+ Altamirano: Auditor vertical, autoritario e intolerante

Si la elección de Carlos Altamirano Toledo como auditor Superior del Estado, estuvo afectada por todos los vicios de legitimidad posibles, hoy la designación de los subauditores parece estar tratando de convertirse en una repetición de aquella farsa democrática. El Congreso local, que debía ser un órgano garante del cuidado y la responsabilidad en los asuntos del Estado, con su actuación sigue siendo no sólo un apéndice de los caprichos del Poder Ejecutivo y de los intereses de los partidos, sino además una auténtica casa de subastas, en la que gana más quien más invierte en las decisiones.

Veamos si no. Altamirano Toledo llegó a la Auditoría Superior cumpliendo con todos los requisitos del autoritarismo. El Gobierno del Estado, directa y verticalmente, dispuso que él fuera el relevo de Rosa Lizbeth Caña Cadeza.

Y aunque, para descalificarla y legitimar el relevo, utilizaron una serie de argumentos relacionados con la sumisión de la entonces Titular de la ASE al Poder Ejecutivo —por proceder ésta de un cargo de subordinación al Gobernador del Estado—, lo cierto es que éste régimen hizo exactamente lo mismo al imponer —no cabildear, ni dejar en manos del Legislativo— la decisión de que Altamirano se trasladara a la Auditoría, directamente desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado.

¿Cómo lo lograron? Lo hicieron a través de los “acuerdos” con el Poder Legislativo, que en realidad no son sino groseras negociaciones en las que unos ofrecen la posibilidad de compra del voto de los otros. Ese cabildeo aparente, en realidad es una abierta puja en la que se ofrecen concesiones económicas, recompensas en especie y canonjías para el fortalecimiento de los cacicazgos regionales que, irremediablemente, tratan siempre de construir los diputados en las regiones en las que fueron electos, y a las que se supone que representan.

Sólo de ese modo puede explicarse que Altamirano Toledo haya llegado a la ASE cumpliendo, sí, con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley de Fiscalización, pero presentando graves fallas en cuanto a su legitimidad como sujeto no subordinado al poder público al que, se supone, se encargará de vigilar, fiscalizar y sancionar en caso de que no actúe con apego a la norma.

Su sola procedencia lo hizo parecer, desde el primer momento, como un representante más del Ejecutivo en la ASE, cuya permanencia en el órgano estaría —como en el caso de su antecesora— determinada por los tiempos y vaivenes políticos, y no por los tiempos que marca la ley que deberán desempeñar sus cargos los empleados de los órganos de fiscalización.

Hoy, sin embargo, no conforme con eso, en la ASE pretende gestarse un nuevo acto de imposición, combinando no el interés público, sino el de los directamente involucraos en la designación de los subauditores. Queda claro que, por segunda ocasión en unos cuantos meses, todos olvidaron que esos cargos deben estar regidos por el profesionalismo y la demostración de capacidades, y no por el partidismo y los intereses políticos que hoy intentan hacer prevalecer lo mismo el Ejecutivo que el Congreso.

¿DADOS CARGADOS?

Desde hace poco más de una semana, en la página web del Congreso del Estado, se encuentra publicada una convocatoria pública para la elección de los dos subauditores con que cuenta el órgano fiscalizador del Congreso del Estado.

En el más bajo de los perfiles, hace unas cuatro semanas presentaron sus respectivas renuncias Ivone Henestrosa Matus y don Emilio García Romero. Y aunque la elección se prevé para la próxima semana, tal parece que en el Congreso pretenden “amarrar” de antemano un acuerdo con el auditor Altamirano Toledo, para hacer designaciones en los dos puestos que están vacantes, independientemente del resultado del proceso de selección, y de la posible conciencia en el sentido del voto que pudiera tener cada uno de los diputados.

¿De qué hablamos? De que, según se comenta dentro mismo del Congreso del Estado, existe ya un acercamiento entre el diputado del PRI, y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, José Antonio Hernández Fraguas, y el auditor Altamirano, para que las dos subauditorías queden, respectivamente, en manos de personajes afines a cada uno de ellos.

En efecto, se asegura que dicho acuerdo radica, en un primer momento, en el intento de imposición en una de las subauditorías, de un cercano colaborador de Altamirano Toledo, adscrito temporalmente a la Dirección de Auditoría de Inversiones Físicas; y en la otra, pretenden “acordar” el nombramiento del ex contralor del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez durante la gestión del diputado Hernández Fraguas, Ramón Icazbalceta Carrete.

¿Cómo podrían lograr esto? Bien, pues en un primer momento, el auditor Altamirano Toledo obligó a renunciar —aunque la convocatoria ni la ley obligan a ello— a los empleados de la Auditoría Superior que manifestaron su voluntad de inscribirse al proceso de elección de Subauditores.

Fueron separados “voluntariamente” de sus cargos, sólo por el hecho de querer interferir en un acuerdo en el que, por los presuntos acuerdos antes descritos, de antemano se sabe que ni existe imparcialidad, ni habrá certeza en que los elegidos son los mejores personajes. Incluso, se asegura que existe un acuerdo expreso para no permitir el avance de las candidaturas de Ricardo Hernández Méndez y Leyessef Carrera Carrasco, los dos únicos empleados de la ASE que se negaron a renunciar, y que podrían tener ventaja técnica sobre los demás aspirantes al contar con los conocimientos y la experiencia que requieren cargos como los que ahora están siendo sometidos a “concurso”.

¿Con acuerdos como éstos, se abona a la independencia que requiere la ASE? Si la transformaron, y renovaron su titularidad, fue precisamente para eso. Pero entre el acaparamiento de los agentes del Ejecutivo, y la voracidad del partidismo al que abonan los diputados, tal parece que van enfilados exactamente al rumbo contrario.

ALTAMIRANO DISPONE…

Por cierto, aseguran que otro ejemplo de la verticalidad que sigue imperando en la ASE, es el siguiente: Altamirano ya está renovando las direcciones de la Auditoría, aunque por disposición expresa del Reglamento Interior, esto debe hacerse… con el acuerdo de los subauditores. Quiere mandar —o seguir mandando— solo, pues. Como en los viejos tiempos…

+ Oaxaca: ¿qué alcances ha tenido “limpia” policial?

Hace unos días, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobernador Gabino Cué Monteagudo hizo hincapié en un asunto del que todos hablan, pero del que nadie parece haber asumido las consecuencias: ¿qué hacer con los elementos policiacos que no aprueban los exámenes de control de confianza, y que por tanto deben abandonar las instituciones o corporaciones relacionadas con la seguridad pública, para las que trabajan? El asunto, del cual este gobierno —y casi todos los del país— apenas están reparando, no es menor, pero tampoco ha sido considerado con seriedad.

Al menos en Oaxaca, era común que los funcionarios encargados de la seguridad pública, comentaran “off the record”, que aún habiendo realizado todos los exámenes de control de confianza, a todos los elementos de las corporaciones policiacas estatales, sería casi imposible darlos de baja a todos. “A esos —decían los funcionarios— hay que tenerlos bien detectados y bien vigilados, para cerciorarnos que no sigan estando, o que no se vayan a poner al servicio de los malos. Pero correrlos a todos, es imposible”, decían.

¿Por qué aseguraban lo anterior? Esencialmente, por dos razones. Primera, porque aprobar los exámenes de control de confianza no es sencillo, incluso ni siquiera para los elementos que en realidad sí tienen un compromiso real con su trabajo y con la institución para la que trabajan. Esas pruebas establecen una serie de elementos objetivos, cuyo resultado posiblemente negativo, no siempre tiene que ver con deslealtades al servicio público, o con una eventual colusión con criminales.

