+ Todos serán medidos “con la misma vara”

La suerte está echada para los priistas oaxaqueños. El arribo del nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Arturo Osornio Sánchez, significa la toma de control tanto del partido en la entidad, como de las decisiones que se deban tomar respecto al proceso electoral federal que hoy arranca formalmente. La operación que llevará a cabo, seguramente no gustará a los priistas locales. Porque queda claro que los emisarios del ex gobernador Enrique Peña Nieto, en todo el país, irán a medir cualidades y capacidades de triunfo, pero no a reconocer ascendencias, familias o feudos de ex gobernantes.

Osornio Sánchez fue recibido por el Comité Directivo Estatal del PRI, en los términos más institucionales posibles. Es decir, que la dirigencia que encabeza el diputado federal Eviel Pérez Magaña, cubrió todas las formalidades debidas, pero sin hacer grandes alardes ni expectativas por el nombramiento y llegada del Delegado del CEN, que durante meses han exigido todas las corrientes internas de ese partido.

La razón de ese recibimiento institucional —que podría parecer hasta frío y algo distante—, en realidad parece ser más bien estratégica. Esto porque, si una de las razones por las que la dirigencia estatal priista ha sido tan atacada y cuestionada en estos últimos meses, es justamente porque ésta ha sido incapaz de generar unidad a partir de compromisos. Y queda claro que la llegada de Osornio Sánchez, como delegado del CEN, significa la posibilidad de que, por fin, el priismo oaxaqueño tenga la posibilidad de iniciar el proceso de recomposición basado en el establecimiento de compromisos.

Ante este panorama, surgen dos preguntas en particular: primera: ¿por qué el Comité Estatal del PRI ha sido incapaz de comprometerse? Y, sobre todo, la segunda: ¿de verdad viene el Delegado del CEN a “pactar” y a partir el pastel de las posiciones y las candidaturas entre priistas institucionales y disidentes?

La respuesta a la primera pregunta es bastante lógica: el priismo oaxaqueño ha sido incapaz de comprometerse con su militancia y ciertos dirigentes políticos reales que hoy lo cuestionan, por el simple hecho de que ni su legitimidad ni su capacidad de decisión se encuentran hoy reconocidas por nadie en los altos círculos de ese partido. Es decir, que el dirigente Pérez Magaña no estableció compromisos (en el otorgamiento de posiciones y candidaturas, por ejemplo), porque sabe que nada obliga al CEN del PRI, o al equipo de trabajo del inminente candidato Peña Nieto, a reconocerlos y mucho menos a cumplirlos.

En ese sentido, el problema para el priismo local es que aquí se combinó la falta de capacidad de acuerdo, con una deficientísima operación política. Esto porque además de no poder decidir nada, el Comité encabezado por Pérez Magaña no tiene capacidad para demostrar su liderazgo, ni para sostener su presencia frente a los sectores representativos, e incluso ni siquiera para poder articular una estrategia institucional que le permitiera consolidarse como eje fundamental del priismo local.

Por eso, si de por sí no puede decidir, y además sus incapacidades generan que hoy ciertos sectores de la militancia no lo reconozcan, entonces lo único que le quedaba fue lo que finalmente hizo: administrar (literalmente) a la dirigencia estatal en el más bajo de los perfiles, aguantar los embates y cuestionamientos únicamente cobijados con el paraguas de la legalidad de su nombramiento, y esperar a que llegara el momento de que el CEN tomara las riendas del partido y la militancia, para deshacerse de los cuestionamientos que hoy lo ahogan, y para no ser ellos quienes paguen el costo político por las decisiones poco populares que puedan tomarse.

VAN POR LA MEDICIÓN

En el fondo, a casi nadie en Oaxaca le pareció la llegada del delegado Osornio Sánchez, porque éste viene a iniciar un proceso que, asimismo, no le gusta a todos los priistas que aspiran a algo: el Comité Nacional, a través de sus operadores políticos, irán a las entidades federativas no gobernadas por el PRI, no a reconocer a los herederos de viejos dirigentes o Jefes Políticos, ni a premiar a los que pretenden construir su liderazgo fuera de las normas, los tiempos o los medios por los que puede hacerse.

Y es que pareciera que, en Oaxaca, todos los que tienen cierta presencia en el priismo local, sin excepción, aspiran a algo. Todos se dicen ganadores en la preferencia del electorado, todos se dicen los más eficaces, los más conocidos e incluso los más “populares”. Cuando todo eso no les alcanza, entonces sacan a relucir su ascendencia política, la pertenencia a una familia de viejo cuño priista, e incluso la posición que momentáneamente pudieran tener dentro del partido.

Sin embargo, lo cierto es que la elección de los candidatos del PRI a diputados y senadores tendrá una lógica distinta: el CEN, sin premiar a nadie, pero tampoco sin consultar con nadie, medirá estadísticamente a todos los candidatos para determinar quién sí tiene la capacidad de ganar una elección, y quién debe esperar a otro momento en que tenga un mejor posicionamiento.

Eso último, es justamente lo que no le va a gustar a los priistas. No les gustará, porque en el fondo todos quieren ser beneficiarios del llamado “piñatazo”, pero no en base necesariamente a su capacidad y aceptación popular, sino justamente por todo lo contrario. Es decir, por pertenecer a un grupo (el del ex gobernador Ulises Ruiz), por su ascendencia política o familiar, o simplemente porque cree que con mucho dinero se puede reparar la imagen de desprestigio que tiene (la mayoría).

No obstante, la medición tendrá la lógica de depurar esa larga lista de aspirantes, y de nombrar a quien le garantice mejores comicios y mayores votos para el proyecto presidencial de Peña Nieto. Por eso veremos que más de uno de esos acelerados se queda en el camino, y que finalmente escogerán a quien puede ganar, sin importar de qué corriente venga ni a qué interés responda. Eso pasará. ¿Apuestan?

AVISO, ¿PARA QUIÉN?

Además de los destinatarios directos que en los últimos días han realizado actos de presión en contra del gobierno del Estado, ¿quiénes son los demás destinatarios de la dura advertencia lanzada por el gobernador Gabino Cué, en el sentido de que no gobernará por presión de nadie? ¿Deben escuchar tanto los de dentro de casa, como los que están afuera? Es obvio. ¿Pero quiénes y por qué lo dice ahora mismo el Mandatario? Abundaremos.

+ Que promesas sean más que buenas intenciones

El Gobierno del Estado hoy paga el costo, en relación al transporte público, de haber cerrado los ojos cuando aún tenía tiempo, y de haber decidido sostener el nido de corrupción denominado Coordinación de Transporte. En efecto, hoy a nadie le debiera sorprender que los transportistas —y grupos de lucha social— de nuevo estén haciendo presión para recibir concesiones, y tampoco que existan señalamientos fundados, en el sentido de que servidores públicos podrían estar traficando con permisos provisionales, e incluso concesiones, para “regularizar” al transporte pirata.

El problema es muy simple: la administración actual, desde el principio decidió ir contra los actos de corrupción de sus antecesores en el rubro del transporte público. Hicieron las investigaciones, integraron los expedientes respectivos, y finalmente presentaron denuncias penales en contra de los involucrados. Sin embargo, más allá del mero acto de inquisición y persecución entre regímenes de gobierno, fue siempre claro que lo que hizo —o aparentó, o simuló— esta administración fue tratar de construir un edificio moderno sobre unos cimientos podridos.

A lo largo de toda la administración pasada, y desde la previa a aquella, se sabía perfectamente que la oficina encargada de la regulación al transporte público, era un nido de corrupción. Al iniciar el gobierno de Ulises Ruiz, éste trató de darle una apariencia de revisión y saneamiento, al desaparecer la Secretaría del Transporte, y convertirla en una Coordinación que se encontrara bajo el control de la Secretaría General de Gobierno.

