+ 2012 ¿podría ser fin de otra era, como 1492?

Si efectivamente el mundo se hubiera acabado, hoy tendría que ser el primero de nuestra “no-existencia” como humanidad, y también de la “no-existencia” de nuestro mundo como tal. Esa posibilidad tan fatalista del fin de nuestra existencia, que en realidad era tan remota como lo han sido todos los anteriores presagios, en realidad engloba muchos imperativos más de los que hoy imaginamos. Nosotros, como humanidad, tenemos grandes retos y, más bien, y no por una predicción, tenemos asimismo en nuestras manos la posibilidad de poner fin no al mundo, sino a una era, y dar inicio a otra, mejor de la que tenemos actualmente.

En efecto, desde hace algún tiempo se dice que los mayas habían visualizado el fin de los tiempos, justamente en la fecha del día de ayer. Los fatalistas y los conspiracionistas de siempre, luego dijeron que ese sería el castigo para la humanidad por los excesos que se habían cometido en los últimos tiempos, y que el fin del mundo habría de ser algo así como un restablecimiento de los equilibrios naturales para que de nuevo la vida volviera a florecer pero ya sin los vicios de los que nos habíamos hecho protagonistas los seres humanos.

Hace apenas unos meses —para apaciguar ciertos ánimos que ya comenzaban a exaltarse— la teoría del fin del mundo “cambió”, y se dijo que la predicción de los mayas más bien tenía que ver con el fin de un periodo a partir del cual ellos contaban el tiempo, pero que esto no significaba el fin del mundo de forma necesaria. Y finalmente, la fecha llegó sin que nada se acabara, y menos las cuestiones que, a nivel global, nacional, regional, local y hasta familiar y personalmente, sí debían comenzar a cambiar con cualquier presagio del final de los tiempos.

El mundo no se acabó. Pero eso no fue lo grave; pues lo realmente lamentable es que eso haya sido sólo pretexto para el amarillismo, pero no ocasión para una reflexión sobre lo que somos, y debemos dejar de ser —o cuando menos pensar en “evolucionar”— como parte de esta sociedad mundial llamada humanidad. ¿De qué hablamos?

De que hoy el mundo vive momentos complejos por la situación aparente de democracia y revolución que viven muchas naciones, pero las desigualdades tan terribles que también existen en el mundo. Son los tiempos de los mayores adelantos tecnológicos de la humanidad, pero es también momento de las más terribles enfermedades; los caudales económicos de las naciones son inmensos, pero aún así es imposible cerrar las brechas existentes entre quienes tienen más dinero del que imaginan, y aquellas que tienen que no tienen ni siquiera lo indispensable para sobrevivir.

Vivimos también en los tiempos en los que las libertades de las personas se encuentran soportadas por la fuerza de las armas, del terror, de la violencia y, en el peor de los casos, por las injusticias y las mayores atrocidades de que se tenga memoria. Vivimos, pues, en un mundo de apariencias en el que no existe la menor posibilidad de que, a la distancia, pueda ser visto como algo envidiable para las generaciones siguientes, e incluso —si hubiesen tenido posibilidad de verlo, en algo así como una bola de cristal— tampoco para quienes vivieron en el pasado y pudieran envidiarnos las comunicaciones o los adelantos tecnológicos.

EL OTRO FIN DEL MUNDO

El historiador inglés Felipe Fernández Armesto, en su libro “1492, El Nacimiento de la Modernidad” hace una reflexión que hoy, en este primer día después del supuesto fin del mundo, debiera ser obligatoria para todos, a todos los niveles. A nivel de naciones, dice que “los perfiles del dibujo actual son bastante llamativos. Vivimos en un mundo de explosión demográfica. La hegemonía occidental modela el mundo, junto con las intercomunicaciones planetarias y una interdependencia económica global cada vez mayor. Otros rasgos que es posible que todos percibamos son la pluralidad cultural y las tensiones que genera, la rivalidad religiosa y los valores seculares (con la consiguiente incertidumbre intelectual), las guerras culturales que amenazan con convertirse en “choques de civilizaciones”, la renovación tecnológica acelerada, la sobreabundancia de información, la urbanización frenética. El consumo desorbitado, las diferencias de riqueza cada vez mayores, las prioridades médicas eficaces pero carísimas, y la angustia ecológica”.

Todo esto, dice Fernández Armesto, impacta en la vida de las personas, y dice que vivimos en “una generación distanciada de sus padres” que “cría a sus hijos para que sean sus amigos. Los periodos de exceso de planificación social y económica se intercalan con épocas de desregulación descabellada”. Por eso, dice, parece que vamos encaminados hacia un auténtico fin del mundo. ¿Por qué? Porque hoy son insostenibles todas esas condiciones feroces, que para nosotros son habituales. Incluso, porque a nivel histórico pareciera que vivimos en un momento de mayores contrastes que nunca.

Sin embargo, también queda claro que este momento de la historia de la humanidad no ha sido tan determinante como para suponer que el mundo se va a acabar, y tampoco para creer que la humanidad pondrá fin a una época de la historia para dar el paso a la siguiente. Más allá de la euforia, es visible que ninguna de las condiciones actuales que determina a la humanidad, ha podido cambiar tanto como para creer que 2012 será parteaguas de algo más que lo que vemos. Para desgracia nuestra, el tiempo y las condiciones que vivimos parecen tan determinadas por la inercia, que no parece existir posibilidad alguna de que veamos grandes cambios que, con el paso del tiempo, permitan suponer que los mayas tenían razón en sus predicciones, porque a partir del 21 de diciembre de 2012 el mundo es otro.

2012 NO ES 1492

Fernández Armesto demuestra que 1492 sí fue un año que marcó el cambio de época en la humanidad, no sólo por el descubrimiento de América. Dice que ese mismo año ocurrieron sucesos tan extraordinarios como la invención del primer globo terráqueo en Núremberg, la extinción del islam en Europa Occidental, la expulsión de los judíos de España, la muerte de Lorenzo de Médicis en Italia, y grandes acontecimientos en Asia y África. Dice que “profetas, adivinos y astrólogos auguraron que el mundo terminaría ese año. Tenían razón. Su mundo acabó, y comenzó el nuestro”, el de la Modernidad. ¿Estamos ante otro momento así de determinante? No nos hagamos muchas ilusiones. Lamentablemente, no parece ser así.

+ Cambio constitucional une discordancias

El primer gran tema de la agencia nacional para 2013 será la reforma educativa que plantea el presidente Enrique Peña Nieto. Los primeros escarceos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre la propuesta, ha demostrado que esta administración sí tiene claro que los cambios deben ser justo ahora, porque este —el inicio de la gestión— será el mejor momento para lograr que la legitimidad presidencial aplaste las resistencias del magisterio, a través de la sola inercia de las legitimidades.

