+ Oaxaca sí debe estar preparado para enfrentarlo

Visto a la luz de la efervescencia y la ira que ha mostrado el magisterio disidente en el país, no es exagerado afirmar que la Sección 22 del SNTE ha actuado con relativa prudencia y ha evitado subirse, antes de tiempo, al carro de las protestas contra la reforma educativa. Sin embargo, eso —que es necesario resaltar— no significa que el magisterio oaxaqueño no vaya a decretar el paro indefinido de labores o que no vaya a respaldar la lucha de los maestros guerrerenses o michoacanos contra la reforma educativa. Los oaxaqueños, y el gobierno, debemos estar preparados para ese escenario.

En efecto, quizá porque en Oaxaca estamos tan inconformes con las acciones que toma el magisterio para protestar, en estas últimas semanas hemos dejado de ver un hecho que sí debe ser consignado: que contrario a lo que ocurría en otros momentos, en los que el magisterio oaxaqueño era punta de lanza del radicalismo y las acciones de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en todo el país, hoy la Sección 22 del SNTE ha evitado tomar acciones similares a las del profesorado de otras entidades, y se ha mantenido relativamente prudente, en clases, y esperando el momento para comenzar a negociar el cumplimiento del pliego de exigencias que presentó al Gobierno del Estado.

¿Qué pasa con los maestros de Oaxaca? Que al menos en el corto plazo, la política puesta en marcha por el gobierno estatal ha funcionado. Éste, se encuentra más que nunca en los brazos de la Sección 22. Si hacemos un recuento de las exigencias y los cumplimientos que ha hecho el gobierno estatal, podremos corroborar que, aunque disimuladamente, el sector oficial ha satisfecho a los democráticos en cada una de las demandas que le han planteado. Por esa razón, se desactivó rápidamente el conflicto con los normalistas, se evitó la radicalización de las protestas por la reforma educativa, e incluso se ha abonado a que los maestros no abandonen las aulas innecesariamente para ir a manifestar su rechazo a la reforma educativa.

El costo de esa relativa pasividad magisterial ha sido altísimo. Nunca como hoy, el gobierno estatal había cedido tanto margen de maniobra para el magisterio, que es quien pone los tiempos, quien decide las condiciones y quien establece las formas en que se van a llevar a cabo los acuerdos. En el corto plazo, esa estrategia ha funcionado, porque hoy los profesores democráticos no tienen ningún argumento sólido para ir en contra del gobierno estatal. No han hallado ninguna resistencia en el cumplimiento de sus demandas.

Y ambos grupos (el gobierno y el magisterio) han mantenido con relativa credibilidad su pose de “adversarios” que negocian y acuerdan sin ceder en todo lo que se exigen (e incluso hasta actuando que resisten y se distancian), pero también evitando caer en la figura del entreguismo abierto que podría llevar al magisterio a una ruptura interna. Todo lo han hecho, según se ve, para evitar que el conflicto magisterial que en particular subsiste en Oaxaca entre la Sección 22 y el gobierno, se contamine con la insurgencia de otras entidades.

Curiosamente, a cuentagotas los profesores democráticos de Oaxaca han ido exportando a otras entidades a varios de sus grupos de choque, y a las organizaciones periféricas que los apoyaron en la generación de disturbios y condiciones de ingobernabilidad. Pero ellos, a nivel de Sección sindical, han evitado declararse abiertamente a favor, o en apoyo franco, a la lucha que encabezan los profesores de otras entidades.

La prudencia, aceitada con los recursos y el poder político que le ha dado el gobierno estatal, ha rendido frutos en el hecho de que Oaxaca es hoy el raro bastión de una Coordinadora Nacional que a pesar de que está en alerta nacional, no ha parado clases, no se ha radicalizado, y no ha entrado en ruta de choque con el gobierno estatal.

LO INEVITABLE

Hoy vemos ese raro escenario porque, aún con la violencia que se ha desatado en Guerrero y Michoacán, aún no se llega al punto clímax de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones magisteriales afines a la Coordinadora Nacional. Lo que ocurrió la semana en Guerrero fue apenas una muestra de lo que puede hacer el magisterio cuando se radicaliza. Y los gobiernos federal y estatales deben estar bien preparados para enfrentar ese inevitable proceso de enrarecimiento magisterial que llega a partir de mayo. Para entonces, podría ser inevitable, incluso, que el magisterio oaxaqueño terminara decretando el paro indefinido de labores. Veamos por qué.

Oaxaca, según lo hemos ido viendo, tiene su propio ritmo. Sin embargo, el gobierno estatal ha dicho que no puede cumplir con todas las demandas de la Sección 22. Ésta, como siempre, ha establecido que no cederá en la negociación. Y el gobierno federal, que podría fungir como fiel de la balanza en un asunto como éste, en realidad tiene (medio) puesta su atención en el conflicto magisterial en otras entidades.

Si aquí, con los recursos económicos y políticos propios, no alcanza para desactivar la protesta; si al mismo tiempo el gobierno federal atiende el conflicto de forma superficial. Y si se intensifican las protestas en Guerrero, Michoacán y Chiapas, entonces al magisterio oaxaqueño no le quedará más camino que decretar el paro indefinido de labores para generar un paro regional que obligue a los tres ámbitos de gobierno a suavizar sus posiciones para enfrentar de forma conjunta el problema magisterial, que ya no sería focalizado a entidades en específico, sino una especie de “frente” del sureste mexicano.

Por eso los oaxaqueños debemos estar preparados para ese escenario. No hay razones para pensar que el magisterio oaxaqueño no se contaminará. De hecho, ese es el escenario más realista. Ya no tiene sólo que ver el tema económico, sino un conjunto de variables políticas que rebasan a la entidad, y que, en otros años, han enturbiado los procesos de negociación en Oaxaca y han llevado las protestas a buscar otros niveles de impacto, y de respuesta.

DESPERDICIO

¿Por qué el gobierno oaxaqueño no ha explotado con mayor vehemencia la sólida propuesta de reforma educativa que en varias ocasiones ha llevado a las cámaras legislativas federales el Gobernador del Estado? Allá ha tenido una recepción aceptable y hasta digna de reconocimientos. Sería bueno que el gobierno estatal la socializara más aquí en Oaxaca, explicara su contenido, y demostrara que sus propuestas tienen posibilidades de ser atendidas.

+ Magisterio: ligas peligrosas, al descubierto

Aunque es inaceptable lo que ocurrió el miércoles en Guerrero, es apenas algo parecido a lo que hace casi siete años ocurrió en Oaxaca durante meses. Aunque parezca asimismo inaceptable pensar en que todo lo que ha hecho el magisterio guerrerense termine en la impunidad, no hay razones para suponer que algo distinto pueda ocurrir. Oaxaca es la medida de todo. Aunque este sea un parámetro inadmisible desde todos sus flancos.

En efecto, el pasado miércoles los profesores afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) tomaron venganza porque el Congreso de aquella entidad no aprobó las reformas legales que les permitirían continuar gozando de la no evaluación, así como de los criterios discrecionales para desempeñar su labor educativa que prohibió la reforma constitucional federal aprobada en febrero pasado. Esa venganza consistió en acudir a las sedes de los cuatro principales partidos políticos (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) para destruirlas y quemarlas, además de provocar saqueos en oficinas administrativas del gobierno guerrerense.

Mientras eso ocurría, todo el país veía azorado cómo se revivían, aunque sea en una expresión mínima, los tiempos del conflicto magisterial de Oaxaca. Y es que quienes se sorprendían por la toma y el saqueo al Congreso guerrerense, quizá no recuerdan que en la entidad oaxaqueña el magisterio mantuvo tomada la sede del Poder Legislativo durante varios meses, y que cuando la entregaron estaba completamente saqueada.

