+ Que Condusef sea más que órgano de adorno

Es del dominio público el sinfín de fraudes y abusos que cometen las instituciones bancarias en contra de sus usuarios. Lo es también que éstos se encuentran prácticamente indefensos ante la maraña de trámites y burocratismo que hoy subsiste en la banca privada. Y aunque dicen que el sistema bancario mexicano es digno de ser presumido a nivel internacional, lo cierto es que esa eficiencia no se refleja en el servicio que reciben los usuarios. Y el blanco de esas arbitrariedades puede ser usted, algún familiar o prácticamente cualquier persona, a través de los llamados delitos cibernéticos o de los abusos de los mismos empleados de las instituciones bancarias.

En efecto, a esta columna han llegado diversas quejas en contra de instituciones bancarias por los abusos que cometen aquí mismo en Oaxaca, en contra de sus usuarios. Desde quien pierde su dinero por la clonación de una tarjeta de crédito, hasta casos tan patéticos como que los mismos empleados de una institución bancaria se coluden para cometer un fraude, y condenar a usuarios cumplidos a pagar deudas que no contrajeron y, mientras se defienden, a la tumba financiera que constituye el Buró de Crédito.

Los casos de clonación de tarjetas de crédito o débito se dan todos los días. Esta es hoy una de las formas más “sencillas” de fraude al sistema bancario que muchas veces cometen particulares valiéndose de diversos artilugios y tecnología para copiar los datos esenciales de una tarjeta de crédito y utilizar con ellos los fondos económicos de que ésta dispone. En otros casos, el fraude se comete desde la banca electrónica de las instituciones bancarias, a las que a través de hackers especializados llegan hasta las cuentas de los particulares y desde ahí drenan sus ahorros, el crédito disponible, u ocupan las líneas de crédito que se encuentran listas para ser autorizadas y utilizadas.

Cuando eso ocurre, el particular tiene algunas posibilidades de recuperar el dinero que le  arrebataron los ladrones cibernéticos. Desde hace algunos años, incluso, diversas instituciones bancarias implementaron esquemas de blindaje en contra de las deudas indebidas que se generan por la clonación de tarjetas bancarias, y también por los delitos que se cometen al vulnerar los sistemas de seguridad de los sistemas electrónicos de las instituciones bancarias. ¿Pero qué pasa cuando el fraude no es cometido por gente escudada tras una computadora o una “terminal punto de venta” falsa, sino por los propios empleados de una sucursal bancaria?

Esto ocurre aquí en Oaxaca, en pleno año 2013, y a pesar de los sistemas de seguridad que implementa la banca y de las formas de revisión que —se supone— también fueron puestos en marcha por instancias oficiales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para evitar delitos que incluso llegan al lavado de dinero y otras formas de defraudación no sólo a los particulares, sino también al sistema bancario y al fisco.

Eso fue lo que le ocurre ahora mismo a una persona conocida del autor de este espacio, a quien misteriosamente le fue otorgada una tarjeta de crédito que nunca solicitó. El fraude comenzó ahí, pues la institución bancaria (Banco Santander de México, S.A.) registró que esa persona sí había recibido el plástico en su domicilio —que, según está ya comprobado, no es el mismo que el que ha tenido registrado siempre, pero que sí les sirvió, previo comprobante del mismo, para rellenar la solicitud y recibir el plástico— y que había usado la línea de crédito otorgada (superior a los 50 mil pesos, dado el buen historial crediticio del que se valieron para obtenerla) hasta ser agotado.

De ahí en adelante, esas manos extrañas que consiguieron la autorización de la tarjeta de crédito, que la recibieron y que la utilizaron, comenzaron a desviar los pagos que en realidad sí realizaba la usuaria defraudada, a una cuenta que hasta el momento el banco no ha podido clarificar. En esas condiciones, los abonos mensuales que la afectada realizaba a sus tarjetas bancarias quedaron “extraviados”; y mientras eso pasaba, ya había caído al Buró de Crédito por el mal uso que se le dio a la tarjeta de crédito que fue emitida a su nombre pero que —por lo intrincado del método— la utilizaron vivales de la misma institución bancaria.

DAÑO IMPUNE

¿El resultado? Una deuda de casi cien mil pesos que le vino de la nada a la afectada. Y un reporte ineludible en el Buró de Crédito que truncó proyectos educativos, que puso en riesgo la salud de los afectados —por perder su seguro médico privado y por la preocupación y el pesar que les causa este asunto— y por el que finalmente no han tenido una oportunidad adecuada de defensa dada la colusión de quienes sostienen el sistema bancario en México.

Estas conductas se cometen porque desgraciadamente no hay controles de calidad en el servicio concesionado que prestan los bancos. La legislación que protege los derechos de los usuarios de los servicios bancarios es letra muerta. No se aplica en el país y las instituciones gubernamentales encargadas de proteger estos derechos, son elefantes blancos que duermen el sueño de los justos que no velan por los intereses de los usuarios bancarios y menos los protegen, por los compromisos que adquieren con los monopolios bancarios.

Esto da origen a que, por ejemplo, en las delegaciones de Condusef se coloquen servidores a modo que no sancionan los abusos y fraudes con las multas correspondientes, que sí debieran imponer para frenar estas conductas abusivas y delictivas. Es una abominable que se violen los derechos fundamentales de los usuarios de servicios bancarios en esta forma en el país, y en especial en Oaxaca. Y que a pesar de lo claras de las evidencias, la defensa sea una fantasía, y que finalmente no pase nada.

FRENAR LOS ABUSOS

Es cierto que este no es un tema relacionado con la vida política de Oaxaca, pero sí, y claramente, con el interés de todos los que de una u otra forma somos usuarios de los servicios financieros. Por eso, este es también un tema urgente que las instituciones gubernamentales competentes, federales, deben atender con la seriedad que se requiere para frenar los abusos y fraudes de las instituciones bancarias, y de verdad perseguir a los malos empleados de esas instituciones que se provechan de la información que manejan para sorprender a los usuarios. Nada de esto debemos callárnoslo. Hacerlo es convalidar una práctica abusiva e ilegal que, de seguir así, nunca tendrán fin.

No se equivoca el edil citadino Luis Ugartechea cuando, harto, afirma que los problemas que tiene la ciudad ya estaban cuando él llegó a encabezar el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Todos los problemas ya estaban ahí; e incluso, quien resulte electo como nuevo Munícipe de la capital encontrará, en enero próximo, también los nuevos problemas que particularmente herede la presente administración citadina. ¿Entonces lo irresoluble son los problemas, o las promesas fantasiosas respecto a Oaxaca de Juárez?

En efecto, hoy que estamos a menos de dos semanas de que se sepa quién relevará al edil Ugartechea en la presidencia municipal capitalina, él se ve totalmente rebasado por los problemas. Acaso por eso, el pasado sábado Ugartechea reconoció irónico, en entrevista con un diario citadino, que el mal estado de las calles de la capital, y los baches, eran un problema que ya estaba ahí cuando él llegó al gobierno municipal y que a pesar de que ha intentado resolver el problema, las adversidades han sido mayores que las respuestas. ¿Eso puede ser un consuelo, una excusa, o un reconocimiento de claudicación?

Es claro que puede ser todo a la vez. Pues como lo hemos dicho en otros momentos, todo oaxaqueño que vive, conoce y camina todos los días por las calles de la capital oaxaqueña, tiene grandes posibilidades de conocer a detalle muchos de los problemas que la aquejan. Lo grave es que esos problemas siguen ahí a pesar de que el gobierno cambia de titular, los partidos se rotan el poder, y llegan al gobierno personajes que lo mismo son avezados conocedores de la política, empresarios metidos a políticos o personas a las que una casualidad —quién sabe si afortunada o no— los llevó al gobierno citadino.

