+ Maestros y plagiarios; ¿la 22 los defiende?

El PRI de Oaxaca vive nuevos tiempos, en los que la hegemonía del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz quedó prácticamente liquidada. Era claro que ante la pérdida de la gubernatura en 2010 el tricolor necesitaría nuevos liderazgos, basados ya no en el solo poder del Mandatario en turno, sino en la verdadera construcción de nuevas estructuras que permitieran incidir en el PRI a todos los niveles. Eso nunca lo comprendió el ulisismo. Y por eso la noche del pasado jueves quedó constatado que ese partido en Oaxaca ya no está en sus manos.

En efecto, la noche del jueves se dio a conocer la lista definitiva de candidatos del PRI a las diputaciones por la vía de la representación proporcional. Esa lista estuvo llena de sorpresas, no sólo porque en ella fueron borrados nombres que se veían como seguros dentro de la lista y porque aparecieron otros que nunca habían figurado, sino sobre todo porque en ese conjunto de candidatos quedó claro que hoy, ni todo el peso político del ex gobernador Ruiz fue capaz de mantener a sus personas leales en los cargos legislativos. Esa fue una medición de fuerzas fundamental, que a partir de ahora marcará nuevos derroteros en el priismo oaxaqueño.

Y es que la lista de plurinominales fue resultado de una combinación de fuerzas que, al parecer, se alinearon para marginar al ex gobernador Ruiz. Acaso las únicas dos posiciones seguras eran la de Juan José Moreno Sada y Alejandro Avilés (en posiciones uno y tres de la lista) por ser delegados con funciones de Presidente y Secretario General del Comité Estatal. Pero queda claro que todas las demás posiciones fueron producto de negociaciones en las que, en ninguna, pudo ganar el grupo de Ruiz. Veamos por qué.

Lilia Mendoza entró en el número dos de la lista no sólo porque fuera una posición del ex gobernador José Murat, sino porque el conjunto de maniobras que permitieron su inclusión tenían como objetivo descarrilar la candidatura de Beatriz Rodríguez Casasnovas. Ésta, que ya se sentía segura diputada, no pudo ser sostenida por su mentor, el ex gobernador Ruiz. La cuarta posición fue cedida, en una hábil maniobra, al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que tiene gran cercanía con el ex gobernador Murat, y que finalmente habría de respaldarlo en la medición de fuerzas con su sucesor (Ruiz) en el Gobierno de Oaxaca.

La quinta posición fue, también sorpresivamente, para el ex senador Adolfo Toledo. En el caso de él, por su cercanía con Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la fracción priista en la cámara baja, hace unos meses fue designado director del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.  Y en este caso, entró a las plurinominales locales a través de la llamada “cuota campesina”.

Quién sabe si el dirigente nacional de la CNC, el senador Gerardo Sánchez García, lo empujó con toda la fuerza del sector para ayudarlo, para resarcirlo en el acuerdo no cumplido de que Toledo sería diputado federal plurinominal en la presente Legislatura a cambio de declinar a su favor cuando compitió por la dirigencia nacional de la CNC, o simplemente para que dejara libre el nada despreciable cargo que hoy ostenta en el Congreso federal.

En la sexta posición finalmente fue incluida María del Carmen Ricárdez Vela. Sobre esta posición no parece haber tantos entuertos. Pues en realidad, lo que ocurrió es que cuando se tomó el acuerdo de eliminar de la lista a la regidora Rodríguez Casasnovas y subir a Lilia Mendoza de la posición sexta en que se encontraba a la segunda, también se recorrió el nombre de Ricárdez, que sí se encontraba en la lista pero en uno de los espacios sin posibilidades de acceder a una curul.

Finalmente, en el número siete quedó ubicado Jorge Abraham González Illescas, que es el único cuadro de la juventud priista que aparece bien ubicado en la lista, que es además el último de los que sí tiene posibilidades de llegar al Congreso, y que fue tomado en cuenta en medio de los interminables jaloneos por la ubicación de las posiciones en la lista de los plurinominales.

ULISISMO, LIQUIDADO

¿Qué queda de todo esto? Que el grupo del ex gobernador Ruiz está liquidado. No fue capaz de sostener su intención de que José Escobar fuera candidato a alcalde por la capital oaxaqueña. Tampoco fue capaz de sostener el espacio en la lista de plurinominales para José Luis Calvo Ziga, que también intentó negociar. No tuvo fuerza para mantener en la lista a Rodríguez. E incluso su margen de maniobra en la incidencia para el nombramiento de delegados federales, hoy se ve más disminuido de lo que ya estaba hasta la semana anterior.

¿Qué resta ver? Lo único son las traiciones. Sí, porque a partir de ahora los poquísimos espacios que quedan en el ámbito político estarán en manos de otras fuerzas que no son las ulisistas. En ese sentido, no parece faltar mucho tiempo antes de que, al considerar las condiciones, Avilés comience a cuestionar el liderazgo para el que ha servido, y comience a buscar cobijo en los grupos que ahora tienen el control del partido.

Algo parecido ocurrirá cuando, sobre la marcha, comiencen a operar los pocos operadores del ulisismo que podrían llegar a espacios negociados en alcaldías o diputaciones locales. Si ellos, en sus tiempos de bonanza, estaban acostumbrados a comprar a sus adversarios, ¿cuánto tiempo restará antes de que alguien, por el solo hecho de constatar lo disminuido de su fuerza, intente poner a prueba la endeble lealtad al grupo, a través de alimentar la codicia que siempre los ha caracterizado? Muy poco. Sólo es cosa de esperar.

PROFESORES SECUESTRADORES

El sábado, integrantes de la Sección 22 bloquearon su edificio sindical por varias horas, demandando la búsqueda y presentación de tres de sus integrantes que, a decir de ellos, estaban desaparecidos. Los inconformes eran encabezados por Gustavo López, dirigente del Frente de Izquierda Revolucionaria. Los “extraviados” eran Sara Altamirano, candidata a la alcaldía de Jalapa del Marqués; Mario Olivera, secretario particular del director de Educación Primaria del IEEPO y Lauro Atilano Grijalva, dirigente del FACMEO. La sorpresa es que esos tres nombres aparecen en un comunicado oficial, en el que la Secretaría de Gobernación informa de la desarticulación de una banda de secuestradores que tuvo cautivos a dos menores, hijos de una conocida familia oaxaqueña, desde enero pasado. ¿Casualidad? ¿Actividades “extra laborales”? ¿Defenderá a sus “angelitos” la Sección 22 del SNTE?

+ Pugnas, por el control, no por legalidad

En Oaxaca, las pugnas al interior de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Cotaipo), son directamente proporcionales a la falta de legitimidad y la inoperancia que ha demostrado la nueva integración de ese órgano autónomo. Hoy, a menos de seis meses de gestión, los conflictos internos son evidentes, pero lo es más la debilidad profesional y política de todos los que protagonizan la trifulca.

En efecto, la Cotaipo inició sus actividades en diciembre pasado, cuando fueron electos como consejeros Gema Sheyla Ramírez Ricárdez, Esteban López José y Eréndira Fuentes Robles. Sólo que detrás de esos nombramientos, hubo un desaseado proceso de reparto entre las principales fracciones legislativas, quienes no sólo tomaron el control del Consejo General de la Comisión, sino también de la estructura administrativa. A los diputados no les importó que ninguno de ellos cumpliera con los parámetros que establece la Constitución local para estar en posibilidades de ser electos, y que los principios de idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como de pluralidad, paridad de género, apartidismo y no discriminación, no se cumplieran.

Hoy esas deficiencias son visibles: la Cotaipo inició sus labores de forma meramente inercial, pero sin tener claro sus integrantes cuáles serían sus metas, sin contar con un proyecto concreto para dar un funcionamiento de avanzada a la nueva Comisión, y sin tener nociones sobre cuáles eran las necesidades de transparencia en la —se supone— “segunda época” de un órgano garante del derecho de acceso a la información.

