+ Institucionalizarlo, razón de presiones actuales

Ayer la Sección 22 del SNTE comenzó el cerco previsto a las oficinas legislativas, junto con diversas acciones de presión al gobierno estatal, para exigir a los Poderes Ejecutivo  y Legislativo locales que cumplan el pacto político que se firmó para la elaboración de la ley estatal de Educación. El magisterio hoy en día presiona como si fuera un poder constitucional. Pero, ¿quién le otorgó esa calidad, y por qué sólo aparenta asumir tal carácter?

En efecto, en este espacio preveíamos desde hace semanas que la toma del Recinto Legislativo era sólo cuestión de tiempo. Eso finalmente ocurrió ayer, cuando el magisterio oaxaqueño decretó formalmente la toma de oficinas de gobierno y la sede del Poder Legislativo, con el objeto aparente de “coberturar” las negociaciones con el Ejecutivo Estatal. Empero, en el fondo la 22 está incrementando paulatinamente el nivel de presión —sin retorno— al régimen del gobernador Gabino Cué, tratando de que con ello los dos poderes del Estado le continúen dando el reconocimiento de fuerza formal que hasta ahora le han otorgado indebidamente.

Sin embargo, en el mundo real es claro que la 22 no debiera tener el reconocimiento de fuerza formal, y si hoy hace todo con tal de encarar al Gobierno del Estado, esto es porque el mismo gobierno y el Congreso le dieron un carácter que nunca debieron reconocerle. Cuando en marzo pasado se sentaron los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo junto con el Líder de la Sección 22, y lo reconocieron y accedieron a llevar a cabo el programa político que la gremial quería, también le dieron la calidad fáctica de poder constitucional, con capacidad de presión y “contrapeso” que sí tienen los poderes formales.

Ese es un espejismo, del que voluntariamente están convencidos el Gobierno del Estado y el Congreso. Es una fantasía porque en realidad la 22 no tiene capacidades formales para presionar a nadie, ni para ser el contrapeso de nadie. Tiene, es cierto, una gran capacidad de movilización y una importancia numérica que nadie les regatea. Pero el hecho de que tengan 74 mil agremiados, no les da en automático la calidad de poder formal, o la carta de porte para presionar o lastimar a nadie. Es decir, que si de alguien es responsabilidad el envalentonamiento y la actitud contestataria del magisterio frente al gobierno y la sociedad, es de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que les dieron una categoría que no tienen en realidad.

Y es que resulta que el poder “formal” que es la Sección 22 en Oaxaca, en realidad no tiene otra herramienta para presionar, que las que ya conocemos todos los oaxaqueños. Ayer, por ejemplo, la 22 intentó generarle presión a la ciudadanía cerrando oficinas públicas, tomando carreteras y cercando el Congreso. Y luego, cuando en las primeras horas de la tarde se desesperaron porque las respuestas no avanzaron en las mesas de diálogo con el Gobierno del Estado, se fueron a incrementar sus bloqueos y a subir el nivel de la amenaza contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

¿Qué pasó? Que, posiblemente, hayan logrado cumplir su cometido de presionar —y asustar— al Gobierno o a los representantes legislativos. Pero nada pudieron hacer para intimidar a la ciudadanía, que a estas alturas ya conoce a la perfección el modo de actuar del magisterio, así como el nivel al que puede incrementar sus protestas. Y es que resulta que a estas alturas, los oaxaqueños sabemos perfectamente esquivar o al menos no impacientarnos con los bloqueos; sabemos que no pasa nada frente a la toma de oficinas públicas, comercios o casetas de peaje. Ya antes —en el 2006— la Sección 22 tomó durante meses las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ya incluso organizó una revuelta. Y frente a todo eso los oaxaqueños simplemente sabemos algo: que hagan lo que hagan, de todos modos no pasa nada.

LOS TEMORES OFICIALES

Releamos el origen de las protestas de ayer: la 22 hizo movilizaciones y llevó a cabo el cierre de comercios “para exigir al gobierno que cumpla el pacto político para la elaboración de la ley educativa”. Lo exigen de esa forma porque en el fondo, y a pesar del envalentonamiento y la aparente suficiencia con la que llevan a cabo esas acciones, saben que no tienen otra forma de presionar. Es decir, no son un poder formal para hacer valer de manera efectiva los pactos o para presionar constitucionalmente su cumplimiento. Por eso, tras esa careta de poder desbordante, los profesores están desesperados.

Están desesperados y, reiteramos, no dudarán en hacer lo que preveíamos desde hace semanas, y que paulatinamente ha venido sucediendo. “La 22 no dudará en cercar el Congreso, perseguir a los diputados y hasta quemar la sede del Poder Legislativo, con tal de hacer patente su oposición a la armonización”, afirmábamos en nuestra entrega del 25 de junio pasado. Y es lo que finalmente está ocurriendo no porque seamos partidarios de los malos presagios, sino simplemente porque queda claro que los profesores no tienen otro camino para hacer valer el cumplimiento de sus exigencias.

No obstante, también existen posibilidades importantes de que eso sea suficiente para lograr nuevamente el sometimiento de los Poderes del Estado, que le dieron a la 22 el reconocimiento indebido de ser par con ellos. Lamentablemente, ello puede ocurrir porque en este escenario local los representantes de los poderes formales se sienten tan deslegitimados y débiles —y en ello hay también corresponsabilidad de la federación, que por no entrar en tratos con la autoridad local, mantiene a Oaxaca en el olvido— que por esa razón se sienten orillados a terminar siendo comparsa del magisterio en sus pretensiones descabelladas.

Al final la 22 está presionando a todos a partir de apariencias y, como se dice coloquialmente, “asustando sólo con el petate del muerto”. Ese “muerto” es el fantasma de la revuelta popular, al que tanto miedo le tienen el gobierno y los legisladores, pero no la ciudadanía, que sabe que a pesar de todo —y aún pagando los costos de esas disputas por el poder, como fue en 2006— no pasará nada más grave de todo lo que ya hemos visto en el pasado reciente.

EL IEEPO

¿Cualquier persona medianamente seria y razonable sería capaz de dar por válida la estratagema de que en medio de esta tormenta política sería nombrado el nuevo Director del IEEPO? A pesar de las consecuencias, pueden pasar semanas —o meses— antes de que eso ocurra.

+ ¿De reforma educativa quieren sacar aspirantes?

Dos cuestiones siguen pendientes respecto al proceso de armonización de reforma educativa en Oaxaca, que son vitales de resolver para que quede definido el rumbo de dicho proceso. Primera, si existe de verdad una postura institucional del PRI respecto a ese tema, o si todo va a quedar al arbitrio de los legisladores locales por ese partido. Y segunda, si ese será un punto de influencia para el proceso electoral federal del próximo año, en el que varios de los diputados locales querrán ser abanderados para una diputación federal.

En efecto, sigue corriendo el tiempo rumbo al inicio del próximo ciclo escolar, y lo único cierto es que los oaxaqueños seguimos sin conocer una postura institucional del PRI respecto al proceso político que sigue la reforma educativa en la entidad. Aunque hasta ahora lo único que ha recibido la ciudadanía son esquivos y silencios, y sin embargo hay razones muy concretas por las cuales sí debiera existir una postura oficial, clara y sin ambages, que marcara la ruta de lo que se hará respecto a este asunto.

