+ Sistema institucional de la cultura, muerto

A pesar de que en Oaxaca es una garantía constitucional la relativa al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, lo cierto es que el sistema institucional de la cultura está por completo olvidado, y en los últimos años se ha preferido sustituir por la sola financiación de proyectos que, en esencia, aparentan una acción cultural intensa pero que olvidan las funciones propias del Estado en esa materia, y dejan en grave descobijo a las personas que hoy no tienen medios efectivos, y públicos, para gozar de las garantías culturales que establece la Constitución.

En efecto, para poder corroborar lo anterior no basta sino con hacer un pequeño recuento de lo que es hoy la política cultural en nuestra entidad, y confrontarla con lo que debieran ser las funciones propias del Estado para fomentar la cultura. En una entidad como la nuestra esa discusión se hace relevante no sólo por el hecho de que aquí existe una diversidad cultural mayor a la de prácticamente todo el país, y porque Oaxaca ha sido polo de atracción para los mecenas privados de la cultura, que hoy, sin ninguna contraposición del Estado, son los auténticos capitanes del sector en la entidad.

De entrada, es evidente que el sistema institucional de la cultura está roto por completo en Oaxaca. Ese sistema institucional, era el que, se supone, debía dar armonía y coordinación al trabajo no sólo de una dependencia encargada del fomento cultural, sino de ésta con los demás sectores públicos que también generan cultura. En un sistema institucional interactúan instituciones oficiales de planeación, de fomento y difusión de la cultura, para que trabajar en una misma sintonía instituciones oficiales, los medios de comunicación del gobierno, las instituciones educativas y los centros de fomento a la cultura y las artes. Si eso algún día existió en Oaxaca, hoy es sólo un recuerdo. ¿Por qué?

Porque lo que debiera ser ese gran sistema institucional, fue cambiado por el intento de la dependencia estatal por competir con los promotores culturales privados, y por la sola financiación de proyectos. Así, podemos ver hoy que aun cuando no existen vasos comunicantes entre la Secretaría de Cultura y las instituciones educativas de todos los niveles para efectos de promoción y fomento cultural, sí se financian proyectos de gran fulgor como la Orquesta Sinfónica de Invierno (que tiene una sola presentación anual en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, y que tiene para el Estado un costo de varios millones de pesos), o la Orquesta Esperanza Azteca, que a pesar de ser un proyecto de Fundación Azteca, tiene financiamiento del Gobierno del Estado.

Estos son sólo dos ejemplos, de muchos, sobre cómo el acceso real a la cultura está inhibido para los oaxaqueños. Además de esto, habría que voltear a ver la red de Casas de Cultura y de Bibliotecas Públicas, aunque sólo para corroborar que están en el total abandono. Éstas, donde existen, quedaron en manos de los gobiernos municipales que, en los hechos, no han tenido ni los recursos ni la disposición para mantenerlas en el decoro. Las Casas de la Cultura reciben mínimos subsidios anuales del gobierno federal que, en los hechos, apenas si alcanzan para pagar los servicios básicos del local en que funcionan, pero no para verdaderamente fomentar la cultura entre sus habitantes.

La situación de las bibliotecas públicas es similar. Éstas —y el mejor ejemplo de ello es la Biblioteca Pública Central— se encuentran en un estado de total abandono, debido a que durante años no han sido un tema de interés central para las autoridades culturales del gobierno estatal, y porque paulatinamente le fueron quitando preponderancia y capacidad de acción a la Coordinación de Bibliotecas Públicas, que hoy es un ente sin ninguna injerencia o capacidad de gestión en la situación de las bibliotecas, que debían ser piedra angular del conocimiento y la cultura en nuestra entidad.

CULTURA, ¿DÓNDE?

Hay otros ejemplos concretos. Vayamos a otro: hoy, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca está incompleta, y eso parece no preocupar a las autoridades culturales de la entidad. Ésta, en la actualidad, cuenta con menos de 30 integrantes, de los más de 60 que debieran integrar una verdadera orquesta sinfónica. Por eso, cuando necesitan hacer una presentación importante deben subcontratar a músicos traídos de otras entidades del país, a quienes además de salario se les debe pagar viáticos, estancia, transporte y demás, elevando el costo económico de la indolencia por no tener una orquesta sinfónica, completa y propia, del gobierno de Oaxaca.

Del mismo modo, la Secretaría de Cultura prefirió autorizar vacaciones de dos meses a los integrantes de la Orquesta Primavera, ante su imposibilidad por gestionar a tiempo los recursos para el arrendamiento del sitio en el que llevan a cabo sus ensayos. Como la Seculta no pudo resolver ese problema, se les hizo más fácil dar vacaciones prolongadas a sus integrantes, en lo que encuentran la forma de resolver ese problema que es mínimo, pero que resulta de gran adversidad para la administración actual.

Acaso el ejemplo más emblemático es el del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, que desde hace algunos años funciona en un sitio impropio, y en condiciones poco decorosas respecto a lo que debiera ser la institución formativa de las nuevas generaciones de músicos en la entidad. Hoy, lamentablemente, el Gobierno del Estado no tiene dinero ni para reparar las antiguas instalaciones del CIMO, y mucho menos para llevar a cabo el proyecto original, que consistía en construir una nueva sede, que cubriera todas las necesidades de un centro como ese.

Finalmente, el acceso a la cultura está vedado hasta en infraestructura. ¿Podemos creer que la capital mundial de la cultura —como se pretende denominar a Oaxaca— tenga sólo tres teatros, de los cuales dos (El Juárez y el Alcalá) tienen aforos pequeñísimos, y el tercero se está cayendo a pedazos?

¿Y LOS MUSEOS?

En Oaxaca están varios de los museos y centros culturales más importantes del país. El problema es que todos son privados. ¿El Estado en dónde queda? En un museo a medias, con el Museo del Palacio, y otro, el Museo de los Pintores Oaxaqueños, en el que hay escasísima obra de artistas oaxaqueños. Por eso, debe replantearse a fondo la política cultural, para rescatar el sistema institucional, para que Seculta deje de ser sólo un cajero, y para hacer efectivo el acceso a la cultura a todos los oaxaqueños.

+ Urge atender, legislar y dar más certeza

Qué bien que, como cada año, la Dirección del Registro Civil en Oaxaca lleve a cabo campañas para la formalización en matrimonio civil de las parejas que viven en unión libre. Sin embargo, es innegable que, en esa misma forma, alguien debía preocuparse por otros problemas paralelos al del matrimonio, que ciertamente son menos populares, pero que necesitan una atención urgente. Particularmente, hablamos del divorcio, que está lejos de ser un problema estrictamente jurídico, y que más bien refleja que la autoridad tiene una voluntad férrea por sólo mantener las apariencias, pero no por procurar y dar justicia a las familias que lo necesitan con urgencia.

En efecto, por tradición febrero es el mes idóneo para hablar de sentimientos como el amor. Por semántica, esto nos lleva a pensar en el matrimonio. Y a pesar de que tradicionalmente se nos dice que éste, el matrimonio, es la piedra angular de la sociedad en México, lo cierto es que cada año miles de personas inician la vida en pareja, y forman familias, sin estar unidas por la figura del matrimonio civil. En ese sentido, se entiende que el Estado tenga una preocupación permanente por dar certidumbre a las familias, y que intente dar esa certeza a través de la figura jurídica del matrimonio.

Sin embargo, la del matrimonio no es una figura jurídica irreversible. Esa es la razón simple por la que existe la figura del divorcio, a través del cual se logra la disolución del vínculo matrimonial a partir de una resolución judicial. En Oaxaca, el juicio de divorcio se decreta únicamente a través de un juicio civil, llevado a cabo ante los tribunales familiares de la entidad.

