+ Partidos: Cuotas y prebendas, no compromisos

La decisión tomada sobre la conformación de la Comisión de Acceso a la Información, confirma que en Oaxaca las fuerzas políticas tienen bien entendido para qué sirve la partidocracia, pero que eso sólo lo usan para lo negativo. Si los gobiernos de coalición deben estar determinados por compromisos y programas, queda claro que en Oaxaca la alianza de partidos ha servido únicamente para la repartición del botín. Eso ha quedado claro con distintas decisiones, pero particularmente en las decisiones que se han tomado en los órganos autónomos, que fueron flagrante e impunemente asaltados por los partidos políticos.

En efecto, en todo el mundo se entiende —menos en Oaxaca—, que las alianzas de partidos se hacen para la búsqueda de objetivos comunes. Esos objetivos compartidos, en esencia, deben estar encaminados a la consecución del bien común. Se supone, además, que una coalición debe tener finalidades específicas, y debe estar enmarcada por el establecimiento de programas y compromisos específicos a cumplir, un tiempo y formas no determinadas por los beneficios que da el poder.

El problema es que en Oaxaca nada de eso ha ocurrido. Las coaliciones que han existido han tenido como único objetivo el de la lucha por el poder. Aunque las normas electorales establecen que los partidos que se coaligan deben conformar una plataforma política conjunta, que debe ser la base de su trabajo político, lo cierto es que en el caso oaxaqueño las plataformas conjuntas han servido únicamente para cumplir con un requisito de la ley, pero no para establecer la ruta, las causas y los temas que se habrán de abordar si esa coalición llega al poder.

En eso se explica el hecho de que los partidos aliancistas en Oaxaca no sólo no tengan rutas específicas, sino que su trabajo real sea deficiente, contradictorio y carente de toda coherencia. En el plano de la formación de leyes, por ejemplo, la agenda de temas a legislar está determinada por la ocurrencia, por los caprichos y por los intereses de los diputados (y del Poder Ejecutivo, en casos determinantes), pero no por temas específicos que por acuerdo común deban ser abordados.

En ese sentido, si nos vamos a los hechos podremos darnos cuenta que la gran reforma constitucional llevada a cabo en abril de 2011 no refleja ningún tema o causa establecido previamente como compromiso conjunto de las fuerzas aliancistas. De hecho, en esa reforma no se tocaron temas sustanciales que pudieran reflejar los principios ideológicos o la plataforma política de una u otra fuerza, o las bases democráticas del gobierno de coalición tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso del Estado.

Esa reforma, pues, fue confeccionada y decidida en un despacho de asesores jurídicos, y después en la mesa de tres o cuatro personas (los líderes de facto de la Coalición), para finalmente ser legitimada por el proceso legislativo formal y por toda la faramalla con la que se trató de vestir con democracia, a un armatoste legislativo que era sólo la respuesta a puros intereses y pretensiones del grupo gobernante.

PARTIDOCRACIA EN EL ESPEJO

Como no hay programa, ni hay compromisos, ni existen objetivos claros, entonces lo que le queda a un régimen de coalición como el oaxaqueño, es la repartición del poder. Engañosamente, creen que los objetivos de la coalición se cumplen con el solo hecho de asignar cuotas, repartir espacios, y establecer un pacto de respeto mutuo en territorios y temas que quedan vedados para la decisión de cada partido.

Eso, al final, es lo que ha ocurrido en todos los temas administrativos del Gobierno del Estado (en el que cada dependencia, desde el más alto nivel hasta los más modestos, está repartida en base a criterios partidistas); y es también lo que ocurre entre las fracciones parlamentarias que integran el Congreso del Estado, que en su propio ámbito entendieron esa condición, y desde entonces no han hecho otra cosa que repetir el patrón del reparto como “forma” básica de hacer cumplir los objetivos-botín de la coalición de gobierno.

Revisemos, sólo para reafirmar lo que en este espacio hemos dicho hasta el cansancio: que todos los espacios que la misma Constitución concede a la ciudadanía (producto del empuje democrático para acotar el poder de los partidos en el ámbito público), fueron groseramente repartidos por los partidos, como si los órganos autónomos no fueran eso, y fueran simples extensiones de las fuerzas políticas. Lo peor de todo ese asunto, es que esas decisiones, además, han implicado una disminución profunda del alcance y potencial de los órganos autónomos.

Y es que los diputados no sólo no han decidido en función a los principios constitucionales (esos que, letra muerta, dicen que sus titulares deben responder a los principios de idoneidad, experiencia y honorabilidad, y que la elección debe estar determinada por la pluralidad, la paridad de género, el apartidismo y la no discriminación), sino que han tomado esos espacios, que son de funcionamiento eminentemente técnico y profesional, para cumplir con más cuotas y compromisos, a través de personas que no cumplen ni con los requisitos constitucionales y morales mínimos para llevar a cabo esas responsabilidades según lo contempla la propia Carta Fundamental.

Lo hemos dicho antes, y lo refrendamos ahora: ¿Qué podemos esperar de un Instituto Electoral conformado fundamentalmente por cuotas de los partidos aliancistas, han demostrado no poder garantizar procesos electorales confiables? ¿Qué de positivo se puede pedir a un Defensor de los Derechos Humanos que ni siquiera cuenta con el título de abogado que, por razones hasta de dignidad y legitimidad, la propia ley debía exigir? ¿Puede tener un buen porvenir una Auditoría Superior encabezada por un individuo que no pudo comprobar el hecho de contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría gubernamental y de responsabilidades.

ARTEROS APRENDICES

Eso es lo que son los nuevos Comisionados de Acceso a la Información. Ninguno, ni Esteban López José, ni Gema Ramírez, ni Eréndira Fuentes, pudieron comprobar que eran los idóneos para los cargos para los que fueron electos. Los partidos, en esa misma lógica, omiten explicar por qué eligieron a ellos y no a otros. Nadie dice nada porque, al final, lo que ocurrió fue un mero reparto. Les importó un cacahuate la autonomía, el funcionamiento, la profesionalización y la vanguardia de esos órganos. Pregonan la democracia, pero sólo para la casa del vecino.

+ Elección a ciegas; legisladores no explican su decisión

Ayer, sin ningún aviso previo, y sin cumplir con el principio de máxima publicidad que debe regir un proceso legislativo que involucra a la ciudadanía, el Congreso del Estado eligió a los integrantes de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Más allá de los nombres y los antecedentes de los recién electos, la elección de ayer debiera marcar un parteaguas sobre la forma en cómo los diputados toman, procesan y consolidan sus decisiones. Las formas actuales no deben convertirse en práctica común.

En efecto, la elección de Comisionados ocurrida ayer, fue intempestiva. De hecho, hasta antes de las primeras horas de la tarde, todo se reducía a rumores y especulaciones. Fuera de los diputados, ni siquiera en el mismo recinto legislativo tenían conocimiento claro de que pudiera ocurrir la votación integradora del organismo de transparencia. Finalmente, la votación fue decidida y llevada a cabo en unos cuántos minutos, para asombro de todos aquellos que esperaban que por lo menos las ternas de aspirantes fuesen publicadas, y se anunciara, con fecha y hora, la sesión en la que se llevaría a cabo la elección.