En efecto, la Cámara de Diputados el miércoles aprobó en lo general la propuesta de reforma al artículo tercero de la Constitución de la República, para crear un servicio profesional docente que, entre otras cosas, obligará a todos los maestros a evaluarse y presentar exámenes para obtener cargos con funciones directivas y de supervisión en los ámbitos de educación básica y media superior.

El dictamen fue aprobado pese a la oposición del partido Nueva Alianza —ligado al Sindicato magisterial, y liderado formalmente por la maestra Elba Esther Gordillo Morales—. Y el pleno de San Lázaro también avaló que la permanencia de todos los maestros en ese servicio profesional se sujete a que cumplan con los criterios de evaluación que fije la ley reglamentaria de esta reforma. Dicha ley será expedida en los próximos seis meses. En este sentido, los opositores principales de la propuesta de reforma educativa del presidente Peña Nieto, lo único que lograron conseguir fue que en la redacción del artículo tercero se estableciera una leyenda que precisará que se respetarán los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

No obstante, la tendencia que sigue esta reforma es la de consolidar, en el corto plazo, una reforma que frene la preponderancia del Sindicato magisterial en las decisiones relacionadas de la educación en todos los rincones del país. Y seguramente por esto, comenzamos ya a ver claramente las reacciones, ahora sorprendentemente coincidentes, entre puros y conversos dentro del sindicato de maestros. El SNTE de Elba Esther Gordillo, y sus opositores históricos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora intentan ir juntos a tratar de frenar —con discursos relacionados con las cúpulas y la defensa de los intereses sindicales de los maestros—, una reforma que en realidad va enfilada como pocas a convertirse en ley suprema en los próximos meses.

En este sentido, la profesora ha rechazado de forma manifiesta la parte de la reforma educativa que, asegura, pretende determinar la permanencia de los maestros al frente de sus aulas con base en la evaluación de los docentes. “No permitiremos que se lesione en lo más mínimo la dignidad de ningún maestro”, pues la reforma, dijo, amenaza al magisterio. “El proceso de la enseñanza es más complejo y es responsabilidad de todos”, señaló.

En un sentido particularmente coincidente con el de la profesora Gordillo, la dirigencia de la Sección 22 ha asegurado que a nivel nacional agendarán las actividades de manifestación en contra de la Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto, a la que han catalogado como un acuerdo de una cúpula política.

En ese sentido, y contrario a toda la lógica tradicional de lucha del magisterio democrático, el Congreso Nacional en Morelia tiene como objetivo convocar —ojo— a la unidad de los sectores que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el objetivo de ir en un solo frente contra la pretensión del gobierno federal. Sobre la iniciativa presidencial, han señalado que esta propuesta que se analiza en la Cámara de Senadores es un pacto entre la cúpula del poder, donde no consideraron las necesidades de los profesores, ni las condiciones de las entidades, debido a eso, marcan su rechazo, e indicó que va en contra de las leyes de la entidad y de este gremio.

JUNTOS VS LA LEGITIMIDAD

Si hay un gremio desacreditado en México, ese es el sindicato magisterial. Su descrédito surge del hecho de que ha sido un sindicato corporativo, al servicio primero de un partido político, y ahora al servicio de sus propios intereses políticos. Es, además, un gremio en el que se ha hecho valer la fuerza de la forma más vil, con tal de arrinconar a los gobiernos débiles a los que ha enfrentado, y también con el objetivo de mantener a flote sus propios intereses económicos y laborales. El SNTE no ha descansado, ni ha tenido miramientos, con los daños que causa a la educación y al país por la manutención del costoso esquema de lujos y privilegios que tienen sus trabajadores agremiados.

En el caso de la Coordinadora Nacional el panorama es aún peor. La CNTE nació siendo una disidencia a la dirigencia nacional del magisterio, pero a lo largo del tiempo no ha hecho otra cosa que abrir espacios paralelos de pugna, chantaje y negociación con las entidades federativas en las que tienen presencia, para absorber todos los beneficios que tiene el magisterio en el ámbito nacional, y para pedir otras independientes de lo que han conseguido sus criticados.

Ese es el bloque que pretende luchar contra el presidente Peña Nieto por la reforma educativa. Y no. No se trata de que unos sean los “malos” y el otro sea el supuesto “bueno”, sino más bien del momento en que todo ocurre, y de las legitimidades que se enfrentan en esta lucha. El gobierno federal ha entendido con toda claridad que éste es el momento en el que debe llevar a cabo sus reformas más importantes, porque su desgaste ante la opinión pública es aún escaso, y porque en este momento el nuevo gobierno tiene a todos los partidos unidos en torno a proyectos específicos como la reforma educativa.

La lucha es claramente desigual. Pues se enfrentará un gremio que tiene una larga historia de descréditos y luchas impresentables ante la ciudadanía, contra un gobierno que hoy por hoy tiene todos los hilos del poder en México, y que según parece habrá de usarlos mientras estén a su alcance.

¿ALIADOS O UTILIZADOS?

Ahora puede resultar hasta lo impensable, y seguro que esto tiene mucho de cierto: la SNTE de la profesora Gordillo utilizará como fuerza de choque a sus adversarios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Irán juntos, deponiendo sus supuestas convicciones y sirviéndose unos a otros. Insólitamente, vemos cómo esos extremos se unen en torno a una causa que, además, no es ni justa ni clara a favor de la nación, sino a sus intereses.

+ Juntos repartieron recursos, pero hoy se pelean

No es un interés o preocupación genuina la que hoy mueve al Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas, Urbanas, Pesqueras y de Transporte (FOSCUPT) al exigir la renuncia de Salomón Jara Cruz como secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa). Más bien, lo que ocurre es el fin de una alianza de que uno y otros salieron inicialmente beneficiados, pero que con el paso del tiempo se fue diluyendo ante los intereses y la voracidad de quien hasta hoy ha sido el funcionario inamovible del campo oaxaqueño.

En efecto, el FOSCUPT se creó al calor de la alternancia de partidos en el Gobierno del Estado, y nació bajo la promesa de que el aglutinamiento de la mayor cantidad posible de organizaciones sociales, les traería a todas mayores beneficios y fuerza suficiente para poder negociar directamente con el gobierno estatal. Si esa era la mano social que sí se veía, la que hasta entonces estaba oculta era la del intento de engatusamiento partidista a favor de la causa del entonces funcionario estatal, y aspirante al proyecto transexenal por el grupo gobernante, Benjamín Robles Montoya.

Quizá fue por eso que la fuerza real que tuvo el FOSCUPT fue sólo al inicio de sus gestiones. Pues a los pocos meses de haber aparecido como Frente de Organizaciones (que incluso intentó colonizar a muchas de las organizaciones identificadas con el PRI, que ante el cambio de gobierno y de partido en el poder se quedaron en la orfandad), se revelaron las prácticas reales de los dos dirigentes reales de ese movimiento.

