+ El gobierno cambia: ¿la sociedad también lo hará?

Se ha traído y llevado hasta el cansancio, la conminación o exigencia de que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo emprenda la fase superior de la alternancia de partidos en el poder: esto es, que siente las bases de una auténtica transición a la democracia. ¿Cómo lograrlo? Es lo que nos hemos preguntado en más de una ocasión, enumerando una serie de necesidades básicas tanto del andamiaje jurídico, como del sistema democrático, e incluso de la forma en cómo debería ejercerse, idealmente, la administración gubernamental. Sólo que, hasta ahora, en general, los oaxaqueños hemos desatendido —gravemente— una necesidad asimismo básica de toda transición democrática: ¿Qué haremos nosotros, los ciudadanos, para fomentar y estimular dicho proceso?

La pregunta no es menor. Porque, en general, la expectativa sobre el gobierno de Gabino Cué, así como su grado de legitimidad, hoy está en uno de sus puntos más elevados. El ahora Gobernador del Estado ganó los comicios con un amplio margen sobre todos sus oponentes. Y no sólo eso, sino que también importantes grupos de la ciudadanía se han volcado a su favor, o cuando menos le han manifestado su disposición a darle el beneficio de la duda sobre el proyecto político que encabeza.

Así, en función de ello, el Gobernante ha venido delineando una serie de reformas constitucionales y legales, disposiciones administrativas, y cambio de actitudes, a través de las cuales plantea iniciar ese proceso de transición que tanto ha prometido. Dispuso, desde el primer momento, una profunda reforma administrativa con la que pretende eficientar las labores administrativas del gobierno estatal; ha venido enviando al Congreso, una serie de reformas legales por medio de las cuales pretende edificar un entramado institucional dotado de mayor claridad, certeza en la rendición de cuentas, y cercano a la gente.

Sin embargo, en todo esto debe estar bien sabido algo: que cualquier reforma que emprenda el nuevo gobierno, no será ni la mejor ni la más acabada que necesita Oaxaca. Esto tiene un fundamento sencillo: las inercias de mucho tiempo no se pueden romper en un periodo tan corto de tiempo como un sexenio, así como tampoco se pueden modificar de un solo golpe todos los esquemas políticos que hasta ahora han prevalecido. Se puede hacer mucho impulsando todas esas reformas que sienten bases sobre un gobierno más democrático, y teniendo un grado importante de disciplina en cuanto al manejo de los recursos y la forma en cómo se ejerce el gobierno.

¿Qué queremos decir con esto? Que, evidentemente, nosotros, desde la sociedad, tenemos también ser parte de ese proceso. Hasta ahora, no sólo en Oaxaca sino en el país, a los ciudadanos se nos ha vendido la idea de que con el voto contribuimos a la democracia y a tener mejores gobiernos. Eso es cierto, aunque no por completo. ¿Por qué?

Porque a través del sufragio, los electores le damos certeza y legitimidad a los procesos electorales, y contribuimos a formar la decisión mayoritaria sobre el rumbo que queremos tanto para el gobierno, como para nuestros problemas sociales, económicos y políticos más trascendentales.

Pero ello de ninguna manera equivale a suponer que nuestra única responsabilidad con la democracia es la de votar, o que con ello se termina nuestro compromiso con el gobierno o la sociedad, y mucho menos a que después de salir de la casilla de votación, luego de haber emitido nuestro derecho al voto, se acaba nuestra responsabilidad o cuando menos la necesidad de estar interesado en lo que ocurre en el ámbito político.

Es evidente que aquí y en China, un solo régimen de gobierno no tiene la potestad, la permanencia o la fuerza suficiente como para hacer todos los cambios que se propone. Por ello, sin duda, los ciudadanos deberíamos jugar un papel más proactivo en cuanto a la democracia, siendo no sólo agentes pasivos, sino activos, de los cambios que todos queremos.

SOCIEDAD CON CONCIENCIA

En efecto, nosotros como sociedad también deberíamos tener más conciencia y compromiso con nuestra realidad. Están tan equivocados aquellos que creen que a partir del 1 de diciembre Oaxaca es un estado nuevo en el que las cosas pueden cambiar como por arte de magia, como aquellos que creen que su contribución a la democracia está hecha y acabada con el solo ir a votar. Mucho más errados, están todos los que suponen que el gobierno debe cambiar, pero todos los demás agentes sociales no. ¿A qué nos referimos?

