+ Grupos armados: Oaxaca, intensa caja de resonancia

Desde siempre se advirtió que las expectativas del cambio, eran directamente proporcionales al riesgo social y político que conllevaban. Tal y como se estableció en los cálculos previos, no iban a ser suficientes ni cien, ni quinientos, y quizá ni mil días para poder reflejar una modificación sustancial en el estado de cosas. El problema es que, a un inicio, quienes tenían en sus manos la labor de hacer mesuradas las promesas, decidieron darle rienda suelta a la expectativa ciudadana.

Hoy que pasaron los primeros 111 días de gobierno en Oaxaca, es clara la discordancia entre el gobierno y la sociedad. La administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo ha evitado cualquier posibilidad de hacer un balance serio. En este sentido, lo más que ha dicho el Mandatario estatal, es que las posibilidades de ver cristalizada una transición democrática de fondo deberá conllevar un trabajo sostenido de al menos 25 años. Fuera de eso, sin embargo, es nada lo que se ha agregado a lo que podría ser este primer balance.

No obstante, parece que la sociedad oaxaqueña, y los sectores que generan las principales resonancias y lecturas políticas del escenario estatal, sí quisieran iniciar ese primer recuento. De ahí que tanto en los medios de información, como en los sectores de la sociedad, e incluso entre quienes observan el devenir político desde las trincheras institucionales, sí ha permeado esta idea de someter por primera vez a revisión, esta controvertida —y para muchos esperanzadora— administración en la entidad.

En ese sentido, este espacio ha dado particular relevancia a la lectura que realizan de la realidad, grupos armados tales como el Ejército Popular Revolucionario o las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. Aunque una organización y otra manifiestan diferencias fundamentales entre sí, inicialmente pareció haber entre ellas la coincidencia de no ver con malos ojos la posibilidad de un cambio de partido en el poder en Oaxaca.

Una lectura incorrecta de esa idea, podría llevarnos a suponer que esa causa (la de la alternancia de partidos en Oaxaca) no sólo generaba coincidencias y posibles apoyos —una y otro, aunque pareciera, están lejos de ser lo mismo— a la aventura electoral del ahora gobernador Cué.

Y no sólo eso: aquella misma lectura incorrecta de los posicionamientos de esos grupos, podría incluso llegar a suponer que éstos, por su causa común de manifestar aversión al régimen priista del gobernador Ulises Ruiz, habrían de sostener algún tipo de incondicionalidad con el gobernador Cué, o que habrían de respaldar todas las decisiones de éste ya como Mandatario.

Sin embargo, queda claro que tanto los grupos armados como otras organizaciones de lucha social como la Sección 22, tienen líneas políticas e ideológicas perfectamente definidas, las cuales no quedan sujetas a negociación, y mucho menos son trazadas para seguir incuestionablemente una causa político-electoral con la cual ellos, esencialmente, no concuerdan.

Esa es la razón por la que ninguna de esas organizaciones, que sí vio con buenos ojos el cambio de régimen en el poder en Oaxaca, hoy ha manifestado coincidencias o beneplácito por lo que hasta ahora ha decidido y logrado la administración del gobernador Cué.

En esa postura alejada de los partidismos y las incondicionalidades, es donde a nuestro juicio se encuentran los análisis más sólidos de la realidad en Oaxaca. Su importancia no sólo radica en el contenido de los mismos, sino también en qué voz, y bajo qué tesitura lo dice. Vale la pena, en este sentido, no dejar de lado el análisis de los primeros 111 días de gobierno en Oaxaca que hace dos días hizo público las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo.

BENEFICIO DE LA DUDA

Cabe decir que este balance, aunque critica duramente diversas decisiones y primeros resultados de la administración del gobernador Cué, tiene la particularidad de aún no señalarlo directamente por los hechos que señala. Aunque disimuladamente, parece claro que aún existe, al menos en esa organización, la idea de seguirle brindando el beneficio de la duda. A ver cuánto le dura.

