Menu
Search
Subscribe
Home Blog Page 373

Ámbitos de gobierno y migración: todos se han desentendido

almargenoaxaca
-
1

+ Preservar garantías y ley, dos premisas no peleadas

Es claro que ninguno de los tres ámbitos de gobierno quiere, ni remotamente, asumir su responsabilidad respecto a las constantes agresiones, abusos e inseguridad que viven los transmigrantes que se internan en nuestro país desde la frontera sur, en su intento por llegar al cruce con los Estados Unidos de Norteamérica. Más allá de las acusaciones mutuas, lo que los gobiernos federal, estatal y municipales deberían comenzar a hacer, con modestia y honestidad, es manifestar si tienen o no disposición para actuar a favor de los derechos humanos y la ley, y qué harán al respecto.

Aunque era por todos sabido, desde hace años, de los incontables abusos y violaciones a los derechos humanos de que son objeto —lo mismo a manos de policías municipales, elementos estatales, agentes federales o de migración, y ahora por parte de criminales— los centroamericanos que se internan a nuestro país, y que atraviesan los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y otras entidades del centro y norte de la República Mexicana, en busca de la frontera norte, no fue sino una enorme explosión de violencia, y una denuncia mediática, lo que hizo a la opinión pública —nacional e internacional— voltear la mirada a ese infierno que ha estado ahí, a la vista de todos, desde siempre.

Pareciera que, hasta agosto del año pasado, nadie nunca había visto a los cientos de miles de migrantes que cada año pasan por nuestro país, en su tránsito hacia Estados Unidos. Fue entonces, cuando un grupo de 72 migrantes fue ejecutado en el estado de Tamaulipas a manos de un grupo criminal que primero pretendió extorsionarlos, y la noticia le dio la vuelta al mundo por su incomparable grado de violencia y saña, que todas las organizaciones, grupos civiles —y disimulada y obligadamente el gobierno federal— parecieron darse cuenta que los transmigrantes padecían todo tipo de horrores lo mismo a manos de elementos del Estado que de grupos criminales que habían encontrado ellos un redituable y abierto negocio.

Fue hasta entonces que se supo en todo el país, que incontables grupos de transmigrantes que provenían del sur del continente, eran objeto de extorsiones, robos, secuestro, abusos, ataques sexuales e incluso prostitución, lenocinio y trata de personas en el caso de mujeres, lo mismo por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración, que por elementos de corporaciones policiacas municipales de las demarcaciones por las que pasaban, e incluso en ciertos casos por elementos estatales.

No era, como pretende hacerse creer, un asunto de competencias o de “legalidad” lo que abría la puerta a todo ese tipo de abusos y de “actuaciones” por parte de policías o servidores públicos que también han lucrado con ellos, sino más bien el hecho de que todos, en los tres ámbitos de gobierno, se dedicaron a ver a los migrantes como una fuente inagotable de dinero fresco e ilícito que, además, a ningún poder del Estado le interesaba proteger.

En ese sentido, es bien sabido —por las cientos de denuncias que existen al respecto y que nadie ha hecho caso— que los agentes del Instituto Nacional de Migración, más se dedican a extorsionar a los transmigrantes ilegales, que a solamente capturarlos y deportarlos a sus países de origen por su irregular situación migratoria.

Asimismo, es bien sabido que, al menos en el caso de Oaxaca, los elementos de las policías municipales de las zonas del Istmo de Tehuantepec con altos índices de afluencia migratoria, así como la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones —dependientes del Gobierno del Estado— llevan a cabo operativos permanentes para identificar y capturar a migrantes, cuando éste ni es un asunto que esté dentro de su competencia, y mucho menos sea un tema directamente relacionado con la seguridad pública o la ejecución de órdenes judiciales o de investigación, que debía ser la función respectiva de cada una de esas corporaciones policiacas.

Por si fuera poco, los elementos de esas corporaciones que oficiosamente se dedican a “indagar” el tema migratorio en aquella región del Estado, lo hacen porque, al igual que los agentes federales de la materia, se dedican a extorsionar y a lucrar con las personas que por necesidad salen de sus países y deciden internarse en México para tratar de llegar a la Unión Americana.

ACLARAR COLABORACIÓN

Por todo ello, ninguna esfera de gobierno debía erigirse en juez o guía moral de movimiento alguno para defender los derechos humanos de los transmigrantes, ahora que las valientes y decididas acciones del sacerdote católico Alejandro Solalinde atrajeron la atención nacional e internacional para atacar este problema que todo tiempo lesiona la dignidad humana de los centroamericanos abusados; en mayor o menor medida, todos desoyeron y minimizaron los llamados a atender este asunto, cuando el grado de violencia y saña contra los migrantes no era tan alto como ahora.

Más allá de la foto y los intentos de quedar bien ante la opinión pública nacional e internacional (es decir, más allá del oportunismo del que todos están siendo hoy objeto), lo que los tres ámbitos de gobierno, coordinadamente, ya deberían comenzar a establecer, es qué tipo de acciones tomarán, primero, para preservar la integridad de los transmigrantes; luego, qué medidas tomarán para garantizar que independientemente de su calidad migratoria, sus derechos humanos sean respetados tal y como marca la Constitución General de la República; y, paralelamente a ello, qué harán para garantizar que se cumpla lo establecido por la Ley General de Población, y con ello puedan verdaderamente garantizar que los transmigrantes detenidos en su intento por llegar a la frontera norte, sean deportados a sus países de origen en un marco de verdadera legalidad y respeto a sus garantías fundamentales.

Los gobiernos municipales y estatales deberían establecer puntualmente un marco de prioridades para los primeros puntos; y el gobierno federal, más allá de boicotear la caravana del padre Solalinde, debería comenzar a revisar a esa institución tan podrida, cuestionada y repudiada, por corrupta, como lo es el Instituto Nacional de Migración.

EL GOBIERNO SABÍA

¿No recuerdan que hasta noviembre de 2008 era delegada del INM en Oaxaca María de las Mercedes Gómez Mont, hermana del ahora ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta? ¿A poco ella no sabía de este infierno? ¿Y si sí, a poco no se lo dijo a su hermano en algún momento? Por favor.

 

Impuestos locales: todo seguirá siendo igual

almargenoaxaca
-
1

+ Un engaño, eliminación de pago de tenencia

Fue en los primeros días de mayo del año pasado, cuando en un desayuno con mujeres profesionistas, el entonces candidato de la alianza PRI-PVEM a la gubernatura, Eviel Pérez Magaña, anunció que de ganar los comicios, eliminaría en Oaxaca el pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Esa, que fue una de las pocas propuestas con verdadero impacto positivo en su campaña, en realidad estaba llena de engaños y verdades a medias. La recaudación de ese impuesto trae aparejada una serie de compromisos económicos que, lamentablemente, serán ineludibles para los oaxaqueños en corto y mediano plazo.

Sin duda, el pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, es uno de los más repudiados en el país. Si bien se recuerda, desde 2009 comenzaron los intentos en la Cámara de Diputados por derogar definitivamente, en el ámbito federal, el cobro de gravamen, al considerar que era lesivo para la mayoría de las familias mexicanas que se encontraban padeciendo los estragos de la crisis económica global que ocurrió en ese año, y que impactó fuertemente sobre nuestro país.