Una razón básica para tanta inoperancia puede verse en el hecho de que, aún cuando la Ley de Acceso a la Información establece como requisito básico para ser integrante del Consejo General, que la persona demuestre haberse desempeñado en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con las materias relacionadas, esto en realidad no ocurre. Veamos por qué.

Esteban López José, el consejero Presidente, no es experto en las materias relacionadas con la Cotaipo, y ni siquiera demuestra tener conocimientos generales sobre esos temas. Según la versión pública curricular que de él se ofrece en la página web de la Cotaipo, es Contador Público y cuenta con una maestría en Impuestos. Nada de esto es en sí mismo desdeñable. Pero es claro que esas materias nada, nada, tienen que ver con la transparencia.

Lo mismo ocurre con Eréndira Fuentes Robles. Ella es Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Privado. Su currículum indica que tiene más experiencia en temas relacionados con la terapia y las constelaciones familiares, que con la transparencia. Acaso dice tener un diplomado en temas relacionados. Pero miente, al igual que López José, cuando asegura que una de sus áreas de conocimiento es el derecho de acceso a la información.

Algo similar ocurre, para variar, con Ramírez Ricárdez. Ella es también licenciada en Derecho, y dice haber cursado una maestría en Derecho Privado. Pero nada más. Para variar, también miente cuando dice que una de sus áreas de conocimiento es el derecho de acceso a la información, porque ni tiene obra publicada, ni tiene estudios específicos en la materia, ni demuestra experiencia o conocimientos prácticos, defendibles, en esa materia.

Fuera de ellos, toda la integración de la Cotaipo está asignada por cuotas a las fracciones legislativas. Del solo directorio, se desprende que gran parte de la estructura administrativa fue impuesta desde el Congreso. Y por si ello fuera poco, el Consejo Consultivo —un órgano de adorno— también está lleno de asesores de actuales diputados, que por ese solo hecho fueron incluidos, y que saben de todo menos de una materia tan novedosa y especializada como el derecho de acceso a la información.

UNA BURLA

Sí, es una burla que los integrantes del Consejo Consultivo digan que van por la cabeza de Ramírez. Si fueran honestos y de verdad congruentes, deberían ir por los tres integrantes del Consejo General de la Cotaipo. Razones para eso hay de sobra. Pero ellos actúan en base a un interés faccioso y para atender las necesidades del panista Esteban López José. Veamos por qué.

Los consejeros ciudadanos Juan Iván Miguel, Alejandro Cruz Pimentel, Manuel Victoria, y Claudia Suárez, justificaron que como parte de un “ejercicio de auditoría social” que realizan, encontraron diversas inconsistencias en la elección de Ramírez, y dicen además que basan su demanda de Juicio Político en el hecho de que la Consejera no demostró tener conocimientos relacionados con el derecho de acceso a la información.

En lo primero posiblemente tengan razón. Y es que la Corte ha establecido que cuando existen derechos y deberes recíprocos entre empleado y empleador, la sola renuncia al cargo no es suficiente, sino que es necesario que haya aceptación expresa de la solicitud de separación del cargo. Si ese criterio llegara a aplicarse, entonces Ramírez no estaría separada de su cargo de suplente de Consejero Electoral… aunque en los hechos una suplencia y nada, son exactamente lo mismo.

Pero en lo segundo, los “consejeros ciudadanos” intentan hacerse pasar por “congruentes” ante la ciudadanía, pero en realidad no hacen más que servir de comparsa a López José. Y es que Ramírez Ricárdez y Fuentes Robles no sirven a los intereses del Consejero Presidente. Por eso, valiéndose de las ventajas de ser el titular de la Cotaipo, López echó por delante al Consejo Ciudadano para que ellos torpedeen a las Consejeras e intenten quitarlas de la Comisión.

TODOS MAL

Por eso hoy van contra Gema Sheyla argumentando que no cumple con el requisito de especialización que exigía la convocatoria. El problema es que si la demanda de Juicio Político procediera, y por esa razón le revocaran el cargo a ella, los diputados tendrían también que hacer lo mismo con López José y con Fuentes Robles, porque ninguno de los tres puede demostrar conocimientos académicos relacionados con la transparencia, y por eso no son idóneos para esos cargos. Además, López José es militante activo del PAN, y por eso incumple con el principio de apartidismo que también establece la Constitución. Al final, esta es una pugna estéril que, por eso mismo, cancela la posibilidad de un funcionamiento de avanzada del órgano de transparencia, y revela el bajísimo nivel y las nulas expectativas de que quienes la integran hagan algo productivo por el derecho de acceso a la información.

+ El boicot, fraguado por sus militantes

Movimiento Ciudadano en Oaxaca es un raro ejemplo de cómo un partido político puede ir de más a menos en tiempo récord, y de cómo, en él, no hubo sustancia más corrosiva que el poder y las disputas feroces entre sus mismos militantes. Hoy, ese no es el partido del Gobernador; tampoco es uno de los partidos en el poder en la entidad, e incluso está lejos de ser una fuerza importante en el panorama político estatal. Todo eso, gracias no a fuerzas externas, sino a sus propios militantes.

En efecto, Movimiento Ciudadano nació, como Convergencia por la Democracia, hace poco más de una década en Oaxaca. Su primera batalla formal se dio por la alcaldía citadina cuando todos los espacios del poder eran ocupados por el grupo de quien entonces gobernaba la entidad bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional.

En ese escenario, el llamado Grupo Oaxaca fue uno de los principales desplazados. Y por eso buscaron cobijo en una fuerza política incipiente, pero ya con posibilidad de postular candidatos a cargos públicos. A partir de las diferencias entre el Grupo Oaxaca y el entonces Gobernador, surgió la figura de Gabino Cué, que bajo las siglas de Convergencia ganó como oposición el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Desde entonces, a nivel nacional Convergencia tuvo un bastión importante en Oaxaca. La Verde Antequera fue una de las primeras ciudades importantes que consiguió gobernar ese partido. Y luego, desde esas filas salió Cué a participar en 2004 por la gubernatura del Estado, obteniendo resultados nunca antes vistos para la oposición en la entidad. Dos años después, en 2006, Cué llegó al Senado de la República nuevamente desde la militancia de Convergencia y arropado por la coalición nacional de partidos de izquierda.

Desde años antes, otro oaxaqueño, Jesús Martínez Álvarez, había también renunciado al PRI y se había incorporado a Convergencia en calidad de secretario General de su Comité Ejecutivo Nacional; en la LIX Legislatura fue diputado federal bajo las siglas de ese partido, y por su doble calidad fungió como coordinador de la fracción parlamentaria del partido naranja en la cámara baja. Martínez, ciertamente, tomó distancia del PC. Pero lo cierto es que nunca renunció a la militancia en ese partido.

Todo eso daba cuenta, pues, de que Convergencia era un partido fuerte en Oaxaca. En 2010, cuando Cué ganó la gubernatura, se asumió que ésta era la primera gubernatura que ganaba Convergencia en el país. Y cuando se suponía que ese partido tenía todo para consolidarse como fuerza política y como fuente de poder en la entidad, resultó que dentro de ese partido comenzó una crisis prolongada que finalmente llevó fuera a prácticamente toda su militancia para dar paso a “nuevos” cuadros que son los que ahora están terminando de dar la idea de que ese partido ya no es el del Gobernador ni el del poder en la entidad. ¿Qué pasó?

Pasó que una vez que llegaron al poder, nadie se interesó en fortalecer a Convergencia. El gabinete se confeccionó de tal forma que los espacios fueron repartidos en función del aporte de cada partido a la coalición que los llevó al poder. En esa lógica, tuvo más peso el PAN o el PRD en el otorgamiento de los espacios, aunque Convergencia, o Movimiento Ciudadano, no podía decir que no se le cedieron posiciones importantes. Pues al margen de los espacios de segundo nivel en que se colocó a muchos de sus dirigentes y militantes que habían aportado trabajo político en los tiempos de oposición, al PC se le otorgaron la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y la otrora poderosa Secretaría General de Gobierno.