La realidad, sin embargo, apunta a una indefinición que sólo alimenta los potenciales vicios. ¿Por qué? Porque hasta ahora nadie del partido tricolor en Oaxaca parece asumir públicamente y con claridad que la reforma educativa es uno de los estandartes políticos de su mismo partido a nivel nacional, y que del éxito o fracaso de esa y otras reformas depende también el rumbo que siga su partido en la lucha natural por la preservación e incremento del poder político que hoy ya tiene. Eso no lo asume el dirigente estatal del PRI, Héctor Anuar Mafud Mafud, quien hasta hoy nunca ha establecido una posición concreta respecto al tema, y ha alimentado un vacío que sólo perjudica el rumbo de la reforma.

Y es que al guardar silencio sobre este tema —y sobre la importancia que tienen los legisladores locales priistas en este proceso de armonización que hoy enreda a Oaxaca—, Mafud reconoce tácitamente su falta de liderazgo y ascendencia sobre los representantes de ese partido en el Poder Legislativo del Estado, y deposita toda la responsabilidad en el coordinador de la bancada tricolor, Alejandro Avilés Álvarez, que hasta ahora ha dejado ver que tiene más compromisos con el régimen y los poderes fácticos que congruencia con el mandato de su partido, y que por eso ha venido apoyando —o ha evitado oponerse— a los titubeos de la mayoría panista-perredista con los que intentan darle a Oaxaca una ley educativa a la medida de la Sección 22 del SNTE, y contraria a lo que establece la Constitución de la República y su legislación federal secundaria.

En ese sentido, si es alarmante que el Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca no tenga una postura clara y definida sobre el tema, lo es mucho más que hasta ahora tampoco tengan un rasero definido sobre la reforma que pretenden —en Oaxaca, o en el ámbito nacional para Oaxaca— para defender el proyecto presidencial sobre la educación, que también es —valga decirlo— un proyecto priista.

El tema tiene mucho de fondo porque la bancada priista tiene sobre sí la disyuntiva de sostener la congruencia en su militancia, identidad e ideología de su partido, o simplemente entregarse a los intereses locales que buscan llevar la reforma a escenarios que no satisfacen el interés que pretendió la reforma constitucional federal.

¿Y LOS CANDIDATOS?

Ahora bien, la armonización de la reforma educativa en Oaxaca puede ser un punto de inflexión sobre una operación política que consolide a quien la haga, pero también puede ser la tumba de quienes se entreguen únicamente a las salidas fáciles, que en esencia se apartan de lo que está haciendo su partido en el ámbito nacional. ¿De qué hablamos?

De que la armonización de la reforma educativa implica el posible pase a las candidaturas a las diputaciones federales, pero también el fin de la carrera de varios políticos oaxaqueños. Hasta hoy poco se ha visto la importancia de esa operación. Pero de haber uno o varios diputados con capacidad de establecer un escenario de diálogo propicio para incidir en el resultado de la armonización, sin entregarse en los brazos del gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE, habría demostrado la capacidad política que es necesaria para continuar en la vida pública de Oaxaca y del país, y por ende su inclusión en una diputación federal por nuestro estado.

En ese sentido, hay varios que sueñan con ser candidatos a una curul federal, que hoy tienen un espacio en el Congreso local. Uno de ellos, Alejandro Avilés, por ejemplo, enfrenta la disyuntiva de querer ascender en su carrera política, pero enfrentándose a la incongruencia de no poder conducir y mantener vigente el interés priista en la responsabilidad que ostenta, y hacerse de acuerdos con los grupos opositores para ir en contra de esos principios. Avilés, como muchos, quiere ser candidato plurinominal a diputado federal. Pero la ruta de la reforma educativa, y su propia actuación, no le ayudan. Y en el escenario actual, tampoco se encuentra la posibilidad de ser candidato de mayoría, dadas sus derrotas en los procesos electorales recientes en los que han participado.

¿Quiénes quedan? En el escenario se reducen a muy pocos que son seguros. La gran mayoría de los delegados federales no ha podido despuntar lo necesario como para pensar en dejar esa responsabilidad y regresar a una campaña. Quizá sean uno o dos diputados locales los que tengan el capital para regresar a los distritos a buscar nuevamente el voto. Y concretamente sólo quedaría uno: el actual director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, quien sería el único en Oaxaca que tendría la postulación lisa y llana para convertirse en candidato a diputado federal por el distrito X de Miahuatlán de Porfirio Díaz —por el que ya fue legislador federal en dos ocasiones— o incluso para buscar otros escenarios en la elección federal intermedia del próximo año.

UN MULADAR

Quién sabe, en el fondo, quién tenga las potestades concretas sobre el zócalo citadino, pero lo cierto es que cualquier autoridad que se jacte de serlo queda en total entredicho —y descrédito— ante el muladar en el que vendedores ambulantes convirtieron la plaza principal de nuestra ciudad desde el viernes pasado. ¿Quién les dio permiso? ¿Quién los tolera? ¿A cambio de qué les permiten meterse al zócalo? ¿Qué connivencia abre la puerta a esas arbitrariedades, que lastiman el patrimonio y la riqueza de la ciudad, que es de todos?

Atención, intrascendente para autoridades locales

La crisis humanitaria que hoy viven los Estados Unidos en su frontera sur, con los miles de niños migrantes que han llegado en los últimos meses, no tiene precedentes. El arribo masivo de menores de edad que viajan solos desde países centroamericanos —particularmente de Honduras— obligó al gobierno estadounidense a reconocer la magnitud del problema de la migración, y a emprender acciones urgentes para atender la contingencia, aún con todos los fallos y asegunes de los que nos hemos ido enterando en los últimos días. Frente a esto sigue vigente una pregunta: ¿Qué hemos hecho en Oaxaca, y en el país, para atender las distintas facetas de este mismo problema?
En efecto, en México hemos vivido en una evidente —e incómoda— doble moral con el tema migratorio. Pues por un lado, por lo menos desde hace dos décadas los mexicanos hemos sostenido una exigencia permanente al gobierno de Estados Unidos para que garantice los derechos de los migrantes mexicanos que se encuentran de manera ilegal en la Unión Americana, y ha también presionado para que se lleve a cabo una reforma migratoria que beneficie a nuestros paisanos que son fuerza de trabajo vital para aquel país, pero que tienen negados la gran mayoría de sus derechos debido a la forma irregular en que se internaron en aquel país.
En la otra cara de la moneda, los mexicanos hemos vivido en la negación total de lo que pasa con los otros migrantes. Es decir, con los centroamericanos que también quieren llegar a los Estados Unidos, pero que dada su situación de pobreza y desventaja social, no tienen ninguna posibilidad de arribar a nuestro país, y cruzarlo, dentro de los cauces legales, para luego tratar de atravesar la frontera de México con Estados Unidos ya de forma ilegal.
Como no tienen esa posibilidad, y muchos de ellos tampoco tienen la noción de que al menos llegar a México con documentos y viajar legalmente por nuestro país (tomando en cuenta que todas las naciones latinoamericanas tienen reglas migratorias muy sencillas entre sí) les evitaría la gran mayoría de los suplicios que padecen en su paso por México, la gran mayoría de ellos decide viajar desde sus lugares de origen de manera ilegal, y llegar a México en esa situación, para luego optar por hacer un peligrosísimo viaje en tren para tratar de alcanzar la frontera con la Unión Americana.
En ese sentido, innumerables testimonios de centroamericanos que cruzan por México para llegar a los Estados Unidos, coinciden en el que el paso por nuestro país es un auténtico infierno. Aquí, los centroamericanos son objeto de robos, tráfico, agresiones, secuestro, extorsiones y todo tipo de abusos físicos y sexuales. Ellos, por su estado de necesidad, deciden enfrentar los riesgos. Pero el flujo continuo de centroamericanos hacia nuestro país no significa ni que el gobierno mexicano deba desentenderse del hecho, y mucho menos que deba seguir negándose a ponderar la necesidad urgente de brindarles protección, independientemente de su calidad migratoria.
Y es que resulta que aquí en México —y en Oaxaca— la crisis humanitaria por los transmigrantes ilegales tiene años de existir, sin que hasta ahora haya autoridades de los tres ámbitos de gobierno verdaderamente preocupadas y decididas a atender esta otra faceta de la crisis que hoy viven los estadounidenses, pero que aquí lleva diez o veinte años ocurriendo de forma permanente.
Pues a nuestro país todos los días llegan miles de centroamericanos hambrientos, mancillados o abusados, pero con la firme convicción de continuar el viaje. Aquí siguen ocurriendo todas las atrocidades que ya conocemos, y que muchas veces realizan las propias autoridades relacionadas —incluso marginalmente— con los transmigrantes. Muchos se quedan en el camino por las vejaciones sufridas, otros por accidentes, y muchísimos más porque simplemente se quedan sin recursos para continuar el viaje. ¿Qué autoridad, y cómo, en nuestro país, ha reconocido el problema, y ha comenzado a tomar medidas efectivas para aliviar este problema?
Hasta hoy, ninguna.