La segunda razón es no menos importante. Echar a la calle, en calidad de desempleados, a un grupo importante de personas que mal que bien tienen entrenamiento y conocen las tareas de seguridad, y que además son sospechosas de pertenecer o tener relación con algún grupo criminal, o que son proclives a ello, es tanto como dar alimento a las organizaciones criminales que justamente pretenden tener bajo su control a la comunidad.

Si esos agentes no confiables, dicen, de repente son sacados a la calle como desempleados, lo que se hace es ponerlos inmediatamente en las manos de los criminales —a quienes verán como su principal y casi única opción de “trabajo”, ante el desempleo y ante la ruptura violenta con la institución—. Y con ello lo único que se lograría es reforzar a los grupos criminales y agravar el problema de criminalidad que azota al país, y del que no es ajeno Oaxaca.

A partir de eso, podía entenderse de la decisión de detectar a los agentes no confiables, pero no decretar su cese inmediato. Era, pues, una razón cargada de elementos subjetivos y ponderaciones que, sin embargo, quedaba claro que no eran del todo equivocadas; y que debían combinarse con el trabajo, también fino, de seguimiento y vigilancia interna de esos agentes para evitar que fortalecieran sus lazos con los criminales, o les pudieran brindar información que los pusiera en situación de ventaja sobre la policía, o que incluso pudiera poner a ésta en peligro inminente de un ataque.

No obstante, queda claro que esa ruta de la ponderación no es la que quiere la sociedad, porque lo que los mismos gobernantes les han vendido —justamente por razones de rentabilidad política— es que todo agente de una corporación policiaca que fuere detectado como “no confiable” por los exámenes de control de confianza, debía ser separado inmediatamente de sus funciones, y cesado en el empleo que desempeñaba.

¿Qué hacer, sin embargo, ante la disyuntiva de alimentar a las filas criminales con un aluvión de elementos sospechosos para cumplir con las promesas, o tomar decisiones más serenas que permitieran tener un control más específico y de largo plazo justamente para construir y no destruir a la sociedad?

TODOS REPROBADOS

Ayer miércoles, una nota difundida por el periódico Excelsior, en la Ciudad de México, daba cuenta de lo siguiente: “El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reveló que 77 altos mandos encargados de aplicar las estrategias y políticas de seguridad en las entidades del país reprobaron los exámenes de confianza que les fueron practicados en centros de evaluación del gobierno federal.

“Entre los reprobados se encuentran procuradores, secretarios de Gobierno, secretarios de Seguridad Pública, subprocuradores, entre otros. En la sesión número 31 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria dio a conocer que de los 376 mandos a evaluar, sólo 177, es decir, 47 por ciento, ha aprobado sus exámenes de control de confianza, 79 se encuentran pendientes de que se brinde el resultado, mientras que 77 más no aprobaron las evaluaciones.”

Imaginémonos la gravedad del asunto: un Gobernador, por ejemplo, nombra a sus secretarios de Seguridad, Gobierno y Procurador bajo dos premisas fundamentales: la confianza que de antemano le brinda a su buen desempeño, y la certeza que tiene de que el funcionario tiene los conocimientos y las capacidades suficientes como para llevar a cabo las tareas que le fueron encomendadas con profesionalismo, eficiencia, honestidad y responsabilidad.

Y si esto —el reprobar un examen de control de confianza— pasa con los funcionarios de alto nivel, sobre los que recae una responsabilidad en buena medida por razón de confianza, qué no ocurrirá entonces con elementos policiacos que desempeñan esa labor como un trabajo simple y llano, y que, sin justificarlo, por sus bajos salarios o complejas condiciones de trabajo, pudieran llegar a ser considerados como “no confiables” para quienes evalúan su desempeño.

Por eso, pensar en las alternativas de trabajo para quienes no aprueban un examen de control de confianza, no es ni demagogia ni un asunto de reconocimiento de la incapacidad de limpiar de un solo tajo las instituciones. Más bien, es resultado de alguien que empieza a conocer las instituciones bajo su responsabilidad, y comienza a actuar más allá de la dinámica electorera o politizada que lleva a plantear soluciones equivocadas.

MUERTOS, PERPETUOS

Ojalá que la fiesta por el Día de Muertos no terminara nunca. Además de la alegría de encontrarnos, aquí mismo, con nuestros seres queridos que se nos adelantaron, alienta y nutre el colorido, misticismo y trascendencia de la celebración. Por eso, ojalá nunca se acabara esta fecha exacta del mole, del incienso, del altar y de la flor de cempasúchil. Ojalá…

Miércoles 2 de noviembre de 2011.

Desdén por voluntad popular, mal precedente

Pocos reparan en que el conflicto magisterial y popular ocurrido en el año 2006 en Oaxaca, no comenzó cuando la entonces Policía Preventiva del Estado pretendió desalojar, a mediados de junio de ese año, a unos 10 mil profesores de la Sección 22 del SNTE que se encontraban protestando en céntricas calles de la capital oaxaqueña. En realidad, el conflicto inició cuando el Gobierno del Estado comenzó a tomar decisiones sin la inclusión y el consenso de la ciudadanía. Y queda claro que esa lección, aún en estos tiempos de “cambio”, sigue siendo un tema pendiente para los gobernantes actuales en el municipio de Oaxaca de Juárez.

En efecto, si bien es cierto que el conflicto del 2006 tuvo muchísimos rasgos de tener como telón de fondo una fuerte disputa entre grupos de poder, también lo es que el poder de convocatoria que tuvo sobre los ciudadanos comunes fue amplísimo. Ello surgió desde la situación de que no sólo los grupos políticos adversos contaban agravios que luego se resolverían a través del intento de derrocamiento del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, sino también por el hecho de que éste, desde el inicio de su gestión, había tomado decisiones trascendentales para la vida pública del Estado, sin haber consultado ni informado a la ciudadanía, primero para saber si estaban o no de acuerdo con la obra, y después para conocer el proyecto, el costo y los encargados de realizar dichas modificaciones al entorno urbano de la Verde Antequera.

En ese sentido, el primer gran detonador de lo que luego sería una inconformidad social sin precedentes en la entidad, fue la decisión del gobierno estatal de iniciar un proceso de remodelación del zócalo citadino. Desde los primeros meses del año 2005, cuadrillas de trabajadores y maquinaria pesada iniciaron la remoción de las banquetas, adoquines, cantera, bancas y todo lo que había en ese sitio. El gobierno de Ulises Ruiz iniciaba un trabajo de remodelación que prometía ser benéfico para la imagen de la ciudad. Pero nadie conocía ningún detalle sobre los trabajos.

La inconformidad ciudadana no se dejó esperar. Desde personas comunes que espontáneamente manifestaban su rechazo, y hasta vecinos y grupos de profesionistas relacionados con la construcción, alzaron la voz para cuestionar la viabilidad de la remodelación; luego lo hicieron para denunciar la inexistencia de un verdadero proyecto ejecutivo —o al menos una maqueta de cómo quedaría la obra—; la negativa a dar a conocer el monto que se gastaría en la obra, y el tiempo que duraría así como los detalles de construcción. Y luego comenzaron a relucir algunos nombres de personajes íntimamente ligados al poder, que fueron los mismos que curiosamente aparecían como socios de las empresas constructoras que desarrollaban el trabajo.

Todo se terminó de descomponer cuando, en medio de las obras, se vinieron abajo dos ejemplares de Laurel de la India que tenían más de un siglo, plantados en medio de la majestuosa plaza de armas de la capital oaxaqueña, y que habían perdido la firmeza de sus raíces debido a los trabajos que entonces se realizaban en ese sitio.