Sólo quien ha tenido que pasar por una situación de ese tipo, sabe que, en los hechos, las figuras jurídicas del matrimonio y del divorcio necesitan una atención a fondo, y que esa revisión debe no sólo implicar la actualización de las disposiciones que establece el Código Civil del Estado, sino también el replanteamiento de la actuación de los juzgados familiares, del Sistema DIF, de la Procuraduría de Justicia, y de todas aquellas dependencias encargadas del cuidado y protección de los menores, de las mujeres y de la familia.

¿Por qué hablar de eso? Porque así como miles de parejas contraen cada año matrimonio, hay otras muchas que por diversas razones pretenden divorciarse. Cuando esto ocurre, de entrada se encuentran con el hecho de que en el Código Civil de Oaxaca no existe la posibilidad de que haya un divorcio, más que por la voluntad común de quienes lo habían contraído, o por la comprobación de alguna de las 19 causales que establece el propio Código.

Ahí comienza el suplicio de quienes pasan por un divorcio. Pues además de tener que llevar a cabo un proceso judicial en el que deben probarse un conjunto de situaciones de hecho (que van desde el adulterio hasta la violencia intrafamiliar, u otras cuestiones como el alcoholismo, los hábitos de juego o la corrupción de menores), se deben enfrentar a una cauda interminable de burocratismo, lentitud, negación en la prestación de casi cualquier servicio o atención relacionada con el tema, y un conjunto de instituciones que tienen catalogado al divorcio como algo nocivo, y que por ese solo hecho lo tienen olvidado, escondido y negado, como si con eso solucionaran por lo menos algunos de los muchos problemas que éste presenta y de los cuales terminan pagando las consecuencias justamente los eslabones más débiles de la familia, que son los hijos.

VÍA CRUCIS LEGAL

Independientemente de que sea un divorcio necesario o voluntario, todo aquel que presenta una demanda ante los juzgados familiares se enfrenta, de entrada, ante una agobiante carga de trabajo que genera retrasos excesivos en la atención de cada petición de justicia. Así, el solo acuerdo inicial de admisión o desechamiento de una demanda civil puede tardar entre dos y tres semanas, el de una relacionada con las controversias del orden familiar puede llegar a tardar hasta dos meses, independientemente de que el trámite de un divorcio voluntario puede tardar varios meses, y uno necesario quizá hasta años.

A partir de entonces comienza un mar de burocratismo. Pues si a la par de la presentación de una demanda de ese tipo, es necesario establecer ciertas medidas que protejan a los menores o a la familia, el ciudadano común se encuentra con que la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del DIF estatal es campeón en todas las formas posibles de negar o dilatar la atención a las personas que lo requieren. Pues aunque digan lo contrario, y hasta expongan cifras que hablan del “mejoramiento” de la atención a quienes se encuentran en una situación así, lo cierto es que esto es falso. La mejor prueba de ello, se encuentra en el hecho de que la Titular de esa Procuraduría despacha en las oficinas centrales del DIF, cuando sus oficinas de atención se encuentran en Jalpan.

Lo siguiente es la atención de la Procuraduría General de Justicia. Ésta, quizá, es la que ha tenido mayor preocupación en mejorar ciertos servicios relacionados con el tema familiar, aunque fundamentalmente los temas que llegan a la PGJE son los estrictamente relacionados con violencia intrafamiliar, que en esencia están considerados ya como delitos.

¿Qué es necesario? En principio, que el gobierno y el Congreso dejen a un lado los falsos dilemas morales y las presiones religiosas y le hagan una enmienda mayor a la figura del divorcio, para agilizarlo y para garantizar de verdad que los derechos de los menores y la mujer queden protegidos. También debían considerar la posibilidad de que la voluntad de una sola de las partes, debe ser causal para disolver el vínculo matrimonial, para no seguir anclando éste a chantajes, caprichos e indefiniciones emocionales que no tienen que ver con el estricto tema de la protección de los derechos. Además, los propios tribunales familiares debían gozar de más atención por parte del Poder Judicial, para dotarlos de las condiciones necesarias para poder atender a las familias que demandan justicia.

PROTECCIÓN EFECTIVA

Es inadmisible que se promueva con tanta candidez el matrimonio, pero que nadie hable —ni atienda— a su contracara, que es el divorcio. Si buscan proteger a las familias con la promoción del matrimonio, cuando el amor se acaba también debían garantizar esa misma protección, a través del establecimiento integral de un divorcio que tutele los derechos de quienes independientemente de eso deben quedar protegidos.

+ “Informes” legislativos, mecanismo simulado

Nunca como ahora han proliferado las Asociaciones Civiles con fines eminentemente electorales y, del mismo modo, nunca como ahora habían sido utilizadas figuras alternas, como la de los informes legislativos, para llevar a cabo lo que popular y jurídicamente se conoce como actos anticipados de campaña. Estas maniobras revelan la debilidad de la autoridad electoral, la voracidad por conseguir cargos públicos a partir de dinero de dudosa legalidad y procedencia, y la urgencia —aunque por completo imposible de subsanar hoy en día— de que se regule con mayor precisión el camino legal para saciar las hoy incontrolables ansias de quienes desean conseguir un espacio (de poder.

En efecto, a partir de que inició el año hemos visto en Oaxaca cómo se ha desplegado una intensa actividad en la búsqueda de diversos cargos públicos, las cuales se centran particularmente en las alcaldías que estarán, literalmente, a subasta, entre marzo próximo y el mes de julio, tiempo en el que se definirán las candidaturas, se llevarán a cabo las campañas y los ciudadanos votemos para elegir a nuestras próximas autoridades municipales. El problema es que el camino por el que han optado todos los que pretenden buscar esos cargos, es cuando menos inmoral, pero también tiene claros matices de ilegalidad. ¿Por qué?

Porque los “ciudadanos” que hoy se están promoviendo para ocupar alcaldías en diversos puntos de la entidad, lo están haciendo a través del uso de ciertas figuras jurídicas como auténticas “rendijas” a través de las cuales están colando sus nuevas aspiraciones electorales. En uno de los casos, los “ciudadanos” que aspiran a responsabilidades municipales, están tratando de darse a conocer a través del uso de AC’s que dicen perseguir fines sociales, comunitarios o de promoción a la ciudadanía, pero que en realidad lo que esconden es un incontrolable afán por posicionarse para quedar bien ubicados en las encuestas internas de los partidos, y finalmente ser postulados como candidatos a los cargos que buscan.

El ejemplo más claro de eso es José Escobar, que claramente busca la candidatura del PRI a la presidencia municipal, pero que mimetiza a través de una asociación civil que dice tratar de construir ciudadanía y conciencia entre los oaxaqueños. Si revisamos con detalle ese degradante uso que hoy en día se les está dando a las asociaciones civiles en Oaxaca, en prácticamente todos los municipios conurbados a la capital que eligen a sus autoridades por el sistema de partidos, cuando menos uno de quienes pretenden llegar a un cargo está utilizando la figura de las asociaciones civiles (Javier Villacaña y Escobar en la capital oaxaqueña, aunque también hay otros ejemplos en Santa Lucía del Camino y otros municipios) para esconder sus verdaderos fines, para colocar propaganda al margen de la ley y la regulación de las autoridades electorales, y para darle una forma “legal” a esas maniobras inaceptables para tratar de posicionarse políticamente.

La otra vía que están utilizando varios legisladores, es la de la publicitación de sus “informes legislativos”. Eso, de entrada, verdaderamente debería darles vergüenza, ante la falta de productividad de nuestro Poder Legislativo local, y de la absoluta sumisión que los diputados de todos los partidos han demostrado tener al gobernante en turno, a pesar de los supuestos “tiempos de cambio” en los que vivimos.