Eso era lo menos que se esperaba, luego de la forma tan poco clara en la que los diputados decidieran que la sesión de elección se pospusiera por veinte días más. Si ya desde entonces había serias dudas sobre la integridad del proceso, lo menos que se esperaba es que los diputados decidieran terminarlo, ahora sí, de cara a una ciudadanía que, aún con las desilusiones recurrentes por la forma abiertamente partidizada y sectaria de integración de los demás órganos autónomos, de todos modos confió en la Legislatura y decidió inscribirse libremente para este proceso.

El problema es que, de nuevo, los diputados decidieron hacer todo a oscuras. Y es que el problema no necesariamente radica en el fondo de sus decisiones, como sí en la forma. En este caso, quedó claro que las bancadas siempre tuvieron candidatos específicos, que fueron subiendo y bajando de posibilidades de ser electos no según sus méritos reales y sus potencialidades profesionales o académicas, sino en función de negociaciones e intereses que hasta ahora nadie conoce.

Esta elección se determinó lo mismo por recomendaciones de ex diputados federales, pasado por el pago a débitos por elecciones anteriores, e incluso por el hecho mismo de que la bancada perredista pretendió impulsar, de la forma más desarreglada posible —usando recursos, propaganda en medios y apoyos de supuesta “buena fe”— a un grupo de individuos que simplemente pretendieron atraer reflectores para generar una percepción engañosa de idoneidad que, en realidad, no poseen.

A todo eso se suma el hecho de que los legisladores no cuidaron las formas mínimas para consolidar esta decisión, propia de la partidocracia. Aunque los órganos autónomos deben estar integrados por personas ajenas a intereses partidistas, políticos o de poder, y su integración debe ser consecuencia del mandato constitucional de la realización de una consulta amplia a la sociedad, lo cierto es que todo se resumió en la realización de un proceso simulado en el que no hubo ponderación de perfiles, ni consulta amplia, ni apertura a la sociedad, y mucho menos alguna explicación de por qué los diputados eligieron a cada uno de los personajes ayer votados, y por qué no a otros.

ELECCIONES DÉBILES

Decíamos en nuestra entrega del pasado 15 de noviembre, a propósito de la elección de integrantes de instituciones autónomas como la electoral, de transparencia y derechos humanos, que si se supone que toda democracia busca tener órganos autónomos fuertes para hacer contrapeso al poder del Ejecutivo, en Oaxaca el Congreso ha designado a personajes débiles, sin probidad, sin capacidades profesionales y académicas comprobables, y que por tanto carecen de la posibilidad de conformar los órganos fuertes que se supone que debían existir en una entidad que se dice inmersa en la democracia y en la pluralidad de fuerzas.

El problema en esos casos, decíamos, radica en buena medida en que los diputados tienen un amplísimo marco de acción, que no está regulado por nada. Nadie sabe, por ejemplo, por qué razón fue electo Alberto Alonso Criollo como consejero presidente del IEEPC; exactamente lo mismo puede decirse de Carlos Altamirano Toledo en la ASE, y qué decir del impresentable Arturo Peimbert, que aún con todos sus antecedentes e insuficiencias, y en una competencia en la que había varios personajes de calidad moral, preparación académica y antecedentes intachables, fue electo quién sabe por qué por unos diputados que sólo votaron sin explicar (como sí debería ocurrir en la “democracia” en la que según vivimos) por qué lo hicieron en ese sentido, y sin permitir que hubiera claridad respecto a la forma en cómo negociaron, qué acordaron con cada uno de los designados, y qué recibieron a cambio de su voto.

Hoy, además de eso, vemos que los diputados deciden sin respetar las formas mínimas de una elección democrática. No vayamos en este momento a la revisión de si los personajes ayer electos son los mejor preparados o los que garantizan mejor funcionamiento del órgano de transparencia. Sólo detengámonos en el hecho de que los diputados lo hicieron sin previo aviso, de nuevo sin informar a la ciudadanía (cada diputado, cada bancada, o la Legislatura completa) por qué votó en la forma en que lo hizo, qué elementos tomó en consideración para determinar su decisión, qué garantías ofrece respecto al funcionamiento de la Comisión de Transparencia, y cuál es la corresponsabilidad que ellos reconocen en la forma en que actúen los hombres y mujeres que ayer fueron electos para el Consejo General de esa Comisión.

RESPONSABILIDAD, INELUDIBLE

No hay camino alterno posible. Los diputados de la LXI Legislatura son corresponsables ineludibles del correcto o mal desempeño que tengan los Comisionados de Acceso a la Información, como también lo son de los integrantes del IEEPC, de la Defensoría de Derechos Humanos y de los demás personajes que han designado para las instituciones en las que ellos deciden. Tratar de escabullirse de esa responsabilidad, o simplemente guardar silencio ante las aberraciones que varias de esas personas han cometido en el ejercicio de sus funciones, es tanto como negar que ellos los eligieron, que ellos negociaron y que ellos menguaron profundamente la transición democrática, al hacer esas elecciones de las que no quieren hacerse responsables.

+ Proceso de integración ha sido una farsa

Si de verdad tienen interés en recuperar Oaxaca, para el PRI nacional el tablero electoral de la entidad representa auténtica encrucijada. Según parece, no hay forma posible para reconciliar la derrota con la victoria, cuando se pretende que ambas condiciones se posen en las mismas manos; y mucho menos podrá darse esta posibilidad cuando la reconciliación de los factores reales del priismo local está lejísimos de ser una realidad. En estas condiciones, además, surgen una serie de interrogantes que, de no ser respondidas, no harán sino consolidar la derrota que ya se vaticina.

En efecto, dice el principio de la contradicción que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Esto aplica perfectamente para el priismo oaxaqueño, porque si hay un signo que los ha marcado en los últimos años, ha sido el de la derrota. El grupo que heredó del gobernador Ulises Ruiz el control de la dirigencia, no ha tenido otra senda que la marcada en los dos últimos comicios.

Cuando manejaron el proceso electoral estatal de 2010 perdieron la gubernatura, la mayoría en el Congreso local y las plazas municipales más importantes de la entidad. Y cuando en 2012 de nuevo tuvieron el control electoral del priismo, no hicieron sino repetir el diagnóstico con una nueva derrota, determinada no sólo por las circunstancias, sino también por los excesos y errores que ellos mismos cometieron en el camino.

Ese no es sólo un antecedente, sino es parte fundamental del contexto de la elección intermedia de 2013 para el priismo oaxaqueño. No se trata de reducir el diagnóstico a una simple predicción basada en los antecedentes. Más bien, el asunto álgido radica en el hecho de que, con dos derrotas al hilo —ambas casi al punto del blanqueo—, la credibilidad y la confianza que pudiera tener la militancia priista en la dirigencia y el grupo que insiste en mantener el control monopólico del PRI oaxaqueño, es cada vez menor. Esta es una circunstancia determinante. ¿Por qué?

