+ Los diputados, como simples merolicos

La sesión del pasado martes, en la que la LXII Legislatura del Estado “discutió” y aprobó la reforma constitucional federal en materia de energéticos, pintó de cuerpo entero la improvisación y la falta de oficio de todos los que integran esa Legislatura. Es lamentable que hoy, los legisladores locales no sólo no demuestren capacidad para cumplir su labor, sino que tampoco tengan noción de que el trabajo legislativo y político debe estar también determinado por la ética y la dignidad, que ellos aún no parecen ver.
En efecto, la sesión extraordinaria para discutir la reforma energética fue citada para las 18 horas del pasado martes. De entrada la sesión legislativa inició casi con una hora de retraso, y desde el momento en que inició arrancaron también las protestas de integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, que a gritos e insultos trataban de impedir que se llevara a cabo la discusión y aprobación de la reforma en cuestión.
Los trabajos legislativos iniciaron, aunque sólo para que el improvisado presidente de la Mesa Directiva, Jesús López Rodríguez, dispusiera que la remisión del Congreso de la Unión que daba cuenta de la reforma constitucional, sería turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y ésta emitiera, en sólo 20 minutos, el dictamen respectivo para que fuera conocido y, en su caso, aprobado por el Pleno.
Los 20 minutos mandatados se convirtieron en casi una hora. Pero cuando reinició la sesión a los diputados les fueron entregados sendos sobres con copias fotostáticas del dictamen elaborado y firmado por cuatro de los cinco integrantes de la Comisión respectiva. La Mesa Directiva anunció que abriría un espacio para que alguno de los integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales subiera a tribuna a ofrecer detalles de lo dictaminado. Ante el silencio, Jesús López pidió la dispensa de la lectura del documento y antes de proceder a la votación, abrió la tribuna para que diputados hicieran posicionamientos respecto a la reforma.
Por parte de PAN y PRI, no hubo una sola participación. No fue así, primero, porque ninguno de los legisladores de dichos partidos se iban a arriesgar a ser abucheados por los agresivos integrantes de Morena que a gritos intentaban inhibir la sesión extraordinaria. Los que sí pidieron la palabra fueron todos los integrantes de la bancada del PRD, el Diputado del PT (a quien señalaban de haber introducido a los manifestantes al Pleno), y el Legislador del PUP. Todos exaltaron el nacionalismo petrolero e intentaron quedar bien con los manifestantes, quienes tachaban a todos los demás de traidores. A pesar de ello, nadie pudo conseguir que el sentido de la votación cambiara.
Luego vino lo peor. El enorme grado de improvisación y de desconocimiento jurídico y de la práctica parlamentaria del diputado López Rodríguez (y de todos los que, de facto y de jure lo asesoran desde la Oficialía Mayor), llevó a que éste pusiera a consideración del pleno un asunto nada menos que de naturaleza constitucional: influenciado por el hecho simple de no saber qué hacer, pidió que los diputados votaran para decidir si para la aprobación de la reforma era necesaria una mayoría absoluta o una calificada. Ese cuestionamiento estéril implica varios yerros juntos.
Primero, porque la Constitución de la República no establece que las Legislaturas estatales deban aprobar una reforma constitucional federal con una mayoría distinta a la simple. Y segundo, porque ya metidos en ese embrollo, era jurídicamente insostenible la posición del diputado Rodríguez y sus asesores, de someter a votación un tema que está perfectamente claro en la Constitución y que además no admite posiciones por parte de particulares, incluso siendo diputados. Esto, por el falso dilema de la mayoría absoluta o calificada. Pues en realidad ninguna de las dos era necesaria en razón de lo dicho en líneas anteriores.
Sin embargo lo que pasó fue distinto: todos los diputados admitieron que ese asunto se sometiera a votación (incluso los del PRI y PAN, que sabían de su mayoría absoluta de 28 votos, pero que claramente desconocen la ley y la infringen de una forma abominable), y sólo cuando ganó la posición de la mayoría absoluta todos estuvieron dispuestos a votar.

INDIGNIDAD Y DESCONOCIMIENTO
Mientras se daban esas discusiones, el coordinador de los diputados del PRI, y presidente de la Jucopo, Alejandro Avilés, perdía todas las formas posibles del decoro y del respeto a los demás diputados, y se dedicaba a hacer señas, como porrista, a sus correligionarios y a los diputados panistas, para que éstos votaran o dejaran de hacerlo según fuera la conveniencia. Olvidó que hasta para eso existen formas, y prefirió la más burda para hacer valer su papel de coordinador de su bancada, y jefe de facto de la mitad de los panistas, ante la debilidad y falta de oficio político de la coordinadora panista, Antonio Natividad Díaz Jiménez.
Todo eso, sin embargo, no fue suficiente para detener este trajín de errores. Una vez que se determinó que la votación sería por mayoría absoluta, los integrantes de Morena que estaban en las galerías (y sobre los cuales la Mesa Directiva nunca llamó al orden, ni decidió su retiro ante su mal comportamiento, tal como lo manda el Reglamento del Congreso) comenzaron a cantar el Himno Nacional, secundados por los diputados que anunciaron que votarían en contra. Cuando ello ocurría, y en pleno desarrollo de la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva decidió abandonar su función y levantarse de su asiento para entonar el Himno.
No estaba mal que lo hiciera. Pero cuando eso pasó, las diputadas priistas integrantes de la Mesa nunca supieron que cualquiera de ellas podía tomar el control de la sesión y continuarla. La votación, finalmente, alcanzó los 28 votos previstos. Y la reforma quedó aprobada aunque en medio del oprobio por avalar lo que desconocían, y por haber sido partícipes de una sesión en la que quedaba claro que es deplorable el nivel de política y de labor legislativa de nuestros legisladores locales.

PRI: NUEVO DELEGADO
Hace diez días en este espacio anunciamos que Melquiades Morales dejaría la delegación del CEN del PRI en Oaxaca, y que llegaría un ex gobernador sureño, que no era Mario Marín. Todo ocurrió tal cual, con el arribo del ex gobernador guerrerense, René Juárez. Lo que sigue en el aire es la sucesión en la dirigencia estatal. ¿Habrá en todos la prudencia, la ascendencia y el nivel político para poder aguantar esa renovación? Eso lo veremos pronto. Abundaremos.