No obstante el cambio de denominación, la corrupción siguió siendo la misma. Hacer pública la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos y firmas, así como los actos que demostraban el tráfico de concesiones, por parte de la entonces titular de Setran, Aurora López Acevedo, y varios de sus funcionarios, sirvió para legitimar la transformación de la dependencia a Coordinación de Transporte.

Sólo que, entonces como ahora, ésta se edificó sobre bases corruptas. El nuevo Titular (Gonzalo Ruiz Cerón) y sus funcionarios, de inmediato fueron señalados por continuar las prácticas indebidas. No obstante las acusaciones, el gobierno estatal calló por completo y decidió no iniciar investigación alguna al respecto, y mucho menos integrar expedientes judiciales a sus propios funcionarios. Tanto la reiteración de los señalamientos, como la existencia misma de irregularidades, fueron las bases para iniciar las acciones legales que sí emprendió la actual administración.

Sin embargo, Cotran —con el nuevo gobierno, ahora en manos del perredista Pedro Silva— siguió tal y como estaba, como cuando se operaba a plenitud la corrupción por la que justamente acusaron penalmente a Ruiz Cerón. Por eso, desde siempre fue previsible que sólo sería cuestión de tiempo que afloraran las acusaciones, las presiones y los visos de corrupción. La única posibilidad de que esto no sucediera, radicaba en la posible pulcritud y honestidad a toda prueba de los actuales funcionarios. Pero de acuerdo a los hechos, y a los antecedentes, queda claro que esto es mucho pedir para quienes llegaron a manejar esa área estratégica del gobierno estatal.

TODO SIGUE IGUAL

En junio pasado, mientras muchos festinaban el ajuste de cuentas que constituía la aprehensión de Gonzalo Ruiz Cerón, en este espacio advertíamos lo siguiente: “la detención de Ruiz Cerón es una formidable demostración de que este gobierno no tolerará la impunidad, y castigará a los corruptos. Independientemente de cualquier motivación política, esa señal podría ser plausible y reconocible… aunque sólo como un simple destello de eficacia o de buena intención, pero no como una muestra de querer arreglar de fondo el problema. ¿Por qué?

“Porque más allá del golpe contundente que significa la aprehensión de Gonzalo Ruiz Cerón (…) en realidad el gobierno estatal sigue teniendo en sus manos, y en total discrecionalidad, el tentador negocio de las concesiones y la regulación del transporte público, e incluso ahora en condiciones mucho menos claras que antes.

Así, si el gobierno estatal se ufana de haber detenido a Ruiz Cerón (…), también debía reconocer que en Cotran tienen una caja llena de tentaciones de corrupción que siguen vigentes, y que fácilmente podrían alcanzar a los mismos funcionarios de la administración actual.”

Y, frente a todo eso, nos preguntamos: “¿el Gobierno del Estado ha mostrado disposición para abrir al escrutinio público, y a una total transparencia y posibilidad de fiscalización, los procesos a través de los cuales se otorgan concesiones y se regula el transporte? ¿qué ha cambiado en el aspecto legal de entonces a ahora, como para corroborar que esos actos de corrupción por los que hoy un individuo se encuentra en prisión, y por los que se quebrantó el orden público al que pertenece el asunto del transporte público, no se van a volver a repetir?”

Quedó claro entonces, como ahora, que nada cambió. Y como nada ha sido modificado sustancialmente —más allá de las meras declaraciones de buenas intenciones— entonces los oaxaqueños, y el gobierno, tendremos que estar preparados para seguir padeciendo el vía crucis que significa todo lo relativo al transporte público, a las presiones de los chantajistas luchadores sociales, y a las posibles tentaciones de funcionarios que pretenden hacer de su paso por el gobierno estatal, el momento para asegurar un futuro que no consiguieron en base al trabajo.

Las meras soluciones policiacas, como la que ingenuamente propone el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, serán siempre insuficientes y tortuosas. Ante cada acto de aplicación habrá protestas y caos, como el que hemos vivido en estos últimos días. Y, sin duda, no habrá ni policías ni operativos suficientes para poder acabar, sólo con acciones policiacas, un problema que tiene una motivación fundamentalmente política y de corrupción en la esfera administrativa (y que por tanto debe ser atacada principalmente en ese ámbito).

¿REMEDIO A LA VISTA?

Se necesita un remedio integral. Pero ojalá haya la visión, el talento y la capacidad suficientes como para lograr un reordenamiento efectivo, y la clarificación total de cada uno de los procesos que hoy desarrolla, en la opacidad y discrecionalidad, la Coordinación de Transporte de un gobierno que realmente ha cambiado muy, pero muy poco.

+ Hoy busca explotar cuestionamientos a derrotados

Ana Luisa Zorrilla sí que sabe aprovechar las oportunidades. A lo largo de casi una década, capitalizó diversas oportunidades, coyunturas y momentos para hacer de la representación estatal del Partido Verde Ecologista de México, un pequeño feudo que le fue altamente redituable. Hoy, sin embargo, aislada del poder —y sus beneficios— busca aprovechar el cuestionamiento de que es objeto la dirigencia priista local (sempiterna aliada del PVEM) para ver si logra recuperar los espacios que, según parece, ha perdido para siempre.

En efecto, todo aquel que conoce la vida del Verde Ecologista en Oaxaca, sabe perfectamente que el grupo que hoy cuestiona al dirigente estatal, Rogelio Enríquez Palma, está lejos —pero lejos, lejos— de tener la calidad suficiente como para hablar de democracia, de rendición de cuentas, de resultados electorales aceptables, de inclusión y de equilibrios dentro de ese partido. Si las cuentas entregadas son pobres para la actual dirigencia, sus antecesores (y ahora cuestionadores) no parecen poder hablar de algo mejor que eso.

Ana Luisa Zorrilla, para quien no lo recuerda, tuvo el control del Partido Verde desde inicios de la década anterior, hasta casi finales de la misma. Para acceder al Comité Directivo Estatal, se valió del hecho de que, en aquellos años, una pariente cercanísima suya, de nombre Ana Victoria Gutiérrez Zorrilla, era empleada administrativa en el CEN del Verde.

Ante la inexistencia de representación de ese partido en la entidad, aquella recomendó a Ana Luisa Zorrilla como una posible representante. Una vez ostentando el cargo, la entonces Dirigente se dedicó a manejar discrecionalmente los recursos económicos del partido, sin que éste lograra obtener de verdad resultados importantes.

De hecho, la primera parte de ese largo periodo de gestión al frente del Verde, se caracterizó por la negación total de recursos económicos para los comités municipales, además de los nulos apoyos para campañas proselitistas. Incluso, en aquel tiempo puso a su chofer, a su hija, a su sobrino, y a los amigos de su hijo, como candidatos a diputados federales. Fue justamente en ese momento, cuando apareció por primera vez el ahora “dirigente estatal legítimo” del Verde, Hafid Alonso García, cuyo único mérito es ser amigo del hijo de Zorrilla.

Luego vino la elección de Gobernador en 2004, en la que el Verde ya apareció formalmente como aliado del PRI en Oaxaca. Habiendo negociado una “cuota de partido” para unas diputaciones plurinominales que, según, iban a quedar fuera del Congreso, Zorrilla Moreno fue la única candidata plurinominal, que además iba en la lista del PRI.

Ahí, por primera vez, negoció para ella a costillas del Verde y fue diputada local por la vía de la representación proporcional. Tres años más tarde, al terminar su periodo como legisladora —en el que se caracterizó por haber hecho nada productivo para Oaxaca—, negoció nuevamente el “apoyo” (testimonial) del Verde al PRI en los comicios citadinos de octubre de 2007, pero ahora para aparecer como candidata a regidora en la planilla del PRI. Y fue tres años síndica hacendaria, en el gobierno municipal de José Antonio Hernández Fraguas.