Empero, ya en el poder quedó demostrado que los supuestos militantes convergentes no eran tales, ni había sentido de lealtad, de compañerismo, ni de construcción de partido. Si alguien, por ejemplo, torpedeó incansablemente a todas las posiciones de Convergencia en el gobierno, esos fueron nada menos que Jesús Martínez Álvarez y Víctor Hugo Alejo Torres.

Ellos mismos tuvieron posiciones políticas encontradas y hasta tormentosas dentro del gobierno. Luego sufrieron la colonización por parte de los intereses de Benjamín Robles, que primero tomó el control del MC, para luego echar a pelear —a muerte— a los grupos que aún quedaban al interior, y finalmente tomar la decisión de renunciar a su militancia y adherirse al PRD como ciudadano y como Senador.

POR LA PUERTA DE ATRÁS

Lo que quedaba de Convergencia se fue yendo. Grupos como el de la diputada Margarita García, o el del regidor Mario Mendoza, quedaron en la orfandad, luego de su estéril disputa —y posteriores componendas, también inútiles— con el grupo de Saúl Díaz. Hoy, ambos grupos están fuera del MC. Alejo, Martínez Álvarez y demás, tampoco se acuerdan que militan, o militaron, en ese partido.

El común denominador, es que fueron sus propios militantes quienes destruyeron al partido. Por eso, desde la capital del país consideraron que como no hubo ningún  “rendimiento” por haber sido parte de la coalición, por tener posiciones en el gobierno y por no poder construir una militancia activa y unificada, el MC debía ir solo a los comicios y participar con nuevos cuadros. Hoy todos se lamentan porque en el MC se impulsa a personajes que nada tienen que ver con ese partido. Pero nadie reconoce los errores cometidos en los últimos años, incluso ya teniendo a un militante suyo como Gobernador del Estado.

Por eso, en común parece que todos sus militantes se fueron por la puerta de atrás, y que hoy el MC es el mismo partido, pero con una composición que nada tiene que ver con el pasado. Es cierto, sí, que detrás de su nueva integración hay componendas cupulares que apuntan al resurgimiento formal del grupo que gobernó la entidad entre 1998 y 2004. Pero también lo es que si su militancia hubiera cuidado a su partido, nada de esto estaría pasando ahora.

RENUNCIAS

En el estallido del MC como lo conocíamos, han pasado varias cosas: la diputada Margarita García, por ejemplo, se quedó sin militancia y, a menos que se incorporada al gobierno, sin futuro político. Mario Mendoza renunció también al MC pero, dicen, para ir a identificarse con lo peor del priismo a través del grupo del ex gobernador Ulises Ruiz. Todos los demás, saltaron al vacío en la nada política. Y los que aún se encuentran en el gobierno prefieren el bajo perfil para no llamar la atención, y ser “convocados” a que rindan cuentas y presenten su renuncia. Esta es, pues, la devastación del MC… a manos de sus propios militantes.

+ Sección 22: la cuenta regresiva del paro

A partir de la movilización magisterial de este día, 15 de mayo, veremos si la Sección 22 es capaz de controlar sus efervescencias internas o si, por el contrario, el radicalismo desborda el delicado equilibrio que algunos grupos intentan construir para darle viabilidad al movimiento en el mediano plazo. Este es un punto de inflexión importante, debido a que a partir de mañana quedarán superados los acuerdos parciales entre el magisterio y el régimen estatal, pero también porque a partir de ahora el magisterio oaxaqueño comenzará a sentir con fuerza las presiones nacionales para adherirse al paro nacional que ya realiza la CNTE.

En efecto, para entender este asunto es necesario ir por partes. Pues la dinámica de la lucha magisterial no está construida al azar, ni sus decisiones son producto de la espontaneidad o de rebeliones casuísticas de profesores que tienen una nueva conciencia social más a favor de la educación que de la lucha social. Todo es consecuencia de una serie de negociaciones y de factores que confluyen, lo mismo entre los tiempos políticos que en la relación entre el magisterio y los ámbitos estatal y federal de gobierno. Por eso, la resistencia de la 22 a estallar el paro indefinido de labores tiene explicaciones claras, y en esa misma lógica se entiende por qué los principales riesgos para la estabilidad y la educación en Oaxaca comienzan una vez que pase la conmemoración y las movilizaciones alusivas al Día del Maestro.

Vayamos primero al ámbito estatal. Pues en primer término, es necesario distinguir que contrario a lo que pueda suponerse, la dirigencia magisterial no tiene una relación mala o lejana con el Gobierno del Estado. De hecho, esa relación de “cordialidad condicionada” es la que ha permitido ciertos márgenes de diálogo abierto entre el Gobernador y la dirigencia seccional del magisterio oaxaqueño. En toda la administración anterior no hubo encuentros públicos entre el Gobernador y la 22. Pero ahora éstos ocurren cada determinado tiempo y son tan públicos como cualquier otra actividad oficial del Mandatario oaxaqueño.

Eso, aunque se reconozca poco, es determinante en el entendimiento relativo que existe entre ambos sectores. En ese sentido, el gobierno sofocó oportunamente una posible ruptura con el magisterio, cuando accedió a que el Congreso oaxaqueño no se pronunciara respecto a la reforma al artículo 3 de la Constitución, y cuando mostró disposición para que juntos construyeran una propuesta alternativa a la reforma educativa que se aprobó a la Constitución federal.

Aunque finalmente la 22 rechazó dicha propuesta, en el fondo lo hizo por mantener la posición nacional de la CNTE (de todo o nada) sobre ese tema, pero no porque la propuesta no respondiera a la necesidad de proteger los intereses nacionales. Y, además, ha sido una especie de “deferencia” a la administración estatal, el mantener una posición moderada frente a las acciones del magisterio en otras entidades federativas. Por eso el magisterio oaxaqueño ha tenido una presencia representativa —más bien testimonial— en las acciones de la CNTE en Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal. Pero no ha movilizado a porcentajes importantes de la membresía magisterial oaxaqueña a acciones o movilizaciones en otras entidades federativas.

¿Cuál es el problema? Que ese aparente “buen trato” ni es eterno ni es a prueba de todo. De hecho, es bien sabido que, cada año, conforme se acerca el 15 de mayo, y pasa esta fecha, la relación entre el magisterio y el gobierno entra en una fase casi natural de desgaste, porque es a partir de entonces que el magisterio comienza a apretar la negociación de su pliego petitorio, y porque entonces de ser un problema relativamente “sindical” se convierte en un asunto político y social que amerita la atención de los gobiernos estatal y federal. Por eso, no es raro que a partir de entonces la concordia se guarde y comiencen los roces y el trato hostil.

AGENDA NACIONAL

Aunque no lo parezca, las acciones del magisterio siguen una estricta agenda estatal  nacional, que se encuentra al margen de sus negociaciones o de sus asuntos sindicales o políticos. Un factor que este año será particularmente determinante, es el relativo a la necesidad que tiene el magisterio de continuar haciendo presencia en el proceso electoral, como lo han hecho siempre en Oaxaca.

Ese es un factor importante que en este momento pudo haberlos llevado a tomar la decisión de no estallar el paro indefinido de labores. Dentro de sus maniobras conocidas, se encuentra la de alargar el proceso de amague-negociación con el Gobierno del Estado hasta mediados del mes de junio, para entonces “apretar” la negociación y hacer paros y movilizaciones en días previos al del la jornada electoral.

Pero también hay influencias nacionales. Si se recuerda, el año pasado la negociación entre el magisterio y el gobierno de Oaxaca, había quedado prácticamente concluida luego de apenas seis o siete días de paro de labores. Pero fueron los efectos de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional las que impidieron que el magisterio oaxaqueño decretara el fin de su jornada de lucha, y esa situación “arrastró” a la Sección 22 a prolongar su paro de labores por casi el doble de tiempo (poco más de 15 días en total) de lo que se tenía previsto.