+ Las entidades federativas, como apéndices de EPN

Casi al finalizar la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó, vía fast track, el proyecto de reformas a la Constitución en materia de energéticos. Y en menos de cuatro días, esa iniciativa está a punto de convertirse en Norma Constitucional al haber sido aprobada, hasta la tarde de ayer domingo, por 15 de las 17 Legislaturas estatales que son necesarias, para que una reforma o adición pueda incorporarse, según el artículo 135, a la Constitución de la República. Al margen del contenido de la reforma energética, deberíamos comenzar a considerar la posibilidad de liquidar también nuestro sistema federal que, según vemos, no sirve para nada.
En efecto, la tarde de ayer el servicio de noticias del periódico El Universal, daba cuenta de al filo de las 15 horas de este domingo, el Congreso de Tamaulipas había aprobado por mayoría la reforma energética, con lo que se convertía en la entidad 15 en avalarla. “La sesión estaba programada a las 17:00 horas —reportaba El Universal—, pero de manera sorpresiva los diputados adelantaron la votación. Incluso, algunos legisladores príistas llegaron vestidos con ropa informal, pues fueron citados cuando se encontraban en una reunión estatal en el Polyfurum Victoria, a una calle de la sede del Congreso. Afuera del congreso estaban simpatizantes del PRD y Morena, quienes gritaban consignas en contra de la reforma.” Presenciamos hoy el peor de los escenarios para la discusión de una reforma de gran calado, del que hablábamos hace apenas una semana en este espacio.
El 10 de diciembre pasado, apuntábamos en este espacio lo siguiente: “La verdadera oposición a la reforma energética no se encuentra en las calles o en la toma de la tribuna legislativa, como intentan hacer algunos grupos de izquierda en el país: la respuesta de fondo, y la verdadera oposición a un intento como éste se encuentra en la propia Constitución de la República. ¿Por qué nadie la ve? Porque en realidad es tanto el desprecio que el centro del país le tiene a las entidades federativas —y éstas se encuentran tan desvalorizadas— que todos intentan consumar, o frenar, la reforma energética desde el centro de la República.” Hoy vemos que no sólo se intentó consumar desde el centro, sino que las entidades asumieron plenamente el desprecio a ellas mismas y decidieron aprobar, sin leer y sin discutir, la reforma energética.
Eso es abominable. Y lo es no porque necesariamente la reforma energética sea dañina para el país —pues para afirmar eso es necesario analizar el texto aprobado y, a partir de eso, construir un criterio propio e informado— sino porque lo que estamos presenciando es la consumación del regreso del centralismo pleno. Es decir, esa forma de gobierno en la que todo se decide desde un solo espacio, y en el que lejos de haber resistencias, todos colaboran para que eso ocurra sin contratiempos. Veamos si no.
La reforma energética comenzó a ser discutida la semana pasada en el Senado. Ahí, una reforma de gran calado fue aprobada en una “sesión histórica” de apenas 20 horas de duración. ¿20 horas son suficientes, o muchas, para de verdad discutir y analizar a fondo un tema que ha preocupado a nuestra nación durante décadas?
Nosotros creemos que ello ameritaba más que posiciones políticas y que una reforma de tal magnitud debió pasar por la construcción de un criterio propio en cada legislador, y no sólo por la necesidad de quedar bien con el Presidente, o de la disciplina a los intereses de su partido. Incluso, creemos que quienes estaban en contra debieron hacerlo valer a través de formas y argumentos más inteligentes, y no a partir de falsas posiciones ideológicas, y demagógicas, que al final no hicieron sino ayudar a quienes querían derrotarlos en las discusiones y votaciones legislativas.

LIQUIDEMOS EL FEDERALISMO
Nuestro gobierno está construido a partir de un modelo federal, en el que entidades soberanas se unieron para formar un ente gobernante superior, que pudiera proveerlos a todos de seguridades y bienestar, pero sin que esos estados forjadores de la Federación perdieran su independencia o quedaran subordinadas al poder federal. Eso es lo que se supone, aunque lo cierto es que el poder presidencial siempre ha tenido como tarea implícita la concentración del poder a partir de restarle importancia real a las entidades formadoras de la Federación.
Hoy debiéramos comenzar a pensar en liquidar nuestra Federación. A la vista de todos, el gobierno nacional recentralizó en pocos meses un conjunto enorme de facultades que antes estaban en manos de las entidades federativas (incluso, ahora mismo está recentralizando la organización electoral, que en los últimos años se había constituido como una de las principales banderas del federalismo mexicano); y hoy, también a la vista de todos, las entidades federativas no sólo no han reaccionado frente a ese renovado proceso de centralización por parte del gobierno nacional, sino que están abiertamente colaborando a que eso ocurra.
Sólo así puede explicarse que entre los días viernes, sábado y domingo, los estados de Chiapas, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Durango, Baja California Sur, Campeche, Sonora, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas hayan aprobado la reforma energética sin analizarla, sin leerla, sin discutirla y sin asumir una postura propia y consciente de lo que estaban haciendo. Todos lo hicieron para apoyar una política presidencial; lo hicieron para quedar bien con el Presidente; y para evitarle al PRI seguir pagando costos políticos por esa reforma polémica, y para vencer de una vez por todas a la izquierda que intentó oponerse de la peor forma posible, desdeñando la discusión seria, y dedicándose a cerrar calles, como si con eso pudiera evitar las votaciones.
Es desgarrador aceptarlo. Pero hoy queda menos de nuestro Federalismo que hace un año. Quizá hoy lunes quede consolidada la reforma constitucional en materia de energéticos, cuando se junten las 17 Legislaturas estatales a favor, que son necesarias para la declaratoria de reforma constitucional.

ADIÓS FEDERALISMO
Lo sentenciaba ayer Arnaldo Córdova, en la última parte de un lúcido texto publicado en La Jornada: “Enrique Peña Nieto es el sepulturero de la Constitución de 1917”, afirmaba. Quién sabe si de toda. Pero de lo que sí estamos seguros es que con esto, el Presidente y las “entidades federativas” —¿o provincias?— sepultaron al federalismo. Y sólo falta que regrese Santa Anna.