A lo largo de todo ese tiempo, Zorrilla Moreno fue también dirigente del Partido Verde en Oaxaca. Y Hafid Alonso fue su secretario particular tanto en el Congreso como en el Ayuntamiento citadino. Además, en aquellos tiempos como concejal, su sobrino José Ángel Álvarez fue director de Bienes y Servicios Municipales.

Fueron muchos pagos, personales y familiares, en todo ese tiempo, a cambio del apoyo al PRI, de un partido que realmente captaba pocos votos y simpatías de un electorado que ya para entonces se había dado cuenta del gran negocio familiar que constituía el Verde para los Zorrilla, su parentela y su círculo de amistades.

PODER PERDIDO

Sin embargo, la gracia se les acabó en 2009 a los Zorrilla. Impulsado por el aún poderoso gobernador Ulises Ruiz, en aquel momento el Verde se vio obligado a cambiar de manos, para pasar al control de Rogelio Enríquez. Éste, un militante añejo de ese partido, llegó a la dirigencia no tanto por sus méritos, sino por la ascendencia e influencia del aún Jefe Político del priismo y sus aliados en Oaxaca. Su arribo no fue precisamente un destello de democracia, aunque sí constituía el fin de una larga dirigencia que pretendía ser perpetua.

Mientras fue perceptible la influencia del ex gobernador Ruiz como Jefe Político, Zorrilla se disciplinó hasta concluir su periodo como concejal. Pero hoy, cuando lleva casi un año separada de los beneficios (y los recursos económicos) que otorga el poder, pretende regresar no a tomar el control del Partido, sino a tratar de convertirse en un factor de negociación con su dirigencia nacional, para que esto les permita acceder a un posible reacomodo en los cargos legislativos que estarán en disputa el año próximo.

¿De qué hablamos? De que, abiertamente, Zorrilla, y sus incondicionales, están aprovechando el momento de incertidumbre que vive el PRI estatal (que es cuestionado por un grupo disidente, que ya constituyó una dirigencia alterna a la formal) para emular los posibles escenarios favorables de la disidencia. Es decir, que a partir de generar inestabilidad, pueda convertir su oposición en un abierto factor de negociación, a través del chantaje, para tratar de conseguir las candidaturas o los espacios de los que hoy es simplemente ajena.

Al igual que los priistas disidentes, el movimiento “legítimo” de Zorrilla en el Verde, pretende que la dirigencia de su partido se sienta insegura, y a partir de eso generen espacios de negociación que, ella espera, les sean favorables. Es posible que esta disidencia sea también financiada y alentada desde el gobierno estatal. Pero también lo es, que podrían estar aprovechando la coyuntura para regresar al control de un partido que, como a nadie, les ha dado mucho.

NEGOCIO DE LA OPOSICIÓN

Así uno de ellos hubiera llegado al cargo de Gobernador, de todos modos grupos como el Frente Popular Revolucionario pronto se declararía opositor y mártir del régimen. ¿La razón? La dijimos desde el momento del triunfo opositor: a nadie que ha obtenido todo por la vía de la presión, le conviene llegar al poder; no le conviene porque entonces tendría que defender lo que antes atacaba. Por eso, aunque el Gobernador fuese un efeperrista, de todos modos ese grupo hoy estaría haciendo los desmanes que, impunemente, protagoniza.

Pagarán costo de inmediatez e improvisación

En todos los partidos políticos en Oaxaca —hasta en el Verde Ecologista—, existe una inusitada efervescencia por la militancia y el arraigo. Aunque casi siempre las dirigencias partidistas son vistas, desde el poder, como sinónimo de tequio, carencias y representatividad testimonial, en tiempos electorales todo ese desdén se convierte en interés. Todos quieren ser parte del “piñatazo” y de la negociación de posiciones a cambio de apoyos o rebeldías. Ese es el escenario, fácil, de los comicios de 2012. Pero, ¿ya habrá pensado alguien en los riesgos que entrañan los comicios siguientes —es decir, los estatales de 2013— para todas las fuerzas políticas en la entidad?

Hoy, todos pretenden subirse al carro del 2012. Saben que, en mayor o menor medida, la concurrencia de las elecciones presidenciales, con las de diputados federales y senadores, pueden traerles beneficios importantes a partir de un trabajo —y de una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo— relativamente fácil, debido a que siempre ésta viene acompañado de un proceso visto, concurrido y competido, en el que la población sí se interesa por identificar a ciertos partidos, y es más susceptible de ser objeto de la “ingeniería electoral”.

En esa lógica, podemos entender hoy las pugnas internas que existen en todas las fuerzas políticas. Hoy, en cada una de ellas, cohabitan institucionales y rebeldes, que buscan preservar los equilibrios existentes (es decir, la estabilidad de sus grupos políticos), o que, por el contrario, pretenden romper por la fuerza las estructuras partidarias existentes para generar otras aparentemente con mayor legitimidad y apego a la militancia (es decir, el engañoso “quítate tú, para que me ponga yo”).

En el fondo, el objetivo de esas maniobras de preservación o rompimiento no responden sino a la lógica de la lucha por el poder: como los partidos políticos tienen el monopolio del acceso al poder público y, se supone que éstos son los espacios legitimados para que ocurra esa lucha, entonces en tiempos electorales puros y conversos ocupan todos los medios a su alcance para tratar de obtener o preservar el control de su dirigencia, y con ello asegurar el acceso al poder de los integrantes de sus respectivos grupos políticos.

La particularidad, en este sentido, es que a todos les brota el sentimiento y la vocación democrática justo en el momento previo a los procesos electorales. Hace un año, por ejemplo, justo después de que ocurrió la elección de Gobernador en Oaxaca, todos los grupos se encontraban en aparente calma.

Nadie, por ejemplo, cuestionaba a un PRI que se convertía aceleradamente en el refugio perfecto de los integrantes del grupo político que había perdido las elecciones y que se encontraba a punto de abandonar el poder.

Por su parte, en el PAN, PRD, PT y Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano), nadie cuestionaba nada, ni a nadie, porque todos estaban expectantes sobre el rumbo que habría de tomar la negociación particular que cada uno de ellos sostenía con el gobierno electo de Gabino Cué Monteagudo, en relación a las posiciones administrativas que les corresponderían. Eran los tiempos, pues, en los que la alianza funcionaba perfectamente y todos, en base un supuesto interés común por los temas públicos (y que más bien era por los recursos ídem), aseguraban encontrarse seguros de que la alianza funcionaría perfectamente.

Sólo que, ahora cuando apenas inician los primeros escarceos relacionados con la contienda electoral del próximo año, todos pretenden asumir sus viejas posiciones: los detentadores de las posiciones buscan preservarlas, y los que no las tienen, intentan obtenerlas.

Todos, en el fondo, buscan “subirse” en la aceptación nacional, en la propaganda, y en la imagen de su respectivo candidato presidencial, para obtener las posiciones que buscan. Y saben que como, ante tal vorágine, el gasto mayor (en publicidad, propaganda, mítines e ingeniería electoral) se hará desde otras trincheras, todos buscan la forma fácil de hacerse de alguno de los cargos que se encuentra en disputa.

LOS RIESGOS DEL 2013

Hasta hoy nadie piensa en el complejo escenario que será el 2013 en Oaxaca. Aunque suene a futurismo, aquellos comicios —ya no tan lejanos— serán la evaluación real tanto de la oposición como del gobierno ante el electorado oaxaqueño. Veamos si no.