En este caso, la Sección 22 ya le puso una primer ancla al paro indefinido de labores. Sus bases, según, se pronunciaron por no estallar el paro en estos momentos, sino hasta cuando se dé la discusión de las leyes secundarias que reglamentarán el contenido el nuevo artículo tercero constitucional. ¿Qué buscarán en ese momento? Hacer presión para incidir en la discusión de las normas relativas a la evaluación educativa.

Pero esa determinación que tomaron de no ir ahora al paro indefinido de labores, no significa que éste no ocurrirá durante la actual jornada de lucha. Todo dependerá, en el fondo, de la buena interlocución que logren con el gobierno estatal, del cumplimiento de sus demandas, y del escenario nacional y de las presiones que le inyecte la CNTE al magisterio oaxaqueño.

¿MADUREZ POLÍTICA?

Esa resistencia al paro es un asunto de estrategia, no de madurez política. Ciertamente, hay grupos dentro de la 22 que abonan por nuevas formas de lucha. Pero no hay claridad respecto a si esas nuevas formas están permeando, o si esto es una mera estrategia para ganar tiempo, e incluso si cualquier día de estos se desborda el radicalismo dentro de la Sección 22.

+ Hoy, la falta de proyecto se institucionaliza

Una vez que quedó prácticamente configurada la boleta electoral que se entregará a los ciudadanos de la capital oaxaqueña el próximo siete de julio para que elijan a la próxima autoridad municipal, los oaxaqueños debemos evaluar no sólo a los abanderados, sino también a los partidos, y sobre todo exigir que ahora unos y otros expliquen cuál es la razón de sus postulaciones y qué proyecto le ofrecen a la ciudad. Eso es fundamental para no continuar perpetrando la nociva práctica de que se postula y gana el más popular, pero sin que eso signifique que es quien ofrece las mejores alternativas para el lugar que pretende gobernar.

En efecto, hoy el panorama político de la capital oaxaqueña nos deja cuando menos dos cuestiones en claro: la primera, que al margen de los colores partidistas que han gobernado la capital (PRI, PAN o el antiguo Partido Convergencia), ésta tiene fuertes inercias (la mayoría de ellas negativas) que prácticamente no han cambiado en los últimos tres lustros. Y la segunda, que a pesar de que esas inercias continúan existiendo y “dando frutos”, los partidos no han dejado de estar empeñados de sólo postular a candidatos “populares” aunque ninguno de ellos haya ofrecido, en realidad, una sola respuesta viable para los problemas de la ciudad. La combinación de esas dos cuestiones ensombrece el panorama para Oaxaca de Juárez.

Veamos lo primero. La ciudad presenta problemas que no han sido resueltos a pesar de las variadas alternancias de partidos en el poder. Desde que en 1995 la ciudadanía oaxaqueña votó por la primera alternancia, hasta ésta última en la que el poder municipal regresó a manos del Partido Acción Nacional, la capital ha enfrentado problemas tan comunes, y tan complejos, que lo único que tienen en común es que no han sido resueltos.

Temas como la destrucción y falta de mantenimiento adecuado a las vialidades, el ambulantaje, el tratamiento de la basura, el nulo desarrollo urbano, el cuidado de los espacios públicos y las plazas públicas citadinas, y la incapacidad para atender las necesidades de seguridad, servicios y atención a las agencias y colonias populares, son sólo algunos de los temas que integran una agenda amplísima de temas que hoy están pendientes, pero que lo han estado a pesar de que distintos colores políticos han gobernado la capital oaxaqueña.

Esta es una cuestión que los oaxaqueños no debemos dejar de ver: que en estos momentos podemos afirmar que todos los partidos han mostrado una misma capacidad para gobernar, y que ésta ha sido insuficiente por el solo hecho de que todos los problemas han estado, y siguen ahí sin ser resueltos. Ello, además, nos demuestra otra circunstancia que muchas veces no alcanzamos a distinguir: que como los problemas y las inercias nocivas han sido mucho más fuertes que el potencial político de los sucesivos gobiernos municipales, entonces lo que la ciudad necesita es un cambio de fondo, o resignarse a vivir con esos problemas de forma permanente.

¿De verdad debemos resignarnos? Porque eso sería tanto como claudicar frente a problemas que sí tienen solución, pero que hasta ahora a Oaxaca no han llegado porque las administraciones municipales no han tenido el suficiente respaldo y atención del gobierno estatal en turno; porque las autoridades municipales han preferido resolver lo urgente y lo que les permite obtener ganancias políticas en el corto plazo, desdeñando los temas importantes.

Además, porque la política ha jugado siempre un papel determinante en los asuntos administrativos y de relevancia para la vida pública de la ciudad; porque los diferentes munícipes siempre han llegado con más ganas de ser “algo más” (gobernador, por ejemplo) antes que servir a la ciudadanía en ese encargo. Porque nosotros los ciudadanos hemos sido una masa desorganizada de forma permanente. Y sobre todo, porque pareciera que todos vemos con más amor a Oaxaca de Juárez, que quienes la gobiernan.

CANDIDATOS ¿SIN PROYECTO?

Ahora lo importante debiera ser dejar de ver las encuestas, y nosotros los ciudadanos dedicarnos a ver el proyecto. ¿De qué sirve que Javier Villacaña, Francisco Reyes o Raúl Bolaños digan que son “los más aceptados” en las encuestas, cuando nadie sabe en realidad qué perspectiva tiene cada uno de ellos para la ciudad, o qué posibilidad de entender y resolver los problemas de la capital plantean esos y los demás candidatos, a la ciudadanía de la capital oaxaqueña?

Por esa razón, además del ejercicio democrático de acudir a votar a las urnas el día de los comicios, por respeto a nosotros los ciudadanos de la capital oaxaqueña los partidos debían explicar por qué razón postularon a sus candidatos, y qué ofrecen unos y otros para atender y resolver los problemas de la capital oaxaqueña. Eso debían hacerlo, porque si vemos en sentido estricto a cada uno de ellos, podremos ver que ninguno de los aspirantes más competitivos tendría argumentos sólidos, y antecedentes, para creer que pueden dar solución cuando menos a algunos de los problemas de la ciudad.

Y es que el PAN, por ejemplo, ya gobernó la ciudad en tres administraciones, y los resultados no son dignos de presumir. Francisco Reyes, el candidato actual por la Coalición, fue parte del último gobierno. Y si su proyecto es la continuidad, entonces algo anda mal. Pero también, ¿qué planteamientos distintos tendrá a los que él mismo tuvo oportunidad de implementar en la capital como servidor público municipal, y no hizo? Eso lo pone en un auténtico callejón sin salida, si lo que pretende es hablar en serio y no tratar de ganar comprando votos o valerse de la estructura municipal.

Algo similar pasa con el PRI. Pues más allá de que sea popular, ¿qué propone Villacaña, en serio, para resolver algunos de los problemas de la ciudad? Porque eso va más allá del solo triunfo electoral conseguido a través de las dádivas que permite la gestión de beneficios sociales. ¿Por qué el PRI lo prefirió a él? ¿Qué de distinto tiene él para la ciudad, frente a otras gestiones del PRI en el municipio citadino?

TIEMPO DE PROPUESTAS

Qué interesante sería escuchar propuestas serias sobre cómo la ciudad podría salir de las inercias que lleva. Hasta hoy, no se han notado las alternancias en la capital. ¿Cómo resolverán el ambulantaje, las invasiones, el abandono, la basura? Si votamos en función de eso, tendremos una oportunidad mejor. Si no, llevaremos al poder a populistas, a demagogos o a gente como Hugo Jarquín, que va exactamente en sentido contrario a lo que necesita Oaxaca.

