Administradores: se agotaron los 3 meses

No es suficiente que la Junta de Coordinación Política del Congreso local haya decidido suspender definitivamente la construcción de un gimnasio en las instalaciones del Poder Legislativo. Es indispensable que el Congreso le informe a la ciudadanía todo lo relacionado con el costo de esa obra, y quién fue el beneficiario de ella, y bajo qué esquema se establecería el gimnasio y los equipos en otro sitio. Los diputados locales tienen mucho que informarle a la ciudadanía, incluyendo el tema —hoy olvidado— de los administradores municipales, a quienes según nombraron por tres meses, y ya llevan seis sin que haya informes de qué se ha hecho para normalizar la situación política de las comunidades en conflicto.
En efecto, ayer TIEMPO informaba que el Congreso del Estado decidió suspender la construcción del gimnasio dentro de las oficinas legislativas, y que probablemente los equipos y aparatos que se instalarían en la antigua cafetería del Palacio Legislativo, habrían de ser colocados en el parque deportivo El Tequio, o en algún otro centro recreativo para las familias oaxaqueñas.
Esa parece una primera decisión sensible y acertada que, sin embargo, no es suficiente. De hecho, lo de menos es que se haya decidido suspender la construcción del gimnasio legislativo, mientras siga estando en la opacidad todo el trasfondo económico: es decir, cuánto costaron en realidad los equipos y aparatos que ahí se instalarían; bajo qué esquema legal fueron adquiridos (licitación, compra directa, etcétera); a quién se lo compraron; cuánto dinero del total del presupuesto proyectado para esa obra ya se gastó y no podría reintegrarse; qué contratista fue el responsable de las adecuaciones que ya se habían hecho al inmueble; y sobre todo, quién fue el o los responsables directos de haber decidido llevar a cabo esa obra, y qué consecuencia tendrá esta decisión que ya fue revocada.
Suspender la construcción del gimnasio es apenas un acto de resarcimiento moral. Nadie creyó la versión dada por los legisladores respecto a que el gimnasio sería no para los diputados sino para los trabajadores del Poder Legislativo, y que la instalación de aparatos y equipos para hacer ejercicio tendría un costo mínimo para el presupuesto.
Desde el inicio, quedó claro que la construcción de ese gimnasio era producto de una decisión unilateral y carente de consensos, pues por eso hubo diputados de todas las fracciones parlamentarias que repudiaron esa decisión —que no había sido consultada ni informada a la gran mayoría de ellos—, e incluso —en un acto que bien podría ser calificado como una felonía por parte de Natividad Díaz y Anselmo Ortiz, en ese entonces— los propios integrantes de la Junta de Coordinación Política terminaron dejando solo al diputado Alejandro Avilés Álvarez, como si él hubiera sido el único responsable por la decisión y la ejecución de la obra, y como si él fuera el único que decide en el Poder Legislativo.
Por eso, al final la decisión de suspender la construcción del gimnasio frena el acto de desprecio que estaban en vísperas de cometer los diputados en contra de la gran mayoría de la ciudadanía (que piensa en subsistir antes que en frivolidades como el “fitness” que querían hacer, en su misma oficina, algunos de los diputados locales), pero no revierte el costo económico que tuvo esa decisión. ¿Por qué?
Porque ni Alejandro Avilés, ni nadie de la Jucopo, ni las oficinas administrativas del Poder Legislativo, han hecho público el costo real de ese gimnasio; tampoco han dicho claramente si los equipos y aparatos que ahí se colocarían fueron ya adquiridos y a quién; si la contratación de la obra se hizo bajo los esquemas y condiciones que señala la ley vigente; y qué consecuencias adicionales tendrá el hecho de que todos los aparatos adquiridos ya no se instalen en el recinto legislativo, y se vayan a otros espacios que no pertenecen al Congreso local.
Al final, el gimnasio era un negocio. Era, pues, ejecutar una obra para obtener las ganancias respectivas, y llenarla de equipos para ver qué porcentaje podrían obtener por la compraventa de los mismos. Frenar su construcción es una buena decisión. Pero si el negocio y la opacidad subsiste, entonces los oaxaqueños no tendremos más que conformarnos con una victoria moral, pero con el triunfo final de los bribones que de todos modos serían premiados por la obra.

¿Y LOS ADMINISTRADORES?
Cuando en enero pasado el pleno del Congreso le dio —ilegalmente— la facultad para la designación de administradores municipales, la Junta de Coordinación Política prometió que los cargos de administrador serían únicamente de tres meses, porque en ese tiempo se construirían las posibilidades de solución a los conflictos políticos que en varios municipios no permiten la realización de comicios conforme lo marca la ley.
Si recordamos ese penoso episodio, habremos de ver que, de nuevo, la Jucopo tomó una decisión según sus conveniencias y cálculos políticos, y que para ello no dudó en marear a sus integrantes y obligarlos a votar a favor de medidas que sólo beneficiarían a ellos a través de los esquemas ilegales de manejar el presupuesto público de comunidades en conflicto.
Han pasado seis meses desde el primer paquete de nombramientos de administradores hechos —ilegalmente— por la Jucopo, y resulta que hoy nadie habla de esos funcionarios, así como tampoco éstos informan sobre las condiciones reales que existen en esas comunidades como para que no haya comicios. Mucho menos podría hablarse de que en alguno de los municipios con conflictos políticos, éstos ya fueron resueltos y puede comenzar a contemplarse la reconstrucción del tejido social, para que haya comicios, así se normalice la vida política de esas comunidades, y entonces ellos dejen el cargo que les fue dado —ilegalmente— por la Junta de Coordinación Política.
Lejos de eso, y como siempre, los administradores están capoteando las crisis en la comunidad que les tocó, y sus diputados están administrando los problemas y aprovechando la pequeña mina de oro que tienen en los presupuestos de esos municipios, que son justificados pero que, seguro, nunca llegan a ellos.

ADMINISTRADORES, DE TRES AÑOS 
Ya va casi medio año y no hay para cuándo se termine la función de los administradores. Así, terminará ocurriendo que más allá de las promesas, esas personas que llegaron por tres meses se quedarán tres años. Claro, mientras les convenga a ellos y sus respectivos padrinos diputados.