¿Cuál es la razón por la que Luis Ugartechea se duele de un problema que, como lo dice, ya estaba ahí cuando él llegó a la capital, y que no pudo resolver? Se duele, es claro, por eso último: porque él, como muchos otros que han llegado al gobierno en otros tiempos, quizá pudo lograr identificar el problema pero no pudo encontrar una solución de fondo. Y eso mismo podría aplicarse para casi todos los problemas de la ciudad, que quizá puedan estar ya más o menos diagnosticados, pero sobre los cuales no tienen un camino claro para ser resueltos.

En este sentido, es evidente que la responsabilidad es compartida también con la ciudadanía, que se ha pasado el tiempo imbuida en ver qué saca de las elecciones pero que no ha tenido claro cómo, o entre quiénes, elegir a una autoridad que sí pueda enfrentar los problemas de la capital. Ese es un problema mayúsculo, si se mira desde la perspectiva de que si las elecciones no sirven para eso (para que cada partido y candidato exponga la visión de gobierno y la solución a los problemas públicos de una sociedad), entonces son un ejercicio estéril en Oaxaca para legitimar a las autoridades. ¿Por qué?

Porque, en la primera de las trincheras, las de los partidos y sus candidatos, todos hacen como que proponen aunque en realidad no proponen nada. Pues, en el caso de Ugartechea, es claro que no era suficiente que como ciudadano tuviera claros los problemas de la ciudad. Lo realmente necesario y provechoso habría sido que supiera también cómo enfrentar y resolver por lo menos uno de los muchos problemas que tiene la ciudad. Los hechos y su gobierno a medias, han dejado claro que el panista únicamente pudo medio abordar los problemas, pero sin hallar una solución integral a uno solo de todos los que tiene la capital.

Eso es grave, pero es sólo la mitad del problema.

¿Y LA CIUDADANÍA?

En todo esto, los ciudadanos no estamos eximidos de culpa. Más bien, a nosotros nos toca la responsabilidad de haber permitido que las campañas proselitistas se hayan convertido —o que más bien, nunca hayan dejado de ser— meros circos en los que conviven los ataques, las mentiras y las promesas fantasiosas. En todo este tiempo, las propuestas reales han sido las que menos presencia han tenido entre los votantes, que tampoco hemos tomado el tiempo para verdaderamente saber si el candidato por el que votamos tiene algo más que ser popular, y puede resolver alguno de los problemas que tiene la ciudad.

En ese sentido, queda claro que el problema de fondo son las mentiras. Todos los que nos han gobernado en la capital, y todos los que ahora pretenden acceder a ese cargo, vienen a decirnos que con ellos habrá empleo, habrá calles bien pavimentadas y libres de baches; que habrá seguridad, que habrá orden; que se frenará al ambulantaje, que no habrá impunidad y que se simplificará la administración municipal para hacerla más sencilla y cercana a la gente.

Sí, todo eso suena extraordinario. Pero ahora los ciudadanos queremos saber cómo le harán para conseguir esas metas. Hasta hoy no lo han conseguido en prácticamente ninguno de los rubros, y eso ha sido así porque si bien es cierto que prometer no empobrece, lo que sí nos empobrece es que al gobierno lleguen siempre personas que pudieran llevar mucho ahínco pero que no tienen claras las soluciones, los caminos, las formas y los tiempos para darle un remedio de fondo a problemas que ya están bien identificados.

Por eso nosotros mismos debíamos ser más incrédulos frente a las campañas electorales y las promesas fantasiosas de quienes pretenden gobernarnos. Deberíamos preguntar con todo detalle cómo le hará el candidato Javier Villacaña para cumplir cada una de las propuestas que ha firmado ante notario público; lo mismo quisiéramos saber de lo que propone el panista Francisco Reyes; y a dónde nos podría llevar, en los hechos, toda la retórica con la que pretenden encandilarnos otros candidatos que sólo apelan a la fantasía o a la piedad, como Raúl Bolaños de Movimiento Ciudadano.

Esto último, hace evidente que si la mitad de esta desgracia de nuestra capital radica en que nuestros candidatos no tienen claro cómo resolver un problema, la otra mitad se encuentra en el hecho de que nosotros como gobernados hemos también fallado en la posibilidad de elegir a quien de verdad más le conviene a la ciudad, y no al que es más demagogo, al que habla mejor, o al que regala más despensas el día de las elecciones. ¿Nos damos cuenta de eso?

¿Y LA NEGOCIACIÓN MAGISTERIAL?

Sólo dan cifras globales. Pero es un completo misterio, y así seguirá, todo lo relativo a cómo se está llevando la negociación magisterial, y qué ha dado el gobierno para frenar el paro indefinido de labores. La opacidad de cada año, de nuevo, a todo lo que da.

+ Esa es una respuesta que aquí no conocemos

Acostumbrados a las protestas, quizá muchos de nosotros pensemos que las multitudinarias concentraciones —que incluso llegan a la violencia— que están ocurriendo en varias ciudades de Brasil en los últimos días, tiene como origen el querer derrocar a un gobernante o los caprichos de un gremio. Incluso, en los últimos días nos han vendido la idea de que las protestas tienen como base el incremento al precio del transporte público. Nos causaría mucha sorpresa —y sí debe provocárnosla— enterarnos de que esa protesta tiene como base la cara no vista del relativo éxito de Brasil como potencia económica del sur del continente.

En efecto, quizá por algo tan fútil como Copa Confederaciones, mucha gente en México se ha enterado que en Brasil ocurren protestas multitudinarias en contra del gobierno. Eso mismo quizá esté pasando en otros países que están comenzando a virar la atención hacia aquella nación por la cercanía del Mundial de Futbol y los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en 2014 y 2016 en aquella nación. De entrada sorprende porque en general no tenemos una imagen preconcebida de Brasil en esas condiciones, y más bien al hablar de ese país pensamos en otros temas como el futbol, la samba, el baile, la belleza de sus habitantes o incluso otros temas como la violencia criminal o las favelas. No tenemos registrado por qué ocurren protestas.

En estos días la televisión y los medios de comunicación en general han intentado dar una respuesta. Esto, han dicho, tiene que ver con el hecho de que el gobierno decidió incrementar el precio del transporte público, lo cual lesiona a los sectores más pobres de la población. En muchos casos, han sido los corresponsales deportivos los que han tenido que dar las primeras explicaciones sobre lo que ocurre en aquella ciudad en el marco de la Copa de Futbol, y hasta muchos días después de que la atención del gran público volteó hacia Brasil están saliendo los que intentan dar una explicación más organizada y centrada sobre el tema.

En este sentido, es claro que una protesta de todo un país no puede surgir porque hayan incrementado el precio del pasaje en el transporte público. Eso no movilizaría a tantas personas en tantas ciudades. Esa, más bien, tendría que haber sido la causa determinante pero no la de fondo a por qué están ocurriendo esas protestas multitudinarias. Lo cierto es que Brasil está reflejando de forma violenta e intempestiva, todos aquellos asuntos que voluntariamente ha dejado de ver de su propia agenda y, como en México en 1994 (cuando el gobierno aseguraba que entraríamos al Primer Mundo, y que temas como la pobreza no eran sino meros “mitos geniales”), enseñarle al mundo que la prosperidad no es tan perfecta como algunos intentan hacerlo creer.

EL OTRO BRASIL

Carl Meacham, director del Programa Internacional del CSIS en Washington, aseguraba este viernes en un artículo titulado “Brazil: Can Someone Explain What’s Going on Down There?” (Brasil: ¿Puede alguien explicar lo que está ocurriendo?), y publicado en el diario español El País, que en el fondo esta crisis es una de las respuestas ineludibles al sistema económico de Brasil, que sí es exitoso, pero que aun así no ha alcanzado a llenar las expectativas de los ciudadanos.