Sin embargo, independientemente de lo anterior, varios legisladores se están valiendo hoy de eso que sí les permite la ley (los “informes legislativos”) para darse a conocer en municipios muy específicos, y establecer esas maniobras como el punto de partida para nuevas actividades proselitistas relacionadas con los municipios.

Al final, queda claro que su actividad legislativa les importa un comino, y que eso (una rendija de la ley para hacer proselitismo disfrazado, y pagado con recursos públicos) es sólo el pretexto para sus nuevos afanes electorales. Así podemos encontrar al impresentable coordinador de los diputados perredistas, Alejandro López Jarquín tratando de inmiscuirse en la lucha electoral en Santa Cruz Xoxocotlán, pero también a los no menos cuestionados diputados Francisco García con su promoción en Juchitán, a Daniel Cuevas Chávez en Nochixtlán o a Marlene Aldeco Reyes Retana en Santa Lucía del Camino —por citar sólo algunos ejemplos.

¿Y EL IEEPCO? BURLADO

José Escobar demostró que el IEEPCO es una autoridad de papel. La semana pasada fue sancionado por la autoridad electoral por incurrir en actos anticipados de campaña, y promoción indebida, por la fuerte campaña publicitaria que desplegó a través de la asociación civil que encabeza. El resultado del dictado de la autoridad fue no sólo el desacato, sino la burla: Escobar no sólo no retiró su publicidad, sino que colocó nueva, y sobre los anuncios a los que la autoridad le había puestos sellos de irregular, éste colocó otros en los que denunciaba, sin ningún pudor, que la autoridad electoral prohíbe a los ciudadanos ejercer sus derechos, y les niega la posibilidad de expresarse y de ejercer los derechos que tiene consagrados en la ley.

¿Qué hizo el IEEPCO ante eso? Absolutamente nada. Tampoco ha hecho algo respecto a todos los que abiertamente se han valido de estas figuras para hacer promoción con fines electorales. Lo que se ve, es que la autoridad se encuentra atrapada entre una legislación que establece un margen estrechísimo para que la sociedad se exprese con fines electorales, y una realidad en la que la propia autoridad no cuenta con los mecanismos, y qué decir de la fuerza moral (ésta la perdió desde el mismo día de la integración del actual Consejo General, que no tiene nada de “ciudadano”, y que sólo responde al burdo y nocivo reparto partidista que ocurrió en abril de 2011 en el Congreso para integrarlo) para hacer valer sus determinaciones.

¿Qué queda? ¿Una nueva reforma para ampliar esos cauces? Es innecesaria, ante el hecho mismo de que hoy todos burlan la ley aún con su dureza. ¿La renovación de la autoridad electoral? Así como está, les conviene a todos, menos a la ciudadanía. Sólo nos queda, pues, la ignominia.

CHIQUITOS

Alejandro López Jarquín, presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene como su “gran proyecto” ser edil de Xoxocotlán; Francisco García, coordinador de los diputados del PRI, tiene ese mismo “gran proyecto” con Juchitán. Podrían, sin duda, aspirar a algo más. Qué degradación. Antes los “pastores del rebaño” pintaban para más…

+ Oportunismo, sí; pero ante caos, es redituable

No es buen signo para el gobierno de Oaxaca que, casi en las mismas fechas, ocurran varios hechos que si bien no tienen trascendencia material, de nuevo ponen a la entidad en una situación francamente deplorable ante la mirada nacional e internacional.

En efecto, en apenas unos días, un puñado de personas fue capaz de subir a la agenda nacional el tema de Mareña Renovables y el riesgo de que esa inversión se vaya a otra entidad, o a otro país; casi al mismo tiempo, la Sección 22 del SNTE —que para efectos prácticos, también es un grupo minoritario— fue capaz de arrodillar al Congreso del Estado, y a buena parte de la estructura del gobierno estatal para que se apruebe, por la fuerza, su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca.

Por si algo faltara, un puñado de rencorosos está esparciendo la versión sobre el resurgimiento de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca; y todo se corona ante la aparición de un cuerpo de “policía comunitaria” en un municipio de la región de la Costa, y el realce al “municipio autónomo” de San Juan Copala. Gran parte de la batalla entre el gobierno y sus opositores se gana en las percepciones. Y en ese terreno el gobierno de Oaxaca lo está perdiendo todo.

Veamos si no. En el caso de Mareña Renovables, el gobierno ha insistido una y otra vez que el asunto no es tan grave como parece, y ha tratado de aplacar los ánimos a través de declaraciones que parecen respaldar a la empresa inversionista, y condenar a aquellos que pretenden desestabilizar la zona. A partir de eso se entiende que de manera casi permanente haya presencia de funcionarios en la zona; que haya declaraciones oficiales expresas sobre el tema, y que al mismo tiempo se descalifique a quienes se oponen al establecimiento de los aerogeneradores.

El problema es que, en el terreno de las percepciones, los ganadores son otros y esto ocurre por el solo hecho de que aún con las declaraciones y la aparente acción oficial, la inversión simplemente no se asienta, ni Mareña inicia la construcción del complejo eólico, ni cesan los señalamientos, en la prensa nacional e internacional (fundamentalmente en ésta) de que existen actos de represión en contra de los opositores al proyecto, y de que el gobierno pretende instalar los aerogeneradores sin tomar en consideración la opinión de los pueblos indígenas de la zona, y sin atender las causas que les generan marginación y pobreza.

Esto, a la luz de cualquier mirada más o menos razonable, resulta falso. Pues aunque con sus errores, sí ha ocurrido el proceso de consulta y cabildeo con los pueblos de la zona; aunque tardía, y con poco acierto, sí ha habido presencia oficial en la zona; también existen proyectos sociales para atender a los indígenas, y los supuestos “actos de represión” tienen tantos matices que, sin duda, sería casi imposible hablar de ellos sin tomar en consideración que las contrapartes (los supuestos reprimidos) en realidad buscan con efervescencia que alguien los apalee.

Sobre todo, en ese problema y en esa región, existe un cargado ánimo de confrontación y de enrarecimiento político que, al contrario, no ha podido ser reflejado ni informado por el gobierno, que más bien ha preferido asumir que quienes están revolviendo el problema son luchadores sociales, y no políticos ambiciosos, y que en realidad éste sí es un conflicto en el que existen derechos legítimos confrontados con un proyecto económico de gran calado, y no una cuestión de mezquindades en la que unos cuantos juegan con las banderas indígenas, y con los derechos y el porvenir de quienes habitan la región en conflicto, únicamente para tratar de sacar alguna ventaja —o de cobrar alguna venganza o deseo de empoderamiento— gracias a la decisión de alimentar la confrontación, entre todos, en esa región.

LA APPO, LA 22 Y TODO…

Algo similar ocurre con el supuesto resurgimiento de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, o con las amenazas de generar inestabilidad, que ha lanzado la Sección 22 del SNTE: de nuevo, el gobierno pierde la batalla de las percepciones. Pues porque aun cuando en esencia no parece existir un riesgo inminente, lo cierto es que en la batalla de lo que se ve, y lo que se aparenta desde fuera, en Oaxaca estamos a punto de una revuelta social, y vivimos bajo los caprichos y el gobierno fáctico de la Asamblea Popular y el magisterio oaxaqueño.

En particular, el tema de la APPO parece rentable en sí mismo. Sólo aquellos que no vivieron en Oaxaca durante el 2006, o que estaban falsamente convencidos de que la vía de la revuelta popular —y no el sistema democrático, por el que finalmente la mayoría de ciudadanos echó al PRI del gobierno de Oaxaca— era la idónea para que las cosas cambiaran, podían estar a favor de las acciones que emprendieron esos grupos durante los años 2006 y siguientes.