En 2012 todos buscan subirse a la contienda presidencial, y desde esa posición cómoda hacer sus campañas. Sólo que todos los partidos irán solos al proceso electoral, y necesariamente tendrán que ocupar ciertas maniobras sucias respecto a sus adversarios, para tratar de posicionarse. De eso pueden surgir lastimaduras que podrían quedar abiertas, y no cerrarse para el año siguiente. De esa rispidez posible entre las hasta ahora fuerzas coaligadas, puede desprenderse un rompimiento definitivo.

Y lo peor: de un rompimiento de esa naturaleza, o de la preservación de la coalición, habrá de depender la estabilidad y el avance del gobierno del gobernador Cué. ¿Cómo sostendrá su proyecto de gobierno con un Congreso del Estado atomizado en fuerzas individuales, y con la consabida falta de capacidad para generar acuerdos, alianzas y, aún peor, agendas comunes de mediano plazo? Si algo de eso ocurre, puede preverse la falta absoluta de acuerdos duraderos, y con ello el fin anticipado (por inmovilidad) de un gobierno que habría generado grandes expectativas.

Lo mismo, pero en su propio contexto, ocurre con el priismo. ¿Qué pasa si en los comicios de 2013 ahora sí es borrado de las urnas por las fuerzas que para entonces sigan acompañando al gobernador Gabino Cué? Si eso pasa, entonces sí el priismo oaxaqueño —aún con sus posibles dos senadores— vería drásticamente disminuidas sus posibilidades de retomar el poder en 2016.

RUTA CRÍTICA

La ruta que llevan todos es la más peligrosa: todos van por lo inmediato, pero no construyen a mediano plazo. Nadie se quedará, obvio, cruzado de brazos. Pero es posible que más de uno tenga que pagar, más temprano que tarde los costos de la imprevisión, de la simulación y de la lejanía con el electorado. En 2013 cada uno irá solo, y no habrá alianza ni candidato presidencial que les ahorre trabajo. ¿Ya habrán pensado todos en eso? Esas serán las verdaderas elecciones que medirán el trabajo de cada uno de los actores y fuerzas políticas de Oaxaca. No falta mucho tiempo para que lo veamos.

+ Sólo candidatos sin propuesta ni compromisos

Cegados por la inmediatez de los beneficios económicos, de los cargos políticos y de las proyecciones a futuro, todos aquellos que hoy dicen aspirar a representar a Oaxaca en el Congreso de la Unión, a partir de septiembre de 2012, lo hacen sólo guiados por sus propias ambiciones: todos omiten la posibilidad de discutir un verdadero proyecto de trabajo, en el que pudieran centrar el fin de su labor como legisladores, y a través del cual pudieran explicar —además de sus ambiciones políticas— qué esperan conseguir y aportar desde el Poder Legislativo.

El asunto no es menor: en Oaxaca, en cada partido o facción política existe una lucha feroz entre sus principales “activos” por determinar quién tiene el mejor posicionamiento entre la población, y por tanto quién puede conseguir alguna de las postulaciones a diputaciones federales, y al Senado de la República, que estarán en juego a partir del próximo año. Todos basan las mediciones, a partir de sus “amarres” con las fuerzas internas de su partido, de la identificación o “aceptación” que pudiera tener el electorado de ellos; e incluso del grado de perversidad con la que cada uno pretende “bajar” de la carrera a sus compañeros que también aspiran a esas diputaciones.

La finalidad de todos, hoy, es específica: cada uno entiende que la “tradición política” de Oaxaca indica que quien logre llegar al Senado de la República se convierte, inmediatamente, en un candidato natural a la gubernatura del Estado; comprenden también que quienes se conviertan en diputados federales en 2012, llegarán también “posicionados” para luego pelear por nuevos cargos legislativos o administrativos en el ámbito estatal, luego de que inicie la segunda mitad de la gestión del gobernador Gabino Cué. Todos ven, pues, a las cámaras que integran el Congreso de la Unión, como un mero trampolín hacia nuevas ambiciones, pero no como una finalidad en sí misma que debiera ser la de servir al país desde el Poder Legislativo.

En ese sentido, cada partido tiene hoy su propia carga de intereses. El priismo, por ejemplo, vive una etapa inédita en su existencia como fuerza política local, porque hoy carece del líder político fuerte (el Gobernador del Estado), que marcara las prioridades y estableciera el orden interno. Ante ello, la locura se encuentra desatada, y por eso todos los diputados federales aspiran a ser senadores; los legisladores locales aspiran a diputaciones federales; y quienes se quedaron en el camino en los comicios locales del año pasado, ahora sí pretenden llegar al Congreso.

En las fuerzas de coalición que hoy gobiernan la entidad, las cosas no son distintas. Cada uno de los partidos pretende conservar sus respectivas cuotas de poder, pero pretende acrecentarlas con miras a llegar a la Cámara alta con buena ventaja, y desde ahí construir al candidato para los comicios de Gobernador del 2016, y el grupo que lo arropará desde el Congreso.

Es decir, la lógica no cambia: cada partido ve en la satisfacción de sus intereses futuristas, el fin último de los cargos legislativos. Nadie parece tomarle la importancia debida a éstos. Y esa es, en buena medida, la causa de que ni el gobierno nacional, ni el de Oaxaca, tengan un proyecto definido ni acompañantes consistentes que puedan llevar a cabo la materialización de los fines que, se supone, se plasman en las leyes que son construidas desde los poderes legislativos.

PROPUESTAS GENÉRICAS

Decir, por ejemplo, que se desea llegar al Congreso de la Unión (a cualquiera de sus dos cámaras) para “seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”, es tanto como asegurar que una persona respira para seguir viviendo. Es decir, algo obvio que pretende asegurar todo sin prometer nada.

¿De verdad es una promesa sostenible, esa de “seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”? ¿De verdad debíamos tomarla como una propuesta seria? Aunque muchos le dan crédito, en realidad debiéramos desconfiar de quienes dicen eso. La función principal de un legislador federal es la de participar, con su representación popular, en la creación de leyes que rigen a toda la nación; y de defender, justamente, las posiciones que le impone el mandato popular que le fue dado por la ciudadanía.

Debemos entenderlo claramente: La función principal de los diputados no es la de ser gestores, ni la de ser administradores, ni ser “facilitadores” de recursos públicos para la entidad, y mucho menos la de “donadores” o “llevadores” de obras o servicios a las comunidades que representan. Esas son funciones que vienen aparejadas a su investidura, que también deben de llevar a cabo, pero no son ni el fin que ellos persiguen como diputados, ni debía ser su principal oferta —porque todas esas “funciones”, las tiene siempre, cualquier diputado, a la mano.

Debíamos, por tanto, comenzar por cuestionar el proyecto legislativo real y verdadero que tiene cada uno de los aspirantes al Congreso. Y también debiéramos comenzar a exigir resultados a cada uno de los que hoy nos representan. ¿Qué proyecto serio y necesario para el país han defendido nuestros senadores? ¿Cuáles nuestros flamantes diputados federales?

Sus aspiraciones debieran construirlas sobre la base de sus resultados, y no de sus grillas, popularidad o “amarres”. El problema es que nadie se atreve a hablar ni de sus resultados actuales ni de su propuesta seria como legisladores, porque ni la tienen los que hoy aspiran a pasar de una cámara a otra, ni la han construido —y quizá ni se la imaginan— quienes desde trincheras partidistas, pretenden llegar al Congreso de la Unión.

Los partidos, con seriedad, debían cuidar eso. Pero lo dejan de lado, en aras de la inmediatez y de la preservación de sus propios intereses. Y es por eso, por la falta de agendas y de proyectos serios, que nuestro país hoy se encuentra asolado por un cúmulo de intereses que van para todos lados, pero que por su misma inconsistencia debilitan a las instituciones del país. Qué grave si eso no les preocupa.