Quienes se escandalizaron el miércoles por los daños que provocó el magisterio a las sedes partidistas, quizá no sepan que en Oaxaca el magisterio también agredió, en diversas ocasiones, las sedes partidistas. Y que, particularmente, aquí también provocaron incendio y destrozos en la sede del Comité Directivo Estatal del PRI. Algo exactamente igual a lo que ocurrió hace dos días en la sede priista guerrerense.

De hecho, en Oaxaca nada de lo ocurrido en Guerrero puede llegar a sorprendernos, salvo el hecho de que, ahora como entonces, el gobierno y los profesores terminen negociando para dejar todo en la impunidad. Si algo fue forma común de arreglo entre el magisterio y el gobierno cuando el conflicto del 2006, eso fue la negociación de la ley, para traer la paz a cambio del olvido de los quebrantos cometidos. En aquel año, eso pudo ser comprendido —que no justificado— por el hecho de que el gobierno estatal no tenía la fuerza para establecer el orden, y de que al gobierno federal no le interesaba en lo más mínimo procurar la paz y la justicia para Oaxaca.

¿Eso es lo mismo que pretenden hacer en Guerrero? Por el bien de la nación, es claro que ni siquiera deberían tomarlo como una posibilidad. Entonces, como ahora, en las movilizaciones y acciones de lucha del magisterio, están infiltrados diversos grupos que no son necesariamente magisteriales, que aprovechan el momento para ensayar tácticas violentas de lucha, y que asimismo ocupan la confusión para perpetrar acciones de mayor calado en cuanto a la desestabilización local.

Cuando ocurrió el conflicto magisterial de Oaxaca, había presencia bien definida de integrantes de organizaciones armadas (guerrilla). El problema es que el conflicto mismo no tuvo la suficiente fuerza para lograr una mayor duración, y permitir que esos grupos operaran más tiempo en la construcción de bases sociales.

La diferencia entre Oaxaca en el 2006, y Guerrero en la actualidad, es que allí el magisterio de la CETEG tiene una alianza pública, y bien construida, no sólo con células de movimientos armados, sino también con los llamados grupos de autodefensa, que a todas luces dejan ver que tienen un origen, financiamiento y fines más cercanos al crimen organizado que a los movimientos guerrilleros que han existido en la zona.

RIESGO DE ESTADO

Lo apuntábamos hace apenas unos días. En nuestra entrega del pasado 10 de abril, señalábamos que es indispensable entender la relación que tienen el magisterio, la guerrilla y los grupos de autodefensa en el estado de Guerrero. La guerrilla, como hemos apuntado antes, tiene profundas motivaciones políticas y sociales, y está planteada para conseguir un cambio de régimen, de orden jurídico y de relación entre las fuerzas políticas predominantes de una sociedad. La autodefensa, sin embargo, tiene motivaciones mucho menos elevadas, menos sociales y, al contrario, prácticamente desprovistas de causas justificadas e incluso de legitimidad entre la sociedad.

En algunas comunidades las autodefensas surgieron como consecuencia de la inseguridad. Sin embargo, está plenamente documentado que específicamente en Guerrero, muchos de los grupos de autodefensa nacieron a partir del interés de organizaciones relacionadas con la delincuencia organizada por desestabilizar, por arrebatar al Estado el control de regiones enteras, o simplemente por demostrar su capacidad de fuego, el temor que pueden infligir, o su influencia entre quienes habitan esas comunidades.

Por eso la relación entre el magisterio y las autodefensas, tiene poco o nada de similar que su relación con la guerrilla. La primera está plenamente justificada por las circunstancias y, aunque eso no la aleja de su marco de ilegalidad, es una de las características fácticas que más historia tienen dentro tanto del movimiento magisterial como de los movimientos armados. Sin embargo, la segunda es francamente riesgosa, porque entonces acerca al magisterio a otra vertiente de la ilegalidad que más bien tiene que ver con la protección de cuestiones del orden criminal, y con una nueva mimetización entre los intereses y las luchas sociales, y los intentos de los grupos armados por tomar lugar en los temas relevantes de una nación.

ESTRATEGIA CRIMINAL

Ese es el riesgo real: que los actos de desestabilización que antes preveíamos y hoy vemos consumados en Guerrero, sean parte de una estrategia criminal y no política. Y es que no se trata de que lo político no sea grave o que no merezca ser atendible, sino que cuando aparentes temas de hartazgo social vienen acompañados de intereses criminales, entonces el coctel se vuelve doblemente peligroso. Ya no sólo se trata de la gente que sale a las calles a protestar, sino que mientras éstas lo hacen, y el Estado las contiene, hay grupos que, como hormigas, trabajan en la toma de control. Oaxaca debe actuar milimétricamente para evitar la contaminación del tema magisterial con las efervescencias guerrerenses. La entidad vecina, está que arde.

+ Oaxaca: menos política y más atención social

La sorpresiva tormenta que azotó la noche del martes a la capital oaxaqueña, puso en claro lo débil que es el orden, y las desatenciones a los problemas públicos que emergen cuando se salpican con la lluvia. Los gobiernos —en sus tres órdenes— están metidos en los temas políticos y electorales; el grueso de la ciudadanía sigue preocupada por resolver asuntos urgentes como ganar el sustento diario o evitar las contrariedades. Y en medio, los problemas que son potencialmente perjudiciales para todos, siguen ahí, sin ser atendidos. Ojalá que esta dura lección sirva para que los ciudadanos aprendamos a exigir respuestas a nuestras autoridades, en los temas que son de verdad importantes.

En efecto, la noche del pasado martes cayó una tormenta que dejó calles y casas inundadas; dejó también parques anegados y cuantiosos daños en espacios públicos, vehículos de motor, y propiedades privadas. Como siempre, miles de personas quedaron en potencial riesgo de ser víctimas de inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y arroyos, y todas las desgracias humanas que traen aparejadas los mal llamados “desastres naturales”. Lo más grave de todo, es que en la tormenta del martes por la noche murió una persona que fue arrastrada por una crecida de río, cuyos riesgos seguramente pudieron haber sido evitados con obras de prevención. Y de nuevo quedó en evidencia lo frágil que es el orden público; y la capacidad de respuesta, antes y después de la contingencia, de nuestras autoridades.

Tienen toda la razón aquellos que dicen que los desastres naturales no existen; que lo que existen son desastres humanos provocados no sólo por la fuerza de la naturaleza, sino también por la negligencia de quienes, irresponsablemente, hacen o dejan de hacer cosas, que por ese solo hecho, ponen en riesgo la seguridad y la integridad de cientos o miles de personas.

En innumerables casos, queda claro que las crecidas de ríos, que las inundaciones y que los deslaves, ocurren no porque la naturaleza quiera “tomar venganza” de la humanidad, sino más bien porque son las personas quienes deliberadamente construyen sus viviendas y se asientan en zonas de riesgo; y porque de forma continuada, no existen autoridades conscientes que les prevengan —e incluso les prohíban y las remuevan— en el hecho de que asentarse en esas zonas implican riesgos potenciales para su seguridad en caso de una contingencia.

En Oaxaca, en la mayoría de los casos, puede más la debilidad institucional de las autoridades, su deseo de no pagar cuestionamientos, o su codicia por obtener ganancias políticas o económicas al permitir los asentamientos irregulares, que su deber de proteger la vida y la integridad de los particulares. En esa misma lógica se entiende el hecho de que, recurrentemente, los gobiernos opten por hacer obras de relumbrón (“para que la gente vea que estamos trabajando”) y dejen rezagadas las obras (drenajes, desagües, colectores pluviales, desazolves, etcétera) que aunque no se ven, sí pueden hacer mucho por la seguridad de las personas en momentos determinantes.