EPN, sacrifica a Oaxaca como vía de escape

La cancelación de última hora de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Oaxaca tiene varias lecturas simultáneas. La primera de esas lecturas se relaciona con el poco interés que le genera el sureste del país a un Presidente que construyó su régimen sin la ayuda de esta región del país; la segunda, tiene que ver con la idea clara que parece tener el gobierno federal, de que Oaxaca es la válvula de escape para la inconformidad por la reforma educativa; y una tercera, estaría relacionada con el rechazo presidencial a la idea de que sus giras sean —o intenten ser— aprovechadas con una clara intención electoral. A partir de eso podremos comprender las razones de fondo de esta enésima cancelación.
En efecto, la tarde-noche del martes la Presidencia de la República informó a través de un escueto comunicado que por razones climatológicas el presidente Peña Nieto cancelaba la gira de trabajo que tenía programada al municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en el marco del mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y en la que, en específico, acudiría a inaugurar un centro de acopio de productos lácteos de la empresa social Leche Industrializada Conasupo, S.A.
La primera interpretación que se le dio a esta enésima cancelación (por lo menos en tres o cuatro ocasiones más se han anunciado visitas presidenciales que luego se cancelan), es que el Presidente habría querido evitar un choque con la Sección 22 del SNTE, o que las amenazas de boicot y movilización lanzadas por el magisterio democrático oaxaqueño habrían preocupado a los encargados de la gira. Es posible que los encargados federales de la visita presidencial sí hayan tomado en consideración los amagues del magisterio; sin embargo, es poco probable que eso haya determinado la visita.
Más bien, son dos los motivos relacionados con eso, pero no específicamente el posible intento de boicot por parte del magisterio, lo que haya determinado la cancelación de la visita. Esto porque el anuncio de que la gira de trabajo se posponía fue hecho con ligereza y de forma intrascendente por el gobierno federal, y también porque era poco probable que de verdad el magisterio tuviera la capacidad de incidir en la visita presidencial. ¿Qué razones fueron las que determinaron la cancelación?
Primero —y esa parece ser la razón de la laxitud con la que la Presidencia de la República anunció la cancelación de la gira— porque al Presidente y al gobierno federal no les provoca mucho interés —dicho esto en el mejor de los sentidos— una entidad como la nuestra. Oaxaca sí tiene mucha pobreza y marginación, pero no es una entidad de la que se pueda presumir mucho: no hay aquí temas electorales importantes, tampoco es punta de lanza en algún tema político, y ni siquiera tiene una proyección económica o de algún aspecto relacionado con eso, como para que la federación tuviera razones específicas para intervenir, o al menos para echar de menos una visita a nuestra entidad.
Lamentablemente, en ese primer conjunto de razones, al gobierno federal no le preocupa cancelar una y otra vez una visita a Oaxaca, porque parece asumir que a Oaxaca tampoco le importa mucho que el Presidente venga a refrendar el pacto federal. Pareciera que esto es, pues, una relación estéril que, como no beneficia ni perjudica, entonces no es indispensable atenderla y sin mayor remordimiento puede posponerse un compromiso que para nadie parece de verdad tan importante.
Pero además, la excusa tan simple que puso el gobierno federal para la cancelación, demuestra una vez más que el Presidente de la República sí podría estar tomando en cuenta la situación magisterial, pero que en un primer marco de prudencia, estaría asumiendo que es mejor dejar correr la situación, y aun sacrificando la posibilidad de provocar con su presencia que en Oaxaca se generen situaciones de atención social más favorables, fomentar que no haya factores externos que influyan o enrarezcan el proceso de negociación (si es que se lleva a cabo) de reformas como la educativa, que en Oaxaca tienen su centro nacional de algidez e inconformidad.

EL TINTE ELECTORAL
Es muy posible que al Presidente le quede claro que su presencia en Oaxaca no tiene ninguna trascendencia política directa para su régimen. Es decir, sabe que venga o no a la entidad, de todos modos su gobierno no será ni mejor ni peor aceptado por la ciudadanía o los electores oaxaqueños, y que viniendo o no de todos modos tendrá él —y sus intereses— el mismo número de votos que ya tenía desde el momento en que fue electo Presidente. Sabe, pues, que Oaxaca es territorio electoral adversario y por eso no le genera ninguna inquietud venir a ver si logra algo mejor porque de todos modos su victoria electoral no se la debe a Oaxaca.
Sin embargo, la ausencia de una motivación política o electoral en el Presidente, no significa que esto sea similar para sus funcionarios. Y como en Oaxaca todas las acciones de un gobernante están cargadas de referencias políticas, entonces lo que sí queda claro es que aun cuando a Peña Nieto no le importe lo electoral en la entidad, a uno de sus funcionarios sí. Y quizá esa visita habría sido tomada por él, y por muchos oaxaqueños, como el espaldarazo tácito a una decisión de su partido (el PRI), y por ende la legitimación para el inicio de una campaña electoral temprana que lo tendría como fin sería la búsqueda de la gubernatura del Estado.
¿No es eso lo que reiteradamente ha buscado el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, director de Liconsa, con los intentos reiterados de que el Presidente venga por primera vez a Oaxaca a supervisar un tema relacionado con la empresa que él dirige? Sus intenciones de convertirse en su momento en candidato a Gobernador por el PRI, son legítimas. Sin embargo, esto no significa que los actuales sean los tiempos correctos, y quizá tampoco —y así pudo haber sido leída la situación por la Presidencia, y por eso también por prudencia política con los procesos y tiempos del PRI respecto a Oaxaca— que esa visita presidencial fuera tomada o interpretada como una convalidación de una intención no relacionada con el gobierno o la Cruzada Nacional contra el Hambre, sino con temas electorales.

¿GRATITUD O REPUDIO?
Ofende, sí, que Oaxaca sea la única entidad federativa que nunca ha sido visitada por Peña Nieto como presidente de México. Pero si sopesamos con serenidad esas razones posibles, quizá hasta terminemos dándole las gracias por no venir. Al menos por ahora.

Congreso y Sección 22: el choque irremediable

A pesar de los supuestos consensos iniciales, la Sección 22 del SNTE está enviando señales de lo que irremediablemente terminará ocurriendo: el rechazo a la iniciativa de Ley Estatal de Educación, por no ajustarse incondicionalmente a su programa político. El primer signo claro es el rechazo anticipado a los foros a los que convocó el Congreso, como parte del proceso para la elaboración de la iniciativa. Sólo pueden estar pasando dos cosas posibles: o los poderes están tratando de impulsar la iniciativa en el total desorden, o están dispuestos a chocar con la Sección 22. No hay más.
En efecto, hace apenas unos días la Diputación Permanente de la LXII Legislatura aprobó el acuerdo para realizar los foros denominados “Diálogos por la educación para la atención legislativa al pueblo de Oaxaca en materia de educación”. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Alejandro Avilés, dijo que en estos foros el Congreso convocará a padres de familia, profesores, ciudadanía y expertos, para que expongan sus inquietudes y propuestas relacionadas con la nueva norma educativa.
Todo iba muy bien, hasta que recibieron el rechazo frontal de la Sección 22 del SNTE, que en voz de su vocero, desconoció y no avaló los foros a los que convocó la LXII Legislatura, debido a que en la declaración política que firmaron en conjunto con el Gobierno y el Congreso del Estado el 10 de marzo pasado, sólo se estableció el compromiso de los 37 foros que ya se realizaron y que fueron organizados por la 22 los cuales, dice, también estuvieron abiertos a toda la ciudadanía.
Incluso, dijo que el Poder Legislativo no cumplió con enviar a un representante ni a la mitad de los foros educativos organizados por la Sección 22, y que por tanto “se sacó de la manga” la realización de estos nuevos foros, ya que dijo que hay un documento firmado (la declaración política), el cual existe un compromiso específico para la construcción de la norma, y que el Congreso incumple ahora que está organizando foros al margen de esos compromisos.
¿Cuál es uno de esos dos escenarios posibles que puede estar ocurriendo? Que en el gobierno estatal, ni en el Congreso, existe una conducción comprometida con los compromisos que ellos mismos firmaron en la declaración política con la Sección 22, y que por eso ahora están tratando de impulsar acciones que no estaban contenidas en dicho documento. En ese sentido, es probable que en su momento hayan aceptado y firmado esa declaración política únicamente con los puntos y las condiciones dictados por la Sección 22 (incluso sin leer o analizar el documento) bajo la premisa de no contradecir o provocar la ruptura con el magisterio, y meterlo en una dinámica de construir la norma en conjunto antes que chocar con ellos y generar condiciones de inestabilidad que pusieran en peligro la continuidad del régimen.
Así pues, es muy posible que el gobierno y el Congreso se hayan plegado a las exigencias de la 22 sin reparar en la necesidad de hacer un consenso más allá de los solos requerimientos políticos del magisterio, y que ahora que se ven en la necesidad de llevar a cabo más acciones para la construcción de la ley, sea la misma Sección 22 quien les reproche sus decisiones (cuestiones a las que mal que bien los dos poderes se comprometieron), y con “fundamento” en el documento que contiene la declaración política, desconozca todas aquellas acciones que se apartan de lo que concretamente firmaron en conjunto el 10 de marzo pasado, para construir la iniciativa de Ley Estatal de Educación.