OTROS ASPIRANTES

Con gran lucidez, don Luis Martínez afirmaba, en alguna entrevista concedida a este reportero, que en la política oaxaqueña “es muy fácil pasar de joven promesa, a viejo pendejo”. Él, y quizá algunos otros personajes de amplísima experiencia no sólo en la grilla local, sino también en la verdadera política y en los asuntos de Estado, aspiran a conseguir un cargo legislativo por nuestra entidad. ¿Valdrá la experiencia en estos comicios venideros? Ojalá que sí.

+ Discusión sorda y actores mudos: sólo eso tenemos

La decisión tomada en estos dos últimos días por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a las llamadas “leyes antiabortos”, tiene alcances que quizá la mayoría de las personas aún no alcanzamos a comprender.

Y si en gran parte del país es así, lo es mucho más en un estado como el nuestro, que tiene una sociedad esencialmente conservadora, pero que al mismo tiempo es gobernada por fuerzas políticas que predominantemente se dicen liberales, pero que callan, y se hacen los desentendidos, frente al avance constitucional de los dogmas y las expresiones renovadas del conservadurismo.

El asunto no es menor. Aunque pareciera que Oaxaca es una entidad ajena a la discusión que ahora mismo inunda de nuevo a la escena nacional por las resoluciones jurisdiccionales respecto al aborto, lo cierto es que, al únicamente tomar en cuenta la forma en cómo aquí fue establecida una disposición constitucional “antiaborto”, lo que debiera estar ocurriendo es un debate amplio, aquí en nuestro entorno doméstico, no sólo respecto a las posturas a favor o en contra de esa medida, sino a todo el universo de temas colaterales que trae aparejada esa disposición, respecto de las cuales nadie se hace responsable.

¿De qué hablamos? De que, en un primer momento, todos se hacen ajenos al asunto. El grupo anteriormente gobernante guarda silencio para que nadie les cuestione su actuación; los actuales, como saben que es un tema polémico que no les conviene abordar (porque respetan aquellos cánones de lo “políticamente correcto”), también se hacen a un lado. Y hasta las organizaciones civiles que debieran pro derechos humanos y de la mujer, estar abonando a ese debate, también están callados.

Todos callan, es cierto, aunque las implicaciones no son menores. Porque el establecimiento de la norma, y su falta de discusión y reconocimiento de los alcances que ésta tiene, deja sin respuesta una serie de preguntas que sin duda son vigentes, y que debieran hacerse también, todos aquellos que, sin ningún reparo, se dicen a favor o en contra de una medida (el aborto) que puede o no estar avalada por el Estado.

En este sentido, el jurista mexicano, y juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, señala lo siguiente: “Al estudiar el suicidio y la eutanasia nos preguntamos si es plausible imponer la vida a quien no la desea, e incluso la padece: es decir, si la vida misma es, además de un derecho, un deber inexorable. En el caso del aborto debemos reorientar la pregunta e indagar si es adecuado imponer a la mujer la vida de otra persona, más allá de sus deseos, o incluso a pesar de la violencia ilegítima.

“¿Existe un deber de maternidad, incluso en condiciones adversas, no queridas por la mujer o sufridas por ella, que implican la primera imposición y acarrearán, quizás, la segunda? ¿Tiene la mujer libre disposición de su cuerpo, o esa libertad se halla sujeta a determinadas contingencias y a ciertas normas que subordinan su voluntad y deciden, al subordinarla, todo su futuro? ¿Qué hacer frente a la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo: poner a su disposición los medios para que lo haga con el menor riesgo posible para su salud, o negarle esta posibilidad y abrir la puerta a procedimientos clandestinos, engañosos, insalubres, torpemente ejecutados, que entrañan violación de la ley o acarrean notorios peligros para las mujeres encinta, sobre todo las que carecen de recursos —que son la inmensa mayoría— para obtener atención médica calificada, en su propio país o fuera de él?”

Un debate amplio con este contenido debió haber ocurrido en Oaxaca —e incluso debiera estar ocurriendo ahora mismo—. El problema es que todos han decidido levantar los hombros y asumir el tema como extraño a nuestro entorno, cuando no es así.

PROBLEMA MORAL…

Y DE SALUD PÚBLICA

El gran problema que prevalece en nuestra sociedad es que, independientemente de que sea o no una actitud deliberada, tendemos a confundir los alcances de una norma jurídica con las discusiones morales o de conciencia. Y es que, como lo dice el propio doctor García Ramírez en su texto “Una reflexión jurídica acerca de la muerte”, lo que está en litigio no es si el aborto es bueno o malo moralmente, sino si debe o no ser penalizado por el poder estatal.

Sobre ese aspecto en particular, nadie se hace responsable. Porque todos (defensores de la vida, y personas o grupos a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad) centran la discusión en los aspectos positivos o negativos de la medida, pero poco se preocupan por ver las consecuencias que tienen esos dos polos que se encuentran en constante choque.

El problema es que, al menos en Oaxaca, una minoría ya decidió —y lo hizo a favor de atajar una posible ley “pro aborto”, a partir del establecimiento de un candado constitucional que protege la vida desde el momento de la concepción—, sin haber satisfecho la necesidad establecer los medios y las herramientas jurídicas para garantizar que ese derecho a la vida fuese pleno, y ni siquiera haber establecido con precisión las posturas morales o de conciencia que los actores públicos —por el alcance colectivo de sus decisiones— debieran manifestar de cara a la sociedad.

Así, en el primero de los aspectos, en Oaxaca se legisló “a favor de la vida”, pero los grupos que respaldaron esa decisión “olvidaron” establecer los mecanismos para hacer de la vida protegida, un derecho pleno. Porque independientemente de lo que se diga, queda claro que aquí ningún individuo tiene garantizada la posibilidad de una vida plena, de un desarrollo decoroso, e incluso ni siquiera de un nacimiento en las condiciones mínimas de atención médica y seguridad que se requieren.

¿NADIE ES RESPONSABLE?

Aferrarse al derecho a la vida sólo declarativamente, no es más que demagogia. ¿Qué medidas tomó el anterior gobierno, y el actual, para garantizar los derechos mínimos a todos esos niños abandonados o no deseados que, aún con su derecho a la vida plenamente salvaguardados, de todos modos se encuentran en una situación de desventaja? ¿Qué han hecho por el DIF, y por los pocos organismos civiles y oficiales, que se encargan de esas labores? ¿Qué importa, finalmente, si estamos a favor o en contra del aborto, si de todos modos no existe ni siquiera el reconocimiento de que la vida trae aparejados muchos más derechos que al menos aquí no existen? Ante todo esto, los actores públicos sólo callan.

+ Democracia “de avanzada”… ¿sin ninguna reflexión?

Ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válida la denominada “Ley antiaborto” contenida en el artículo 7 de la Constitución del Estado de Baja California. Dicho precepto, en realidad, es similar en todos sus términos a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 12 de la Constitución de nuestro estado… que sin ninguna discusión, debate o polémica alguna, fue aprobado y validado, hace dos años por el Congreso del Estado. ¿Sabemos los oaxaqueños el tipo de leyes que nos rigen, y en base a qué intereses particulares —y no aspiraciones comunes— fueron establecidas?

En efecto, fue justamente en septiembre de 2009 cuando, de repente, en el Congreso del Estado la entonces diputada local Perla Woolrich Fernández presentó una iniciativa de reforma a nuestra Constitución particular, para establecer, en su artículo 12, que en el Estado de Oaxaca “se protege y garantiza el derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural.”

Dicha modificación, aquí, fue aplaudida por propios y extraños. Extrañamente, todos los diputados de la fracción priista —entonces de mayoría avasallante— no sólo no objetaron el proyecto de reforma, sino que decidieron discutirlo y aprobarlo de manera apabullante, apenas unos días después de ocurrida su presentación.