Respecto a la relación del Gobierno del Estado con la Sección señalan lo siguiente: “para tender los puentes y acercamientos con uno de los actores políticos y sociales más destacados, Bernardo Vásquez e Irma Piñeiro no son los más idóneos (…) Problemática que se agrava aún más con la reciente desaparición de un maestro muy cercano al Secretario General que funge como su asesor en muchas temáticas. Eso muestra además que quienes realizaron el levantón y posterior desaparición de Carlos Román Salazar saben el rol que desempeña al lado de Chepi. Y saben con certeza que esta acción desestabiliza de manera permanente el precario ambiente político estatal. ¿Quién está detrás de estas acciones? No es muy difícil saberlo, lo importante es que los actores a los que les compete actúen de manera correcta y sin cortapisas.”

Este, que constituye un señalamiento directo a dos de los principales funcionarios del gobierno de Cué, se complementa con la crítica implacable a su principal programa social. “En lo que se refiere a la política social, se ha lanzado mediáticamente un programa titulado ‘Bienestar’ (…) Pero nada se dice de los enormes candados que tienen estas medidas plenamente clientelares y electoreras. Las normas de operación para acceder a estos beneficios indican que solo podrán beneficiarse municipios con más de 30 mil habitantes. Es decir, la inmensa mayoría del Oaxaca rural queda fuera de esta iniciativa populista y que tiene objetivos de caución del voto. Los pobres de siempre quedarán fuera de esta iniciativa.”

GOBIERNO DE CUATES

Y luego de señalar otros temas, como las pugnas postelectorales en diversos municipios, la falta de investigación sobre homicidios y desapariciones de alto impacto, los negocios que se realizarían con el agua en Tuxtepec, con las minas en Zaniza y Textitlán, y los desarrollos urbanos en la zona aledaña a la capital oaxaqueña, rematan diciendo: “lamentablemente Gabino Cué se convirtió en el ámbito económico en un rehén de los compromisos contraídos con los grupos oligárquicos. En el aspecto político convirtió su administración en un espacio de cuotas y de cuates. Le ha faltado mayor liderazgo y es muy dado a usar el aspecto mediático para mantener el nivel de aceptación que todavía aún sustenta (el mal llamado ‘bono democrático’).” Y ni eso.

+ Las reformas sin cambios personales, equivalen a nada

Tienen razón todos aquellos que, comenzando por el mismo gobernador Gabino Cué Monteagudo, hoy aseguran que la transición democrática en Oaxaca no ocurrirá de la noche a la mañana. Sin embargo, más allá de esa afirmación incuestionable habría que comenzar a pensar con seriedad qué conlleva la tantas veces mentada “transición”, y qué es lo que todos —independientemente de los partidismos, los intereses de grupo y las ambiciones personales— debemos aportar para que ese cambio de fondo ocurra.

El asunto no es menor. Porque hoy más que nunca debíamos analizar con mayor detenimiento qué es lo que realmente se necesita para que ello ocurra. En un primer momento nos vendieron la idea de que votando por una opción diferente lograríamos la transición. Luego se nos dijo que con una “limpia” de funcionarios del anterior régimen se lograrían avances.

Desde hace un par de meses, se nos ha querido incrustar la idea de que con las reformas constitucionales la democracia llegará. Y ayer, al cumplirse los primeros 111 días de gobierno, se nos aseguró a los oaxaqueños que el cambio ocurrirá luego de que ese acumulado de factores lleve un ritmo sostenido de cuando menos 25 años. Es evidente que, frente a todo eso, lo que resulta es un peligroso descuido del discurso de cambio por parte de quienes ya se vieron beneficiados de él, al haber accedido al poder estatal. ¿Por qué?

Porque, de entrada, lo que ya es hoy claramente perceptible es la contradicción entre el discurso del cambio profundo a partir de la alternancia, y los señalamientos actuales respecto a que toda evolución debe llevar un curso sostenido de cuando menos dos décadas. Aunque esencialmente tienen razón al aceptar que los cambios no pueden ser tan abruptos —y que ni siquiera lo pueden ser tanto aún cuando éstos se logran a través de la vía armada—, lo que también es visible, es que ellos están jugando con fuego al no poder sostener —ni retóricamente— lo que machaconamente dijeron que lograrían al haber alternancia de partidos.

Y, en este sentido, habría que puntualizar bien lo que aquí se dice: no se trata de que sostengan promesas que hoy visiblemente son imposibles de cumplir en el corto plazo. Pero tampoco se trata de que rápidamente se caiga en esta actitud de desánimo, frente a lo que dijeron que conseguirían. Ante tales contradicciones, o en su momento no sabían de lo que hablaban al prometer la transición en seis años, o deliberadamente vertieron esas promesas irrealizables sólo para captar la confianza y el voto de los electores.

