+ ¿Qué alternativa dan quienes votaron en contra?

Hoy que reinicia el ciclo escolar, también iniciarán las acciones magisteriales en contra de la reforma educativa, que también a partir de ahora comenzará a ser discutida en los Congresos Estatales hasta finalmente ser aprobada por la mitad más uno de las entidades federativas, sancionada por el Presidente, y publicada en el Diario Oficial de la Federación. En Oaxaca ya hay visos claros de la postura que tomará el grupo gobernante respecto a la reforma. Sin embargo, aún así aquí no habrá paz, ni acuerdos, ni posibilidad alguna de que los profesores no hagan víctimas a alumnos y ciudadanía oaxaqueños, de los efectos de esa lucha en contra de la modificación al artículo 3°, que de antemano parece perdida.

En efecto, este fin de semana la CNTE anunció que alista la realización de marchas, foros regionales y un congreso nacional de enseñanza con la participación de especialistas como parte del plan de acción que llevarán a cabo en protesta por las  reformas educativa y laboral.

De acuerdo con lo que publicaba ayer el diario Reforma, de la Ciudad de México, la organización magisterial iniciará el año con protestas en diversos puntos de la República y en abril, realizaría un Congreso Nacional en el que participarán especialistas para analizar el impacto de la reforma educativa. En el fondo, la CNTE no oculta que su principal preocupación —y obviamente, también su principal bandera de lucha— radica en el hecho de que las dos reformas, la educativa y la laboral, representan para ellos un “proceso privatizador de la educación” que, dicen, impacta a los docentes y no en las aulas mientras no se cambie la política.

Por esa razón, las secciones sindicales del magisterio que pertenecen a la Coordinadora Nacional anunciaron que en las semanas próximas continuarán delineando qué protestas realizarán para manifestar su rechazo a las modificaciones legislativas. Prevén que las movilizaciones se lleven a cabo durante todo el año en las diversas entidades del País, aunque el organismo acordó que la decisión de cuándo se realizarán la tomarán en consenso con los maestros.

Ante tal situación, ¿queda alguna duda de que Oaxaca será punta de lanza en todas esas protestas; y que en cualquier objetivo que se tracen para conseguir, tanto en la entidad como en la capital de la República, lo primero que decidirán será parar actividades docentes en la entidad, para ir a protestar con marchas, plantones y todas las acciones de lucha que son bien conocidas en su sindicato?

Nosotros de antemano podemos prever el resultado tanto de la consulta como de las definiciones de la CNTE: buscarán, con toda su fuerza, presionar en los estados en que tienen presencia, y en la Ciudad de México, para que se frene la reforma educativa (que aún se encuentra en el proceso legislativo previsto por la Constitución), y para que se derogue la reforma laboral que fue aprobada en diciembre del año pasado.

En algunas entidades federativas, como Guerrero, en la que la CNTE tiene una presencia importante, similar a la de Oaxaca, los partidos y el gobierno han tenido posiciones poco obsequiosas y, al contrario, bastante cargadas de cuestionamientos, en contra de las formas de lucha de la disidencia magisterial de la CNTE, y de los vicios que han anidado en los años en que han tenido el control de importantes grupos de maestros.

Sin embargo, en Oaxaca la ruta que tomará el grupo y los partidos gobernantes es clara y terminante: apoyarán casi incondicionalmente a los profesores de la Sección 22 y de la Coordinadora, aunque eso implique cuestionar el sentido de la reforma constitucional y, lo que es verdaderamente grave, convalidar las formas de lucha del magisterio y los fines (de que nada cambie y su poder hegemónico continúe intacto) que pretenden con las jornadas de lucha que se preparan.

VISOS DE RECHAZO

Quizá el gobierno estatal pretenda conseguir que, a cambio del apoyo que dará a la Sección 22 con sus planes de resistencia contra la reforma educativa, el magisterio oaxaqueño no cuestione o se enfrente con la administración estatal, no paralice la capital oaxaqueña con sus movilizaciones, o no abandone las aulas masivamente. Lamentablemente, ni aún luchando codo a codo con los profesores democráticos, el gobierno podrá conseguir que los maestros oaxaqueños hagan algo, o eviten algo, por mera conveniencia o por profesar un “buen trato” a la ciudadanía o al gobierno.

La ruta está perfectamente trazada. Muestra de ello fue la votación de la bancada oaxaqueña en San Lázaro frente a la reforma educativa: las bancadas de PRI y PAN, que juntas son de apenas cinco diputados federales, votaron a favor en lo general y particular. Pero en las bancadas del PRD y Movimiento Ciudadano, éste fue el resultado: Carol Antonio Altamirano, Mario Rafael Méndez Martínez, Eva Diego y Gloria Bautista se abstuvieron en lo general, y se ausentaron o votaron en contra en lo particular.

Delfina Guzmán, Angélica Melchor, Hugo Jarquín y Roberto López Rosado votaron en contra todos los términos de la reforma. Y sólo Rosendo Serrano votó a favor de la reforma. En la bancada de MC la votación fue también poco afortunada para la reforma: Aida Valencia y Juan Luis Martínez votaron todo en contra; José Soto a favor en lo general, pero en contra todos los puntos particulares. Y sólo Rosa Elia Romero Guzmán votó a favor de la reforma.

¿Qué significa todo esto? Que el grupo gobernante estableció que su postura es en contra de la reforma. Y que tantos votos en contra, o abstenciones, no son sino el reflejo de esa postura, que luego se verá reforzada en el Congreso local, cuando le toque decidir su voto en contra o a favor de la reforma al artículo 3° constitucional.

¿El PAN oaxaqueño votará en contra una reforma que su misma bancada en San Lázaro votó a favor? ¿Qué alternativas ven los perredistas, petistas y del MC, respecto a su feroz postura en contra de la reforma? ¿Les importa la educación? Pero aún con todo, no podrán frenar la ira magisterial ni los daños a los oaxaqueños.

AMBICIONES RELOADED

Dicen que en el piñatazo de las delegaciones federales ya hacen fila, por recomendación escrita del ex gobernador Ulises Ruiz, Antonio Amaro Cancino, Paulo Tapia, David Mayrén, Soledad Quintana y Tita Vielma. Quieren, en ese orden, Sedesol, CDI, SCT, y para las damas, lo que caiga. De nuevo, los socios y las amigas. Si en su voracidad se les hace, suerte les habrá dado Dios que, de nuevo, el saber nada importa…

+ Es la burocracia cara, mórbida e inoperante

Según los diputados de la LXI Legislatura, la reforma constitucional que aprobaron en abril de 2011 daba a Oaxaca un marco democrático de gran calado, al establecer nuevos mecanismos de control e instituciones que controlaran y equilibraran el poder de mejor modo. Ese, que fue su principal argumento, hoy se encuentra totalmente desarmado ante la pesadez, onerosidad e inoperancia de cada uno de esos órganos. Con ello, la “reforma histórica” no ha sido sino un mero maniqueísmo, que en realidad espera mejores tiempos para ser algo más que una pose.