Los defensores de ese impuesto federal, salieron al paso argumentando fundamentalmente dos cosas: primera, que la eliminación de esa carga tributaria golpearía directamente a las arcas de las entidades federativas; y segundo, que ese era un tipo de “impuesto verde” a través del cual el gobierno federal buscaba desincentivar la puesta en circulación de más vehículos de motor que contaminaran el ambiente. Una cuestión paralela que se argumentaba, era que faltaban sólo tres años para que ese gravamen dejara de ser federal, y que entonces sería el gobierno de cada entidad federativa el encargado de decidir si lo continuaba o no cobrando.

En realidad, el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos está derogado desde 2007, porque esa fue una propuesta de campaña del ahora presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sólo que el cumplimiento de esa promesa tuvo, como casi siempre, su engaño: desde entonces, y de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y las entidades federativas, se establece que el producto de ese gravamen federal deberá ser cobrado por las oficinas de recaudación de las entidades federativas (es decir, las Secretarías de Finanzas, Tesorerías estatales o el órgano equivalente), y que aunque la naturaleza del impuesto es federal, éste ingresaría y beneficiaría a las arcas estatales de la entidad donde se recaudara. Y se estableció que la derogación del impuesto y de éste precepto de la Ley de Coordinación Fiscal (artículo 2), así como la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, tendrían vigencia hasta el 1 de enero de 2012. Es decir, que el gobierno federal se quitaría la carga de cobrar el gravamen, pero sin que éste necesariamente desapareciera.

De esta explicación, deriva todo lo relativo a que una eliminación prematura del Impuesto federal sobre la Tenencia de Vehículos no golpearía a las arcas federales, sino a las de las entidades federativas; pero lo que hasta ahora poco se ha visto y analizado, es la disposición no siempre racional que han comenzado a hacer en los estados de la República de ese impuesto, que materialmente ya cobran y del que ya se benefician, pero del que formalmente deberían estar aún impedidos para disponer. Ahí es donde se encuentra la clave del futuro hipotecado, que algunos dicen que ya nos heredó el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz a los oaxaqueños.

COMPROMISOS DE PAGO

Desde hace algunos años, el mismo gobierno federal comenzó a incentivar la llamada bursatilización de los ingresos fiscales de las entidades federativas. Esto, con el objeto de que los gobiernos estatales tuvieran la posibilidad de hacerse de dinero fresco a través de compromisos que formalmente no constituían deuda pública para las arcas estatales. Así fue como éstos comenzaron a explorar ese tipo de esquemas, a través de los cuales comprometieron ingresos futuros a cambio de dinero con posibilidad de ser dispuesto de inmediato para generar obras que, según, eran prioritarias.

Ese fue el camino que siguió en Oaxaca el impuesto sobre la tenencia de vehículos, que aún no es del todo local, pero que ya se encuentra a sólo un año de que lo sea por completo. Desde entonces, el Gobierno del Estado comenzó a explorar mecanismos para conseguir financiamiento de obras de gran calado, tales como Ciudad Administrativa y el complejo de Ciudad Judicial.

A cambio de obtener el dinero para financiar esas obras, y tener recursos para ejecutar otras acciones —que aún no se sabe claramente cuáles fueron, o en qué fue invertido ese dinero— se comprometieron los ingresos locales futuros por conceptos que tienen un nivel importante de garantía ante las instituciones crediticias, independientemente de que aumenten o disminuyan los montos de inversión federal asignados al estado. Así fue como en varias entidades federativas, se establecieron compromisos respecto al cobro de los impuestos vehiculares. La recaudación de esos gravámenes fue, en términos simples, la garantía que dejaron a los bancos para que les prestaran dinero fresco para invertir. Esa es la razón por la que en Oaxaca no veremos, al menos en el futuro cercano, que pueda eliminarse, e incluso disminuirse, el monto del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos.

A partir de ahora, el camino fácil para quien no desee seguir pagando el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos en la entidad, será el de reemplacar sus unidades en alguna de las entidades federativas que ya lo eliminaron. Pero lo verdaderamente importante de todo esto, será la posibilidad de que verdaderamente se transparente y publicite con detalle el monto de los recursos comprometidos, en qué fueron gastados, y hasta cuándo se terminará de pagar todo eso que más allá de las promesas de campaña, tendremos que pagar los oaxaqueños durante los siguientes años.

 

¿Y LOS MANDOS POLICIACOS?

Han pasado más de cuarenta días de iniciada la administración, y es increíble que aún haya tantas designaciones pendientes. En la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, a nivel de mandos policiacos sólo ha sido nombrado el Comisionado de la Policía Estatal. Pero faltan todas las demás corporaciones y, sobre todo, en la Dirección de Tránsito del Estado. Ahí, mientras el gato no está, los ratones llevan más de un mes de festejos “mordiendo” y extorsionando a todo el que se deja. Urgen definiciones.

 

Motín en Cereso de Tuxtepec: la SSPE se evidencia

almargenoaxaca
-
1

+ Orden en Penales, más allá de revanchas de grupo

El pasado martes ocurrió un motín en el Reclusorio Regional de San Juan Bautista, Tuxtepec. Luego de tres horas de amotinamiento, y de la retención de cinco custodios, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, determinó destituir al director del centro penitenciario, el mayor Manuel José Lázcares, al acusarlo de presuntos malos manejos, y nombrar como directora provisional a quien hasta entonces fungía como directora de Ejecución de Sanciones y Medidas Sancionatorias, Josefina Jaime Quiroz. Aunque la solución a ese motín pareciera ser un mero asunto de rutina, en realidad esto revela el poco conocimiento y entendimiento que tienen las nuevas autoridades de seguridad respecto al manejo y control penitenciario en la entidad.

Es claro que remedios como el dado a éste motín, constituyen todo menos una solución real al asunto. Aunque en un primer momento pudiera asegurarse que todo fue arreglado porque los reos amotinados decidieron entregar pacíficamente las instalaciones y a las personas retenidas, y porque los nuevos mandos destituyeron a un funcionario que presuntamente había cometido excesos y posibles delitos en el desempeño de sus funciones, en realidad todo esto parece ser el foco de incubación de vicios y problemas mayores para el ya de por sí oscuro sistema penitenciario en la entidad.

En las cárceles estatales, existen una serie de vicios, desde hace tiempo, respecto a los cuales las diversas autoridades encargadas de la seguridad pública se han negado a ver o atender, e incluso existe la posibilidad de que se hayan convertido en sus cómplices. En centros de reclusión como el de Santa María Ixcotel, y también en el de San Juan Bautista Tuxtepec, existen organizaciones internas de reos que son quienes han ejercido el autogobierno dentro de las instalaciones, solapados por las autoridades penitenciarias. Todos los vicios que esto conlleva, aún con los amotinamientos, con los cateos e incluso con las posibles “soluciones” que dizque le han dado las autoridades penitenciarias, ha sobrevivido e incluso, con decisiones como las del secretario López Escamilla, se han fortalecido. ¿De qué hablamos?

De que esos órganos de autogobierno —conocidos coloquialmente como “mesas directivas”— han promovido y fomentado todos los vicios posibles dentro de los centros de reclusión estatales. Las llamadas mesas directivas, son organizaciones conformadas y dirigidas nada menos que por reos, para poder sostener el control y la “gobernabilidad” interna en los penales estatales. Ellos son quienes regulan el orden, las jerarquías, las actividades económicas, e incluso también otras relacionadas con el tráfico de estupefacientes, prostitución y demás vicios que se anidan entre los internos.