Porque para 2013 ya no se tratará sólo de que el grupo heredero del ex gobernador Ruiz consiga o no hacer una operación electoral eficaz, sino de que pueda revertir el desánimo y el enojo de su propia militancia por la devastación de los dos últimos comicios. Nadie en su sano juicio podría creer que personajes impresentables como Alejandro Avilés Álvarez, y todos los ulisistas que llevaron al PRI a su derrota, ahora puedan presentarse de nuevo ante sus militantes y simpatizantes, y que éstos les den su confianza sin cobrarles las facturas por las derrotas.

En ese caso, es evidente que las derrotas priistas no son huérfanas: todos saben perfectamente qué las provocaron, y quiénes son los responsables. Del mismo modo, a todos les queda claro que los responsables de cada descalabro tienen también facturas pendientes por pagar, antes que suponer que la sola permanencia, por designio de la dirigencia nacional, les otorga un nuevo cheque en blanco para que la militancia crea ciegamente en ellos, y evite la posibilidad de preguntar, cuestionar y hasta repudiar por los antecedentes del pasado.

Por todo eso, no parece posible que haya posibilidad de conciliar, en un solo grupo, la victoria con la derrota. Ni una ni otra pueden ser y no ser al mismo tiempo. Y de entrada, esa será la primera gran afectación, manifiesta, que traerá aparejada para quienes siguen en el PRI por insistencia pero no por voluntad auténtica y respaldo de una militancia que quién sabe si en realidad los considere, o sólo lo esté esperando para cobrarles por sus excesos y por las derrotas.

¿RECONCILIACIÓN?

Otra de las razones que hacen a Oaxaca un tablero imposible para el PRI, radica en la reconciliación imposible. ¿De qué hablamos? De que más allá de las palabras dichas por Salvador Sánchez y sus segundos, de que el priismo oaxaqueña ahora sí se encuentra en un momento de reconciliación y de integración, lo cierto es que de nuevo la dirigencia priista está sólo incluyendo a sus amigos, a sus compromisos y a los integrantes de su grupo. Con ellos pretenden conformar las candidaturas importantes. Pero también quieren las delegaciones federales y los espacios administrativos de mayor relevancia política y electoral para la entidad.

Es evidente que no se puede tener todo a pedir de boca. Por eso, en el primero de los casos, la reconciliación ha sido una auténtica fantasía. Y en el segundo caso, será imposible que a los priistas que aún controlan la dirigencia estatal también les faciliten el acceso a las delegaciones federales. Si esto lo vemos con una visión de estricta operación electoral, el resultado de todo esto será un factor más para la derrota. ¿Por qué?

Porque es evidente que al no haber una reconciliación y una integración real, la posible sinergia entre el Comité Directivo Estatal del PRI y las delegaciones federales será una fantasía. ¿Cómo querrá la directiva del tricolor que en temas de operación electoral trabajen coordinados candidatos, jefes de campaña y funcionarios públicos, cuando éstos no sólo pertenecen a grupos contrarios en la entidad, sino que unos y otros se han deshecho en improperios, patadas bajo la mesa, descalificaciones y demás? ¿Cómo querrán que trabajen juntos, cuando a las tareas de reintegración del PRI no han sido llamados otros que no sean los “cuates” del ulisismo puro, desdeñando a todas las demás expresiones que también son importantes para la entidad?

Y finalmente, en un escenario así, de confrontación y de casi nulas posibilidades de coordinación entre militantes de un mismo partido (que está en el poder federal, y que busca recuperarlo a nivel local), ¿cómo harán todos para “vender” la idea de que Oaxaca es una arena electoral rentable para el gobierno federal, y que por esa razón es viable arriesgar capitales políticos y credibilidad en una operación electoral de gran calado, que necesitará el doble o triple de lo normalmente necesario, para poder hacer una maquinaria electoral que está a punto de desfondarse no por su desgaste, sino por la imposibilidad de ser operada correctamente?

DERROTA ANUNCIADA

Lo cierto, en todo esto, es que son los antecedentes los que apuntan a la derrota. Las vicisitudes que enfrenta el PRI oaxaqueño son tantas y tan claras, que necesitarían atención de primer nivel para poder recuperar electoralmente la plaza. Y quién sabe si eso le interese a un gobierno nacional que sólo ha visto en Oaxaca el foco de confrontación y algidez, total, con el que seguramente nadie querría lidiar.

Los comicios intermedios del año próximo en Oaxaca representan el más grande reto para un partido que se dice grande, pero que en los hechos ha demostrado ser un desastre. Ese es el escenario del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, que con todo y sus promesas de cambio y renovación, continúa anclado a las más viejas prácticas de socavamiento a la democracia, y no ha tenido la capacidad para generar coincidencias con la ciudadanía. Si todo se lo deja al gobierno y su operación electoral, sería tanto como demostrar que sin el poder público y sus facilidades, el “partidazo” es nada.

La idea del partidazo nació hace años de aquella percepción de que el PRI era invencible. En los años en que el tricolor arrasaba en todos los procesos electorales, a todo aquel que quería incursionar o crecer en política no le quedaba otra que militar en el partido oficial, y ceñirse a todos los designios que éste dispusiera. El partidazo priista era tal, porque no existía una distinción mínima entre lo que era el PRI y lo que era el gobierno, y lo que eran las prerrogativas partidistas que les eran asignadas conforme a derecho, y lo que eran los recursos económicos que, en la discrecionalidad y en la ilicitud, les eran transferidos —de forma secreta, pero a la vista de todos— desde el gobierno en turno.

Por eso el PRI era aparentemente invencible. Eran los tiempos de la intolerancia total a las formas de militar y pensar en política, distintas al tricolor; por esa razón todo era pensado y asignado en función de que el PRI continuara ganando elecciones. Y por eso mismo, todos los recursos del Estado —incluyendo la posibilidad de coacción contra todos aquellos que no se ciñeran al interés superior del partidazo— eran puestos a disposición del PRI, para que éste garantizara los triunfos sin necesidad de ofrecer alternativas reales de solución a los problemas de la ciudadanía, ni democracia, ni gobiernos eficaces. Por eso, cuando la ciudadanía se volvió exigente, en el ámbito nacional, el PRI comenzó a perder el gobierno, en la misma función que perdía los factores reales de su partido.

Esa explicación aplica a la perfección en Oaxaca. De hecho, aquí el despertar de la ciudadanía fue bastante tardío. Mientras tuvo el gobierno en las manos, el PRI lo exprimió todo lo que pudo, y por esa razón pudo mantener el control de ciertos ámbitos. Pero cuando vino una elección definitoria, en tiempos inéditos para la entidad (que estaban ya condicionados por una revuelta social, por descalabros recientes que había sufrido el PRI, y por un gobierno copado de corrupción, totalitarismo e intolerancia, como lo fue el de Ulises Ruiz), la estructura del partidazo no pudo aguantar la presión, y por eso en una sola jornada electoral perdieron el gobierno estatal, la mayoría en el Congreso, y la inmensa mayoría de los municipios importantes que hasta entonces gobernaban.