En efecto, hoy tanto el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información son todo, menos posibles ejemplos de lo que debieran ser los órganos autónomos. Los diputados les profirieron golpes tan bajos a las instituciones democráticas que establece la Constitución, que no obstante su alto costo —económico, social, político— para los oaxaqueños, las dejaron postradas y, deliberadamente, las hicieron casi invisibles. Veamos si no.

En primer término, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), el Poder Legislativo le asignó un presupuesto de 332 millones 617 mil 597 pesos con 97 centavos, que son tanto para su funcionamiento ordinario, como para la organización del proceso electoral intermedio que se llevará a cabo este año en Oaxaca. ¿Esta suma millonaria, sin embargo, es producto del cálculo, de la concesión graciosa, o de la evaluación de los resultados de ese organismo?

Posiblemente sea consecuencia del cálculo numérico como también de la concesión graciosa. Porque si se trata de hablar de operatividad y de eficacia en la resolución de problemas, lo cierto es que el IEEPC está lejos de tener el nivel que debiera esperarse para una institución de avanzada. La “gran reforma” que, en dos vertientes, le hicieron los diputados hace casi dos años al Instituto, sirvió estrictamente para nada.

Fue así porque, en la primera de las vertientes, la reintegración del órgano no fue ejemplo de democracia y de inclusión sino un mero reparto de botín entre grupos de poder y partidos políticos. Por eso, con su integración actual, el IEEPC ha provocado y profundizado más problemas de los que ha resuelto. Por eso mismo, el IEEPC es un órgano sin visibilidad, sin liderazgo, que no es referencia o autoridad ni siquiera en los asuntos que son de su estricta incumbencia.

Y además, porque si de “participación ciudadana” se trata, ésta es tan inaccesible e inalcanzable para los ciudadanos, que la nueva denominación consecuencia de la supuesta “gran reforma”, no es sino un ardid para engañar a quienes no conocen la ley, y para justificar la pose de quienes, con eso, pretenden decir que “Oaxaca avanzó” —como si ello ocurriera en automático— con una “reforma histórica”.

ÓRGANOS SEPULTADOS

Algo similar ocurre con la Comisión de Transparencia y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ambos órganos, que cuestan asimismo sumas millonarias al presupuesto estatal, y que se valen de una burocracia abultada, inmóvil y cargada de cuestionamientos, hoy tienen más sombras que luces respecto a su funcionamiento y a la justificación de que con su reconfeccionamiento Oaxaca avanzó en cuanto a su democracia, en cuanto a los equilibrios en la contención del poder y en lo referente a la respuesta a los ciudadanos.

Los montos de sus respectivos presupuestos, reflejan a organismos que son a todas luces onerosos. En ese sentido, información oficial establece que la LXI Legislatura del Estado aprobó una partida presupuestal de 41 millones 41 mil pesos para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que preside Arturo Peimbert Calvo; y que a la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, —que preside un individuo de nombre Esteban López José, que carga con el cuestionamiento de origen por sus ligas partidistas con el PAN, y cuyo único mérito es ser esposo de una ex diputada federal de ese partido— le fue autorizado un presupuesto de 33 millones 357 mil 187 pesos con 21 centavos.

De nuevo: ¿esos montos son reflejo de eficacia o, cuando menos, de cierta presunción de que esa inversión tendrá como resultado una mejor defensa de los derechos humanos para toda la ciudadanía, o una mejor transparencia y tutela del derecho a saber de los oaxaqueños? Lo cierto es que, en el caso de la Comisión, no hay indicios de que eso ocurra, como tampoco existen resultados tangibles en el caso de la Defensoría de los Derechos Humanos.

La integración de uno y otro órgano, son sendas desgracias. Esto es así en el caso de la Defensoría, porque su titular es un individuo sin legitimidad y sin ascendencia en el ámbito de la auténtica defensa de las garantías fundamentales (quizá en el activismo sí tenga cierta estatura, gracias a sus “socios” de lucha social como el Padre Uvi o el diputado Flavio Sosa), que ha demostrado una actuación obtusa y sectaria, y que sólo ha procurado el descrédito y el cuestionamiento a una Defensoría, que en realidad necesitaba legitimidad y credibilidad frente a la ciudadanía.

Algo similar ocurre con la Comisión de Transparencia. La integración de éste órgano fue una demostración del feroz partidismo que se vive en la endeble democracia oaxaqueña, y de la colocación de un conjunto de individuos que reflejan sus respectivos sellos y cuotas partidistas, pero no de verdaderos expertos en la materia, que pudieran dar certeza de que por lo menos su actuación será más eficiente y puntual que los antiguos integrantes de ese órgano.

Al final el resultado es lamentable. Los órganos que debían ser de avanzada, hoy representan una carga enorme para el Estado, que además no se compensa con actuación. Pareciera —y existen indicios de sobra para suponerlo con fundamentos— que la intención de la LXI Legislatura fue la de crear instituciones aparentemente fuertes, pero con integraciones excepcionalmente débiles. Esto cancela toda trascendencia histórica de la gran reforma. Y sólo nos deja una carga pesadísima de la que quién sabe cuándo podamos librarnos los oaxaqueños.

CONDOLENCIAS

El autor de este espacio envía abrazos solidarios a sus amigos Rebeca Romero Pérez y Martín Mathus Alonso, por la sensible pérdida de sus respectivas madres. Descansen en paz doña Guadalupe Pérez Limón y doña Alicia Alonso viuda de Mathus. Respetuosamente.

+ Gobierno fuerte y un Congreso congruente

El nuevo año comienza con una agenda pública cargada de temas trascendentales para Oaxaca. En 2013 la administración del gobernador Gabino Cué llegará a su primera mitad; y éste será también el año en que se renueve el Congreso del Estado. Esos dos temas son, además, el preámbulo de una serie de cuestiones que deben dejar de ser pendientes para esos dos poderes, y abordarse con la seriedad y prontitud que cada uno de esos asuntos requiere.

En efecto, a simple vista se puede apreciar que los dos poderes del Estado integrados por la voluntad popular, tienen problemas importantes para asumir los compromisos que la misma ciudadanía les confirió. Esa es la causa aparente de que en Oaxaca no haya un Poder Ejecutivo lo suficientemente fuerte como para asumir y ejercer el poder que ostenta, y también para que el Poder Legislativo esté supeditado como nunca a una discrecionalidad que ahoga su legitimidad, y las decisiones que toma de espaldas a la ciudadanía.

El primero de los temas es evidente. Si 2013 debe consolidar algo, eso debe ser la fortaleza de la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Ha sido claro el hecho de que la alianza de partidos, ha sido un factor que lejos de facilitar, más bien obstaculiza el ejercicio del poder y las atribuciones del Ejecutivo del Estado. Es claro que no se le puede dar gusto a todos. Pero menos puede hacerse, cuando las decisiones de gobierno quedan supeditadas a las agendas de partido, de facción política, de tribu o de camarillas. Si algo debe asumir el gobierno estatal, es que no puede seguir siendo rehén de la integración “plural” de la administración estatal.