Las mesas directivas son ampliamente conocidas entre todos aquellos que han sido huéspedes de algún penal estatal. Aunque son organizaciones prohibidas por la ley, éstas han subsistido sin ningún problema a pesar de que, como ocurrió por única vez en enero de 2009, las entonces autoridades al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, han decidido realizar operativos de cateo, traslado de reos peligrosos, y decomiso de artefactos (armas de fuego, cartuchos y punzones, entre un enorme cúmulo de objetos) para según restablecer el control interno y el orden entre los reclusos.

Ese tipo de organizaciones han sobrevivido a todos los supuestos intentos de saneamiento; y de acuerdo con lo hecho el pasado martes en el penal de San Juan Bautista, Tuxtepec, esta ocasión no será la excepción.

 

¿SOLUCIÓN O DAÑO?

Pareciera que ante el motín de reos en el penal de la Cuenca del Papaloapan, la SSPE dio la mejor solución posible. Luego de alrededor de tres horas de amotinamiento, el secretario López Escamilla decidió destituir al director del Centro Penitenciario, y acusarlo precipitadamente de diversos excesos, únicamente para lograr el restablecimiento del orden en el penal, pero no para extinguir los vicios que ahí se fomentan, y de los cuales son también responsables los reos.

En ese sentido, es claro que el secretario López Escamilla confundió la solución operativa que era necesaria y correcta, con una innecesaria y desafortunada decisión que más bien tenía que ver con la sustitución de las autoridades del anterior régimen, por las del actual, y que dejó intactos, y aún más, fortalecidos, todos los vicios de corrupción interna del centro penitenciario. Expliquémonos.

El secretario López Escamilla decidió la destitución del director Lázcares, como la medida inmediata para retomar el control del penal. Lo cesó, acusándolo de cometer excesos y tropelías contra los internos, pero para esto no hubo investigación ni observación alguna. Es decir, que los señalamientos de los internos, y tres horas de amotinamiento, fueron suficientes para que les fueran cumplidas todas sus demandas a los reos, y para que se detuviera la insurrección sin verdaderamente poner remedios de fondo.

¿Por qué asegurar lo anterior? Porque la mesa directiva que existe en ese penal no fue desarticulada. Al contrario: lograr la separación del cargo del director Lázcares fue un objetivo que ellos se pusieron y que les fue satisfecho por la SSPE; no hubo requisa alguna a las instalaciones, como tampoco revisión personal a los reos que se habían amotinado.

Es decir, que la autoridad se replegó por completo a las exigencias de los internos, y si bien desactivó el amotinamiento, con esa decisión lo que hicieron fue fortalecer la organización interna del penal —junto con todos los vicios y corrupción que ello implica—, además de alentar a que en otros reclusorios donde también existen mesas directivas, asimismo se amotinen para lograr los objetivos que se proponen.

CONSOLIDAR LOS VICIOS

Lo más grave del asunto, en este sentido, es que por si todo eso fuera poco, nombraron como directora provisional del Penal de Tuxtepec a Josefina Jaime Quiroz, quien hasta ahora había sido la encargada de todos los reclusorios estatales, y quien sí ha tenido fuertes cuestionamientos en su desempeño como servidora pública en el gobierno de Oaxaca. Todo eso, pero particularmente ese nombramiento, lejos de significar cualquier tipo de reconocimiento, más bien parece ser el preludio de más problemas, y sobre todo de una destitución de la forma menos digna posible. En cualquier momento.

Twitter: @aortizromero

 

PRI Oaxaca: la insensibilidad se los va a comer

almargenoaxaca
-
0

­+ Reiterar errores los mantiene en senda de fracaso

Las decisiones recientes tomadas por la dirigencia estatal del PRI no parecen tener una lógica coherente. Avisados ya de la crisis interna que ahí se avecina, y de los problemas de todo tipo a los que se enfrentarán, tal parece que el grupo que encabeza el diputado federal y líder estatal, Eviel Pérez Magaña, está decidido a reiterar sus errores infinitamente. Hasta hoy, todas sus decisiones parecen ir en sentido contrario al fortalecimiento, cohesión y reposicionamiento partidario que ofrece a su militancia en Oaxaca.

Es coincidente el señalamiento respecto a que el peor error del priismo en los últimos años, ha radicado en su voluntad férrea por no modificar sus decisiones incorrectas. Al menos en el último lustro, el grupo que aún tiene el control de la dirigencia estatal ha hecho todo por privilegiar sus intereses particulares por encima de las necesidades generales del partido y su militancia. Partiendo de ello, se pueden explicar perfectamente sus decisiones, y también todos los riesgos, e incluso los fracasos que llevan a cuestas —los cuales, valga decirlo, son los más importantes en la historia del priismo en la entidad.

En este sentido, queda claro que la historia de decisiones erróneas que son llevadas hasta sus últimas consecuencias, sin posibilidad de rectificación y aún de ajustes, no es nueva. De hecho, el mejor ejemplo de ello, se encuentra en la voluntad firme del ahora ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por someter a las estructuras de su partido a un innecesario desgaste interno, con la simulación de un proceso interno para elegir a su candidato a Gobernador, a sabiendas que esto únicamente afectaría a más de uno de sus principales factores de poder, y polarizaría a una militancia que, como requisito indispensable, necesitaba llegar unida y fuerte al proceso electoral, para enfrentarse ahí a sus verdaderos adversarios políticos.

Todos fuimos testigos de cómo, en aquellos momentos, el Gobernador del Estado —en su calidad de Jefe Político del priismo— maniobró de todos los modos posibles para generar dos escenarios paralelos: uno, que era el de la supuesta contienda democrática interna en la que participaban seis aspirantes en igualdad de condiciones y recursos; y otro, en el cual había todo un equipo trabajando de manera coordinada lo mismo para hacer levantar el vuelo al aspirante menos posicionado —porque, a juicio del Gobernante, éste era el elegido—, que para filtrar todo tipo de descalificaciones y degradación a los aspirantes que se resistían a comprender que, de antemano la decisión ya estaba tomada y no era a su favor.

Por si fuera poco, además ese aspirante menos aventajado tenía tras de sí varios elementos que hacían aún más complicado su posicionamiento como un posible candidato a Gobernador. Eviel Pérez Magaña no contaba con estudios profesionales, había tenido un desempeño cuestionado como secretario de Obras Públicas, por el sospechoso enriquecimiento de varios de los constructores cercanos al régimen; por el grupo nada honorable de diputados y funcionarios tuxtepecanos que lo rodeaban; e incluso, pesaban en su contra los señalamientos respecto a su falta de formación y experiencia política, a su escaso arraigo con el priismo, y al hecho de que éste era quien menos ascendencia política tenía entre las bases electorales del tricolor. Nada fue suficiente.

Y aunque todos, de uno u otro modo, le advirtieron a Ulises Ruiz que esa decisión era la más aventurada y arriesgada que podía tomar, nada le hizo cambiar de opinión respecto a su decisión que Pérez se convirtiera en el candidato a Gobernador por el PRI. La decisión fue firme e inamovible, y en ésta no se reparó ni siquiera cuando perdieron los comicios del cuatro de julio pasado.