EL DESCONOCIMIENTO QUE VIENE
Desde hace tiempo veíamos venir el rechazo final de la Sección 22 a la propuesta de Ley Estatal de Educación, y así lo apuntamos el 13 de mayo pasado, cuando decíamos que en el caso de la Ley de Educación, la Sección 22 sí avaló el procedimiento, sí está participando en la elaboración de las iniciativas, y parcialmente se verá obligado a respaldar dicho proyecto, aunque éste termine siendo la reglamentación obligatoria a la Constitución federal en la que parte que le corresponde.
“En ese sentido, la Sección 22 –decíamos– tendrá que preparar dos escenarios. El primero, que será inédito (aunque creemos que poco probable) será el de encontrar la forma de aceptar que la nueva Ley Estatal de Educación, que según surgió de su consenso y de sus foros regionales que ahora mismo se realizan, sea en realidad –y en los temas torales- una mera reglamentación de lo que dice la Constitución de la República y las leyes federales en materia educativa. Sería algo así como la entreveración entre sus postulados políticos y académicos, con los temas que le interesa regular a la federación, relacionados específicamente con la evaluación y todo lo que ahora fue incorporado al nuevo artículo tercero constitucional.
“Esto no parece probable. La razón es simple: por cuestiones políticas, la Sección 22 difícilmente respaldará algo que no esté ajustado a su programa político. Y en este caso sería inédita la forma en que fundamente el hecho de que sí está de acuerdo con dicha norma, y que reconozca que sus postulados son concordantes y compatibles con lo que establece la legislación federal. Eso sería el resultado de que los foros y la ley la hicieran ellos. Pero sería también una forma de reconocer que todo lo que dijeron estaba mal y que ahora están apoyando una norma que dice y dicta lo que sus adversarios dicen.
“El otro escenario es más simple y puede también ocurrir: si el gobernador Gabino Cué asegura que la nueva ley estará aprobada antes de que inicie el nuevo ciclo escolar, entonces es posible que la iniciativa sea presentada en el mes de junio y discutida antes de que termine el periodo de sesiones correspondiente. Es decir, entre el mes de julio y agosto próximos. ¿Qué puede hacer la 22? Rechazar la ley, como ya lo hizo cuando el gobernador Cué instruyó que se conformara una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, la cual hicieron conjuntamente abogados del gobierno estatal con gente de la Sección 22 pero que al final el magisterio terminó rechazando la propuesta por no ajustarse a su programa político.

LAS SEÑALES
El escenario que prepara el magisterio es ese: el de rechazar la norma. Ellos van por todo, y no aceptan ninguna vacilación. El primer argumento a favor del rechazo que viene, ya se los dio el Congreso con esta cuestión de forma. Luego vendrán los temas de fondo, que también rechazará la 22 de la Ley Educativa. Ninguna buena noticia, pues, para Oaxaca.

Verdad, reducida a dinero, codicias y presupuesto

El 14 de junio es una fecha emblemática en Oaxaca, por el intento de desalojo de la Policía Estatal a profesores de la Sección 22 del SNTE, que en ese entonces se encontraban plantados en el primer cuadro de la capital oaxaqueña. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, esa fecha debía ser emblema de algo más que de un solo hecho: debía ser, pues, recuerdo de justicia, de lucha o de congruencia. Lamentablemente, hoy es sinónimo de nada.
En efecto, han pasado ocho años y la realidad, a pesar de las circunstancias, es lamentable. En 2006, el magisterio de la Sección 22 se decidió a luchar en contra no sólo de un gobernante, sino de todo un régimen, por considerarlo (al menos esa era la explicación que daban) anacrónico y nocivo para la democracia en la entidad. Aunque al inicio de sus movilizaciones la 22 determinó buscar la salida del entonces gobernador Ulises Ruiz, en realidad el objetivo de fondo radicaba en quitarle al PRI la hegemonía política de la entidad para darle paso a una alternancia que desmantelara las estructuras de manipulación y corrupción, sobre las que descasaba el liderazgo priista.
Todo eso, visto a la distancia, se cumplió a la perfección… y sin embargo nada cambió. Y decimos que todo se cumplió a cabalidad, porque dejando de lado todas las cuestiones subjetivas que han determinado el incumplimiento de todas las aspiraciones democráticas que se supone que tenían quienes encabezaron la revuelta social, es claro que el proceso de alternancia y supuesta democratización se cumplió a cabalidad en apenas cuatro o cinco años.
Pues si vemos los resultados, corroboraremos que apenas en 2010 (cuatro años después de la revuelta popular), en su mayoría la ciudadanía oaxaqueña avaló tácitamente la lucha de la Sección 22 del SNTE y de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, votando a favor de partidos y candidatos contrarios al interés priista. En los históricos comicios de gobernador y diputados locales de aquel año, el PRI no sólo perdió la Gubernatura del Estado, sino que también perdió la mayoría en el Poder Legislativo, con lo que se supone que se abriría una nueva pauta para buscar el desmantelamiento de las redes del poder priista, y la búsqueda de justicia para todo lo que se había hecho antes, durante y después del conflicto.
La razón era simple: todos aquellos que lucharon juntos en 2006 en contra del régimen priista del gobernador Ruiz, ahora tenían la Gubernatura del Estado y el Congreso. Lo único que hacía falta era voluntad para llevar a cabo todo ese proceso democratizador, y para sentar las bases de lo que sería un nuevo modelo de democracia en Oaxaca. De haber sido exitoso ese proceso, incluso habría sido un modelo de que una revuelta popular bien encauzada sí es capaz de derrocar a un régimen que parece invencible; asimismo habría demostrado ser capaz de generar pautas democráticas y de justicia para todos quienes lucharon valientemente en contra del régimen gobernante.
Lamentablemente, en Oaxaca el resultado de dicho proceso es un conjunto de vergüenzas compartidas por todos los que participaron en esos momentos históricos, pero que no supieron qué hacer con el poder que adquirieron; que ya teniendo recursos e influencia dieron a conocer su verdadera vocación de ambición y codicia; o que simplemente se extraviaron ante la incapacidad de manejar su nueva circunstancia.

JUSTICIA, DERROTADA POR
LA CODICIA Y PRESUPUESTO
Es necesario distinguir a los distintos grupos que se beneficiaron del conflicto magisterial. Por un lado, están los grupos políticos que a través de partidos como el PAN y el PRD capitalizaron los dividendos de la revuelta magisterial y los encauzaron hacia la lucha política, con tal de ganar espacios públicos. Por otro lado se encuentran los grupos de lucha social, que lo que en realidad buscaban era presupuestos, canonjías y beneficios a cambio de dar su respaldo al grupo que buscaba el poder. Y en una tercera facción están aquellos que tienen objetivos políticos e ideológicos más complejos y de fondo, como la Sección 22 del SNTE, quien a pesar de sus alianzas con quienes tomaron el poder en 2010, nunca dejaron su trinchera de opositores. 
Los primeros fueron quienes tomaron formalmente el poder, de la mano del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Éste tomó para sí las partes estratégicas del gobierno que le interesaban, y lo demás lo repartió entre los partidos y facciones políticas que lo apoyaron durante sus años de lucha.
A los grupos de lucha social –en donde se encuentran muchos de los que todavía se dicen agraviados por el conflicto del 2006– les dio también espacios y les ofreció justicia en términos abstractos, bajo el argumento de que debían ser ellos quienes construyeran las instituciones y las reglas. Les abrió las llaves del presupuesto, pero también los puso a prueba para que demostraran que tenían capacidad no sólo de denunciar violaciones a derechos humanos, sino también de instrumentar los mecanismos para que esto no volviera a ocurrir.
¿Cuál fue el resultado? Que muchos, la gran mayoría, prefirió la comodidad de gozar de un cargo público –con todas sus comodidades– antes que de mantener la congruencia y la capacidad de demostrar que podían contribuir en la búsqueda de justicia. Eso, en el fondo, era lo que más le convenía al nuevo Gobernante, que antes que la revisión del pasado lo que le interesa es ejercer el poder y asegurar que éste se perpetúe en alguno de los suyos para el futuro.
Mientras, a algunos les dio indemnizaciones discrecionales, que sólo alimentaron la codicia por el dinero y los hicieron olvidarse de la justicia. A otros les cumplió el capricho de crearles una Comisión de la Verdad que sólo existe en la ley. Y a muchos más los metió formalmente al presupuesto para hacerlos orgánicos y evitar cualquier aspaviento futuro, por lo menos hasta que termine el sexenio.