Y es que, en los hechos, es claramente visible que esa supuesta pluralidad en la integración del gabinete de gobierno, fue entendida sólo como la entrega de patentes de corso para la utilización del poder público al servicio de intereses particulares, y no como la transmisión de una responsabilidad de Estado a los partidos y grupos que integraron la alianza. El resultado de todo esto, es un gobernante que tiene un margen acotado de acción (algo que es hasta pernicioso para el poder), y un gabinete discordante, inoperante y contradictorio en sus políticas, intereses y decisiones.

Eso debe terminar. Porque la pluralidad en la integración y ejercicio del poder público, debe en realidad entenderse como una forma de enriquecer los proyectos y ejes de trabajo que fueron previamente delineados, a través de las distintas visiones, y no como una forma de tener meros cheques en blanco a partir de los cuales todos hagan a discreción lo que más le conviene a su partido o grupo, y no lo que necesita el Estado, la ciudadanía o los problemas que son comunes a todos.

Además, esa falsa idea de la pluralidad debe terminar, porque el Poder Ejecutivo no puede seguir estando sujeto a “frenos y contrapesos” fácticos (los de los integrantes de la alianza), que en muchos casos rebasan los medios de control establecidos en la Constitución, y que sujetan las decisiones públicas (las que nos benefician o perjudican a todos) a la satisfacción de intereses particulares o de agendas partidistas.

Al final de cuentas, en el Ejecutivo el control del poder debe ser constitucional y a favor de todos, y no estar supeditado a lo que ambicionan un puñado de hombres y mujeres que ven como un botín a la alianza y al poder público, y no como la herramienta para resolver los problemas del Estado.

Los ajustes en el gabinete son indispensables, pero deben servir para que el gobernante tome el control —y la responsabilidad plena— del poder que tiene bajo su conducción, y no solamente para reconfigurar el reparto de espacios y cuotas, como si el gobierno no fuera un todo, y más bien estuviera conformado por islas que, de forma independiente, quedan bajo la potestad discrecionalidad de hombres y mujeres que quieren ver por ellos, pero que no están dispuestos a asumir las responsabilidades que traen aparejadas los cargos públicos.

PODER LEGISLATIVO

Sea cual sea la nueva integración del Poder Legislativo, una vez que se lleven a cabo los comicios intermedios, lo único deseable es que la LXII Legislatura no sea una reedición de la Legislatura que está a punto de terminar. El Congreso ha sido el colmo de males de nuestra democracia local, porque de manera implacable demostró que el fin del poder vertical y las mayorías aplastantes de una sola bancada, no sólo no marcaron el final de las prácticas mañosas y los vicios políticos entre los diputados, sino que los incrementaron y los potenciaron a niveles alarmantes.

Hoy los diputados oaxaqueños representan más que nunca una partidocracia que demuestra su más avanzado estado de descomposición. Si de por sí la hegemonía partidista es dañina para la democracia (porque sólo traslada el poder avasallador y corrupto de un solo hombre, a un puñado de ellos, sin eliminar sus vicios), la que se practica en Oaxaca es aún peor porque los diputados se han convertido en expertos simuladores y en hábiles negociantes de la ley y los beneficios que puede traerles la venta —literal— de la voluntad popular que los ciudadanos depositaron en ellos.

Y es que antes se criticaba que las decisiones que tomaba el Legislativo se dictaban desde el Palacio de Gobierno. Hoy es aún peor, porque las decisiones que toma el Congreso están determinadas por las transacciones que se pagan con dinero público (para beneficiar al gobernante o a un actor o partido en específico), o en las concertacesiones, tipo aquelarre, en las que entre ellos reparten el poder, a discreción, sin tomar en consideración la voluntad de la sociedad, el bienestar del Estado o las necesidades que tiene la democracia y la vida pública de Oaxaca.

Por eso el Poder Legislativo no puede mantener ese doble ritmo de descomposición y de descaro. Las peores decisiones han sido tomadas a la vista de todos. Y los diputados han aprovechado que por el momento la ley no les exige que rindan cuentas, y la ciudadanía no ha hallado el modo de reprenderlos por poner a remate la voluntad popular y las atribuciones que la Constitución les confiere como diputados.

¿BUENOS DESEOS?

Este no es un asunto de buenos deseos, sino de firmeza, congruencia y determinación de nosotros los ciudadanos, y también de quienes detentan el poder. Parece mucho pedir. Pero es aún peor que perdamos la noción de que así debería ser, y simplemente veamos con resignación que los peores vicios se anidan y se reproducen libremente en los asuntos públicos. Ya no debe ser así.

+ 2012 ¿podría ser fin de otra era, como 1492?

Si efectivamente el mundo se hubiera acabado, hoy tendría que ser el primero de nuestra “no-existencia” como humanidad, y también de la “no-existencia” de nuestro mundo como tal. Esa posibilidad tan fatalista del fin de nuestra existencia, que en realidad era tan remota como lo han sido todos los anteriores presagios, en realidad engloba muchos imperativos más de los que hoy imaginamos. Nosotros, como humanidad, tenemos grandes retos y, más bien, y no por una predicción, tenemos asimismo en nuestras manos la posibilidad de poner fin no al mundo, sino a una era, y dar inicio a otra, mejor de la que tenemos actualmente.

En efecto, desde hace algún tiempo se dice que los mayas habían visualizado el fin de los tiempos, justamente en la fecha del día de ayer. Los fatalistas y los conspiracionistas de siempre, luego dijeron que ese sería el castigo para la humanidad por los excesos que se habían cometido en los últimos tiempos, y que el fin del mundo habría de ser algo así como un restablecimiento de los equilibrios naturales para que de nuevo la vida volviera a florecer pero ya sin los vicios de los que nos habíamos hecho protagonistas los seres humanos.

Hace apenas unos meses —para apaciguar ciertos ánimos que ya comenzaban a exaltarse— la teoría del fin del mundo “cambió”, y se dijo que la predicción de los mayas más bien tenía que ver con el fin de un periodo a partir del cual ellos contaban el tiempo, pero que esto no significaba el fin del mundo de forma necesaria. Y finalmente, la fecha llegó sin que nada se acabara, y menos las cuestiones que, a nivel global, nacional, regional, local y hasta familiar y personalmente, sí debían comenzar a cambiar con cualquier presagio del final de los tiempos.

El mundo no se acabó. Pero eso no fue lo grave; pues lo realmente lamentable es que eso haya sido sólo pretexto para el amarillismo, pero no ocasión para una reflexión sobre lo que somos, y debemos dejar de ser —o cuando menos pensar en “evolucionar”— como parte de esta sociedad mundial llamada humanidad. ¿De qué hablamos?