Ante tal hecho, grupos de ambientalistas, de protectores de la vida cultural y el patrimonio histórico de Oaxaca, además de organizaciones de defensa de los derechos humanos, y las docenas de grupos que se apersonaron, iniciaron un enorme proceso de manifestación de la inconformidad, alegando justamente que el gobierno estatal realizaba la obra con total discrecionalidad y sin haber preguntado a la ciudadanía si estaban o no de acuerdo con las modificaciones que se planteaban.

LECCIÓN NO APRENDIDA

No fue una concesión graciosa del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el haber impulsado y ratificado una reforma a la Constitución Política del Estado de Oaxaca, para establecer entre los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos de la vida pública, operaran tanto el plebiscito como el referéndum, y algunas otras figuras que bien impulsadas por la ciudadanía, hoy combinabas con un contexto de inconformidad, bien podrían poner contra la pared a cualquier gobernante en turno.

Ulises Ruiz Ortiz firmó, ratificó y refrendó esas reformas —que eventualmente pudieron haberlo llevado a menoscabar, durante su misma gestión, el poder político que ejercía—, porque sabía que ese era uno de los grandes pendientes por los que la ciudadanía oaxaqueña continuaba inconforme con él, y porque eso lo había manifestado a través de distintas formas de rechazo a las decisiones que se tomaban de manera unilateral e implicaban asuntos públicos.

¿El edil de la capital oaxaqueña, Luis Julián Ugartecha Begué, tendrá en consideración todos esos antecedentes de lo que puede llegar a la provocar una decisión tomada sin el consenso y la participación necesaria de los ciudadanos? Tal parece que no. La insistencia con la que defiende y promueve su plan de iluminación de las principales calles de la capital oaxaqueña, así lo demuestra; y con ello también deja ver que en el fondo su actitud no dista mucho de la de aquellos gobernantes emanados del régimen de partido hegemónico, que gobernaban bajo el lema de que el gobernador no le pregunta a nadie, y que cuando manda y se equivoca, simplemente vuelve a mandar.

Sin embargo, los tiempos son distintos, y no se ven destellos de que las viejas lecciones del pasado hayan sido tomadas en consideración. La elocuencia de la carta enviada por el pintor Francisco Toledo sobre la insensibilidad y la falta de consideración hacia la sociedad, son muestra clara de que algo no camina bien en la forma en cómo se gobierna en la capital oaxaqueña. Y aunque queda claro que el llamado “Plan Luz” no provocará un conflicto violento como el del 2006, ésta insensibilidad sí quedará registrada entre la población, que más temprano que tarde le cobrará al edil Ugartechea, las facturas por no haberlos tomado en cuenta.

¿REGIDORA ABUSIVA?

Fue la comidilla. Asistentes al concierto del cantante Chayanne, aseguran que hubo un incidente en la zona de palcos: un grupo de damas, que habían pagado boletos que costaban mil 200 pesos, se metieron arbitrariamente a la zona en la que la admisión era de más de tres mil. El equipo de seguridad las detectó y les pidió que volvieran a su lugar. Sólo una se resistió, y no hubo, dicen, poder humano que la moviera del sitio. Era, aseguran los testigos, una ex Secretaria de Turismo que ahora la hace de Concejal en el Ayuntamiento citadino. Ver para creer.

Martes 1 de noviembre de 2011.

Retener vehículos en retenes, un tema de riesgo

Desde hace algunos días, elementos de la Policía Estatal, y de las Fuerzas Estatales de Apoyo, realizan operativos de verificación de la regularidad de motocicletas. En cada uno de los retenes que instalan, retiran de la circulación docenas de esos vehículos. ¿De verdad buscan preservar el orden con esas acciones? ¿O es que, en aras de verificar la no circulación de vehículos irregulares, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se permite llevar a cabo actos de molestia innecesarios, y hasta excesivos, en contra de la ciudadanía?

Quienes han presenciado estos operativos, en términos generales han sido testigos de lo siguiente: que en dichos retenes itinerantes, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se dedica a detener todas las motocicletas que transitan por el lugar. Una vez que los conductores de las mismas atienden al llamado de la autoridad, éstos son requeridos por los representantes del orden, para que exhiban, en ese momento, documentación que acredite la propiedad del vehículo, el registro ante las instancias correspondientes del Gobierno del Estado, las placas y el pago de los derechos vehiculares. Todo esto, además de verificar que los conductores cumplan con las normas de seguridad que establece el reglamento de tránsito respectivo.

Estas verificaciones podrían ser positivas, y hasta plausibles, si no fuera porque fueron diseñadas justamente para conseguir a toda costa que la autoridad retenga el vehículo en el acto mismo de la revisión, y someter al particular a una serie de trámites, pago de derechos y actos de molestia que, al final de cuentas, no queda claro si todo esto logra compensar la seguridad pública que, se supone, pretenden garantizar con este tipo de revisiones.

Y es que, basta con ver la forma en cómo se llevan a cabo estos operativos, para tener certeza de que difícilmente un motociclista puede salir bien librado del mismo. Al detener la autoridad al particular en la vía pública, lo primero que le requiere es que cumpla con el requisito de portar casco, y cumplir con todas las medidas de seguridad correspondientes.

Una vez que esto es verificado, pasan a la revisión de los siguientes puntos. Si no, desde ese mismo momento es avisado que el vehículo le será inmovilizado y que tendrá que recuperarlo en un corralón, previo pago de los derechos y multas correspondientes. Si el motociclista logra pasar ese primer momento, de inmediato le es requerido que, en ese mismo acto, acredite fehacientemente la propiedad del vehículo.

Ante ello, cabe una circunstancia particular: por obvias razones de seguridad, es casi imposible que una persona porte, dentro de su automóvil o entre sus pertenencias, todo el tiempo, la documentación que acredite la propiedad o legal posesión del vehículo. Y si esto no ocurre con automóviles, menos con motocicletas, que son mucho más vulnerables y susceptibles de robo.

Pues bien, ante el hecho de no llevar en ese momento los documentos, ni poder pedir a otra persona que se traslade hasta el sitio del retén para mostrárselos a la autoridad que lo solicita, los elementos de la Policía Estatal que participan en los retenes decretan, inmediatamente, la misma medida: inmovilizar el vehículo, trasladarlo al corralón, y que sea ahí donde el particular acredite la propiedad y pague el costo de la inmovilización, el arrastre, el derecho de piso, y demás derechos que genera la detención y encierro de un vehículo.

No obstante, haber librado exitosamente esas dos primeras etapas, no necesariamente significa que el motociclista pueda continuar su camino. Aún portando los elementos de seguridad, y habiendo acreditado la propiedad de la motocicleta, ahora el particular debe demostrar que su vehículo cuenta con su registro, emplacamiento y pago de derechos vehiculares en regla. De nuevo, el tener una motocicleta de reciente adquisición, con registro vencido, o sin placas, es motivo de que ésta sea inmovilizada y trasladada a un corralón.

DERECHOS TRANSGREDIDOS

La autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, seguramente podrá decir, en descargo, que toma esas medidas para garantizar varias cuestiones. Esos argumentos pueden consistir en que la autoridad pretende que todos los motociclistas porten cascos; que todas las motocicletas sean regulares y no haya permisividad para que circulen motos robadas o en las que pudiera haberse cometido un delito.

Puede, asimismo, decir que lo hace en aras de preservar el interés del Estado porque todos los dueños o posesionarios de vehículos de motor paguen los impuestos y derechos correspondientes. Incluso puede asegurar que el inmovilizar los vehículos es la sanción que corresponde a quien no ha cumplido con la ley. Y aunque a simple vista pudiera tener razón, queda claro que la preservación de un derecho no debe implicar, bajo ninguna circunstancia, que se puedan violar otros con entera libertad.