CRISIS PERMANENTE
Pensemos: ¿Qué hubiera pasado si en Estados Unidos, un grupo de criminales hubiera ejecutado a 70 inmigrantes ilegales mexicanos, del modo en que hace unos años ocurrió en nuestro país? ¿Qué habría pasado si allá hubieran ocurrido, en un lapso de seis meses, más de doscientos secuestros masivos (es decir, de más de cincuenta personas por evento) de inmigrantes?
¿Qué tipo de protesta y escándalo internacional ocurriría, si se comprobara que los agentes migratorios estadounidenses violan y secuestran masivamente a los ilegales atrapados en sus redadas, con el objeto de convertir a las mujeres en prostitutas, a los hombres en criminales, o para lograr obtener la información para que los familiares de unos y otros pagaran rescates en Estados Unidos o México? ¿Qué pasaría?
Todo ese infierno, del que por momentos pareciera que no tomamos dimensión, es exactamente el que ocurre en nuestro país. Nosotros exigimos todo para nuestros paisanos a los estadounidenses, pero procuramos lo peor para quienes siguen la misma ruta, sólo que provienen desde el sur de nuestro país. Pues resulta que cuando se trata de criticar al de enfrente, nos asumimos con toda la calidad moral del mundo; pero cuando se trata de reconocer el infierno que se ha creado para los migrantes aquí en México por la misma responsabilidad del gobierno y los criminales, entonces sí decidimos minimizar todo y hacer como que los señalamientos son una exageración.
El gobierno de México debería estar preocupado, y ocupado, en garantizar la integridad de los migrantes centroamericanos, por la sola razón de que éstos son personas. El hecho de que sean migrantes ilegales, no les mengua en ningún sentido sus derechos y garantías fundamentales, que deberían ser respetadas y garantizadas independientemente de su estatus. Aquí, erróneamente, el gobierno se niega a hacerse cargo de la seguridad de los mismos, aduciendo que lo que debe hacer es atraparlos y deportarlos, o de lo contrario que éstos atraviesen por su propio riesgo el azaroso camino hacia la frontera norte.

¿Y EL ISTMO?
Las dos zonas más peligrosas de la ruta del migrante eran, hasta hace muy poco tiempo, el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y Medias Aguas, en Veracruz. ¿Qué ha pasado en nuestro estado? La realidad es que las autoridades municipales y estatales de Oaxaca han tenido una voluntad muy tenue para atender la parte del asunto que les corresponde.

+ Proyecto cultural debe valorar a dónde quiere ir

Ayer, de forma poco usual, músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca realizaron una protesta en contra del personal administrativo del conjunto musical. A la par de las razones concretas que generaron la inconformidad, es claro que este es un síntoma más de la nula identidad que existe hoy entre el proyecto cultural que impulsa —o que dice impulsar— el Gobierno del Estado, y las agrupaciones que existen como parte del entramado cultural institucional en Oaxaca.

En efecto, para entender esta problemática vale la pena revisar no sólo los aspectos concretos de esa particular protesta de ayer miércoles, sino también otras cuestiones que explican la crisis por la que atraviesan esa agrupación musical y varias otras que también pertenecen al gobierno estatal. Resulta que ayer, músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica pidieron la salida del director Javier García Vigil, y de la gerente de la Orquesta, Judith Rosas. Solicitaban también apoyos para sus familias, un reglamento interno y la revisión de cargos administrativos.

Esto lo que en realidad deja ver es una inconformidad más de fondo, que tiene que ver con la desatención que desde hace años el gobierno ha tenido con quienes integran las agrupaciones musicales, como la Orquesta Sinfónica, o la Banda de Música del Estado, entre otras, lo cual se traduce en un “abandono salarial” y en la falta de interés por mantener en condiciones óptimas a las bandas musicales.

Y es que según se sabe, para que una Orquesta Sinfónica pueda tener esa denominación, debe estar conformada por cuatro familias de instrumentos musicales, a saber: Viento madera: un flautín, dos flautas, dos oboes, un corno inglés, dos clarinetes y dos fagots. Viento metal: de dos a cinco trompetas, de dos a seis trompas, dos o tres trombones tenores y uno o dos bajos. Ocasionalmente, también una tuba. Percusión: varía muchísimo dependiendo de la obra, pudiendo encontrar timbales y caja. Y cuerdas, que consta de cuarenta violines, de ocho a doce violas o más, de ocho a doce chelos o más y de cinco a ocho contrabajos o más. Ocasionalmente también se incluyen arpa y piano.

Si hacemos cuentas rápidas habremos de ver que una Orquesta Sinfónica debe estar integrada por alrededor de ochenta músicos. Y en las imágenes que se difundieron ayer en varios medios sobre las protestas de los integrantes de la Orquesta, no se aprecia ni la mitad de esos músicos. Ahora bien, reflexionemos en cuánto gana cada uno de los integrantes permanentes de la Orquesta, y bajo qué condiciones se encuentran contratados.

Seguramente, al hacer una revisión rápida de esas condiciones, habremos de llegar a varias conclusiones sencillas pero de fondo: primera, que la Orquesta Sinfónica está incompleta; segunda, que los músicos comienzan a externar su inconformidad por el estado de abandono general en que se encuentra la agrupación; tercera, que ante presentaciones importantes la Secretaría de Cultura debe verse obligada a utilizar figuras como la subcontratación ocasional de músicos, únicamente para cumplir sus compromisos; cuarta, que no existe interés ni identidad como para mantener en condiciones óptimas agrupaciones como la Orquesta Sinfónica; quinta, que el proyecto cultural va encaminado hacia otras prioridades; y sexta, que esas son algunas de las razones que más o menos pueden explicar el tamaño de esta crisis.

EL PROYECTO CULTURAL

Ahora bien, ¿qué aspectos integran el marco de prioridades de Francisco Martínez Neri como titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca? El único punto de referencia existente se encuentra en los ejes culturales que planteó cuando recién había asumido su cargo, y en ese marco compareció ante la LXII Legislatura, en enero pasado.

En aquella ocasión, Martínez Neri delineó esos ejes, y dijo que eran los siguientes: uno, salvaguarda del patrimonio cultural, material e inmaterial de Oaxaca; dos, promoción y difusión de la diversidad cultural; tres, fortalecimiento a la formación y capacitación artística y cultural; y cuatro, fomento al desarrollo cultural sustentable.