+ Referéndum, escondido para evitar ser visto

Si nada extraordinario ocurre, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobará la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de la República, para continuar el cauce de la llamada reforma energética. Junto a esta reforma –que no sabemos si llegue a consolidarse, porque en las reformas a la Constitución participan también las entidades federativas, y quién sabe qué determinen éstas al respecto- habrá de darse otra, menos compleja, que dará a los ciudadanos mexicanos nuevas y amplias posibilidades de participación directa en los asuntos de incumbencia nacional. Nos referimos a la Consulta Popular, que ya sólo falta ser votada en el Senado de la República para convertirse en ley.
En efecto, la noche del martes la Cámara de Diputados aprobó, por una amplísima mayoría (436 votos a favor, 36 en contra y una abstención) la iniciativa de Ley de Consulta Popular, la cual es reglamentaria de la también recién adicionada fracción VIII del artículo 35 de la Constitución federal. Este nuevo mecanismo –que en Oaxaca ya existe, aunque hoy no sólo parece olvidado, sino también escondido por los poderes públicos para evitar que la ciudadanía asuma este nuevo rol en la democracia- implicará una nueva forma de participación de la ciudadanía en el contexto de la discusión nacional sobre la reforma energética. ¿Por qué?
Porque esta Ley de Consulta Popular fue una de las condiciones puestas por las fuerzas de izquierda nacional para poder darle paso a la discusión de la reforma energética. Como bien sabemos, la discusión sobre el marco jurídico -constitucional y legal- que debe regir al petróleo, la electricidad y demás energéticos, tiene una fuerte carga emocional para los mexicanos. La del petróleo, es la única batalla que históricamente le ha ganado México a las potencias extranjeras (particularmente a Estados Unidos). Por esa razón, en este tema el nacionalismo se exalta de una forma exponencial y se llega incluso a la posición de preferir que los energéticos se pudran en la naturaleza, antes que volver a entregarlos a manos y capitales extranjeros.
En ese sentido, es claro que aún cuando la reforma energética no tiene un futuro expresamente definido (hay conciencia de que es muy posible que se apruebe, mas no se puede afirmar esto con toda claridad hasta que la iniciativa no sea aprobada por las dos cámaras legislativas federales, y por la mitad más uno de las Legislaturas de los Estados), la Ley de Consulta Popular va caminando en una senda distinta: para que ésta llegue a convertirse en ley, sólo es necesario que la vote la mitad más uno de los integrantes del Senado de la República.
¿Qué implica esta reforma? En términos sencillos, la Ley de Consulta Popular lo que hace es establecer el referéndum como forma en la que los ciudadanos pueden emitir su opinión respecto a un tema de trascendencia nacional. En este sentido, la fracción VIII del artículo 35 constitucional establece que es derecho de los ciudadanos mexicanos “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”. La propia Constitución establece las bases generales, que en síntesis son las siguientes:
Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente; del equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras federales; o los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores; y cuando la solicitud sea de al menos 40% de los ciudadanos el resultado será vinculatorio para las autoridades. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, entre otras enumeradas en la propia Constitución.

EL REFERÉNDUM Y SU
IMPORTANCIA NACIONAL
La aprobación de esta ley constituye un paso fundamental para la democracia. En México ha sido largamente anhelada la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar de forma directa en los temas que son de trascendencia nacional. El referéndum, o consulta popular, habían sido exigencias históricamente alejadas de la democracia mexicana, por ser contrarias a la tradición verticalista del régimen de partido hegemónico construido por los años de gobierno priista, y sostenidas en la primera alternancia de partidos en el poder a través del panismo.
Hoy el presidente Enrique Peña Nieto está buscando consolidar la reforma energética y a cambio el Congreso está abriendo una ruta por la que, al menos en la reforma energética, debemos transitar de forma irremediable: la consulta popular. Será sano para todos, incluso para quienes impulsan la reforma energética, que ésta decisión trascendente y que involucra a todos los mexicanos, sea sometida a una consulta en la que todos tengan posibilidad de participar, y en la que sea la propia ciudadanía quien refrende o rechace lo dispuesto por los integrantes de las cámaras legislativas.
Todo esto, para sorpresa de todos, ya existe en Oaxaca. El referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, el cabildo abierto, la audiencia pública y los consejos consultivos ciudadanos son mecanismos de democracia directa que existen en la Constitución de Oaxaca, y que están claramente reglamentados por una norma específica (la Ley de Participación Ciudadana), pero que por alguna extraña razón nunca han sido siquiera mencionados por el oficialismo o la oposición para darle un grado distinto, y mayor, de legitimidad a ciertas decisiones que trascienden a la vida y el bienestar de toda la ciudadanía.

MECANISMOS ESCONDIDOS
La Audiencia Pública es un mecanismo que casi de forma exclusiva es utilizado por el Gobernador del Estado. Aún con todas las críticas que se hacen a esos ejercicios, ésta es una forma de acercamiento con la ciudadanía, que hasta hace poco tiempo era inexistente. Pero de lo demás nadie tiene noticia. ¿Por qué en ninguna de las decisiones trascendentes de Oaxaca, los diputados, el Gobernador, o los propios ciudadanos, han optado por estos mecanismos? ¿A quién le conviene tanto, que todo esto siga siendo simplemente letra muerta en Oaxaca?

+ No hay consecuencias, ni reproches morales

Nuevamente comenzaron las comparecencias, y más allá del circo mediático y la faramalla que implica el enfrentar cara a cara con los secretarios del gobierno estatal con los diputados, lo que queda claro es que ese ejercicio no sirve para nada. No hay utilidad, porque la exhibición pública de yerros y desajustes en las tareas de gobierno no implica ningún compromiso ni consecuencia; y porque, ya ni siquiera en el plano de lo moral existe la posibilidad de que la recriminación sirva para que la sociedad o el propio gobierno tomen medidas para remediar las situaciones que se denuncian.
En efecto, hoy queda claro que la connivencia de diputados y funcionarios estatales ha traído consecuencias funestas para el equilibrio y los contrapesos en el poder público. Se supone que las comparecencias son el ejercicio posterior a la entrega del Informe anual de labores del Titular del Poder Ejecutivo, que tendría como utilidad que los diputados evaluaran con detalle, y tema por tema, los diversos sectores del gobierno que atienden las necesidades de la ciudadanía a través de servicios y obras.
El problema es que ese ejercicio hoy en día está plagado de vicios. Desde que comenzaron los tiempos de la alternancia –y el Gobernador dejó de ser del mismo partido que la mayoría legislativa, como fue hasta la LX Legislatura–, los diputados asumieron la “costumbre” de sostener encuentros y negociaciones previas con los funcionarios comparecientes para establecer los términos de las comparecencias. ¿La razón? Que se convirtió en una moneda de cambio la posibilidad de sostener un encuentro terso a cambio de beneficios y canonjías para cada legislador; o, en su defecto, que éstos tundieran al servidor público si no cumplía, previamente, con ciertos caprichos o peticiones de cada uno de los legisladores.
El resultado es funesto: en estos tres años, el ejercicio de las evaluaciones al Informe de Gobierno no sólo no mejoraron, sino que se llenaron de todos los vicios que nadie hubiera querido para una verdadera transición democrática. Pues contrario a lo que se hubiera esperado, en los temas torales de la relación entre poderes, los diputados deliberadamente quisieron simplemente no hacer nada para establecer métodos de control eficaces para conseguir que la administración pública tuviera un mejor funcionamiento, y también para corregir las fallas que hubiera en el ejercicio administrativo y de gobierno.
Al no establecer ningún mecanismo de control, ni de evaluación, ni de sanción respecto al funcionamiento de las secretarías del gobierno estatal, los diputados dejaron todo a la sanción moral, como forma de control respecto a los funcionarios. Sólo que ese mecanismo moral se vició en sí mismo cuando se volvió público que los funcionarios y los legisladores negociaban previamente la forma y los términos de la comparecencia, y cuando quedó claro que mucho de lo que ocurría era un encuentro pactado que no incluía ni informe serios sobre el funcionamiento del gobierno (todo se reducía a una exaltación unilateral de logros de la administración, aunque sin el contraste necesario con las metas incumplidas y sin ofrecer datos y estadísticas serias sobre el rubro), y tampoco críticas basadas en la razón y en la responsabilidad por parte de los diputados, que sólo iban a cumplir con el papel negociado y no a refrendar la representación popular que la ciudadanía les entregó a través de las urnas.