Tanto el gobierno estatal, como los opositores, se vanagloriaron de haber remarcado en el Texto Constitucional la protección que el Estado garantiza al derecho a la vida de las personas. Como pocas veces ocurre, todos festejaron y, por tanto, públicamente nadie objetó el contenido de esa reforma que, aparentemente, era de avanzada, pero que detrás de ella escondía una serie de intereses inconfesables que lo mismo manchaban al entonces grupo gobernante, como a varios funcionarios estatales actuales… todo por cumplir los caprichos de la entrometida y dogmática jerarquía católica local.

De todo esto, surgen dos preguntas rigurosas: primera, ¿cómo, y bajo qué términos, fue consensada dicha reforma al interior del Congreso local en aquellos momentos? Y, segunda, ¿qué intereses particulares se buscaban preservar, y a qué grupos se intentaba apaciguar, con la concesión de esa reforma constitucional que nadie en la esfera pública cuestionó?

Vayamos primero a la respuesta de la primera pregunta. Pues bien, como lo advertimos en este espacio desde el momento en que ocurrió la reforma, fue en realidad la fracción parlamentaria del PRI, y no la del PAN, la que elaboró, acordó y aprobó dicha reforma.

Aunque fue la entonces diputada Woolrich quien físicamente presentó el proyecto y se arrogó el triunfo de haber logrado una reforma planamente consensada, en realidad lo único que hizo fue prestar su nombre, su firma —y los postulados, dogmas y siglas de su partido—, para legitimar las formas legislativas de dicha modificación constitucional.

De hecho, —por afirmaciones serias de algunos personajes que en ese momento integraban el Congreso local— se sabe perfectamente que incluso el documento que contenía la propuesta de reforma fue elaborado por los asesores de la fracción priista, y que para concretarlo hubo una especie de “colusión” entre ambas fracciones. Y el resultado fue el establecimiento de un candado constitucional que impedirá, al menos mientras subsista el actual texto constitucional, que se establezca cualquier forma de legalización del aborto en Oaxaca.

INTERESES “A SALVO”

Desde que ocurrió el conflicto magisterial y popular en 2006, la Iglesia Católica y el Gobierno de Oaxaca marcaron verdadera distancia en cuanto a sus relaciones. Éstas, incluso, en diversos momentos llegaron a ser ríspidas y de cuestionamientos reiterados, por parte de la jerarquía eclesiástica hacia los gobernantes.

Razones para ello, había en abundancia: si se recuerda, un grupo importante de párrocos del interior del Estado, durante el mismo movimiento magisterial y popular de hace cinco años, se manifestaron expresamente a favor de que el entonces gobernador Ulises Ruiz se separara de su cargo y permitiera el establecimiento de un gobierno de transición. A estos posicionamientos, que nunca fueron controlados por la alta jerarquía católica, luego hubo una respuesta natural por parte del gobierno estatal.

Éste se alejó por completo de una relación que, aunque siempre había sido aparentemente lejana, también siempre había sido hipócrita y escondida entre gobernantes y jerarcas católicos. Y aunque tradicionalmente siempre hubo “sana distancia” entre éstos (se reunían en privado, o el gobernante consultaba al obispo sobre decisiones importantes, pero siempre con toda discreción), lo que ocurrió entre el régimen anterior y la Iglesia sí fue de frialdad absoluta.

El entonces gobernador Ruiz no era de por sí cercano al catolicismo. Y eso lo reafirmó al abrir la puerta a todo tipo de expresiones religiosas no católicas en la entidad (basta recordar el financiamiento que dio el Gobierno de Oaxaca a Luis Palau), e incluso algunos de sus pronunciamientos que más se recuerdan en el país (como aquello de que “sólo Dios quita y pone gobernantes”), los dijo justo frente a congregaciones de tipo protestante.

No obstante, llegó el momento de la pacificación entre ambos sectores. Y fue a través de la “cesión” de ese precepto constitucional —el del aborto— que el gobierno priista se congració con uno de sus detractores más ácidos, y le permitió una reforma plena al panismo en un Congreso dominado por mayoría absoluta de priistas.

¿Qué es lo cuestionable de todo esto? Primero, que esa reforma se realizó sin un consenso real, y sin siquiera tomar en cuenta la voluntad o la conciencia de cada legislador. Aquí fueron aplastantes la decisión política y el interés que se buscó preservar. Nunca se discutió sobre la conciencia o la postura de la mayoría. Y por eso, al mejor estilo del régimen de partido hegemónico, aquí la ley se adecuó a las necesidades del poder, no al sentir de la población.

Y el problema más grave, es que aunque eso pasó hace apenas dos años, en Oaxaca ya nadie se acuerda de esa historia.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

¿Se imaginan a nuestro flamante Tribunal Constitucional del Estado, discutiendo uno de esos temas? Ajenos todos sus integrantes al constitucionalismo, pronto veremos la calidad de sus pronunciamientos y resoluciones. ¿Debemos esperar mucho? Veremos.

+ Es momento de aclarar, de cara a la sociedad

Desde hace meses, los diputados federales del PRI por Oaxaca, insisten en que el Gobierno del Estado tiene serios problemas para ejercer el gasto federal autorizado para el presente año, y que eso, irremediablemente impactará en un subejercicio en el presupuesto que, según dicen, podría ser de proporciones escalofriantes.

Frente a ello, la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal reitera su afirmación de que el gasto corriente se ejerce sin problemas, y que son irreales los señalamientos respecto a la imposibilidad de ejercer el gasto. Ante tantos dimes y diretes, y opiniones tan politizadas y poco claras, es necesario que quede perfectamente constatado todo lo relativo al gasto público del presente año. Pues esto, aunque no lo parezca, es un asunto de seguridad y de interés general para toda la ciudadanía que tiene derecho a saber cómo, en qué, y a qué ritmo se gastan los recursos que se obtienen por los impuestos que paga.

En efecto, prácticamente todos los diputados federales del PRI por Oaxaca han convertido casi en lugar común, la afirmación de que el gasto federal asignado a la entidad para el presente año, no se está ejerciendo como corresponde. Para ello, se han apoyado fundamentalmente de señalamientos verbales, aunque en algunos casos más han aprovechado las fricciones que se han generado entre algunas delegaciones federales y dependencias estatales, para utilizar sus cifras y montos como probanza de las tardanzas en el ejercicio presupuestal.

Del mismo modo, en todas las ocasiones posibles, el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, ha tratado de salir al paso asegurando todo lo contrario. Sólo en esta última ocasión, aseguró a TIEMPO sobre ese asunto que “las finanzas públicas estatales van a un ritmo adecuado pues hay un uso correcto del recurso y hasta la fecha se han aplicado alrededor del 70 por ciento de los 58 mil millones de pesos de presupuesto con el que cuenta la entidad para este año”. Y aunque no sería natural, ni digno, ni propio, que aceptara una demora excesiva en el ejercicio del gasto, queda claro que sus palabras no son del todo creíbles, desde el momento que sus dichos se sustentan… sólo con sus propias palabras.

En primer término, queda claro que en medio de este asunto existe un predecible interés político desde ambos frentes. Al ser opositores el grupo de diputados y el gobierno estatal, es natural que existan críticas y señalamientos sobre las ineficiencias de unos y otros.

Esta disputa, de hecho, no es más que una prolongación de aquella vieja polémica sobre quién había sido el verdadero responsable de haber conseguido el “presupuesto histórico” que hoy tiene la entidad: si habían sido los buenos oficios del equipo financiero del entonces gobernador electo Gabino Cué; o si habían sido los —preocupados y sensibles— diputados federales del PRI por la entidad.

No obstante lo anterior, queda claro que más allá de las acostumbradas disputas políticas entre ambos grupos, este asunto sí alcanza a ser percibido por otros grupos que no necesariamente responden al interés de los legisladores federales de oposición, ni tampoco a los del gobierno estatal.