LA JUSTICIA, HASTA NUNCA…
Por eso hoy a nadie preocupa lo que pueda pasar con las promesas de justicia, y con la supuesta vocación democrática. Quienes le arrebataron el poder al PRI únicamente cambiaron la titularidad de las estructuras políticas pero no las desmantelaron. De hecho, hoy ellos las ocupan. Lo mismo pasó con la posibilidad de la no repetición de actos como los del 2006. Ya a todos se les olvidaron las causas que dieron origen a esa crisis. Y en una de esas, vamos enfilados a repetir esa historia.

Deber y desdén institucional afectan a Oaxaca

Los poderes Ejecutivo y Legislativo reiteran su promesa de que antes de que inicie el ciclo escolar 2014-2015 –es decir, el 18 de agosto próximo– Oaxaca tendrá una nueva Ley Estatal de Educación. Según lo que han declarado los representantes de los dos poderes, esa norma conseguirá el doble objetivo, de cumplir con los requerimientos de armonización que estableció la legislación constitucional y ordinaria federal en la materia, y también de atender los reclamos de la Sección 22 del SNTE. Al margen de que esto parezca una tarea imposible, hoy en día también debemos preguntarnos ¿qué están haciendo, en la vía política, los poderes del Estado para conseguir este posible arreglo?
En efecto, ninguna de las dos cuestiones es menor. Pues en el primero de los temas parece que los poderes estatales se encuentran en el dilema de tratar de actuar en contra de aquel tantas veces mencionado principio de la contradicción, que establece que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Es evidente que la pretendida ley educativa cumple con ese requisito de la contradicción. ¿Por qué?
Porque por un lado es claro que la reforma educativa tiene una clara intención de normar la vida laboral y las cuestiones administrativas de los maestros del país. Y porque, por el otro, los profesores de la CNTE, en realidad no quieren ni pluriculturalidad ni el cumplimiento de demandas sociales: lo que ellos quieren es que no se les norme en su vida laboral, ni sean sujetos de sanciones administrativas, ni tengan contrapesos en el establecimiento de las normas que rigen sus actividades como docentes.
Ese es un primer problema que no parece sencillo de superar. Y uno de los indicadores que habla de esa primera vicisitud que no saben cómo resolver (ni en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y tampoco en la Sección 22 del SNTE que se prestó al juego contradictorio de los foros educativos y de la construcción conjunta de una reforma), radica en el hecho de que hasta hoy no existe un solo lineamiento concreto a partir del cual alguien pueda explicar, en Oaxaca, cómo se va a llevar a cabo la construcción de la ley educativa, o cómo se va a llevar a cabo esa curiosa armonización no sólo entre lo que dice la norma federal y lo que debe decir la ley estatal, sino también lo que deba ocurrir en la combinación de esos dos lineamientos legales frente a los planteamientos del magisterio, que hasta ahora sólo los ha esbozado en algunos documentos, pero que tampoco ha tenido la capacidad de establecer líneas concretas que refieran que en esa armonización ellos podrían ceder algunas de sus posiciones en aras de conseguir otras.
Esto va a generar, irremediablemente, un “atorón”, si es que en realidad existe una remota posibilidad de que el Estado tenga la intención de cumplir con sus deberes antes que plegarse a los intereses del magisterio oaxaqueño. Ese “atorón” ocurrirá en el momento en que la Ley Estatal de Educación tenga algún supuesto con el que no está de acuerdo el magisterio democrático. Éstos, hasta ahora, han demostrado que su posición no es precisamente la de negociar. Y por esa razón sólo ocurrirán dos cuestiones posibles: una, que el Estado se vaya de largo aprobando una legislación que después tendrá problemas para aplicar. O, dos, que apruebe una ley de la mano del magisterio, que después termine derruida por una nueva controversia constitucional.
Por eso, también vale la pena saber qué están haciendo en los gobiernos estatal y federal para poder hacer posible no sólo la nueva Ley Estatal de Educación, sino también la reforma constitucional federal en materia educativa, que hasta ahora en Oaxaca sigue esperando el momento adecuado para comenzar a implementarse.

¿Y LA OPERACIÓN POLÍTICA?
Hace unos días, el diario Reforma dio a conocer el acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Gobernación y la CNTE, donde la dependencia federal concede que ningún trabajador podrá ser removido de las funciones que realizaba antes del 11 de septiembre de 2013, fecha en que entró en vigor la Ley General del Servicio Profesional Docente. Este ofrecimiento implicaba seguir la ruta imposible que señalábamos en líneas anteriores, de que el gobierno cediera en algunas de sus posiciones, en aras de que también el magisterio hiciera lo mismo.
Eso no ocurrió. La Sección 22 del SNTE –principal eje de la Coordinadora en el país– decidió que ese ofrecimiento era también insuficiente para los fines que ellos buscan, y reiteraron que su exigencia se sigue centrando en la derogación del contenido de la reforma constitucional en la materia, la abrogación de las normas federales secundarias, y la aprobación y reconocimiento de su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, como norma educativa que rija su labor.
Frente a todo eso, lo preocupante no es que los profesores oaxaqueños hayan rechazado esta primera oferta, sino que en el panorama no parece haber otro intento (uno solo, aparte de este) de conseguir un acuerdo de distensión con el magisterio. El panorama no es fácil, porque la dirigencia magisterial continúa reiterando que su posición es de conseguir todo, o de no negociar nada. Sin embargo, la labor del gobierno –el federal y el estatal– tendría que ser la de plantear tantas posibilidades de solución como fueran posibles, en aras de tratar de hacer algo más de la posición pasiva que se ha asumido hasta este momento.
Por eso, en las condiciones actuales parece claro que será irrelevante si la ley es o no aprobada, y también es irrelevante si llegan a plantearse posibilidades de acuerdo entre el gobierno y la Sección 22. Lo único que se ve en este escenario, es que mientras el Estado siga teniendo ese nivel de debilidad institucional que tiene hasta ahora, de todos modos la ley no se aplicará independientemente de su contenido. Y también es claro la falta de operación política, y el desdén mostrado por el gobierno frente a las posibilidades de solución, están condenando a Oaxaca a continuar indefinidamente viviendo en el caos magisterial que creímos que se iba a frenar con la aprobación de la reforma educativa.

COTZOCÓN
Al margen de las razones que determinan la grave situación política de San Juan Cotzocón, la SSPE y su titular, Alberto Esteva Salinas, deberían comenzar por explicar la razón por la que elementos de la Policía Estatal fueron a ejecutar una orden de aprehensión, cuando esa es una tarea que, en la generalidad, debe realizar la Agencia Estatal de Investigaciones.