“Una vez más —señala Meacham, en el texto que puede ser consultado en http://bit.ly/16TWVEt—, la audiencia de EE UU se vio sorprendida, habiendo oído hablar de Brasil como el ejemplo del éxito en Latinoamérica, el país con una creciente economía y un sistema político estable cuya influencia global y regional sólo podía crecer y que podría demostrarlo al celebrar los próximos Juegos Olímpicos y Mundial de Fútbol.

“Pero ahora Brasil cada vez parece más a Chile, cuyo éxito económico y fiscal de la última década cada vez está más ensombrecido por el movimiento de protestas en aquel país. Si acaso, lo que el movimiento chileno nos ha enseñado es que el crecimiento no es una panacea para los problemas de un país, sino lo contrario. Mientras que el éxito económico de un estado permite a un gobierno responder a problemas domésticos, ese mismo éxito aumenta la presión sobre los líderes políticos para que hagan precisamente eso. En Brasil, como en Chile, la presión se ha traducido en una mayor demanda de servicios: infraestructuras, salud, educación y programas sociales.

“Un vídeo en YouTube grabado por una joven brasileña demuestra el alcance de esas demanda. La mujer explica que el éxito económico de su país vino acompañado de grandes esperanzas sobre la capacidad del país para asistir a sus ciudadanos. Y, mientras que el Gobierno ha invertido 14.000 millones de dólares en las infraestructuras del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, aumentaba la impaciencia de los ciudadanos por la reticencia de las autoridades a emplear ese dinero en ayudar a una población necesitada desesperadamente de mejores escuelas y un sistema de ayudas sociales.

“En cierto modo, quizás Brasil sea víctima de su propio éxito económico. Parece que los brasileños que se han echado a las calles a favor del cambio no piden más que un gobierno que emplee sus recursos para proporcionar a sus ciudadanos los servicios que tanto les faltan. Toda la sorpresa con la que han reaccionado los estadounidenses ante las manifestaciones carece así de sentido. Aunque los norteamericanos quieren saber qué ocurrirá ahora. Los protestantes han dejado claras sus preocupaciones y su presencia en el escenario internacional crece cada día.

“Ahora, Estados Unidos, espera con curiosidad para ver cómo responderá la presidenta Rousseff. Con suerte, podrá movilizar a su propio gobierno y sus amplios recursos para cumplir y gestionar las expectativas de la población brasileña. Lo que ella sabe sin duda —y lo que muchas veces olvidan los manifestantes— es que el cambio político y social es inevitablemente un proceso constante. Esperamos que pueda sumar a él a los protestantes.”

VÍCTIMAS DEL ÉXITO

Ante tales aseveraciones, muchos nos quedamos sorprendidos. Los brasileños, pues, no parecen estar protestando en contra de un gobernante o a favor de una dádiva. Más bien, lo que exigen, y con razón, es trato y servicios que puedan equipararse al nivel de crecimiento que tiene su país. A ellos les preocupa tener tan malos servicios de salud o educativos, pero que el gobierno esté gastando tanto en los eventos deportivos. Allá ya aprendieron a protestar. Aquí lo hacemos no por la convicción de mejores servicios, sino por insignificancias.

+ Oaxaca, balanza electoral total

Si otro fuera el escenario, la elección de Presidente Municipal en Oaxaca de Juárez estaría resuelta a favor del candidato de la Coalición Unidos por el Desarrollo. El problema es que el conjunto de factores que se han dado en estos últimos meses refleja un escenario inédito, en el que la coalición gobernante perdió el capital político que tenía, y en el que, al mismo tiempo, el partido derrotado parece tener buen ánimo para poder remontar el resultado. Sólo en este escenario puede inscribirse la campaña sucia que manos oscuras han tratado de hacer permear, en medio de una campaña en la que esos artilugios parecen innecesarios.

En efecto, si fuera únicamente por números, la elección estaría resuelta. Si tomamos como referente la holgada victoria que consiguió en 2010 las entonces Coalición por la Paz y el Progreso en el municipio de Oaxaca de Juárez, y el lejano segundo lugar que tuvo el PRI, podríamos afirmar que sería imposible que en sólo tres años el partido tricolor multiplicara su margen de votación y que, al mismo tiempo, la Coalición perdiera adeptos. Esto parece poco creíble, pero posiblemente sí esté ocurriendo. Pero vayamos por partes.

En 2010 la Coalición ganó la capital oaxaqueña con más de 20 mil votos de ventaja sobre el PRI. Numéricamente, se supone que esas fueron personas convencidas en el proyecto, que votaron por Luis Ugartechea, y que durante los siguientes tres años fueron simpatizantes del gobierno y por ende votantes “cautivos” del conjunto de partidos que están en el poder. Del mismo modo, es claro que aunque el PRI perdió los comicios, éste obtuvo un margen importante de votación que, en el mejor de los casos, podría no haber decrecido.

Es decir, que ese hubiese sido el “voto duro” del PRI en la capital. Esos son alrededor de cuarenta mil votos que se obtuvieron en los recientes comicios, pero que fueron insuficientes ante los más de sesenta mil que obtuvo la coalición gobernante. En un escenario plano, la elección estaría resuelta por esa sola razón: si cada fuerza hubiera podido mantener su solo “voto duro” entonces no habría competencia y la elección tendría que ser un día de campo para la coalición Unidos por el Progreso. Lo cierto es que esto no es así, y ahí es donde se abre lo novedoso de este escenario, y se explica también el inicio de las campañas sucias.

Y es que si algo fue plano en este trienio, fue el gobierno de Ugartechea. Éste, a pesar de las grandes expectativas que generó como gobernante, no tuvo claro cómo poder concluir alguno de sus proyectos. En estos dos años y medio lo único que ha hecho es administrar los problemas de la ciudad y tratar de sortear los problemas que se le han presentado. Aunque aseguraba tener soluciones prácticas y probadas para los principales problemas de la Ciudad, lo cierto es que hizo un gobierno a medias que no pudo asumir ningún liderazgo y que hizo todo a medias.

A esto se suma la crisis que generó al interior de la Coalición la lucha interna del PAN por la definición de su candidato. El régimen no tenía entre sus escenarios que Reyes Cervantes fuera el candidato. Este emergió del choque entre Ugartechea y el gobierno estatal, y por la combinación de factores que por casualidad empoderaron al panismo duro en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido.

¿Qué generó eso? Que si Ugartechea no había sido capaz de mantener cautivos a los votantes que lo prefirieron a él, el Plan B tendría que ser la postulación de un candidato fuerte y consensado al interior de la Coalición, que fuera a buscar el voto con el aval real y el apoyo de todos los partidos; que tuviera además, la venia y los elementos que aporta el régimen gobernante; y que tuviera una capacidad propia para generar su propia franja de votantes. Mucho de esto se habría logrado con un candidato de consenso.

El problema es que Ugartechea se envalentonó, exigió que se respetara su derecho a decir el nombre del candidato de su partido, y finalmente se impuso en una puja que se decidió desde la Ciudad de México. ¿El resultado? Que el consenso requerido se convirtió en una decisión de fuerza, y que finalmente el candidato de Ugartechea va respaldado a fuerzas por el régimen, pero sin el posicionamiento y el margen de maniobra que sí le habría dado una “bendición” política expresa del grupo gobernante.

¿CAMPAÑA, DE QUÉ?

Si de por sí existen elementos que hacen a esta campaña inédita, todo se clarifica cuando se ve al tipo de votantes que tendremos en 2013. Y es que nunca como ahora los electores tienen posibilidades de tener opciones, y las conocen. Excepto por el PRD solo, Oaxaca de Juárez ha sido ya gobernada por Munícipes emanados de todos los partidos políticos. Si ese es un elemento determinante, lo es mucho más que hoy los electores citadinos tienen claro que aún siendo gobernada la ciudad y el Estado por la misma coalición, Oaxaca de Juárez no pudo superar ninguno de los problemas que la aquejaban. Ahí es donde está el quid de esta elección.