UN CIRCO
Frente a todo esto, queda claro que el problema del formato actual de este ejercicio no sólo radica en el hecho de que las comparecencias sean un auténtico circo, sino sobre todo en el hecho de que éstas no tienen impacto alguno en la evaluación del trabajo realizado, o en el establecimiento de compromisos sobre las deficiencias en el ejercicio de la administración pública. No. Porque en realidad las comparecencias sirven sólo para que los diputados se luzcan señalando, cuestionando y descalificando a los servidores públicos, y para que éstos vayan e informen lo que les viene en gana.
Ahí existe un problema de fondo que, deliberadamente, no ha sido atacado. Pues desde que ocurrió el establecimiento de las comparecencias de secretarios de despacho ante el pleno del Congreso del Estado, se han ido anidando un conjunto de prácticas que hoy hacen no sólo inviables las comparecencias como una forma de rendir cuentas, sino que incluso las convierten en un ejercicio nocivo porque lo que se hace año con año es refrendar las prácticas de connivencia que no debían existir en algo a lo que muchos insisten en llamar como “democracia”.
Y es que a la distancia se ha podido corroborar que la fragilidad de ese mecanismo de rendición de cuentas, y las amplias libertades que permite tanto para quienes comparecen, como para quienes examinan, permite que en realidad las comparecencias se hayan convertido ya en un auténtico “toma y daca” de negociaciones, prebendas y hasta extorsiones, en las que diputados y funcionarios se reúnen previamente para negociar no los compromisos, sino la cordialidad o dureza con la que serán tratados. Lo grave es que en esas “negociaciones” lo que se pone sobre la mesa es impunidad, recursos económicos, prebendas y “colaboraciones en conjunto”, que en realidad no son sino una forma de institucionalización de muchos de los negocios turbios que siguen existiendo en el ejercicio del poder público.
Hasta hoy, los diputados han omitido de forma deliberada revisar el formato de las comparecencias. En el inicio de la LXII Legislatura, los legisladores aparentan estar aún metidos en la ingenuidad que esconde la voluntad porque las cosas no cambien. Eso es lo que hemos visto hasta ahora: comparecencias en los que los funcionarios van a decir lo que quieren y no lo que deben; y en las que los señores legisladores vociferan, se rasgan las vestiduras, exigen renuncias y confrontan de manera abierta a los servidores públicos comparecientes. Aunque al final todo termina en que no pasa nada, en que los gritos y las cifras alegres sirven para resolver nada, y en que al terminar el día todos se van a su casa aunque todos los problemas discutidos y denunciados, sigan existiendo.

NO HAY CONSECUENCIAS
Ese es el problema: que no hay consecuencia ni compromiso alguno derivado de las comparecencias. Por eso todos van a prometer lo que quieren, y a cumplir lo que pueden o que se les antoja. Y los diputados siguen voluntariamente atados de manos dejando de lado la posibilidad de hacer algo de veras positivo para Oaxaca.

+ Posible, estar a favor o en contra: pero bien hecho

La verdadera oposición a la reforma energética no se encuentra en las calles o en la toma de la tribuna legislativa, como intentan hacer algunos grupos de izquierda en el país: la respuesta de fondo, y la verdadera oposición a un intento como éste se encuentra en la propia Constitución de la República. ¿Por qué nadie la ve? Porque en realidad es tanto el desprecio que el centro del país le tiene a las entidades federativas –y éstas se encuentran tan desvalorizadas- que todos intentan consumar, o frenar, la reforma energética desde el centro de la República, cuando México es un país que tiene 32 entidades, todas con distintos intereses, posiciones y visiones respecto al petróleo y los energéticos.
En efecto, ayer que la discusión legislativa en el Senado estaba a punto de pasar de las comisiones al pleno, legisladores del PRD optaron por su tradicional estrategia de tomar la tribuna de la cámara alta, para tratar de impedir que la discusión iniciara y siguiera avanzando la consolidación de la reforma legislativa, en las cámaras federales. Antes, los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional –partido en ciernes, del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador- habían instalado un cerco a las instalaciones del Senado, intentando con ello evitar que los legisladores pudieran llegar al recinto senatorial. Además de que esos intentos son ilegales, éstos también han demostrado su ineficacia ante un asunto de tal envergadura como el que enfrenta la nación con la reforma energética.
Y es que en el fondo la discusión radica sobre la posibilidad de que el Estado mexicano permita o no que capitales privados, y extranjeros, se involucren en tareas de exploración y extracción de petróleo y gas. La visión nacionalista que defienden los partidos de izquierda en el país, intenta evitar que manos ajenas al Estado mexicano tengan intervención en esas tareas, y plantean una reforma a Petróleos Mexicanos para dotarlo de las herramientas que necesita. La otra visión, la del gobierno federal (respaldada por el PRI y el PAN) busca la salida más práctica: que, como en otros países, el Estado mexicano permita la intervención privada para hacer más competitiva a la industria, para permitirle avances en un lapso menor de tiempo, y para compartir riesgos en las labores de exploración en las que hoy el Estado es el único que gana o pierde, con la búsqueda de nuevos yacimientos en aguas profundas.
Queda claro que esas dos visiones son irreconciliables. Así lo han aceptado el PRI y el PAN de la mano con el gobierno federal, y también así lo asume el PRD y los demás grupos de izquierda en el país, que juntos dicen que no darán tregua en sus respectivas posiciones. Los partidos que impulsan la reforma energética decidieron dejar atrás los pactos de pluralidad para erigirse en un abierto grupo aliado que se limitarán a la tarea de sacar juntos la reforma constitucional, uniendo el número de votos que necesitan en las dos cámaras legislativas federales. Y enfrente, los grupos de izquierda intentan frenar la reforma con lloriqueos, con marchas, con cercos y con toma de tribunas legislativas.
Juntos parecen no comprender que la nación es mucho más que tres partidos; que México es mucho más que dos cámaras legislativas, y que 500 diputados y 128 senadores. México es una federación, formada por 31 entidades y un distrito federal, los cuales deberían ser tomados en cuenta e involucrados de forma determinante en una reforma de tal calado como la que se intenta. Nadie lo ve. Y lo más triste es que parece que los mismos estados no asumen su importancia en este momento tan decisivo para la nación.