En esa misma comparecencia habló de los retos de su gestión, y dijo que eran cinco: uno, fortalecer a los emprendedores culturales y artistas, con el fin de que se consoliden como verdaderos motores del desarrollo sustentable; dos, propiciar un fuerte trabajo de promoción cultural comunitaria en los sectores menos atendidos; tres, concretar un programa de generación y formación de públicos en todo el estado para propiciar el uso del tiempo libre de calidad; cuatro, fortalecer el tejido social a través de la cultura para reafirmar la identidad comunitaria de la población; cinco, trabajar en coordinación con los municipios para mejor atención, capacitación, asesoramiento y conjuntar bolsas presupuestales para la cultura.

¿Por qué traemos a colación todo esto? Porque al revisarlos queda claro que temas como el relacionado con la Orquesta Sinfónica parecen no tener cabida en ninguno de los ejes, ni en los retos, que se planteó Martínez Neri. Queda claro que instituciones como la Orquesta no tienen necesariamente el enfoque comunitario ni están directamente enfocados a la promoción de la cultura y las artes locales.

Por eso, si en la gestión de Andrés Webster esas agrupaciones fueron relegadas por la intención del gobierno de respaldar, con recursos públicos, proyectos culturales privados, en la gestión de Martínez Neri tampoco tienen cabida porque según parece su visión del desarrollo cultural va encaminada hacia rumbos distintos a los que debiera seguir la Orquesta.

Sólo así puede entenderse, de manera integral, que hoy esa agrupación se encuentre —para variar— en una situación de crisis, y que ésta haya sido generada en gran medida por la añeja desatención oficial y por la discordancia entre los fines de un conjunto como ese y el proyecto cultural del Gobierno del Estado.

ESPERANZA AZTECA

Por cierto, en el marco de las protestas de los músicos y las carencias que se denuncian, la Secretaría de Cultura debiera detallar cuánto invierte en la Orquesta Sinfónica y en las demás agrupaciones musicales que dependen del Gobierno del Estado, y qué monto le destina a proyectos culturales privados, como el concierto de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, que tiene programada una presentación en Oaxaca, y que es un proyecto privado que subsiste gracias a los recursos estatales y federales que recibe para su funcionamiento. Sólo así podríamos terminar de entender estas inconformidades.

Ejecutivo y Legislativo deben asumir papel de Estado

Los poderes del Estado en Oaxaca caminan en arenas movedizas, y cada que intentan dar un paso o bracear, se hunden más. Ese fango se llama armonización de la legislación educativa, y quien todos los días alimenta la capacidad devoradora de esas arenas es la Sección 22 del SNTE. Sólo que hay un ingrediente que nadie quiere ver, pero que está ahí: la ingenuidad o incapacidad del Estado para reconocer a su adversario y evitar engañarse respecto a sus intenciones. Eso es lo que determina la crisis de la reforma educativa en la entidad.
En efecto, ayer el Congreso del Estado formalizó su retiro de la mesa redactora de la nueva Ley Estatal de Educación, y tácitamente desconoció el contenido de la declaración política que firmó el 10 de marzo pasado con la Sección 22 y el Poder Ejecutivo, para elaborar de manera conjunta la iniciativa bajo los plazos y reglas fijados por el magisterio democrático. Esto ocurría al tiempo que el gobernador Gabino Cué aseguraba que en realidad no existe un conflicto de fondo entre el magisterio y el Congreso, y que antes de que inicie el ciclo escolar habrá nueva ley educativa, acorde con los lineamientos establecidos por la Federación.
En el ámbito legislativo, ayer se suscitó un intenso debate relacionado con qué se debe hacer frente a la situación de crisis con el magisterio, y sobre quién recaen las responsabilidades por haber signado la declaración política y luego haber roto el acuerdo con la Sección 22. Los dimes y diretes no llegaron a ningún puerto concreto, salvo la decisión tomada por los legisladores de apartarse de los trabajos que lleva a cabo la Sección 22 junto con el Ejecutivo estatal para la construcción de la legislación educativa.
Frente a este conjunto de hechos, no pareciera estar de más preguntar quién es el villano y quién es el traidor. Pues para el magisterio el traidor es el Poder Legislativo, que incumplió el acuerdo, y ahora se está retirando de la mesa redactora de la iniciativa. Sin embargo, en el ámbito contrario, el villano podría ser el Ejecutivo, que a capa y espada está defendiendo su alianza con el magisterio, aún tomando distancia del Congreso.
¿Quién actúa bien y quién mal? No es fácil descifrarlo, a pesar de que en el fondo no estaban equivocados los diputados —y de hecho esto parece un intento tardío de recuperar su dignidad y soberanía— cuando decidieron apartarse del contenido y las condiciones de la declaración política, que a lo único que iba encaminada era a subordinar la capacidad de decisión del Legislativo a los caprichos del magisterio, y no a verdaderamente cumplir con los parámetros marcados por la Federación, que es el patrón real de los maestros, y es quien solventa sus salarios.
Empero, el problema es que hasta hoy nadie en el Congreso del Estado ha dado visos de tener una idea clara de qué hacer como alternativa al rompimiento con el magisterio y su retiro de la mesa redactora de la ley educativa. Definir esto es fundamental —y en esto hay un vacío enorme entre los diputados— porque queda claro que de mantener su postura no contarán con ningún aliado, y sí enfrentarán muchas presiones para que regresen al carril establecido por la Sección 22.
Mal que bien, el binomio magisterio-Ejecutivo tienen todos los elementos para poder integrar un proyecto de legislación más consensado —aún cuando ese consenso sea a favor del magisterio y en detrimento del interés público—, y no dudarán en presionar al Legislativo para que deponga su intención de actuar de manera independiente y volver al acuerdo con el magisterio.
Este es un escenario que tiene muchísimas posibilidades de convertirse en realidad. Y si eso ocurre, la LXII Legislatura terminaría doblemente humillada: primero, por haber tenido la osadía de desafiar al magisterio y perder el duelo, aún teniendo la razón; y segundo, por volver —arrastrado por las circunstancias, por la debilidad de sus integrantes, por la ausencia de un proyecto alternativo, por no tener el apoyo político de nadie, y hasta por la compra de conciencias— por la puerta de atrás a un pacto ominoso, en el que el único que había actuado correctamente era justamente el Congreso, pero que habría tenido que deponer sus intenciones en aras de un acuerdo basado en la tutela del interés del magisterio, y no de lo que necesita la educación y la mayoría de los oaxaqueños.

TODOS, EN EL FANGO
Hasta hoy, cada que alguno de los poderes ha intentado caminar en ese lodo ha salido salpicado, extraviado y atrapado en algo que no puede evitar ni superar. Y en esto falta el Poder Judicial, que hasta ahora no ha tenido ninguna actuación en el tema. ¿Qué va a pasar si alguno de los legitimados —el Gobernador del Estado, o el treinta por ciento de los legisladores locales— decide poner en marcha el mecanismo de control establecido en el apartado B, fracción IV, del artículo 106 de la Constitución del Estado? Será un paso más hacia dentro de ese callejón sin salida. ¿Por qué?
Porque ese precepto dice lo siguiente: “Corresponde a la Sala Constitucional, en los términos que señale la ley: IV.- Conocer de las peticiones formuladas por el Gobernador del Estado, por treinta por ciento de los Diputados al Congreso del Estado (…) sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley o decreto aprobado por el Congreso previo a su promulgación y publicación. El Tribunal Superior de Justicia deberá resolver en un plazo máximo de quince días naturales, mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros”.
Este es, a grandes rasgos, un mecanismo de control previo de la constitucionalidad de un proyecto, que posiblemente podrían poner en marcha una minoría legislativa inconforme con un proyecto ominoso de reforma a la legislación educativa. E irremediablemente —si es que algo tiene de garante de la constitucionalidad— el Tribunal Superior de Justicia terminaría declarando la inconstitucionalidad del decreto. ¿Y qué provocaría eso? Meterse más —aún— en esa ruta oscura de no poder equilibrar el interés público con el interés magisterial. Y aún con su declaratoria, es posible que el Poder Judicial termine también salpicado.