 

LA HISTORIA SE REPITE

Luego de perder la elección, Eviel Pérez Magaña fue literalmente impuesto como presidente del PRI estatal. No hacía falta preguntar ni consensar con nadie, porque cuando ello ocurrió aún operaba el poder vertical e incuestionado del Jefe Político. Aún sin un verdadero respaldo de la militancia priista, a la sede de ese partido comenzaron a llegar todos los individuos que verdaderamente habían contribuido a construir la derrota que sufrieron no sólo ellos (de hecho, ellos son lo de menos), sino todas las personas que de buena fe, y con verdadera convicción política, creyeron en el proyecto de futuro de su partido.

Muchos, cercanos y no tanto a la nueva dirigencia estatal, pidieron que se realizara un verdadero y honesto proceso de autocrítica. Es decir, que dentro del tricolor se hiciera una evaluación real de las razones que los llevaron a la derrota, más allá del argumento maniqueo y engañoso de que todo había sido responsabilidad de las traiciones, de las ventajas de la coalición opositora, e incluso de las suciedades electorales en que dicen que incurrieron sus adversarios, y que en todo caso fueron las mismas que ellos también pusieron en práctica.

Quienes exigieron ese proceso de autoevaluación y crítica, pedían que en éste se tomaran en cuenta decisiones tales como la venta de candidaturas a diputaciones y presidencias municipales, las extorsiones de que eran objeto sus aspirantes, e incluso los auténticos robos que ocurrieron de los recursos que se habían destinado para la operación electoral, y que terminaron en manos de los enviados políticos del entonces Candidato a Gobernador. Exigían, no sin razón, que en el recuento de daños también hubiera autocrítica. Pero tal parece que, como siempre, las decisiones son llevadas hasta sus últimas consecuencias.

 

PRI, EXTRAVIADO

Hoy es claro: Eviel Pérez Magaña no abandera ninguna de las verdaderas causas del priismo, primero porque no ha podido asumir el liderazgo que dice ostentar, y segundo, porque tal parece que ni siquiera las conoce. Toda la ralea de personajes indeseables a los que tanto se señaló, hoy está formalmente incrustada en las filas del priismo, en cargos partidarios. Están huecos por completo en el discurso, y alejados de la militancia que no cree en los mítines, y se ríe de los acarreados, pero sí deposita algo de confianza en su partido. En esas condiciones, ¿cómo esperan sumar a toda la militancia y simpatizantes que tuvieron? Carecen del poder coactivo del gobierno, jinetean sus propios recursos, están extraviados y se rodearon de apestados. ¿Y así pretenden ir en Oaxaca por los triunfos históricos que prometen?

 

Ambulantes: amor apache con los oaxaqueños

almargenoaxaca
-
0

+ Ciudadanos: ¿a qué tipo de ciudad aspiramos?

Prácticamente desde el inicio de las nuevas administraciones estatal y municipal, la capital oaxaqueña ha tenido como principal problema y asedio a los grupos de comerciantes y vendedores “semifijos”, que ya habían hecho al Centro Histórico su presa constante, y que pretendían seguir instalados en esos espacios que son nada menos que la vía pública.

De principio a fin, el escenario no podría ser más singular: Motivados en alguna medida por cuestiones políticas o partidistas, pero también por el genuino interés de continuar usufructuando esos espacios, desde hace más de treinta días el comercio ambulante es la principal amenaza de la paz y el orden en la capital oaxaqueña. Sin embargo, no deja de sorprender que, a pesar de todas las molestias y perjuicios que ocasiona el ambulantaje a la ciudadanía, a la vía pública, al comercio establecido, y al orden mismo, sigan habiendo muchos que se sienten agraviados por la decisión de la autoridad de no permitir más prácticas de ese tipo.

Los oaxaqueños deberíamos preguntarnos, con verdadera honestidad, qué tipo de ciudad queremos. Porque aún cuando nuestra capital no padece los problemas de ambulantaje de la mayoría de algunas de las ciudades más importantes de la República Mexicana, es claro que tampoco somos ajenos a esas cuestiones y que, al contrario: aún frente a todas las promesas de la autoridad, respecto a la regulación y frenos al ambulantaje, todo indica que ese flagelo ha crecido incontrolablemente, y que hoy hace presa y objeto de negocio a miles de personas que se dedican y estimulan ese tipo de actividades.

¿Por qué preguntarnos, nosotros mismos, qué tipo de ciudad queremos? La respuesta parece obvia: Porque los oaxaqueños de a pie, hemos exigido largamente que tanto la autoridad estatal, como la municipal, tomen decisiones —y las lleven a cabo hasta sus últimas consecuencias— respecto a asuntos como éste.

En general, se ha solicitado, y hasta exigido, durante años, que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez tome verdaderas cartas en el asunto para atender, y poner solución, al crecimiento del ambulantaje, a las invasiones constantes que ocurren en la vía pública, a las ocupaciones recurrentes del primer cuadro de la capital oaxaqueña, e incluso respecto a la permisividad de actividades ilícitas como los juegos de apuestas o la permanencia de puestos que ensucian, deterioran o verdaderamente destruyen la vía pública, que es patrimonio de todos los oaxaqueños.

Esto lo han exigido recurrentemente, de uno u otro modo, todos aquellos que aún habitan en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, aquellas personas que tienen comercios establecidos en la zona, hoteleros, restauranteros y todos aquellos que directa o indirectamente viven del turismo y los atractivos históricos que tiene nuestra bella ciudad capital. Aunque se diga lo contrario, a éstos siempre se les ha ninguneado, y para desatender sus exigencias, se les ha tachado de “burgueses”, “ricos”, “extranjeros” o “acomodados”, y se ha privilegiado el populismo, la conveniencia económica, e incluso las decisiones fáciles de sostener el ambulantaje en el primer cuadro, y diversas zonas de la capital oaxaqueña para no generar más problemas.

 

¿SOLUCIÓN EFICAZ?

Desde el primer día del gobierno de Gabino Cué, muchos de nosotros, los ciudadanos comunes, seguramente malentendimos algunas de sus aseveraciones. Como el nuevo Gobernante aseguró que no utilizaría la fuerza pública para reprimir, más de uno consideró que esto equivalía a que no se utilizaría para nada a la policía. Muchos se sorprendieron, y otros más hasta se ofendieron, cuando algunos días después éste envió a elementos de la Policía Estatal a que resguardaran el Centro Histórico de los verbeneros y vendedores ambulantes que ya habían sido desalojados, y que pretendían reinstalarse en el mismo Zócalo y Alameda de León, en el corazón de la capital oaxaqueña.

Lo mismo ocurre ahora respecto al comercio informal: durante seis largos años se le exigió al gobierno de Ulises Ruiz, y a las dos administraciones municipales de la capital asimismo priistas, que no permitieran la instalación de comercio ambulante en Oaxaca de Juárez, y aún menos, en el Centro Histórico. Siempre se pidió mano firme para tratar ese tema. ¿Y qué ocurrió? Que la mano firme no la ocuparon para hacer valer la ley en temas como esos, sino que más bien mal entendieron la exigencia —seguramente de manera voluntaria— y se valieron de la fuerza pública no para contener el ambulantaje, sino para golpear a sus enemigos. El resultado, antes, durante y después del aciago año 2006, es conocido por todos.