De que hoy el mundo vive momentos complejos por la situación aparente de democracia y revolución que viven muchas naciones, pero las desigualdades tan terribles que también existen en el mundo. Son los tiempos de los mayores adelantos tecnológicos de la humanidad, pero es también momento de las más terribles enfermedades; los caudales económicos de las naciones son inmensos, pero aún así es imposible cerrar las brechas existentes entre quienes tienen más dinero del que imaginan, y aquellas que tienen que no tienen ni siquiera lo indispensable para sobrevivir.

Vivimos también en los tiempos en los que las libertades de las personas se encuentran soportadas por la fuerza de las armas, del terror, de la violencia y, en el peor de los casos, por las injusticias y las mayores atrocidades de que se tenga memoria. Vivimos, pues, en un mundo de apariencias en el que no existe la menor posibilidad de que, a la distancia, pueda ser visto como algo envidiable para las generaciones siguientes, e incluso —si hubiesen tenido posibilidad de verlo, en algo así como una bola de cristal— tampoco para quienes vivieron en el pasado y pudieran envidiarnos las comunicaciones o los adelantos tecnológicos.

EL OTRO FIN DEL MUNDO

El historiador inglés Felipe Fernández Armesto, en su libro “1492, El Nacimiento de la Modernidad” hace una reflexión que hoy, en este primer día después del supuesto fin del mundo, debiera ser obligatoria para todos, a todos los niveles. A nivel de naciones, dice que “los perfiles del dibujo actual son bastante llamativos. Vivimos en un mundo de explosión demográfica. La hegemonía occidental modela el mundo, junto con las intercomunicaciones planetarias y una interdependencia económica global cada vez mayor. Otros rasgos que es posible que todos percibamos son la pluralidad cultural y las tensiones que genera, la rivalidad religiosa y los valores seculares (con la consiguiente incertidumbre intelectual), las guerras culturales que amenazan con convertirse en “choques de civilizaciones”, la renovación tecnológica acelerada, la sobreabundancia de información, la urbanización frenética. El consumo desorbitado, las diferencias de riqueza cada vez mayores, las prioridades médicas eficaces pero carísimas, y la angustia ecológica”.

Todo esto, dice Fernández Armesto, impacta en la vida de las personas, y dice que vivimos en “una generación distanciada de sus padres” que “cría a sus hijos para que sean sus amigos. Los periodos de exceso de planificación social y económica se intercalan con épocas de desregulación descabellada”. Por eso, dice, parece que vamos encaminados hacia un auténtico fin del mundo. ¿Por qué? Porque hoy son insostenibles todas esas condiciones feroces, que para nosotros son habituales. Incluso, porque a nivel histórico pareciera que vivimos en un momento de mayores contrastes que nunca.

Sin embargo, también queda claro que este momento de la historia de la humanidad no ha sido tan determinante como para suponer que el mundo se va a acabar, y tampoco para creer que la humanidad pondrá fin a una época de la historia para dar el paso a la siguiente. Más allá de la euforia, es visible que ninguna de las condiciones actuales que determina a la humanidad, ha podido cambiar tanto como para creer que 2012 será parteaguas de algo más que lo que vemos. Para desgracia nuestra, el tiempo y las condiciones que vivimos parecen tan determinadas por la inercia, que no parece existir posibilidad alguna de que veamos grandes cambios que, con el paso del tiempo, permitan suponer que los mayas tenían razón en sus predicciones, porque a partir del 21 de diciembre de 2012 el mundo es otro.

2012 NO ES 1492

Fernández Armesto demuestra que 1492 sí fue un año que marcó el cambio de época en la humanidad, no sólo por el descubrimiento de América. Dice que ese mismo año ocurrieron sucesos tan extraordinarios como la invención del primer globo terráqueo en Núremberg, la extinción del islam en Europa Occidental, la expulsión de los judíos de España, la muerte de Lorenzo de Médicis en Italia, y grandes acontecimientos en Asia y África. Dice que “profetas, adivinos y astrólogos auguraron que el mundo terminaría ese año. Tenían razón. Su mundo acabó, y comenzó el nuestro”, el de la Modernidad. ¿Estamos ante otro momento así de determinante? No nos hagamos muchas ilusiones. Lamentablemente, no parece ser así.

+ Cambio constitucional une discordancias

El primer gran tema de la agencia nacional para 2013 será la reforma educativa que plantea el presidente Enrique Peña Nieto. Los primeros escarceos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre la propuesta, ha demostrado que esta administración sí tiene claro que los cambios deben ser justo ahora, porque este —el inicio de la gestión— será el mejor momento para lograr que la legitimidad presidencial aplaste las resistencias del magisterio, a través de la sola inercia de las legitimidades.

En efecto, la Cámara de Diputados el miércoles aprobó en lo general la propuesta de reforma al artículo tercero de la Constitución de la República, para crear un servicio profesional docente que, entre otras cosas, obligará a todos los maestros a evaluarse y presentar exámenes para obtener cargos con funciones directivas y de supervisión en los ámbitos de educación básica y media superior.

El dictamen fue aprobado pese a la oposición del partido Nueva Alianza —ligado al Sindicato magisterial, y liderado formalmente por la maestra Elba Esther Gordillo Morales—. Y el pleno de San Lázaro también avaló que la permanencia de todos los maestros en ese servicio profesional se sujete a que cumplan con los criterios de evaluación que fije la ley reglamentaria de esta reforma. Dicha ley será expedida en los próximos seis meses. En este sentido, los opositores principales de la propuesta de reforma educativa del presidente Peña Nieto, lo único que lograron conseguir fue que en la redacción del artículo tercero se estableciera una leyenda que precisará que se respetarán los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

No obstante, la tendencia que sigue esta reforma es la de consolidar, en el corto plazo, una reforma que frene la preponderancia del Sindicato magisterial en las decisiones relacionadas de la educación en todos los rincones del país. Y seguramente por esto, comenzamos ya a ver claramente las reacciones, ahora sorprendentemente coincidentes, entre puros y conversos dentro del sindicato de maestros. El SNTE de Elba Esther Gordillo, y sus opositores históricos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora intentan ir juntos a tratar de frenar —con discursos relacionados con las cúpulas y la defensa de los intereses sindicales de los maestros—, una reforma que en realidad va enfilada como pocas a convertirse en ley suprema en los próximos meses.

En este sentido, la profesora ha rechazado de forma manifiesta la parte de la reforma educativa que, asegura, pretende determinar la permanencia de los maestros al frente de sus aulas con base en la evaluación de los docentes. “No permitiremos que se lesione en lo más mínimo la dignidad de ningún maestro”, pues la reforma, dijo, amenaza al magisterio. “El proceso de la enseñanza es más complejo y es responsabilidad de todos”, señaló.

En un sentido particularmente coincidente con el de la profesora Gordillo, la dirigencia de la Sección 22 ha asegurado que a nivel nacional agendarán las actividades de manifestación en contra de la Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto, a la que han catalogado como un acuerdo de una cúpula política.