Esto porque seguramente ahora sí debe haber un proyecto de gobierno en cada uno de los candidatos, independientemente de que éstos externen o no exactamente qué van a hacer para enfrentar cada uno de los problemas que se presentan en la ciudad. Es cierto que en Oaxaca de Juárez hay márgenes de votantes que se siguen manejando a través del régimen de la dádiva o la despensa; pero también lo es que hay muchos que más que nunca tienen claro qué problemas existen y qué plantea cada candidato para resolverlo.

Por eso, en dicho contexto no cabe la guerra sucia. Para bien o para mal, la ciudadanía tiene largo tiempo de saber quién es y qué busca el candidato del Revolucionario Institucional. En contraparte, no se puede decir lo mismo del abanderado de la Coalición, que independientemente del grupo político que lo respalda, la ciudadanía no tiene referencias claras de quién es y qué busca en Oaxaca de Juárez. Al final, ¿qué hace la guerra sucia? Sólo ahuyentar al votante que no está decidido. Y quién sabe si ese escenario favorezca más a los que gobiernan, o a quienes están tratando de capitalizar el desencanto en la coalición gobernante. Pronto lo sabremos.

GOLPES BAJOS

En ese contexto se dio la “filtración” de un supuesto depósito bancario hecho desde el grupo gobernante al regidor Mario Mendoza Flores. La especie era tan débil que horas más tarde apareció otro, idéntico, pero denostando a Paco Reyes y Omar Heredia Mariche. Son las bendiciones del Photoshop. No parece más. 

+ Coalición va por todo; riesgo: no trascender

Estamos exactamente a dos semanas de que termine el periodo de campañas, y es claramente perceptible que la Coalición Unidos por el Desarrollo apretará, en estos momentos, el despliegue proselitista que mantiene por todo el Estado. Esto, que parece un exceso, en realidad responde a la necesidad natural del régimen de mantener con sus aliados el control del Poder Legislativo. La elección intermedia es decisiva en su resultado, no sólo por el control del Estado en sí, sino también por el hecho de que si ahora no demuestran fortaleza entonces el futuro –la sucesión, pues– estará en riesgo.

En efecto, estas dos semanas serán decisivas para los comicios. Aunque existen distritos y municipios en los que las tendencias son irreversibles (a favor de la Coalición de partidos en el poder), lo que puede verse es que ésta no está dejando espacios vacíos. Salvo la capital oaxaqueña, en la que los candidatos a diputados tienen riesgo real de ser arrastrados, para bien o para mal, por los comicios municipales, es claro que en prácticamente todo el territorio estatal la elección está resuelta a favor de la Coalición. Sin embargo, aún con eso, es perceptible que no dejarán piedra sobre piedra para tratar de ganar. ¿Por qué?

Porque es claro que a quien más le interesa esta elección es al régimen gobernante. Este interés es natural, pues ningún gobierno desea terminar su gestión con un Poder Legislativo en contra. Por eso, a pesar de que al interior de los partidos coalicionistas han existido grandes desavenencias, que incluso han amenazado con la ruptura total de la alianza de partidos, siempre ha habido un poder externo, determinante, que los ha llevado a garantizar la cohesión, a no estirar de más sus acuerdos internos, y a finalmente salir brazo con brazo al proceso electoral dando certeza de los espacios que le interesan al Gobernador del Estado. Pero vayamos por partes.

Ningún gobierno quiere terminar su gestión con un Congreso en contra, porque lo mejor que puede pasarle es un fin de administración terso, en el que las cuentas y las decisiones sean avaladas sin mayor contratiempo por el Poder Legislativo, y en el que no haya mayor desavenencia que las naturales de un órgano supuestamente plural. Además de todo eso, que es lo “administrativo”, en lo político a ningún régimen le interesa terminar con un Congreso en contra, ni poner en riesgo su imagen de fuerza, porque un resultado así en la elección intermedia sería tanto como demostrar su debilidad y generar una percepción adversa para sus intereses políticos.

Por esa razón, aunque parece que la Coalición tiene ganados la mayoría de los distritos, esa fuerza externa es la que los ha movido a intensificar el trabajo proselitista incluso superando los límites de la legalidad y de la equidad en la contienda. En este proceso electoral ha quedado claro que los partidos que integran la Coalición Unidos por el Desarrollo cuentan mayores recursos económicos y humanos para realizar el trabajo proselitista y también para construir y mantener –y eso sólo se logra con dinero- las estructuras electorales que son necesarias para asegurar su voto duro, para “estimularlo” a que salva a votar el día de los comicios, para movilizarlo y para dar certeza de su techo mínimo de votación.

Si eso garantiza una parte del voto, la otra –la del voto que se consigue por convencimiento o por simpatía- la están haciendo mediante un fuerte despliegue de publicidad –que es hasta grosero- en el cual están exaltando al máximo posible a la Coalición, superando por mucho el trabajo que pueden hacer sus adversarios electorales, que no cuentan con las fuentes de financiamiento de facto, que todos conocemos.

ELECCIÓN DECISIVA

Es un error suponer que al Gobernador del Estado no le interesa esta elección. Le interesa mucho más de lo que imaginamos, y eso se demuestra en el hecho de que ahora sí envió a sus operadores políticos como candidatos. Si lo vemos a contraluz, en la LXI Legislatura que está por terminar, el Gobierno del Estado tuvo que acomodarse con los liderazgos que impulsaron los propios partidos políticos (Martín Vásquez y Francisco García en el PRI; Carol Antonio y Alejandro López Jarquín en el PRD; Juan Mendoza en el PAN, y demás), pues bajo ninguna forma podría suponerse que alguno de ellos fue enviado directamente del gobierno al Congreso del Estado para asumir algún liderazgo.

Esto sí ocurre ahora. El Gobierno del Estado envió al Congreso directamente a uno de los personajes de más ascendencia en el régimen: Jaime Bolaños Cacho Guzmán. Si envió a éste por el PRD, en el PAN aseguró que Bernardo Vásquez Colmenares también esté en posibilidad de llegar a la LXII Legislatura. Aunque en alguna medida el grupo gobernante “soltó” importantes espacios a los partidos para que éstos pusieran a sus cuadros o intereses, lo que sí es claro es que éste más bien buscó asegurar los dos liderazgos –que después construirá- para influir de forma decisiva en las dos bancadas más importantes que integrará la Coalición.

En el mejor de los casos, Bolaños Cacho y Vásquez Colmenares podrían ser sendos coordinadores parlamentarios de PRD y PAN, respectivamente. Si no, éstos serían de todos modos el fiel de la balanza –por su interlocución directa con el Gobernador del Estado- al interior de sus bancadas y tratarían de ser ubicados como los grandes operadores de las decisiones que particularmente le interesen al Gobierno del Estado.

Por eso esta es una elección decisiva, y por eso no dudarán en poner todos los elementos al alcance para que ganen abrumadoramente esta elección. Si a eso se suma el pésimo trabajo del PRI para generar un buen escenario, el resultado será aplastante a favor de los que gobiernan. Esa será la forma de hacer un referente sobre lo que pasará en 2016, aunque en esos comicios la gran interrogante será no el conjunto de partidos, sino el nombre el candidato al que impulsen. Ese es un tema aparte, que de seguro también debe preocupar, y mucho, al régimen gobernante.

PRONTA RESPUESTA

Al margen de los partidismos, el Gobierno del Estado debe dar una respuesta pronta sobre el paradero de Nicolás Estrada Merino, desaparecido anteayer en la región de la Cuenca. El asunto no es menor: el desaparecido es nada menos que presidente del Consejo Estatal del PRD. Tener ese tema pendiente no le conviene, por ningún lado, al gobierno estatal. La respuesta, sea cual sea, debe emerger ya.