Poniéndonos estrictos, esos operativos podrían atacarse desde la lógica misma de que los retenes no se encuentran regulados específicamente por norma alguna, y que por tanto eso constituye una transgresión a distintos derechos fundamentales de los particulares. Además, la exigencia de documentos sin tener una orden previa emitida por autoridad competente, constituye un acto de molestia que en sí mismo la autoridad no tiene derecho a llevar a cabo. Y la última parte, no menos cuestionable de todo esto, radica en el hecho de que todo esto parece tener como telón de fondo el ánimo de que los particulares paguen a como dé lugar por la posesión de vehículos.

Queda claro que esto último no es malo; sin embargo, la utilización de la fuerza pública para esos fines meramente —o preponderantemente— económicos, distrae a los elementos policiacos estatales de otras labores más eficaces, importantes y urgentes relacionadas con la seguridad, que son justamente para las cuales existen las fuerzas del orden, y que son labores que sólo pueden hacer corporaciones como la Policía Estatal, las Fuerzas Especiales, o los elementos de seguridad regional.

¿FACULTAD DE QUIÉN?

La revisión relacionada con la posesión y regularidad de los vehículos de motor, es una facultad de la Dirección de Tránsito del Estado. Por eso, debía ser ésta, y no la Policía Estatal, quienes encabezaran aquellos operativos en los que, donde se instalen, retiran de la circulación como mínimo unas cuarenta motocicletas. ¿Es seguridad o negocio? ¿Se cumple el objetivo?

Lunes 31 de octubre de 2011

+ Transparentar concesiones, la única salida

Es lamentable que, hasta hoy, la Coordinación de Transporte del Gobierno del Estado, siga sirviendo como un mero instrumento político del Gobierno del Estado para ajustar cuentas con sus adversarios, pero que no existan planteamientos de verdad serios tanto para terminar con los múltiples problemas que enfrenta el sector del transporte en la entidad, como para poner fin a los aberrantes problemas de corrupción que ahí se presentan. Mientras no se aborden esos dos problemas, todo lo que se haga, se diga, y hasta se persiga, no dejará de estar sino en el perverso ámbito de la demagogia.

En efecto, la única actuación “trascendente” que ha tenido la Cotran en este casi primer año de gestión, fue la integración de los expedientes con presuntas irregularidades, por los que hoy se encuentra procesado judicialmente y en prisión, el ex titular de esa dependencia, Gonzalo Ruiz Cerón.

Fuera de eso, la Coordinación ha continuado haciendo uso de toda la opacidad y discrecionalidad que le permite la misma ley, y quizá por esa misma razón, su actual titular, Pedro Silva Salazar, no ha tenido las ganas, o la capacidad, para hacer más por un sector en el que hace falta prácticamente todo. ¿De qué hablamos?

Hablamos de que, en primer término, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo debe ser muy cuidadoso no sólo del posible otorgamiento actual de concesiones —cosa que el mismo Mandatario negó tajantemente la semana pasada, asegurando que él no ha dado una sola concesión—, sino de todo lo que ocurre dentro de la Cotran, para no terminar siendo candil de la calle, y oscuridad de su casa. ¿Por qué?

Porque, en este primer punto, queda claro que la ley otorga al organismo regulador del transporte público, amplias facultades para hacer mucho a partir de la discrecionalidad. Y puede decirse con certeza, que bien a bien nadie más que los actuales funcionarios de esa Coordinación, saben si lo que se está haciendo hoy ahí es del todo legal o no, y si de verdad Pedro Silva y sus subordinados se están apegando a la ley para llevar a cabo los trámites y los servicios que deben prestar.

En ese sentido, la Cotran sigue estando en la más completa opacidad, y Pedro Silva tiene exactamente las mismas facultades legales por las que su antecesor se encuentra en prisión. Y queda claro que más allá del discurso de siempre sobre la honestidad y el compromiso con la sociedad y la legalidad, nadie sabe si en realidad los actuales funcionarios de Cotran están cumpliendo honesta, puntual y legalmente con las responsabilidades que les fueron conferidas.

Por eso, y porque desde Cotran se erigieron en acusadores para perseguir y encarcelar a un funcionario de la administración anterior, hoy el servidor público más vigilado de toda la administración debiera ser Pedro Silva Salazar. Esto, no sólo para constatar que está cumpliendo cabalmente con sus responsabilidades legales, sino también para evitar que al final resulte que ahí la corrupción, los abusos y los excesos siguieron siendo los mismos que en el gobierno anterior a quien tanto acusaron de ilegalidades.

COTRAN, AL “AHÍ SE VA”

Pero además, a esta administración debiera comenzar a preocuparle que el tema del transporte es uno de tantos sobre los cuales no hay ni diagnóstico ni rutas claras sobre qué se debe hacer para concretar “el cambio” por el que votó la mayoría de los oaxaqueños. Y es que un año después, Cotran sigue siendo la misma Coordinación de siempre, con las mismas facultades de siempre, y con la misma carencia de siempre, respecto al establecimiento de coordenadas para hacer de mejor modo su trabajo.

Sobre la Cotran, hoy, no hay un diagnóstico preciso. Y aunque hoy, por el momento en que se encuentra la presente administración, el asunto del transporte no es aún un problema importante, lo cierto es que dentro de no mucho tiempo, el Gobierno del Estado tendrá que comenzar a pensar en la forma en que iniciará el proceso de otorgamiento de concesiones a los distintos grupos que integran el sector.

En ese sentido, queda claro que para entonces deberá tener un ente regulador transformado por completo y, sobre todo, dotado de los mecanismos claros para garantizar a la sociedad que, a diferencia de las dos últimas administraciones, ahora sí no habrá corrupción, ni favoritismos, ni tráfico de concesiones.

Por eso, lo primero en lo que deben pensar es en que la Coordinación de Transporte no puede seguir siendo un ente de segundo nivel, que se maneja sólo en términos políticos, y en el que la sociedad no tiene ningún tipo de participación. Si de verdad se quiere dotar de certeza y legitimidad a la instancia que vigile el transporte, entonces debe erradicarse no sólo la corrupción, sino también las resistencias a que los oaxaqueños puedan conocer todos los trámites y procesos relacionados con la regulación del sector.

Quién sabe si en realidad el Gobierno del Estado tenga voluntad manifiesta de hacer eso. Hasta hoy, han hablado de algunos proyectos para replantear a la Cotran, aunque lo cierto es que buena parte de eso se traduce en modificar todo lo aparente, para que en el fondo no cambie nada. Y eso, que sería un cambio meramente decorativo y demagógico, traería aparejado una serie de problemas que se verían en toda su magnitud cuando de nuevo, en esta o la siguiente administración, se supiera que hubo corrupción en el manejo y regulación del transporte público.

Quizá, incluso, en una voluntad verdaderamente democrática, el gobierno estatal debía considerar la posibilidad de proponer que el otorgamiento de concesiones dejara de ser una facultad discrecional del Gobernador del Estado, para pasar a tener un procedimiento más rígido, vigilado y susceptible de ser transparentado, en el que también la sociedad pudiera participar para garantizar que se cumplan con todos los requisitos que pudiera exigir la ley, y para dejar constancia de que en ello no hubo tráfico de influencias, corrupción o venta de concesiones.

REFORMA ¿IMPOSIBLE?

Eso sería ideal. El problema es que se ve difícil, que por voluntad propia, el Ejecutivo del Estado se deshaga de una facultad amplia que, como ha quedado clara, no sólo sirve para regular el sector, sino que también es una poderosa herramienta de control político que, aunque ahora parece una “papa caliente”, después podría servir para mantener la estabilidad en un sector tan álgido como el del transporte, que quiere todo, menos transparentar su modus vivendi.