Por un lado, Jesús Romero López y Karina Barón Ortiz, a través de sus respectivas organizaciones, acapararon la gran mayoría de los recursos gestionados ante dependencias como Sedapfa, utilizando la fuerza de todas las organizaciones que se habían adherido, pero haciendo un reparto discrecional y desequilibrado de los recursos obtenidos (pues sus organizaciones habían obtenido recursos millonarios, pero las demás recibieron menos beneficios incluso que cuando negociaron solas con el actual gobierno, y con la administración ulisista).

Y si eso era grave, las maniobras políticas del FOSCUPT eran aún peores. No pasó mucho tiempo para que, a finales de 2011, comenzara a presionar a sus organizaciones adheridas, para que en contubernio con dependencias como la Sedafpa de Salomón Jara Cruz, se pronunciaran a favor de las aspiraciones políticas de Robles Montoya, y le organizaran eventos y le prometieran votos para su candidatura. La maniobra que intentaban, buscaba intercambiar —y obviamente condicionar— el otorgamiento de recursos económicos de programas sociales del gobierno estatal, a cambio de que las organizaciones sociales apoyaran a Robles Montoya.

Eso provocó el debilitamiento del FOSCUPT. A la luz de muchos de sus integrantes, sus prácticas no sólo eran menos democráticas que en los tiempos del priismo y más acaparadoras, sino que también querían sacar provecho de la manipulación de los beneficios sociales a favor de Robles Montoya, y trataban también de aprovecharse de las ventajas que en ese momento tenían al interior de dependencias “aliadas” que tenían dispuestos el desvío de recursos millonarios —que originalmente para la atención de programas y organizaciones sociales— para fines partidistas.

EL FIN DE LA ALIANZA

En nuestra entrega del pasado 31 de agosto, dábamos cuenta de que la dependencia que encabeza Salomón Jara Cruz estaba haciendo todo lo posible por liquidar, para 2013, a la gran mayoría de las Agencias de Desarrollo Rural que habían trabajado exitosamente a lo largo de los últimos años en diversas regiones oaxaqueñas.

Decíamos que pretendía hacerlo aún cuando la gran mayoría de esas Agencias han sido reconocidas y evaluadas positivamente por la FAO, y que pretendía sustituirlas con otras encabezadas por sus aliados políticos, para que sirvan únicamente como justificación para drenar los recursos económicos federales destinados para el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), pero sin buscar verdaderamente un beneficio para los sectores sociales a los que PESA está destinado.

En ese sentido, decíamos entonces que la Sedapfa tiene la atribución de ejecutar los recursos económicos de ese programa, que sólo para la entidad oaxaqueña ascienden a más de 350 millones de pesos anuales; que cada Agencia de Desarrollo Rural tiene posibilidad de ejercer directamente recursos por un monto superior a los seis millones de pesos; y que ese monto global es el que fundamentalmente acaparó la Sedapfa, por medio de argucias no sólo para evadir los lineamientos federales del programa PESA, sino también para remover a auténticos despachos, para poner en su lugar agencias “pantalla” que sólo sirvan para operar recursos y generar beneficios económicos para funcionarios estatales con los cuales estaría coludido Jara Cruz para compartir ganancias. ¿Qué tiene que ver esto con el rompimiento entre el impresentable Salomón Jara con el FOSCUPT?

Casi nada: que en el caso de las Agencias de Desarrollo Rural, algunas de las que Jara intentaba liquidar, y que finalmente sí consiguió, eran las que pertenecían a las organizaciones sociales de los líderes de ese Frente de Organizaciones. Por eso, aunque al inicio habían sido aliados casi incondicionales, y a pesar de que Salomón Jara y el FOSCUPT lideraron los intentos por torcer abiertamente los presupuestos destinados a programas sociales y del campo para fines partidistas, finalmente los intentos de acaparamiento del FOSCUPT, y la voracidad de Jara, llegaron a un punto de rompimiento cuando ya no pudieron ser coincidentes.

DEMANDA AMAÑADA

FOSCUPT, al final, no está preocupado porque Salomón Jara esté obstaculizando los beneficios sociales de miles de familias oaxaqueñas, sino porque les cortó los recursos a las organizaciones de sus dirigentes. Y Jara está demostrando que sus ambiciones y su voracidad no tiene límites: en el intento de saciar sus intereses y sus afanes económicos, no le ha importado cultivar enemigos en todos los frentes posibles, y provocar alianzas sólo para ver materializada su salida del Gobierno del Estado. Ésta finalmente debe ocurrir por la inoperancia y por la postración del campo que ha provocado. Aunque estas peleas son sintomáticas de la descomposición y de los vicios de anida la “izquierda moderna” tanto del PRD —al que pertenecen Robles y Romero— como de Morena, y el ala perredista que aún controla Salomón Jara.

+ Solución conocida por todos, menos por autoridad

La educación en Oaxaca está inmersa en un doloroso círculo vicioso del que, al menos en el corto plazo, no tiene posibilidad de salir. Aún cuando en el ámbito federal se vislumbran posibilidades de cambio, lo cierto es que no existen para la entidad alternativas posibles a un problema añejo, complejo y plagado de chantajes, intereses y corrupción. A la vista de todos se encuentra una solución que parecería la idónea. Pero, asimismo, todo el mundo sabe que al menos en Oaxaca esa, la de la municipalización de la educación, es una solución imposible.

En efecto, en Oaxaca se ha discutido hasta el cansancio la propuesta de municipalización e la educación. Se ha dicho que es la alternativa que garantiza de modo más efectivo la correcta administración y vigilancia de los recursos económicos, humanos y materiales que el Estado dedica a la educación. Se ha dicho también que esa es la forma que da mayor certidumbre respecto a la cercanía entre profesor-padre de familia, y entre éstos y la autoridad reguladora, que es también la que funge como pagador de los servicios de los profesores, y que en este caso sería la autoridad municipal. Incluso, se entiende como razón natural que siendo relativamente pocos los centros educativos, y los maestros, habría un mejor control de ellos.

Todo eso, que suena muy bien, tuvo su mayor auge durante el conflicto magisterial y popular de 2006. Cuando el entonces gobernador Ulises Ruiz decidió dar un manotazo a la Sección 22, comenzó a tomar decisiones para desmantelar el poder que ésta tenía, comenzando justamente por eliminar al personal directivo que tenía el magisterio en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. A partir de eso, el gobierno estatal anunció que habría una reforma profunda al sistema educativo local. Y una de las propuestas —que fue de las más atendidas por la sociedad oaxaqueña aunque no había sido propuesta oficial— fue la de poner en manos de la autoridad municipal todo lo relativo a los asuntos magisteriales.