Ante la derrota, el PRI auguró que en los siguientes comicios estatales se recuperaría. Sin embargo, en estos últimos dos años y medio, la militancia y cúpulas del priismo han demostrado que sin el eje de rotación que era para ellos el Gobernador y el poder del Estado, sus posibilidades de organizarse y funcionar son mínimas. Por eso, luego de los comicios de 2010 no han hecho otra cosa más que pelear entre ellos.

El grupo derrotado de los herederos políticos del ex gobernador Ruiz, han tratado de mantener el control de la dirigencia tricolor, aunque con un costo político incalculable. Y lo más que han logrado hacer es mantener el control del membrete y del reconocimiento de la dirigencia nacional. No ha sido así en la posibilidad de mantener, aunque sea testimonialmente, el control de las estructuras electorales, de la presencia, y del trabajo partidista a ras de suelo que hace  ganar a cualquier fuerza política cuando cumple esas condiciones.

En ese escenario, lo cierto es que el escenario real —fuera de cualquier ayuda externa que pueda recibir el priismo oaxaqueño— es devastador. Y no conformes con ello, la única decisión de verdad trascendental que han tomado en los últimos meses, ha sido por la consolidación de la imposición y la corrupción que representa la permanencia del grupo ulisista en el control de la dirigencia priista. Por eso le apuestan todo a que en 2013 el trabajo real lo hagan las delegaciones federales. Y a que el partidazo reviva con oxígeno artificial transferido desde un gobierno nacional que no está, en estos momentos, para jugarle al padrino electoral de nadie.

PERDER EL GOBIERNO

La dirigencia tricolor, y algunos de los sectores que se sienten con ventaja dentro del tricolor, asumen que 2013 será un año de victoria porque ésta vendrá etiquetada con los recursos y la operación que pueda realizarse desde las delegaciones federales fuertes, que disponen de recursos para la asistencia social. Creen, pues, que ellos darán todo, harán todo, y pagarán todo, y que la militancia tricolor estará contenta de ver que, de nuevo, unos cuántos llegan a cargos importantes a cambio de las promesas de democracia que no han sido cumplidas ni en lo más mínimo.

¿De verdad cree un personaje como Salvador Sánchez, a la sazón delegado presidente del “partidazo”, que el PRI en Oaxaca puede ganar solo? ¿De verdad creerá que con el “arraigo” y los antecedentes que tiene el grupo que lo acompaña en la dirigencia tricolor, podrá hacer algo más que repetir las dos derrotas al hilo que llevan en la entidad? ¿De verdad cree que toda la operación electoral, para recuperar la senda de triunfo en Oaxaca, puede quedar en manos de unas delegaciones federales, que ya no son la caja chica del PRI que fueron hace tres lustros, cuando todavía eran gobierno?

El riesgo que corren es altísimo. Porque el PRI necesita legitimar su administración en el gobierno de la República, y por eso no pueden inaugurar su gestión con cochineros como el de la constatación de que las delegaciones y sus recursos seguirán siendo la agencia de operación electoral que han sido también en los tiempos del panismo. El supuesto “nuevo PRI” podría costarles mucho si insisten en que desde el poder se les siga prohijando y se les siga dando lo que solos no han podido ganar en los últimos años.

DEVASTACIÓN

Falta menos tiempo del que parece para que inicie el proceso electoral. Y lo cierto es que la dirigencia tricolor en Oaxaca sigue siendo de escritorio, y de negociaciones entre cúpulas. Nada más.

Una de las razones por las que hoy los maestros de la Sección 22 viven un periodo de repudio acendrado, y casi unánime, es que aún cuando ellos lo niegan, lo cierto es que socialmente se quedaron sin banderas de lucha. Y es que según sus propias palabras, el gobierno autoritario y violento contra el que luchaban, se fue; la antidemocracia y las imposiciones que le daban origen a su lucha, también terminaron; la cerrazón y la intolerancia hoy no son tales. Y, de hecho, el gobierno está por completo decidido a no dar una sola razón para diferendos o pugnas con el gremio magisterial que insiste en seguir luchando, solo, contra causas sociales que para muchos ya no existen.
En abstracto, los maestros de la Sección 22 luchan por causas contra las que nadie podría disentir. Cuando no tienen un motivo específico para justificar sus acciones de lucha, dicen que lo hacen por la democracia, por el combate a la pobreza, o por la erradicación de los rezagos educativos, o por la opresión, la marginación, la represión o la corrupción del gobierno o cierto sector de la sociedad.
Sin embargo, en los últimos tiempos los maestros decidieron ponerle nombre y apellido a sus causas, y a establecer vertientes específicas para justificar las luchas sociales que han encabezado. Esa ha sido su gloria y causa del amplio respaldo social que lograron tener, pero también lo es hoy de su soledad y el repudio general a la forma en cómo justifican y llevan a cabo sus acciones de lucha.
El gran detonante, todos lo sabemos, fue el 2006. Ya para entonces, los maestros tenían más de cinco lustros de lucha democrática, y en ellos habían conseguido no sólo el control de su sindicato, sino una serie de beneficios envidiables casi para cualquier trabajador del país: una serie de bonos económicos durante el año, tres meses de vacaciones pagadas, 90 días de aguinaldo, beneficios sociales extraordinarios a los que tiene cualquier otro maestro del país, y una relación a la que el gobierno le ha puesto particular cuidado por la capacidad de movilización, disciplina y organización interna alcanzada por la Sección 22.
Aún con todos esos beneficios, en 2006 el magisterio de la Sección 22 alcanzó nuevos máximos históricos en el respaldo social en Oaxaca, debido a que variaron y renovaron sus banderas de lucha. Ya para entonces dejaron de decir que luchaban por sus beneficios y por la democratización interna de su sindicato, y entonces se asumieron como líderes de la lucha social en Oaxaca. Por eso dijeron que luchaban contra la antidemocracia priista, contra la corrupción de los últimos gobiernos, y contra el asesino y represor del gobernador Ulises Ruiz. Así, indirectamente, se hicieron aliados de los partidos que entonces eran de oposición, y así hicieron juntos la revuelta, y las luchas políticas y partidistas que luego desembocaron en el triunfo electoral del bloque opositor en los comicios de 2010.
Cuando vino la alternancia de partidos en el poder en Oaxaca, muchos pensaron de forma simple, y creyeron que con la victoria la Sección 22 tambien se replegaría y asumiría la calidad de aliada del gobierno que estaba por asumir. Se equivocaban desde entonces, porque no distinguían que la vocación del sindicato magisterial en Oaxaca es eminentemente de lucha y de logro de beneficios, y que por eso no sólo no dejarían de exigir al gobierno, sino que lo harían con mayor denuedo y ya sin el riesgo de se reprimidos, encarados o cuestionados por el gobernante en turno, y más bien con la ventaja de que la victoria les daría débitos y mayores márgenes de negociación y maniobra.
Lo que no calcularon es que con esa victoria electoral, ganada a pulso, sus banderas se desacreditarían aceleradamente, para quedar en la situación de soledad e “incomprensión” que hoy le profesan a los profesores de la Sección 22 del SNTE, hasta quienes fueron sus aliados.