Y está a la vista, que más allá del gobierno estatal que niega todo, y de los diputados que afirman asimismo de forma absoluta, está una ciudadanía que sí percibe, y resiente, el hecho de que ahora está habiendo mayor lentitud en el ejercicio del gasto público, que es determinante para dinamizar toda la economía estatal.

PROBAR LOS DICHOS

Por todo lo anterior, y en vista de que el ejercicio presupuestal se encuentra ya cerca de concluirse, es necesario que si ambos grupos continúan aferrados a sus mismas posiciones, ahora sí tengan la capacidad de corroborar con datos fehacientes sus dichos.

Es decir, si el gobierno estatal asegura haber ya gastado —correctamente— el 70 por ciento del presupuesto, es necesario que muestre los elementos de prueba que tiene para ello. Y del mismo modo, si los diputados federales priistas afirman lo contrario, es necesario que se alleguen, y den toda la publicidad posible, a la información relativa a la demora excesiva en el ejercicio, que irremediablemente haría incurrir al gobierno estatal en un subejercicio al final del año.

Unos y otros podrían afirmar, ante tal señalamiento, que ni ninguno tiene obligación de corroborar, previamente, los dichos que han sostenido frente a toda la sociedad oaxaqueña. Sin embargo, en una sociedad verdaderamente democrática —como en la que, de uno u otro modo ambos grupos aseguran que vivimos—, no debiera ser ningún chiste, y tampoco un mero asunto de golpeteo político, el hecho de que oficialistas y opositores litiguen únicamente en los medios, y ambos sin pruebas, un asunto tan delicado como lo es la estabilidad en la gestión y destino del gasto público.

Hasta ahora, ese ha sido uno de los temas más recurrentes de crítica por parte del principal partido opositor al Gobierno del Estado. Y queda claro que independientemente de que la demora en el ejercicio del gasto público sea o no de la magnitud que aseguran los legisladores, lo cierto es que si ellos han sido tan insistentes en el tema es porque, en efecto, algo de ello sí es real. El problema es que el gobierno estatal simplemente ha apostado a que crean en su palabra, sin haber aportado otro tipo de elementos para reforzar y hacer fehacientes sus dichos.

Por todo eso, lo ideal sería que el gobierno estatal abriera, espontáneamente, todos sus archivos para desmentir, ya, a quienes los acusan del subejercicio. No hacerlo —cuando el ejercicio 2011 está ya tan avanzado, y cuando existen más voces aparte de las de los diputados, que concuerdan en la versión—, equivale a darles la razón, y con ello reafirmar, independientemente de que sea o cierto o no, que el gobierno estatal no tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos (o a sus adversarios).

¿ASPIRACIONES POLÍTICAS?

Estamos por en el último tramo del año, y el grupo gobernante en Oaxaca se acerca al proceso electoral sin definir, y sin dar fuerza, a los que pretenderán ser sus diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Personajes justamente como Gerardo Cajiga, debieran aprovechar su relación con aspirantes presidenciales, para enrolarse en el bullicio electoral. ¿A poco no aprovechará para ello, su amistad personal con el “delfín” presidencial panista, Ernesto Cordero Arroyo? ¿Serán capaces de no hacerlo? Serán capaces… ¿?

+ Administración hace grandes conflictos sindicales

Desde hace varios días, trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, protestan por una presunta “reubicación forzada” que pretende hacer de ellos el Gobierno del Estado. Queda claro que aún cuando la razón del conflicto se encuentra en una disposición de la nueva Ley de Seguridad Pública, la situación se ha agravado por los errores de las Secretarías estatales en la implementación del contenido de la ley, y por la insistencia de esas mismas dependencias por tratar dicho conflicto —que ni siquiera alcanzar a ser un tema de carácter laboral— como un asunto político.

Para entender a cabalidad este asunto, es necesario ir por partes. En primer término, la recién aprobada ley de seguridad pública, establece bases sobre lo que debe ser el modelo policial concebido no sólo por la administración estatal, sino fundamentalmente por el gobierno federal.

Como la gran mayoría de los recursos económicos que invierten los gobiernos estatales en materia de seguridad pública provienen de la Federación, entonces es el gobierno federal quien establece ciertos lineamientos que deben cumplir las corporaciones locales para seguir accediendo a mayores montos de dinero federal destinado para los rubros relacionados. Y uno de los requerimientos fundamentales que impone la Federación a los gobiernos estatales para conseguir esos recursos, tiene que ver con la certificación del personal que se encuentra directamente involucrado en las tareas relacionadas con la seguridad pública.

Ahí es justamente donde, curiosamente, se fija la litis dentro de esta innecesaria y politizada disputa entre el gobierno estatal y sus trabajadores sindicalizados. ¿Por qué? Porque uno de los artículos transitorios de dicho ordenamiento, establece que los trabajadores de base adscritos a la SSPE podrán adherirse al régimen administrativo que contiene esa norma, cumpliendo con los requisitos establecidos y aprobando los exámenes de control de confianza correspondientes.

Dicha posibilidad se abre, según parece, debido a que la norma establece que el personal que cuente con certificación de confiabilidad, tendrá mejor salario y prestaciones que los actuales basificados, aunque habrá de ser considerado como personal de confianza. Empero, la contraparte de la norma indica que los empleados que decidan no certificarse, habrán de ser reubicados a áreas no prioritarias para las labores de seguridad.

De esa disposición se desprenden varios puntos importantes. El primero de ellos, es que la norma no establece disposiciones obligatorias para el personal de base, sino que más bien les abre una posibilidad para que ellos la tomen o no.

El segundo punto importante, es que de antemano todo el personal de base rechazaría adherirse a ese esquema, si ello implicara la pérdida sus derechos y conquistas sindicales, para pasar a ser tratados como personal de confianza, con las vulnerabilidades que esto conlleva.

Hasta hoy, ni la SSPE ni la Secretaría de Administración, han fijado un criterio claro sobre cuál podría ser el tratamiento que darán a esa disyuntiva, e incluso si existirá la posibilidad de que los derechos laborales del personal de base pudieran quedar suspendidos temporalmente, pero a salvo, mientras desarrolla funciones propias del contenido de la Ley de Seguridad Pública.

Como hasta hoy todo ha sido un desastroso enredo entre esas dos Secretarías, lo único que han conseguido es que sobre ese tema, aparentemente ajeno a cualquier controversia, se monten los intereses propios de un sindicato que está próximo a renovar su Comité Ejecutivo, y de diversos grupos opositores que intentan ocupar cualquier conflicto potencial para generar inestabilidad en un gobierno estatal, que sólo ha demostrado su alto grado de inexperiencia, e ineptitud, en el manejo de asuntos como éstos.

SECRETARÍAS ENREDADAS

Ante la inconformidad de los trabajadores de base de la SSPE (que como todos los empleados sindicalizados del gobierno estatal, confunden maliciosamente el término de “inamovilidad”, añadiendo a la posibilidad de no ser despedidos, la del hecho mismo de no poder ser movidos ni siquiera del escritorio o del espacio físico en que laboran), la Secretaría de Administración no supo conducir ese asunto hasta que, como les ha ocurrido en muchos otros casos, se les salió de control.

¿Por qué Administración no pudo conducir ese asunto? Porque aún cuando la explicación sobre los alcances de la Ley de Seguridad Pública parecen bastante claros, obvios e inofensivos para el personal basificado, ni la Secretaría de Administración ni la SSPE encontraron la interlocución adecuada para atajar la efervescencia de los trabajadores.