VOLVER A LA CONSTITUCIÓN
México, lo sabe cualquier abogado, tiene una Constitución que establece un método rígido para realizarle reformas o adiciones. Esto es, que contempla un procedimiento especial, distinto y más complejo, que la forma en que se puede concretar una modificación a leyes ordinarias.
De hecho, el artículo 135 constitucional establece: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados.”
Ya metidos en la dinámica política tradicional de nuestro país, podríamos descalificar esta vía por considerar que en México las cosas se arreglan de otra forma. Es decir, con protestas, en las calles, o con toma de tribunas legislativas. No entendemos que todas las posibilidades siguen abiertas, porque el hecho de que el PRI y el PAN en el ámbito federal acuerden una reforma, no significa en automático que ésta alcanzará el nivel de constitucional, y que por ende se volverá obligatoria para todo el país.
Por eso es momento de que todos regresemos a ver la importancia que tienen las entidades federativas (Oaxaca entre ellas) en todo este proceso, y que todos asumamos que este es el momento en que todos los ciudadanos -al margen del PRI, del PAN, del PRD o de López Obrador-, dejemos los intentos demagógicos para defender a nuestra Constitución, y lo hagamos por las vías que la propia Carta Magna nos ofrece. Es decir, que si no estamos de acuerdo con reformas como la energética, a los mexicanos nos queda, antes que las calles o que la resistencia, la segunda –e igual de importante- parte del 135 constitucional, que establece que las Legislaturas locales deben también dar su anuencia para que una reforma alcance verdaderamente el rango de constitucional.
No valoramos esa situación; las mismas entidades federativas no valoran su posición e importancia en un momento como éste. Es lamentable porque entonces queda demostrado que el centralismo en nuestro país es aprovechado por quienes quieren decidir todo desde la ciudad de México, pero también por las entidades que no asumen su importancia, y que aún se creen simples provincias de un virreinato que dejó de existir hace casi dos siglos en nuestro país.

POSICIÓN EN OAXACA
Aquí habrá una situación particular con la reforma energética: para aprobarla, la Legislatura necesita el voto de la mitad más uno de sus integrantes. En Oaxaca, la LXII Legislatura tiene mayoría simple priista. Pero oficialmente gobierna el PRD. Y no sólo eso: el gobernador Gabino Cué ha sido un decidido partidario de personajes como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué pasará?

+ Gobierno siempre ha dado dinero; hoy lo desperdicia

A nadie debería sorprender que cada año el gobierno estatal entregue recursos económicos millonarios a organizaciones sociales afines a su causa: lo que sorprende es que a pesar de que esos montos son destinados a proyectos productivos que no siempre se realizan, o que en muchos de los casos son destinados a fondo perdido, de todos modos el gobierno hoy en día esté sometido no sólo al peor chantaje por parte del magisterio, sino de esas mismas organizaciones sociales que hacen y deshacen a placer, y exigen como si no recibieran nada y como si no tuvieran beneficios y trato envidiable frente a cualquier gobierno en toda la República. Eso, y no el propagandismo de los últimos días, es lo que debería sorprender.
En efecto, el fin de semana medios informativos de la capital del país como Reforma y Proceso, daban cuenta de que en los últimos tres años, el Gobierno del Estado ha entregado más de mil millones de pesos a distintas organizaciones sociales, varias de las cuales han demostrado tener como práctica común la realización de bloqueos, marchas, manifestaciones y paros, además del constante ejercicio de la violencia y el chantaje como medios de negociación.
Según lo que publicaban esos medios, entre las agrupaciones beneficiadas, según una investigación de Reforma, están corrientes pertenecientes a la Sección 22 y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, incluyendo las que realizan el plantón en la Ciudad de México desde julio pasado. La nota resaltaba que a sólo 15 organizaciones el gobierno estatal les entregó los mil millones de pesos en cuestión, y que el senador perredista Benjamín Robles Montoya es el promotor político de 10 de las 15 agrupaciones indígenas, obreras, campesinas y de transportistas que han sido beneficiadas por el gobierno.
Incluso señalaba que dos de las 15 agrupaciones civiles actúan en la Sección 22. La más radical es el Frente Popular Revolucionario (FPR), a la cual el gobierno oaxaqueño asignó casi sesenta millones de pesos en los últimos dos años, “aun cuando considera [el propio gobierno] que practica el secuestro de funcionarios y el bloqueo de instalaciones públicas, como estrategia de lucha”.
Otras de las organizaciones beneficiadas son Antorcha Campesina, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y el Frente Amplio de Lucha Popular, que en los últimos años ha cobrado fuerza por su capacidad de movilización, por la diversificación de sus actividades hacia temas como el mototaxismo y el autotransporte irregular, el comercio ambulante y la invasión de tierras, también conocida como paracaidismo, en distintas regiones del Estado.
En este sentido, es claro que la intención de lo publicado el fin de semana era desacreditar al gobierno respecto al supuesto financiamiento de actividades ilícitas, dejando ver que el gobierno de Oaxaca paga a organizaciones que están adheridas a la Sección 22 del SNTE y a grupos beligerantes como el Ejército Popular Revolucionario.
El fondo del asunto se encuentra en generar presión en el hecho (incalificable, e inadmisible, en sí mismo) de que los cuatro profesores que se encuentran recluidos en un reclusorio de la capital del país, acusados del secuestro de dos menores, hijos de un empresario local y sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, han tenido una feroz defensa por parte del magisterio democrático, quien en la misma Ciudad de México ha puesto como uno de los temas determinantes para la negociación relacionada con la implementación de la reforma educativa, que esos profesores (a los que incluso califican como “presos políticos”) sean liberados.
Y según ha filtrado el gobierno federal en los últimos meses, esos cuatro profesores presuntamente pertenecen a una banda delictiva, ligada a un grupo guerrillero (que en este caso sería el EPR), que practica el secuestro como una forma política de “recuperación” o de “confiscación” a personas que ellos califican como oligarcas, o como capitalistas, o simplemente como enemigos del movimiento popular.

