, vestidos, bordados, tallados y demás; poco tiempo después, esos artesanos comenzaron a ver productos similares a los suyos (que son verdaderas creaciones artísticas, y que por ende son únicas) pero vendidos por ambulantes en las calles de la capital, a precios abismalmente menores a los que ellos establecían por sus productos originales.
Pronto se dieron cuenta que muchos de esos vestidos, o eran de origen chino, o eran copias elaboradas en países centroamericanos. Productos como los tapetes, las joyas artesanales, pinturas y productos ornamentales, habían sido copiados y reelaborados por chinos a través de su bien conocida producción en serie que tiene la posibilidad de copiar con gran parecido un producto original. Otros, como telares, ropa y bordados que intentan pasar como auténticos oaxaqueños, son en realidad elaborados en países centroamericanos como Guatemala, en donde los artesanos pueden fabricar productos de cierto parecido, pero que en este caso ya lo hacen como una forma de producción comercial, y que son vendidos a precios bajísimos que sólo pueden ser conseguidos por intermediarios a través de la explotación de esos artesanos que se dedican a hacer copias que luego son traídas a entidades como Oaxaca que tienen una afluencia turística importante, y que son vendidas como auténticas (a quien por desconocimiento o buena fe las acepta como tales) a precios diez o veinte veces mayor a como fueron adquiridos a las manos que los elaboraron.

GUELAGUETZA PIRATA
En su propia dimensión, eso es lo que está pasando con la Guelaguetza. Y es que no se trata de que otros estén copiando las expresiones culturales para luego venir a vendérnoslas como propias. Más bien, en este caso lo que está ocurriendo es que aquí mismo, los oaxaqueños estamos estimulando y aceptando la distorsión de un conjunto de expresiones en aras de privilegiar la atracción que, con bailes propios o inventados, los pueblos indígenas de Oaxaca generan en el turismo nacional e internacional que de todos modos viene a Oaxaca a gastar su dinero porque se le dice que los Lunes del Cerro siguen siendo la misma fiesta auténtica que fue hasta hace no tantos años.
En esto somos responsables todos. El gobierno estatal, como organizador monopólico de la fiesta, ha tenido como interés principal el buscar la forma de que la Guelaguetza atraiga a más turismo, y que la derrama económica que éste deja impacte positivamente en los sectores de la economía local que directa o indirectamente viven del turismo. El problema es que, en ese afán (que es loable) ha descuidado gravemente la necesidad de preservar las representaciones, y la estructura de la fiesta, lo más apegado posible a como fue ideado originalmente no como cuestión comercial, sino como expresión de la cultura y el folclor de la entidad.
Han sido también responsables aquellos que se dicen conocedores y estudiosos de esas expresiones pero que, siendo o no parte del Comité de Autenticidad de la celebración, han permitido la desnaturalización de la misma, y la inclusión de representaciones y bailes que inicialmente no eran propios de los Lunes del Cerro, o que en realidad no reflejan manifestaciones culturales propias y auténticas de las comunidades a las que dicen representar.
Y finalmente, somos responsables también los ciudadanos oaxaqueños que, a pesar de todo, no hemos sido capaces de manifestar nuestro rechazo a esa tendencia por desvirtuar a los Lunes del Cerro. Quizá atraídos por la tradición, o absorbidos por la euforia anual por la celebración, no hemos sido capaces de expresar el malestar que sí existe por la forma en cómo esa fiesta, que es de todos, ha sido adulterada y por cómo los afanes económicos han sido más poderosos que la necesidad de preservar la fiesta de la Guelaguetza.
Ojalá no terminemos teniendo una fiesta pirata. Pero si eso llega a ocurrir, lo peor que podríamos hacer es quejarnos de lo que ocurrió frente a nosotros, y no quisimos ver.

OTRA COPIA
Es dramático, pero fundamentalmente la Guelaguetza magisterial ha sido una copia de lo que ellos denominan como la Guelaguetza oficial. Ambas son muy parecidas. Y la Sección 22, que podría encabezar ese rescate necesario de nuestras tradiciones, en realidad, se dedica a competir con el gobierno. Cosa que sólo profundiza el daño y la pérdida de las tradiciones.