Y como casi siempre ocurre, algunos representantes sindicales con intereses en generar conflictos para posicionarse electoralmente entre sus correligionarios, aprovecharon la desinformación que reina en sus compañeros sobre el alcance de la norma, así como la incapacidad de la autoridad para manejar un tema como éste, para generar el conflicto que en cualquier momento podría llevar a paros de actividades, toma de oficinas gubernamentales, o a protestas públicas por parte de los empleados de base de la SSPE.

Ante la inconformidad, la Secretaría de Administración pretendió que fuera la Secretaría General de Gobierno la encargada de resolver el asunto, como si éste fuese un conflicto político y no una discordancia interna entre el gobierno estatal y sus trabajadores de base. Pero pronto salió a flote el hecho de que este asunto debe conducirse por los cauces adecuados y no seguir magnificando un asunto que debe resolverse de una forma adecuada y bien dimensionada.

ADMINISTRACIÓN ¿EFICIENTE?

Y es que en el fondo, lo único que debe quedar bien constatado es el alcance de la ley, que no va más allá de lo antes dicho. Sin embargo, ahora el problema verdaderamente importante para el gobierno estatal consistirá en separar los conflictos, y hacer ver a los basificados que el conflicto de fondo no está en la norma, sino en el interés de algunos grupos al interior del sindicato, por generar conflictos —como ya los han creado últimamente en varias dependencias— para posicionarse políticamente y tratar de ganar la dirigencia sindical, que estará en disputa dentro de muy poco tiempo. Pero dados los antecedentes, este será un reto mayor para una Secretaría de Administración que ha demostrado todo, menos capacidad para manejar asuntos como éste.

+ 2012: un escenario distinto al que ve PRI-Oaxaca

A pesar de sus mutuos y reiterados llamados a la cordura, a la concordia y a la unidad, queda claro que ninguna de las corrientes internas del priismo tiene ganas de corregir el rumbo, ni de llevar a cabo un verdadero proceso de unificación. Aunque todos hablan y critican la inexistencia de los valores positivos de la militancia priista, todos caminan en el rumbo equivocado… no sólo respecto a lo que conviene a su propio partido, sino a lo que ocurrirá en 2012. Veamos si no.

Desde hace meses existe un grupo denominado “frente renovador” que, se supone, tiene como objetivo llevar a cabo un proceso de “saneamiento” de la dirigencia y los sectores priistas. Aunque a simple vista parece que el objetivo es no sólo loable, sino necesario, en realidad todo resulta ser parte de una gran faramalla en la que ellos mismos tienen escondidos intereses de diversos tipos.

Prácticamente todos los integrantes del frente renovador, en efecto son militantes priistas pero que tienen intereses y finalidades políticas perfectamente determinadas. Su interés de fondo no se encuentra en llevar a cabo un verdadero proceso de reconfiguración o renovación de la dirigencia priista, sino simplemente en el no permitir que la dirigencia de Eviel Pérez Magaña siga adelante, y se quede con la posibilidad de elegir las candidaturas a diputados federales y senadores. Es decir, un grosero y visible “quítate tú para que me ponga yo”.

En ese sentido, queda claro que el frente renovador no es mejor ni más eficaz que la dirigencia priista. Sus llamados no alcanzaron a tener el eco debido; y su disidencia se formó a partir de la unión de las frustraciones y enojos de un grupo de personas que, en efecto, fueron desplazadas y segregadas por la dirigencia actual del priismo.

Pero sus planteamientos y prácticas democráticas nunca pudieron ser —ni siquiera retóricamente— superiores a las de sus contrapartes. Y todo quedó claro con la conformación de su propia dirigencia, a la que obcecadamente insisten en denominar como “Comité Directivo Estatal”. Porque su calidad de disidentes, no necesariamente los lleva a ser legítimos, a gozar de calidad moral, o a tener mejores antecedentes que el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz.

Sin embargo, si hay alguien que ha legitimado a los “renovadores”, esa es justamente la dirigencia que encabeza Pérez Magaña. Éste, a pesar de saber que sus disidentes carecían de los ánimos democráticos que argumentaban tener, y que representan intereses oficialistas o de otros grupos tricolores perfectamente identificados, nunca dio los pasos que eran necesarios para poder contener los cuestionamientos o para desactivar los argumentos que lo señalaban como carente de liderazgo, como lejano a la militancia, o como simple representante de una camarilla que tiene secuestrado a un partido político.

Ante los cuestionamientos, Pérez siempre se ha achicado. Ante el señalamiento de que carece del liderazgo para conducir a su partido, él se retraía y daba más espacio para que los priistas “institucionales”, hicieran lo que les viniera en gana. Ante el argumento de que él representa la más pura continuidad del ulisismo, lo que siempre prefirió hacer fue constatar a esos personajes que justamente le generaban el cuestionamiento, dejando de hacer algo para cuando menos establecer ciertos rasgos de pluralidad e inclusión en el priismo.

Por eso, en este escenario, son tan nocivos para el priismo los puros como los conversos. Éstos últimos, envueltos en piel de oveja, esconden los intereses de una serie de lobos que no van por la democracia del priismo, sino por la posibilidad de incidir en las postulaciones a senadurías y diputaciones, o por entregar al partido al oficialismo gobernante. Y los puros son iguales o peores que sus adversarios, porque éstos nunca han tenido la visión de crecerse a la crítica, o de hacer algo positivo de la circunstancia adversa. Más bien, ante ésta, se han encerrado, han reiterado los cuestionamientos que se hacen en su contra, y han dado las pautas suficientes para que siga sobre ellos la crítica.

INTERESES, EN EL FONDO

Todos creen que pueden ir libremente sobre el botín de las postulaciones. La dirigencia de Pérez Magaña, por un lado, dejó el camino libre para que todos hagan, y sueñen con lo que pueden conseguir. Y los disidentes creen que, en el hipotético caso que lograran llegar a tener el control de la dirigencia priista, podrían ser ellos quienes impulsaran candidatos. No logran entender que la lógica de las postulaciones será distinta a la del amiguismo y el grupismo que ha reinado en el priismo.

Queda claro que, en ese sentido, será el Comité Ejecutivo Nacional quien establecerá las reglas para las postulaciones, y quien funja como “gran elector” en entidades federativas donde no hay gobernador priista. Oaxaca será uno de esos escenarios. Y, seguramente, aquí habrá diversos factores objetivos, antes que intereses de grupo, los que serán evaluados para otorgar las postulaciones. Y en esa lógica no habrá espacio para las negociaciones o las demostraciones de disciplina. Simplemente quien pueda ganar y aportar votos a la contienda presidencial, será quien aparezca como candidato a Diputado o Senador por el PRI.

Casos posibles para ejemplificar, hay innumerables. Uno de ellos, clarísimo, es el del distrito electoral de Oaxaca Centro. Aquí, independientemente de todos los que aspiran a la candidatura, hay ciertos elementos clave que van a determinar la designación: el último candidato a diputado local por ese distrito, fue Martín Mathus Alonso. A pesar de su derrota, él obtuvo más votos que todos los demás partidos. Su descalabro ocurrió por la unión de resultados de los partidos coaligados. Pero es claro que de no haber habido ésta, él les hubiera ganado ampliamente a todos los partidos.

REGLAS CLARAS

Ese antecedente, por ejemplo, habrá de determinar la nueva postulación. Aquí no habrá “dedo elector”, sino consulta de elementos objetivos. Así, siguiendo el ejemplo, la decisión sobre quién será el candidato por este distrito se tomará en función de: 1. Quién es más conocido. 2. Quién es más aceptado. 3. Quién tiene más ascendencia partidista entre los votantes. 4. Quién sí tiene verdadero proyecto, etcétera. Y por ese tamiz, irremediablemente, pasarán a Mathus y a los demás aspirantes en ese distrito. Y así se replicará el ejercicio en todos los demás. Por eso no habrá recomendados, ni cuates, ni cuotas. ¿Apuestan?