En ese sentido, y contrario a toda la lógica tradicional de lucha del magisterio democrático, el Congreso Nacional en Morelia tiene como objetivo convocar —ojo— a la unidad de los sectores que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el objetivo de ir en un solo frente contra la pretensión del gobierno federal. Sobre la iniciativa presidencial, han señalado que esta propuesta que se analiza en la Cámara de Senadores es un pacto entre la cúpula del poder, donde no consideraron las necesidades de los profesores, ni las condiciones de las entidades, debido a eso, marcan su rechazo, e indicó que va en contra de las leyes de la entidad y de este gremio.

JUNTOS VS LA LEGITIMIDAD

Si hay un gremio desacreditado en México, ese es el sindicato magisterial. Su descrédito surge del hecho de que ha sido un sindicato corporativo, al servicio primero de un partido político, y ahora al servicio de sus propios intereses políticos. Es, además, un gremio en el que se ha hecho valer la fuerza de la forma más vil, con tal de arrinconar a los gobiernos débiles a los que ha enfrentado, y también con el objetivo de mantener a flote sus propios intereses económicos y laborales. El SNTE no ha descansado, ni ha tenido miramientos, con los daños que causa a la educación y al país por la manutención del costoso esquema de lujos y privilegios que tienen sus trabajadores agremiados.

En el caso de la Coordinadora Nacional el panorama es aún peor. La CNTE nació siendo una disidencia a la dirigencia nacional del magisterio, pero a lo largo del tiempo no ha hecho otra cosa que abrir espacios paralelos de pugna, chantaje y negociación con las entidades federativas en las que tienen presencia, para absorber todos los beneficios que tiene el magisterio en el ámbito nacional, y para pedir otras independientes de lo que han conseguido sus criticados.

Ese es el bloque que pretende luchar contra el presidente Peña Nieto por la reforma educativa. Y no. No se trata de que unos sean los “malos” y el otro sea el supuesto “bueno”, sino más bien del momento en que todo ocurre, y de las legitimidades que se enfrentan en esta lucha. El gobierno federal ha entendido con toda claridad que éste es el momento en el que debe llevar a cabo sus reformas más importantes, porque su desgaste ante la opinión pública es aún escaso, y porque en este momento el nuevo gobierno tiene a todos los partidos unidos en torno a proyectos específicos como la reforma educativa.

La lucha es claramente desigual. Pues se enfrentará un gremio que tiene una larga historia de descréditos y luchas impresentables ante la ciudadanía, contra un gobierno que hoy por hoy tiene todos los hilos del poder en México, y que según parece habrá de usarlos mientras estén a su alcance.

¿ALIADOS O UTILIZADOS?

Ahora puede resultar hasta lo impensable, y seguro que esto tiene mucho de cierto: la SNTE de la profesora Gordillo utilizará como fuerza de choque a sus adversarios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Irán juntos, deponiendo sus supuestas convicciones y sirviéndose unos a otros. Insólitamente, vemos cómo esos extremos se unen en torno a una causa que, además, no es ni justa ni clara a favor de la nación, sino a sus intereses.

+ Juntos repartieron recursos, pero hoy se pelean

No es un interés o preocupación genuina la que hoy mueve al Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas, Urbanas, Pesqueras y de Transporte (FOSCUPT) al exigir la renuncia de Salomón Jara Cruz como secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa). Más bien, lo que ocurre es el fin de una alianza de que uno y otros salieron inicialmente beneficiados, pero que con el paso del tiempo se fue diluyendo ante los intereses y la voracidad de quien hasta hoy ha sido el funcionario inamovible del campo oaxaqueño.

En efecto, el FOSCUPT se creó al calor de la alternancia de partidos en el Gobierno del Estado, y nació bajo la promesa de que el aglutinamiento de la mayor cantidad posible de organizaciones sociales, les traería a todas mayores beneficios y fuerza suficiente para poder negociar directamente con el gobierno estatal. Si esa era la mano social que sí se veía, la que hasta entonces estaba oculta era la del intento de engatusamiento partidista a favor de la causa del entonces funcionario estatal, y aspirante al proyecto transexenal por el grupo gobernante, Benjamín Robles Montoya.

Quizá fue por eso que la fuerza real que tuvo el FOSCUPT fue sólo al inicio de sus gestiones. Pues a los pocos meses de haber aparecido como Frente de Organizaciones (que incluso intentó colonizar a muchas de las organizaciones identificadas con el PRI, que ante el cambio de gobierno y de partido en el poder se quedaron en la orfandad), se revelaron las prácticas reales de los dos dirigentes reales de ese movimiento.

Por un lado, Jesús Romero López y Karina Barón Ortiz, a través de sus respectivas organizaciones, acapararon la gran mayoría de los recursos gestionados ante dependencias como Sedapfa, utilizando la fuerza de todas las organizaciones que se habían adherido, pero haciendo un reparto discrecional y desequilibrado de los recursos obtenidos (pues sus organizaciones habían obtenido recursos millonarios, pero las demás recibieron menos beneficios incluso que cuando negociaron solas con el actual gobierno, y con la administración ulisista).

Y si eso era grave, las maniobras políticas del FOSCUPT eran aún peores. No pasó mucho tiempo para que, a finales de 2011, comenzara a presionar a sus organizaciones adheridas, para que en contubernio con dependencias como la Sedafpa de Salomón Jara Cruz, se pronunciaran a favor de las aspiraciones políticas de Robles Montoya, y le organizaran eventos y le prometieran votos para su candidatura. La maniobra que intentaban, buscaba intercambiar —y obviamente condicionar— el otorgamiento de recursos económicos de programas sociales del gobierno estatal, a cambio de que las organizaciones sociales apoyaran a Robles Montoya.

Eso provocó el debilitamiento del FOSCUPT. A la luz de muchos de sus integrantes, sus prácticas no sólo eran menos democráticas que en los tiempos del priismo y más acaparadoras, sino que también querían sacar provecho de la manipulación de los beneficios sociales a favor de Robles Montoya, y trataban también de aprovecharse de las ventajas que en ese momento tenían al interior de dependencias “aliadas” que tenían dispuestos el desvío de recursos millonarios —que originalmente para la atención de programas y organizaciones sociales— para fines partidistas.

EL FIN DE LA ALIANZA

En nuestra entrega del pasado 31 de agosto, dábamos cuenta de que la dependencia que encabeza Salomón Jara Cruz estaba haciendo todo lo posible por liquidar, para 2013, a la gran mayoría de las Agencias de Desarrollo Rural que habían trabajado exitosamente a lo largo de los últimos años en diversas regiones oaxaqueñas.

Decíamos que pretendía hacerlo aún cuando la gran mayoría de esas Agencias han sido reconocidas y evaluadas positivamente por la FAO, y que pretendía sustituirlas con otras encabezadas por sus aliados políticos, para que sirvan únicamente como justificación para drenar los recursos económicos federales destinados para el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), pero sin buscar verdaderamente un beneficio para los sectores sociales a los que PESA está destinado.