Todo esto es lo que quedó claro en Oaxaca la noche del martes… y cada que una tormenta, un movimiento telúrico, una inundación, una crecida de río o un deslizamiento de tierra, toma por sorpresa a autoridades y particulares, que se sorprenden ante el hecho, y hasta encuentran ocasión para acceder a fondos federales para desastres naturales, pero que nada hacen para erradicar de fondo esos flagelos que provocan pérdidas de vidas humanas, y económicas, cada que viene una lluvia torrencial a nuestra ciudad.

DEBILIDAD INSTITUCIONAL

Una lluvia fuerte, sí, pero de apenas un par de horas, fue suficiente para poner de cabeza a la capital oaxaqueña. En toda la zona norte, hubo cortes de energía eléctrica, calles anegadas, daños a bienes muebles e inmuebles. Y una profunda impotencia de miles de personas que vieron cómo ese orden y esa eficiencia en los servicios públicos que tanto nos presumen los tres ámbitos de gobierno —municipal, estatal y federal— no es tan real como parece.

Y es que con la primera lluvia torrencial del año comenzarán a aflorar los mismos problemas de siempre (que en reiteradas ocasiones nos han dicho que ya están resueltos). Veamos si no, a partir de anteayer martes, sólo es cuestión de días para que comencemos a ver las calles inundadas pero de baches, calles que se anegan no porque las lluvias sean inclementes, sino porque el drenaje pluvial está atascado de basura por la irresponsabilidad de los mismos ciudadanos, pero también por la negligencia de la autoridad que no toma previsiones. Veremos ríos desbordados no porque sus afluentes crezcan de manera incontrolable, sino porque no se han hecho las obras necesarias para que éstos tengan cauces bien definidos, y que no constituyan riesgos para la ciudadanía.

Veremos también a damnificados, que se ubican en esa calidad no porque esto sea irremediable, sino porque no hay autoridad que les advierta de los riesgos que corren en diversas situaciones, y también porque muchas veces la necedad de las mismas personas las lleva a poner innecesariamente en riesgo su vida, su integridad o su patrimonio. Y, en resumen, veremos un montón de cosas que pasan, exactamente de la misma forma, cada año; y cada año provocan dolor, destrozos, y pérdidas humanas y materiales, pero que siguen sin ser resueltas.

Debiéramos los ciudadanos estar esperando menos política y más acciones firmes para atender estos problemas. No podemos seguir confundidos con la espera de la gracia divina para que esos problemas se terminen, pero mientras no hacer nada. Los gobiernos deben tener más sentido de lo que debe ser, y para lo que debe servir el poder público. Y los mismos ciudadanos debemos aprender a exigir lo que es necesario. Esta lluvia del martes ya dejó un saldo negativo y agobiante. Y esperemos que la repetición de esa tormenta, pronosticada para anoche, no sea sino la reiteración de toda la abrumadora negligencia oficial y ciudadana que, lamentablemente, ya estamos acostumbrados a ver.

FUNCIONARIOS PARTIDISTAS

¿Por qué aunque en Oaxaca hay evidencias claras de que varios de los nuevos delegados federales vienen a trabajar con fines claramente electorales, nadie dice nada? ¿Será que aquí, ante el gobierno estatal, “chinto tapará a chinto”? Eso parece. Y aunque no parece posible, ojalá que estemos equivocados.

+ Transición, en lo fatuo; lo trascendente, olvidado

Los gobiernos de coalición sirven para llevar a las leyes, los programas de gobierno y las ideas políticas que convergen en ese conjunto de expresiones que se unen para formar una mayoría. Ganar una elección es el primer reto de una coalición pero, a la luz de los hechos, es el menos trascendente, si lo que se quiere es dejar un legado democrático y marcar una transición hacia nuevas leyes, nuevas formas de gobernar y nuevas reglas democráticas. Sin embargo, en Oaxaca el silencio de los Poderes Ejecutivo y Legislativo ante temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, y las cláusulas antiaborto, demuestran que la coalición sólo sirvió para lo electoral, pero que carece de contenido y visión política de largo plazo. Pero vayamos por partes.

En efecto, hace apenas unas semanas se realizó el primer matrimonio entre dos personas del mismo sexo en Oaxaca. Se hizo —contrario a lo que se piensa de una entidad que es gobernada, y que tiene mayoría legislativa, de “izquierda”— con la resistencia del sector oficial, que primero perdió una batalla legal —insalvable— en los tribunales, y después esperó hasta el último momento posible para permitir que eso sucediera. Fue a través de la concesión de un histórico amparo por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que la Dirección del Registro Civil permitió que se celebrara ese matrimonio al margen de lo que establece el Código Civil, que en ese precepto fue declarado inconstitucional.

Aún con la visión de izquierda que dice tener el régimen actual, lo cierto es que el gobierno de Oaxaca se resistió a reconocer el derecho a la igualdad que en ese aspecto tienen todas las personas, con el mismo denuedo que lo habría hecho el gobierno más conservador del país.

Y es que, atendiendo al principio de legalidad, es relativamente natural que el Registro Civil se haya negado a reconocer el derecho de dos mujeres a casarse por la vía civil, dado que el Código Civil establece que el matrimonio es un contrato “entre un solo hombre, y una sola mujer”. Pero lo que ya no es tan comprensible, es que el gobierno oaxaqueño haya ido a combatir la pretensión de las dos personas que solicitaron la protección de la justicia a través de un amparo, y que se haya inconformado —a través de apelaciones, revisiones y demás— ante todas las instancias de la justicia federal que sí reconocieron el derecho de esas dos mujeres a casare. El gobierno estatal —como si fuera de derecha, y no de izquierda— sólo aceptó el hecho, cuando la Suprema Corte dictó una sentencia con carácter de inatacable ordenando al Registro Civil que casara a la pareja.

Ahora bien, tomemos como suposición que la postura que asumió el gobierno local ante ese caso, era la de proteger lo que ya decía la ley, y no —como sí lo señala el artículo 1 de la Constitución federal— “favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia” de sus derechos fundamentales. Si esto era así, ¿dónde está la Legislatura del Estado? ¿Dónde están los partidos que son aliados del gobierno, y que una y otra vez se han pronunciado por una dizque “defensa a ultranza” de las garantías fundamentales de las personas?

¿Dónde estuvieron el PAN, el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, que todo el tiempo se desgarran las vestiduras cuando el gobierno no cumple los caprichos de los grupos de lucha social, que se disfrazan de defensores de los derechos humanos? ¿Dónde estuvieron todos ellos para evitar este quebranto a los derechos de las personas, por una ley que fue declarada como inconstitucional por el Alto Tribunal? ¿Qué hicieron ellos para apercibir al gobierno a que aceptara el acto y dejara de oponer una resistencia inútil? ¿Dónde estuvieron para entrar a la revisión de la ley y proponer reformas que sean acordes con la Constitución Federal y con los tiempos que vivimos?

La coalición, pues, ante un asunto como ese, demostró ser un gran engaño que sólo sirve para competir en las elecciones pero no para proteger efectivamente los derechos de las personas.

“DEFENSA DE LA VIDA”

Al mismo tiempo, desde 2009 subsiste en Oaxaca un precepto en el artículo 12 de la Constitución de la entidad, que es parte del “boom antiaborto” que en esos años fue estimulado en las Constituciones locales por el gobierno federal panista —y permitido por el PRI bajo la dirigencia de Beatriz Paredes— en el que se establecía que las leyes particulares de las entidades federativas protegían el derecho a la vida “desde el momento de la concepción”.

De nuevo, la coalición “de izquierda” guardó silencio ante tal precepto, a pesar de que hace dos años se le hizo una reforma de gran calado a la Constitución del Estado, que se supone que nos puso en el umbral de la transición democrática. Y aún con todo eso (con la transición democrática, con la instauración de un nuevo régimen y con la supuesta visión de avanzada que dice tener el grupo y los partidos gobernantes), nadie se ha preocupado por analizar si ese precepto de la Constitución local es acorde con lo que los oaxaqueños queremos, si de verdad sirve para garantizar algo real y posible a las personas, o si es sólo un atavismo de los sectores conservadores que realmente nos han gobernado.