ESTÁN SOLOS
En 2006 hubo manifestaciones genuinas de la ciudadanía en su apoyo. No en balde se realizaron varias megamarchas, después del desalojo del 14 de junio de ese año, en las que participaron varios cientos de miles de oaxaqueños en cada una de ellas, que genuinamente salieron a las calles a repudiar las acciones de fuerza del gobierno estatal, y a exigir justicia y la renuncia de los funcionarios responsables de los actos de represión. Hoy, sin dudarlo, no podrían convocar ni a una cuarta parte de los que los apoyaron hace apenas seis años. ¿Por qué?
La respuesta está en la procacidad de los acuerdos, y en las cesiones hechas por el gobierno en turno para alcanzar la paz en aquellos tiempos, y en la imposibilidad de la actual administración por evadir los réditos que aún tiene pendientes con la Sección 22. En el primero de los casos, los acuerdos eran en sí mismos impresentables porque implicaban el otorgamiento de todas las exigencias que ellos plantearon, entre ellas la de la persecución y desaparición de todos los módulos que estaban en manos de los maestros que eran sus opositores. Era, pues, un acuerdo en el que el gobierno daba todo a cambio del solo no hacer por parte de los maestros.
En el segundo de los casos, el asunto no es menos sencillo. Pues resulta que el gobierno actual sí se benefició de todas las arengas y llamados a la lucha de la Sección 22 para construir su plataforma política a ras de suelo. El gobierno, pues, asumió también la lucha magisterial contra la corrupción, la antidemocracia, la corrupción, el autoritarismo y la represión. Y ha hecho hasta lo imposible —entre eso, permitir la impunidad ante los hechos de violencia de la Sección 22, con tal de no aplicar la ley y que los tachen de represores o intolerantes— y a partir de ello ha justificado la alternancia, su triunfo y la permanencia del régimen en el poder.

ROUNDS DE SOMBRA
Por eso hoy la Sección 22 hace costosos rounds de sombra. Luchan solos, contra causas que sólo ellos ven y por intereses que sólo a ellos les conviene. Por eso hoy, a diferencia de hace seis años, la sociedad ya no los ve como los garantes luchadores por la democracia, sino como unos voraces y violentos que van por todo sin importarles encima de quiénes tengan que pasar para conseguir sus fines. Están lejos aquellos tiempos en los que tenían gran respaldo social y banderas genuinas por las cuales justificar su decisión de cerrar calles, bloquear oficinas, marchar, parar clases, agredir y todo lo que hoy siguen haciendo aunque ya sin el respaldo incondicional, y más bien con el rechazo abierto de la ciudadanía.

+ Polémica, innecesaria en estos tiempos

Anteayer, El presidente Felipe Calderón anunció que enviaría al Congreso de la Unión una Iniciativa con Proyecto de Decreto para cambiar el nombre de nuestro país de Estados Unidos Mexicanos a México. Esto desató una nueva polémica respecto al nombre oficial de nuestro país, y a la innecesaria insistencia por cambiarlo. Sería, en todo caso, más importante saber por qué nuestra nación lleva ese nombre, qué variaciones ha tenido a lo largo del tiempo, y qué circunstancias han sido determinantes para ello.

En efecto, en primer término es necesario establecer que el nombre de Estados Unidos Mexicanos proviene directamente de la Constitución Federal vigente, que precisamente tiene como nombre oficial “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Esa denominación ha sido criticada y tachada de copia del nombre del país de nuestros vecinos del norte del continente. Muchos han dado a entender que el símil es producto de una copia y de la falta de imaginación y capacidad de establecer un nombre propio para nuestra nación. Quienes dicen lo anterior, en realidad no consideran que tal nombre conlleva mucho más que una simple imitación y que eso es justamente lo que debemos conocer.

México ha tenido distintas formas de organización política, y eso se ha traducido en el nombre que ha recibido nuestra nación en distintos tiempos. Cuando recién se luchaba por la independencia, se habló de un “Imperio Mexicano”, o de una “América Mexicana”, para luego terminar concibiendo la idea de que la nuestra debía ser también una “República Mexicana”. Si distinguimos entre cada una de esas acepciones veremos que la idea de nación fue variando, junto con la forma en que se concebía la organización del poder en la nación que entonces era incipiente.

De hecho, en las Constituciones que ha tenido nuestro país se han visto reflejadas esas variaciones. El generalísimo don José María Morelos y Pavón concibió a México como la América Mexicana. Los partidarios de la formación de un imperio la concibieron como tal. Y finalmente, cuando en 1824 triunfaron los federalistas y elaboraron la primera Constitución mexicana, denominaron a la nación como Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente para remarcar la esencia federalista de la corriente política triunfadora, y del destino y la forma que tendría la organización política en nuestro país. Por eso, la Constitución de 1824 ya denomina de ese modo al país, y lo remarca con al menos siete menciones expresas en los 171 artículos que la componían.

Sin embargo, México no siempre fue una república federal. Apenas unos años después de promulgada la primera Constitución, la forma federal fue repudiada y entonces se emitieron nuevos documentos constitucionales de tipo centralista, en los que el poder se concentraba en el Poder Ejecutivo, desaparecían los Estados como entes libres y soberanos en lo relativo a su régimen interior, y entonces se resolvió denominar a la nación simplemente como “República mexicana”, pues la autoridad política era electa periódicamente por el pueblo, pero sin la posibilidad de reconocer a cada una de las partes del país como constitutivas de una Federación.

Esto cambiaría en 1857, cuando de nuevo triunfaron los liberales sobre el conservadurismo y reinstalaron la forma federal bajo radicales principios, que plasmaron en la nueva Constitución Federal emitida ese año. Y aunque pudiera pensarse que al regresar la forma federal y triunfar los liberales también volvió la denominación “Estados Unidos Mexicanos”, esto en realidad no fue así.

¿Por qué? Porque esa denominación tiene una clara referencia a la nación estadounidense. Y no olvidemos que entre las leyes constitucionales centralistas de la década de los 30’s del siglo XIX, y el restablecimiento de la República Federal a finales de la década de los 50’s de aquel siglo, ocurrió una terrible guerra entre las dos naciones, a partir de la cual se consumó el despojo de más de la mitad del territorio mexicano, para que Estados Unidos de América duplicara su extensión y se presentara ante el mundo como la nación ávida y expansionista que ha sido desde entonces. Quizá por eso, la radical Constitución federal de 1857 no hace referencia alguna al término “Estados Unidos Mexicanos”, y simplemente se presenta como “Constitución Política de la República Mexicana”.