LO SORPRENDENTE ES EL CHANTAJE
Si bien es clara la intención de la información, y más por el hecho de que coloquialmente se dice que el Frente Popular Revolucionario es el brazo político y la cara visible del Ejército Popular Revolucionario, lo cierto es que en realidad es poco posible que puedan vincularse las actividades de esas organizaciones, con el funcionamiento de la Sección 22 o el EPR (que tienen su propia estructura, funcionamiento, autonomía de decisión, y fuentes de financiamiento, de las que hemos hablado ampliamente en este espacio).
Lejos de lo que se pretende, lo que debería sorprender —e indignar a todos los oaxaqueños— es el hecho de que a pesar de que esas organizaciones reciben cantidades millonarias de dinero cada año —que en muchos casos no pueden ser ni siquiera fiscalizables—, esa entrega surge de compromisos y padrinazgos políticos que además ni siquiera redundan en una mejor gobernabilidad o cuando menos en algo de paz social y respeto a la ley en Oaxaca.
Veamos el asunto en perspectiva: hoy en día, esas organizaciones reciben más dinero que nunca, pero también presionan más que nunca a la autoridad. Sólo la semana pasada, la Sección 22 recuperó violentamente dos instalaciones educativas, apoyada por los grupos de choque pertenecientes al FPR. Del mismo modo, el FALP (otro de los grupos de lucha social beneficiados, el cual es encabezado por Jesús López, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local) protagonizó este fin de semana —y eso también ha sido recurrente— hechos violentos en municipios conurbados a la capital oaxaqueña, relacionados con la invasión y defensa de predios irregulares, o rutas de transporte, sobre los que ellos tienen control.

DINERO, A LA BASURA
Lejos del estruendo, deberíamos preguntarnos y preguntarle al gobierno estatal: ¿esos recursos, esos mil millones de pesos, entregados para proyectos productivos y en ayuda de programas sociales, pueden ser fiscalizables, y el gobierno puede dar cuenta de su destino? Si esos dineros los entrega a cambio de paz social, ¿entonces por qué de todos modos Oaxaca sigue siendo una entidad ingobernable, determinada por las reglas y los chantajes de organizaciones de lucha social, que son cobijadas y alentadas desde el mismo gobierno, pero que lo tienen de rodillas? El senador Robles Montoya debía también explicar lo anterior porque en gran medida esos beneficios se obtienen por su gestión, y en su nombre.

+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

+ Oaxaca y Michoacán, dos ejemplos de ello

Hace exactamente siete años, el gobierno federal que encabezaba el presidente Vicente Fox Quesada se vio obligado a enviar ayuda a la entidad, luego de cinco meses de mantener en el deliberado olvido el conflicto magisterial de Oaxaca. La intención presidencial era la de desaparecer los poderes y preferir la “salida fácil” antes que resolver de fondo un conflicto del que todavía todos pagamos las consecuencias por la insistencia en salidas parciales. Hoy, cuando Michoacán se encuentra bajo un verdadero estado de emergencia, de nueva cuenta la gran “propuesta de solución” del PAN es otra vez apostarle a aprovechar la oportunidad para cuestionar a sus adversarios, valiéndose engañosamente de la desaparición de poderes para lograr ese objetivo que, de nuevo, no resuelve en nada los problemas de fondo que enfrenta esa entidad federativa.
En efecto, la Constitución de la República establece la figura de la desaparición de poderes, pero sólo como un recurso extraordinario cuando se han agotado todos los demás mecanismos que establece la misma Constitución para enfrentar los casos de emergencia que pudiera enfrentar alguno de los estados que forman el Pacto Federal.
En el caso de Oaxaca, en mayo de 2006 el magisterio inició su jornada de lucha anual en pos de un incremento salarial. La protesta se alargó y, de forma desastrosa, el gobierno estatal tomó la decisión de desalojarlos. Eso provocó una reacción en búmeran que finalmente terminó impactando en la pérdida de la gobernabilidad, y lastimado gravemente el orden público y los derechos de toda la ciudadanía.
Cuando ello ocurrió, el gobierno del presidente Fox insistía en que el conflicto magisterial era un tema exclusivo de Oaxaca, y que sobre ello el gobierno federal no tenía ni injerencia ni interés en intervenir, en lo que mañosamente consideraba como un conflicto de índole local. La Federación asumía esa postura, porque tenía una clara animadversión contra el entonces gobernador Ulises Ruiz. Y para conseguir el supuesto constitucional para quitarlo del cargo, tenía que dejar que la situación de conflicto e ingobernabilidad se agravara a tal punto, que pudiera considerarse que prevalecían condiciones propias para la desaparición de los poderes. A eso le apostaron y Oaxaca pagó las consecuencias.
Ya en los meses de septiembre y octubre de aquel año, el gobierno federal presionó al Senado para que éste viniera a corroborar qué situación prevalecía en la entidad, con el objeto de desaparecer los poderes. Fue, de nuevo, un tema político el que frenó tal intención cuando el PRI amagó con hacer algo similar al entonces presidente electo Felipe Calderón que, como Ruiz en Oaxaca, había ganado los comicios por un estrechísimo margen, y estaba legitimado por un número relativamente corto de electores en relación a sus adversarios políticos. Así, el gobierno federal nuevamente frenó sus intenciones, y el Senado concluyó que en Oaxaca no había condiciones suficientes como para desaparecer los poderes. El gobernador Ruiz continuó en el cargo pero, como lo hemos dicho, Oaxaca pagó –y sigue pagando- las consecuencias.
Hoy en Michoacán las cosas están en situación crítica. En la madrugada del domingo, pasado hombres armados atacaron instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad y varias gasolineras en diversas ciudades de aquella entidad, ocasionando apagones y caos.

LA “SOLUCIÓN” PANISTA
Ante esta situación, ayer la bancada panista en el Senado de la República demandó la desaparición de poderes en Michoacán “ante la ingobernabilidad y los hechos de violencia que se han recrudecido en los últimos días”. Según una nota del periódico Excélsior, el senador –de origen oaxaqueño, por cierto- Roberto Gil Zuarth exhortó al Ejecutivo Federal “a que solicite a la Cámara Alta proceda en la desaparición de poderes en la entidad”, que desde hace una semana es gobernada nuevamente por Fausto Vallejo.
En esta situación, además de la manipulación política coyuntural que implica esta “solicitud”, hay un feo engaño a través del cual el panismo trata de desentenderse de un problema que no es del Ejecutivo federal, ni del gobernador Vallejo, sino de los Tres Poderes Federales, y de los tres ámbitos de gobierno. ¿Por qué? Porque la situación que vive Michoacán es extraordinaria y no es responsabilidad de un solo individuo o de un gobierno. Además, en un caso como éste, la decisión debe ser de Estado, y debe ir a tratar de remediar este gravísimo problema, antes que tratar de tomar partido con asuntos propios de la política del día a día.
Por si esto fuera poco, el senador Gil incluye en un mañoso error al pedir que el gobierno federal que solicite que el Senado proceda a la desaparición de poderes, como si Michoacán fuera un territorio federal, y no un Estado parte de la Federación. En este sentido, el artículo 76, fracción V de la Constitución federal, establece que es el Senado quien debe declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, y que el Presidente sólo participa en ese proceso proponiendo la terna de entre la cual el Senado nombrará a un Gobernador provisional que llamará a elecciones. Por eso, de entrada, es mañoso y grosero contra el pueblo michoacano, el supuesto llamado del senador Gil al gobierno federal, para que solicite la desaparición de los poderes en Michoacán.
Además, tratando de hacer quedar en mal al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y al del gobernador Vallejo, el senador Gil olvida deliberadamente la obligación que le impone el artículo 119 constitucional no sólo al Ejecutivo, sino a los Tres Poderes Federales. El precepto dice, a la letra, en su primer párrafo, que “Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo…”