+ Hoy, no existen condiciones para revuelta

Si bien dice la sabiduría popular que las segundas partes nunca fueron buenas, la que intentan actualmente en relación a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, no es la excepción. Si bien, hoy en día las condiciones sociales y políticas de la entidad son tan complejas como en 2006, es evidente que éstas no son lo suficientemente volátiles como para pensar en una reedición de la revuelta magisterial, y mucho menos para volver a pensar en un apoyo popular sin precedentes a una causa popular.
En efecto, ayer lunes el Consejo Provisional del Frente Único de Lucha Hacía Refundación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (FULREAPPO), anunció el boicot de las elecciones y la Guelaguetza, como parte de una campaña de sectores del magisterio y organizaciones populares que buscan la reagrupación de la Asamblea Popular para plantear, entre otras demandas, la solución a las demandas que se encuentran pendientes de resolver desde el 2006, y en particular los agravios sin castigar, entre lo que destaca la exigencia de cárcel para el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, así como a los funcionarios que realizaron la agresión y que, a decir de ellos, son culpables de los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos que han ocurrido en Oaxaca.
Aunque las demandas son las mismas que hace seis años, queda claro que hoy las condiciones no permitirán que ninguna organización, incluso que se autodenomine como Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, emprenda acciones por lo menos parecidas a las que realizó ese grupo durante el conflicto magisterial y popular que ocurrió en 2006. ¿Por qué? Porque, fundamentalmente, ninguna de las condiciones políticas de la entidad es similar a las de aquel año. Veámoslo a detalle.
2006 fue un año sin precedentes en Oaxaca. Fue la primera vez en que un Gobernador en activo prometió una cantidad exorbitante de votos a favor de un candidato en los comicios presidenciales que ocurrirían ese año. Era también el punto cúspide en el que, en la agenda nacional, la izquierda estaba en francas posibilidades de tomar el poder presidencial a través de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Por si fuera poco, en el 2006 parecía darse una coyuntura específica respecto a las efervescencias revolucionarias existentes en el país, y que veían en ese año el preámbulo de lo que podría ser el cierre de un nuevo ciclo centenario en el que debía haber un cambio en el país.
Si eso se daba en el ámbito nacional, en Oaxaca las cosas estaban también puestas para el conflicto. El gobierno de Ruiz era uno de los más repudiados por la frivolidad y los excesos que había cometido en el escaso año de gestión que llevaba hasta entonces, pero sobre todo era rechazado por la debilidad de origen que tenía en el escaso margen de votos por el que ganó la elección de Gobernador, por las sospechas de que los comicios fueron un robo en contra de su adversario, Gabino Cué Monteagudo, y por el hecho de que Ruiz no tomó las precauciones debidas llevando a cabo un proceso real de reconciliación con todos los grupos y sectores que habían resultado agraviados por la elección de 2004, en la que el PRI tuvo una victoria apretada. Lejos de ello, el gobierno de Ruiz se había dedicado a presionar y descalificar a las organizaciones sociales, y mostró una vocación sostenida por tratar de hacer política sometiendo a todos y sin distingos.
Por eso, cuando las exigencias magisteriales se convirtieron en un problema para la gobernabilidad, y lejos de resolverlo el gobierno decidió utilizar a la policía para realizar un repliegue y el restablecimiento del orden, todos se le vinieron encima: ya no sólo fueron los maestros, sino que fue la sociedad en general la que se volcó a exigir castigo para lo que consideró como un acto de represión.
La revuelta popular constituyó una respuesta genuina de diversos sectores que rechazaron las acciones gubernamentales, aunque poco después el movimiento fue cooptado y arrebatado por grupos perfectamente organizados que se dedicaron a organizar la violencia o que establecieron los métodos para la defensa de las posiciones. Por eso, al final del año 2006 lo que quedaba era un grupo que estaba dispuesto al choque, pero ya sin abanderar ninguna causa y sin tener claro cuál era el proyecto democratizador que querían para Oaxaca.

CONDICIONES DISTINTAS
Las condiciones para que en política ocurra un incendio, deben ser exactamente las mismas que en cualquier hecho de la vida: debe haber un conjunto de sustancias u objetos potencialmente inflamables, debe haber un agente calorífico, y oxígeno para que el fuego se avive y se mantenga hasta consumir la sustancia combustible.
Eso fue lo que pasó en 2006: las sustancias combustibles fueron los agravios sociales y las inconformidades de los grupos que estaban ya declarados como adversarios del gobierno en turno. El agente calorífico fueron las acciones reprobadas del gobierno, y particularmente el desalojo policiaco en contra de los maestros. Y el oxígeno lo pusieron los grupos políticos que, montados en la inconformidad ciudadana, fueron los que pusieron el discurso, los recursos y las estrategias para construir un movimiento que el pueblo solo (sin experiencia, sin formación y sin dirección) no podría haber llevado al nivel que tuvo la revuelta magisterial de hace siete años.
Nada de eso existe hoy. Aún con lo que digan en contra, el gobierno tiene más control de la gobernabilidad; del mismo modo, no existen agravios acumulados como en 2006. Y por si fuera poco no hay, y seguramente no habrá, agentes caloríficos, ni oxígeno, que aviven un incendio político en Oaxaca y le den las condiciones como para llevar a cabo otro ejercicio de violencia como el que llevaron a cabo en el 2006.

PRESENCIA TESTIMONIAL
En esas condiciones (es decir, sin el apoyo de la sociedad, sin agravios directos que puedan servir como justificación al movimiento, y sin estructuras y recursos que les permitan la movilización), lo único que pasará es que quienes pretenden reagrupar la APPO lo harán de forma meramente testimonial. Las condiciones de Oaxaca hoy no hablan de una revuelta. El gobierno tampoco dará elementos como para que sus adversarios, o quienes dicen que lo son, hagan algo en su contra. No hay materia, pues. Por eso los amagos buscan más bien llamar la atención y subirse en una vieja historia de terror para ver qué consiguen. Así, la APPO va a terminar convirtiéndose en “el coco” con que buscarán asustar a los oaxaqueños cada que haya algo que a ciertos grupos no les parezca.

+ Oaxaca de Juárez merece algo mejor

En estos tiempos de campañas los ciudadanos también participamos, y queda claro que a estas alturas lo que queremos es seriedad de nuestros candidatos, responsabilidad con su encargo y, sobre todo, soluciones. A muchos nos preocupan los problemas de nuestra ciudad, y por esa razón no está de más que exijamos a nuestros gobernantes eso: soluciones que puedan satisfacer las preguntas básicas del qué, cómo, cuándo y para qué respecto a los problemas públicos que nos aquejan a todos.

Los oaxaqueños hemos visto en los últimos 17 años, cuatro alternancias de partidos en la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. En esas casi dos décadas, hemos visto cómo los gobiernos han ido del PRI al PAN, o del PAN a Convergencia, y de regreso, pero cómo los problemas han sido exactamente los mismos, y todos han ido en incremento. Hagamos un recuento y lo comprobaremos.

En los últimos 20 años los oaxaqueños nos hemos quejado por lo mismo, y las soluciones nunca han llegado. Hemos discutido hasta el cansancio el problema del agua, de la seguridad pública, de la atención a las colonias, de la demagogia que implementan algunos gobiernos para ganar adeptos, de los baches, del problema crítico de la basura y su destino, de la falta de alumbrado, de los problemas del transporte público, de lo enredado, engorroso y burocrático que resulta ser el gobierno municipal.