En ese sentido, decíamos entonces que la Sedapfa tiene la atribución de ejecutar los recursos económicos de ese programa, que sólo para la entidad oaxaqueña ascienden a más de 350 millones de pesos anuales; que cada Agencia de Desarrollo Rural tiene posibilidad de ejercer directamente recursos por un monto superior a los seis millones de pesos; y que ese monto global es el que fundamentalmente acaparó la Sedapfa, por medio de argucias no sólo para evadir los lineamientos federales del programa PESA, sino también para remover a auténticos despachos, para poner en su lugar agencias “pantalla” que sólo sirvan para operar recursos y generar beneficios económicos para funcionarios estatales con los cuales estaría coludido Jara Cruz para compartir ganancias. ¿Qué tiene que ver esto con el rompimiento entre el impresentable Salomón Jara con el FOSCUPT?

Casi nada: que en el caso de las Agencias de Desarrollo Rural, algunas de las que Jara intentaba liquidar, y que finalmente sí consiguió, eran las que pertenecían a las organizaciones sociales de los líderes de ese Frente de Organizaciones. Por eso, aunque al inicio habían sido aliados casi incondicionales, y a pesar de que Salomón Jara y el FOSCUPT lideraron los intentos por torcer abiertamente los presupuestos destinados a programas sociales y del campo para fines partidistas, finalmente los intentos de acaparamiento del FOSCUPT, y la voracidad de Jara, llegaron a un punto de rompimiento cuando ya no pudieron ser coincidentes.

DEMANDA AMAÑADA

FOSCUPT, al final, no está preocupado porque Salomón Jara esté obstaculizando los beneficios sociales de miles de familias oaxaqueñas, sino porque les cortó los recursos a las organizaciones de sus dirigentes. Y Jara está demostrando que sus ambiciones y su voracidad no tiene límites: en el intento de saciar sus intereses y sus afanes económicos, no le ha importado cultivar enemigos en todos los frentes posibles, y provocar alianzas sólo para ver materializada su salida del Gobierno del Estado. Ésta finalmente debe ocurrir por la inoperancia y por la postración del campo que ha provocado. Aunque estas peleas son sintomáticas de la descomposición y de los vicios de anida la “izquierda moderna” tanto del PRD —al que pertenecen Robles y Romero— como de Morena, y el ala perredista que aún controla Salomón Jara.

+ Solución conocida por todos, menos por autoridad

La educación en Oaxaca está inmersa en un doloroso círculo vicioso del que, al menos en el corto plazo, no tiene posibilidad de salir. Aún cuando en el ámbito federal se vislumbran posibilidades de cambio, lo cierto es que no existen para la entidad alternativas posibles a un problema añejo, complejo y plagado de chantajes, intereses y corrupción. A la vista de todos se encuentra una solución que parecería la idónea. Pero, asimismo, todo el mundo sabe que al menos en Oaxaca esa, la de la municipalización de la educación, es una solución imposible.

En efecto, en Oaxaca se ha discutido hasta el cansancio la propuesta de municipalización e la educación. Se ha dicho que es la alternativa que garantiza de modo más efectivo la correcta administración y vigilancia de los recursos económicos, humanos y materiales que el Estado dedica a la educación. Se ha dicho también que esa es la forma que da mayor certidumbre respecto a la cercanía entre profesor-padre de familia, y entre éstos y la autoridad reguladora, que es también la que funge como pagador de los servicios de los profesores, y que en este caso sería la autoridad municipal. Incluso, se entiende como razón natural que siendo relativamente pocos los centros educativos, y los maestros, habría un mejor control de ellos.

Todo eso, que suena muy bien, tuvo su mayor auge durante el conflicto magisterial y popular de 2006. Cuando el entonces gobernador Ulises Ruiz decidió dar un manotazo a la Sección 22, comenzó a tomar decisiones para desmantelar el poder que ésta tenía, comenzando justamente por eliminar al personal directivo que tenía el magisterio en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. A partir de eso, el gobierno estatal anunció que habría una reforma profunda al sistema educativo local. Y una de las propuestas —que fue de las más atendidas por la sociedad oaxaqueña aunque no había sido propuesta oficial— fue la de poner en manos de la autoridad municipal todo lo relativo a los asuntos magisteriales.

Esa propuesta fue aceptada con agrado por diversos sectores, menos por el magisterio democrático. Éste ha tenido claro que cualquier proceso de pulverización de la fuerza magisterial equivaldría a un desmantelamiento de su poderío y capacidad de organización. En particular, entienden que hoy el Gobierno del Estado aparece como un “adversario-patrón” perfectamente visible y ubicado. A partir de eso saben perfectamente con quién ir a negociar en un solo bloque. Y entienden que con un proceso de municipalización de la educación ese “patrón” se pulverizaría en por lo menos 570, con que cada sección municipal tendría que hacer sus propias jornadas de lucha para obtener sus beneficios particulares.

Todo esto, obviamente, hace inviable esta propuesta en lo material. La Sección 22 fue capaz de hacer todo durante 2006 con tal no sólo de obtener beneficios económicos, sino también de no perder su capacidad de organización y de disciplina entre sus agremiados. Esos dos elementos los logran hoy a la perfección, porque cuentan con una estructura dentro del organigrama magisterial, que va desde los estratos más bajos pero que llega hasta los espacios de dirección, en los que se ejerce el último eslabón, el más importante, del control. Por eso, es el mismo IEEPO, a través del personal que la 22 delega ahí, quien sanciona y coacciona de todos los modos posibles, a aquellos que incumplen con sus deberes sindicales o que intentan rebelarse a los dictados verticales de la Sección 22.

MUNICIPALIZACIÓN DE FACTO

Sin embargo, hoy vemos una municipalización clara, y hasta forzada, aunque no formal. Los maestros de la Sección 22 últimamente se han enfrentado a diversos problemas que antes no enfrentaban. Particularmente, la referencia es a los conflictos que han tenido con pobladores de diversos municipios, llegando hasta su punto máximo en el enfrentamiento que hace algunas semanas tuvieron con pobladores de la Villa de Mitla.

¿Qué ha pasado ahí? Que aunque las autoridades municipales no aparecen como “patrones” de los profesores democráticos, y tampoco los padres de familia tienen calidad específica para exigirles cuentas, en varias poblaciones ya ha habido reacciones francas de inconformidad respecto a la actuación de los profesores, e incluso ha habido condicionamientos respecto a su actividad, a sus decisiones y a su actividad sindical. En varios municipios, incluyendo la Villa de Mitla, han sido las propias autoridades, y la población, quienes han exigido a los profesores —bajo la pena de no permitirles el acceso a sus centros de trabajo—, que dejen de suspender labores, que no alteren la paz pública con sus acciones de protesta, e incluso que no involucren sus asuntos sindicales con los temas educativos que involucran a los niños, a sus padres y a la población en general.