ORÍGEN DEL TÉRMINO

En un artículo publicado en el periódico El País (http://bit.ly/PFpzO2), Alfredo Ávila aporta sobre el tema los datos siguientes: “El nombre de México tiene una trayectoria previa al surgimiento de la nación en el siglo XIX. Su origen es prehispánico, limitado al de las ciudades lacustres de México Tenochtitlán y México Tlatelolco. La etimología parece hacer referencia al asentamiento en medio de un lago: “Mexi” es la luna o el centro del maguey, “co” significa “en donde está”. Tras la conquista española del siglo XVI, la ciudad que sirvió de cabeza al reino de Nueva España fue llamada México, por lo que se podía usar ese nombre para todos los dominios que se gobernaban desde esa capital. Muy pronto se pueden hallar referencias al Seno Mexicano (el Golfo de México) y en 1590 el Orbis terrarum de Petrus Plancius señalaba a toda la parte norte del Nuevo Mundo como “America Mexicana”, es decir, eran regiones que dependían de la ciudad de México.

“A finales del siglo XVIII, Francisco Xavier Clavijero publicó su Storia antica del Messico, lo que contribuyó a llamar con este nombre a los dominios españoles en América del Norte, en especial en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, el término “mexicano” se usó durante el periodo colonial únicamente para designar a las personas que vivían en la ciudad de México o a quienes hablaban náhuatl, la “lengua mexicana”, y no para la generalidad de los habitantes de Nueva España. El vocablo “novohispano” fue inventado en el siglo XX, de modo que nunca nadie lo empleó para identificarse.

¿MÉXICO O ESTADOS UNIDOS MEXICANOS?

La verdad resulta hoy intrascendente la polémica, dado que aún cuando la segunda es la denominación oficial de nuestro país, todos llamamos simplemente “México” a nuestro país. Ambas denominaciones se encuentran en la Constitución. Y lo cierto es que el nombre oficial es hoy una evocación a un federalismo sobre el cual, además, ya no hay polémica. Ésa fue la forma política que prevaleció, y cambie o no el nombre, de todos modos la república y el federalismo persistirán con todas sus bondades y altibajos.

+ Ciudadanos inconformes: sólo es queda el desdén

Sistemáticamente, el gobierno oaxaqueño ha cometido un error criminal, ante las protestas del magisterio oaxaqueño: desde 2006 en que se desató la protesta y la revuelta magisterial, siempre han tratado de arreglarse y de dar todo a los profesores para evitar el recrudecimiento de sus acciones de protesta. Sin embargo, con tal de conseguir la paz y mantener la gobernabilidad, han desdeñado la atención que también merece la ciudadanía, a quien como no protesta y no chantajea, la han dejado desatendida de todo arreglo que, en esencia, debía ser parejo y democrático. Esto no debe repetirse ante los hechos ocurridos el miércoles en la Villa de Mitla.
En efecto, si revisamos la forma en que el gobierno de Oaxaca ha buscado siempre el arreglo con los profesores de la Sección 22, fácilmente encontraremos que la constante ha sido la del arreglo desigual entre maestros y gobierno, y el total olvido de unos y otros a la ciudadanía, que es quien resiente todos los perjuicios que provocan las discordancias entre unos y otros. Así ha sido siempre. Y se corre el riesgo de que eso mismo se repita ahora.
En 2006 la crisis magisterial hizo blanco en quienes nada tenían que ver en este asunto. El problema que desató la revuelta magisterial y popular fue estrictamente político, y sin embargo quien pagó todas las consecuencias fue la ciudadanía, que lo mismo fue víctima de las acciones de lucha de los profesores de la Sección 22, que de los hechos de violencia, e incluso, y sobre todo, de los más de siete meses en los que más de un millón 300 mil niños y jóvenes oaxaqueños se quedaron sin clases.
En aquel primer momento el gobierno pactó su arreglo con los violentos, pero se olvidó de resarcir a quienes sí habían pagado las consecuencias. Por eso, al año siguiente de la revuelta, en 2007, cuando ya el gobierno federal había otorgado la rezonificación salarial, el Gobierno del Estado se arregló con el magisterio a través de la cancelación de órdenes de aprehensión, aseguramiento de impunidad sobre ciertos hechos y respecto a ciertos personajes, indemnizaciones económicas nunca reconocidas, y sobre todo, el restablecimiento de una relación que desde entonces fue sólo tácita, porque nunca más el gobierno de Ulises Ruiz y el magisterio volvieron a reconocerse públicamente su calidad mutua de interlocutores.
En todo eso dejaron al margen a la ciudadanía. La economía local se devastó con el conflicto magisterial, y sin embargo nadie se acordó de generar las condiciones para que la economía local se enderezara. Cientos de miles de alumnos perdieron tiempo valioso por los paros de labores, y nadie se ocupó de que recuperaran ese tiempo de clase en las aulas; y en general, los oaxaqueños que habían quedado en medio de la crisis política y de gobernabilidad, sólo tuvieron como consuelo el regreso de la paz. Todos, de la reparación del daño percibido, sólo vieron las promesas.
Ese “parámetro” se vino replicando en cada ocasión en que los profesores y el gobierno tuvieron diferencias. De hecho, en esos arreglos que unos y otros pactaron, nunca hubo posibilidad de cuando menos escuchar a la ciudadanía y hacerla parte de la nueva forma de relación, o de conocer si estaba o no conforme con las cosas que se estaban realizando. Por eso, el hartazgo acumulado, combinando con las efervescencias y los intereses aviesos de algunos, generan la combinación explosiva que vimos el pasado miércoles en el enfrentamiento ocurrido entre pobladores y maestros en la Villa de Mitla.