Ese precepto, contenido en la Constitución local, es una visible cláusula antiaborto, que el conservadurismo en México siempre ha querido imponer en la Constitución Federal, pero que fue frenado por los gobiernos priistas que estuvieron en el poder hasta antes del año 2000. Incluso, cuando México firmó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos a finales de los años setentas, estableció una reserva (es decir, una exclusión) en lo relativo al derecho a la vida, porque ese Instrumento Internacional sostiene que las naciones que son parte de él protegen la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte, tal y como lo dispone la Iglesia Católica y los sectores conservadores de nuestro continente.

NO LES IMPORTA

Eso es lo que pasa actualmente: a la coalición de partidos que gobierna la entidad, no le importan los temas que de verdad podrían hacer trascendente a este gobierno, y únicamente se preocupa por lo relativo a la repartición del poder, a las cuotas, a las elecciones y al control que pretenden seguir teniendo de las instituciones y de los electores. Abordar temas como esos, verdaderamente haría pasar a la historia a esta coalición. Sólo que como son pequeños, no lo ven. Prefieren lo frívolo. No habrá razón para recordarlos después.

+ Designaciones, enredadas, oscuras e ilegítimas

El Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca está a punto de consumar la mayor traición a su militancia. Cuando se suponía que, desde la oposición, el partido tricolor tenía el deber de renovarse y de ganar la confianza de su militancia y de la ciudadanía, resulta que está haciendo todo por enredar sus procedimientos, llenarlos de oscuridad y, en resumen, simular democracia para terminar entregándose a los intereses inconfesables de siempre. El proceso interno para elegir candidatos a diputados y alcaldes es una simulación, que demuestra el galopante grado de descomposición que prevalece ese partido.

En efecto, según la convocatoria que emitió el Comité Ejecutivo Nacional desde el pasado mes de marzo, en el PRI oaxaqueño habría un proceso democrático en el que podrían participar todos aquellos militantes que tuvieran la aspiración de ser tomados en cuenta como precandidatos. La convocatoria establecía que, previo cumplimiento de los requisitos, habría convenciones municipales y distritales, en las que la propia militancia podría participar para definir al que sería su candidato. Ese, que a todas luces parecía un proceso democrático, fue deliberadamente torcido por los operadores partidistas aquí en la entidad. ¿Cómo?

El tricolor simuló, en resumen, esos procesos internos. Como no podían brincarse el requisito establecido en la convocatoria de que todos los militantes priistas que cumplieran con los requisitos de la convocatoria podrían participar, entonces decidieron abrir el proceso en ese punto, pero tomando ventaja desde el momento de la aceptación de las solicitudes de precandidaturas.

Sin ningún pudor, y aprovechándose del desconocimiento del grueso de su militancia de los medios de defensa que establecen las intrincadas leyes electorales, el Comité Directivo Estatal del PRI —con la aquiescencia, la complicidad o la omisión del dirigente Juan José Moreno Sada— deliberadamente dejó correr los plazos que establecía la convocatoria, hasta que éstos vencieran. Ya vencidos, nunca notificaron a quienes se habían inscrito al proceso si sus solicitudes de precandidatura habían o no sido aceptadas. Y ahí comenzó el asalto del PRI a su militancia. ¿Por qué?

Porque la única perjudicada de que el CDE dejara correr los tiempos, era la militancia. Ésta, según las leyes electorales, perdió la oportunidad de defenderse porque, salvo excepciones, no se pudo doler, en tiempo y forma, ante los tribunales por los derechos quebrantados. El PRI, sabiendo lo anterior, comenzó turbios procesos de negociación en los que muchos fueron engañados con la promesa de que serían tomados en cuenta; otros fueron esquilmados, al ofrecerles tráfico de influencias para obtener candidaturas; y los más fueron sorprendidos al confiar en un proceso que, según les prometieron, sería democrático, pero que terminó siendo la farsa de siempre.

Y es que mientras la militancia, animada, pensaba que podría participar en un proceso democrático, el CDE del PRI maquilló el proceso arreglando las convenciones con quienes ya había acordado —mediante acuerdos discrecionales— que se convertirían en candidatos. Y luego, cuando los ciudadanos de a pie que pensaron que podrían participar, se dieron cuenta que todo era una simulación para consumar las imposiciones, también repararon en el hecho de que el PRI, su partido, los había traicionado, dejando pasar deliberadamente el tiempo para que pudieran defenderse ante las instancias partidarias y los tribunales jurisdiccionales.

Así se explica que en muchos municipios se hayan definido candidaturas en procesos amañados de cabo a rabo. Esas maniobras, desaseadas y turbulentas, explican también por qué al PRI los procesos en los municipios importantes se les fueron —literalmente— de las manos. Y eso explica, en el fondo, por qué pretenden hoy sacar a sus candidatos más importantes mediante negociaciones políticas y candidaturas “de unidad”, cuando lo que realmente decidió la convocatoria es que las candidaturas fueran para quienes demostraran militancia, arraigo y capacidad de convocatoria.

ENREDOS INNECESARIOS

El PRI oaxaqueño se mofó primero de su militancia cuando fue incapaz de conducir pulcramente el proceso para definir a sus candidatos a diputados locales. A propios y extraños les jugó el dedo en la boca con la zanahoria del proceso interno, para finalmente terminar imponiendo candidatos en todos los distritos.

Su “unidad” aparente, la basaron en que ellos mismos chicanearon el proceso para atajar las impugnaciones, y tener el otorgamiento de las candidaturas en las manos del Comité Directivo Estatal, pero no porque de verdad los hombres y mujeres a quienes definieron como candidatos sean los idóneos, o porque tengan la certeza de que todos los demás (los burlados) se sumarán a esas candidaturas artificiales.

Eso mismo está pasando con los municipios. Si revisamos únicamente lo que ocurre en la zona conurbada, veremos cómo fue el propio CDE del PRI quien enredó todo el proceso para tratar de imponer a los afines a sus intereses políticos. En Santa Lucía del Camino, por ejemplo, el Comité Estatal del tricolor está metido en grave dilema (que bien se pudo haber ahorrado) por su indeclinable necedad de querer imponer al individuo que sí llegó a acuerdos económicos con la dirigencia estatal, dejando de lado las expresiones genuinas de su militancia.

El PRI, en esa localidad, pretende imponer, a como dé lugar, y aunque sólo refleje garantías de derrota, a Fortunato Mancera, cuando es claro que el candidato natural, y el que podría ganar sin problemas un proceso interno abierto y democrático, sería Galdino Huerta Escudero. En ese caso, es la necedad de Alejandro Avilés, y no la complejidad de la contienda, lo que tiene enredado el proceso de designación del candidato a Alcalde en ese municipio.

¿“LIMPIAR LA CASA”?

Exactamente lo mismo ocurre en todos los municipios importantes. Bastaría con hacer la revisión, para saber por qué a esos candidatos los quieren sacar por la vía de los acuerdos políticos y no a través de la participación de la militancia. Lo que quieren hacer es limpiar la casa y simular operación política. En el fondo, lo que quiere la dirigencia es ver con quién se arregla mejor, de quién puede sacar más provecho, y en qué forma puede servirse del proceso, aunque la militancia y el futuro de ese partido sigan anclados a la burla y las tomaduras de pelo de Avilés, y de quienes —por acción u omisión— lo respaldan en sus pillerías.