+ Amparos evidencian fallas en justicia local

Ayer, el Juez Octavo de Distrito, con sede en esta capital, notificó la concesión del amparo y protección de la justicia federal, al ex coordinador de Transporte del Gobierno del Estado, Gonzalo Ruiz Cerón. El resultado de este último Juicio de Garantías no sólo tiene con un pie afuera de prisión al ex Funcionario, sino que además pone en evidencia —y eso es lo más grave— la parcialidad, o ineficacia —o ambas—, de la justicia local.

En efecto, la sentencia de amparo notificada ayer a la defensa de Ruiz Cerón, establece que la protección de la justicia federal fue concedida al quejoso de forma “lisa y llana”, frente a las actuaciones del juez penal que le dictó el auto de formal prisión.

¿Qué significa esto? Que la justicia federal reconoce violaciones de fondo a las garantías del recurrente (Ruiz Cerón) y por tanto ordena que la autoridad responsable (el Juez Segundo Penal) revoque la actuación citada, debido a que no existen elementos suficientes para comprobar los elementos que debieran acreditar el cuerpo del delito, y la probable responsabilidad del procesado.

Este fallo, además, deja en una posición harto compleja a las instancias locales, tanto de procuración, como de impartición de justicia. ¿Por qué? En primer término, porque este es el tercer amparo que le es concedido a Ruiz Cerón de forma lisa y llana. Además, porque en cada uno de los amparos, los jueces federales que conocieron los respectivos Juicios de Garantías, hallaron inconsistencias graves en la acreditación de los elementos que son base de la acción penal.

E incluso, porque esto bien podría poner en evidencia tanto la ineficacia de los funcionarios estatales responsables de procurar e impartir justicia, e incluso que, en efecto, éstos utilizaron indebidamente la vía de los procedimientos penales para llevar a cabo ajustes de cuentas de orden político.

Con todo esto, queda necesariamente en entredicho la actuación del procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López. La razón es clarísima: ¿cómo podrá ahora explicar que tres procedimientos distintos, en los que se persigue la presunta comisión del mismo delito a la misma persona, y que son de vital importancia y legitimidad política para el gobierno que representa, fueron declarados inconstitucionales por jueces de garantías?

Pero además, ¿Frente a los tres amparos lisos y llanos concedidos por la justicia federal a Ruiz Cerón, cómo puede hoy explicar el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que encabeza el magistrado Alfredo Lagunas Rivera, que sus jueces emitieron sendas órdenes de aprehensión en contra de Ruiz Cerón, habiendo admitido como correctas las respectivas averiguaciones previas consignadas por la Procuraduría del Estado; habiendo  considerado que sí cumplían con los requisitos que establece la ley penal vigente, y que por tanto los elementos que aportaban eran suficientes para ordenar la privación de la libertad del sujeto antes citado?

El asunto, según parece, va más allá de la sola disputa entre grupos políticos, y hoy comienza a lastimar —como lo habíamos previsto— a un sistema de procuración e impartición de justicia, que fue desnudado por los tribunales federales.

Y es que, frente al resultado de las actuaciones, lo que se pone en duda ya no sólo es si Ruiz Cerón es responsable, sino también si la Procuraduría y el Poder Judicial del Estado son órganos eficaces en la realización de su trabajo, y si de verdad actúan bajo criterios de objetividad e imparcialidad, o si siguen siendo —como en el pasado— brazos ejecutores de las venganzas entre grupos políticos.

RUIZ CERÓN, ¿QUÉ SIGUE?

La posible excarcelación de Gonzalo Ruiz Cerón, contrario a lo que aseguraban ayer algunos medios informativos locales, no necesariamente sería “en cuestión de horas”. Aún faltan por resolverse dos recursos de revisión interpuestos por la Procuraduría General de Justicia del Estado ante los Tribunales Colegiados de Circuito, por los respectivos fallos emitidos por los jueces de garantías. ¿Qué significa eso?

Significa, en palabras sencillas, que fue la Procuraduría Estatal la que se inconformó con los fallos emitidos por los Jueces de Distrito, en los que conceden la protección de la justicia federal a Ruiz Cerón.

No obstante, hoy la litis de esos recursos se encuentra fijada por los Tribunales Colegiados de Circuito, no sólo respecto al fondo de los asuntos, sino primeramente en determinar si es que, en efecto, el Ministerio Público del Estado tiene la legitimación activa para interponer recursos en un juicio de garantías, en el que la instancia inconforme por naturaleza debía ser el Ministerio Público Federal.

Quienes conocen estos procedimientos judiciales, aseguran que esa cuestión será la primera que habrán de resolver los magistrados federales respecto a este asunto, para luego entrar al estudio en sí de los recursos referidos, y determinar si éstos son procedentes o no.

Por eso, de entrada no parece posible que la liberación de Ruiz Cerón sea sólo cuestión de horas. Deben resolverse los dos recursos ya presentados en contra de los dos primeros fallos que conceden el amparo, y a la par de ello debe verse si es que la PGJE interpone un nuevo recurso ante este tercer amparo.

No obstante, la resolución que tenga el primero de los recursos presentados por la Procuraduría Estatal, será determinante para el curso que siga este asunto. Si los Tribunales Colegiados reconocen la legitimación de la PGJE para inconformarse en estos asuntos, entonces habrá que esperar a que se resuelvan cada uno de ellos, y hasta entonces se sabrá si Ruiz Cerón continúa o no privado de su libertad.

Por el contrario, si en este primer caso se falla en contra de la PGJE, entonces habrá un precedente claro que marque el rumbo de los demás recursos. Por eso, mientras ello se resuelve, las instancias estatales involucradas seguirán en suspenso, viendo si el llamado “preso del sexenio” se les va de las manos por las inconsistencias de sus actuaciones.

AJUSTES NECESARIOS

Como quiera que sea, tan luego se resuelvan estos asuntos —en el sentido que sea—, el Gobierno del Estado debe hacer ajustes en las instancias que fueron responsables de estos procesos que están a punto de caerse. Además de quedar mal, por ineficaces, están dejando ver la forma en que pudieron haber utilizado a la justicia para otros fines. Y eso, para un gobierno que se dice democrático, es inadmisible.

+ Hacer valer la ley: el ejemplo y no un destello

Qué bien que, el Gobierno del Estado, finalmente se decidió a hacer valer la ley, y no permitir que manifestaciones populares quebrantaran el derecho de libre tránsito de la ciudadanía. Pero qué mal que el Gobierno del Estado se decidiera a hacerlo de forma tan selectiva, desproporcionada y tardía.

Pongamos el asunto en perspectiva: ¿Qué se pensaría de una madre que le permite todo tipo de libertades, excesos y hasta faltas de respeto a sus hijos mientras se encuentran en la intimidad del hogar, pero que los reprende duramente —quizá hasta de forma desproporcionada— cuando se encuentran visitas presentes en casa? Eso es exactamente lo que le ocurrió al gobierno.

El lunes por la mañana, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, se ufanaba de haber hecho valer la ley, al implementar un operativo para liberar las vialidades en la zona de Ciudad Universitaria, y detener a casi una veintena de manifestantes que intentaban bloquearlas con unidades del transporte urbano que antes habían secuestrado. Entre los detenidos se encontraba el propio secretario General del Sindicato de Trabajadores  Académicos de la Universidad de Oaxaca, Agustín Hernández Monroy.

Y aunque en un primer momento la acción fue bien tomada por la ciudadanía que en ese momento recobró la posibilidad de transitar libremente por esa zona de la capital oaxaqueña, lo cierto es que la acción policiaca luego derivó, primero, en más protestas y movilizaciones por parte de los universitarios inconformes que habían sido replegados por la fuerza pública, justo en el momento en que se realizaba, aquí mismo, una serie de eventos conmemorativos del  66 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas; y segundo, en el cuestionamiento relacionado no sólo con el uso de la fuerza, sino también con el momento y las circunstancias de la acción policiaca. ¿De qué hablamos?