LO INCOMPRENDIDO
Todo esto está ocurriendo por hacer pactos de ingenuidad con el magisterio, que siempre declaró su intención de ir por todo. Ese “todo” es contrario a la legalidad. Y en el fondo tienen la culpa quienes pactaron con él, creyendo que la 22 sería legalista, comprometida y respetuosa de los acuerdos. No entendieron su naturaleza. Y estas son las consecuencias.

No entienden que armonización no es potestativa

Como si a Oaxaca le faltaran problemas por la improductividad e ineficiencia del Poder Legislativo, parece que nuestro estado va en camino a una nueva crisis por la adecuación de las normas estatales a la reciente reforma electoral federal en materia político-electoral. Parece que los diputados oaxaqueños no entienden los alcances de la nueva disposición constitucional en la materia, y con ello estarían generando una nueva dificultad por tratar de reducir a su corto entender, un conjunto de disposiciones que, de nuevo, están dictadas desde el centro para que los estados sólo las acaten.
En efecto, la semana pasada el presidente de la Junta de Coordinación Política, Alejandro Avilés Álvarez, anunció que en la reforma política que realizará la LXII legislatura “no contempla la reelección de los diputados y alcaldes en Oaxaca”. Específicamente, Avilés dijo que en el caso de la reelección de diputados y alcaldes, “no sería ético dar paso a esa figura, porque los legisladores locales que están en funciones, serían juez y parte”. En tal sentido, puntualizó que ésta figura no debe darse ( HYPERLINK “http://bit.ly/1o0PdzE” http://bit.ly/1o0PdzE). Es alarmante que el Presidente de la Jucopo esté equivocado, y desinformado, al grado de hacer esas afirmaciones. Veamos por qué.
La reforma político-electoral realizada a la Constitución de la República hace unos meses, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero pasado, está integrada por un conjunto de modificaciones que tienen por objeto la ampliación de las atribuciones de las autoridades y juzgadores federales en materia electoral, así como el establecimiento de nuevas medidas relacionadas con la actividad de los partidos políticos y su interacción entre ellos.
Sin embargo, uno de los temas más polémicos de dicha reforma fue la eliminación del principio de irrelegibilidad relativa de legisladores federales y locales, así como de autoridades municipales, que impedía tanto a legisladores como a integrantes de los Ayuntamientos buscar ser reelectos en sus cargos, inmediatamente después de haber concluido un primer periodo para que el que fueron electos.
Así pues, resulta que hasta antes de la reforma, un concejal (presidente municipal, síndico o regidor) tenía que esperar un periodo de tres años para poder estar legitimado para aparecer nuevamente como candidato a ese mismo cargo. Lo mismo pasaba con los diputados locales y federales, que también debían esperar un periodo legislativo para volver a ser candidatos a ese mismo cargo. Los senadores, por su parte, se encontraban bajo el mismo supuesto, con la salvedad de que inmediatamente después de concluir su periodo como legisladores en la Cámara alta, sí podían acceder a una curul, lo mismo que los diputados federales, que inmediatamente después de dejar su cargo en la cámara baja podían ser electos para ocupar un escaño en el Senado.
¿En qué consistió la reforma? En ese aspecto específico, la reforma eliminó el principio de la irrelegibilidad relativa que impedía la reelección consecutiva de legisladores federales y locales. Así, hoy el nuevo artículo 59 de la Constitución de la República dispone que “los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.

AYUNTAMIENTOS Y
CONGRESOS LOCALES
En lo que toca a los legisladores locales y autoridades municipales, es donde aparece el gravísimo error que de entrada parece estar teniendo el diputado Avilés, evidentemente por desinformación y desconocimiento de los temas que se supone que mejor domina como operador político de su partido. Resulta que, sobre autoridades municipales y legisladores locales, los artículos 115 y 116 constitucionales en su nueva redacción disponen lo siguiente:
Sobre la reelección de autoridades municipales, la fracción I del 115 constitucional dice: “Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años…”. Y sobre la reelección de diputados locales, la fracción II del 116 constitucional dispone que: “Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.
Frente a todo esto, el diputado Avilés está equivocado en cuando menos dos cuestiones: primera, que es obvio que en toda reforma que se hiciera a la Constitución local para establecer la reelección de diputados y concejales, los legisladores y autoridades municipales actualmente en funciones estarían impedidos de beneficiarse. La razón es inconcusa: ellos fueron electos para un solo periodo de tres años sin reelección consecutiva, en base a las leyes vigentes al momento de su elección; por ende, una reforma de esta naturaleza no podría operar en su favor, ni siquiera aplicando en sentido contrario el principio de la irretroactividad de la norma.
Y segunda, que si releemos lo dispuesto por el 115 y 116 constitucionales, éstos en ningún momento dejan al arbitrio de las Legislaturas locales establecer o no la reelección de concejales y diputados. En ambos casos la Constitución federal dispone que “las Constituciones estatales deberán…”, cerrando con ello toda posibilidad de que los Congreso estatales puedan disponer algo distinto de lo que ya manda la Constitución de la República en esos aspectos.

ENTIENDAN: NO HAY POTESTAD
No es algo sencillo de asimilar, cuando se supone los estados son libres y soberanos para decidir todo lo relativo a su régimen interior. Pero en casos como éstos la Constitución federal está imponiendo pautas a las cuales los estados no pueden sustraerse, ni decidir si aplican o no, sino simplemente reflejarlas en sus Constituciones locales. Quizá lo entiendan los diputados hasta que tengan encima una nueva controversia constitucional, si insisten en este grave desatino.