+ Gobierno, con varias dependencias en olvido

Quién sabe si lo más adecuado para relanzar al Gobierno del Estado radique en plantear una nueva reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En el fondo, parece claro que lo que urge es replantear las prioridades políticas del régimen gobernante, así como los fines para los que fue electo. Administrativamente, el gobierno tiene olvidados un conjunto enorme de temas que parecían torales hace apenas dos años, mientras que muchos de los funcionarios y ex funcionarios, se dedicaron a cuidar y disputarse parcelas de poder que, según comienza a verse, no eran tan propias como ellos pensaban.

En efecto, como toda nueva administración, la del gobernador Gabino Cué inició en diciembre de 2010 dando la idea de que a muchos de sus funcionarios les había sido extendido un contrato por seis años. En aquel momento, se dijo que al gobierno habían sido invitados a trabajar los mejores hombres y mujeres de la entidad; y se estableció un conjunto de temas que, según parecía, serían el eje de la administración. Para que no quedara duda de lo anterior, ese conjunto de prioridades se vieron reflejadas en las dos reformas que la Ley Orgánica del Ejecutivo ha sufrido en esta administración. La mayoría de ellas, sin embargo, están en el cajón del olvido. Veamos si no.

En diciembre de 2010 se establecieron por primera vez en la ley, los órganos auxiliares del Gobernador del Estado. Este conjunto de órganos vendría a complementar el funcionamiento de las Secretarías del Gobierno, llevando a cabo funciones de vital importancia para el régimen, como lo era el manejo de la oficina de la gubernatura, la planeación de los proyectos estratégicos, la conducción de la vinculación internacional, el manejo de los derechos humanos o las tareas relacionadas con la educación media y superior en la entidad. La importancia de estos temas y órganos se fundaba en que éstos funcionarían como el staff principal del Ejecutivo, para que éste mantuviera el rumbo de sus intereses en tareas que escapaban a las Secretarías.

En un primer momento, debemos preguntarnos qué pasó con esos órganos. La respuesta inmediata es que la mayoría de ellos o desaparecieron, o están acéfalos, o pasaron a un lejano segundo plano en las prioridades del Gobierno del Estado. Y es que la Coordinación de Proyectos Estratégicos desapareció una vez que cumplió con el objetivo de planear los grandes temas de obra e infraestructura que ejecutaría esta administración. Por otro lado, la oficina de Asuntos Internacionales tiene más de un año acéfala, igual que la de Educación Media Superior y Superior, que quedó extraviada entre las fricciones magisteriales y ante la imposibilidad de cumplir con los fines para los que fue creada.

Caso aún más grave es el de la Oficina de la Gubernatura. Ésta tiene como función de fondo, servir como puente y bisagra entre el Gobernador del Estado y sus subordinados, los titulares de las dependencias estatales. Es tan evidente su fracaso, como el hecho mismo de que la falta de coordinación entre dependencias estatales ha provocado problemas graves de funcionamiento dentro de la administración, que incluso han trascendido a la esfera pública con el enfrentamiento verbal entre integrantes de la administración estatal, que lejos de hallar canales de coordinación y entendimiento, llegaron al extremo de ventilar públicamente sus diferencias.

La única que hasta ahora no ha tenido mayores sobresaltos, pero que tampoco tiene logros que presumir, es la Coordinación de Derechos Humanos del Ejecutivo, a quien más bien se le señaló por duplicar funciones con dependencias como la Secretaría General de Gobierno o la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

En gran medida, en esos órganos estaban muchas de las prioridades iniciales del Gobierno del Estado. ¿Dónde se encuentran hoy? Evidentemente, perdidas en los enfrentamientos de quienes integran el gabinete, y en la pertinaz idea de prácticamente todos los subordinados del Gobernador del Estado, por darle prioridad a los asuntos urgentes, partidistas o coyunturales, aunque éstos carezcan de importancia real para la administración estatal.

¿NUEVA VISIÓN?

Curiosamente, en las dependencias donde hubo mayores expectativas es en las que están ocurriendo los primeros cambios. En Finanzas, por ejemplo, había una expectativa enorme por la gestión de Gerardo Cajiga Estrada como titular. Éste contaba con todas las credenciales de preparación académica y formación profesional para enfrentar el cargo. Tuvo aciertos importantes, como la refinanciación de la deuda pública estatal. Sin embargo, nunca pudo, y quizá tampoco quiso, alejarse del aura de ser el encargado de cuidar tan al extremo los recursos, que incluso negara recursos a la misma administración estatal para su funcionamiento.

Y es que cualquier persona, en cualquier cargo relacionado con el manejo directo de recursos, encuentra un coto de poder en la posibilidad de controlar a sus pares a través de la dotación de esos recursos. Nunca quedó claro si ese señalamiento recurrente estaba fundado en la realidad. Pero el hecho es que aún con sus recurrentes negativas, Cajiga logró unificar a propios y extraños con el argumento de que la dependencia que encabezaba tenía la extraña capacidad de retardar lo más posible, y regatear, la entrega de los recursos que por ley estaban destinados para diversas labores.

Eso es lo visible, pero hay asuntos más graves que no se ven. Por ejemplo, ¿sabrá ya el nuevo secretario de Finanzas, Enrique Arnaud, los gravísimos problemas que enfrentan las autoridades municipales para ejercer los recursos que gestionan ante instancias estatales y federales, pero que deben ser entregados a través de Finanzas? ¿Sabrá que en muchos casos apenas se están ejerciendo los recursos del año 2012? ¿Qué plan tiene para subsanar esas cuestiones que rebasan una actitud personal, y se inscriben en un grave problema de planeación, de funcionamiento interno de la dependencia, de burocratismo, y hasta de ninguneo a las autoridades municipales?

AJUSTES, ¿EN DÓNDE?

Esos deben ser los ajustes de fondo: a las prácticas y no a los funcionarios. De nada servirán los cambios en Finanzas, en la Secretaría de Gobierno o en Sedafpa, si al final las prácticas indebidas y las quejas continúan. Los ajustes deben ser de fondo. Y eso comenzará a notarse según funcionen mejor, o sigan como están, las dependencias estatales que han sido, y que quizá pronto sean renovadas.

+ ¿Qué factor define las candidaturas?

En la lógica común uno no puede comprender cómo un partido político puede decidir quiénes serán sus candidatos en base a la regla de la menor pulcritud y honestidad, y no al contrario. Pero basta con ver al PRI oaxaqueño, y la persistencia de sus prácticas, para entender por qué esa sigue siendo la principal regla que define a quiénes serán los candidatos a cargos de elección popular. La razón de fondo, como siempre, se encuentra siguiendo la ruta del dinero.

En efecto, en este proceso electoral se definirán dos tipos de cargos de elección popular. Unos son las diputaciones locales, y los otros las presidencias municipales. En ambos, dentro del tricolor, ha habido señalamientos recurrentes respecto a la venta de candidaturas, a la definición de candidaturas por los personajes más cínicos e impopulares, o por los acuerdos cupulares que, a la luz de la militancia y la ciudadanía, parecen inexplicables. ¿Cómo creer que las candidaturas se venden y se negocian, cuando de lo que se trata es de que los cargos se ganen en las urnas? La respuesta está en los intereses económicos que están de por medio en unos y otros cargos.

Vayamos primero al tema de las diputaciones locales. Pues en un primer momento, pareciera que las diputaciones locales no son un buen negocio. Esto porque a ras de tierra se sabe que ganar una elección en Oaxaca, en un distrito electoral de los menos importantes, cuesta entre tres y cuatro millones de pesos. Ese “costo” incluye las labores de movilización, de presencia del candidato, de dádivas a los votantes, de la compra de votos y de un conjunto enorme de gastos que deben hacerse sólo en el tiempo de las campañas y que tienen que ver directamente con el proselitismo.