Hablamos de que, en el primero de los puntos, la SSPE actuó sin tomar en cuenta la opinión de la dependencia encargada de la política interna del Estado. Por eso, la acción policiaca no sirvió sino para salvaguardar momentáneamente el derecho de terceros, pero a costa de enrarecer aún más un conflicto que ya de por sí tiene mucho de absurdo, dañino e irracional para miles de estudiantes universitarios.

No obstante, el cuestionamiento más de fondo radica en dos cuestiones: primera, que si ya se dio una primera manifestación oficial de no permitir que las manifestaciones afecten a los derechos de terceros, ahora se debe seguir actuando en esa misma lógica frente a todos los grupos que, casi a diario, pretenden tomar por asalto —o lo logran— las principales arterias viales de la capital oaxaqueña.

Y segunda: que si esa es una verdadera determinación general del Gobierno del Estado frente a todos los grupos, entonces debe dejar de tener actuaciones selectivas, y sólo en los momentos en que los ojos del mundo han volteado a Oaxaca —por alguna celebración, fiesta o conmemoración, como la del lunes pasado—, para verdaderamente convertir esa actuación en una regla general que aplique frente a todos los grupos que intenten poner en riesgo la gobernabilidad y los derechos de terceros, y no sólo frente a organizaciones representativas y no radicales, como lo son los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

LEY, ¿COMO TELARAÑA?

La actual administración no se ha caracterizado, precisamente, por tener nociones claras sobre la preservación de la legalidad frente a organizaciones sociales. El primer problema, natural, es que muchas de esas organizaciones rebasan materialmente la fuerza y capacidad de respuesta de las fuerzas estatales.

Y el segundo, no menos importante, radica en que muchas de esas organizaciones son, o fueron a aliadas del gobierno actual cuando éste era opositor al régimen anterior, y por tanto esos grupos de lucha social ahora se sienten con cierto derecho de venir a la capital oaxaqueña a exigir, impunemente, que les sean satisfechas las demandas que realizan, independientemente de que éstas se encuentren o no en el ámbito de competencia del gobierno estatal.

Por eso, es positivo en un primer momento que el gobierno estatal, a través de la SSPE, comience a marcar los límites de lo que pueden y no hacer las organizaciones sociales, y que también establezca hasta dónde éste permitirá que aquellas actúen utilizado en el derecho a la libre manifestación que les concede la ley.

Sin embargo, sería un pésimo antecedente que, ahora que el gobierno refleja sus primeros intentos de poner orden en ese rubro, comenzara a hacerlo de manera selectiva, tanto por las organizaciones a las que les pone los límites, como por el momento y el contexto social en el que lo hace.

Lo peor sería que el gobierno comenzara a permitir que la ciudadanía constatara que para ellos la ley es como una telaraña, en la cual sólo se quedan atrapados los insectos (en este caso grupos sociales) pequeños o de fuerza sólo representativa, pero que los grandes, por su capacidad de reacción, de violencia o de superioridad numérica, simplemente se pusieran en la condición de romperla.

Por eso, si de verdad se pretende hacer de esto una política general del gobierno estatal, el asunto debe tomarse con toda seriedad. Quedó claro que al régimen anterior le importaba poco meter en cintura a aquellos que quebrantaban la ley. Por eso, lo importante sería poder meterlos en cintura a todos —porque seguir dejándolos actuar libremente a todos, no es una opción en estos momentos que vive el Estado—, y no demostrar que sólo se actúa en momentos de ventaja y por conveniencia política, pero no con convicción ni con visión de demostrar que la ley se aplica y se hace valer por igual para todos.

CUOTA DE GÉNERO

Ojalá que ahora que un grupo de mujeres, integrantes de todas las fuerzas políticas en Oaxaca, se han pronunciado por ir juntas a exigir los espacios que les corresponden en las candidaturas a cargos de elección popular para el próximo año, lo hagan de forma organizada y que se decidan a conseguir más de lo que hasta ahora les han dado. Ojalá que abandonaran aquella visión de aceptar las suplencias por llenar las cuotas y conseguir el espacio, y que verdaderamente hicieran algo por obtener lo que proporcionalmente han ganado con su esfuerzo en la política local. Ojalá.

+ “Burbuja” como refugio… o como chantaje

El domingo, tratando de pasar más o menos desapercibido, Bulmaro Rito Salinas se apersonó en el informe legislativo que rendía el diputado federal, y presidente estatal del PRI, Eviel Pérez Magaña. El escenario era inmejorable: ahí se encontraban la mayoría de los que aparecerán como candidatos a diputados federales y senadores, varios de los miembros distinguidos de la indeseable “burbuja”, y el mismo ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. ¿Qué buscaba en particular ese repudiado y señalado ex funcionario estatal, en dicho acto político?

Queda claro que en política las casualidades no existen. Y es que, según lo previsto, en las últimas semanas arreciaron los ataques entre la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo, y los integrantes del régimen anterior que aún están políticamente vivos. Y justamente, en medio de la trifulca quedó el ex Coordinador de Coplade, a quien se le acusa de ser uno de los mayores beneficiarios de la corrupción y los negocios turbios realizados por aquella administración.

De hecho, durante la misma semana pasada, el mismo Rito Salinas salió a la tribuna pública a defender su integridad y honestidad como servidor público; y justamente dos días antes de que se apareciera por el informe del diputado Pérez Magaña, éste había sido señalado directamente por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, asegurando que no está exonerado de nada, e incluso acusándolo de haber cometido un quebranto en Coplade, del orden de los 80 millones de pesos, según los primeros resultados que tienen de las auditorías a la extinta dependencia.

Ante este escenario, ¿qué buscaba Rito Salinas? Existen, cuando menos, dos lecturas de su presencia. La primera de ellas, tendría que ver con una especie de “espaldarazo” por parte de quienes integran —y defienden— lo que queda del grupo del ex gobernador Ruiz, e incluso que su presencia podría leerse como una especie de “aseguramiento” de que la impunidad que en algún momento pudiera negociarse, podría también hacerlo beneficiario a él; que su presencia constataría la cercanía que sigue teniendo con el ex gobernador Ruiz —más, ahora que el ex gobernador José Murat lo fustigó brutalmente—; o incluso, que eso mismo pudiera llegar a leerse como signo de la posibilidad de que éste pudiera aparecer en la lista de aspirantes o candidatos del PRI a algún cargo de elección popular.

Una segunda lectura, sin embargo, tendría necesariamente que apuntar hacia el amague. Sí, a una especie de exigencia de reconocimiento de pertenencia por parte del grupo del ex gobernador Ruiz, para que sus adversarios políticos reconsideraran la posibilidad de incluirlo en la lista de ex funcionarios investigados y perseguidos por presuntas irregularidades, y la impunidad de sus excesos pudiera ser negociada en una mesa política, y no en un tribunal con órdenes de aprehensión y cárcel de por medio.

Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, sus propios antecedentes rebasan a sus posibilidades de negociar el pasado. Y es que si hay alguien de la pasada administración que seguramente resultaría con cuentas pendientes ante la justicia, y ante la sociedad oaxaqueña, ese era, sin duda, Bulmaro Rito Salinas.

MUCHOS “BISNES”

Durante su gestión como servidor público, Rito Salinas se convirtió en integrante de ese selecto grupo de funcionarios “incalumniables”. Esto, popularmente se sabía, radicaba en el hecho de que cualquier señalamiento negativo que se hiciera en contra de su persona o su desempeño, simplemente era cierto.