+ Diputados sin proyecto, la triste constante

Dicen los diputados, en halago propio, que la LXI Legislatura del Congreso local “pasará a la historia” por ser la que concretó la transición a la democracia. En el remoto caso de que eso fuera cierto, sería tristísimo el destino que están teniendo los principales dirigentes camerales. Ninguno de ellos pinta para un futuro prominente. Y ninguno de ellos parece ser digno de la trascendencia propia, de quien en verdad es parte de momentos históricos. Vale la pena revisar por qué.

En efecto, dos personajes dan cuenta exacta de cómo las circunstancias no necesariamente hacen a un político. Uno de ellos es el presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Emanuel Alejandro López Jarquín, y otro es el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Javier García López. Uno y otro se fueron con la finta de que con el solo hecho de pertenecer a alguno de los órganos directivos del Congreso local los enfilaría, en automático, a otros cargos públicos.

No tomaron en cuenta que la política pocas veces premia las casualidades o los falsos liderazgos, y que en estos tiempos de laxitud política hace falta mucho más que ser “pastor” o “líder parlamentario”, para abrir brecha en el futuro político. En esto, la gris gestión de cada uno de ellos habla por sí sola, y da cuenta de cómo hoy es una mentira que “por compromiso” hayan decidido terminar su periodo como legisladores locales.

Vayamos primero al caso de García López. Éste llegó a la coordinación de la bancada priista respaldado por los reductos del ulisismo que aún tenían fuerza dentro del partido. Sólo que desde el principio, ese “liderazgo” al interior del PRI fue muy relativo, debido a varias circunstancias. Una de ellas, esencial, es que durante el primer año legislativo, el entonces coordinador Martín Vásquez Villanueva permitió que cada diputado priista actuara y decidiera según sus intereses. Ello generó una división dentro de la bancada, entre los priistas aferrados y los que de plano se echaron en brazos del gobierno estatal para dar sus votos a cambio de obras, recursos y privilegios.

Esa circunstancia fue determinante para que, en el segundo año legislativo, cuando la coordinación de la bancada recayó en García López por una presión política, la unión del la bancada fuera poco más que relativa. Cuando menos la mitad de los diputados del PRI no atendieron nunca los dictados de su dirigente, y sólo votaban en bloque cuando las negociaciones institucionales y privadas no eran suficientes para conseguir los objetivos (confesables y no) que se habían planteado.

Sin embargo, en términos formales García López era el coordinador de los diputados del PRI, y por eso habría de entenderse, casi por razón natural, que también tendría preferencia en la designación de candidatos a diputados y autoridades municipales, y que parte de ese privilegio podría recaer sobre él mismo para conseguir, de trámite, la postulación que le permitiera su continuidad en la escena política, ahora como Alcalde. ¿Por qué no lo consiguió? En realidad, fueron dos circunstancias que no debemos dejar de ver.

La primera es la personal. Pues digan lo que digan, lo cierto es que la bancada priista de la LXI Legislatura local ha sido, por mucho, la más plegada a los intereses gubernamentales, y una de las menos visibles en capacidad, propuesta y liderazgo político de la entidad. Por eso, si en general el PRI perdió la oportunidad de convertirse en una oposición vigorosa en estos casi tres años, en gran medida la responsabilidad de eso recae en sus representantes populares, que nunca tuvieron la convicción ni las ganas de no darse a los intereses del gobierno.

La segunda es una circunstancia política. Pues García López, en su estatura actual, no es sino una hechura del ulisismo que si en una región del Estado perdió fuerza, fue en el Istmo de Tehuantepec. Allá, los grupos opositores al del ex gobernador Ruiz dentro del mismo PRI, son los que finalmente tuvieron la venia para decidir sobre municipios como Juchitán de Zaragoza, por donde finalmente quería ser postulado García López.

Por eso, en el momento de las definiciones fue atajado de forma categórica por esos grupos priistas que no le permitieron el paso ni siquiera como precandidato. Sin embargo, si de verdad hubiera crecido políticamente y tuviera la estatura necesaria para no ser desplazado, no tendría por qué andar justificándose, hoy, afirmando que por “responsabilidad” se quedó en su cargo, y no por no tener de otra.

LA HISTORIA PERREDISTA

Alejandro López Jarquín llegó a la coordinación de los diputados del PRD, y a la Junta de Coordinación Política, también por una circunstancia. Cuando Carol Antonio abandonó su curul, en el PRD se enfrentaron a la triste realidad de tener muy pocas opciones para reemplazar al istmeño. El único que tenía cierta presencia (aunque el hecho de tener, no significa tener mucho) era López Jarquín. Por eso, en él recayó la conducción de la bancada y también la responsabilidad de la Jucopo.

Jarquín es eteco, y por eso no queda claro de dónde le nació el “arraigo” por Xoxocotlán, un municipio receloso, al que no pertenece, en el que no tiene presencia y que, además, está lleno de vicios y problemas. Intentó, sin ningún decoro, hacer presencia para luego convertirse en candidato por la coalición. Sólo que, como en el caso de García López, otros grupos se impusieron y son los que finalmente van a decidir el futuro político en esa demarcación. Este fue otro caso en el que la estatura no fue suficiente y el crecimiento político fue mínimo. Por eso, hoy en un intento de justificarse, también dice que prefiere terminar con la “responsabilidad” de la Presidencia de la Jucopo a irse de candidato… aunque en el fondo lo que hace es resignarse a que no le queda de otra.

PROSELITISMO ELECTORAL

Qué maldición que Oaxaca sea tierra de recurrentes prácticas de mapachería electoral. En la prensa de la Ciudad de México circula la versión de que el director de Liconsa, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Leyva protege a operadores electorales como Esaú López Quero (líder de la Juventud Popular de la CNOP) a quien nombró como director de Liconsa en Oaxaca, y que antes de las denuncias del PAN en Veracruz ya había sido denunciado ante la Fepade por utilizar los beneficios sociales para fines electorales. No lo cesó, dicen, sino que lo mandó a Puebla a trabajar con otros operadores en aquella entidad. ¡Vaya remedio! ¿Será?

+ Coalición, riesgo real por manotazo del CEN

A Eila Cuevas, mi madre,

con toda mi admiración y cariño.

La postulación de Francisco Reyes como candidato a Edil de Oaxaca de Juárez por la Coalición por el Desarrollo de Oaxaca, en conjunto con otras decisiones que está tomando unilateralmente el PAN desde la Ciudad de México, terminará provocando una ruptura fáctica de la coalición. Es evidente que los intereses del panismo maderista no son compatibles con los del grupo gobernante en la entidad. Y si una Coalición lo que busca es unir fuerzas para conseguir y preservar un fin común (el poder), en realidad ahora ocurre todo lo contrario.

En efecto, la noche del pasado lunes, un tanto de forma sorpresiva, el CEN panista dio a conocer que había decidido que el candidato a Edil de la capital oaxaqueña por ese partido, y por tanto de la Coalición, sería Francisco Reyes. La noticia tomó por sorpresa a todos aquellos que veían en los otros once postulados una auténtica lucha de poder entre los sectores afines al grupo gobernante.

En la decisión, no se vieron beneficiados ni los intereses del grupo directo del gobernador Gabino Cué, tampoco el del ex gobernador Diódoro Carrasco y tampoco el de los que desde el Comité Directivo Estatal buscaban impulsar una tercera opción que no significara un rompimiento con el grupo gobernante. Finalmente, la postulación recayó en la parte más débil del panismo. Y eso posiblemente marque la suerte del resultado en la capital oaxaqueña y los dos distritos electorales que están en juego. Veamos por qué.