ARREGLOS MARGINALES
¿Por qué el gobierno estatal siempre tiene interés en arreglar las cosas con la Sección 22, y nada más? Porque en su lógica de la simple inmediatez, siempre asumen que en cualquier conflicto en que se encuentre involucrado el magisterio democrático, éste es el factor de inestabilidad. Por eso, ante cualquier eventualidad, de inmediato instalan mesas de trabajo, establecen interlocutores de primer nivel, prometen justicia y reparaciones, e incluso amagan con la posibilidad de utilizar a la fuerza pública para restablecer el orden.
Eso fue lo que pasó en Mitla. De hecho, el Gobierno del Estado sabía con antelación que los profesores irían a tratar de recuperar un módulo educativo en poder de los profesores de la Sección 59, sabía también que bloquearían la carretera que comunica a aquella y otras poblaciones con la capital del Estado, y seguramente pudieron saber con toda oportunidad —se supone que para eso tiene la Segego sus pomposas, y costosas, coordinaciones regionales— lo que ocurriría.
Y según se vio, cuando se desató la violencia a todas las instancias y funcionarios involucrados se asustaron porque vieron en la ira magisterial, la posibilidad de que se desatara un conflicto de otras proporciones, que pusiera en peligro la gobernabilidad, y por ende el sustento del régimen gobernante. Sólo por eso acudieron a negociar hasta el lugar de los hechos, y tácitamente dieron por concluida la crisis cuando consiguieron que los profesores entregaran a los rehenes que tenían en su poder, a cambio de que los pobladores hicieran lo mismo.
Todo lo demás no importó. No resultó importante que los pobladores de Mitla tuvieran ira desbordada; tampoco que en su intento por detener a los profesores toda una población se uniera; tampoco los llamaron a un arreglo en igualdad de condiciones. E incluso, lo más probable es que por el arreglo con la Sección 22, finalmente el gobierno disponga que harán todo lo posible porque la 59 entregue el módulo educativo que tiene en su poder, para cedérselos a los profesores de la 22, para que éstos trabajen a placer sin la sombra y el cuestionamiento de nadie.
Por eso, todos los arreglos entre el gobierno y la 22 son dilatorios. No hay soluciones ni integrales ni de fondo, porque ello implicaría tomar en cuenta a todas las partes y decidir en función de todos. Lo que sigue será esperar a que cualquier día de éstos ocurra otro hecho similar al de Mitla para que de nuevo se vuelva a pactar con la Sección 22, aunque los ciudadanos queden volando como si no contaran en este asunto.

ARREGLO INÚTIL
Tan poco útil es el arreglo, que los oaxaqueños no sabemos a cambio de qué los maestros decidieron desmovilizarse momentáneamente. Pero independientemente de lo que haya sido pactado, lo que sí sabemos es que de todos modos sirvió de poco. Hoy vuelven a la carga con marchas, bloqueos y más daños a una ciudadanía que está harta de ser la eterna víctima de estas disputas.

+ Secciones 22 y 59: la trifulca que no acabará

Ayer, hubo otro enfrentamiento, ahora en la Villa de Mitla, derivado de la disputa por centros educativos entre las Secciones 22 y 59 del SNTE. Con este hecho, queda claro no sólo que la disputa entre los dos grupos magisteriales no tiene para cuándo amainarse, sino también que la responsabilidad que tiene el Estado por todo este asunto no ha sido reconocida, y que tampoco existen vías posibles para dar fin a la innecesaria codicia por los centros educativos.

En primer término, es necesario entender que este asunto es político, y no sindical o educativo e incluso laboral. Es político porque prácticamente desde que se pactó la paz entre la Sección 22 y la administración del gobernador Ulises Ruiz, en los primeros meses del 2007, se estableció que el magisterio democrático reasumiría el liderazgo total del sector educativo en Oaxaca, y que por tanto unos y otros, gobierno y 22, repudiaban la existencia de los profesores de la 59, que en apoyo del gobierno, habían servido como reemplazantes y opositores de los profesores democráticos, que un año antes habían encabezado una revuelta social y un paro de labores de más de siete meses.

En ese sentido, cuando en 2007 se acordó la “reconciliación” tácita entre el gobierno y la 22 —porque fue asumida por todos, aunque reconocida por nadie—, existían alrededor de 188 escuelas que se encontraban en poder de la Sección 59. Si tomamos en consideración que en la entidad existen más de 13 mil centros escolares, que menos de 200 estaban en manos de los adversarios de la 22, y que la Sección 59 ha sido un núcleo de resistencia sindical de existencia meramente testimonial, entonces el único interés que prevalece en la exigencia de entrega de escuelas por parte de la 22, es el de consumar el despojo total a sus adversarios, únicamente para generar el efecto político de que su liderazgo político es total entre el magisterio oaxaqueño.

Sólo que en la búsqueda de ese afán, los profesores de la Sección 22 han provocado el derramamiento de sangre. Pues desde septiembre de 2007 hubo enfrentamientos y varios lesionados, cuando en el municipio de Huajuapan de León, unos mil profesores de las dos secciones (800 de la 22 contra 200 de la 59) se enfrentaron violentamente por el control de la primaria Ricardo Flores Magón.

Luego, en agosto de 2009 ocurrió otro enfrentamiento entre profesores de las dos secciones, pero ahora en la comunidad de San Pedro Jicayán, en la región de la Costa oaxaqueña, cuando los de la Sección 22 intentaron recuperar un Jardín de Niños que asimismo se encontraba en manos de profesores de la Sección 59. Sólo que a diferencia del anterior, en el que sólo hubo lesionados, ahí resultaron muertos por arma de fuego Artemio Norberto Camacho Sarabia y Leonila Celia Mejía, que eran integrantes de la 22, y quedaron gravemente lesionados varios profesores de la 59.

Antes ya había ocurrido otro intento de recuperación de escuelas en el conflicto municipio de Santiago Laollaga, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec, en el que los profesores de la 22 tampoco lograron su objetivo, pero acusaron que no lo habían logrado debido a que un grupo armado presuntamente bajo el mando del ex dirigente magisterial, Humberto Alcalá Betanzos, se apersonó en el lugar del enfrentamiento y amagó con accionar sus armas los integrantes del magisterio democrático insistían en seguir intentando recuperar los centros escolares.

VIOLENCIA TOLERADA

En todos los casos, incluido el enfrentamiento de ayer, el gobierno estatal ha sido sólo un espectador. Ha sido así porque las instancias de gobierno de la administración estatal han evitado todo lo posible involucrarse en esos asuntos, pero también porque lejos de facilitar una solución que evitara el conflicto y el enfrentamiento (independientemente de que beneficiara más a una u otra sección), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se ha dedicado a entrampar la solución de fondo de esa disputa por insistir en seguir ciegamente el dictado y los caprichos de la Sección 22. ¿De qué hablamos?

De que en todos estos años, el IEEPO ha sido el facilitador de la crisis y los riesgos de confrontación, debido a que la solución que ha intentado forzar se torna imposible al corroborar las condiciones en que se pretende. A los profesores de la 59 que aún mantienen en su poder algunos centros educativos, se les ha exigido que para el reconocimiento de éstos, el otorgamiento de claves y la regularización de la instrucción que imparten, es indispensable que entreguen las instalaciones, las plazas y todo a la Sección 22, para después renunciar a su militancia sindical y adherirse a la 22, y esperar a que sea ésta quien les asigne un nuevo centro escolar en donde la necesidad —y el criterio político de los vencedores— lo indique.

Todo esto hace imposible la solución. En la gran mayoría de los centros escolares, los profesores de la 59 han ganado arraigo y aprecio de la población porque no paran labores, porque no intentan ideologizar o infundir rencores políticos a sus alumnos, y porque en varios casos han generado cierta empatía con los pobladores y padres de familia, con las autoridades municipales y con sus alumnos, y han recibido de todos ellos el espaldarazo para continuar su labor independientemente del reconocimiento que les otorgue o no el Instituto Educativo del gobierno estatal.