Y es que, como titular de Coplade, se dice que Rito Salinas actuó libremente extorsionando o invitando a negocios indebidos a través del presupuesto. Como “empresario”, estuvo involucrado en el funesto intento de saqueo a la ciudadanía, a través de la instalación de parquímetros en el primer cuadro de la capital oaxaqueña; luego, él y sus socios estuvieron íntimamente involucrados en la confección de los esquemas financieros, y en la construcción, de las ciudades Administrativa y Judicial del Gobierno del Estado.

Incluso, actualmente, uno de los negocios que podría seguirle dejando dividendos importantes, es la “sociedad” que mantiene con varios presidentes municipales del interior del Estado, para que empresas afines a él, realicen la construcción de obra pública y la consultoría en todo lo relacionado con los asuntos contables y fiscales, para finalmente repartir las ganancias entre todos los involucrados.

Al parecer, con todo esto, Rito Salinas pensó que el poder, las manos libres y la impunidad serían eternos. Gozó de libertad absoluta todo el sexenio. Y hoy, no se sabe bien a bien si el resultado de esos negrísimos antecedentes y fama pública, sean consecuencia de la traición a la confianza de quien le dio los cargos y le permitió las libertades (es decir, el ex gobernador Ruiz Ortiz), o si en realidad todo es parte de una bien planeada sociedad para terminar siendo todos partícipes de las ganancias.

Lo cierto es que su presencia en el informe del diputado Pérez Magaña, trató de afianzar una cercanía al anterior grupo gobernante, que nadie sabe qué tal real o ficticia pueda ser, o si incluso tiene tintes de chantaje o amenaza, para que éste sea protegido por la cobija de la impunidad que ya cubre al ex gobernador Ruiz, o de lo contrario haga públicos, o cuando menos ponga en conocimiento a las autoridades actuales, de algunos de los feos secretos que seguramente debe guardar junto con la fortuna se dice que amasa.

El otrora grupo gobernante debía considerar qué tanto puede ser éste un pasivo, un acto, o una carga necesaria. Lo cierto es que su presencia no pasó inadvertida. Y queda claro que, con él, se siguen afianzando los integrantes del grupo ulisista que en 2012 irá a los comicios a tratar de posicionarse… en aras de regresar al poder en 2016. ¿Será?

CORAZÓN ROSA

El fin de semana, nuestra amiga María Eugenia Aguilar —una mujer admirable por su fortaleza y tesón en la lucha que personalmente ha librado contra el cáncer de mama— presentó una Asociación Civil denominada Corazón Rosa, para dar acompañamiento, orientación y ayuda a las mujeres que han sido diagnosticadas con este padecimiento, para que su ritmo de vida y el de su familia se vea afectado lo más mínimo por la enfermedad. Ojalá haya muchas personas interesadas en contribuir a esta noble causa. Seguro que Maru tendrá mucho éxito en este reto que ahora inicia. Enhorabuena.

+ Además de todo… no olviden función legislativa

Estamos acostumbrados a ver a nuestros diputados como todo, y como nada. Los asumimos como políticos, como funcionarios partidistas, como delegados del grupo en el poder en turno, e incluso como gestores, facilitadores o como “puentes” para que las comunidades, organizaciones o municipios reciban recursos económicos. Pero, ¿les exigimos algo respecto a su trabajo esencial, que es hacer leyes?

La respuesta, tajante, es “no”. Y es así porque durante mucho tiempo los diputados han preferido darnos razones atractivas para entretenernos y para adularlos como grandes personajes, pero no el trabajo sustancial que debiéramos esperar de ellos. Fuera de la fantasiosa “magnanimidad” de un diputado, debía encontrarse un personaje sensible y comprometido, que hiciera todo lo posible para cumplir con su trabajo, y para que su partido asimismo materializara las promesas que hizo en los tiempos de campaña.

Sin embargo, esto no ocurre así. Y la mejor prueba de ello son nuestros diputados locales y federales. Porque hoy que están en tiempo, los federales, de rendir sus “informes de labores” a la ciudadanía, y que los locales están a punto de cumplir su primer año de trabajo (con lo que también organizarán, o ya comenzaron, con sus informes), nosotros los ciudadanos debíamos preguntarles con mayor seriedad si están cumpliendo con las responsabilidades para las que fueron electos, y exigirles que hagan todo lo que hasta ahora seguramente no han hecho. Vayamos a lo concreto.

En sus respectivos informes de trabajo, los diputados han dado cuenta, cada uno de ellos, de una lista enorme de datos cuantitativos. Es decir, cuántos votos emitieron en el Congreso, cuántos puntos de acuerdo presentaron, cuántas iniciativas, cuántas reuniones de trabajo, e incluso cuántas gestiones realizaron a favor de sus ciudadanos, etcétera. El problema, es que ni los ciudadanos, ni el Congreso, y seguramente ni ellos mismos, saben realmente qué impacto cualitativo tiene su desempeño. Esto, en sí mismo, es un problema. ¿Por qué?

Porque, en primer término, trabajar mucho sin saber bien a bien si se generan resultados tangibles —que sean capaces de transformar el estado de cosas de la comunidad, población, sector, región o distrito que representan—, es tanto como apostar a avanzar una amplia distancia… corriendo en una banda sin fin (una caminadora), que cansa mucho pero que no permite avanzar un solo metro al corredor.

En segundo término, porque ese solo recuento de actos realizados, bien puede ser un modo, perfectamente bien encapsulado, de esconder la ausencia de elementos reales para informar: es decir, que se puede decir que se hizo mucho en el ámbito de lo no esencial del trabajo legislativo, pero tener pobrísimos resultados en las tareas sustanciales que debieran realizar los legisladores.

El asunto es más cercano de lo que parece. Al menos en Oaxaca, en los últimos años no ha habido legisladores capaces de incidir en los debates serios, ni de encauzar discusiones, y mucho menos de conseguir fijar temas en la verdadera agenda nacional.

A lo mucho, a lo que han llegado nuestros legisladores, es a utilizar la tribuna legislativa como escaparate para ventilar asuntos políticos o partidistas, para acusar a sus adversarios políticos, para justificar a los dirigentes de sus respectivas facciones, o para descalificar a sus opositores. E incluso, como un trampolín para tratar de conseguir nuevos cargos de elección popular, sin siquiera reconocer o asumir los resultados que llevan en su desempeño actual.

Realmente, desde hace mucho tiempo, Oaxaca no tiene un representante en las cámaras federales que sea capaz de rebasar los temas de la agenda partidista o de sus conflictos locales, para incidir en los verdaderos asuntos de interés y trascendencia para el Estado o la nación.

BOTONES DE MUESTRA

Por enésima ocasión, y ahora con motivo de los “informes legislativos”, debiéramos preguntar a quienes aspiran a escaños en el Senado, o a curules en la Cámara de Diputados: ¿Para qué quieren llegar a esos cargos? La pregunta, necesariamente, debiera ser respondida por tres o cuatro personajes de cada partido, que creen que su sola ascendencia política, pertenencia a un grupo, linaje u origen étnico, los hace merecedores a un espacio legislativo para que luego hagan con éste lo que les venga en gana.

¿Para qué quieren llegar a ser senadores, por ejemplo, los priistas Eviel Pérez Magaña y Héctor Pablo Ramírez Leyva? Hasta ahora, el desempeño del primero ha sido, cuando mucho, el de un diputado promedio, que asiste a las sesiones legislativas, pero que participa poco, que incide poco, y que puede hablar, realmente, de escasos resultados en su labor como legislador (aunque haga mucho alarde de sus gestiones).