Francisco Reyes es el candidato del edil Luis Ugartechea Begué. Éste ha desarrollado una administración municipal francamente intrascendente, que en estos casi tres años no ha sido capaz de lograr por lo menos el beneficio de la duda de la ciudadanía. Una gestión atropellada, sobrada e incapaz de ser sensible, por naturaleza no tiene capacidad de construir capitales electorales propios. Y si a eso le añadimos las aversiones personales, familiares y políticas que construyó Ugartechea a partir de sus lazos familiares, lo que tendremos es un desastre.

Para entender esto último es necesario traer a la memoria la reciente renuncia de Jesús Martínez Álvarez como secretario General de Gobierno. Éste, en la carta en la que anunció su dimisión, se dolió por no haber conseguido la confianza del Jefe del Ejecutivo y por no haber contado con el apoyo de la administración estatal. Cuando ocurrió esa renuncia, casi de inmediato el edil Ugartechea se dolió por algo similar: dijo que desde hace muchos meses el Gobernador no lo recibía para tratar asuntos relacionados con la ciudad, y dejó ver un estado de marginación y lejanía, que en mucho explica el abandono que sufre la capital oaxaqueña, y la fría distancia que existe entre el Munícipe y el grupo gobernante.

Eso parecía ser determinante para las definiciones políticas. Pues si era claro que Ugartechea no es, ni fue nunca, parte del grupo gobernante, entonces era también lógico pensar que los candidatos de uno y de otro para la contienda municipal del presente año, serían distintos —e incluso contrarios. Eso quedó claro cuando en el escenario del relevo en el poder municipal surgieron, dentro del PAN, candidatos tan variados que iban desde el panismo puro con Reyes, hasta los “ciudadanos”, como Bernardo Vásquez Colmenares, o incluso los afines a los grupos neopanistas como Sergio Bello, y otros que se inscribieron en la efervescencia natural de participar en un proceso electoral.

A MEDIANO PLAZO

Decíamos en nuestra entrega del pasado seis de mayo que “quien sea alcalde citadino se pondrá en la primera línea de la participación en el relevo estatal de 2016. Por eso al grupo del gobernador Cué le interesa perfilar a uno de los suyos, y no a un panista, como candidato a Edil citadino. No es un asunto menor. Y por eso los panistas de siempre, y los “ciudadanos”, y todos, rondan incansablemente la sede panista. Sólo que la decisión difícilmente podrá estar donde ellos creen. Estará en las más altas cúpulas del panismo y del gobierno. Y será ahí, en función de sus intereses, como definan esta candidatura. Hay quienes no lo ven. No alcanzan a entender este escenario en su contexto y fallan en el análisis y en la medición de fuerzas que intentan hacer al interior del PAN oaxaqueño” (http://bit.ly/16i8s2D).

Ese era el escenario: la puja entre el grupo gobernante contra los demás grupos al interior del PAN (y de la Coalición) por poner a su candidato en la carrera por la Presidencia citadina, para alimentar el número de posibles aspirantes al gobierno estatal en 2016. La razón es natural: el ahora grupo gobernante, finalmente buscará preservar su poder a como dé lugar a través de alguno de su grupo. Por eso tenía amplio interés en conseguir una postulación afín a sus intereses, independientemente de que el abanderado fuera o no panista, o fuera o no del grupo del edil saliente Ugartechea.

Por eso mismo este escenario es tan complejo. El panismo puro, desde la Ciudad de México, decidió dar un golpe de timón decidiendo esas postulaciones esenciales al margen de lo que interesa al grupo que gobierna la entidad, e incluso de lo que opinan los demás sectores del panismo adherente en la entidad. Eso es resultado de circunstancias como la de los llamados audioescándalos, o la cercanía que se acusa entre el gobierno y algunos sectores del PAN en la entidad. Pero lo que pone en riesgo es mucho más de lo que consigue el panismo puro. ¿Por qué?

Porque lo que está poniendo en riesgo no es la formalidad de la coalición, sino el trabajo material conjunto. Si el candidato a Edil no es bien aceptado por el grupo gobernante (que ya piensa en la sucesión de 2016), entonces no habrá preocupación por llevarlo al triunfo. El panismo tradicional olvida que estos comicios, plebiscitarios, no llevan ninguna inercia externa (como la de la elección de Gobernador en 2010 o la presidencial de 2012) y que por tanto sólo valdrán el trabajo político propio, y la ayuda que se pueda dar desde el poder. Esto último no está seguro. Por eso, la “victoria” de Reyes sabe amarga, porque significaría enterrar la coalición en la capital oaxaqueña, y arrastrar con esa derrota a quienes sean candidatos a diputados locales por la alianza de partidos.

LOS CANDIDATOS DE JFV

Qué curioso. Para este proceso electoral el otrora provocador de todos los males públicos de la entidad, Jorge Franco Vargas, tendrá dos candidatos en la lucha por la alcaldía citadina. Uno será del PRI, y el otro del PSD y los que se sumen a Hugo Jarquín. Vaya paradoja. Y vaya simulación de “democracia” en esos partidos.

+ Atención, intrascendente para las autoridades

A ninguna autoridad en Oaxaca le interesa lo que ocurre con los migrantes que desde Centroamérica pasan por territorio estatal, y eso se nota por las nulas acciones que han emprendido para proteger y garantizar su paso por la entidad, libre de violencia y actos criminales. La transmigración, en los hechos, implica un falso dilema para las autoridades estatales que, en aras de no reconocer la estadía ilegal en el país de esas personas, las abandona a su suerte y las pone en bandeja de plata a los criminales. El gobierno debería tener un giro radical para eso. Y en un tema tan sensible como ese debían aparecer los organismos defensores de los derechos humanos aliados del régimen, que hoy lejos de ayudarlo, se han convertido en parásitos.

En efecto, todos aquellos que conocen la llamada “ruta del migrante” (es decir, desde su arribo a Chiapas, el abordaje del tren en Arriaga, el paso por el Istmo de Tehuantepec para luego llegar a Medias Aguas, Veracruz, y de ahí viajar o por el centro del país, o por Tamaulipas, hasta la frontera norte) saben que durante todo ese trayecto los transmigrantes corren riesgos extraordinarios, pero también que los gobiernos de varias entidades del país han comenzado a tomar medidas para que, al margen de si situación migratoria, esas personas tengan cuando menos garantizados los derechos fundamentales que no les niega la Constitución de la República.

Y es que Chiapas, por ejemplo, enfrenta un problema mayúsculo y permanente por compartir frontera con Guatemala. En años anteriores, todos los horrores que se relataban respecto a las agresiones y vejaciones que sufrían los transmigrantes comenzaban justamente en aquella entidad. Chiapas fue el primer territorio fértil en el que la delincuencia, los secuestradores, los tratantes de personas y los asaltantes comunes, hizo presa a los transmigrantes de una lista larguísima de delitos.

Con el paso del tiempo, el gobierno de aquella entidad comprendió que mantenerse al margen de ese problema equivalía a aceptar muchas de sus consecuencias y asumir la responsabilidad ineludible por esos hechos. Por eso, con el paso del tiempo el gobierno chiapaneco asumió, con razón, que el vigilar la legal estancia en el país de esas personas no era una atribución suya, y más bien centró su atención en contribuir a que esas personas tuvieran garantizado su paso por aquella entidad.

De ahí que a la migración centroamericana que llega a trabajar en las fincas chiapanecas, comenzó a procurarle servicios básicos de salud, de educación, de seguridad y de trabajo; y a los transmigrantes (que sólo van de paso porque no tienen como meta quedarse ahí, o en cualquier otro punto del país) les garantizó la seguridad y un paso libre de violencia, delincuencia y comisión de delitos.

Con el paso del tiempo, Chiapas consiguió disminuir de forma sensible los delitos que se cometen en contra de los transmigrantes, pero con su política aislada lo que provocó fue una especie de “efecto cucaracha” que, lamentablemente, vino a parar en el Istmo de Tehuantepec, en donde lejos de contribuir a solucionar ese problema, el gobierno ha preferido cerrar los ojos y centrar la “atención” a únicamente organizar redadas en las que participan autoridades estatales y federales, y que no siempre tienen como fin hacer que la ley se cumpla. Más bien, todos los horrores que antes ocurrían en Chiapas, ahora se cometen en territorio oaxaqueño. El problema es que aquí no ha habido atención para esas cuestiones tan graves.