Esos eran actos lesivos contra la ciudadanía. Pues finalmente, con sus acciones no lastimaron al gobierno, o a los grandes capitales, o a quienes generan las desigualdades que los maestros o la APPO dicen combatir, sino que el daño fue directamente contra los oaxaqueños. Sin embargo, a pesar de ello hay quienes nunca han dejado de ponderar las “virtudes democráticas” del magisterio o de la comuna oaxaqueña, o que afirman que aquí, o en cualquier otro lugar, esa es una vía idónea para cambiar el estado de cosas, y que por eso su lucha debe ser apoyada y respaldada incondicionalmente.

Sabemos, sin embargo, que nada de eso ocurre en realidad. Que aquí hay una situación de paz, que únicamente se ve trastocada por algunos grupos organizados que cierran calles o bloquean oficial y por el gobierno que lo permite en aras de la “gobernabilidad democrática”. Sin embargo, ante el surgimiento de la percepción, lo que pareciera, reafirmamos, es que estamos en la antesala de una nueva crisis social y ante la revuelta para cambiar el estado de cosas.

CRISIS DE LA LEGALIDAD

A reserva de hablar en otro momento de las policías comunitarias, y el cuestionamiento que generan para el Estado de Derecho y para la gobernabilidad, lo cierto es que el solo surgimiento de una de ellas en la entidad, nos equipara a otros lugares en los que tienen condiciones mucho peores a las de Oaxaca. En amplias zonas de Guerrero o Michoacán no hay ley y por eso surgen esas policías comunitarias. ¿En Oaxaca estamos igual? Pero aquí, la batalla de las percepciones, siempre la pierde quienes tienen el deber no sólo el ser, sino también el parecer.

+ PPS en ulisismo: fueron nocivos por el negocio

La semana pasada, la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el proyecto de la Ley de Asociaciones Público-Privadas mediante el cual, de acuerdo con el comunicado oficial enviado al respecto “se favorecerá la inversión en infraestructura social” en Oaxaca. Esto, sin embargo, revivió los fantasmas sobre el potencial fraude y el quebranto a las arcas estatales debido a que bajo un esquema muy parecido se construyeron los complejos administrativo y judicial que hoy tienen hipotecadas las finanzas públicas de la entidad.

En efecto, la pregunta que resalta de inmediato es la siguiente: ¿vamos en camino a lo mismo? Porque si bien recordamos, la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial se financió a través del esquema de Proyectos de Participación en Sociedad (PPS) que, en los hechos, es una de las tantas formas que pueden tener las asociaciones público privadas para ejecutar obra a favor del gobierno, con recursos de particulares, y que para efectos legales y financieros, no tiene el escandaloso carácter de “deuda pública”.

¿Qué pasó en el gobierno de Ulises Ruiz? Que bajo el esquema de los PPS se contrató la construcción de las obras de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, tanto a la banca comercial y como a empresas particulares que, juntas, generaron una deuda que hasta el momento no está del todo clarificada, pero que, en conjunto, pudo haber rebasado los cinco o siete mil millones de pesos.

Si ese monto ya es de por sí escandaloso, todo se agrava ante el hecho de que tanto para la contratación de la deuda, como para la asignación de la obra, el Congreso le dio un margen amplísimo de discrecionalidad al gobierno de Ruiz; que los ejecutantes de la obra fueron los mismos que la contrataban; y que como deudores y acreedores eran los mismos, esto generó un incremento exponencial en el costo de las obras.

Así, si originalmente la construcción de Ciudad Administrativa tendría un costo de menos de 400 millones de pesos, al final ésta terminó costando más de dos mil millones, que se pagarán en un lapso de 15 años. Y sobre Ciudad Judicial no podemos citar ejemplos, porque no existen cifras públicas exactas, ni detalles, sobre quién construyó, cómo lo hizo, cuánto costó, y bajo qué condiciones fueron contratadas la obra y la deuda para su ejecución.

¿Por qué pudo el gobierno de Ruiz hacer ese millonario negocio? La respuesta está en lo que dispuso el Congreso al respecto. Pues en 2005 —cuando se inició la construcción de Ciudad Administrativa— no existía legislación que reglamentara ese tipo de contratos. Por eso, el Congreso mediante un decreto autorizó al Gobernador del Estado a que contratara la edificación de los complejos administrativos, y lo facultó para que fuera éste quien contrajera las obligaciones, para que estableciera los mecanismos de ejecución y supervisión, y para que éste definiera la forma en que serían construidos los conjuntos de edificios.

Lo que, en resumen, otorgó el Congreso al gobernador Ruiz, fue un altísimo grado de discrecionalidad en cuanto a la decisión de la obra, el monto de la deuda y las condiciones de construcción (esto se explica, mas no se justifica, por el hecho de que entonces la mayoría legislativa la tenía el mismo partido de donde había emanado el Gobernador del Estado).

Y ese grado de discrecionalidad, combinado con la voracidad y las torceduras de quienes en el sexenio de Ruiz llegaron al poder para enriquecerse vorazmente, fue lo que permitió que el costo de las obras se multiplicara, que para ganar más se dispusieran ampliaciones de deuda y se relajaran las medidas de supervisión sobre la forma de construcción y los materiales utilizados, y para que finalmente las arcas públicas quedaran hipotecadas por más tres lustros, sin que existiera forma alguna de que las administraciones siguientes sancionaran ese descomunal provecho que sacaron de la construcción de obras que no eran prioritarias ni indispensables para el funcionamiento del gobierno en la entidad.

QUE RESPONDA EL CONGRESO

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Congreso con motivo de la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, ésta “dota a Oaxaca de una alternativa moderna y eficiente de financiamiento con relación a los métodos tradicionales de inversión, basados en recursos presupuestales ordinarios o derivados del crédito público”. Más allá de lo que dicen los diputados (que, obvio, nunca hablarán mal de una ley que ellos mismos aprobaron), es necesario que se respondan puntualmente algunas preguntas.

Lo primero que debe quedar claro es qué aprobaron los diputados. Ellos, en sus afirmaciones, hablan maravillas de la ley de marras, aunque en realidad los oaxaqueños (la ciudadanía que sí está interesada en los temas públicos) no conocemos el contenido de la ley, ni sus alcances. Esto por la sencilla razón de que no existe un solo método eficaz por parte del Legislativo para dar la máxima publicidad posible a los proyectos de ley que someten a la consideración del pleno. Aunque ya festinaron la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, lo cierto es que nadie conoció previamente su contenido y tampoco podrá hacer mucho cuando se publique en el Periódico Oficial y adquiera plenamente la calidad de ley.

Otro aspecto que los oaxaqueños conoceremos únicamente cuando esto se ponga en práctica, es qué tanta transparencia y equidad genera esta figura. Porque si la obra pública es el mayor negocio y lo más codiciado de cualquier administración para beneficiar a sus cercanos y pagar compromisos económicos o políticos, habrá que ver con qué tanta pulcritud se implementan esas Asociaciones en los hechos, y también habrá que corroborarse si en realidad lo harán con transparencia y equidad, o si esto será ocasión para que beneficien a grupos y constructoras “amigas” con contratos que, si bien necesitan inversión, generan dividendos millonarios durante plazos no menores a los quince años.

MILLONARIOS

Toda obra pública debe tener una utilidad, para quien la ejecuta, de cuando menos el 30 por ciento del valor total de la misma. Si hoy los constructores oaxaqueños se pelean hasta para que les asignen construcción de banquetas porque toda la obra está acaparada en pocas manos, ¿habrá forma de que la industria de la construcción oaxaqueña saque algún beneficio de las APP’s? ¿Ya pensamos a cuánto asciende el 30% de 4 ó 5 mil millones de pesos? De ese tamaño es el negocio. Sólo es cuestión de tiempo para que lo veamos.