Esa propuesta fue aceptada con agrado por diversos sectores, menos por el magisterio democrático. Éste ha tenido claro que cualquier proceso de pulverización de la fuerza magisterial equivaldría a un desmantelamiento de su poderío y capacidad de organización. En particular, entienden que hoy el Gobierno del Estado aparece como un “adversario-patrón” perfectamente visible y ubicado. A partir de eso saben perfectamente con quién ir a negociar en un solo bloque. Y entienden que con un proceso de municipalización de la educación ese “patrón” se pulverizaría en por lo menos 570, con que cada sección municipal tendría que hacer sus propias jornadas de lucha para obtener sus beneficios particulares.

Todo esto, obviamente, hace inviable esta propuesta en lo material. La Sección 22 fue capaz de hacer todo durante 2006 con tal no sólo de obtener beneficios económicos, sino también de no perder su capacidad de organización y de disciplina entre sus agremiados. Esos dos elementos los logran hoy a la perfección, porque cuentan con una estructura dentro del organigrama magisterial, que va desde los estratos más bajos pero que llega hasta los espacios de dirección, en los que se ejerce el último eslabón, el más importante, del control. Por eso, es el mismo IEEPO, a través del personal que la 22 delega ahí, quien sanciona y coacciona de todos los modos posibles, a aquellos que incumplen con sus deberes sindicales o que intentan rebelarse a los dictados verticales de la Sección 22.

MUNICIPALIZACIÓN DE FACTO

Sin embargo, hoy vemos una municipalización clara, y hasta forzada, aunque no formal. Los maestros de la Sección 22 últimamente se han enfrentado a diversos problemas que antes no enfrentaban. Particularmente, la referencia es a los conflictos que han tenido con pobladores de diversos municipios, llegando hasta su punto máximo en el enfrentamiento que hace algunas semanas tuvieron con pobladores de la Villa de Mitla.

¿Qué ha pasado ahí? Que aunque las autoridades municipales no aparecen como “patrones” de los profesores democráticos, y tampoco los padres de familia tienen calidad específica para exigirles cuentas, en varias poblaciones ya ha habido reacciones francas de inconformidad respecto a la actuación de los profesores, e incluso ha habido condicionamientos respecto a su actividad, a sus decisiones y a su actividad sindical. En varios municipios, incluyendo la Villa de Mitla, han sido las propias autoridades, y la población, quienes han exigido a los profesores —bajo la pena de no permitirles el acceso a sus centros de trabajo—, que dejen de suspender labores, que no alteren la paz pública con sus acciones de protesta, e incluso que no involucren sus asuntos sindicales con los temas educativos que involucran a los niños, a sus padres y a la población en general.

Bajo esa misma figura, de la municipalización de facto, se encuentra también anclada la supervivencia de los centros educativos que aún mantiene en su poder la Sección 59. Cada una de las escuelas que están bajo la tutela de lo que antes del 2006 se conocía como Consejo Central de Lucha, tiene vida propia y legitimidad no gracias al Estado o al IEEPO o a la Sección 22, sino a la decidida colaboración de los padres de familia, que en cada una de las comunidades han respaldado a los profesores, a partir de que éstos no realizan actos de agitación, ni paros de labores, ni condicionan su trabajo al hecho de que los padres o las autoridades cumplan sus caprichos, no los cuestionen, o hagan lo que ellos quieren.

Lamentablemente, fuera de eso no existen más visos de la municipalización de la educación, y seguramente en Oaxaca tampoco los habrá en el corto plazo. No parece haber, hoy, poder o gobierno capaz de hacer frente a un conglomerado bien amalgamado como la Sección 22. Así seguirá todo, sólo hasta que los padres de familia dejen de permitir que la educación siga estando supeditada al sindicalismo y la voracidad del magisterio democrático.

AMPARO, DE CORTO PLAZO

El amparo ganado por los maestros oaxaqueños en contra de la Alianza por la Calidad en la Educación, dentro de poco quedará sin efectos cuando se concrete la reforma constitucional en materia educativa, y se haga obligatoria la evaluación para todos los educadores del país. Esta “victoria” de la Sección 22, por tanto, es efímera. No ha habido reforma social de tal calado como la educativa. Ahí no habrá ni amparos —ni protestas, ni resistencias— que puedan cancelar un dictado constitucional.

+ Alianzas, nulas si omiten gobierno de coalición

Una vez que está firme la nueva coalición de partidos para ir a los comicios intermedios de 2013, los integrantes de esa alianza deberían comenzar a tomar con seriedad el rumbo que están dando a sus supuestos “ejercicios democráticos”. El hecho de que las coaliciones se formen omitiendo la forma y las reglas de un posible “gobierno de coalición” genera tanta incertidumbre, problemas y desencanto, que al final lo que están haciendo es malgastar la credibilidad que tienen en aras del triunfo inmediato, sin considerar que con ello desgastarán de forma indeleble el ánimo de cambio que aún tiene la ciudadanía.

La coalición de partidos en Oaxaca, debía comenzar a mirarse en el panismo nacional que recientemente fue expulsado del poder por el mandato popular. Si vemos esta cuestión en una perspectiva amplia, podremos corroborar que el Partido Acción Nacional no sólo fue expulsado del poder por la incapacidad que demostró para dar respuesta a algunos de los más grandes males que tiene la nación, sino que, colateralmente a su derrota, el pueblo mexicano optó por reponer en el poder al partido (el PRI) que hace apenas doce años habían echado con la fuerza de los votos.

Ese parece el peor escenario para una alternancia. En doce años, el panismo ejerció el poder a plenitud, a tal grado que en ese lapso (corto para una nación) fue capaz de agraviar a los más importantes factores de poder, y a la misma población, que finalmente, en el desencanto, optaron por regresar a las formas seguras de gobierno que ofrecía el partido de siempre. Nadie sabe en realidad cómo será el gobierno ahora que el priismo está reinstalado en el poder presidencial. Pero lo cierto, para el panismo, es que fue derrotado por el exceso de soberbia, por el mal uso y entendimiento del poder, y por su incapacidad para plantear las alternativas sólidas que permitieran a la población tener satisfactores a sus problemas, y a ellos una permanencia más o menos estable en el poder.

Si lo vemos en perspectiva, ese es el mismo riesgo que corre la coalición de partidos en Oaxaca. Al igual que Vicente Fox en el año 2000, aquí la alianza de partidos ganó los comicios de 2010 con un amplísimo margen, y llegó al poder con un alto grado de legitimidad. Esa aceptación hacía imposible cualquier intento por argumentar el fraude o por tratar de tachar de ilegítimas las aspiraciones o intentos del grupo gobernante.

El problema es que Fox no tuvo la altura de miras para entender su momento y emprender una reforma de gran calado al poder y a la institucionalidad, que permitiera una auténtica transición democrática. Simplemente se dedicó a ejercer el poder, y a disfrutar de sus beneficios, sin tener claro que eso no sólo lo ubicaría en la misma zona de desgaste que los presidentes anteriores, y que sus costos personales serían aún mayores, porque de los anteriores ya se sabía que eran “malos” y “corruptos”; pero a él, que se le consideraba “bueno” y “honesto”, tendría que pagar el costo no sólo por sus excesos, sino también por provocar la desilusión de los muchos que creyeron en él, y sólo vieron un ejercicio de poder que no era sino un remedo de sus antecesores.