A que nosotros los ciudadanos deberíamos ser más conscientes de que el gobierno por sí mismo no puede cambiar la realidad. Es decir, hablando con un sentido más práctico podríamos decir, por ejemplo, lo siguiente: ¿Si únicamente cambia o evoluciona el gobierno cambiará Oaxaca? La respuesta es no. ¿Y si el gobierno emprende una profunda modificación social, pero desatiende su relación con las organizaciones sociales, Oaxaca cambiará? Tampoco. ¿Y si cambian todos ellos, pero los partidos políticos se convierten en fuerzas retardatarias e intransigentes, algo evolucionará? Mucho menos. ¿Y si cambiaran todos, y los particulares no? De ninguna forma.

Tendríamos que referirnos con mayor particularidad al papel de la ciudadanía organizada en todas sus vertientes. ¿Cómo queremos que Oaxaca cambie, si todas las organizaciones sociales, gremiales o políticas, deciden continuar instalados en la política del chantaje, la dádiva o la coacción? ¿Cómo querer que ahora las formas políticas sean distintas, si en el ámbito partidista únicamente habrían intercambiado papeles los partidos que representan hoy y ayer al oficialismo y la oposición?

Los ciudadanos comunes y organizados debemos comprender que todo cambio debe ser integral, y que por tanto nadie se puede hacer ajeno a él. Deberíamos organizarnos para exigir de mejor modo, para tener una participación más seria y activa en los asuntos públicos; para proponer y exigir al gobierno que cumpla lo que promete. Y sobre todo, para ser sus más feroces vigilantes de los procesos a través de los cuales se hace el gobierno, se manejan las finanzas y se dispone de los recursos.

CIUDADANOS DESENTENDIDOS

Deberíamos comenzar a no estar satisfechos, pero manifestar esa insatisfacción en cuestiones productivas y positivas. No se trata de desilusión o desánimo, sino de poder tener la posibilidad de siempre poder exigir (y exigirnos) mejores resultados. De lo contrario, todo proyecto de cambio será un simple desbalanceo. Y estará encaminado al fracaso.

+ Cué y funcionarios deben identificar al adversario

Uno de los primeros anuncios que hizo Gabino Cué Monteagudo como gobernador electo de Oaxaca, en el mes de julio pasado, fue que una vez que asumiera su cargo, no habría despido masivo de funcionarios de mandos medios y superiores en el Gobierno del Estado. El entonces gobernante recién electo, dijo que se valoraría el desempeño, las funciones y el perfil de cada funcionario de confianza, para determinar si reunía los requisitos de honradez y eficiencia que eran indispensables para la administración pública, y en función de ello les fuera aceptada su renuncia o fuesen ratificados. Qué lejos parecen estar quedando aquellas palabras.

Tal parece que desde el cuatro de julio pasado, los empleados de confianza de niveles medios en el Gobierno del Estado, vienen pagando buena parte de los platos rotos de las batallas electorales. Apenas habían pasado unas semanas de los comicios, cuando la administración del entonces gobernador Ulises Ruiz determinó sin previo aviso que a todos los servidores públicos que ocuparan cargos de mandos medios —a partir de jefes de departamento y hasta subdirectores de área en todas las dependencias estatales— les fueran retiradas cualquier tipo de compensaciones extraordinarias que recibieran por su desempeño.

La explicación formal de esa decisión, se centró en los ajustes normales del cierre del sexenio. Pero en más de una ocasión, aquellos empleados que reclamaron por el recorte salarial y alcanzaron a recibir una escueta explicación, supieron que eso se había determinado en base a dos razones: primera, por los desajustes presupuestales que no podían ser compuestos, cuadrados ni remediados en la Secretaría de Finanzas; y segunda, que se había decidido hacer ajustes presupuestales justamente a costillas de esa burocracia, porque se consideraba que su deficiente participación en las estructuras electorales del PRI había contribuido de manera importante a la derrota sufrida en los comicios recientes.