¿No los oaxaqueños comunes hemos siempre exigido que se ponga un freno al ambulantaje? Bueno, pues hoy estamos frente a una primer respuesta —no sabemos si del todo eficaz— del gobierno municipal de Luis Ugartechea Begué, que ahora deberá marcar la pauta en relación al respeto y resguardo que debe haber de nuestra ciudad capital, y de los espacios que son de todos.

Si creemos que todo es responsabilidad simple de la autoridad, estamos equivocados. Y si, además, los oaxaqueños queremos vivir en una ciudad convertida en caos, entonces sí tendríamos razones para agraviarnos y dolernos por la decisión de la autoridad, de no permitir que el comercio semifijo se instale hoy por la noche en el primer cuadro de la capital oaxaqueña, para hacer la venta del Día de Reyes. En cambio, si queremos una ciudad con un mayor orden, quizá deberíamos comenzar a ver con mejor perspectiva esta primer respuesta que ocurre a un problema largamente esgrimido, y también recurrentemente desatendido, como lo es el de la invasión a la vía pública.

Es imposible saber si esta solución será eficaz y definitiva. Pero, de entrada, somos de la idea de que como no existe persona alguna que no esté de acuerdo con el orden, entonces esta primera pauta tendría que ser para bien. Si estamos en desacuerdo con el ambulantaje, los primeros que deberíamos poner solución de fondo debíamos ser los mismos ciudadanos, dejando de comprar en comercios no establecidos.

 

¿COMERCIO CRECIENTE?

Por cierto, hace apenas unos días apareció, en plena Calzada de la República, una enorme caseta en plena banqueta, que ya opera junto a un bar también de reciente creación. Éstos se encuentran, sobre la Calzada, entre las calles de Insurgentes y Abasolo. ¿Apareció por “generación espontánea”? ¿O qué la autoridad municipal no se ha dado cuenta de ello?

TSJE: contrastes del cambio y el autoritarismo

almargenoaxaca
-
1

+ Lagunas: reforma a PJE, cuestionada de origen

Ayer fue electo formalmente como presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Alfredo Lagunas Rivera. Esto ocurre en el marco de un nuevo régimen de gobierno, que prometió cambios sustanciales en la praxis política para desmantelar el autoritarismo del pasado, pero que está atendiendo a los mismos principios de antaño. El sistema de impartición de justicia estatal tiene en puerta reformas y posibles avances sustanciales que, sin embargo, se verán empañados de origen con la forma y fondo de la elección del nuevo Titular del Poder Judicial del Estado.

Contrario a lo que se cree, la puesta en marcha de los llamados Juicios Orales no es suficiente para considerar que el Poder Judicial en Oaxaca es uno de los más modernos del país. Aunque es incuestionable que la puesta en marcha del sistema de justicia acusatorio adversarial significa un avance sustancial en la forma en que se imparte la justicia en la entidad, es evidente que a nivel global son más los resabios y los cuestionamientos que tiene el Poder Judicial, que los posibles puntos positivos que hasta ahora se hayan procurado a su favor. ¿Por qué?

Porque, en términos generales, tanto la integración como la organización interna del Poder Judicial continúan ajustándose a esquemas anquilosados, opacos, discrecionales y que privilegian los verticalismos del poder que, se supone, ya debían comenzar a desterrarse ante la llegada de un régimen de gobierno democrático, como el que se dice que ya se encuentra presente en nuestra entidad.

Por esa razón, de entrada resulta ser un contraste hondamente marcado, el hecho de que el gobernador Gabino Cué Monteagudo se haya comprometido a proponer al Congreso una reforma profunda al Poder Judicial del Estado para hacerlo más funcional, transparente, independiente y autónomo, pero que la primera decisión política que tomó en su régimen de gobierno respecto al sistema de impartición de justicia, sea el abierto pago a una cuota de poder al senador Ericel Gómez Nucamendi, con el nombramiento de su sobrino, el magistrado Lagunas Rivera, como presidente del TSJE.

Empero, parece claro que más allá del pago de cuotas políticas, el problema será mucho mayor para la credibilidad y legitimidad futura del Poder Judicial del Estado. Es claro que más allá de cualquier fobia o filia política, la estructura jurisdiccional de la entidad necesita ajustes institucionales que, esencialmente, tienen como común denominador la urgencia de dotarlos de publicidad, transparencia, legalidad y equilibrios; pero que, aún ocurriendo en los mejores términos, a partir de ahora tendrán un problema de legitimidad y credibilidad por la forma en que ya se determinó el nombramiento del nuevo Titular de ese Poder.

REFORMA URGENTE

En Oaxaca, el mecanismo constitucional para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, establece un poder predominante del Gobernador del Estado sobre el Congreso local e incluso sobre cualquier posible opinión del Poder Judicial.

Aquí, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución local, “todos los Magistrados serán nombrados por el Gobernador del Estado y ratificados dichos nombramientos dentro del plazo improrrogable de diez días por la Legislatura del Estado, si no resolviere dentro de dicho plazo, se tendrán por ratificados”. Incluso, el mismo numeral señala que “en el caso de que no los ratifique, el Gobernador hará nuevo nombramiento y si también se negare la ratificación, hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos inmediatamente a reserva de obtener la ratificación en el siguiente periodo ordinario de sesiones.”

Es decir, que contrario a los equilibrios que existen a nivel federal entre el Ejecutivo y Legislativo para la integración del Máximo Tribunal del Poder Judicial de la Federación, aquí la composición del Tribunal Superior de Justicia se encuentra omnímodamente en el Gobernador del Estado. Esa es una, acaso la más importante, de las reformas urgentes. ¿Por qué? Porque por un asunto básico de democracia y equilibrio entre poderes, no puede seguir siendo el Gobernador del Estado el único con capacidad de determinación sobre los Magistrados del Tribunal Superior.

Pero también es urgente el establecimiento de mecanismos e instancias que clarifiquen la composición interna de los órganos jurisdiccionales locales. Falta, cuando menos, un Consejo de la Judicatura, que fije reglas y procedimientos claros a través de los cuales se determine el nombramiento, permanencia e incluso separación del cargo de los funcionarios judiciales. Hoy, la función administrativa y escalafonaria del Poder Judicial del Estado no alcanza a tener la suficiente estructura como para demostrar que es confiable.

Incluso, en cuanto a la continuación en la puesta en marcha del sistema de justicia acusatorio adversarial en las regiones del Estado que faltan (que son las más), debe haber pasos firmes y no sólo buena voluntad, sino demostraciones fehacientes de disposición. Si Oaxaca de verdad pretende estar a la vanguardia en cuanto a la impartición de justicia, y tener un Poder Judicial verdaderamente confiable y dotado de certeza, tiene que emprender cuanto antes el camino de las reformas, la reorganización y —aunque parezca un término cargado de populismo judicial— la democratización de sus normas, estructuración y funcionamiento.

Por todo esto, el primer paso dado con el nombramiento del magistrado Lagunas Rivera como cabeza del Poder Judicial del Estado, no es una buena señal respecto a todas estas promesas de reordenamiento y democratización. Todas estas reformas tendrán un camino cuesta arriba respecto a su credibilidad, ante la primera decisión tomada conforme a las reglas del supuesto pasado político de la entidad, que más bien, y según los hechos tangibles, continúa siendo presente.