+ Aniversario desdeñado; su contenido ¿letra muerta?

Es trágico que, en aras de los llamados “fines de semana largos”, los mexicanos estemos en proceso de olvidar que el 5 de febrero es el Día de la Constitución. Ésta se publicó en esta fecha pero del año de 1917. Y junto con el rescate de la conmemoración, los ciudadanos debíamos reconsiderar el sentido de su contenido, y defenderla como piedra angular de una noción natural de convivencia que estamos perdiendo aceleradamente.

En efecto, en teoría se considera que una Constitución, como documento político, es un reflejo de las aspiraciones comunes de la sociedad que la emite. Esto, que en momentos para nosotros es tan lejano y poco creíble, en realidad ha sido uno de los elementos fundamentales de orientación sobre el rumbo que lleva nuestra nación. Aunque México tiene pendientes por resolver un puñado de problemas muy importantes en los ámbitos social, económico, político, democrático y de justicia, lo cierto es que hoy nuestra nación puede ufanarse de haber seguido a la Constitución como el faro de orientación y encontrarse en la ruta para alcanzar ciertas aspiraciones que en otros tiempos hubieran sido imposibles. ¿De qué hablamos?

De que, en esencia, una Constitución como la nuestra habla de libertades fundamentales para las personas, de derechos reconocidos y otorgados por la ley, de condiciones mínimas para el ejercicio de la democracia, de las formas de funcionamiento y de los equilibrios entre los poderes del Estado, y de las demás instituciones y ámbitos que se crean para la convivencia pacífica entre las personas. Aunque por momentos el fatalismo nos lleva a pensar que la Constitución es letra muerta, lo cierto es que ésta ha sido la base para las transformaciones democráticas que hoy damos por sentadas, pero que fueron motivo para grandes luchas que no debemos olvidar. Veamos si no.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hoy conmemoramos tiene su origen no en 1917, sino en todas las luchas previas. Esta Constitución, fue reflejo de esas luchas y de los anhelos por un país pacífico e igualitario, en el que se atendieran las causas sociales que habían dado origen a la disputa armada. Sólo quien desconoce la historia de nuestro país, no sabe que la Revolución estalló por las condiciones de insatisfacción con nuestra democracia, pero también por las exigencias de equidad, de justicia y de trato igualitario para todas las personas.

Por eso la Constitución de 1917 estableció grandes ejes de innovación, que se resumen en los preceptos relacionados con el reparto agrario, con la justicia laboral para los trabajadores de México, con el reforzamiento de las libertades fundamentales de las personas, y con el establecimiento de una nueva forma de relación entre los poderes del Estado.

Todo esto, como bien sabemos, no fue remedio infalible para los grandes problemas nacionales de aquel tiempo, y de ahora (pues sólo si fuéramos ingenuos, podríamos creer que los problemas de un país se arreglan, por sí solos, cambiando la Constitución); sin embargo, si vemos el devenir histórico a la luz de nuestra Carta Constitucional, sí podremos darnos cuenta que, a la distancia, el cumplimiento de sus preceptos fundamentales sí ha sido un anhelo lo suficientemente fuerte como para provocar luchas civiles, democráticas y quizá hasta armadas, que han tenido como objeto no que se cambie el texto constitucional o que ésta se reforme, sino que simplemente se cumpla lo que ya está escrito.

UNA CONSTITUCIÓN CAMBIANTE

En contraposición a las ideas anteriores, no faltará quien diga que estamos equivocados en razón de que la Constitución federal mexicana ha sido reformada en más de 500 ocasiones entre 1917 y el presente. Todo ese conjunto de cambios, sin embargo, tendría que verse a la luz de una nación que en menos de 100 años se ha transformado a tal grado, que el México de principios de siglo no se parece en nada (en desarrollo, en urbanización, en número de población, en práctica política, en industrialización, en economía… en fin, en todos los aspectos) a la nación en la que vivimos actualmente.

Y es que es cierto, la Constitución ha cambiado en mucho, pero seguramente muy poco en lo sustancial. Pues en 1917 se establecieron principios de libertades fundamentales que hoy todavía no son plenos, pero que los ciudadanos estamos en franca batalla por conseguir; se establecieron principios de democracia que hoy no se cumplen a cabalidad, pero en los que creemos en cada proceso electoral y por eso salimos a las urnas a votar y rechazamos cualquier forma de imposición o gobernante que no emerja de la voluntad popular; se establecieron también instituciones que si bien no son plenas, sí son las que garantizan el funcionamiento del Estado y la preservación de la legalidad y el orden del que todos somos beneficiarios; se estableció también un sistema judicial, que si bien tiene muchos problemas, también está en un proceso constante de perfeccionamiento. Y se estableció una división de poderes que, aunque con una muy lenta progresividad, hoy sigue en el proceso de consolidarse.

Eses también cierto: todos son resultados a medias. Sin embargo, más allá de los extremos o de los radicalismos, la única opción que nos quedaría si esos resultados a medias no existieran, sería la claudicación. Si no fuera así, entonces nos habríamos rendido ya ante la falta de democracia; igualmente nos habríamos conformado con libertades aparentes, con instituciones disfuncionales, con una democracia inexistente y con un poder central que acapararía todo sin dejarle ningún espacio a la sociedad o a nadie.

URGE CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN

Esto no es así. El problema es que todos queremos ver cambios radicales, y lo primero que demandamos que cambie es la Constitución antes que nosotros, sin reparar en que ésta, como está, ha sido el faro político que nos ha guiado como nación, que ésta debe continuar adecuándose a las circunstancias, pero que en esencia debe seguir siendo el punto de referencia fundamental de lo que queremos llegar a ser como nación. Lo más importante es que evolucionemos nosotros como sociedad. Sólo así le daremos la dimensión adecuada a su contenido, y estaremos materializando la posibilidad de que se cumpla. Lamentablemente, pareciera que el camino va trazado al revés: se hace todo para que olvidemos hasta su fecha conmemorativa. Sería criminal que dejáramos de verla como la piedra angular de nuestras aspiraciones como nación.

+ ¿Por qué políticos menosprecian a ciudadanía?

El ejercicio de la política nunca ha gozado de buena reputación, aunque seguramente nunca había tenido tan mal fario como hoy en Oaxaca. Aquí, ya quedaron en el pasado aquellos intentos de simulación democrática, de dignidad y de cierta ascendencia sobre quienes actuaban a nivel protagónico en las contiendas electorales o eran parte del servicio público. Todo eso lo intercambiamos por una descarada forma de hacer “política” en la que gana quien más grita, en la que la amoralidad es cosa de todos los días, y en la que todo el arte del convencimiento popular y el respeto que se podía ganar ante los electores, quedó reducido a un envilecido procedimiento para comprar y cooptar votos. Estos tiempos, pues, son aciagos para la lucha por el poder.

Veamos dos caras de la misma moneda. Pues aunque dicen adversarios políticos a muerte y niegan cualquier relación, lo cierto es que los rasgos genéticos y de sangre se encuentran cada vez más visibles entre quienes integran las tribus perredistas en Oaxaca y quienes dicen seguir siendo representantes del ex “partidazo” (el Revolucionario Institucional). Este es el escenario de disputas y maniobras en una y otra fuerza que, a la luz de los hechos, no parecen sino ser producto del reflejo de una sola mirada que se posa ante un espejo. Basta con revisar algunos detalles para corroborarlo.

¿Qué pasa en el PRI de estos momentos en la entidad? Ocurre que hoy la lucha por los despojos del priismo local se encuentra en tal nivel de descomposición, que —como lo claramente lo vaticinaba hace algunos días el dirigente estatal del PAN, Juan Mendoza Reyes— los costos los pagará una militancia que seguirá estando sin partido, pero también lo pagará la democracia que seguirá sin contrapesos. ¿De qué hablamos?