Aquí no hay hegemonía local ni nacional: sólo vacío

Es preocupante que Oaxaca sea la excepción en el proceso de democratización y fortalecimiento de las entidades federativas, y que lo sea también frente a la decisión pragmática de re centralizar el poder desde la Federación. Esto es algo que va de lo curioso a lo preocupante, pues el vacío que existe frente al atropellado proceso de armonización de la legislación educativa, deja ver que en el gobierno federal nadie está preocupado ni por rescatar a Oaxaca ni por abrirle una puerta alternativa a la democratización de sus decisiones. Aquí sólo queda el vacío, y eso se traduce en que a nadie le importa lo que ocurra en nuestro estado.
En efecto, en la entidad ocurre un desastre respecto a la armonización de las legislaciones local y federal en el ámbito educativo. La razón es simple: la Sección 22 del SNTE tiene un poder desproporcionado frente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo local, que no encuentran cómo sobreponerse a las presiones del sindicato magisterial. Esta cuestión se agrava porque el gobierno federal —que es el beneficiario de la reforma, porque es quien arrebata atribuciones a los estados y las concentra para ejercerlas él— no ha demostrado la menor intención o interés de intervenir para darle cauce a este proceso.
Esta situación constituye o una paradoja del proceso de recentralización de poder por parte de la Federación, o por lo menos un signo claro de que simplemente es Oaxaca quien no le importa al gobierno federal. ¿Por qué? Porque desde fueron planteadas las principales reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, se apreció que todas tenían una intención centralizadora, o re centralizadora. Es decir, que el ámbito federal le quitaría facultades o zonas de competencia a los estados y municipios, para ser él quien los supliera en su ejercicio.
En ese sentido, sería una paradoja que frente a todo el planteamiento de reformas de corte centralizador que han venido haciendo los poderes federales en el país, y en cuya cúspide se encuentra la reforma educativa, la federación simplemente claudicara frente a Oaxaca. Eso sería tanto como aceptar que su poder concentrador en realidad está diluido, y que es mucho más relativo de lo que hoy parece, además de que entonces los estados de la República fácilmente se podrían rebelar —como parece que lo está haciendo Oaxaca, con poderes fácticos sometiendo a los poderes constitucionales— a las decisiones federales en los temas que está centralizando.
La otra situación que es igual de grave, es que a la federación simplemente no le importe Oaxaca. Esto sería algo gravísimo —y posible— porque entonces lo que estaríamos viendo es la apertura de un espacio de total vacío, en el que ni opera la democracia propia de las entidades federativas, ni opera la centralización —tomados éstos los dos extremos naturales de una situación como ésta— que en los últimos tiempos ha intentado reimplantar la federación, como una forma de fortalecer al Presidente en detrimento del poder de decisión de las entidades federativas, los gobernadores y los congresos locales.

OAXACA, EN EL LIMBO
Hace unos días el jurista Diego Valadés explicaba, en las páginas del diario Reforma (24.06.2014, página 12), el panorama actual del federalismo centralizador en nuestro país. A partir de eso podemos deducir la extraña relación que tiene Oaxaca con ese nuevo panorama político del país. “En México el sistema federal —afirmaba Valadés— se planteó para atenuar la tradición centralizadora virreinal pero sin construir un sistema democrático que impidiera la formación de dictaduras y cacicazgos. El rápido ascenso de figuras dominantes locales se tradujo en una tensión creciente entre gobernadores y presidentes en la que éstos acabaron por dominar la escena. El federalismo mexicano, por ende, no fue un instrumento para el control de los presidentes, sino un vehículo para el control por los presidentes. Durante la hegemonía de partido esos mecanismos se acentuaron con la postulación vertical de los candidatos a los gobiernos estatales y, si algo fallaba, se echaba mano de la llamada desaparición de poderes (…) Cuando esa hegemonía llegó a su fin, la democracia de baja intensidad y el proceso centralizador entraron en sinergia. La reforma constitucional se convirtió en el procedimiento sustitutivo para ensanchar las facultades federales y estrechar las locales. En lugar de una solución local democrática para contar con gobernadores responsables y controlados, se ha optado por el oxímoron constitucional de un peculiar federalismo centralizado”.
Frente a ese panorama, es claro que Oaxaca está en el limbo. Esto por dos razones: primera, porque al menos en el caso de nuestro estado, las reformas nacionales no han reflejado la intención del gobierno federal de asumirse claramente como nuevo depositario de esas facultades, y por ende incidir en nuestro estado para que sus determinaciones se cumplan; y segunda, porque si ese primer escenario no se da, tampoco se ve que los poderes locales tengan una intención o capacidad real para darse un ordenamiento alternativo o una forma distinta de determinación frente a las obligaciones que le impone el ámbito federal.
Por eso el panorama es desolador: Oaxaca se encuentra en una zona de vacío, en el que la federación no está preocupada por hacer valer ninguna de sus determinaciones. Simplemente es sorda a lo que aquí ocurre y, según parece, tampoco tiene ningún interés en invertir algo de su capital político, o atención, para resolver un problema que tampoco se encuentra en su palestra de prioridades. A la federación, pues, parece darle lo mismo lo que pase en Oaxaca, independientemente de si se aplica o no la reforma educativa, o de si se lleva o no bien a cabo el proceso de armonización de la legislación de la materia.

PODERES LOCALES,
CODICIOSOS Y SOMETIDOS
Y luego lo que ocurre en el ámbito local es también crítico: los poderes locales Ejecutivo y Legislativo no tienen capacidad para enfrentar a la Sección 22, y prefieren aliarse a él para ver si en la revuelta ganan algo —cuando menos unos pesos. Estamos en el escenario inaudito de que la Sección 22 del SNTE, un poder fáctico, está expulsando a los poderes formales de la discusión de una iniciativa de ley que sólo los poderes del Estado deben hacer, discutir y aprobar. Aquí no hay ninguna democracia, ni forma alternativa, ni orden, ni nada. Aquí, pues, en palabras de Valadés no hay ni federalismo centralizador, ni democracia de baja intensidad por parte de los poderes locales.

+ Búsqueda y desaparición, responsabilidad de Estado

A lo largo de los últimos días, diversos medios informativos de la capital del país han dado a conocer que el pasado 19 de junio de 2014, el Poder Judicial de la Federación emitió un dictamen donde pide al Ministerio Público, a la Secretaría de la Defensa, a la Procuraduría General de la República, entre otros, iniciar la búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, activistas del Ejército Popular Revolucionario, detenidos y desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007, aún en el contexto del conflicto magisterial del año previo. Estos hechos constituyen una responsabilidad de Estado, de la que el Gobierno del Estado no debía ser ni ajeno ni indiferente. Razones para afirmarlo hay en abundancia.

En efecto, en el caso de la detención-desaparición de estos dos militantes eperristas existe una amplia documentación del posible contexto en que se dio su desaparición. Distintas versiones sostienen, por ejemplo, que fueron aprehendidos en el Hotel del Árbol, en la Calzada Madero de la capital oaxaqueña; y otras que en realidad fueron detenidos en un sitio no identificado plenamente de ese mismo rumbo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

En lo único que sí hay coincidencia entre las versiones, y que ha sido aceptado públicamente por el Ejército Popular Revolucionario, es que tanto Reyes Amaya como Cruz Sánchez habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca el año previo; y dentro de las versiones se sostiene que en realidad al momento de su detención, estos dos individuos no se encontraban en el Hotel del Árbol, sino que momentos antes habían sido dejados en un sitio cercano al Hotel del Magisterio, y que se dirigían a ese lugar para sostener una reunión con personas ligadas al magisterio y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aún se mantenían activos en temas relacionados con el conflicto popular del año previo.

En ese sentido, el eperrismo denunció la desaparición de sus militantes, apenas unos días después de que ocurrió su detención. Lo hizo luego de poner en marcha sus mecanismos de verificación y de consultar a las comandancias regionales del EPR sobre la posibilidad de que tuvieran noticias de ellos. Fue entonces que aceptaron públicamente la participación de los dos desaparecidos en el conflicto magisterial. Y fueron enfáticos, desde el principio, en acusar tanto al gobierno del Estado de Oaxaca, como al federal, de haber participado, en una especie de “colaboración”, en la detención-desaparición de sus militantes.

Luego vinieron los actos de sabotaje, que en el segundo semestre de 2007 lanzaron en contra de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos. Ante la respuesta gubernamental de que los buscarían y detendrían, el EPR propuso una tregua unilateral que permitiera abrir un espacio de diálogo con el gobierno federal. Éste aceptó, pero reiteradamente dio largas al asunto. Mientras tanto, en Oaxaca había una atención distante del asunto y finalmente ni siquiera el cambio de partidos en el poder fue suficiente para que el gobierno estatal asumiera una actitud distinta frente al problema.