Algo así habrá de ocurrir si aquí en Oaxaca no se entiende que la auténtica reforma al poder es indispensable, y si, de entrada, siguen sin asumir que las coaliciones sirven para algo más que ganar elecciones, y que la victoria de largo plazo se logra sentando bases de gobierno distintas, y reformas, respecto a las tradicionales sobre las cuales se ha ejercido el poder.

COALICIÓN SIN PROGRAMA

El simplismo, puede llevar a los partidos que integran la coalición, y al gobierno que se benefició de ella, que hoy el poder se ejerce de forma distinta porque hubo ya una reforma constitucional, porque no hay mayorías abrumadoras en el Congreso, y porque se estableció una configuración distinta de la Administración Pública. Podrían decir eso, aunque lo cierto es que ni ellos podrían creer sus palabras. ¿Por qué?

Porque el gobierno vertical, en el que éste era ejercido por una sola persona en los tres poderes, pasamos a una nueva verticalidad en la que esa cúspide ahora ya no se encuentra ocupada por un individuo (El Gobernador del Estado), sino por éste, por los líderes de los grupos políticos aliados, y por las dirigencias de los partidos. Aunque sí, ahora las decisiones son colegiadas, éstas siguen siendo inexplicablemente —para el ambiente democrático en el que se supone que vivimos— asumidas como potestad de un grupo privilegiado en contra de otros que no tienen forma de permear, ni de hacer valer su visión de minorías o de exigentes democráticos frente al poder.

Por esa razón, en estos años de supuesto gobierno de coalición, hemos visto que la democracia unipersonal pasó simplemente a ser una “democracia colegiada”, en la que las decisiones siguen siendo tomadas de arriba hacia abajo, y en función de intereses específicos, y no del interés general que es el que se supone que debía ser salvaguardado con un gobierno de equilibrios por haber sido conformado por una coalición.

Todo esto ocurre porque la coalición es y sigue siendo entendida como una llave efectiva de acceso al poder. Sólo que el hecho de que las discordancias queden a salvo de la coalición (es decir, que no se tomen en cuenta ni se equilibren a través de esquemas específicos) provoca que en un solo gobierno haya expresiones diversas y contradictorias; que, asimismo, en una misma coalición haya gobiernos que no son coincidentes ni cercanos, y que incluso son contrastantes y distantes unos con otros. Un efecto más de eso, se aprecia en el hecho de que coaliciones como la oaxaqueña crean ínsulas y cotos de poder, y no espacios de equilibrio real más allá del reparto vil entre los partidos y fuerzas que la integran.

El costo será altísimo: de seguir así, pronto la ciudadanía traducirá su desencanto en votos. Y seguramente, eso abrirá la puerta a gobiernos priistas iguales o peores, que llevarán como única bandera el hecho de que decir que aún con sus ineficiencias y vicios, ellos no intentan engañar a los electores con promesas de cambio que no habrán de cumplir. Es cuestión de tiempo. ¿Apuestan?

A BENEFICIO…

Miguel Bosé cantó a beneficio del DIF Estatal. Pero sería digno reconocer que también, a beneficio de esa institución, quien pagó el concierto fue la burocracia oaxaqueña, a la que le endilgaron la responsabilidad, económica, de que ese monumento al esnobismo saliera a la perfección.

+ Todos ven la realidad, menos ellos y sus resistencias

La teoría clásica darwiniana sobre la selección natural establece que aquellos miembros de una población con características menos adaptadas, según lo determine su medio ambiente, morirán con mayor probabilidad; y que aquellos miembros con características mejor adaptadas, tendrán más posibilidades de sobrevivir. Si en la naturaleza ese proceso es eminentemente involuntario, en el caso de los procesos sociales existen posibilidades plenas de percibir y aprovechar los momentos determinantes para las adaptaciones. Sólo que si éstas no ocurren, las probabilidades de no sobrevivir son exactamente las mismas que en la selección natural. Esto es lo que le pasa a la Sección 22 del SNTE.

En efecto, tal parece que los ciclos naturales hoy comienzan a estar claramente en contra del movimiento democrático magisterial de Oaxaca. Hace 32 años, la lucha magisterial apareció violentamente como una respuesta a los permanentes intentos del Estado por mantener el control de su vida interna y de su democracia. Cuando eso ocurrió, en 1980, los profesores recibieron un amplísimo respaldo social, que con el paso del tiempo no se vio mermado, porque sus exigencias tenían cierta identidad con profundos anhelos sociales.

¿En qué se centraba, por lo menos en el terreno de lo argumentativo, la lucha de los profesores de la 22? Se centraba en una serie de postulados con los que la sociedad, en aquel momento, estaba irremediablemente identificada. Por ejemplo, dijeron inicialmente que buscaban una vida interna libre y democrática; que exigían que el gobierno no se involucrara en sus determinaciones. Ambas cuestiones no eran sino reflejo de la falta de democracia en las decisiones políticas del estado y del país, y del anhelo de la sociedad por luchar por procesos electorales independientes de las decisiones tomadas desde el poder para su conveniencia.

Luego, algunos años después, los profesores de la 22 establecieron que su lucha tenía que ver con la defensa de los intereses colectivos de sus agremiados, y que buscaban la justicia social que hasta entonces había sido negada por el gobierno. Obviamente, en aquel momento no había ciudadanos que no quisieran sentirse identificados con una causa que, según parecía, defendía lo justo y desafiaba al poder.

Incluso, los maestros tuvieron también el respaldo social cuando abiertamente aceptaron que su lucha sindical era también política, y que ésta tenía que ver con la finalidad de contribuir a que el PRI no ganara más elecciones. Hasta antes del año 2000, el anhelo de ver perder al PRI era tan profundo entre grandes porciones de la sociedad que, en muchos casos, para tratar de conseguirlo no distinguían ni los métodos ni las alianzas ni los costos. Por eso la Sección 22 también recibió el respaldo del pueblo de Oaxaca para esos objetivos, justificando aún el hecho de que para esas luchas se cerraran las escuelas, y se afectara gravemente la educación, la paz y la vía pública.

Ya en años recientes (en 2006, para ser específicos), los “democráticos” volvieron a recibir un amplísimo respaldo de la sociedad, cuando una de sus protestas fue reprimida por agentes del Gobierno del Estado. Cientos de miles de personas asumieron que la lucha social de los profesores era justa, y por eso diversos sectores de la población ayudaron a la profundización del conflicto magisterial, y respaldaron las demandas de desaparición de poderes y/o deposición del entonces gobernador Ulises Ruiz.