De que, pareciera que, en un primer momento, en el PRI no existe la noción de lo que es la competencia, por encima de la voracidad. Aunque el tricolor habría tenido una oportunidad inmejorable de reposicionarse ante el desgaste y los excesos que ha cometido el gobierno en turno, lo cierto es que la lucha en estos casi tres años en el PRI ha tenido únicamente como centro de gravedad la disputa por un partido que cada vez se asemeja más a un membrete.

El grupo del ex gobernador Ulises Ruiz ha hecho todo lo que está a su alcance, y ha jugado partidas limpias y sucias, con tal de mantenerse en el control de la dirigencia priista aún cuando eso signifique la división y la confrontación total con todos los demás grupos, que no perdonan ni los excesos de su gobierno, ni la derrota electoral, ni la insistencia porque permanezcan al frente del partido un conjunto de individuos (los llamados “cleptómanos”) que no tienen la menor credibilidad o moral, y que son fuertemente repudiados por su militancia y por la ciudadanía.

Sin embargo, en el PRI local las decisiones continúan procesándose como cuando estaban en el poder. El problema es que las consecuencias las pagan al contado, a la vista, y con intereses. ¿Recuerdan qué pasó hace apenas una semana? Que, como en el viejo PRI, las decisiones se tomaron cupularmente, se anunciaron sin el menor respeto a la militancia, se creyó que todos se alinearían a los intereses de quien aún se siente “gobernante”, y finalmente tuvieron una demostración más (con la estruendosa inconformidad, a todas luces fundada, de la ex Vocera del Comité Estatal del PRI) de lo descompuestos que están, pero también de la poca preocupación que les provoca el hecho de que el PRI los siga sosteniendo a pesar de que cada vez menos personas creen en ellos.

Lo más grave es que ahí las cosas no parecen tener para cuándo cambiar. El grupo del ex gobernador Ruiz está llevando al PRI  una debacle de tal magnitud que, después, no habrá forma de justificar esto que hoy está a la vista de todos, menos de quienes sí deberían preocuparse por las sucesivas derrotas. ¿Por qué?

Porque contrario a lo que dicen, no hay abundancia de candidatos, no hay trabajo político, no tienen estructuras electorales, no hay comité directivo ni orden; en más de la mitad de los distritos los aspirantes a diputados están dispuestos —como siempre— a perder con tal de no ver ganar a sus mismos compañeros de partido; porque no hay capacidad de organización y de unificación, y finalmente porque en muchos queda la seguridad de que hoy en día, en su circunstancia, el ulisismo se puede agandallar las candidaturas, pero no se puede agandallar los triunfos. Y en eso hay una diferencia sustancial. ¿Qué será que al ex gobernador Ruiz le quitarán el control del PRI cuando lo haya terminado de hacer pedazos? Ya no le falta mucho…

LOS TAMALES

En la casa de enfrente, en el PRD, también se cuecen habas. ¿Alguien habría imaginado que un personaje salido de un sector tan repudiado como el del ambulantaje, pudiera ser nada menos que diputado federal, aspirante a cargos públicos y hasta “personaje popular”? Eso es el impresentable Hugo Jarquín, quien parece estar convencido con la idea de que mientras más le baje el nivel a la política más adeptos podrá ganar para escalar a nuevas responsabilidades públicas.

¿En otros tiempos hubiera sido posible la existencia franca y libre de un personaje de esa calaña como figura política? Seguramente no. Como seguramente tampoco la misma ciudadanía habría permitido que la cooptaran o “convencieran” electoralmente con tan poco, o que tratara de hacerlo un personaje que ha invadido plazas públicas, jardines, banquetas y espacios comunes, para instalar ahí a comerciantes ambulantes que sólo pretenden trabajar al margen de las obligaciones que tienen todos aquellos que realizan una actividad económica.

Sin embargo, Jarquín hoy está seguro de tener futuro político. Seguramente por eso va por la tamaliza, o por las verbenas y los faroles, como si dando pan a la ciudadanía (el circo será para después) pudiera asegurar votos. Quizá sí lo haga con ciertos sectores. ¿Pero de verdad ese es el nivel que tenemos como para que con esa política insultante pretenda ganar la simpatía de la mayoría de los habitantes?

POLÍTICA RAMPLONA

El grupo que aún tiene el control del PRI cree que la ciudadanía es ingenua o tonta. Por eso insiste e insiste en lo mismo, a pesar de que en cada proceso electoral no ha habido otra cosa que rechazos y derrotas. Jarquín ha de pensar que así, a tamalazos, podrá lograr algo. ¿Qué de plano estamos tan mal como sociedad, para que nos menosprecien de esa forma tan vil?

+ Incapacidad, intereses y desidia, hacen coctel

El posible retiro de la millonaria inversión de Mareña Renovables tiene hoy una connotación nacional, por el menosprecio a los pueblos indígenas, por la avidez de hacer negocios rápidos antes que verdaderamente garantizar una inversión a largo plazo, y por la desidia del gobierno para atender un tema tan delicado como este. El amague directo hecho por la directiva de esa empresa, es sólo la punta de lanza de todo un proceso negociador que ha estado viciado desde el principio, y afectado por intereses que han ido del descuido a la voracidad.

En efecto, desde hace más de un año, Mareña Renovables espera las condiciones adecuadas para emprender su desarrollo eólico —considerado el más grande de América Latina— en las comunidades de Santa María y San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec. Desde que comenzó a planear el desarrollo, esa empresa contrató a un despacho mexicano de gestores-negociadores, que sería el encargado de generar las condiciones sociales y políticas mínimas en las comunidades involucradas, para que sus pobladores accedieran a participar en el proyecto, y para controlar cualquier tipo de eventualidad relacionada con los grupos de lucha social que existen en la zona. Ese despacho de gestores-negociadores está encabezado por el oaxaqueño Julio Esponda, y cuenta con la participación y asesoría del ex gobernador Diódoro Carrasco.

Ahí, al parecer, inician las torceduras de este asunto. Pues aseguran quienes conocen el tema que Mareña dio por hecho que contando con la asesoría y seguimiento de un ex mandatario (con fuertes ligas y ascendencia en el gobierno actual), podría tener aseguradas las condiciones mínimas para que la inversión estuviera garantizada. Y los asesores, en aras de ver su negocio cristalizado en el menor tiempo posible, habrían minimizado la necesidad de hacer un trabajo social y político milimétrico en cada una de las comunidades, y con cada uno de los grupos sociales con presencia en la zona, y dieron por sentado que habría adherencia al proyecto eólico. Este fue el primer gran error. ¿Por qué?

Porque al parecer no calcularon correctamente cuando menos tres cuestiones. Primera, que las decisiones que afectan a toda la comunidad en los pueblos indígenas se procesan de una forma particular, en la que debe haber diálogo y sensibilidad. Segunda, que supusieron que el gobierno les daría todo el respaldo en el control de la gobernabilidad derivado de las ligas entre el Gobierno actual y el ex Mandatario. Y tercera, que la avidez por el chantaje de algunos grupos sociales podría ser controlada sin mayor contratiempo. Y parece que fallaron en todo.

Fallaron en lo primero, porque si algo tienen claro hoy las comunidades indígenas, es que tienen derechos derivados de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultarlos en temas que relacionen a su gobierno, su forma de convivencia o su territorio, y a respetar su determinación. Aunque sí hubo trabajo en este sentido, lo hecho no fue suficiente para convencer a los pobladores originarios que el establecimiento del complejo eólico era lo mejor que podía ocurrirles. Esa fue una primera traba que, a la luz de las dos siguientes, hoy se aparece como la menos importante.