Asimismo, de la falta de oportunidades que tienen los jóvenes, de la poca prestancia que tienen las autoridades (priistas, panistas y demás) para estimular que más empresas vengan a ofrecer mejores servicios y, sobre todo, mejores empleos. Hemos debatido hasta el cansancio qué hacer con los ambulantes y demás vendedores informales que pululan por miles en las calles y que todos los días crecen. Hemos exigido solución pública a la falta de espacio en los panteones, que no ha llegado. Hemos debatido el presente y futuro de nuestros parques y espacios públicos… y así, podríamos seguir hablando hasta el infinito de un montón de problemas que sólo tienen como común denominador el hecho de seguir ahí, al margen del gobierno que, valga la redundancia, nos gobierne.

No es difícil asegurar, en este sentido, que propuestas las hemos escuchado todas: desde quien dice que va a solucionar todo como por arte de magia, hasta quien propone someterlo todo a consultas ciudadanas para alejarse de toda responsabilidad y únicamente quedar como un “facilitador” que no facilita nada.

El problema es que todo sigue ahí y no vemos forma de solucionarlo ante la división, los enconos y las discordancias en que ha estado nuestra ciudad en los últimos siete años. El 2006 dejó no sólo las calles cacarizas por las huellas de las llantas que se quemaban en las barricadas, sino que dejó también profundas confrontaciones entre nosotros los ciudadanos, que nadie se ha preocupado por sanar. Si esto es grave, lo es mucho más que los gobiernos sigan sin abordar esos problemas, y lejos de eso se dediquen a únicamente administrar la crisis permanente en que se encuentra nuestra ciudad.

CRISIS PERMANENTE

¿Por qué en crisis? Habremos de preguntarnos. Porque por momentos parece que el gobierno municipal no tiene para dónde hacerse. Porque en estos 17 años ha quedado claro que las soluciones que necesitan Oaxaca van más allá de una sola administración, o del esfuerzo aislado del gobierno municipal. Esto es, que Oaxaca de Juárez necesita una visión superior a la que han tenido los gobernantes en los últimos años, y para eso nos necesita a todos.

Sí, nos necesita a todos, pero lo primero que necesita es gobernantes comprometidos que aborden los problemas con soluciones deseables y posibles. Necesita, también, gobiernos compactos que trabajen en una sola línea y que tengan la capacidad de resolver los problemas más apremiantes e importantes que existen. Oaxaca de Juárez necesita que el gobierno municipal pueda construir una relación constructiva y colaborativa con los otros dos ámbitos de gobierno, para que juntos puedan resolver los problemas que se presentan o que ya están ahí.

De lo contrario sólo seguiremos viendo lo que hasta hoy: a un gobierno municipal débil, aislado, insolvente, incapaz de enfrentar los problemas que tiene ante sí, porque éstos implican millonarias inversiones que el gobierno no tiene, ni recauda, ni recibe por las aportaciones de la Federación y del Estado. Si analizamos uno por uno los problemas más urgentes que tiene nuestra ciudad, nos daremos cuenta que el hecho de que no sean resueltos parte de eso: de que el gobierno municipal no ha alcanzado la fortaleza deseada; que desde los tiempos de Pablo Arnaud como gobernante de la capital, la relación municipio-estado ha pendido permanentemente de hilos, y ha sido siempre tirante y cuesta arriba; que Oaxaca de Juárez no ha sido una prioridad para la Federación y sus programas de rescate, recuperación, reordenamiento y demás, que sí ha aplicado en otras ciudades importantes del país. Y si a eso le agregamos las “soluciones” demagógicas e inalcanzables de quienes han venido a prometer todo sin decirnos cómo… el resultado es la ciudad que tenemos. Una ciudad que tiene bien identificados los “qués” pero no los “cómos”.

Eso es lo que nosotros esperamos de nuestros candidatos: propuestas viables, soluciones posibles y diagnósticos específicos. Pero ya debemos pasar de eso. Nuestros gobernantes deben, pues, dejar la relativa comodidad de la “estabilidad” por gobernar una ciudad que, así lo ha demostrado en innumerables momentos, es más grande que todos sus problemas juntos. Oaxaca de Juárez tiene esa extraña capacidad de siempre poder renacer incluso de la nada; de poder superar una crisis social a partir de la historia, la cultura y la grandeza que desparrama en todas sus calles, edificios, parques y demás; de ser más que sus problemas de basura, delincuencia o falta de agua; y de seguirnos cautivando, a ustedes y a mí, a partir de ejercicios tan simples como caminar por sus calles o conocer algún episodio más de su historia.

QUEREMOS SOLUCIONES

Por eso es importante proponer, pero hacerlo con los pies en la tierra. Necesitamos soluciones. Queremos soluciones. Soluciones posibles. Soluciones que emerjan del conocimiento de los problemas de Oaxaca y de los caminos para abordarlos. Ya no queremos demagogia. Ya no queremos mentiras. Sólo queremos —y en eso estaremos todos de acuerdo— una mejor ciudad.  Hagamos lo necesario. Con seriedad.

+ Indagatorias deficientes: el riesgo más grave

Este fin de semana fue detenido en la frontera con Estados Unidos José Manuel Saiz Pineda, secretario de Finanzas del gobierno de Andrés Granier, acusado de desviar más de mil millones de pesos del erario del estado de Tabasco. Esto, que en apariencia constituye un modelo de las acciones judiciales que todos los mexicanos quisiéramos ver en contra de quienes se roban el presupuesto, en realidad puede encerrar un conjunto de interrogantes que en el fondo podrían darnos certidumbre de que en realidad se hará justicia.

En efecto, en una anterior entrega (ver Al Margen del 31 de mayo de 2013) afirmábamos que a todas luces puede verse que la principal motivación de este caso, es la política. A partir de eso podemos entender que desde su primer día de gobierno en Tabasco, Arturo Núñez denunciara públicamente que el erario había sido saqueado, y que desde entonces iniciara una persecución en contra de Granier y sus principales funcionarios, que hasta hoy no ha tenido tregua.

Y es que lejos de construir una investigación sólida, el gobierno de Núñez ha preferido el escándalo. En menos de seis meses (Núñez asumió el gobierno de Tabasco apenas el 1 de enero pasado), el gobierno de Tabasco ha denunciado innumerables irregularidades, pero para ello ha utilizado más la fuerza de la opinión pública que la de la construcción de pruebas e investigaciones sólidas.

Lo primero lo hemos visto, porque Núñez ha tratado de demostrar que el gobierno de Granier se robó el dinero público a partir de efectos espectaculares como la incautación de 88 millones de pesos en efectivo, que se reputa que estaban en poder del ex tesorero Saiz Pineda, o el aseguramiento de vehículos de lujo (automóviles y motocicletas) a ese mismo ex funcionario. Pero nada sabemos respecto a si esas incautaciones son producto de investigaciones bien elaboradas, o si todo es un efecto mediático que busca abonar a la imagen de “saqueadores” que está intentando construirle a los ex funcionarios para que éstos no tengan, ante la opinión pública, calidad para exigir ser tratados como inocentes hasta que se les demuestre lo contrario.

Eso es gravísimo, y debemos ver por qué. Dice la Constitución de la República, en su artículo 14, que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

¿Qué significa esto? Que en el ámbito penal, para declarar culpable a un individuo por la comisión de un delito, no importa qué piense el Gobernador de Tabasco, qué piense la opinión pública o qué percepción se haya construido a partir de golpes espectaculares como la incautación de dinero en efectivo o de automóviles y motocicletas de lujo. Más bien, lo que importa es lo que se pueda probar de forma contundente, ante los tribunales, por los delitos que se imputan a la persona; y que las conductas descritas en las acusaciones se ajusten exactamente a lo que dice la ley. No permitir penas por analogía o por mayoría de razón, implica que la Constitución exija que se cumpla cabalmente con los parámetros de legalidad, al margen de lo que crea una persona, un gobierno o “la mayoría de razón”.

Ahí es donde se encuentra el quid de la investigación en contra de Granier y el tesorero de su administración.