No obstante, ese fue el momento cúspide del respaldo social del magisterio. Después de 2006, grandes sectores de la población se vieron abandonados en los anhelos, cuando los profesores se conformaron con el arreglo económico que les ofreció el gobierno federal para terminar el conflicto, y luego, sin ningún pudor, hicieron del chantaje la forma abierta de conseguir sus objetivos. Los postulados de democracia, de sindicalismo, de defensa de intereses laborales, e incluso los anhelos partidistas y políticos, fueron intercambiados por el quebranto abierto a toda la colectividad, y por las amenazas constantes a todo aquel que no coincidiera incondicionalmente con sus afirmaciones e intereses.

EL COSTO DE LAS RESISTENCIAS

La 22, a pesar de los claros signos del agotamiento de sus principios y banderas tradicionales, se ha negado a cambiar. Conforme se han implementado los sucesivos planes de modernización educativa, los profesores oaxaqueños los han rechazado argumentando razones que van desde lo ideológico hasta las que caen en el rechazo abierto por vulnerar sus intereses particulares.

En ese camino, la soberbia los invadió, y por eso hoy asumen que toda la sociedad, el pueblo de Oaxaca, puede estar supeditado a sus intereses sin ninguna consecuencia. El problema es que hoy todas las condiciones parecen ponerse en su contra. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, todos los intereses nacionales en el sector están alineados en su contra; porque la sociedad ya no respalda una lucha que les ha traído tantos perjuicios; y porque cada vez menos personas ven con buenos ojos las resistencias obstinadas, e inútiles, de los profesores oaxaqueños, que sólo provocan daños pero que no reflejan los beneficios colectivos que según defiende el magisterio democrático.

De ahí que hoy su respaldo tenga una clara variación hacia el cuestionamiento; que la cercanía social que presumieron los profesores oaxaqueños desde sus primeros años de lucha, hoy esté pulverizado; que, por esa misma razón, el apoyo decidido que en otro momento tuvo por parte de la población, hoy se haya convertido en una afrenta, que en más de un caso se ha tornado violenta.

Y que, incluso, hoy los cuestionamientos que ellos mismos hicieron a los “espurios”, sean los que se les comienzan a regresar… y no porque los espurios sean castos y honestos, sino porque los mismos de la 22 han demostrado iguales o peores que sus contrapartes. ¿El resultado? Que hoy, por su falta de sensibilidad y adaptación, la Sección 22 comience a pasar por uno de sus peores momentos. Sus mismos aliados lo advierten y se lo señalan a gritos. Pero de eso hablaremos mañana.

¿DESACATO?

Es una obviedad que el Registro Civil afirme que “acatará” el fallo de la Suprema Corte sobre los matrimonios homoparentales. ¿A poco habría margen para que no lo hicieran? Quizá deberían hablar de qué planean frente a la contradicción entre la Corte y la Ley. ¿O su “progresismo” los llevará a sólo sentarse a esperar los amparos?

+ Defensa: todos la pregonan, nadie la realiza

Uno de los temas favoritos de la agenda común de Oaxaca es el relativo a los derechos humanos. Autoridades, organizaciones de la sociedad civil y grupos de lucha social hablan de ellos como si esta fuera una de las monedas comunes más valiosas de la vida pública. Lamentablemente, ese cúmulo de menciones y posiciones está lejos de conseguir una defensa efectiva de ellos. Y los mencionan tanto que, paradójicamente, parece que en Oaxaca los derechos humanos ya perdieron todos sus significados posibles.

¿Qué son derechos humanos? –podríamos preguntarnos. Y, tratando de ceñirnos a una definición formal, podríamos decir que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. No obstante, parece que aquí, en nuestro entorno, la definición material es mucho menos elevada, y por eso su trascendencia se torna no sólo cuestionable, sino incluso impráctica. ¿Por qué?

Porque en la entidad los derechos humanos tienen una clara inclinación hacia la lucha social y hacia la justificación de diversas conductas que no sólo están alejadas del sentido real de los derechos fundamentales, sino que peligrosamente se acercan a la justificación de conductas inaceptables o de poses políticas que no tienen ninguna trascendencia. Aquí parece haber un claro ánimo por explotar los derechos humanos únicamente a partir de intereses o agendas políticas.

Si vemos, por ejemplo, lo que hacen los grupos de defensa de los derechos humanos a los que el Gobierno del Estado ha dado importancia y relevancia, fácilmente podremos comprobar que éstos únicamente están encaminados a obtener beneficios políticos o económicos de sus planteamientos. Otros, buscan generar impunidad o provechos para los grupos de personas a los que representan. Ninguno, en realidad, parece estar decidido a promover realmente los derechos fundamentales, o a trazar rutas efectivas para defenderlos. Vayamos a ejemplos concretos para corroborarlo.

¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil existen en Oaxaca para dizque defender los derechos humanos? Podemos contarlas y enumerar decenas, o quizá cientos que reciben fondos por parte del Estado, y que también son objeto de atención y negociación por parte del gobierno, del cual obtienen algún provecho. Sin embargo, ahora debemos preguntarnos, cuántas de esas asociaciones buscan dividendos políticos, y cuántas están encaminadas a hacer una defensa trascendental de los derechos fundamentales. La respuesta será que prácticamente ninguna puede demostrar que su defensa de los derechos humanos es efectiva.

Esto es así porque, por ejemplo, ninguna organización no gubernamental en Oaxaca había tenido la decisión para emprender una batalla jurídica como la que hace una semana ganó un grupo de personas, no constituidas en una Asociación Civil de las tradicionales de “defensa de los derechos humanos”, logró una declaración del más alto Tribunal Jurisdiccional del país (La Suprema Corte de Justicia de la Nación) respecto a uno de los paradigmas más polémicos y controvertidos de nuestros tiempos en materia de derechos fundamentales, como lo es el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Ese tema en particular puede parecernos o no correcto. Sin embargo, lo que hizo ese grupo de abogados (que ganó un amparo en revisión, en el que la Corte se pronunció de manera definitiva sobre la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la ley civil local, y ordenó casar civilmente a dos mujeres) fue simplemente articular una defensa adecuada a un tema que involucra de manera sensible a los derechos humanos.

La finalidad pudo haber sido el matrimonio entre personas del mismo sexo, o el aborto, o un conjunto enorme de temas que en Oaxaca simplemente duermen el sueño de los injustos, porque los grupos tradicionales de defensa de los derechos humanos están demasiado ocupados tratando de obtener provechos políticos o beneficios económicos, y olvidan que su existencia podría justificarse si al menos demostraran que pueden hacer algo más que empujar negociaciones, agitar a sectores de la población, o “defender” a personas para que lo que obtengan sea dinero, y no la restitución real de sus derechos quebrantados, y los de las demás personas que potencialmente podrían estar en esa situación.