CENTRALISMO PANISTA
Para el PAN, según los hechos, el Pacto Federal es una burla de la que pueden hacer escarnio cada que una entidad federativa que para ellos no es importante, se encuentra en una situación de crisis. Eso demostró en 2006 en Oaxaca, cuando por su repulsión hacia el gobernador Ruiz dejaron que el estado se pudriera. Y es lo que hacen ahora al asumir una postura insensible, oportunista y alevosa, ante la gravísima situación por la que atraviesa el lastimado estado de Michoacán.

+ Protección efectiva: no tutelas ni paternalismos

La semana pasada la Asociación de Comunicadores de Oaxaca (ACO) emitió un posicionamiento frente a la posibilidad de que la LXI Legislatura aprobara una iniciativa de Ley de Protección al Ejercicio Periodístico que, además de tener un contenido poco útil para la seguridad de los periodistas, incluía el establecimiento de ciertas medidas que no sólo no eran útiles para el ejercicio periodístico, sino que en sí mismas generaban un estado de polarización inútil entre todos los actores periodismo en Oaxaca. Ante las posiciones, y las reacciones, urge un debate civilizado que evite absurdos de los que luego todos nos arrepintamos.
En efecto, la ACO emitió un posicionamiento en el que en esencia hace los siguientes planteamientos: a) se dice a favor del establecimiento de protocolos que garanticen la seguridad de periodistas y de los medios de comunicación, necesarios en una entidad como la nuestra.
b) Denuncia lo que califica como “un nuevo embate” hacia los medios de comunicación de nuestro estado, pues por segunda ocasión en menos de tres años se promueve en el Congreso de Oaxaca una iniciativa de ley que tiene que ver con medios de comunicación y periodistas, pero sin el consenso de los mismos medios de comunicación.
c) Señala que, al intentar convertir en ley esta iniciativa, la LXI Legislatura no sólo sería omisa al proceso de diálogo que debe fundamentar la creación de una ley, sino cometerían el error jurídico y legislativo de sobrerregular o intentar regular lo que ya está considerado en la Constitución y en diversas leyes federales; y,
d) La ACO manifiesta que actuará unida ante este embate y exige al Congreso abrir los espacios de diálogo para emitir normas consensadas y legitimadas pues no hacerlo, dice con razón, un peligro para la libertad de expresión y abre la puerta a grupos de personas con intereses particulares y extraperiodísticos alejados al bien de Oaxaca.
Las reacciones de los grupos parlamentarios no se hizo esperar, así como tampoco la de algunos sectores de los medios informativos que han sido engañados y utilizados por esos grupos de personas con intereses particulares y extra periodísticos a los que se refiere la ACO, para sacar adelante una norma que ni protege a los trabajadores de la información, ni es útil para tener un mejor ejercicio periodístico en la entidad.
¿Qué dijeron desde las fracciones parlamentarias? El coordinador de los diputados del PRI, Francisco García López aseguró que ninguna ley debe ser aprobada al vapor, sin escuchar las demandas y propuestas de los distintos segmentos sociales directamente involucrados con cada legislación, y por eso se pronunció porque grupo parlamentario del PRI sólo apoye una iniciativa consensada y legitimada.
De forma mucho más discreta, el diputado Juan Mendoza, de la fracción panista, dijo que la citada iniciativa “no será presentada al pleno legislativo hasta que se consense con todos los sectores involucrados”. Con resignación, Mendoza adelantó que antes de llevar al pleno la propuesta de Ley de Protección del Ejercicio del Periodismo en Oaxaca, se convocará a una mesa con todos los actores del sector periodístico para que enriquezcan la iniciativa.

QUEBRANTOS, ¿DÓNDE?
Algunos sectores de la prensa se mostraron dolidos por esta decisión. Sostenían, por ejemplo, que por la inexistencia de esa ley muchos compañeros se encuentran en la desprotección. Esto, en efecto, puede ser así en ciertos casos. Pero una ley como la que pretendían impulsar no terminaba con ninguno de esos problemas y, al contrario, generaría otros que ellos mismos ni siquiera vieron, y que manos ajenas al gremio periodístico introdujeron con fines distintos a los que nos interesan.
¿Por qué no termina con los problemas? Porque, en el caso de los derechos laborales de los trabajadores de la información, éstos deben cumplirse en base a las leyes que ya existen en materia laboral, de seguridad social, de vivienda y fiscales, y el no hacerlo constituye un incumplimiento que debe ser denunciado y atendido por las autoridades federales competentes. Quien no cuente, por ejemplo, con Seguro Social, debe denunciarlo ante esa instancia para que a la empresa se le sancione. El gremio periodístico no es un sector socialmente vulnerable, ni mucho menos, como para suponer que una ley especial deba constatar derechos que ya se encuentran en sus ordenamientos.
Ahora bien, en el caso de los ataques a periodistas, lo que debe hacerse es establecer, y exigir con todo el vigor posible, los protocolos para la actuación de la autoridad frente a hechos relevantes y para la protección de quienes dentro de la prensa realizan actividades de riesgo. Esos son temas programáticos que deben ser establecidos y puestos en marcha, y no cuestiones declarativas —y en la práctica, inservibles— como las que engañosamente pretendía la ley citada, los cuales no resolverían nada.
Algo que causa más alarma aún es el hecho de que en los entresijos de esa ley se establecieron temas como el de la “profesionalización” y la “capacitación” que buscaban beneficiar a otros. ¿Quién sería el encargado de “capacitar” y de “profesionalizar”? Porque queda claro que los recursos para hacerlo los pondría el Estado (cuestión que de sí es impropia). Incluso, ¿a quién le interesaba tanto que se institucionalizara esa veta de chamba para capacitar a los comunicadores, y que incluso se creara un organismo “rector” de las relaciones entre medios de comunicación y periodistas, que tuviera injerencia —y hasta querían que tuviera autoridad— entre unos y otros?