Quienes desde el PRI determinaron esos ajustes, lo hicieron para seguir —como siempre— engañándose solos, y echándole la culpa a otros por los errores que ellos habían cometido. Desde hace una década, esa burocracia de confianza del gobierno estatal, fue siempre manipulada y coaccionada, a través de los métodos más viles de la política (como las promesas de permanencia en su empleo, y la coacción sobre el despido para quien no participara), para que fuera parte de las estructuras electorales del tricolor.

Usando argumentos como el de la “participación voluntaria”, varias manos se dedicaron permanentemente a presionar a esos burócratas para que, además de su trabajo en la administración estatal, fueran parte del trabajo electoral, independientemente de que estuvieran de acuerdo o no con la propuesta, con la ideología o con los candidatos que propusiera el Revolucionario Institucional.

El pago real a esos servicios, fue el que comenzó a padecer ese sector de la burocracia estatal luego del cuatro de julio: parte de la derrota se la achacaron a ellos. La alta burocracia determinó una cuota de responsabilidad política sobre los jefes de departamento, unidad y de direcciones de área, y se fueron en su contra no sólo para comenzar a “ahorrar” dinero que seguramente no se quedó en las arcas estatales sino en manos de terceros; esencialmente lo hizo para expiar sus propias culpas sobre los errores de campaña que se cometieron, y que fueron más allá del mero trabajo territorial que de sí era insuficiente para ganar los comicios.

PROMESA INCUMPLIDA

Unos días después de haber ganado los comicios, Gabino Cué hizo tales declaraciones respecto a la burocracia estatal, justamente porque los mandos superiores de la Administración saliente dejaron correr el rumor de que el nuevo gobierno despediría, en automático, a todos los trabajadores de confianza y contrataría sólo a personas que no tuvieran ninguna liga con la administración del entonces gobernador Ruiz o con el priismo.

Los empleados de mandos medios, ante tales versiones, se aterrorizaron ante tal posibilidad. La incertidumbre llevó a varios grupos a tratar de generar verdaderos actos de agitación, en aras de tener alguna seguridad de que al menos habría alguna posibilidad de mantenerse en su empleo. Por eso, el entonces Gobernador Electo dijo que antes de despedir al personal había una evaluación escrupulosa de su desempeño.

No obstante, parece que todas esas declaraciones hoy se están convirtiendo en promesas incumplidas. Sin tomar en cuenta que esos empleados de confianza son los que fundamentalmente hacen funcionar al gobierno, que tienen salarios ridículos para un empleado sobre quien recaen fuertes responsabilidades (Un jefe de departamento gana 12 mil pesos mensuales, frente a un director de área que gana más de 35 mil) y que en los últimos años han sido los recurrentemente castigados por las disminuciones salariales, los despidos masivos ya iniciaron.

Para muestra un botón: en la recién creada Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, que encabeza el panista Alfredo Ahuja, desde el pasado viernes 47 empleados con nivel de jefes de unidad fueron notificados de su separación inmediata de sus respectivos empleos. Sin considerar ninguna evaluación, ésos trabajadores serán echados a la calle por indicación de la Secretaría de Administración.

En realidad, todo indica que este ajuste tiene su origen en la avidez por “limpiar al gobierno de priistas” y, evidentemente, por disponer de esas plazas. Las manos de Benjamín Robles Montoya están presentes para atajar a José Zorrilla. Y, dicen, su próximo objetivo es tratar de disminuir, a través de esas mismas medidas, a la secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro Arias.

No entienden que sus adversarios políticos o de partido, no están en la burocracia. La mayoría de esos empleados que hoy están a punto de perder su trabajo, con toda seguridad, lo único que quieren y necesitan, es trabajar para sostener a sus familias. Y si antes fueron coaccionados, ahora serán despedidos.

REPROBADOS POR FALTAS

El fin de semana, el portal de noticias Animal Político (http://tinyurl.com/2c8rlnm) presentó la lista de los diputados federales con más inasistencias a las sesiones legislativas. ¿Quiénes creen la encabezan? ¡Acertaron! Los diputados del PRI por Oaxaca Héctor Pablo Ramírez Leyva y Jorge Franco Vargas, con ocho y 10 faltas, respectivamente. ¿Y les descontaron sus inasistencias? Jajajá. Por favor.