GOBIERNO DE POSES

Un día como el internacional de los derechos humanos, es el ideal para alimentar las poses. Esto es lo que hace el gobierno local que asimismo se asume como garante de derechos, aunque en realidad tiene graves deficiencias para entender su trascendencia real.

Si la administración estatal se dice garante de los derechos, ¿cuántas iniciativas ha iniciado para revisar el marco jurídico local en esa materia, o para verdaderamente consolidar el Estado de Derecho en esa materia? ¿De verdad tiene cero recomendaciones, como para decir que aquí los derechos se cumplen a cabalidad? ¿Si está tan seguro de sus aseveraciones, entonces por qué contribuyó, junto con el Legislativo, a postrar el órgano garante de los derechos humanos hasta el grado de la inoperancia total?

Incluso, en estos tiempos los derechos humanos frente al Estado van mucho más allá del simple imperativo de “no hacer” para la autoridad. Ésta, hoy, tiene el deber de velar por hacer que los derechos se cumplan, por cumplirlos, por no quebrantarlos, y también porque otros no los quebranten. ¿Esto último es real? Tal parece que no. Porque aunque propios y extraños dicen que Oaxaca es “punta de lanza” en materia de derechos humanos, aquí es donde más se violan y donde más se medra alrededor de ellos. Qué tristeza que todos hablen de los derechos fundamentales, pero que nadie entienda que hoy, por ubicarlos en el ámbito de la agitación y de la lucha social, están menos tutelados que nunca.

¿QUÉ ES “RESPETAR”?

¿Respetar los derechos humanos es equivalencia a permitir la arbitrariedad y los daños de quienes se enmascaran en la lucha social para ser violentos? ¿Respetarlos significa siempre querer que la ley sea selectiva y las autoridades blandas? ¿Respetarlos significa que el Estado haga nada frente a cualquier conducta? Esos son algunos de los sinsentidos de los “derechos humanos” en Oaxaca.

+ Tradición política, que Presidente haga su estructura

Hasta donde se tiene memoria, sólo en una ocasión anterior el Congreso de la Unión había negado la posibilidad de que un Presidente modificara la estructura organizacional del gobierno federal. Hoy, eso es lo que ocurre ante las resistencias habidas en el Senado de la República para que se consolide el conjunto de modificaciones administrativas que el presidente Enrique Peña Nieto planteó para su administración. ¿Cuándo y por qué ocurrió antes y, sobre todo, qué es lo que hoy entorpece la posibilidad de que —lo que era impensable en otros tiempos— el Presidente pueda configurar su organigrama de la forma que mejor le parezca?

En efecto, hasta donde nos alcanza la memoria, podemos establecer que sólo en una ocasión el Congreso de la Unión trabó la posibilidad de que un Presidente modificara la estructura de la Administración Pública Federal. Esto ocurrió cuando, en 2009 México enfrentaba los más brutales efectos económicos de la crisis financiera que azotaba a Estados Unidos y comenzaba a enfermar a las economías europeas. Además de eso, meses antes había ocurrido la crisis de salubridad derivada del brote de influenza AH1N1, que paralizó a prácticamente todo el país a lo largo de más de una semana. En ese contexto particularmente adverso, el Presidente hizo una propuesta que, históricamente, fue congelada por el Congreso. ¿Qué propuso?

En aquella ocasión, en el contexto de la entrega del paquete económico 2010, en septiembre de ese año, el presidente Felipe Calderón anunció un proyecto con el cual se pretendía practicar una renovación total al interior de la administración pública federal, así como, ajustes y el envío de un paquete de leyes que buscaban sacar a México de la grave situación que entonces enfrentaba. Fundamentalmente, el presidente Calderón proponía la desaparición de las Secretarías de la Reforma Agraria, de la Función Pública y Turismo, con el objetivo principal de combatir la pobreza, por ello se anunció el proyecto de desaparecer esas dependencias, cuyas funciones serían absorbidas por otras secretarías de Estado.

¿Qué pasó entonces? Que tres meses después, cuando aún no entraba en vigor el paquete económico del año siguiente, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, dictaminaron que la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, con la propuesta de la desaparición de las Secretarías de la Función Pública, la Reforma Agraria y de Turismo, sería desechada “debido a que los sectores afectados manifestaron su inconformidad”.

Incluso, practicando la apertura que casi nunca tienen, los senadores fundamentaron su negativa a desaparecer las tres dependencias, en el hecho de que los representantes de diversos sectores habían rechazado la propuesta presidencial. Esto lo manifestaron de forma expresa, al asegurar que diversas organizaciones campesinas, habían acudido al Senado para luchar contra la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, y lograr que esta cumpla su propósito de conquistar el desarrollo de las mujeres y hombres del campo, a través de una auténtica igualdad de oportunidades.

Respecto a Turismo, también dijeron que los empresarios, representantes del sector turístico, habían manifestado que era vital que la Secretaría de Turismo continuara vigente, y argumentaron que el turismo es una actividad intensiva en mano de obra que en México genera 2.4 millones de empleos bien remunerados, donde las mujeres no son discriminadas, e incentiva la creación de Pequeñas y Medianas Empresas. Incluso, respecto a la Secretaría de la Función Pública, dijeron que organismos no gubernamentales dedicados al análisis e investigación, así como a la promoción de prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el sector público, quienes habían acudido a la Cámara de Senadores para manifestar su inconformidad ante la eventual desaparición, consideraban necesaria la permanencia de esa dependencia “para la consolidación de un gobierno honesto, eficiente y transparente”.

Según información de diciembre de 2010, los “sensibles” legisladores concluyeron que “para generar ahorro, es necesario tomar otras medidas como la reducción de gastos del gobierno federal y la creación de políticas que atiendan el desarrollo rural del país, desecharon la iniciativa, e instruyeron que se informe al Ejecutivo Federal”. Y así dijeron “no”, por primera vez en la historia reciente del país, a un intento del Ejecutivo Federal por ajustar el esquema administrativo de su gobierno.

ADIÓS A LA TRADICIÓN

Era algo así como una “tradición” la relativa que el Congreso nunca objetaba un nombramiento por parte del Presidente, y tampoco una propuesta relacionada con la esfera administrativa, que está bajo su completa responsabilidad. El argumento de siempre, versaba en el sentido de que los legisladores no objetaban en eso al Presidente, porque era una forma de no entorpecer el trabajo del gobierno federal, y también era una forma eficaz de evitar que ante cualquier resultado negativo, el Presidente reprochara al Congreso que eso ocurría por no haberle permitido una estructuración libre de la administración que éste encabezaba.

Sin embargo, en 2010 la tradición se rompió, y ahora vemos que las consecuencias son extensivas al gobierno de Peña Nieto. No obstante el hecho de que ahora los legisladores ya rompieron con esa vieja tradición, se suma un ingrediente más: el hecho de que la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y la de la Función Pública, implican una especie de reprobación, por parte del nuevo gobierno federal priista, a los dos principales ejes de los gobiernos panistas: el de la seguridad, y el del supuesto combate a la corrupción.