TEMA OLVIDADO

Han pasado varios años desde que el padre Alejandro Solalinde denunció las amenazas en contra de su persona y de su organización, y que relató también las atrocidades que grupos criminales cometen en contra de los transmigrantes, que al no despertar ningún tipo de interés en las autoridades, se convierten en blanco libre de narcotraficantes, sicarios, secuestradores, maras, tratantes de personas y demás. Cuando eso ocurrió, originalmente acusó al gobierno de Ulises Ruiz de querer atentar en su contra. Pero lo cierto es que han pasado varios años desde entonces; que hoy la entidad es gobernada por un régimen distinto. Y es asimismo cierto y visible de todos modos las mismas cosas continúan ocurriendo.

El problema es que Oaxaca (el ámbito estatal y los municipales directamente involucrados) tienen puesta su atención en otros temas. Al gobierno estatal, por ejemplo, no le ha preocupado que, “curiosamente”, el municipio de Chahuites (el primero perteneciente a Oaxaca luego de que el tren conocido como La Bestia abandona el territorio chiapaneco) sea el punto de partida de la comisión de delitos y excesos en contra de los migrantes.

Eso no es ninguna casualidad: aquí los criminales encuentran el camino libre para poder hacer lo que no pueden en Chiapas. Al gobierno estatal —y sus funcionarios, y sus organizaciones satélites que dicen defender los derechos humanos— ese no es un tema prioritario. Y los gobiernos municipales también hacen mutis ante la situación, por no tener la capacidad de responder, o de guarecerse, ante el posible ataque de un grupo criminal que quiera tomar venganza por su intervención a favor de los migrantes.

Lo que revela todo esto es que los transmigrantes se encuentran en un completo estado de indefensión. Esto se constata cada vez que la Bestia tiene algún incidente (muchos de ellos en los que personas pierden la vida o sufren accidentes terribles que la mayoría de las veces implica la mutilación de sus extremidades), o que ocurren hechos violentos en contra de los transmigrantes. Cuando eso pasa (secuestros, extorsiones, violaciones, explotación, etcétera) y es denunciado por alguna organización, todos se santiguan y se dicen atentos a atender la problemática. Pero lo cierto es que olvidan sus promesas antes incluso de que ese día termine. Y los transmigrantes (que son personas, con derechos, dignidad e integridad) quedan de nuevo a merced de criminales que, ante la indefensión, hacen lo que quieren con ellos.

DÍA DEL VOCEADOR

Hoy 8 de mayo es Día del Voceador en Oaxaca. Desde este espacio, enviamos un abrazo fraterno a todos nuestros amigos expendedores de periódicos y revistas, que día a día contribuyen a la libertad de expresión llevando la información escrita hasta los hogares de los lectores. A todos, todos, les deseamos lo mejor, haciendo votos porque las autoridades atiendan sus demandas y les tengan la consideración digna de un gremio trascendental para la vida pública de Oaxaca.

+ Gobierno, ante dinámica que no puede parar

A Mónica, con todo

el amor del mundo

No hay sorpresas en la respuesta de la Sección 22 del SNTE a la propuesta del gobierno estatal respecto a su pliego de demandas, y tampoco la habrá cuando decreten el paro indefinido de labores. Al margen de la insuficiencia de las respuestas oficiales, lo cierto es que el propio magisterio democrático está metido en una dinámica imparable que irremediablemente apunta hacia el radicalismo. Al comprender este proceso, podremos también asumir que el paro, el plantón y todos los demás mecanismos de lucha del movimiento magisterial estarán presentes a partir de los próximos días, y cada año, hasta que haya algo que cambie el curso de la radical dinámica magisterial.

En efecto, desde el pasado 30 de abril el gobierno de Gabino Cué Monteagudo entregó a la Sección 22 la primera respuesta oficial a su pliego de demandas. Esto ocurre en el marco de la reciente reforma constitucional en materia educativa, de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en varias entidades de la República, y del anuncio del gobierno federal de no permitir mayores negociaciones paralelas entre la Federación y el SNTE, y entre las secciones magisteriales y los gobiernos estatales. Eso, de entrada, determina la negociación de este año a ser un callejón sin salida si no se dan condiciones específicas para un arreglo excepcional.

Ese arreglo excepcional, según queda claro, no llegará. Es decir, que en este contexto ni la CNTE claudicará en sus demandas de derogación de la reforma educativa; ni el gobierno federal brindará atención extraordinaria al gobierno de Oaxaca para conducir su propia negociación con el magisterio democrático; a su vez, la Sección 22 del SNTE no tiene entre sus planes el de regresar a las aulas con menos de lo que han obtenido en años anteriores, o sin conseguir los dividendos políticos que ya planean. Y, en resumen, no pasará nada extraordinario que pueda hacer cambiar el curso irremediable del inicio de las hostilidades, el cierre de escuelas y la toma de la capital oaxaqueña a manos del magisterio.

Y es que en esto hay inercias que no han podido ser cambiadas. Una de ellas, fundamental, es la de la tormentosa relación entre el magisterio de la Sección 22 y el gobierno estatal. Ellos, al margen de la reforma educativa y de la modificación del escenario nacional que consiguió el gobierno federal al aprobar la reforma educativa y descabezar al gordillismo en el SNTE, continúan teniendo la misma relación tirante y condicionada de siempre. En este sentido, el gobierno estatal no ha podido romper la inercia de actuar siempre en función de lo que les determina la 22. Es ésta la que siempre pone las condiciones y los plazos de la negociación. Y le guste o no, el gobierno únicamente consigue modificar esas condiciones sobre la marcha, pero sin tener nunca una posición determinante respecto al qué o al cómo se negocia.

En esa misma lógica, la Sección 22 continúa teniendo una dinámica perfectamente establecida que, en los hechos, la hace estar de forma permanente en su propio callejón sin salida. Y es que la horizontalidad de sus órganos de decisión, y la proclividad de sus grupos dominantes de estar ceñidos a las posiciones radicales, los hace estar siempre, y aún cuando eso no les convenga, ajustados a los parámetros más radicales que pueden subsistir. Si el movimiento magisterial se conformó para luchar, entonces por eso ellos siempre buscan el argumento o la posición que les permita seguir estando en contra. No hacerlo, implicaría dejar de luchar. Y estar en esa posición significaría la terminación de su movimiento. Por eso nunca dejarán de hacerlo.

DINÁMICA DE CANIBALISMO

Al interior de la Asamblea Estatal de la Sección 22 del SNTE hay una dinámica permanente que los llama a la lucha. Esto, como lo apuntábamos en líneas anteriores, se explica porque el movimiento magisterial es un movimiento de lucha. Y dejar de luchar implicaría dar por terminado el movimiento. Por eso siempre van encaminados al radicalismo. Y ese radicalismo se traduce en ver cumplidas todas sus demandas so pretexto de accionar violentamente de no lograrlo, e incluso de movilizarse y presionar de forma “preventiva” para evitar que sus acciones puedan no ser tomadas en serio.

Eso explica mucho de la dinámica magisterial. Ninguna dirigencia, ningún grupo representativo, y ninguna corriente al interior del sindicato podría decirse satisfecha con las respuestas o el trato que les da el gobierno, porque de hacerlo, de inmediato sería tachada de apostasía, de traición al movimiento o —por decir lo menos— de haber perdido el espíritu de lucha.

Eso lo hacen a partir de ciertos postulados de lucha, pero también porque el propio magisterio ha comprobado a lo largo de sus más de treinta años de lucha, que la posición radical es la más popular dentro del movimiento, es la más seguida y es la que permite posicionar o conservar la influencia que se tiene dentro del sindicato. Por eso, mientras más radicales son, más ganan posiciones.