UTILIZADOS
Insistimos: deben establecerse mecanismos para salvaguardar la integridad de los trabajadores de la información y los derechos de todos —no sólo de los periodistas— contemplados en los artículos 6 y 7 de la Constitución federal. Pero ni la ONU, ni los organismos internacionales de la materia, ni nadie, considera que sea a través de los supuestos mecanismos que se contemplaban en la iniciativa que iba a ser aprobada. Por ello, el consenso debe ser amplio y debe aprobarse una ley que sea útil para los informadores y para la vida pública. Querer hacerle un traje a la medida a los oportunistas de siempre, que quieren dictar las reglas de los medios sin nunca haber sido parte de uno de ellos, ni haber ejercido el periodismo en alguna de sus nobles y variadas formas, es tanto como regalarles una oportunidad que ni merecen —pero que sí andan buscando con oportunismo y ventaja—, ni que los periodistas estamos para desperdiciar.

+ Estéril, puja entre grupos por los cargos

Estamos a escasas cinco semanas de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cumpla su primer año de gestión, pero en Oaxaca aún se encuentran vacantes algunas de las más importantes delegaciones federales. Esto, es cierto, tiene su explicación en el aparente desdén que profesa el gobierno de la República por nuestra entidad, pero también en la interminable disputa que han sostenido los diversos grupos priistas por esos cargos. Lo trágico del asunto, es que mientras se libra esa batalla por los cargos, las remuneraciones, los presupuestos y los afanes políticos, hay otros “pescadores” que disimuladamente han aprovechado el río revuelto para sacar ventaja. En varias delegaciones se puede dar cuenta de ello.
En efecto, desde principios de año comenzó la batalla por las delegaciones. Partidarios de los grupos políticos de cada uno de los ex gobernadores, comenzó a buscar los espacios, primero, para regresar a la senda del presupuesto, pero también para tratar de reactivar la labor política que en Oaxaca se había acabado para los priistas luego de la derrota de 2010. En el primer semestre de 2013, sólo pudieron acomodarse Jorge Toledo en la delegación de CDI, Manuel García Corpus en Sagarpa, y David Mayrén en la SCT, además de algunos otros que no realizan funciones administrativas y presupuestales relevantes para la entidad.
En ese sentido, parecía que la batalla por las delegaciones federales era también un asunto político, y no un tema técnico y administrativo. En algunos de los casos, como el de Jorge Toledo, éste hizo valer su calidad de senador suplente del PRI, incluso más que su evidente cercanía al ex gobernador Ulises Ruiz, para ser nombrado delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y en el caso de García Corpus y Mayrén, ellos llevaron a cabo negociaciones que pasaron o por las aspiraciones por la dirigencia del PRI, o por el impulso del gobierno estatal. Pero, en casi todos los casos, el común denominador era la medición de fuerzas entre grupos políticos y la presión por obtener una delegación como trampolín para los comicios federales intermedios de 2015.
En ese camino se quedaron varias delegaciones, comenzando por Sedesol y pasando por Sedatu, pues ambas, por su amplitud presupuestal y por los programas sociales que administran, parecían las más redituables para el interés económico o político de los grupos priistas que intentan restablecer su predominio en la entidad.
En la Sedatu (que maneja programas con presupuestos millonarios, como Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu Casa, Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, Vivienda Rural, el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, Rescate de Espacios Públicos, Vivienda Digna, Hábitat, Joven Emprendedor Rural, el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, y el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios), fue la propia ex diputada federal Sofía Castro quien soltó el rumor de que sería nombrada como delegada. Más tardó en difundir la información y una fotografía en la que aparece con el titular de Sedatu (aunque no en un acto de toma de protesta, como pretendió hacer ver) que sus adversarios políticos en hacerle ver que su llegada a esa delegación se convertiría en un problema y en una fuente de cuestionamientos para el gobierno federal. Hoy en día, según el portal de transparencia de la Sedatu, la delegación en Oaxaca sigue apareciendo como vacante.

APROVECHADOS
En el caso de Sedesol, ésta delegación pasó por un largo impasse —los primeros meses de la nueva administración federal, por la entrega-recepción; y los siguientes por el periodo electoral, en el que nadie quería suspicacias— en el que continuaron trabajando los funcionarios calderonistas, hasta que luego de los comicios fue nombrado un nuevo encargado de la delegación el político poblano José Antonio Aguilar San Sebastián. Aquí surge una nueva vertiente de esta historia de desencuentros entre los grupos priistas de la entidad, que demuestra fielmente que las luchas intestinas nunca dejan algo positivo.
¿Por qué? Porque en la Sedesol sí registraron bien que el conflicto político del priismo oaxaqueño haría intransitable el nombramiento de un delegado salido de los nombres que se barajaban. Y ahí se incrustó otra disputa, poco disimulada pero ajena a la política local, entre los subsecretarios Ernesto Nemer y Juan Carlos Lastiri, y entre uno de éstos y la propia secretaria, Rosario Robles.
¿Qué pasa? Que la secretaria Robles ha marcado amplia distancia de Nemer, porque ve en él (que es mexiquense, y secretario del ramo cuando el presidente Enrique Peña era Gobernador de esa entidad) a su posible relevo en caso de ser removida. En esa distancia, Robles trabó alianza con Lastiri (que es de origen poblano) para acotar los espacios a Nemer y atajar su posible crecimiento político. Sólo que de esa alianza han comenzado a salir manejos poco claros, que toman como base revueltas locales como la que ocurre en Oaxaca, que impide que se defina, por decisión política en la Secretaría de Gobernación, la conformación de la delegación en la entidad.
Y es que pocos ven, que mientras sigue su curso la disputa por la delegación entre los priistas locales, la Sedesol envió no sólo a un poblano, paisano del subsecretario Lastiri, como encargado de la delegación, sino que ésta poco a poco se ha ido llenando de funcionarios enviados desde aquella entidad. Eso no tendría nada de cuestionable, si no fuera porque de las propias organizaciones de la sociedad civil, y de las comunidades, comienzan a emanar señalamientos de que los encargados de la Delegación aprovechan la aparente confusión para recomendar contratistas, proveedores, o para dirigir los programas hacia ciertos fines que no necesariamente son para los asuntos y provechos para los que fueron creados.

¿A NADIE LE IMPORTA?
Los grupos priistas locales están ocupados, y perdidos, en sus disputas personales. Y no alcanzan a ver, y quizá ni les importa, no sólo que aquí la delegación esté siendo usada para beneficiar a particulares a través del presunto tráfico de influencias, sino que de ello tengan conocimiento incluso en las oficinas de Sedesol de la Ciudad de México y nadie haga algo para detenerlo. No harían nada, obvio, porque desentenderse les sería conveniente. Y aquí, mientras el gato no está, los ratones hacen fiesta…