Bajo esa misma figura, de la municipalización de facto, se encuentra también anclada la supervivencia de los centros educativos que aún mantiene en su poder la Sección 59. Cada una de las escuelas que están bajo la tutela de lo que antes del 2006 se conocía como Consejo Central de Lucha, tiene vida propia y legitimidad no gracias al Estado o al IEEPO o a la Sección 22, sino a la decidida colaboración de los padres de familia, que en cada una de las comunidades han respaldado a los profesores, a partir de que éstos no realizan actos de agitación, ni paros de labores, ni condicionan su trabajo al hecho de que los padres o las autoridades cumplan sus caprichos, no los cuestionen, o hagan lo que ellos quieren.

Lamentablemente, fuera de eso no existen más visos de la municipalización de la educación, y seguramente en Oaxaca tampoco los habrá en el corto plazo. No parece haber, hoy, poder o gobierno capaz de hacer frente a un conglomerado bien amalgamado como la Sección 22. Así seguirá todo, sólo hasta que los padres de familia dejen de permitir que la educación siga estando supeditada al sindicalismo y la voracidad del magisterio democrático.

AMPARO, DE CORTO PLAZO

El amparo ganado por los maestros oaxaqueños en contra de la Alianza por la Calidad en la Educación, dentro de poco quedará sin efectos cuando se concrete la reforma constitucional en materia educativa, y se haga obligatoria la evaluación para todos los educadores del país. Esta “victoria” de la Sección 22, por tanto, es efímera. No ha habido reforma social de tal calado como la educativa. Ahí no habrá ni amparos —ni protestas, ni resistencias— que puedan cancelar un dictado constitucional.

+ Alianzas, nulas si omiten gobierno de coalición

Una vez que está firme la nueva coalición de partidos para ir a los comicios intermedios de 2013, los integrantes de esa alianza deberían comenzar a tomar con seriedad el rumbo que están dando a sus supuestos “ejercicios democráticos”. El hecho de que las coaliciones se formen omitiendo la forma y las reglas de un posible “gobierno de coalición” genera tanta incertidumbre, problemas y desencanto, que al final lo que están haciendo es malgastar la credibilidad que tienen en aras del triunfo inmediato, sin considerar que con ello desgastarán de forma indeleble el ánimo de cambio que aún tiene la ciudadanía.

La coalición de partidos en Oaxaca, debía comenzar a mirarse en el panismo nacional que recientemente fue expulsado del poder por el mandato popular. Si vemos esta cuestión en una perspectiva amplia, podremos corroborar que el Partido Acción Nacional no sólo fue expulsado del poder por la incapacidad que demostró para dar respuesta a algunos de los más grandes males que tiene la nación, sino que, colateralmente a su derrota, el pueblo mexicano optó por reponer en el poder al partido (el PRI) que hace apenas doce años habían echado con la fuerza de los votos.

Ese parece el peor escenario para una alternancia. En doce años, el panismo ejerció el poder a plenitud, a tal grado que en ese lapso (corto para una nación) fue capaz de agraviar a los más importantes factores de poder, y a la misma población, que finalmente, en el desencanto, optaron por regresar a las formas seguras de gobierno que ofrecía el partido de siempre. Nadie sabe en realidad cómo será el gobierno ahora que el priismo está reinstalado en el poder presidencial. Pero lo cierto, para el panismo, es que fue derrotado por el exceso de soberbia, por el mal uso y entendimiento del poder, y por su incapacidad para plantear las alternativas sólidas que permitieran a la población tener satisfactores a sus problemas, y a ellos una permanencia más o menos estable en el poder.

Si lo vemos en perspectiva, ese es el mismo riesgo que corre la coalición de partidos en Oaxaca. Al igual que Vicente Fox en el año 2000, aquí la alianza de partidos ganó los comicios de 2010 con un amplísimo margen, y llegó al poder con un alto grado de legitimidad. Esa aceptación hacía imposible cualquier intento por argumentar el fraude o por tratar de tachar de ilegítimas las aspiraciones o intentos del grupo gobernante.

El problema es que Fox no tuvo la altura de miras para entender su momento y emprender una reforma de gran calado al poder y a la institucionalidad, que permitiera una auténtica transición democrática. Simplemente se dedicó a ejercer el poder, y a disfrutar de sus beneficios, sin tener claro que eso no sólo lo ubicaría en la misma zona de desgaste que los presidentes anteriores, y que sus costos personales serían aún mayores, porque de los anteriores ya se sabía que eran “malos” y “corruptos”; pero a él, que se le consideraba “bueno” y “honesto”, tendría que pagar el costo no sólo por sus excesos, sino también por provocar la desilusión de los muchos que creyeron en él, y sólo vieron un ejercicio de poder que no era sino un remedo de sus antecesores.

Algo así habrá de ocurrir si aquí en Oaxaca no se entiende que la auténtica reforma al poder es indispensable, y si, de entrada, siguen sin asumir que las coaliciones sirven para algo más que ganar elecciones, y que la victoria de largo plazo se logra sentando bases de gobierno distintas, y reformas, respecto a las tradicionales sobre las cuales se ha ejercido el poder.

COALICIÓN SIN PROGRAMA

El simplismo, puede llevar a los partidos que integran la coalición, y al gobierno que se benefició de ella, que hoy el poder se ejerce de forma distinta porque hubo ya una reforma constitucional, porque no hay mayorías abrumadoras en el Congreso, y porque se estableció una configuración distinta de la Administración Pública. Podrían decir eso, aunque lo cierto es que ni ellos podrían creer sus palabras. ¿Por qué?

Porque el gobierno vertical, en el que éste era ejercido por una sola persona en los tres poderes, pasamos a una nueva verticalidad en la que esa cúspide ahora ya no se encuentra ocupada por un individuo (El Gobernador del Estado), sino por éste, por los líderes de los grupos políticos aliados, y por las dirigencias de los partidos. Aunque sí, ahora las decisiones son colegiadas, éstas siguen siendo inexplicablemente —para el ambiente democrático en el que se supone que vivimos— asumidas como potestad de un grupo privilegiado en contra de otros que no tienen forma de permear, ni de hacer valer su visión de minorías o de exigentes democráticos frente al poder.

Por esa razón, en estos años de supuesto gobierno de coalición, hemos visto que la democracia unipersonal pasó simplemente a ser una “democracia colegiada”, en la que las decisiones siguen siendo tomadas de arriba hacia abajo, y en función de intereses específicos, y no del interés general que es el que se supone que debía ser salvaguardado con un gobierno de equilibrios por haber sido conformado por una coalición.

Todo esto ocurre porque la coalición es y sigue siendo entendida como una llave efectiva de acceso al poder. Sólo que el hecho de que las discordancias queden a salvo de la coalición (es decir, que no se tomen en cuenta ni se equilibren a través de esquemas específicos) provoca que en un solo gobierno haya expresiones diversas y contradictorias; que, asimismo, en una misma coalición haya gobiernos que no son coincidentes ni cercanos, y que incluso son contrastantes y distantes unos con otros. Un efecto más de eso, se aprecia en el hecho de que coaliciones como la oaxaqueña crean ínsulas y cotos de poder, y no espacios de equilibrio real más allá del reparto vil entre los partidos y fuerzas que la integran.