Fallaron también en la segunda. Pues los negociadores contratados por Mareña no calcularon que hoy el gobierno tiene otros intereses políticos en la zona, y que por esa razón su apoyo no sería dado como un tema dado por hecho. Todos se hallaron con las resistencias propias de funcionarios del gobierno estatal que, al mismo tiempo, tenían intereses políticos directos en la zona, que además esos intereses estaban relacionados con grupos que por chantaje o avidez se iban a presentar como opositores a Mareña; y que, por si eso fuera poco, el gobierno estatal habría de tener un manejo político desastroso en la contención de esos intereses.

Y finalmente fallaron en el cálculo sobre los grupos sociales. Pues es cierto, Ucizoni de Carlos Beas puede representar a 20 personas —como lo han afirmado estos días. Pero esas 20 personas han tenido la capacidad suficiente como dejar en un segundo plano la voluntad de la mayoría de los habitantes de las comunidades involucradas, y de hacer valer, por la fuerza, su intento por detener el proyecto o negociar beneficios a cambio de dejarlo continuar. Si el despacho de negociadores contratado por Mareña consideró que con unos cuántos pesos podría controlar el asunto, falló gravemente.

LA MEZQUINDAD, POR DOQUIER

Ahora bien, eso no significa que toda la responsabilidad se encuentre en la avidez y la insensibilidad de Carrasco como negociador y mediador en un asunto como éste. En realidad esa es sólo una parte de todo este problema, que se profundizó por la voracidad de grupos como Ucizoni que dicen representar a todas las poblaciones involucradas, cuando en realidad no son siquiera identificados por los pobladores y mucho menos tienen liderazgo y representación en la zona.

Y esta doble desgracia se enmarca con un gobierno que no ha sabido mediar entre sus propios aliados (Carrasco, por un lado, que trae de la mano a Mareña; y a los grupos de “izquierda”, que son quienes bloquean el proyecto, pero que son con quienes el régimen pretende ganar las próximas elecciones); y que, al contrario, con su indolencia ha permitido que este asunto llegue a niveles críticos de confrontación, y que hoy Mareña Renovables esté a punto de retirar su inversión no sólo de Oaxaca, sino del país.

Por todo eso, este problema tiene una dimensión nacional: si Mareña se va, no sólo será Oaxaca, sino México, quien quedará ante la mirada internacional como un país que no garantiza inversiones. Se perderá también una inversión multimillonaria, y la oportunidad de desarrollo para las comunidades indígenas que hoy viven en la más honda pobreza. Y Oaxaca constatará su imagen de una entidad ingobernable y hostil a todos aquellos que pretenden aprovechar sus riquezas naturales.

MÁS INTERLOCUTORES

Una última razón sobre por qué este es un problema nacional: por las circunstancias, el gobierno estatal ya fue rebasado. Y debe ser la Federación quien atienda políticamente este problema y haga lo necesario por resolverlo. Mareña no debe irse. Pero si se queda debe ser a través del convencimiento y del respeto a los pueblos, y también con la garantía de que su presencia traerá beneficios y desarrollo para todos, sin ser sólo un negocio para un puñado de políticos y líderes de la lucha social.

+ Ahora, el magisterio no debe imponer su sola voluntad

En las condiciones actuales, lo único que debiera restar es la desaparición del Legislativo como poder del Estado en Oaxaca. La sumisión que han demostrado sus integrantes, el trato indigno que han permitido por parte de un poder fáctico, y la ausencia total de una noción sobre lo que significa el poder público, hace que sus integrantes hayan degradado al Congreso del Estado a tal punto, que lo único que les faltaría por permitir sería su aniquilación como Poder Soberano.

En efecto, las condiciones actuales no podían ser peores: por segunda ocasión, un poder fáctico como la Sección 22 fue capaz de paralizar por completo sus actividades, en aras del cumplimiento de una pretensión política. La vez anterior, en 2006, la Sección 22 del SNTE trataba justamente de que el Poder Legislativo no cumpliera con sus deberes constitucionales, para demostrar con ello que los poderes no funcionaban y que por tanto la Federación debía desaparecerlos para nombrar un nuevo gobierno en la entidad. Lo paradójico es que, en esta ocasión, la 22 quiere justamente lo contrario: que el Congreso legisle una ley a modo. Sin embargo, presiona haciendo justamente lo contrario. Es decir, impidiendo sus labores.

En 2006, el Poder Legislativo del Estado fue duramente criticado porque, ante las circunstancias de toma de sus instalaciones, la entonces Gran Comisión decidió habilitar sedes alternas en las cuales pudiera funcionar. Aún con el estado de sitio fáctico que imperaba en la entidad, también a manos de la Sección 22 y la APPO, y en condiciones que parecían poco decorosas para uno de los Tres Poderes del Estado, el Congreso sesionó en el patio de una casa, en un salón de fiestas o en centros de negocios de hoteles de la capital oaxaqueña, con tal de no detener el trabajo legislativo.

¿Pero qué pasa ahora? Que, de nuevo, el Congreso se convirtió en rehén de uno de los caprichos de la Sección 22. Y aún cuando en este caso lo que quiere el magisterio —valga la redundancia— es justamente que el Legislativo legisle, lo cierto es que su estrategia ha estado encaminada a arrodillar primero a los diputados, para luego tratar de que éstos hagan no lo que deben, sino lo que los maestros exigen. Lo más grave de todo, es que ante este burdo intento, los diputados no sólo no han mantenido el decoro mínimo de su investidura y del respeto que deben procurar para el Poder Legislativo como ente soberano, sino que además han aceptado a pie juntillas las maniobras de la Sección 22 deteniendo por completo la actividad legislativa.

En estas condiciones, ¿qué es peor: Que en el 2006 el Poder Legislativo sesionara en el patio de una casa o en un salón de eventos sociales legalmente habilitado para esos efectos, o que hoy mantenga todas sus actividades detenidas sólo porque la Sección 22 se niega, en un acto de radicalismo puro y sin ninguna razón válida, a entregarle sus instalaciones?

Por eso, la sola aceptación del documento que contiene el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, convalidó todas y cada una de las maniobras del magisterio oaxaqueño, y reafirmó el estado de sumisión en que se encuentra el Congreso del Estado en Oaxaca.

¿QUÉ QUEDA?

A pesar de la profunda indignidad que le han profesado al Poder Legislativo, los diputados no se equivocan: legislar en el marco jurídico oaxaqueño un tema educativo es poco trascendente, debido a que la reforma de la materia en el ámbito federal es jerárquicamente superior a la local, en todos los sentidos. Y la única forma en que podrían interactuar una y otra en este mismo momento, tendría que ser a partir de la armonización y coordinación que hubiese entre ambas, pero nunca en el estado de contradicción que pretende la Sección 22.

Y es que el problema es que los maestros oaxaqueños rechazan la reforma constitucional federal, y exigen la legalización y constitucional del PTEO en Oaxaca, no porque en verdad ésta última sea perniciosa para la educación y el plan alternativo sea la panacea, sino porque la reforma federal fue elaborada y pactada por gobiernos emanados de partidos a los que ellos consideran como adversarios, y porque ellos asumen el reconocimiento de su plan como una respuesta política, y no estrictamente educativa, al régimen de poder con el que no coinciden.

Esa es una de las razones torales por la que es doblemente insana la postura de los diputados locales. Pues en su pobre concepción, el Poder Legislativo quedó supeditado a las exigencias de la Sección 22, y lo mismo podría ocurrir con el tema legislativo. Si eso ocurre, no sólo se premiarán los caprichos y las maniobras del magisterio democrático para demostrar su poder, sino que haría entrar a Oaxaca en una contradicción seria con la Federación en cuanto a la aplicación de los lineamientos administrativos y técnicos relacionados con la educación.