En esa óptica, si se supone que un diputado local gana alrededor de 70 mil pesos mensuales por concepto de dieta, lo lógico sería pensar que entonces los tres años que dura su cargo no son suficientes ya no digamos para tener algún dividendo económico positivo, sino tampoco para poder recuperar la “inversión inicial” que se hizo para el proselitismo electoral.

Si esto es así, ¿entonces de dónde sale tanto interés por ser candidato? La pregunta no es ociosa. Pues en estos tiempos electorales podemos ver que los aspirantes a un cargo de este tipo se cuentan por docenas, y que en el caso del partido tricolor las candidaturas están siendo disputadas casi a sangre y fuego. Es evidente que quienes pelean no lo hacen por el honor de ser candidatos, y tampoco por el altruismo de servir a Oaxaca. esa es una patraña que cae por su propio peso apenas se dice y se confronta con la pésima imagen que tienen los diputados.

El negocio está en que un diputado hoy puede vender prácticamente todas las decisiones que pueda tomar en su calidad de legislador. No hay forma constitucional o legal alguna que lo limite, porque todo lo hace en el uso de su autonomía como legislador. Y en estos tiempos de campañas electorales, es evidente que aún cuando ese es uno de los temas de los que nunca se habla, dentro de los partidos sí se hace y con toda claridad, y por esa razón se incentiva el interés a ocupar una curul para responder a ciertos intereses, pero además para garantizar el acceso a distintas fuentes de financiamiento que están fuera de alcance de casi todas las conciencias y opiniones. Vayamos a otro ejemplo.

Los diputados tienen la posibilidad de nombrar a administradores municipales en los municipios donde los conflictos políticos no permiten los procesos electorales. Hoy mismo en Oaxaca existe un número importante de administradores, que en los hechos funcionan como auténticos dueños de las arcas municipales de las localidades en las que fungen. Por la misma naturaleza inestable de su función, no tienen todas las obligaciones de transparentar su gestión ni de entregar cuentas.

Y por esa razón muchos de los que hoy aspiran a cargos legislativos, lo hacen ofreciendo esas fuentes de financiamiento a quienes los están apadrinando. Preguntémonos por qué en prácticamente ningún municipio donde se establecieron administradores municipales ha habido elecciones. Y la única respuesta que hallaremos es que esto es así, porque a nadie, literalmente, a nadie, le conviene que haya elecciones donde está habiendo un reparto parejo de recursos municipales que no están llegando a los fines para los que fueron destinados.

ALCALDÍAS EN VENTA

Lo mismo ocurre en las alcaldías. Los personajes que aspiran a esos cargos llegan a las candidaturas prometiendo entregar las tesorerías municipales, y la obra pública, a las constructoras, despachos y proveedores que los líderes partidistas les proporcionen. Aunque parezca increíble, en muchos de los casos las candidaturas en el partido tricolor se han resuelto por esa vía, no importando que los postulados sean los abanderados menos populares o los que menores garantías de triunfo le den al partido.

Esto constituye un acto de interés abierto que nadie está tomando en consideración. Si nos ponemos a revisar con detalle nos daremos cuenta que muchas de las decisiones que se han tomado en los últimos días en ese partido, tienen que ver con ese tipo de arreglos a mediano plazo. En su lógica, si de todos modos las posibilidades de triunfo no están aseguradas al ser el PRI un partido de oposición, entonces la única posibilidad que tienen de tener algún viso de ganancia radica en postular a quien sí les garantice ese acceso, aún cuando la posibilidad de ganar los comicios sea un albur con pocas posibilidades de éxito.

Así se está decidiendo mucho de lo que ocurre hoy en el PRI y por eso hay tantas decisiones que son aparentemente inexplicables. En los próximos días veremos cómo en muchos de los más de cien municipios en los que habrá elección por partidos políticos, se desatarán las rebeliones por la imposición de candidatos amorales, repudiados por la ciudadanía y rechazados por quienes votan y deciden. El PRI se habría inclinado por ellos porque lo quiere es la mayor cantidad posible de amoralidad. Sólo eso les permite hacer de las diputaciones y las alcaldías un negocio. No lo dejemos de tomar en cuenta.

CAMBIOS

Ayer se fueron dos Secretarios del gabinete estatal. Se fue Gerardo Cajiga y Salomón Jara. ¿Qué cambiará? Poco, si se sigue sin hacer efectivo aquel imperativo que dice que el poder es uno, que es vertical, y que tiene como fin que el régimen funcione correctamente. Ya habrá tiempo del análisis. No hay razón para elevar, hoy, las expectativas en ninguna de las tres dependencias “renovadas”.

+ Sus limitaciones residen en la inmovilidad

Cuando en agosto de 2011 Jesús Martínez Álvarez llegó a la Secretaría General de Gobierno, dijo en su discurso de toma de posesión, que su misión sería la de llevar a la instancia encargada de la gobernabilidad a todos los rincones de la entidad, para abonar a que los problemas sociales y políticos se resolvieran ahí mismo donde se generaban, y evitar que todos vinieran a impactar en la capital oaxaqueña. Ese, que en esencia no parecía un mal planteamiento, en realidad se vio torpedeado por una infinidad de obstrucciones y regateos que convirtieron algo potencialmente funcional en imposible, y la labor de la Secretaría General en un callejón sin salida.

En efecto, desde los primeros días de su gestión como titular de la Segego, Martínez Álvarez planteó la creación de ocho subsecretarías regionales, que tuvieran las capacidades y los recursos suficientes como para enfrentar y resolver los problemas sociales y políticos que se presentaran en las regiones del Estado. Lograr ese objetivo implicaba un reto importante dentro de la administración pública, porque eso significaba quitar estructura administrativa, recursos, poder y presencia a otras dependencias y personajes, que no tan fácilmente se dejarían “despojar” por Martínez.

Ahí quedó claro que en esta administración, todos tienen la convicción de que el gobierno es un conjunto de islas o cuotas de poder, que cada quien tiene derecho a cuidar y preservar como si fueran suyas. La idea, pues, de que el gobierno es uno, y que las decisiones se toman en función de lo que el gobierno necesita, y no lo que sus integrantes desean, estaba ya perdida para entonces. Darse cuenta de eso, constituyó el primer frentazo del malogrado Secretario General de Gobierno.

¿Por qué? Porque en ese discurso de toma de posesión, Martínez planteó la creación de esas ocho subsecretarías sin que eso necesariamente significara la creación de sendas estructuras que requirieran, en cada región del Estado, recursos económicos, materiales y humanos para operar. El entonces recién ungido Secretario de Gobierno más bien volteó a ver las estructuras administrativas que ya existían, pero que habían sido desnaturalizadas y desviadas para ser utilizadas en trabajos técnicos para los que no estaban preparadas, o para ser estructuras electorales a favor del hoy senador Benjamín Robles Montoya.

Esas estructuras eran las antiguas delegaciones de gobierno, que esta administración convirtió en Módulos de Desarrollo Sustentable. La razón de esa conversión, al inicio del sexenio, radicó en las incontables denuncias de que las delegaciones, en manos del impresentable Alejandro Avilés Álvarez durante el gobierno de Ulises Ruiz, se habían convertido en centros de operación electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional. El gobierno de Gabino Cué decidió terminar con eso, y les quitó todas las potestades políticas para convertirlo en órganos técnicos que interactuaran con los municipios para temas de desarrollo social y productivo.

El problema es que esos Módulos rápidamente fueron colonizados por quienes veían en el gobierno un trampolín electoral. A menos de un año de distancia, los Módulos demostraron no poder cumplir cabalmente con su misión, porque como órganos técnicos no alcanzaban a tener el grado de especialización que requerían las funciones que se les delegaron; además, porque sus funciones propias constituían (violando la Constitución federal, como hasta ahora) una especie de autoridad intermedia entre el Estado y los municipios; y porque, finalmente, fueron tomadas por Robles Montoya para fungir como sus brazos principales en la operación electoral que desplegó en su carrera por el Senado de la República.