El costo será altísimo: de seguir así, pronto la ciudadanía traducirá su desencanto en votos. Y seguramente, eso abrirá la puerta a gobiernos priistas iguales o peores, que llevarán como única bandera el hecho de que decir que aún con sus ineficiencias y vicios, ellos no intentan engañar a los electores con promesas de cambio que no habrán de cumplir. Es cuestión de tiempo. ¿Apuestan?

A BENEFICIO…

Miguel Bosé cantó a beneficio del DIF Estatal. Pero sería digno reconocer que también, a beneficio de esa institución, quien pagó el concierto fue la burocracia oaxaqueña, a la que le endilgaron la responsabilidad, económica, de que ese monumento al esnobismo saliera a la perfección.

+ Todos ven la realidad, menos ellos y sus resistencias

La teoría clásica darwiniana sobre la selección natural establece que aquellos miembros de una población con características menos adaptadas, según lo determine su medio ambiente, morirán con mayor probabilidad; y que aquellos miembros con características mejor adaptadas, tendrán más posibilidades de sobrevivir. Si en la naturaleza ese proceso es eminentemente involuntario, en el caso de los procesos sociales existen posibilidades plenas de percibir y aprovechar los momentos determinantes para las adaptaciones. Sólo que si éstas no ocurren, las probabilidades de no sobrevivir son exactamente las mismas que en la selección natural. Esto es lo que le pasa a la Sección 22 del SNTE.

En efecto, tal parece que los ciclos naturales hoy comienzan a estar claramente en contra del movimiento democrático magisterial de Oaxaca. Hace 32 años, la lucha magisterial apareció violentamente como una respuesta a los permanentes intentos del Estado por mantener el control de su vida interna y de su democracia. Cuando eso ocurrió, en 1980, los profesores recibieron un amplísimo respaldo social, que con el paso del tiempo no se vio mermado, porque sus exigencias tenían cierta identidad con profundos anhelos sociales.

¿En qué se centraba, por lo menos en el terreno de lo argumentativo, la lucha de los profesores de la 22? Se centraba en una serie de postulados con los que la sociedad, en aquel momento, estaba irremediablemente identificada. Por ejemplo, dijeron inicialmente que buscaban una vida interna libre y democrática; que exigían que el gobierno no se involucrara en sus determinaciones. Ambas cuestiones no eran sino reflejo de la falta de democracia en las decisiones políticas del estado y del país, y del anhelo de la sociedad por luchar por procesos electorales independientes de las decisiones tomadas desde el poder para su conveniencia.

Luego, algunos años después, los profesores de la 22 establecieron que su lucha tenía que ver con la defensa de los intereses colectivos de sus agremiados, y que buscaban la justicia social que hasta entonces había sido negada por el gobierno. Obviamente, en aquel momento no había ciudadanos que no quisieran sentirse identificados con una causa que, según parecía, defendía lo justo y desafiaba al poder.

Incluso, los maestros tuvieron también el respaldo social cuando abiertamente aceptaron que su lucha sindical era también política, y que ésta tenía que ver con la finalidad de contribuir a que el PRI no ganara más elecciones. Hasta antes del año 2000, el anhelo de ver perder al PRI era tan profundo entre grandes porciones de la sociedad que, en muchos casos, para tratar de conseguirlo no distinguían ni los métodos ni las alianzas ni los costos. Por eso la Sección 22 también recibió el respaldo del pueblo de Oaxaca para esos objetivos, justificando aún el hecho de que para esas luchas se cerraran las escuelas, y se afectara gravemente la educación, la paz y la vía pública.

Ya en años recientes (en 2006, para ser específicos), los “democráticos” volvieron a recibir un amplísimo respaldo de la sociedad, cuando una de sus protestas fue reprimida por agentes del Gobierno del Estado. Cientos de miles de personas asumieron que la lucha social de los profesores era justa, y por eso diversos sectores de la población ayudaron a la profundización del conflicto magisterial, y respaldaron las demandas de desaparición de poderes y/o deposición del entonces gobernador Ulises Ruiz.

No obstante, ese fue el momento cúspide del respaldo social del magisterio. Después de 2006, grandes sectores de la población se vieron abandonados en los anhelos, cuando los profesores se conformaron con el arreglo económico que les ofreció el gobierno federal para terminar el conflicto, y luego, sin ningún pudor, hicieron del chantaje la forma abierta de conseguir sus objetivos. Los postulados de democracia, de sindicalismo, de defensa de intereses laborales, e incluso los anhelos partidistas y políticos, fueron intercambiados por el quebranto abierto a toda la colectividad, y por las amenazas constantes a todo aquel que no coincidiera incondicionalmente con sus afirmaciones e intereses.

EL COSTO DE LAS RESISTENCIAS

La 22, a pesar de los claros signos del agotamiento de sus principios y banderas tradicionales, se ha negado a cambiar. Conforme se han implementado los sucesivos planes de modernización educativa, los profesores oaxaqueños los han rechazado argumentando razones que van desde lo ideológico hasta las que caen en el rechazo abierto por vulnerar sus intereses particulares.

En ese camino, la soberbia los invadió, y por eso hoy asumen que toda la sociedad, el pueblo de Oaxaca, puede estar supeditado a sus intereses sin ninguna consecuencia. El problema es que hoy todas las condiciones parecen ponerse en su contra. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, todos los intereses nacionales en el sector están alineados en su contra; porque la sociedad ya no respalda una lucha que les ha traído tantos perjuicios; y porque cada vez menos personas ven con buenos ojos las resistencias obstinadas, e inútiles, de los profesores oaxaqueños, que sólo provocan daños pero que no reflejan los beneficios colectivos que según defiende el magisterio democrático.

De ahí que hoy su respaldo tenga una clara variación hacia el cuestionamiento; que la cercanía social que presumieron los profesores oaxaqueños desde sus primeros años de lucha, hoy esté pulverizado; que, por esa misma razón, el apoyo decidido que en otro momento tuvo por parte de la población, hoy se haya convertido en una afrenta, que en más de un caso se ha tornado violenta.

Y que, incluso, hoy los cuestionamientos que ellos mismos hicieron a los “espurios”, sean los que se les comienzan a regresar… y no porque los espurios sean castos y honestos, sino porque los mismos de la 22 han demostrado iguales o peores que sus contrapartes. ¿El resultado? Que hoy, por su falta de sensibilidad y adaptación, la Sección 22 comience a pasar por uno de sus peores momentos. Sus mismos aliados lo advierten y se lo señalan a gritos. Pero de eso hablaremos mañana.

¿DESACATO?

Es una obviedad que el Registro Civil afirme que “acatará” el fallo de la Suprema Corte sobre los matrimonios homoparentales. ¿A poco habría margen para que no lo hicieran? Quizá deberían hablar de qué planean frente a la contradicción entre la Corte y la Ley. ¿O su “progresismo” los llevará a sólo sentarse a esperar los amparos?