Hoy han pasado ya más de siete años de la detención-desaparición de esos dos milicianos, y llama la atención que ninguno de los dos ámbitos de gobierno parezca no terminar de entender dos circunstancias que son fundamentales en este tema: primera, que la detención y desaparición de esas dos personas está más documentada de lo que parece, sin que hasta el momento haya una conclusión concreta por parte del Estado sobre qué pasó con ellos, quién es el responsable directo de esos hechos, y qué grado de responsabilidad indirecta tiene México como Estado al promover, tolerar u omitir investigar esos hechos.

Y segunda, que a pesar de todo lo que ha pasado, el EPR no ha vuelto a optar ni por la violencia ni por el sabotaje. ¿Por qué? Porque parece claro que ese grupo tiene una estrategia perfectamente delineada, que hoy en día lo que busca es que por medio de la denuncia este asunto continúe vigente, y al final eso termine impactando en la forma en cómo la comunidad internacional ve a México (que se quiere asumir como una nación democrática) frente a hechos incalificables como el permitir, tolerar o promover la detención arbitraria, y la desaparición forzada de personas.

LA LUCHA POLÍTICA

El EPR es uno de esos grupos que en México lucha contra el poder. No es una lucha por el poder, porque ellos no quieren arrebatarle el gobierno a los partidos o al Presidente, ni convertirse en una fuerza de oposición institucional, sino lo que pretenden es destruir el poder actual para erigir uno nuevo, sobre bases políticas, ideológicas y sociales distintas a las actuales. Sin embargo, esa pretensión de fondo no parece distanciarlos de otras intenciones menos elevadas que hoy en día están plenamente vigentes, y que delinearon desde hace mucho tiempo respecto a sus dos militantes desaparecidos. ¿De qué hablamos?

De que ellos saben que el único camino posible en este caso es la denuncia reiterada. Saben que la posibilidad de encontrar vivos a sus compañeros es cada vez menor, pero también parece quedarles claro que ante lo irremediable de esos hechos lo menos que pueden hacer es permitir que el tema se olvide, o que se quede archivado en los expedientes de la burocracia. Por eso no es raro que todas las personas que desde la vida pública están encargadas de la defensa de los familiares de los desaparecidos, insistan en continuar actuando frente a las autoridades judiciales, para que una vez agotados todos los procedimientos vayan ante las instancias continentales en materia de derechos humanos.

Así, el camino que seguirá este asunto es que llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después irá a la Corte Interamericana. Ahí resultarán las responsabilidades que hasta ahora el gobierno federal y el local han querido evadir, y finalmente el Estado Mexicano se verá obligado a enfrentar este tema, que hasta ahora ha intentado ser minimizado por los gobernantes en turno.

¿Y OAXACA?

Eso es lo que también vale preguntar: ¿En los hechos, y frente a un caso como éste, qué ha hecho el gobierno oaxaqueño para contribuir al esclarecimiento de ese asunto? no hay visos de que tenga interés en el tema, o de que tenga elementos para aportar, a pesar de que son regímenes distintos, emanados de fuerzas políticas contrarias, y de que muchos de los aliados del actual régimen fueron perseguidos por el priismo. Llama la atención que aún con eso simplemente no pase nada.

+ Soberbia lleva a maestros a entuertos sin sentido

Embriagados completamente por el poder que irresponsablemente le han dado los Poderes Ejecutivo y Legislativo, los profesores de la Sección 22 del SNTE rayan en el delirio, al demandar el desafuero de los 42 diputados locales por considerar que “traicionan al pueblo de Oaxaca”. Si de por sí los maestros no se caracterizan por ser muy cuerdos en sus demandas, lo que exigieron ante la crisis desatada por los foros educativos que organiza el Congreso, es una verdadera patraña.

En efecto, el lunes el Congreso del Estado llevaría a cabo el segundo de sus “Diálogos por la educación”, en la región de la Cañada. Profesores de la Sección 22 impidieron la realización del foro, y la dirigencia sindical repudió la realización de los mismos, al tiempo que demandaba el cumplimiento de los acuerdos firmados el 10 de marzo pasado. Frente a esto, el Poder Legislativo amagó con romper el acuerdo de construir la nueva Ley Estatal de Educación junto con los maestros, si la gremial continuaba impidiendo la realización de los foros. La respuesta magisterial fue pedir el desafuero de los legisladores. ¿Cómo y para qué quieren los profesores el desafuero de los 42 legisladores locales?

Ninguna de las dos preguntas es irrelevante. Más bien revelan, por un lado, el tamaño de la ignorancia de los profesores de la Sección 22 del SNTE; y por el otro, la desmedida soberbia que existe en su convencimiento de que ellos no son un poder fáctico y que, al contrario, ellos son “el pueblo de Oaxaca”. Sin embargo, para entender a cabalidad este asunto es necesario ir por partes.

Primero debemos comprender qué entienden los profesores de la Sección 22 por desafuero, y qué es en realidad. Pues al parecer, para el magisterio democrático el desafuero implica en automático la separación del cargo de los legisladores, o algo por el estilo, en razón de que son “traidores al pueblo de Oaxaca”, aunque en realidad lo único que quizá hayan traicionado es un acuerdo político con ellos. Esto es un error de principio a fin que, sin embargo, es tomado como cierto no sólo por los maestros, sino por muchas personas que confunden términos, o suponen efectos que en realidad no existen, o se dan por válidos argumentos manipulados. Veamos.

La Constitución de Oaxaca establece dos vertientes de responsabilidad para los representantes populares. Una es el juicio político, y la segunda es la declaratoria de procedencia. ¿Qué alcances tiene cada una de esas figuras?, ¿Cómo se llevan a cabo esos procedimientos? Y, sobre todo, ¿ante quién se llevan a cabo?

Primero, el artículo 115 de la Constitución estatal dispone que los diputados tienen el carácter de servidores públicos. Luego, el artículo 117 establece que, en base a lo anterior, los diputados de la Legislatura local sí pueden ser sujetos del juicio político —que no es lo mismo que el desafuero—. Y luego establece: “Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su caso inhabilitación para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.

¿Cuándo procede el juicio político? Dice la fracción I del artículo 116 que se llevará a cabo y se impondrán las sanciones respectivas “cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

¿Y cómo se desahoga el juicio político? El mismo artículo 117 establece que “el Congreso del Estado integrará una comisión de Diputados (…) la que se encargará de analizar la acusación y que a su vez substanciará el procedimiento respectivo con audiencia del inculpado; para que posteriormente proceda a emitir su dictamen. Conociendo el dictamen el Congreso del Estado erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción respectiva mediante resolución de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”.

LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA

Decíamos en párrafos anteriores que la segunda vertiente de la responsabilidad para los diputados, es la declaratoria de procedencia. Esto es lo que comúnmente conocemos como “desafuero”, y es con lo que seguramente los profesores se confundieron al querer demandar juicio político en contra de los legisladores locales.

¿Para qué sirve la declaratoria de procedencia? Dice el artículo 118 constitucional local que “para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado (…) por la comisión de delitos (ojo, la “traición al pueblo de Oaxaca” no es un delito, tipificado y sancionado en alguna norma) durante el tiempo de su encargo, la Legislatura declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”. ¿Qué significa esto? Que esto, el desafuero, sirve para que el propio Congreso quite la inmunidad constitucional que protege a los legisladores para no ser procesados judicialmente durante su encargo, para que la autoridad pueda proceder en su contra por la comisión de un delito.