Discusión estéril: lineamientos están dados

Es una falsa actitud democrática la de insistir en el “consenso” de la nueva Ley Estatal de Educación. El binomio de la Sección 22 del SNTE y el Gobierno del Estado, ya llevaron a cabo 37 foros regionales en los que se supone que recogieron el sentir de la ciudadanía, los maestros y los expertos en el ámbito educativo. Ahora, para insistir en lo mismo, el Congreso del Estado anunció otros ocho foros. Detrás de eso están escondiendo una iniciativa que nadie sabe si existe, quién la preparará, qué contiene y, sobre todo, para qué habrán servido los 45 foros realizados al respecto.
En efecto, por un lado el 10 de marzo pasado el Gobierno del Estado, la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura y la Sección 22 del SNTE firmaron una declaración política para establecer las bases sobre las cuales se daría la discusión de la armonización legal en materia educativa en la entidad. Ahí se estableció que se llevarían a cabo foros para escuchar a la ciudadanía y para hacer democrática la construcción de la nueva ley. Así, la Sección 22 anunció la realización de 37 foros regionales en los que se escucharían a todos los sectores sociales, aunque ellos mismos remarcaron –y así lo avaló el Gobernador del Estado en su momento– que los principales participantes en esos foros serían los maestros.
La apariencia de los foros era buena, aunque su tuétano no parece tan homogéneo. El argumento para justificarlos se centró en que Oaxaca imponía un conjunto de circunstancias que debían ser reflejadas en la ley, y que para eso era necesario escuchar las inquietudes de los maestros para que a partir de ellas se pudiera construir una ley que respondiera a esas necesidades. Para darle forma a esas justificaciones, se habló de condiciones sociales, de marginación, de pobreza y de respeto a la cosmovisión de las etnias, la pluriculturalidad, las lenguas, los usos y costumbres y muchas otras cuestiones.
En realidad muchos de esos elementos son simples distractores. ¿Por qué? Porque a pesar de que en apariencia dicen que buscan apartarse de la homogenización que establece la ley federal, así como también de la negación de circunstancias de hecho (como la diversidad cultural, las condiciones sociales, la pobreza, etcétera), lo cierto es que muchos de esos no son temas propios de una ley en materia de educación, y también que muchos de esos problemas han sido abordados por otras normas federales, e incluso por la misma Constitución de la República.
En ese sentido, los maestros oaxaqueños han exigido que no se les tase igual que a los profesores del centro y norte de la República, en donde las condiciones de la educación son distintas por encontrarse los educandos en una mejor situación económica y social que los de nuestra entidad y todo el sureste de la República. Eso es entendible y aceptable. Sin embargo, ¿las condiciones de pobreza de los niños oaxaqueños son justificación para que a ellos como profesionistas (ojo, y no los resultados de su trabajo, influidos por las condiciones sociales) se les evalúe en sus propios conocimientos y se les obligue por la ley a cumplir ciertas condiciones y requisitos para mantenerse frente a grupo y para ascender en lo profesional y económico?
Obviamente esa no es una pregunta sencilla de responder. Pero más bien, lo que está ocurriendo es que ellos quieren evadir ese cuestionamiento a partir de la argumentación de temas sociales, económicos o de cuestiones relacionadas con la pluriculturalidad en que debe desarrollarse la educación en la entidad. Por eso, dicen querer incluir en la ley de educación estatal esos temas, cuando muchas de esas cuestiones ya se encuentran tuteladas por el artículo 2 de la Constitución General de la República, que establece las bases para la educación en las etnias –y que es complementario al artículo tercero, que habla propiamente de la educación–, o que son cuestiones programáticas que el gobierno debe atender (como la marginación o la pobreza) antes que contemplarlas como cuestiones irreversibles que deben determinar una diferenciación en la forma en cómo debe verse o evaluarse la educación en esas regiones.

¿Y LOS FOROS?
Algo sobre lo cual no se ha dicho nada en estos meses, es qué está pasando con los foros para la construcción de la norma educativa, y cómo van éstos a servir para la construcción de la nueva Ley Estatal de Educación. El asunto no es menor: ya se realizaron 37 foros, y se van a realizar ocho más, organizados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, respectivamente, y hasta ahora no ha sido ventilada públicamente la metodología concreta a través de la cual se va a procesar, o se está procesando, toda la información y las propuestas que se han vertido en los foros, y cómo –y quién– es el encargado de construir la iniciativa de ley.
Eso es una verdadera incógnita. Y en esa incertidumbre, es claro que hoy los famosos foros de propuestas de la nueva ley educativa, lo mismo pueden ser un verdadero referente para la construcción de la iniciativa (si se está trabajando con método y a partir del ejercicio plural de reproducir en la ley lo escuchado en los foros), que una verdadera torre de babel, en la que todos hablan sin que nadie se entienda, y en la que no hay ni siquiera una memoria ni el cuidado necesario en el procesamiento de la información, para que eso se reproduzca en la ley.
Resulta que hoy en día nadie sabe concretamente quiénes participan, o participarán, por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el grupo que construirá la norma educativa; tampoco se sabe si será sólo la Sección 22 (quien ya anunció un grupo, pero sólo convocado por su sindicato) quien realizará la iniciativa a partir de su sola visión, o si para esos efectos ya fue contratado un despacho “especializado” en el tema, que esté realizando el trabajo técnico mientras aquí se da la apariencia de que se realiza la iniciativa a partir de un ejercicio plural que en realidad es un conjunto de actos de justificación, y demagogia, para cubrir las formas.

PRETEXTOS
Al final, lo único que tenemos claro es que hay dos caminos: o construyen una norma que, al margen de la democracia magisterial y las justificaciones, se ajusta estrictamente a los lineamientos constitucionales federales; o construyen y aprueban una iniciativa que refleje los intereses magisteriales pero termine en una segunda controversia. Tanta democracia parece irrelevante: lo único que valdrá es si la ley educativa local se ajusta a lo que dice la Constitución federal. Nada más.

+ Miopía: fueron por cargos, no por la democracia

Estando prácticamente en el cuarto año de la presente administración, nadie debía sorprenderse de la falta de resultados en temas concretos como la rendición de cuentas, la transparencia y el castigo a los malos servidores públicos. La situación actual es consecuencia de un conjunto de acciones y medidas que no se tomaron, pero también es resultado de que los encargados de velar porque Oaxaca tuviera mejores instituciones y leyes, prefirieron la frivolidad y la comodidad de los cargos, antes que de los compromisos ante la ciudadanía. Por eso nadie debía hoy hacerse el sorprendido.

En efecto, Oaxaca se encuentra a poco más de la mitad de un conjunto de momentos históricos, en el que la entidad consiguió la alternancia de partidos en el poder, a través de una de las formas democráticamente más dolorosas posibles: en menos de un lustro, Oaxaca pasó por una elección inequitativa, en la que el partido hegemónico ganó los comicios gracias a argucias electorales, pero no a una verdadera voluntad popular mayoritaria.

Luego vino una revuelta social que enfrentó a todos los factores de poder de la entidad. Y finalmente terminó con un aparente renacimiento del partido oficial, que finalmente fue aplastado en las urnas por quienes prefirieron el cambio de partidos en los poderes del Estado. Al margen de las componendas, lo que ocurrió fue que una sociedad harta se volcó para buscar en las urnas, un cambio que ni siquiera logró conseguir con protestas en las calles.

Cuando todo eso ocurrió, los mensajes de la ciudadanía eran muy concretos: querían resultados, querían honestidad; querían justicia y, sobre todo, querían la no repetición de las prácticas y las evidencias de corrupción cometidas por funcionarios al amparo del poder. Eso es lo que habían visto y rechazado frontalmente del entonces gobernador Ulises Ruiz. Y claramente era eso mismo lo que le demandaban al gobernador Gabino Cué, una vez que la mayoría lo eligió como nuevo mandatario.