Más allá de lo que se diga, este es un simple y llano pago de cuotas, a través del ejercicio de una práctica vertical, en la cual la titularidad del Poder Judicial nuevamente se decidió en la oficina del Gobernador del Estado. Y es asimismo lamentable, que aún frente a estos pretendidos “nuevos tiempos”, la mayoría de los magistrados se haya plegado y, con sumisión, hayan tomado la decisión del Gobernador como una orden que simplemente cumplieron.

INVERSIÓN JUDICIAL

Por cierto, otro aspecto que dará pautas para el cambio o continuismo que se dé en el Poder Judicial, es el presupuestal. Todas esas reformas cuestan. Indagaremos.

 

2011: a buscar un Oaxaca más justo y seguro

almargenoaxaca
-
1

+ Responsabilidad: Todos debemos hacer algo

Podría parecer una frase política, o un eslogan de gobierno, el ir en busca de un Oaxaca más seguro y justo. Sin embargo, es evidente que más allá de los lugares comunes, ese tendría que ser un imperativo no sólo para quienes ahora mismo están desempeñando las tareas de gobierno —los municipales y el estatal— y prometieron cumplir esos fines, sino también para la sociedad —todos nosotros— que debemos dejar las actitudes pasivas y de auto compadecimiento, y también asumir las responsabilidades del mejor Oaxaca que según todos queremos.

¿Por qué hablar de la necesidad de buscar un entorno más seguro y más justo? Porque tal pareciera que dentro de esos dos grandes bloques, se engloban algunos de los problemas más apremiantes que enfrentamos, que todos los días nos provocan amarguras y que, sobre todo, no están resueltos.

Se supone que todos anhelamos una ciudad, y un estado, con menos conflictos, con mayores garantías para los ciudadanos, con una mejor impartición de justicia, con menos pobreza y marginación, y también con mayores oportunidades, empleo, remuneración y posibilidad de hacer negocios. Es decir, todos buscamos que la licitud y el orden, de uno u otro modo, nos lleven a consolidar la idea de bienestar y progreso que tenemos cada uno de nosotros.

Sin embargo, deberíamos preguntarnos con seriedad, qué se hace desde cada una de las trincheras políticas o ciudadanas, por lograr esos objetivos. Vayamos por partes, pues tanto el gobierno como la sociedad tenemos responsabilidad en ello. En el primero de los casos, tanto el gobierno estatal, como el de algunos de los municipios más importantes de la entidad (la capital oaxaqueña y la mayoría de las demarcaciones con mayor población e importancia económica y social del Estado) se encuentran hoy en manos de fuerzas políticas que históricamente fueron opositoras y que hoy tienen la responsabilidad de gobernar atendiendo las promesas de cambio que hicieron a los ciudadanos.

Esa tarea parece nada sencilla. A pesar de que se prometió una actitud distinta, así como un mayor grado de eficiencia, orden y sensibilidad en el desempeño público, tal parece que todos se encontraron con enormes problemas. Por sólo citar un ejemplo, para la nueva administración estatal ha sido un escollo constante, el lidiar con organizaciones sociales que exigen espacios para actividades como el comercio ambulante y la piratería, o con grupos políticos que ahora asumen su papel de oposición y se dedican a obstaculizar los procesos que tendrían que ocurrir con civilidad. Todo eso, además de las ineficiencias iniciales que ha tenido el gobierno estatal en sus primeros días de gestión.

En el caso del gobierno municipal de la capital oaxaqueña que apenas inició funciones el pasado sábado, llega con una serie importante de desafíos, que van desde la contención del comercio ambulante, la basura, la inseguridad, los cuestionamientos sobre las arcas municipales, e incluso los baches y hoyancos que existen en prácticamente todas las calles de Oaxaca de Juárez y las agencias municipales. Cuestiones que tienen que ver sólo indirectamente con los ciudadanos (porque son los afectados) pero que fueron ocasionados o por organizaciones sociales, o por algún manejo administrativo incorrecto, e incluso por la desidia o la corrupción o la complicidad del gobierno, que se negó a atender esos asuntos.

CIUDADANOS DESENTENDIDOS

En esas condiciones —que aplican para los dos ámbitos de gobierno—, muchos nos hemos preguntado en algún momento; ¿cómo poder responder las peticiones del ciudadano común, cuando se tienen tantos problemas previos que resolver? La respuesta, sin duda, se encuentra en ellos pero también en nosotros.

Tapar un bache, negociar con alguna organización de comerciantes ambulantes, de vendedores de artículos de piratería, garantizar la seguridad pública, o la recolección de los desechos en la ciudad, evidentemente son tareas que corresponden exclusivamente al gobierno, y por tanto es su obligación, de principio a fin, atender esos rubros. No obstante, también los ciudadanos tenemos cierto grado de responsabilidad respecto a esos temas, y no continuar asumiendo un papel eminentemente pasivo, que no nos ha llevado a absolutamente ningún resultado positivo.

Dicho de otro modo: los oaxaqueños de a pie —la gran mayoría de nosotros— deberíamos dejar esa idea de que cumplimos con nuestro deber cívico, y que ejercimos nuestros derechos políticos, única y exclusivamente el día señalado para la realización de la jornada electoral, cuando acudimos a una casilla y emitimos nuestro voto. Ese es, como lo hemos dicho en otra ocasión y ahora lo remarcamos, únicamente el principio de nuestra responsabilidad como ciudadanos, y no el fin de nuestras prerrogativas constitucionales.

Por esa razón, nosotros mismos debíamos hacer más por esa entidad más justa y segura que siempre exigimos, pero de la que siempre nos desentendemos. ¿Qué hacemos cotidianamente como ciudadanos, en contra de la corrupción? ¿Hemos dejado de dar “mordidas” a los funcionarios que las exigen? Nos enojamos por la explosión del ambulantaje, ¿pero hemos dejado de comprar piratería, o artículos en zonas en las que está prohibido el comercio?

Evidentemente, el gobierno tiene tareas titánicas para cumplir con funciones tan básicas como procurar e impartir de mejor modo la justicia, e incluso de ir en contra de todos aquellos que infringen la ley. Pero los ciudadanos debíamos también hacer más para convertirnos en parte de la solución, y no de los problemas que enfrenta nuestro estado.

Cuando se habla de seguridad no sólo es respecto a la delincuencia, sino también a la idea de seguridad que nace de la legalidad, del combate a la corrupción, del respeto a la ley y a los derechos de terceros. Parece algo utópico o fantasioso; pero tal parece que todos debemos asumir nuestra responsabilidad y, sin restarle exigencias, tampoco creer que todo es culpa del gobierno y que los particulares estamos libres de todo deber. Ojalá que por lo menos en este arranque de año, podamos considerarnos como parte de las necesidades apremiantes de nuestra entidad.

¿PROMESA CUMPLIDA?

Hoy se verá si realmente se cumplió una de las primeras promesas del gobernador Gabino Cué: anunció que no habría despido masivo de trabajadores del gobierno estatal. ¿Será? ¿Todos siguen conservando su trabajo? Es una pregunta, que debía responder el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela.

Un ejercicio de transparencia: Los números de 2010 del Blog Al Margen Oaxaca

almargenoaxaca
-
0

Los duendes de estadísticas de WordPress.com han analizado el desempeño de este blog en 2010 y te presentan un resumen de alto nivel de la salud de tu blog:

Healthy blog!

El Blog-Health-o-Meter™ indica: Wow.