Esa era la estructura que quería Martínez para ponerla a trabajar, decía, a favor de la gobernabilidad del Estado. El problema es que eso implicaba un enfrentamiento político al interior del gabinete. Y ahí comenzaron los problemas y las confrontaciones que marcaron su atropellada gestión en la Secretaría de Gobierno.

CONFLICTO POR ESTRUCTURA

Jesús Martínez Álvarez quería, en resumen, que los Módulos de Desarrollo Sustentable se convirtieran en la base de su proyecto como titular de la Segego. Quería que éstos se sectorizaran a la Secretaría de Gobierno, se organizaran en ocho subsecretarías regionales y operaran en función de las necesidades de la política interna, además de que continuaran desahogando las tareas que ya tenían asignada. Así, pensaban, no habría mayor gasto ni crecería la estructura burocrática del gobierno estatal. El problema es que perdió de todo a todo.

Benjamín Robles, apoyado por los titulares de otras dependencias, comenzaron a torpedear el proyecto hasta sacarlo de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que se planeaba para los primeros meses del 2012. Cuando quedó claro que sería imposible trasladar esa estructura a la Secretaría de Gobierno, entonces Martínez comenzó a presionar para que le aprobaran la estructura de la Subsecretaría de Operación Regional, que entonces ya funcionaba de forma provisional (primero a cargo de Jaime Slomiansky, y después en manos de Rogelio Morales, cuando el primero salió literalmente huyendo de ese callejón sin salida), pero lo hacía, literalmente, en “banquitos” porque no tenía recursos, ni estructura administrativa, ni oficinas, ni nada.

Al final, lo que se creó fueron las coordinaciones regionales que, en los hechos, han funcionado únicamente en la medida de sus posibilidades. Es decir, lo han hecho a pesar de que la Segego ha ido recibiendo a cuentagotas los recursos para pagar al personal contratado, de que la propia administración de la Secretaría es un caos nunca atendido por Martínez, de que cuentan con una infraestructura casi testimonial, y que las demás dependencias de la administración estatal no le han dado la importancia que debiera tener esa estructura tanto para apoyarse en ellas para resolver problemas, como para atender sus llamados y peticiones cuando ellos intentan enfrentar un conflicto.

SECRETARÍA INFUNCIONAL

Hoy debería someterse a revisión la permanencia de esa estructura, pero a la luz no de la Segego, sino de todo el Gobierno del Estado. ¿Para qué quieren tener esa Operación Regional, si aunque podría ser eficaz, nadie quiere usarla? Bien dicen que el primero requisito para recibir ayuda, es dejarse ayudar. Y ese es el brete que hoy enfrenta el gobierno estatal con la Segego, que se volvió el patito feo de la administración estatal.

Primero Irma Piñeiro Arias, luego Jesús Martínez Álvarez y ahora Alfonso Gómez Sandoval Hernández lidiaron, lidian y lidiarán con una Secretaría General de Gobierno que, estructuralmente, está confeccionada para no cumplir con sus funciones. Al margen de la guerra permanente que existe entre quienes integran el gabinete de gobierno, es evidente que los mismos cambios institucionales han tenido la lógica permanente de debilitar al área de gobierno para trasladar ese poder a espacios más cómodos y en los que se pagan menos costos políticos por el ejercicio del poder. Mientras eso no cambie, todo aquel que sea Secretario de Gobierno se enfrentará a los mismos problemas, y terminará sucumbiendo por ellos.

En efecto, cuando Irma Piñeiro llegó a la Segego, lo hizo sin ningún respaldo político y, valga decirlo, sin mucha idea ni capacidad de sus funciones. Su paso por la dependencia dejó en claro que nunca fue bien vista en el gabinete, y que su gestión era sólo testimonial para cubrir el requisito de la pluralidad en la conformación del gobierno. Por eso, cuando llegó Jesús Martínez a esa Secretaría, se pensó que, siendo cercano al grupo gobernante, y teniendo experiencia en el ejercicio del poder, éste sí sería un Funcionario políticamente fuerte y con capacidad de coordinar y decidir al interior del gobierno.

Los hechos, sin embargo, pronto dejaron ver que eso no ocurriría. Martínez Álvarez sabía perfectamente que el poder no le vendría de la nada. Y como fácticamente el Jefe del Ejecutivo no le había dado la calidad suficiente para disponer dentro del gabinete, buscó hacerlo por la vía de una reforma que institucionalizara la fortaleza de la Segego. Así lo intentó cuando, en el ajuste que se hizo en diciembre de 2011 a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, intentó que se estableciera al Secretario de Gobierno como Jefe de Gabinete, cuestión que finalmente no prosperó.

Esa, aunque poco se toma en cuenta, fue la derrota que marcó a Martínez Álvarez como un funcionario intrascendente dentro del gabinete y dentro de los temas importantes para el Gobierno del Estado. Pues cuando se presentó el proyecto de modificación a la Ley Orgánica, por lo menos desde tres Secretarías (Finanzas, La Consejería Jurídica y la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura) se vetó tal disposición.

Comenzó así una medición de fuerzas, en la que valieron poco los argumentos jurídicos de por qué esa figura de la jefatura de gabinete sí debía existir (y de hecho sí debe existir), y todo se redujo a intrigas, a golpes bajos, a presiones y a chantajes dentro del gabinete y hacia el propio Gobernador del Estado, y finalmente pudieron más los que se oponían a que las modificaciones a la Ley Orgánica tuvieran esa lógica, y lejos de fortalecer a la Segego, terminaron quitándole atribuciones, dependencias sectorizadas, y fuerza política a Martínez Álvarez.

Esa debilidad, en los hechos, tiene varias vertientes. La primera de ellas, es que la Secretaría de Gobierno perdió el peso del control político que tenía antes. Ni Piñeiro ni Martínez ni tampoco Gómez Sandoval podrán tener los márgenes de control que la Segego tuvo en otros tiempos, porque hoy en día el Secretario General de Gobierno es ajeno completamente a las tareas de seguridad pública, a las relacionadas con el manejo de los recursos económicos, y a los temas que tienen que ver con el uso de la fuerza.

Sin esos tres controles, y sin la certeza del peso político suficiente que sólo puede darle el Gobernador a su encargado de la política interna, la Segego se convierte en una oficina “caza chambas” —y de hecho eso es en la actualidad— que se dedica a “cachar” conflictos sociales para intervenir en ellos y tener algo de trabajo con qué entretenerse, pero sin tener funciones estructurales encaminadas generar condiciones de gobernabilidad en el mediano y largo plazo.

PERFIL DEL SECRETARIO

Por antonomasia, se entiende que quien ocupa una Secretaría de Gobierno es, en sí mismo, un personaje fuerte. Eso no ha funcionado en Oaxaca durante esta administración, por el hecho de que, por una errónea conceptualización de la pluralidad en la conformación del gabinete, y por las luchas internas dentro de éste para ganar posiciones o poder, no existe la verticalidad natural que debe existir entre quien detenta el poder y lo delega, y los que quedan como delegados y responsables de ejercer directamente las funciones. Aquí la horizontalidad, la ausencia de reglas claras, y la falta de institucionalidad de varios de los que integran el gabinete, han provocado crisis recurrentes que, en este caso, apuntan a un Secretario de Gobierno de perfil bajo.

Esto parece un contrasentido, que no debe imperar. Gómez Sandoval tiene la nada sencilla misión de no convertirse en ese Secretario de Gobierno de perfil bajo sólo para satisfacer a quienes erróneamente así lo exigen; y debe también encontrar la forma de fortalecerse no sólo en el ánimo del Gobernante y de quienes integran el equipo de gobierno, sino también en el ámbito de las atribuciones y la fuerza institucional que debe tener la Segego.