Nada de eso (la justicia, el castigo, o la transparencia, entre otras demandas de la ciudadanía) habrían de ocurrir por el solo transcurso del tiempo, ni porque esas fueran promesas contenidas en un discurso político. El camino correcto para el cumplimiento de esas demandas (porque antes de ser promesas de un gobernante, fueron exigencias de la ciudadanía) debió darse a través del establecimiento de un verdadero marco jurídico que permitiera contar con mejores herramientas legales, para perseguir a quienes fueran señalados por cometer irregularidades administrativas o penales en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos.

Así, si los mecanismos legales eran adecuados, y se combinaban con la voluntad de cumplir con las demandas de la ciudadanía, el resultado tendría que ser necesariamente un gobierno eficaz, capaz de impedir la corrupción, y perseguir hasta sus últimas consecuencias los actos que ocurrieran.

Sin embargo, nada de eso pasó. Y la responsabilidad no sólo recae en el titular del Poder Ejecutivo, sino también en un Poder Legislativo, que lleva todo el tiempo de la alternancia extraviado y embriagado por el poder ilimitado, que les cayó de golpe. Por eso, en cuestiones concretas, nadie puede hacerse el sorprendido que hoy parezca –de nuevo- imposible que algo o alguien cambie el panorama, y que algo o alguien pueda detener la corrupción que otra vez supura (de funcionarios, ex funcionarios y particulares involucrados con la gestión pública) en estos tiempos presentes.

LA JUSTICIA, UN FRACASO

Hoy, por ejemplo, causa sorpresa que la Secretaría de la Contraloría no tenga en sus registros la persecución de temas que para muchas personas es fundamental. Por ejemplo, que no tenga voluntad o capacidad para poner freno a los abusos que se cometen en el otorgamiento de la obra pública a empresas; las cuestiones que siguen sin ser aclaradas sobre el manejo de recursos públicos en diversas dependencias del gobierno estatal, que libre y periódicamente disponen de cantidades millonarias para fines que sólo ellos conocen; o las omisiones que se cometen también desde no pocas dependencias estatales en el ejercicio correcto de los recursos para que las obras y los servicios lleguen a la ciudadanía en los tiempos y formas que deberían, y no cuando a los funcionarios encargados se les dé la gana –o la razón les permita– realizarlo.

¿Por qué el fracaso? No sólo es porque los funcionarios involucrados no tiene voluntad o capacidad para cumplir con su tarea, sino también porque hoy en día Oaxaca sigue teniendo los mismos mecanismos de rendición de cuentas que había en el pasado, y que fueron hechos justamente no para cumplir la ley, sino para evadirla y bordearla. En lo concreto, resulta que a pesar de todas las promesas vertidas por quienes antes anhelaban con ganar las responsabilidades públicas y hoy son gobierno, ninguna de las normas que debieron haberse transformado, ha sido tocada en un punto o coma. ¿Cuáles son?

No fueron revisadas integralmente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Código Penal en la parte correspondiente a los delitos que se cometen en el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, a pesar de la supuesta transformación de los órganos autónomos encargados de la fiscalización y de la tarea de garantizar la rendición de cuentas, ni a la Auditoría Superior del Estado ni a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, se les otorgaron los mecanismos y recursos adecuados para verdaderamente cumplir con sus tareas.

Más bien, a los funcionarios encargados de impulsar esas iniciativas, ni a los diputados que supuestamente participaron en la dictaminación y aprobación de las mismas, les preocupó hacer algo por verdaderamente darles mecanismos efectivos y de vanguardia para cumplir con sus tareas. Todos se fueron por la oportunidad de los cargos y los espacios.

TRISTE RESULTADO

Hoy, a pesar de la alternancia, la “justicia” se sigue haciendo con los instrumentos e instituciones del pasado, además de que la voluntad demostrada por el régimen es mucho menor a la prometida. A nadie le preocupa la posibilidad de revisar integralmente las normas que regulan el ejercicio y los límites del servicio público, porque muchos de quienes deberían hacerlo hoy son beneficiarios de las lagunas que contienen dichas normas. Por eso, se reitera, nadie debía sorprenderse de este triste resultado.

+ No hay ideología, proyecto o razón en Jucopo

En la teoría clásica, el Congreso es depositario de la representación del pueblo en los poderes del Estado. Esa representación se supone que corresponde a las diversas expresiones sociales y políticas que deben tener presencia en el poder encargado de dictar las normas y fungir como contrapeso del Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo la administración de los recursos públicos. Esa teoría ha servido por mucho tiempo para justificar y legitimar la función de los legisladores. Empero, hoy sigue en pie la pregunta: ¿De verdad nos representan?

En efecto, esta pregunta, que parece un lugar común, cobra relevancia ante la enorme distancia que existe entre los representantes y representados en entidades como la nuestra. Porque a pesar de que hubo un proceso electoral del que salieron electos 25 representantes de la ciudadanía, lo cierto es que el Congreso es hoy un poder dominado por ciertas facciones y poderes fácticos muy concretos que no responden al interés o las necesidades de la ciudadanía. En oposición a esto, podría decirse que el Congreso siempre ha estado dominado por cúpulas. Sin embargo, aún sosteniendo esa afirmación, es claro que de todos modos hasta la representación de las cúpulas pasa por un periodo de descomposición. ¿De qué hablamos?

De que en los tiempos del régimen de partido hegemónico (en la era de los gobiernos del PRI en los tres ámbitos), en el Congreso también mandaba el Presidente o el Gobernador en turno, según fuera el caso, a través del o los diputados que él personalmente enviaba al Poder Legislativo a representar los intereses de su gobierno. Hasta hace no mucho tiempo, era práctica común que desde el Palacio de Gobierno se decidiera quién sería el Presidente del órgano principal de decisión del Poder Legislativo. Esto ocurría como parte de la hegemonía total del régimen. Y si bien ese o esos diputados representaban intereses muy concretos, éstos eran siempre concordantes con el proyecto o la intención del Gobernador en turno.

Sin embargo, preguntémonos qué ocurre hoy. Pues lo que vemos en Oaxaca es un Poder Legislativo verdaderamente extraviado en sus intenciones y fines, debido a que la figura del líder dominante que antes tuvo el Gobernador en turno fue sustituida por personas y facciones de menor nivel, que además no tienen responsabilidad directa con la ciudadanía, ni se deben a ella, y que por ende están preocupados por defender otros intereses que no necesariamente son los del régimen, ni los del partido político al que representan, ni una cuestión ideológica, y ni siquiera un proyecto político. Lo que vemos hoy, pues, es un dominio del Poder Legislativo por parte de grupos que no responden a nada, y que por eso demuestran rápidamente sus frivolidades, sus extravíos y, sobre todo, su aparente inmunidad a la reprobación popular.

¿QUIÉNES MANDAN EN EL CONGRESO?

Veamos si no. El Poder Legislativo del Estado está hoy dominado por no más de cinco personas. Esas personas corresponden, respectivamente, a los tres partidos mayoritarios, y quizá a uno o dos “notables” más, que por su influencia en el ámbito político o en la vida pública de la entidad, pueden incidir en el rumbo del Congreso. No obstante, el caso paradigmático es la Junta de Coordinación Política, que hoy en día gobierna al Congreso pero no representa nada.

¿Quiénes son esos personajes? Todos los conocemos: Natividad Díaz, por el PAN, Alejandro Avilés, diputado del PRI, y hasta hace unos días Anselmo Ortiz del Partido de la Revolución Democrática. Ellos tres pintan de cuerpo entero la crisis que existe –aunque ellos obviamente niegan– en el ámbito de la representación real de la sociedad en el Poder Legislativo.