El problema es que todo eso se topa con un Instituto que sigue echado en los brazos de la Sección, con una instancia de política interna que se exime de toda responsabilidad en el tema educativo —¿alguien ha visto al secretario Jesús Martínez Álvarez, al menos como espectador, en una reunión del gobierno con la Sección 22?—, y en general con un gobierno que a pesar de tener conocimiento de los hechos, y se supone que del pulso político de la entidad en esos temas, se niega por completo a intervenir en estas cuestiones.

SÓLO QUEDA LA VIOLENCIA

En apariencia, todos asumen que los problemas entre la Sección 22 y la 59 son de ellos, y que solamente ellos tienen el deber y la responsabilidad de resolverlo. El problema es que eso pone en entredicho todo el Estado de Derecho, y eso se agrava cuando se distingue el hecho de que el mismo gobierno no ha planteado una vía de solución de fondo a este asunto. La 22 quiere aplastar a la 59 a como dé lugar, así cueste violencia y vidas. El problema es que, en el intento, ocurren hechos inadmisibles como los de ayer en la Villa de Mitla.

+ Inoperancia y partidismo en el campo

Salomón Jara debe dejar de ser secretario de Agricultura de Oaxaca, porque su permanencia en ese cargo es signo de la persistencia de todo lo que este gobierno dice no querer ser. La necesidad de su salida, se basa en el hecho de que en los casi dos años que ha fungido como Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, todos los rubros encargados a esa dependencia se encuentran en el abandono, pero también en el manejo discrecional y sectario que ha realizado de los recursos para la producción alimentaria en la entidad, e incluso por su abierta participación en asuntos políticos que lo distraen los asuntos públicos que le fueron encomendados. Existen por lo menos cuatro razones que hacen indispensable su salida.
1. Salomón Jara Cruz debe separarse de la dependencia que encabeza, porque su gestión ha estado marcada por las acusaciones de abandono al campo y a los sectores a los que la Sedapfa debe atender en la entidad. De hecho, en Oaxaca han sido deliberadamente desoídas todas las exigencias de grupos sociales, organizaciones campesinas y demás que han denunciado la inoperancia de esta dependencia en los últimos dos años.
No obstante, desde el Congreso de la Unión, y también desde dependencias del gobierno federal, se ha acusado sistemáticamente a la Secretaría que encabeza Jara Cruz, de ser una dependencia que no tiene capacidad para ejercer y comprobar los recursos que exige a la Federación. Sólo así puede entenderse que sólo en 2011 la dependencia que encabeza Salomón Jara se haya visto obligada a devolver alrededor de 600 millones de pesos; y que derivado de ese subejercicio, para el presente año el Presupuesto de Egresos de la Federación haya contemplado y aplicado un recorte presupuestal de 400 millones de pesos. Esto, es evidente, impacta en mil millones de pesos que en los últimos dos años se dejaron de invertir en el ya de por sí deteriorado campo oaxaqueño.
2. Jara Cruz debe irse, además, porque durante su gestión como secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, ha intentado repartir los recursos económicos con los que cuenta la dependencia, no entre quienes verdaderamente han demostrado capacidad técnica, sino entre quienes pueden compartir ganancias con él.
Ya en otras entregas (ver Al Margen 31 de agosto de 2012), señalábamos que sólo del PESA (Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria), otorga recursos para la operación de Agencias de Desarrollo Rural, que son las encargadas de llevar a cabo procesos ordenados de combate a la dependencia alimentaria, y fomento de producción suficiente de comestibles derivados de la tierra en las regiones en que se encuentran presentes. Apuntábamos entonces que la Sedapfa tiene la atribución de ejecutar los recursos económicos de ese programa, que sólo para la entidad ascienden a más de 350 millones de pesos anuales.
¿Qué intentaba hacer Jara Cruz al respecto? Decíamos que, en el caso de Oaxaca, actualmente operan 52 Agencias, cada una de ellas tiene un presupuesto de operación de alrededor de un millón y medio de pesos anual, y tiene capacidad de gestionar proyectos productivos para la activación del campo por unos 4.5 millones adicionales. De hecho, para 2013 la Sedapfa tiene contemplado incrementar el número de Agencias a 58.
Al hacer cuentas, señalábamos, podemos darnos cuenta que sólo este fondo implica unos 350 millones de pesos, que son los que fundamentalmente pretende acaparar la Sedapfa, por medio de argucias no sólo para evadir los lineamientos federales del programa PESA, sino también para remover a auténticos despachos —reconocidos y validados por todas las instancias nacionales e internacionales involucradas—, para poner en su lugar agencias “pantalla” que sólo sirvan para operar recursos y generar beneficios económicos para funcionarios estatales con los cuales estaría coludido Jara Cruz para compartir ganancias.

PARCIALIDAD Y PARTIDISMOS
3. Jara Cruz, además, debe irse porque desde la dependencia que encabeza, actúa con parcialidad sólo a favor de ciertas organizaciones y grupos sociales, y no en realidad en beneficio de todo el campo y todas las regiones de Oaxaca. En buena medida, él es el artífice del grupo de organizaciones que se aglutinan bajo el nombre de Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas, Urbanas, Pesqueras y Transporte, el cual ha buscado, desde el mismo gobierno, con organizaciones que son afines al PRD y los demás partidos que integran la coalición, y a través de la pantalla de la presión tradicional que ejercen los grupos de lucha social, de conseguir recursos económicos de dependencias como la Sedafpa. Lo han hecho y con creces. El año pasado, por ejemplo, las organizaciones que integran ese Frente fueron las que acapararon casi la totalidad de los recursos que entregaron la Sedapfa y otras dependencias cercanas al perredismo, dejando fuera, por un asunto de partidismos y de sectarismos, a un número importante de organizaciones, que no tienen fines políticos, que sí contribuyen al desarrollo regional, y que son ajenos a los “amagues” con los que funcionarios como Jara justificaron la entrega de millonarias sumas sólo a las organizaciones afines al partido político por el que llegó al cargo.
4. Finalmente, Jara Cruz debe irse del gobierno estatal, porque su participación en la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional como partido político ha sido protagónica y determinante, y porque existen indicios claros de que él ha ocupado recursos económicos y humanos de la Secretaría que encabeza, para financiar al movimiento lopezobradorista en esta nueva etapa como organización de fines políticos. Por personajes como Jara, Morena pierde toda su credibilidad y la calidad moral que pudiera tener como fuerza política, pues es inadmisible que un partido que se dice defensor de la congruencia política haya sido conformado desde una oficina pública, gastando dinero que era para los más necesitados, y desviando recursos y personal para servir a una causa como la de López Obrador.

NO SE IRÁ
Quizá Jara Cruz se siente seguro en el cargo por los débitos políticos que tienen con él, y que seguramente son muchos. Si para el grupo gobernante es indispensable su presencia, deben reubicarlo a otra posición en la que no genere daño al interés público. Hacer tanto daño al campo y aferrarse al cargo es tanto como convalidar que el gobierno estatal es todo lo que dice no querer ser.