Números crujientes

Featured image

Un duende de estadísticas ha creado esta pintura abstracta, inspirada en tus estadísticas.

Un barco de contenedores puede llevar a unos 4.500 contenedores. Este blog fue visto cerca de 18,000 veces en 2010. Si cada cada visita fuera un contenedor, tu blog llenaria 4 barcos.

 

En 2010, publicaste 334 entradas nueva, haciendo crecer el arquivo para 375 entradas. Subiste 9 imágenes, ocupando un total de 2mb. Eso es alrededor de una imagen por mes.

The busiest day of the year was 5 de julio with 205 views. The most popular post that day was Resultados Preliminares Oaxaca.

¿De dónde vienen?

Los sitios de referencia más populares en 2010 fueran mail.live.com, search.conduit.com, facebook.com, es.wordpress.com y twitter.com.

Algunos visitantes buscan tu blog, sobre todo por arturo vasquez urdiales, jorge martinez gracida orduña, ley del notariado 2010, al margen oaxaca y jorge martinez gracida.

Lugares de interés en 2010

Estas son las entradas y páginas con más visitas en 2010.

1

Resultados Preliminares Oaxaca julio, 2010
3 comentários

2

Fuero: Inmunidad e impunidad constitucional febrero, 2010
1 comentario

3

Cajas de ahorro: impunidad y fraude van de la mano mayo, 2010
1 comentario

4

Relación Iglesia-Estado: Laicidad y ley, en el olvido febrero, 2010
1 comentario

5

Teoría de conspiraciones: huracanes, golpismo y terremotos enero, 2010

Se va el 2010: tenemos que repensar a México

almargenoaxaca
-
0

+ No perder capacidad de asombro, la exigencia

Este año se termina como varios otros en nuestro país: es decir, en medio de un ambiente social, político y económico que no varía, y mucho menos mejora. Hoy podemos darnos cuenta que ante cualquier posibilidad de hacer un recuento, o un balance, de lo que fue el año que termina, el contenido de esa revisión bien podría ser el mismo que el del año pasado, antepasado… y así sucesivamente. Esto, aunque parezca uno más de los lugares comunes, debería motivarnos a repensar las condiciones y el país en el que vivimos.

Un imperativo parece claro: México no puede seguir en la ruta por la que hoy transita. En eso parece haber un primer acuerdo, que sin embargo no fructifica. Todos los factores de poder en nuestro país coinciden en esa afirmación: lo dice todos los días el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando llama a los integrantes del Congreso de la Unión y a los partidos políticos a llegar a acuerdos a favor del país; pero lo dicen también los diputados cuando llaman al gobierno federal y a sus adversarios políticos a tener más sensibilidad y anteponer el interés del país a cualquier otro factor. E incluso es lo que dice la sociedad civil desde sus distintas vertientes, cuando llama a todas las fuerzas y factores de poder a terminar con sus diferencias, y a subsumir las agendas políticas, electorales o partidistas, a las necesidades apremiantes que tiene la nación.

Todo eso es lo que se escucha en el discurso; sin embargo, la realidad parece distinta. Seguramente nunca como ahora, el Presidente de la República ha desempeñado la encomienda política bajo la premisa de que ni la pluralidad, ni la democracia ni los equilibrios de poder, son suficientes para acotar las potestades constitucionales y metaconstitucionales del Jefe del Poder Ejecutivo.

En esa lógica, el gobierno federal se ha encargado de ningunear a todas las fuerzas o factores de poder cuando no concuerda con ellos —cosa que era común en el priismo, pero que debió desaparecer ante la pluralidad y el reordenamiento de fuerzas que trajo la alternancia de partidos en el año 2000—, y de actuar insensiblemente, y sin la posibilidad de lograr o propiciar acuerdo alguno, lo mismo con los partidos políticos que con el Congreso, e incluso con la sociedad mexicana que fue quien lo llevó apretadamente a la Presidencia en 2006.

En la contraparte, aunque los partidos representados en el Congreso se asumen —porque así deberían ser— como los representantes del pueblo ante los Poderes del Estado, y se llaman mutuamente a la sensibilidad y a la ponderación del país sobre las agendas particulares, lo cierto es que éstos también ponen de manifiesto, cada vez que pueden, que cualquier posible prisa que tenga México por evolucionar, o al menos por dar pasos en algún sentido, no es la misma que pudieran tener ellos.

Llegando hasta los mismos extremos de la ignominia, los partidos, fracciones y fuerzas políticas en el Congreso federal han cedido a la hora de negociar la ley, o en el momento de ponderar sus intereses partidistas sobre el estado que guarda la nación a la hora de legislar, y han retrasado y entorpecido todo lo que les ha venido en gana, cuando no es satisfecho el interés particular que los mueve. Eso, a pesar de que según ellos el interés principal también se encuentra en defender las causas nacionales.

Incluso, desde las mismas trincheras de la sociedad, ha faltado quizá compromiso con el país: los mexicanos debíamos de comenzar a tener un papel más activo en la construcción de un país distinto y mejor, y no seguirnos conformando con salir a votar.

Las concepciones tradicionales de la democracia nos han llevado a concebirnos como parte de ella —es decir, como actores de la democracia— únicamente cuando, el día de la jornada electoral, salimos a emitir nuestro sufragio a favor de alguna fuerza política o candidato. Ese es sólo el principio de todo pero no el fin que deberíamos perseguir como parte de la democracia.

No obstante, pareciera que hemos construido una sociedad que más allá de las amenazas del “estallido social”, no sabe pedir, no sabe exigir, no sabe inconformarse e incluso no sabe cómo quejarse efectivamente, y a través de los cauces debidos, para que el gobierno y los poderes se sientan conminados a atender los reclamos. De nada vale ser únicamente actores pasivos en la construcción de la agenda pública, o que según nosotros contribuyamos a construirla cuando nuestra única actuación consiste en gritar, vociferar y exigir de modo tan efímero, como lo hace un fuego artificial.

 

¿AUTOSABOTAJE?

En un artículo publicado el pasado 16 de diciembre en el periódico El Universal, el constitucionalista Miguel Carbonell hacía un recuento de los problemas más profundos que, como país, ya debíamos haber resuelto y que son los que nos impiden despegar hacia otros derroteros del progreso. Y luego de enumerar los problemas tanto educativos, como de seguridad pública, económicos y de justicia que tiene nuestro país, dice lo siguiente:

“Todo lo anterior nos pone ante la evidencia de un país que quiere y no puede. Un país contrahecho y agazapado, que no se atreve a dar el salto a la modernidad y que sigue en las ligas menores, cuando podría estar entre los mejores países del mundo. Se podría pensar en cientos o miles de excusas para explicar nuestros rezagos, pero la verdad es que todos ellos tienen solamente un responsable: nosotros. Especialistas en el autosabotaje, todos hemos contribuido (por acción o por omisión) a perpetuar un México con bajos niveles educativos, con graves problemas de seguridad pública, con un mercado laboral mayormente informal y un sector económico cerrado a la competencia, y con una justicia que da pena a propios y extraños.