Esa es la razón que, en el fondo, ha llevado a los panistas a frenar, en el Senado, los reiterados intentos de la bancada tricolor, y del Gobierno de la República, por sacar adelante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en otros tiempos no sólo no habría sido objetada, sino que incluso habría sido aplaudida por propios y extraños.

SIGNOS DE CAMBIO

Aspectos como esos nos recuerdan, sin embargo, que México ya es otro país. Esto no habría pasado hace dos o tres décadas. Más bien, la posibilidad habría sido simplemente inconcebible. Hoy el gobierno tiene que negociar, pactar y transigir para lograr una reforma a su estructura. Lo ideal sería que los senadores panistas la objetaran en aras de mejoras, y no de cobro de venganzas.

+ Gobierno progresista con partidos indolentes

Hace meses, cuando ya se vislumbraba la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomara una decisión trascendental respecto a las leyes locales en materia de matrimonio y familia, señalábamos que todo esto ponía en jaque el sustento ideológico del grupo gobernante, que reiteradamente se asume y reconoce como de izquierda. Hoy queda claro que esa izquierda sólo tiene las características indispensables para la apariencia, pero que está lejos de materializarse día a día en las decisiones del gobierno y de los partidos que hacen mayoría en el Congreso del Estado.

En efecto, en nuestra entrega del 16 de agosto pasado apuntábamos que “es posible que en próximas fechas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si la legislación civil de Oaxaca vulnera los derechos de las parejas homosexuales, por no contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo”. Decíamos también que esta, que parece ser una discusión trillada y ajena a nuestra realidad, en realidad es de gran vigencia debido a que la tendencia nacional está encaminada hacia la ampliación total de los derechos de las personas.

Ante todo esto, señalábamos también que “el problema es que, en Oaxaca, lejos de que las fuerzas de izquierda —que tienen presencia importante tanto en el ámbito gubernamental, como en el legislativo—, presionaran en favor de la apertura de derechos para todos por igual, éstas se quedan calladas frente a los intentos de la autoridad local por atajar los medios de defensa que han presentado las personas que se dicen perjudicadas tanto por el contenido de la ley civil, como por la negativa de la autoridad para llevar a cabo un acto fundado en esa ley que, a su juicio, quebranta sus derechos”.

Y es que una cuestión fundamental que quedó olvidada el pasado miércoles (cuando la decisión de la Corte estableció la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil, en lo relativo a que el contrato de matrimonio se celebra “entre un solo hombre, y una sola mujer”, y abrió la puerta a los matrimonios homoparentales), es la relativa a que todo esto partió de la negativa del Registro Civil del Gobierno del Estado, para celebrar un contrato de matrimonio que dos mujeres le solicitaron.

¿Por qué es importante no dejar de lado esta cuestión en específico? Porque si bien es cierto que el Registro Civil no tiene otra posibilidad más que la de sólo aplicar las leyes que regulan su actividad, también lo es que, según se supone, este es un gobierno de izquierda que debía estar preocupado no sólo por cumplir la ley, sino también por reflejar el progresismo y los principios que se supone que sustentan su definición ideológica.

Además, si este acto fue conocido por el sector oficial, fue publicitado en diversos momentos, y estuvo a la vista de todos, entonces no debiera haber razón ni para la sorpresa, y tampoco para el oportunismo de quienes hoy falsamente pretenden aparecer como “progresistas”, tratando de “subirse” a un tema del que en realidad son ajenos, y del cual sólo pretenden sacar provecho.

Veamos el primero de los casos. En 2011, el Registro Civil simplemente negó el acto que solicitaban las dos mujeres que querían adquirir la calidad de “contrayentes”. Lejos de negar la prestación del servicio, pero aprovechar el momento para abrir rutas jurídicas y políticas que permitieran poner a discusión un tema como éste y tratar de materializar uno de los principios más progresistas de la izquierda, el gobierno estatal simplemente guardó silencio.

Y el Registro Civil no sólo se encargó de negar inicialmente el acto, sino que cuando las quejosas obtuvieron el amparo y protección de la justicia federal en primera instancia (a través del juicio de garantías radicado con número de expediente 1143/2011, en el que, en marzo pasado, el Juez Segundo de Distrito con sede en Oaxaca ordenó la realización del acto que les había sido negado, pero ahora acatando los lineamientos del fallo constitucional), decidieron inconformarse con dicha sentencia, y someter el asunto a un recurso de revisión, que finalmente culminó en la declaratoria de la Corte que conocimos el miércoles.

¿Esa resistencia a reconocer derechos es propia de un gobierno de izquierda como el que se encuentra establecido en Oaxaca? Tal parece que no. Más bien, un asunto como éste refleja las grietas políticas que existen en un gobierno de coalición, en el que ésta sólo sirve para ganar elecciones, pero no para llevar a los hechos, o cuando menos defender, programas o temas específicos que se encuentran en el plano ideológico, político, o de posturas ante ciertos temas.

Por eso, quizá, a nadie le importó que un tema tan sensible estuviera en la agenda irremediable de la entidad; a nadie le interesó atenderlo cuando aún había tiempo; y por eso ahora, en el más silencioso disimulo, el Registro Civil está aceptando el acto aunque sin establecer mayores posturas o razonamientos ante una decisión tan trascendental para Oaxaca, y para el país, por parte de la Corte.

OPORTUNISMO LEGISLATIVO

Sólo así puede calificarse el intento de los diputados Flavio Sosa y Pavel López por conseguir una reforma al artículo citado, a través de una iniciativa exprés, presentada esta misma semana. ¿Por qué tratar de hacerlo apresuradamente, cuando fue evidente que el tema les pasó de largo en todo este tiempo que el asunto estuvo en manos de los tribunales? ¿Qué de repente les apareció el espíritu progresista que no han demostrado en su actuación como legisladores? ¿O es que sólo cuando vieron que este asunto era inminente, distinguieron la oportunidad de aparecer en la historia como los reformadores y tuteladores de los matrimonios homoparentales?

Lo cierto, en esto, es que con todo y la declaración de la Corte, una reforma de tal calado al Código Civil debe venir acompañada de una recomposición integral de todos los artículos que regulan al matrimonio y la familia. Y eso requiere de un importante trabajo legislativo que supera por mucho las iniciativas hechas al vapor, en el momento, y sobre las rodillas.

DEMOSTRAR PROGRESISMO

A normas como el Código Civil le hacen falta reformas integrales. Sin embargo, como trabajar en algo como eso no impacta políticamente, entonces a nadie le importa. El problema llega cuando, con decisiones como ésta, se demuestra lo desfasado de nuestras leyes. Y todo empeora cuando llegan falsos progresistas, oportunistas, y arribistas del trabajo legislativo, que sólo quieren ganar a costa de las luchas, y causas, de otros.