¿Qué hará el gobierno de Oaxaca, si se legaliza y constitucionaliza el PTEO por capricho de la Sección 22, si la Federación comienza a recortar recursos por la incompatibilidad de modelos educativos? ¿Qué hará el gobierno de Oaxaca si, finalmente, la Federación deja de financiar paulatinamente la educación en la entidad porque, por capricho de la Sección 22, no se cumplen con las condiciones mínimas que éste impone para otorgar mejores condiciones?

Algo de eso ya ocurre en la actualidad. Pues aunque la Sección 22 lo niega y algunos profesores han aceptado el daño en aras de su militancia y de su fe en el magisterio democrático, lo cierto es que ya ha habido recortes y negativa a mayores recursos en temas como la antes llamada carrera magisterial, que en Oaxaca no ha mejorado en los últimos años, justamente porque el magisterio oaxaqueño no se ciñó a los lineamientos establecidos en la Alianza por la Calidad en la Educación. Lo que sigue, en ese ámbito, es que la Federación comience a recortar recursos en virtud de la falta de evaluaciones y de seguimiento a quienes han sido beneficiados de ese programa, pero que desde hace varios años no pasan por ningún proceso de corroboración de sus conocimientos.

CAPRICHOS, A FUERZA

El gobierno de Oaxaca ha permitido, cada vez en una situación más forzada, que la 22 siga estando al margen de las evaluaciones y los criterios delineados por la Federación. ¿Estará dispuesto a hacer todavía más? Si la respuesta es positiva, entonces ya debería nombrar a Rubén Núñez Ginés como director del IEEPO, y terminar así de institucionalizar este asalto a la educación y al poder público en Oaxaca.

+ Convertir el PTEO en ley sí es posible

En las condiciones actuales, la lucha de la Sección 22 del SNTE parece únicamente encaminada a la victimización y las lamentaciones. Pues aunque intentan usar toda su fuerza para doblegar al gobierno y Congreso del Estado, y hacer ley su Plan por la Transformación de la Educación en Oaxaca, lo cierto es que están destinados a perder. Ese camino irremediable, parte de su incapacidad para controlarse y de su proclividad por la beligerancia, y no del hecho de que exista una especie de conspiración en su contra.

En efecto, ayer el representante de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Oaxaca  de la Secretaría de Educación Pública, Roberto Ledesma Solares, consideraba en entrevista con TIEMPO, que con la constitucionalización a nivel federal de la reforma en materia educativa, ahora lo importante radicará en la elaboración de las leyes secundarias que reglamenten lo recién establecido en el nuevo artículo tercero constitucional. Esta cuestión debiera ser fundamental para una lucha de verdad razonada por parte de la Sección 22, en lugar de forzarnos a todos los oaxaqueños, a un nuevo “tour de force” para tratar de alcanzar sus objetivos políticos y no educativos. ¿Por qué?

Porque desde antes de la reforma educativa —y a pesar de los dichos forzados de quienes veladamente intentan defender la postura radical del magisterio oaxaqueño— se sabía que la visión federal sobre la evolución educativa ya había arrollado a prácticamente todos los argumentos y justificaciones de la Sección 22. Más allá de las pasiones políticas o la militancia sindical, todos saben que la propia Alianza por la Calidad en la Educación ya contenía muchos de los temas que el magisterio oaxaqueño daba por inexistentes, y en los cuales justificaba su resistencia a dicho plan. Obviamente, todo ese contenido pasó a la reforma constitucional, y será ley cuando se establezca la reglamentación secundaria. Si la Sección 22 fuera inteligente y razonable debiera tener esa legislación federal como su objetivo principal de lucha en estos momentos.

Es evidente que la Sección 22 tiene la fuerza suficiente para hacerse escuchar, y ser tomada en consideración, aquí en Oaxaca o en la capital del país, por los gobiernos estatal y federal o por los Congresos en esos ámbitos. En ese contexto, la 22 no tendría ningún problema para exigir un espacio en los foros legislativos de discusión, y en las mesas de expertos que están instaladas entre el Congreso federal y la SEP para la elaboración de las normas en materia educativa que reglamenten el contenido de la reforma constitucional.

El problema, sin embargo, es que la Sección 22 confunde la fuerza con la beligerancia. Pues cuando asumimos que podría tener la fuerza suficiente, y hasta sobrada, para hacerse presente, a cualquier nivel, en los foros educativos y en la discusión legislativa sobre la educación, es porque éstos tienen cierto grado de legitimidad y de representación de un sector educativo importante que es nada menos que el de buena parte del sureste del país. Lo lamentable es que ellos no asumen esa fuerza, y más bien la confunden con la capacidad de movilizarse, de abandonar las aulas, de presionar al poder público por la vía de facto, y por su capacidad por bloquear, gritar y hacerse presentes a través de las formas más irracionales conocidas hasta ahora.

Eso es lo que, al final, los termina marginando de todo: Los margina su beligerancia, su incapacidad para controlarse, su intolerancia y la excesiva proclividad que tiene hacia la movilización y hacia los métodos radicales. Por eso, solos se cierran las puertas en todos los foros serios donde sí se decide el futuro de la educación; por eso —y no porque en esencia sus argumentos sean equivocados— tienen una imagen y una opinión fuertemente desacreditadas que finalmente lo que provocan es que se cancelen sus posibilidades de ver materializados, y operantes, sus planteamientos traducidos en ley.

EL CAMINO: LA DEMAGOGIA

La Sección 22, a la vista de todos, sigue un camino errado, y lo más preocupante es que no parece estar ni siquiera preocupada por su decoro y por la inviabilidad de sus propuestas. Pues mientras ellos deberían estar dando la batalla en la capital del país, y ante las cámaras legislativas federales para que allá se tomen en consideración sus planteamientos y los incluyan en las leyes secundarias que ya se preparan, ellos insisten en continuar una guerra de movilizaciones y presiones aquí en Oaxaca.

Además, los profesores democráticos de Oaxaca exigen que su reforma sea establecida en la Constitución local y se implemente por potestad “soberana” del gobierno estatal, aún cuando casi el total de todos los recursos que se aplican provienen de la Federación. Por si esto fuera poco, el magisterio oaxaqueño exige una reforma en contrasentido a la federal. Pues ésta busca la devolución de la rectoría educativa al Estado, pero la 22 plantea una reforma que consolide el poder de la educación en el sindicato y termine de entregar la institución reguladora de la Educación (el IEEPO) al magisterio, para que éste lo maneje con más discrecionalidad de la que hoy goza.

Al final los únicos dos caminos son la ley o la demagogia: el camino de la ley debiera radicar no en la claudicación de las convicciones del magisterio, sino en el abandono de sus estrategias de beligerancia para entrar en un proceso de negociación en el que se incluya su visión en la reforma que hicieron los partidos políticos nacional a los que ellos consideran como sus adversarios. El camino de la demagogia es el que siguen actualmente. Lo más que lograrán, con él, es reiterar al público sus capacidades de choque y de presión. Pero, sin duda, no podrán conseguir la inclusión de sus planteamientos o una victoria de la cual puedan presumir a largo plazo.

Quizá, en el más real de los escenarios, consigan que en Oaxaca el gobierno y el Congreso no toquen sus intereses. Sin embargo, eso no significará que su PTEO funcione o que su visión de la reforma educativa —que debiera ser lo auténticamente trascendental— se consolide en ley y trascienda a su poder actual.

AUTONOMÍA MUNICIPAL

No sólo con el tema de las constructoras y de la obra pública, el Gobierno del Estado sobrepasa la autonomía de los municipios. ¿A alguien le preocupa, por ejemplo, que los Módulos de Desarrollo sean quienes “validen”, entre los municipios y el Congreso, los Planes Municipales de Desarrollo? La inconstitucionalidad, a todo lo que da. Abundaremos.