Sobre esto, dice el sexto párrafo del mismo artículo que “El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal…”. Por ello nos atrevemos a decir que la exigencia de la 22 es la patraña más grande que han dicho en mucho tiempo. Confundieron el juicio político con el desafuero. Y queda claro que la posibilidad de que ello procediera es nula. ¿Por qué?

Porque sólo un mentecato podría creer que los 42 diputados —o al menos 27 de ellos, que constituyen las dos terceras partes del total de la Legislatura, que exige el artículo 117 para el juicio político— dispondrían en su propio perjuicio la separación del cargo y la inhabilitación de toda la Legislatura, provocando con ello, además, una disolución de facto del Poder Legislativo, lo cual —por si algo faltara— sería crítico para nuestra cuestionada democracia en Oaxaca. Quizá esto último sea lo que en realidad quieran los profesores que pase con el Congreso del Estado.

¿Y LA FEDERACIÓN?

Es lo que nos seguimos preguntando: ¿Dónde está la Federación en toda esta crisis? Pues ni el gobierno ni la 22 están contribuyendo a una solución sensata a este problema. Y los diputados van para ningún lado con la armonización de la norma educativa y, según parece, también con la política. Están lanzando graves signos de extravío e ignorancia que pueden provocar un estado todavía más profundo de crisis.

Congreso debe asumir su soberanía, no irse de mesa

Es deplorable que los diputados de la LXII Legislatura no asuman a plenitud su calidad de depositarios de una porción de la soberanía popular, y que en lugar de darse su lugar, asuman la posición de víctimas ante un magisterio voraz, que por todos los medios posibles lanzó mensajes de que sólo participaría en la elaboración de la iniciativa de reforma educativa, si los Poderes Ejecutivo y Legislativo se subordinaban a sus pretensiones. Qué bien que el Congreso decida no plegarse a las intenciones de la Sección 22. Pero qué mal que lo haga de esa forma.
En efecto, el lunes pasado la Sección 22 fue a boicotear el segundo foro organizado por el Congreso del Estado, que se llevaría a cabo en Teotitlán de Flores Magón Cañada. La dirigencia magisterial aseguró que al realizar esos encuentros, el Congreso traicionaba el pacto firmado el mes de marzo pasado, en el que se había comprometido a colaborar en la realización de los 37 foros que organizaría el magisterio y —según ellos— a que esa fuera la base para los trabajos de elaboración de la iniciativa de Ley Estatal de Educación.
Y es que apenas hace poco más de una semana, el Congreso anunció la realización de otros ocho foros regionales en donde convocaría, de forma paralela a lo hecho por la Sección 22, a diversos sectores de la sociedad para que externaran sus propuestas y puntos de vista respecto a la ley educativa que debe emitir el Poder Legislativo para cumplir con la armonización de la legislación local a las normas federales.
Cuando anunció esos foros, el Congreso evadió reconocer tres cuestiones fundamentales, que son a su favor: primera, que son ellos quienes tienen la capacidad constitucional para elaborar, discutir y aprobar cualquier ley en el ámbito estatal; segunda, que sus facultades son originarias y plenas, y que por tanto pueden consensar sus decisiones, pero que no tienen el deber de hacerlo. Y tercera: que en el caso de la Ley Estatal de Educación, no iban a descubrir el hilo negro: el trabajo legislativo es sólo de adecuación a las normas federales. Nada de eso quisieron reconocer entonces, y mejor optaron por engañarse con la estratagema del consenso y la socialización del posible contenido de la norma educativa.
En ese sentido, es un problema grave que en Oaxaca ni los poderes formales, ni el poder fáctico que constituye la Sección 22, quieran entender y reconocer públicamente que, de hecho, su capacidad de resistencia e incluso su capacidad de libre determinación, está rebasada por la reforma educativa. La razón es simple: las nuevas disposiciones son de nivel constitucional en el ámbito federal. Esto, en virtud del pacto federal, y del deber que tienen las entidades federativas de ajustarse a las normas federales según lo establece el artículo 124 constitucional, implica que en casos como éste su capacidad plena de legislar quede supeditada a lo ya establecido por la Constitución de la República, y su deber se reduzca a ajustar su marco estatal a las normas federales.
Dicho en otras palabras: ni el Congreso, ni el Gobernador, ni la Sección 22, entienden —o quieren reconocer— que lo que ellos puedan hacer al margen de lo que dice la Constitución y las leyes federales, es irrelevante. Pues honrando el renovado federalismo centralizador que impulsan los poderes federales, el Congreso de la Unión reemplazó a los estados en todos sus deberes relacionados con la educación, y su capacidad plena de decisión la redujo a simplemente acatar y hacer cumplir lo que dicte el poder central en esta materia.
Sin embargo, aún así el Congreso del Estado no desaprovechó la enésima oportunidad de demostrar hasta dónde pueden perder la dignidad y la noción de que ellos son un Poder del Estado, y no un grupo de presión como la Sección 22. Por eso, cuando ayer intentaron hacer patente su soberanía e independencia, lo que en realidad hicieron fue bajarse —otra vez— al nivel del magisterio, que está acostumbrado a presionar, y a no acobardarse ante los desafíos de sus contrapartes, pero que no es más que otro grupo de presión en la entidad.

EL BERRINCHE
La 22 nunca engañó a nadie. Nunca lo ha hecho. Por eso, y por sus antecedentes, era de esperarse que cuando el gobierno o el Congreso discreparan —así fuera en forma mínima— de sus pretensiones, entonces el magisterio rompería con ellos y regresaría a sus acostumbrados actos de presión y chantaje. La razón era simple: si la 22 aceptara una armonización como la obligada por la Constitución federal, entonces estaría aceptando todas las nuevas disposiciones que hoy rechaza; estaría legitimando lo que disponen las tres leyes federales (la Ley General de Educación, la del INEE y la del Servicio Docente) de las que hoy exigen su abrogación; y, en general, estarían aceptando que ellos estaban equivocados. Eso, sabíamos, no iba a ocurrir.
Y sin embargo, aún con eso, el Congreso no entendió su posición y su deber constitucional. Pues en lugar de asumir su papel como Poder Legislativo, los torpes diputados locales amagaron con retirarse de la mesa redactora de la Ley Educativa, como si fuera la Sección 22 la fuente de las iniciativas, o incluso como si el magisterio —y no el Congreso— fuera el encargado de elaborar la propuesta de ley.
De hecho, la realización de foros parecía una buena forma de que el Congreso se engañara solo mientras dejaba correr el tiempo para la aprobación de la norma. Pues en ninguna ley se establece que para la aprobación de una ley, la iniciativa debe pasar por foros, construirse de forma conjunta con los sectores relacionados, o socializarse con la ciudadanía.
Sin embargo, no entendieron eso. Tampoco entendieron que finalmente la Sección 22 no vota ni tiene capacidad para aprobar normas. Y con su falsa actitud de víctimas e ingenuos (más bien, de engañabobos), lo que están haciendo es confirmar su incapacidad para darse su lugar, para hacerse respetar, y para mantener su dignidad y su superioridad, frente a un poder fáctico (la 22) que aunque es poderoso, no tiene —ni tendrá jamás, a pesar del miedo, los titubeos y la indignidad de los representantes del gobierno y el Congreso— la posibilidad de equipararse a los Poderes del Estado. 

LA RUPTURA
Si las cosas siguen como hasta ahora, tendremos meses complicadísimos. La 22 no dudará en cercar el Congreso, perseguir a los diputados y hasta quemar la sede del Poder Legislativo, con tal de hacer patente su oposición a la armonización. La capacidad de contención del gobierno estatal está rebasada. ¿La federación seguirá olvidando a Oaxaca?