MEDIOEVO

Esta columna decide terminar el año haciendo suyas estas palabras también de Miguel Carbonell. “Lo importante es que ya lo sabemos y que las soluciones, aunque no lo parezca, están a nuestro alcance. Ojalá que durante 2011, antes de que empiece la vorágine del proceso electoral de 2012 que engullirá buena parte del debate público nacional, pudiéramos pensar en todo lo que tenemos que hacer para contar con una mejor educación, más seguridad pública, una economía más abierta y competitiva, y una justicia que se instale finalmente en el siglo XXI y deje de estar en el medioevo.” Es lo que deberíamos hacer. Un abrazo fuerte de fin de año para todos. ¡Feliz año 2011!

Recuperar principio de autoridad: reto esencial

almargenoaxaca
-
0

+ Oaxaca: no más gobiernos de bar y sobremesa

El presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, aseguró en entrevista concedida un diario citadino, que su principal reto como gobernante será el de recuperar el principio de autoridad que se perdió en nuestra entidad, a causa de los excesos y los errores que han cometido quienes han tenido en sus manos el gobierno. Aunque pareciera una afirmación más cercana a los lugares comunes que a la realidad, es clarísima la actualidad del señalamiento; y ojalá que el inminente gobernante de la capital oaxaqueña honre con seriedad y trabajo, los compromisos que ahora refiere.

Textualmente, Ugartechea aseguraba lo siguiente: “hay que rescatar ese principio de autoridad que se ha perdido por comportamientos frívolos y dispendiosos. Seremos congruentes en los mil 95 días de gobierno para cumplir las expectativas (…) Tenemos que cambiar el concepto que existe en términos de corrupción, en el sentido de que el servicio público sirve para el enriquecimiento o para alimentar egos. Creo que la conducta propia del gobernante debe empezar precisamente ahí, por el principio de autoridad”.

¿Por qué considerar importante tales aseveraciones? Porque más allá de las coincidencias o divergencias que los ciudadanos podamos tener respecto a nuestros gobernantes, es evidente que el Edil Electo de la capital oaxaqueña está dando en el clavo respecto a un tema que, además de la eficiencia, deben recuperar todos aquellos que hacen política: la credibilidad y la honorabilidad en el desempeño de sus funciones. Expliquémonos con más detalle.

Bien dicen que en política, como en la vida misma, no hace falta con ser: también hay que parecer. Eso es algo que, en los últimos años, dejaron de entender y atender quienes tuvieron en sus manos las tareas de gobierno. Porque si eran serios, no lo parecían; si eran comprometidos con su trabajo, tampoco. Incluso, muchos de ellos dejaron de lado cualquier compromiso personal o público con la honorabilidad, y se dedicaron a privilegiar la frivolidad, la superficialidad y la soberbia. Esos, aquí y en China, son errores descomunales para cualquier hombre o mujer que se dedica a la vida política.

Veamos si no. Para no ir más lejos, veamos lo que ha ocurrido respecto a esto en Oaxaca durante los últimos seis años. A nivel de gobierno estatal, nunca como ahora se tomaron tan pocas decisiones trascendentales para la vida pública en una mesa de trabajo; pero asimismo, nunca como ahora, se “trabajó” tanto y tan arduamente en labores de gobierno, sentados en mesas de bares, con whisky, botana y mujeres al lado; nunca antes como ahora, se habían hecho públicos los amoríos, las infidelidades y las aventuras de casanova de quienes encabezaban la vida política del estado. Nunca antes, además, habían tenido el gobierno en las manos, personas de tan dudosa calidad moral, ética e incluso —aunque algunos digan que no es indispensable— de antecedentes académicos y de probidad profesional, tan poco claros.

Incluso, nunca como en estos tiempos, hubo en Oaxaca tan pocos pudores respecto a mostrar públicamente (mansiones, automóviles de lujo, costosas e innecesarias cirugías estéticas, viajes al extranjero sólo para presenciar un evento deportivo, y demás frivolidades) los beneficios que proporciona el tener acceso al erario municipal o estatal. Lo más grave es que, asimismo nunca como ahora, hubo en los responsables de las tareas de gobierno, tan poca capacidad para demostrar que esas frivolidades eran la contraparte de la eficacia y la eficiencia en las labores encomendadas.

RECUPERAR LA AUTORIDAD

La gente mayor, cuenta que hace treinta o cuarenta años, la persona que ostentaba el cargo de Gobernador del Estado, de Secretario General del Despacho, o las más importantes responsabilidades políticas o administrativas de la entidad, era digna no sólo de respeto por la investidura pública que ostentaba, sino generalmente también por la reputación previa y la honorabilidad que ostentaba.

Aún hoy podemos encontrarnos con ciertos personajes que fueron actores fundamentales de la vida política estatal, a los que más allá de sus errores y aciertos a la hora de ejercer las tareas del gobierno, se les respeta porque fueron no sólo políticos o administradores, sino también hombres de academia, y personas que condujeron su vida pública y privada con cierto nivel de prudencia, decoro y dignidad, que hoy les permite caminar por las calles, o conducir su vehículo, sin que nadie les repudie o les recrimine por su frivolidad o excesos, por el dinero robado, o por los abusos cometidos durante su función. A esos personajes, aún hoy se les antepone el “don” como señal de respeto, cuando se les refiere.

No se trata de ser retrógrados y mucho menos falsamente moralistas o tradicionalistas. Pero es evidente que mucho de eso es lo que forjaba la verdadera imagen de autoridad (y respeto, y estatura moral, etcétera) en una persona, más allá del cargo o la responsabilidad que momentáneamente detentara. Hoy, a diferencia de entonces, la palabra “autoridad” únicamente se relaciona con el mandato establecido en un documento, o con el resultado de una votación. Pero es claro que, en la gran mayoría de quienes encabezan la vida política de la entidad, la autoridad personal no existe cuando no viene sustentada de ese documento en el que se indica que, por mandato legal, en efecto se es “autoridad”.

En el fondo, parece claro que la autoridad no la da un mandato, una constancia de mayoría e incluso la posibilidad de ejercer funciones públicas o disponer de la fuerza pública. La autoridad la da el correcto desempeño personal, las demostraciones de eficacia y eficiencia en la materialización de las responsabilidades encomendadas, e incluso en las actitudes que tenga el gobernante en cuanto a las tareas que le corresponden.

TRABAJAR CON SERIEDAD

Es posible afirmar que no hay personas responsables, a quienes no les guste la seriedad. Ni aquí, ni en China. Y eso, seriedad, es lo que, en buena medida, le urge a los oaxaqueños que necesitan no sólo resultados, sino también volver a creer y confiar en quienes nos representan. Es lo que, ojalá, tenga en mente el edil electo Ugartechea para tratar de recuperar el principio colectivo de autoridad, así como la calidad personal que, en ese sentido, se adquiere más allá de los cargos públicos y que por tantos excesos, ahora está extraviada.

1...372373374...411Page 373 of 411

¿Quiénes somos?

Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

Company

Quizás te puede interesar

Presidente de Litigio Estratégico Indígena, recibe distinción ciudadana al Mérito Profesional del municipio de Oaxaca. 

Comunicados 0
En el 492 Aniversario de la elevación de la...

Una trayectoria de canciones que han conquistado el alma

Música 🎧 0
Paréntesis  Música. Cine. Entretenimiento. Tendencias. Ismael Ortiz Romero Cuevas El reconocimiento a...

Oaxaca, una ciudad entrañable en su 492 aniversario 

Columna 0
Antonio Gutiérrez Victoria / Adrián Ortiz Romero Cuevas  Una ciudad...

Subscribe

© 2021 Columna Al Margen. Todos los derechos reservados.