Más o menos pasa lo mismo con el segundo aunque, a diferencia del primero, éste tiene más capacidad de posicionarse, mediáticamente, en ciertos temas polémicos. Pero, ¿realmente Héctor Pablo Ramírez y Eviel Pérez, tienen el sustento para aspirar a esos cargos? ¿En qué, más allá de su sola aspiración, pueden fundamentar lo que pretenden?

Algo similar ocurre con los panistas. ¿O a poco no es claro que el ex gobernador Diódoro Carrasco pretende llegar al Senado no para representar a Oaxaca, sino para dirigir desde su escaño al grupo político que hoy ha delegado en la entidad para gobernarla? ¿De verdad le interesan las funciones senatoriales? ¿O es que sólo asume que puede ser Senador a partir de su ascendencia política, pero no de sus resultados, o de lo sustantivo (su “proyecto de trabajo”, pues) que pretenda hacer como representante de la entidad federativa en el Poder Legislativo Federal?

Y qué decir de todos los que hoy son diputados locales, y ya sueñan con conseguir una candidatura para curules federales. El trabajo del Congreso del Estado, hasta hoy, ha sido impulsado por fuerzas extrañas (la cooptación, el chantaje y los trueques de votos por dádivas o recursos), pero no por un trabajo verdadero y eficaz por parte de los legisladores. ¿Para eso quieren llegar a las cámaras federales?

REALIDAD IMPLACABLE

No dudamos que varios de los antes mencionados puedan llegar al Congreso federal el año próximo. El problema es que, de nuevo, seguiremos viendo, y padeciendo, a legisladores que dicen hacer mucho, para engañarnos, pero que en realidad cumplen muy poco con las funciones que nosotros, los ciudadanos, les encomendamos con nuestro voto.

+ Sucesión y conflictos de grupo, factores decisivos

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) entró ya en su tercera semana de paro de labores, sin que hasta ahora pueda quedar del todo clara, cuál es la razón de la disputa entre la autoridad universitaria y la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca. Lo único cierto, de entrada, es que este es un conflicto que va más allá de la entrega de las cuotas sindicales al Sindicato, por parte de la Rectoría.

Para comprender mejor este asunto, es necesario ir por partes. Porque es necesario tomar en cuenta no sólo la litis aparente del asunto, sino también el momento político que vive la Máxima Casa de Estudios, la disputa —que ya es inminente— por la rectoría, y las diferencias que existen entre el rector Rafael Torres Valdez y el grupo sindical que encabeza Agustín Hernández Monroy.

En efecto, el problema aparente se encuentra en la resistencia de la rectoría, a entregar a la dirigencia del STAUO, las cuotas sindicales que ha descontado a sus trabajadores afiliados. Éste, cerró la Universidad argumentando que la Rectoría incumplía un mandamiento jurisdiccional que ordenaba la entrega de los recursos. Pero la autoridad universitaria ha dicho que entregará las cuotas retenidas, no a la dirigencia, sino a cada uno de los trabajadores a quienes se les descontaron. Esto, en apariencia, es lo que tiene hoy sin clases a más de 30 mil alumnos de la UABJO.

¿Por qué sólo en apariencia? Porque, en realidad, detrás de todo esto se encuentra el eterno conflicto por el poder. La sucesión del rector Torres Valdez está a menos de seis meses de ocurrir, y desde ahora han comenzado a ocurrir los primeros brotes de efervescencia relacionados con ello. Y es que si antes el STAUO era capaz de imponer a un Rector con sola fuerza política al interior de la Universidad, hoy lo que intenta es establecer márgenes de negociación con los demás factores reales de poder en la Máxima Casa de Estudios.

Hoy el STAUO no pasa por su mejor época. De haber sido una organización sindical fuerte y estructurada, hace apenas unos años, hoy en realidad se integra por un conjunto de fracciones sindicales que son disidentes entre sí, y que, divididas, pierden fuerza frente a sus demás adversarios, que hoy buscan llegar a la rectoría a través de personajes como Enrique Martínez, de la familia del ex rector Abraham Martínez Alavés, o del mismo Torres Valdez.

No obstante, de entrada pareciera que la vida interna del STAUO poco o nada tiene que ver con este asunto de las cuotas. Sin embargo, queda claro que la relación entre el Rector y el STAUO, la sucesión de la rectoría, e incluso las diferencias personales que podrían existir entre Torres y Hernández Monroy, constituyen el coctel perfecto de un problema que en realidad no tendrá solución en el futuro cercano, simplemente porque éste es un conflicto político y no un mero problema de carácter sindical.

DIFERENCIAS AÑEJAS

Quienes conocen a fondo la Universidad, aseguran que el rector Torres Valdez se resiste a entregar las cuotas a la dirigencia reconocida del STAUO, asumiendo la idea de que ésta se encuentra integrada por un grupo que no precisamente se ha caracterizado por un manejo pulcro de los asuntos, y los recursos, que ha tenido al alcance.

Y, según esa lógica, entregar los recursos a esa dirigencia sería tanto como abrir todas las posibilidades de que los varios millones de pesos que constituyen las cuotas retenidas, terminen siendo utilizados para el pago de porrismo, y para excesos de la dirigencia sindical, que no son constructivos ni para la estabilidad universitaria, ni para los mismos trabajadores afiliados.

Y aunque todos esos argumentos son reprobables —porque la lógica que parece seguir el rector Torres constituiría una abierta intromisión en la vida interna y en la autonomía sindical del STAUO—, queda claro que, con la exigencia de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje lleve a cabo un recuento de los afiliados a esa organización, lo que busca la administración universitaria, es justamente alargar el momento en que deba entregar los recursos a la dirigencia sindical, e incluso conseguir atajar por completo dicha posibilidad, si es que el recuento de trabajadores no favorece a la contraparte.

A la par de todo esto, el Rector busca conseguir una jugada maestra: conseguir los consensos necesarios para que la devolución de las cuotas sindicales en litigio, se haga no a la dirigencia reconocida del STAUO, sino a cada uno de los trabajadores a los que se les han retenido los montos. El intento trae aparejada, en el fondo, la posibilidad de congraciarse directamente con los trabajadores, al repartir directamente los casi cuatro millones de pesos que están guardados, y que le podrían reportar importantes beneficios electorales y simpatías para quien sea su “delfín” o “delfina”, si en lugar de dejarlos al uso discrecional de la dirigencia, los entrega mano a mano a los trabajadores universitarios.

Así, mientras el rector Torres intenta no entregar los recursos a su antiguo aliado Hernández Monroy, éste presiona a través del STAUO cerrando la Universidad. A través de ello, busca obtener los márgenes de negociación necesarios para asegurar un coto de poder frente a la próxima administración universitaria. Como ya no pueden influir decisivamente —como antes— en la elección del Rector, lo que sí buscan es conseguir un buen arreglo que les permita la supervivencia para el siguiente periodo.

Sin embargo, lo que queda en el fondo —y que es lo más grave en todo este asunto— es el profundo desprecio que todos juntos le profesan a la academia y la educación pública que se imparte en la UABJO. Por cuidar los intereses políticos y económicos, unos y otros han decidido tener sometida a la Máxima Casa de Estudios, y a sus más de 30 mil alumnos. Por eso mismo, hoy a nadie parece importarle, y tampoco parece ser capaz, de resolver este problema, que bien podría alargarse —con o sin paro de labores— hasta el mes de marzo del siguiente año.

¿PANORAMA DIFÍCIL?

Por cierto, ¿qué tan mal se ve el panorama para el próximo año? Eso es lo que parece. Y si no, veamos: la UABJO convino con el gobierno estatal, realizar su elección en marzo, y no en mayo, como debiera ser. ¿Quieren evitar que la efervescencia electoral de la Universidad, se cruce con la elección presidencial? ¿O será que tienen miedo de que los demonios se suelten en cualquier momento? Son preguntas.