Para entender esto, vayamos a responder una pregunta previa: ¿Qué representan los llamados diputados plurinominales? En el caso del PRI, a facciones, pero nada relacionado con la sociedad. Juan José Moreno Sada, por ejemplo, representa a una facción del CEN del PRI: no es líder de nadie, ni representante sectorial de algo, y figura política de espacio o lugar alguno. Algo similar ocurre con Lilia Mendoza, Yolanda López Velasco o María del Carmen Ricárdez Vela.

Cada uno de ellos, son producto del impulso de facciones concretas (los ex gobernadores) que hoy en día no tienen ninguna conexión ni preocupación por la sociedad. Quizá podríamos separar de esos grupos a Alejandro Avilés y Adolfo Toledo Infanzón. Sin embargo, a pesar de sus aparentes buenas relaciones y antecedentes de su partido, lo cierto es que a ellos la ciudadanía los ha rechazado en las urnas en los últimos procesos electorales en los que ambos han intentado ocupar un cargo por la vía de la voluntad popular.

Lo mismo ocurre con el PAN, específicamente con Natividad Díaz, que aunque por una casualidad fue diputada de mayoría, ella ya tenía asegurado su espacio en la lista de plurinominales, y que en esencia tiene una representación tan relativa que por eso no parece sentirse obligada a nada que no sea servir a los intereses de la facción a la que representa. Y qué decir de la fracción del PRD, en la que su “cúpula parlamentaria” está compuesta por un reemplazo de la dirigente del Foscupt, Karina Barón Ortiz (la diputada Vilma Martínez Cortés), un espacio comprado por el régimen del gobernador Gabino Cué para Jaime Bolaños, y la representación de las familias y tribus que gobiernan ese partido (¡de izquierda!) en Oaxaca desde hace décadas.

¿Qué intereses ciudadanos pueden representar esos diputados? Queda claro que ninguno, porque no se deben a ellos. Se deben a sus facciones, a sus cúpulas y a otros intereses que no son los del interés general. Por eso vemos que con tanta facilidad pueden prestarse a arreglos de todo tipo, a feroces luchas por el control presupuestal, y a un desprecio brutal a los temas que interesan a la ciudadanía, e incluso genuinamente al régimen que gobierna.

FALSA REPRESENTACIÓN

Es en espacios desde donde se ha alimentado la comercialización del voto y la conciencia. Y por eso hoy el Poder Legislativo pasa por una crisis tan profunda que debe llevar al replanteamiento de a qué representan los plurinominales, y si existe una razón, una sola, para que sigan siendo ellos quienes dominen el Poder Legislativo, a pesar de no contar con más respaldo y representación que el de las facciones que los llevaron hasta esas responsabilidades que, de una u otra forma, inciden en la vida de todos.

Las consecuencias, pagadas por la ciudadanía

Estamos a muy poco tiempo de que Oaxaca cumpla tres lustros de sostener una relación fría y distante con la Federación. El resultado de esa lejanía es palpable en diversos aspectos, comenzando porque hoy en día Oaxaca parece más una ínsula que una entidad integrante de la Federación. En esa relación, la alternancia partidista sin madurez política, ha sido factor fundamental para la persistencia de esta crisis.
En efecto, si miramos al pasado veremos que Oaxaca ha pagado caro el costo de sus efervescencias políticas. Cuando en el año 2000 se dio la alternancia de partidos en el poder presidencial, nuestra entidad atravesaba por un dominio casi total del priismo. En la decantación del viejo poder presidencial, los nuevos depositarios de ese poder fueron los Gobernadores. Y en el caso de nuestra entidad, en aquel entonces había un Mandatario fuerte que asumía que ejercer el poder era un ejercicio de plenitud que implicaba no ceder oficiosamente frente al adversario.
Los resultados de esa relación, en aquel momento, fueron poco perceptibles. El entonces nuevo Presidente de la República (Vicente Fox Quesada) llegó al poder asumiendo una actitud democrática que le sirvió para ganar legitimidad en el primer periodo de su gobierno. Por eso, en el inicio aceptó la tolerancia total frente al disenso y decidió utilizar la sola herramienta de la lejanía para mostrar oposición a sus adversarios. Sólo que después, cuando asumió la parte del poder que disimuló al principio, comenzó una campaña de hostigamiento en contra de las entidades con las que no concordaba. Oaxaca fue una de ellas y entonces a través de las restricciones presupuestales comenzó a hacer presión a la entidad.
¿Cuál fue el efecto? Que, en lo inmediato, los poderes de la entidad se vieron obligados a llevar a cabo diversas acciones de reacción frente al gobierno federal, que incluso llegaron a un plantón en la capital del país, en exigencia de recursos. Lo que ocurría no parecía simple, porque entonces la federación no negaba más recursos a la entidad, sino que se resistía a entregar los que ya tenía. Por eso, la batalla de los poderes locales en contra de la federación fue finalmente ganada por los oaxaqueños, con la “salvedad” de que la federación impidió que el presupuesto y la inversión hacia Oaxaca creciera por voluntad. Los recursos y las obras que se llevaron a cabo fueron producto de desencuentros feroces en los que lo que menos prevalecía era la solidaridad y la simpatía de la federación con nuestra entidad.
Luego, en los tiempos electorales, vino el primer revire fuerte. En los albores de las alianzas partidistas raras en nuestro país, en 2004 se dio en Oaxaca una alianza inexplicable del PAN y el PRD para impulsar a un solo candidato, opositor al PRI, y apoyado por todos los factores de poder externos, incluyendo la federación. No pudieron ganar. Pero el nuevo Mandatario, Ulises Ruiz, llegó nuevamente cuestionado y generó desde el inicio roces con el Presidente, que seguía siendo Vicente Fox. ¿Qué pasó? Que Fox aparentó tener una relación civilizada con la entidad, que nunca debía ser entendida como una relación de solidaridad. Por eso, cuando todos se enfrentaron al conflicto magisterial del 2006, el gobierno federal decidió dejar aislada a Oaxaca, en su afán por vengarse del entonces gobernador Ruiz y todo lo que éste implicaba.
¿Quién ganó? Nadie. Porque la Federación no consiguió la renuncia del gobernador Ruiz. Éste no ganó la posibilidad de arrinconar al más importante poder fáctico de la entidad, que es la Sección 22 del SNTE. El magisterio no consiguió derrocar al Gobernador del Estado. y finalmente la gran perdedora fue la ciudadanía oaxaqueña que vio cómo por un conflicto entre grupos políticos, la ciudad entró en una situación de crisis y los habitantes –que nada tenían que ver con ese lío– terminaron pagando las consecuencias por esas afrentas.

RELACIÓN SIN FUTURO
Después del conflicto magisterial, las veces que el Presidente vino a Oaxaca fueron escasas, y de mala gana. De hecho, el Titular del Poder Ejecutivo Federal evitó casi por completo venir a la capital oaxaqueña, y en las pocas ocasiones que visitó alguna región del Estado lo hizo de la forma más breve y distante posible.
Esa situación tuvo sus efectos en la imposibilidad de la entidad para acceder a mejores condiciones. La federación comenzó, por presión de los representantes oaxaqueños en el Poder Legislativo Federal, a etiquetar más recursos para la entidad. Pero siempre quedó claro que a pesar de los ofrecido, lo dado no era todo lo posible, y esto siempre estaba enmarcado por la corrupción que la federación nunca se ocupó por combatir de verdad en nuestro estado.
Así llegó el 2010, cuando los partidos a nivel federal estaban perfectamente determinados en sus rutas políticas, en Oaxaca ganó Gabino Cué la gubernatura. Él llegaba gracias al apoyo del PAN, PRD y PT. Sin embargo, éste desde el primer momento se asumió como garante de las fuerzas de izquierda, y entonces el panismo –que estaba en el poder presidencial- se alejó, abriendo una nueva brecha que ya no se cerró. En los comicios federales de 2012, en Oaxaca el perredismo ganó los comicios presidenciales gracias al impulso del Gobernador del Estado, pero eso no dejó bien parada a la entidad. ¿Por qué?
Porque la izquierda fue lanzada hasta la tercera posición en la importancia y presencia de las fuerzas políticas nacionales. El hecho de que ganara el PRI la presidencia no le abrió margen de negociación alguno porque las cúpulas nacionales de los partidos mayoritarios fueron abordadas directamente por el Presidente, quien logró acuerdos que marginaron a los liderazgos locales. Por eso el capital político del gobierno de Oaxaca no cobró mayor relevancia en las grandes negociaciones nacionales, y por eso no hubo mecanismos a partir de los cuales el Presidente se viera obligado a buscar los consensos locales para una mejor gobernabilidad.