CULPABLES, CON PRUEBAS

Dudar de la investigación que realiza el gobierno de Arturo Núñez es tan natural como suponer que Andrés Granier y sus colaboradores sí cometieron el desfalco por el que se les acusa. Eso es lo que indica la percepción. Pero de eso a que una percepción pueda ser suficiente para condenar a alguien, existe un trecho enorme. ¿Por qué?

Porque, por ejemplo, a Saiz Pineda ya le incautaron un montón de vehículos de lujo. Pero en ese caso, lo que importa es que el gobierno de Tabasco pruebe fehacientemente que esos automóviles y motocicletas fueron comprados con el dinero que el Tesorero obtuvo indebidamente de sus funciones, y lo desvió de su destino público para la compra de esos objetos de lujo. Mientras el gobierno de Tabasco no pruebe eso, podrá tener incautados los vehículos incluso durante los seis años de su administración, pero finalmente tendrá que devolverlos porque no existe un lazo que vincule el quebranto al erario con la compra de esos automotores.

Lo mismo pasa con las acusaciones que pesan en contra de esos ex funcionarios. Pues no por el hecho de que el gobierno actual de Tabasco haya logrado la aprehensión de Saiz Pineda y otros de sus colaboradores, significa que tiene todos los elementos para probar su responsabilidad. Ahí es donde radicará la mayor fortaleza del gobierno de aquella entidad, para poder construir sólidamente sus acusaciones y probar, no con la mayoría de razón sino con la ley, que ellos son responsables. Si no lo hacen pasará lo mismo: podrán tener seis años recluidos en prisión a esos funcionarios, pero finalmente tendrá que dejarlos en libertad por falta de elementos para condenarlos.

De ahí parten las dudas: de que el gobierno de Tabasco ha hecho más de lo que parece que puede hacer respaldado en la ley, y que le ha apostado a construirle a sus antecesores la imagen de culpables ante la opinión pública, pero sin que nadie tenga certeza de si realmente lo son, y si lo que se dice en los medios informativos (las acusaciones y la exhibición de sus lujos y frivolidades, pues) tienen fundamento en lo que obra en los expedientes judiciales que respaldan las investigaciones y las acusaciones que se han vertido en su contra.

En todo el país, quisiéramos ver que casos como el de Granier se replicaran, y se castigara con todo rigor a ex Gobernadores, ex Secretarios de Finanzas y demás funcionarios que sin escrúpulos se roban lo que es de todos. Sin embargo, queremos ver más investigaciones así pero respaldadas en solidez jurídica y no en intentos de que el tribunal de los medios sentencie sumariamente a personas sobre las cuales, finalmente, no se podrá hacer algo que verdaderamente sea justicia.

MAO, EL OTRO EXTREMO

Es de risa, y de tristeza, que en Oaxaca estemos exactamente en el otro extremo: que personajes como Miguel Ángel Ortega Habib estén tranquilitos en su casa, viendo cómo el gobierno estatal se entrampó en sus investigaciones y que, en ese río revuelto, ellos salieron ganadores. Ni a él, ni a Bulmaro Rito, ni a cualquier otro de los “peces gordos” del ulisismo le han echado el guante. Ni lo harán. Sólo falta que les den un premio y un nuevo cargo…

+ ¿Cuándo, procesos “impecables e implacables”?

No hay razón objetiva alguna para pensar que los procesos judiciales que se siguen al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, podrían ser “modelo” para perseguir a otros ex mandatarios sobre los cuales, como en el caso de Ulises Ruiz en Oaxaca, pesan serias acusaciones por desfalcos y ejercicio indebido de su autoridad y atribuciones. Si bien a Granier lo podrían procesar dado el momento político en que se revelaron sus excesos, lo cierto es que un ejercicio pleno de justicia tendría que ir por mejores caminos que esos, que por ningún lado se vislumbran en nuestra entidad. Veamos por qué.

En efecto, queda claro que la principal motivación de los procesos judiciales que se le siguen al ex Gobernador de Tabasco y a varios funcionarios de su administración, es política. El encendido ánimo del gobernador Arturo Núñez en contra de su antecesor, parte del hecho de que uno y otro son adversarios personales, que pertenecen a partidos, a grupos y a momentos políticos distintos, pero sobre todo a que el gobernador Núñez pretende establecer, por una conveniencia y de legitimación política bien definida, un punto de referencia en la persecución a ex funcionarios que se excedieron en sus funciones.

En esa lógica, puede entenderse perfectamente por qué el gobernador Núñez declaró, desde el primer día de su gobierno, que el ex mandatario Granier había saqueado las arcas estatales, que las cuentas del gobierno tabasqueño habían quedado vacías (incluso sin fondos para pagar los salarios de la burocracia al comienzo del presente año) y que la deuda de la entidad había crecido exponencialmente.

Incluso, desde el 1 de enero que tomó posesión de su cargo, no ha dejado una sola semana de denunciar los excesos cometidos por la anterior administración, y para eso ha aprovechado el ánimo de la prensa de la capital del país por saber y publicar más sobre las denuncias realizadas por el gobernador Núñez, e incluso también el ánimo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por procurar “castigos ejemplares” a ciertos personajes, con tal de que otros en circunstancia similar, vean lo que les puede pasar si se exceden en sus funciones.

No obstante, hace algunas semanas cuando se hizo público que existía ya una denuncia en la PGR en contra de ex funcionarios tabasqueños, el nuevo boom informativo se desinfló cuando el propio procurador Jesús Murillo Karam reconoció que en la denuncia no se encontraba el nombre del ex gobernador Granier. Se dijo, incluso, que había un pacto entre mandatarios para no tocarse personalmente y justificar la persecución en funcionarios de segundo nivel. Ante eso, el gobierno de Tabasco reaccionó “descubriendo” más de 88 millones de pesos en efectivo, en oficinas que, según se dice, son del Secretario de Finanzas del gobernador Granier.

El dinero en efectivo, en grandes cantidades, genera un efecto inmediato. Eso fue lo que consiguió a su favor el gobierno de Tabasco, quien por medio de su Procuraduría ya mandó citar a los ex funcionarios, incluido Granier, para que declaren en calidad de indiciados respecto al origen de esos recursos, y también para que se apersonen respecto a otras denuncias relacionadas con la deuda, con el “saqueo” a las arcas públicas y los abusos que se acusa que cometieron.

Todo eso, sin duda, conviene en corto plazo al gobierno morenista de Tabasco, que ha visto crecer sus bonos políticos de manera exponencial. En esto ha sido clave que el gobierno federal ha decidido poner en Andrés Granier el cascabel para demostrar que, en lo sucesivo, no sólo no meterá las manos al fuego por ningún ex gobernador, sino que les aplicará todo el peso de la ley si eso sirve para que otros se abstengan de continuar sintiéndose virreyes y dueños de sus arcas y su gobierno. ¿Pero de verdad esto pasará, en el largo plazo, la ineludible prueba de la legalidad?

PERSECUCIÓN CON RESERVAS

Más allá de lo que crean o digan las personas o los políticos, e incluso de las llamadas persecuciones de Estado, lo cierto es que una investigación sólida debe tener como principio la pulcritud y la certeza de que se actúa con estricto apego a derecho. De no ser así, en el corto, mediano o largo plazo, la investigación y el proceso judicial caerán, y entonces los incriminados no sólo no recibirán el castigo que merecen por las conductas cometidas, sino que serán declarados formalmente inocentes y sus tropelías quedarían en la impunidad.

Ese es el riesgo que se corre con una investigación tan intempestiva como la que se sigue al ex gobernador Granier. Nadie, en realidad, tiene certeza respecto a si la Procuraduría de Justicia de aquella entidad está actuando en base a elementos sólidos que sustenten las acusaciones, o si está forzando las pruebas y los señalamientos para continuar alimentando la idea de que Granier es responsable y que, como lo ha dicho sin ningún pudor Arturo Núñez, desea verlo pronto tras las rejas.