Por eso mismo, mientras más radicales sean sus posiciones, más se afianzan los grupos que controlan el sindicato. Y eso es también lo que explica por qué la dirigencia magisterial es siempre la primera que defiende y antepone esas razones radicales a cualquier interés o conveniencia de dar por terminada una jornada de lucha. Al final, como puede verse, el radicalismo dentro del magisterio es por sobrevivencia política.

Eso es lo que explica por qué, en un año tan particular como éste, finalmente sean los radicales quienes se impongan, y todo termine en el “tradicional” paro indefinido de labores, en el plantón en el zócalo de la capital oaxaqueña, y en un conjunto de manifestaciones que posiblemente se den dentro o fuera del Estado. La dirigencia magisterial buscará sobrevivir. Y la única forma de hacerlo es a través de sostenerse y reforzarse en sus posiciones radicales. Esto es así, aunque el escenario sea apocalíptico —una vez más— para Oaxaca.

OTRA FARSA

La elección de los integrantes de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico pasó casi desapercibida por razones obvias: si los diputados ya fueron capaces de simular independencia y responsabilidad para elegir de entre los peores candidatos posibles a quienes encabezan el Instituto Electoral, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, la Defensoría de los Derechos Humanos y la Auditoría Superior, no había razón para pensar que ahora fuera distinto. Y lo dicho. Por eso ya nadie tomó importancia a esa elección.

+ Militancia o ciudadanía, el dilema

La decisión sobre quién será el candidato de la Coalición Unidos por el Desarrollo debe darse antes de la mitad de la semana, y la decisión final se encuentra en la cancha del Partido Acción Nacional. Posiblemente nunca antes como ahora, el panismo se enfrenta a una decisión que tiene la apariencia de compleja, pero que en realidad, y por razones sustanciales, debe ser definido en función no de atavismos, sino del pragmatismo que ha caracterizado a la coalición gobernante en Oaxaca.

En efecto, cuando se estructuró la nueva coalición que habría de ir a los comicios intermedios en Oaxaca, se estableció una división territorial que, como cuotas, fue literalmente entregada a los partidos integrantes de la alianza. En ese conjunto de definiciones, se estableció que las fuerzas que ya gobernaban en los municipios, y que tenían representación en los distritos electorales, tendrían la preferencia en el establecimiento de candidatos. El reparto, de hecho, se centró en los municipios donde la coalición es oposición, y en los que le correspondían a Movimiento Ciudadano, que para esta elección decidió participar solo. Por esa razón, la capital oaxaqueña quedó en las manos de Acción Nacional.

Todo eso, sin embargo, no era en sí mismo garantía de nada. Pues como ocurre en todos los partidos, el PAN no es una fuerza homogénea, y además porque en una definición de esa magnitud también debía participar la opinión determinante del grupo gobernante no municipal, sino estatal. Ahí es donde todo entró en una dinámica de jaloneos, negociaciones y amenazas de rompimiento, de la cual sólo podrán salir a través de decisiones salomónicas. ¿Por qué?

Porque, en primer término, el panismo estableció como método de selección de candidatos la designación por parte del Comité Ejecutivo Nacional. El PAN le apostó a postular candidatos de unidad, pero sin cerrar la puerta a la ciudadanía. Por eso, su convocatoria establecía que podrían inscribirse no sólo militantes panistas, sino también ciudadanos con deseos de participar. Esto, que tiene una razón lógica de ser, en realidad se convirtió en el elemento de enrarecimiento de esta pugna interna por la postulación del candidato a la alcaldía citadina.

Esto porque, dentro del PAN oaxaqueño, los militantes tradicionales exigieron a la dirigencia estatal que la candidatura por la capital oaxaqueña fuera entregada a un militante, y no a “advenedizos”. El problema es que el panismo de cepa no reconoce por lo menos dos circunstancias determinantes: primera, que ellos solos nunca han ganado una elección y menos una tan competida como la de Oaxaca de Juárez; y segunda, que en esta elección no sólo tienen cabida las opiniones y la participación de la militancia panista (que tiene un peso específico muy relativo), sino también de la ciudadanía. Y que, en ese tenor, es determinante el interés del grupo gobernante por incidir en quién será el postulado.

Si desmenuzamos bien esas dos razones podremos entender el panorama actual del PAN, y también ver las sombras y luces que tiene la definición de su candidato.

CLAROSCUROS

El panismo nunca ha ganado una elección municipal en Oaxaca de Juárez: lo han hecho siempre ciudadanos que compiten electoralmente bajo las siglas de Acción Nacional. Si revisamos la historia de las elecciones municipales del panismo en la capital oaxaqueña, nos daremos cuenta que es cíclica en cuanto a la postulación de candidatos ciudadanos ganadores; en cuanto a los intentos de la militancia por imponerse en las candidaturas sólo cuando ven que pueden ganar; e incluso en las maniobras fallidas que han hecho varios de los alcaldes emanados del PAN por imponer a sus sucesores. ¿A poco no? Veamos.

Pablo Arnaud fue el primer gobernante de alternancia en Oaxaca. Ganó bajo las siglas de Acción Nacional, a pesar no sólo de no ser panista, sino incluso de tener en su contra a muchos de los militantes de Acción Nacional. Éstos no reconocían sus debilidades políticas y tampoco la presencia testimonial que tenían ellos como militancia panista. Desde el primer momento de Arnaud como gobernante, el panismo fue para él más un lastre que una ayuda. Pero continuaron postulándolo a partir de la fuerza y la aceptación electoral que tenía el PAN gracias a Arnaud, y no al revés como luego intentaron aparentarlo.

Después, el PAN fue a sacar de quién sabe dónde al malogrado munícipe Alberto Rodríguez González, que a fuerzas trató de imponer como candidato a su delfín, el ahora también desaparecido de la vida pública, Miguel Ángel Guerrero. Luego, cuando perdieron todas sus posibilidades de participar, a principios de la década pasada, el panismo desapareció y hasta perdió el interés por seguir siendo parte de las definiciones municipales. Fue hasta 2009 cuando reapareció integrando a Luis Ugartechea, otro ciudadano, a sus filas, y presentarlo como candidato a diputado federal por el distrito que comprende toda la capital oaxaqueña.

Ugartechea perdió esos comicios pero demostró tener capacidad para competir electoralmente. Por eso, el PAN lo presentó como candidato a alcalde citadino por la coalición PAN-PRD-PT-Convergencia. Y lo paradójico es que aun sin hacer campaña, ganó cómodamente la elección municipal. Hoy, de nuevo, Ugartechea intenta imponer a Francisco Reyes como candidato. Pero se enfrenta no sólo al panismo tradicional, que exige la candidatura para sí sólo ahora que están en condición de aparente ventaja, sino también al hecho de que el grupo gobernante (que es quien finalmente inyecta los recursos y la fuerza política que tiene toda la coalición rumbo a los comicios de julio próximo), que también quiere opinar, y tener ventaja, en la determinación del candidato por la capital oaxaqueña.

A MEDIANO PLAZO…

El trasfondo no es sencillo. Quien sea alcalde citadino se pondrá en la primera línea de la participación en el relevo estatal de 2016. Por eso al grupo del gobernador Cué le interesa perfilar a uno de los suyos, y no a un panista, como candidato a Edil citadino. No es un asunto menor. Y por eso los panistas de siempre, y los “ciudadanos”, y todos, rondan incansablemente la sede panista. Sólo que la decisión difícilmente podrá estar donde ellos creen. Estará en las más altas cúpulas del panismo y del gobierno. Y será ahí, en función de sus intereses, como definan esta candidatura. Hay quienes no lo ven. No alcanzan a entender este escenario en su contexto y fallan en el análisis y en la medición de fuerzas que intentan hacer al interior del PAN oaxaqueño.