En este último caso, debe recuperar las herramientas que son indispensables para el control político de cualquier escenario. Es impensable, por ejemplo, que hoy el Secretario de Gobierno tenga un perfil más bajo (es decir, que sea menos escuchado, menos atendido y menos tomado en cuenta) que otros funcionarios que no debían tener intervención en el manejo político de los asuntos del Estado, pero que sí lo hacen dados los espacios vacíos que existen tanto en las atribuciones legales como en la práctica de gobierno que se ha dado en los últimos años.

Si todo eso no se entiende, Gómez Sandoval únicamente irá a la Segego a seguir padeciendo —en un círculo vicioso— los mismos problemas por los que sucumbió Piñeiro y Martínez, y a seguir tratando de hacer el trabajo que, a veces parece, muchos dentro del gabinete no quieren que se haga a favor de Oaxaca.

LENGUARAZ

Con todo y sus confrontaciones internas en el gobierno, Jesús Martínez duró mucho en ese cargo que dejó el sábado. Si algo le provocó problemas fue su incapacidad natural para aguantarse en público a hablar de los temas que seguramente discutió hasta el cansancio en el ámbito privado. Haber dicho, por ejemplo, que el gabinete era un “desbarajuste”, debió haberlo hecho a la par de presentar su renuncia con carácter de irrevocable. Con todo y que siempre tuvo razón, lo aguantaron mucho.

Oaxaca de Juárez debe ser vista como urbe

Aunque formalmente Oaxaca de Juárez dejó de ser la sede de los poderes del Estado, su importancia como capital del Estado es indiscutible no sólo en lo político y administrativo,  sino también por los enormes problemas que presenta en conjunto con los municipios aledaños, que han sido absorbidos por el crecimiento urbano. Hoy que estamos en el momento de las definiciones partidistas sobre quiénes serán los candidatos a convertirse en autoridades, los oaxaqueños esperamos no sólo disputas o grillas, sino un conjunto de propuestas sobre cómo abordar esos problemas de fondo que enfrenta nuestra ciudad.
En efecto, una capital es la ciudad que tiene la preeminencia en un campo social, cultural, económico o de otra índole en un Estado. En nuestro caso, Oaxaca de Juárez es la ciudad más importante de la entidad no sólo porque aquí se concentra la mayor actividad administrativa, económica y política de la entidad, sino también porque a diferencia de casi todos los demás estados (en los que existen por lo menos dos o tres ciudades de similar importancia que su capital), en Oaxaca no existe otra población con un nivel de desarrollo similar al de la capital.
Esto significa un reto de multiplicadas dimensiones para la capital oaxaqueña. Pues en primer término, el hecho de que en la entidad no haya otra ciudad con un desarrollo e importancia similar al de Oaxaca de Juárez, no significa que ésta última sea una ciudad desarrollada o con sus problemas urbanos, sociales, económicos y administrativos ya resueltos.
Y si esto es en sí mismo grave, todo se acentúa cuando reparamos en el hecho de que hoy el rumbo que lleva toda la zona metropolitana de Oaxaca es de total abandono e indolencia frente a sus problemas. Hace muchísimo tiempo que la capital no cuenta con un proyecto urbano, con obras de gran calado, e incluso con orden. Y ese es el ingrediente fundamental de los problemas agravados que hoy enfrenta.
En Oaxaca de Juárez no ha habido proyecto, y por eso todos los que han sido presidentes municipales en los últimos lustros han venido a hacer únicamente lo que se les ha ocurrido. Cada uno de ellos, al margen de su extracción partidista, su formación personal o profesional o sus intereses políticos, ha prometido reinventar la capital, sacarla de sus problemas y llevarla a una situación de mejoría, aunque lo único que han logrado es profundizar los conflictos que aquí se padecen.
Y es que Oaxaca enfrenta problemas muy concretos. Por ejemplo, tiene graves problemas de inseguridad que siguen sin ser resueltos. Tiene también un grave problema de rezago en su planeación urbana y en el desarrollo de alternativas para las vialidades, peatones, ciclistas y automovilistas. El transporte público es una asignatura prácticamente anulada; hay un conjunto enorme de problemas de salud pública que a nadie le importa resolver. Y, por la combinación del desinterés, la incapacidad y la desidia a la hora de enfrentar a los poderes fácticos, aquí los giros negros, el ambulantaje, la pillería y hasta la delincuencia organizada han tomado el control de la vía pública en casi todas sus vertientes.
Es gravísimo, por ejemplo, que en Oaxaca de Juárez no haya control de las zonas públicas, los parques, los jardines, las banquetas, las plazas públicas y hasta las calles. Unas pertenecen a los ambulantes, otras a la prostitución, algunas más a los giros negros. Y qué decir de todos los espacios que se encuentran en manos de grupos o personajes oscuros que quieren todo menos el imperio del orden.

PROBLEMAS ¿INVISIBLES?
El otro gran problema que enfrenta Oaxaca es que sus problemas se han extendido en la misma proporción que ha crecido la capital y se ha ido internando en los mal llamados municipios conurbados. Hoy muchos de esos problemas antes descritos son una preocupación ya no sólo de quienes habitan la capital, sino también de quienes viven en los más de veinte municipios que son considerados ya como parte de lo que debería ser una zona metropolitana de Oaxaca, pero que por la misma visión corta de las autoridades (y la mediocre exigencia de los ciudadanos) no han dejado de ser sino anexos a la ciudad, que bien podrían ser su patio trasero.
¿A poco no Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Yatareni, Tlalixtac o San Jacinto Amilpas, tienen una importante actividad económica basada en todo lo que no puede hacerse de forma abierta en la capital? ¿A poco no en muchos de esos municipios se encuentran muchos de los problemas de prostitución, giros negros, venta de sustancias prohibidas y demás que no pueden existir de forma franca en Oaxaca de Juárez?
Sobre todo esto, ¿qué propuesta de solución tienen los que aspiran a ser autoridades municipales tanto en la capital como en los municipios conurbados? Porque lo fácil es decir que Vamos por Oaxaca (o alguna de esas frases cargadas de demagogia, pero vacías en cuanto a contenido) pero sin tener una noción clara de qué se debe hacer para resolver sus problemas. Se puede pensar en llegar a la alcaldía de la capital para luego brincar a una diputación, una senaduría o la candidatura a Gobernador. Pero también, y sobre todo, debería pensarse en llegar a ese cargo para hacer algo por Oaxaca.
Ninguno de los problemas de Oaxaca es caso aislado, porque Oaxaca de Juárez no es una isla ajena a otras poblaciones, a otros vicios o a otras prácticas. ¿Qué queremos los oaxaqueños de esos hombres y mujeres que aspiran a gobernar esta enorme mancha urbana que hoy parece una tierra sin ley? ¿Qué esperamos de esos que piden nuestro voto, pero sin comprometerse a nada a cambio de eso? Nosotros los ciudadanos deberíamos ser más exigentes. Pedirles a los candidatos menos demagogia y más seriedad. Menos ambiciones y más trabajo. Menos eslóganes y más propuestas. Menos intereses electorales y más visión de Estado para enfrentar ese conjunto enorme de problemas que hoy tienen a Oaxaca en un bache, del que no parece poder salir en el futuro cercano.

SANTA LUCÍA DEL CAMINO
Ese municipio ha sido golpeado, desde varias administraciones atrás, por las ambiciones de distintos grupos. Sus peleas terminan arrodillando al municipio y deteniendo cualquier posibilidad de progreso. Se ha visto la incapacidad del PRI y de la oposición, a la hora de gobernar. ¿Repetirán la historia? ¿Lo hará la coalición con un gobierno de caos, como el actual? ¿O lo hará el PRI, que sólo busca imponer a un desconocido (Fortunato Mancera) para repetir la historia? Santa Lucía merece algo mejor