Si de verdad hay solidez en la investigación, lo que veremos será un proceso judicial que incluso trascenderá a Arturo Núñez y se calificará como un tema de Estado. Pero si no, lo que sucederá es que por lo alocado de las investigaciones, y por su ánimo de forzar las acusaciones, se terminará perdiendo la oportunidad de procesarlo y procurarle el castigo que merece. Empero, en cualquier caso, lo grave del asunto es que como el Titular del Gobierno de Tabasco, que es quien lo acusa, de antemano ya lo sentenció al manifestar públicamente que lo que desea es verlo tras las rejas. Un señalamiento de esa naturaleza podría viciar de fondo el proceso y generar una violación al debido proceso del tamaño de la que dejó en libertad a Florence Cassez.

¿MODELO? NO

Por todas esas razones, este proceso no debe ser modélico para perseguir a otros ex gobernadores. En el caso de Oaxaca la situación es todavía más grave porque aquí no se fabricaron pruebas o a responsables, pero el gobierno estatal, a través de la Secretaría de la Contraloría, tampoco se ve en el ánimo de continuar persiguiendo a los que, hace apenas dos años, calificaban como “los saqueadores” y tampoco han tenido el ánimo de reformar, para perfeccionar y endurecer, las normas que regulan la actuación de los servidores públicos. Y en esas condiciones, es tan grave perseguirlos en exceso, como parece que lo hacen en Tabasco, que dejar de hacerlo, como es el caso de Oaxaca. Porque lo que queda en el fondo, es la impunidad.

+ En la municipal, LUB va solo con su candidato

Luis Ugartechea Begué quemó las naves cuando logró imponer a su delfín como candidato a sucederlo en el cargo de presidente municipal de la capital oaxaqueña, y por eso mismo alguien —propio o extraño a su causa— debe tener la suficiente visión como para vigilarlo más que nunca, y evitar que él o su presupuesto se entrometan abiertamente en el proceso electoral que se desarrolla. Para el Edil citadino no hay otra oportunidad y por eso, y porque está solo, puede ser capaz de todo.

En efecto, es públicamente conocida la forma en que se definió al candidato a la alcaldía de la capital oaxaqueña. De acuerdo al reparto de posiciones que hicieron los partidos que integran la coalición Unidos por el Desarrollo (Acción Nacional, PRD y PT), en los distritos electorales y los municipios en los que ya había representantes populares electos por alguno de esos partidos, cada uno de ellos continuaría teniendo preferencia en la nominación del nuevo candidato. Así, la candidatura a Presidente Municipal en Oaxaca de Juárez quedó en manos del PAN para que éste definiera al candidato.

En esa nominación, particularmente, había muchos intereses involucrados. Pues a diferencia de como fue postulado Ugartechea, en la elección intermedia se cruzaban no sólo los intereses de los candidatos panistas, sino que ahora también del Gobierno del Estado —que es el gran eje estabilizador de la coalición— tenía particular interés en incidir en la definición del abanderado, porque necesariamente quien sea el Presidente Municipal de la capital oaxaqueña en el siguiente trienio tendrá la posibilidad casi natural de convertirse en un aspirante a la gubernatura del Estado.

Por eso el grupo gobernante trató de incidir a través de la figura de Bernardo Vásquez Colmenares, que si bien no es —ni tiene pinta de ser— un candidato fuerte a la gubernatura del Estado, sí podría eliminar la parte del conflicto que irremediablemente generará la postulación del candidato sucesor del gobernador Gabino Cué… al menos en la capital oaxaqueña. Con Vásquez Colmenares, tenían relativa certeza de un personaje institucional, que no sería capaz de contradecir, o de jugar las contras, al candidato de la misma coalición que lo habría llevado a él al gobierno de la capital oaxaqueña.

El problema es que en esa definición se cruzaron varios factores que enrarecieron la ruta natural de que el PAN “permitiera” opinar, e incidir, al grupo gobernante respecto de la postulación del candidato a Edil de la capital oaxaqueña. Los pleitos internos de Acción Nacional en la ciudad de México, los llamados “audioescándalos”, el distanciamiento entre el gobierno citadino y el estatal, y la presión que generaron los sectores duros del PAN orillaron a la dirigencia nacional (que era, por estatutos, la única que tenía la decisión en las manos sobre todas las postulaciones en la entidad) a tomar una decisión atípica en las coaliciones, e incluso contraria al trato que el panismo ha recibido por el gobierno de Gabino Cué.

El resultado fue la postulación de Francisco Reyes Cervantes, que es panista de cepa y cercano a Luis Ugartechea, pero que al mismo tiempo está muy lejos de ser el mejor visto por el gobierno estatal. Desde el principio el punto de referencia de las definiciones era la lucha interna en la coalición por la gubernatura del Estado en 2016, y no el cumplimiento de caprichos al gobernante en turno.

Por eso, con la definición a favor de Reyes sí ganó Ugartechea aunque sólo en el corto plazo. Pero sólo con una proeza electoral —reponerse de lo maltrecho que esa decisión hizo quedar al panismo citadino frente a la coalición, y ganarle al PRI que parece enfilado a recuperar la capital— podría revertir esa tendencia que ubica hoy a Ugartechea más como un kamikaze que decidió suicidarse, o cuando menos “quemar las naves” en pos de su decisión, que como un político responsable que supo responder a los intereses de su grupo.

QUE LE CUIDEN LAS MANOS

¿Qué implica esa decisión? Que el panista Reyes tenga un trato diferenciado dentro de la coalición, y que esa distancia implique que éste no reciba los mismos beneficios y el apoyo que seguramente tendrán otros candidatos de la coalición que sí son de consenso y que no emergieron de la disidencia interna de la coalición. Por eso es importante no dejar de observar los movimientos del edil Ugartechea.

Y es que, es casi un hecho, Reyes no tendrá el margen de maniobra ni los beneficios económicos que por naturaleza proveerá el grupo gobernante a quienes, espera, serán sus “flotadores” desde el Congreso y los municipios importantes para terminar bien el sexenio y para sacar, con más apoyos que discordancias, a quien será el candidato a suceder al gobernador Cué dentro en el 2016.

Ese es hoy un problema mayúsculo, porque sólo los ingenuos siguen creyendo que las elecciones se ganan con democracia. Quien sí conoce de esto, sabe que esto se gana con ingeniería electoral, con compra de conciencias y con un conjunto de maniobras que, aún siendo democráticamente abominables, son cosa de todos los días en todos los partidos que luchan por espacios en el sector público.

En ese sentido, el escenario de Ugartechea es unívoco: impuso a su candidato pero quién sabe con qué más cuente para respaldarlo. Tiene en sus manos el presupuesto municipal. Y si tiene en contra, o por lo menos en lejanía al grupo gobernante, y tiene ante sí la elección más competida de este proceso electoral, el único camino que le queda es echar toda la carne al asador para tratar de demostrarle a todos, a los de casa y a los de enfrente, que no estaba equivocado.

Eso implica todo. Es decir, inmiscuirse abiertamente en el proceso, con recursos o con otros elementos, para tratar de remontar y sacar a su favor el resultado electoral. Este escenario es simple. El problema es que hasta hoy no parece haber alguien que haya notado esta “pequeña” contrariedad y que esté dispuesta a vigilar, con lupa, que algo como esto no suceda en la magnitud que, por el escenario, fácilmente podría darse.

OPACIDAD

Por cierto, ¿de veras pasará “de noche” el hecho de que a Reyes lo registraron solo, sin planilla? Ese es un tema que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana debe clarificar, porque ahí parece haber un problema de legalidad que rebasa por mucho los temas que hasta ahora han desahogado.