¿QUÉ SIGUE?
Es posible que más allá de los triunfalismos, la relación entre Oaxaca y el gobierno federal no se componga sino hasta los resultados de los comicios estatales de 2016. No hay forma clara de saber cómo se compondrá el escenario de la sucesión estatal, pero lo que sí queda claro es que sólo bajo condiciones muy específicas el gobierno federal accederá a construir una relación aceptable con nuestra entidad. Mientras los ciudadanos seguiremos pagando las consecuencias de esa relación lejana, que está por cumplir tres lustros.

Magisterio vs ciudadanos: la volatilidad, clave

Nos hemos acostumbrado a que el gobierno asuma a grupos organizados como la mayoría, y que a la ciudadanía la obligue –nos obligue– a padecer los efectos de esa lucha que, aunque organizada, es en realidad minoritaria. En Oaxaca tenemos una larga y funesta tradición en ese sentido, a partir de grupos como la Sección 22 del SNTE que por su capacidad de organización y disciplina puede poner en jaque al gobierno, a pesar de tener una representación que apenas rebasa al dos por ciento de la población.
En efecto, vale la pena reflexionar sobre eso. Pues durante gran parte de los años de lucha que lleva la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, el gobierno ha asumido como una determinación velar por la atención a las demandas e intereses del magisterio, por ser un grupo numeroso y organizado. La contracara de esa determinación está en los ciudadanos, que aún siendo mayoría y teniendo una mayor capacidad de determinación, se encuentra siempre dispersa y se decanta en la sola indignación sin poder dar paso a las siguientes etapas de la reprobación a una autoridad que privilegia las minorías, por encima de la mayoría.
Esto lo vemos casi a diario en nuestra entidad. Aquí, inicialmente fueron las grandes masas de trabajadores inconformes las que fueron demostrando que con capacidad de organización y con disciplina era posible oponerse al Estado y conseguir la satisfacción de sus demandas. Eso fue lo que desde hace varios lustros demostró la Sección 22, cuando irrumpió en el escenario estatal y nos hizo ver a todos que ellos sí tenían capacidad de cerrar una arteria vial fundamental de la capital, que podían también cerrar una carretera federal; que podían tomar oficinas públicas o espacios comerciales, sin que la autoridad pudiera reaccionar ante ello.
Primero, hace años, lo hacían como una forma contundente de lucha. Si lo recordamos, hace quince o veinte años tomar cruces viales como el llamado crucero de la Volkswagen, en la capital oaxaqueña, era sinónimo de un verdadero atrevimiento y de una afrenta a la autoridad. Era así porque pocos lo habían hecho antes, y porque también la autoridad se aprestaba a atender de inmediato, bajo la amenaza de acciones recíprocas por parte de la fuerza pública, las demandas de los inconformes.
Sin embargo, con la reiteración de esas formas de lucha se fueron relajando los efectos. Por un lado, los grupos se dieron cuenta que tomar una acción tan “contundente” como esa era cada vez menos efectiva; y por otro lado, la autoridad comenzó a dejar de tener miedo a la reacción de la ciudadanía –que vio que a pesar de los abusos no tomaba partido o represalia política o electoral de la situación– y entonces comenzó a dejar pasar ese tipo de protestas sin dar mayor respuesta. Los primeros, pues, asumieron que su deber era accionar de forma contundente, siempre; y los segundos se dieron cuenta que a pesar de la reprobación ciudadana esto no podría quitarlos de sus cargos. Y entonces comenzaron a dejar todos pasar todas las acciones adversas.
¿Quién perdió? Perdió, obviamente, la ciudadanía que comenzó a ampliar su margen de tolerancia frente a las acciones. Los grupos de presión asumieron que debían ir incrementando la intensidad de sus formas de lucha para lograr la atención del gobierno; y éste asumió que sólo respondería en función de sus intereses y sus conveniencias políticas, pero no a partir de lo que la ciudadanía pensara o quisiera.
Así, los ciudadanos quedamos en segundo plano. Pero en buena medida fue por nuestra propia responsabilidad.

LA ORGANIZACIÓN, CLAVE 
El conflicto magisterial dejó muchas lecciones amargas, pero una de ellas es determinante hasta el día de hoy: propios, extraños, y el mismo gobierno, asume que el único grupo capaz de derrocar a un gobierno y generar inestabilidad política e ingobernabilidad en el estado, es la Sección 22. Por eso, a ese grupo de presión se le prohíja en todas sus demandas y se le procura hasta la ignominia a pesar de que muchas veces sus demandas sean contrarias al interés y deseo de la ciudadanía.
Y es que, es cierto, en 2006 el magisterio democrático oaxaqueño demostró una capacidad infinitamente superior de disciplina y organización, de la que cualquier otro grupo pudiera suponer. Los maestros, organizados, fueron a organizar un plantón; luego, juntos pero de forma selectiva, resistieron el embate de las fuerzas del orden cuando intentaron ser desalojados de su protesta; mantuvieron un paro de labores de casi siete meses en la entidad; soportaron la suspensión de pagos de sus salarios de agosto a noviembre de ese año; y sólo regresaron a clases y dieron por concluida la fase violenta del conflicto magisterial cuando les fueron satisfechas sus principales demandas.
¿Qué idea dejó todo esto? Que el único capaz de poner de cabeza al estado, y en jaque al gobierno, era el magisterio democrático, y que por eso la alianza con ellos debía prevalecer casi por encima de cualquier otro interés que pudiera existir en la entidad. Asumieron, pues, que esa era la alianza que permitía la gobernabilidad.
Y, silenciosamente, dieron también por hecho que esa unión podía sostenerse a pesar de los daños que pudiera generarle a la ciudadanía y al interés público, porque en este caso era predominante la capacidad de organización de los profesores sobre la volatilidad que tiene la ciudadanía, quien únicamente demuestra inconformidad por destellos, para luego olvidarlos y dar paso a un nuevo margen de tolerancia que soporte nuevos y más contundentes actos de presión.
Si asumimos la realidad con objetividad podremos ver que eso es exactamente lo que ha pasado. Por eso el gobierno mantiene una alianza irrompible con los grupos de presión que considera fundamentales para el mantenimiento de su gobernabilidad. Y por eso deja a la ciudadanía al garete, dando por hecho que a pesar de su inconformidad ni podrá tomar represalias en su contra (en las urnas, por ejemplo) y que tampoco esa inconformidad podrá destituirlos de su cargo. Algo ciertamente terrible, pero parte de la cruda realidad que vivimos los oaxaqueños todos los días.

GUELAGUETZA ¿TAPATÍA?
Fueron presentados los anuncios comerciales que se transmitirán por radio y televisión nacional sobre la fiesta de los Lunes del Cerro. Llama la atención que la música que ambienta los comerciales no es oaxaqueña, sino que más bien suena como a música del estado de Jalisco. ¿Habrán cometido tal barbaridad los lúcidos funcionarios de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico? Es pregunta.