Por todo eso, hoy lo primero que tendría que ocurrir en quienes tienen en sus manos al Gobierno del Estado, es que abandonaran esa actitud de pasmo y descontrol que, independientemente de la causa, denotan en su actuación como servidores públicos. Es cierto que el régimen anterior pudo haber dejado hecho un desastre la administración. Pero también lo es que el pueblo de Oaxaca los eligió para trabajar y hacer mejor las cosas, además de ajustar cuentas con los corruptos, pero no para sólo responsabilizar a sus antecesores por las cosas que ellos no tienen capacidad de resolver.

Y junto a eso, debían enfocar sus actitudes en otras rutas que denotaran que si bien los cambios de fondo no llegarán de la noche a la mañana, ellos sí sentarán bases sólidas para que la transición comience con una inquebrantable decisión por cambiar las actitudes y las prácticas de poder.

LEY: CAUSA Y EFECTO

Señalan los teóricos de las ciencias sociales, que el poder político sólo puede ser ejercido en lo que ellos denominan como “una sociedad estatal”. Esa sociedad estatal, es la que dicen que existe cuando un grupo de ciudadanos convive regido por la ley, bajo el imperio de un Estado soberano, que ejerce sus funciones a través de un gobierno conformado por un grupo especializado de funcionarios.

En todo esto, el poder político no radica sólo en la capacidad que tienen esos funcionarios de hacer que los demás cumplan con las normas que marca el Estado para cumplir sus aspiraciones de lograr el bien para todos, sino también en la disposición y entendimiento que tienen los ciudadanos para acatar espontánea y voluntariamente la ley, y para hacer notorio el respeto y las coincidencias que tienen con el Estado respecto a alcanzar el bien común.

¿Por qué decir lo anterior? Porque en Oaxaca debía quedar claro que aún con nuestros errores y deficiencias, no vivimos en una sociedad “preestatal” y mucho menos los ciudadanos somos ajenos al cumplimiento de los fines del Estado. En razón de ello, los cambios de fondo debían partir no solamente de que se modifique una ley, o que se despida del sector público a un grupo de funcionarios presuntamente corruptos. La transformación real vendrá cuando quede constatado que existe voluntad común por cambiar las cosas, y se manifiesten firmemente las coincidencias que existan entre quienes detentar el poder y los ciudadanos.

En todo esto, si alguien ya dio muestra clara y contundente de querer cambios y hacer algo para lograrlo, fuimos quienes estamos del lado de la ciudadanía oaxaqueña. Lo aceptemos o no, nos guste o no, o lo celebremos o no, la mayoría de nosotros los ciudadanos votó por un cambio, al que ahora se debe corresponder recíprocamente desde el sector público.

Creer que la transición llegará con una reforma constitucional es poco más que ridículo. Incluso no habiendo un solo cambio a las normas legales, puede hacerse mucho si existe la voluntad y el compromiso suficiente para lograrlo. Lo mismo ocurre con las “limpias” y las persecuciones que están en puertas. Esas sólo servirán para ajustar cuentas entre grupos de poder, pero no para generar modificaciones de fondo.

CAMBIOS, INDIVIDUALES

Todo eso debería comenzar a quedar claro. En general, los oaxaqueños debíamos comenzar a entender que los cambios deben comenzar a partir de uno, y no seguir esperando a que los demás cambien para que entonces actuemos en consecuencia. Si el gobierno sigue esperando quién sabe qué para sostener sus promesas, y si la oposición se instala en esa actitud maniquea de que antes todo estuvo bien y ahora todo está mal, entonces no podremos esperar mucho. Mientras no asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde, y sigamos viendo siempre al de al lado como el responsable de todo, entonces seguiremos instalados en este círculo vicioso que nos ha dejado de todo, menos algo bueno para nuestra sociedad.

+ Partidos deben tomar en cuenta más que votos

Desde el gobierno estatal, y las fuerzas de oposición, debía comenzar a entenderse que Oaxaca es mucho más que dos partidos, o dos grupos políticos. Hoy, queda claro que quienes luchan desde el poder, y por el poder, tienen comparten una visión que no tiene matices. Así, recíprocamente, sólo existen los buenos y malos; los blancos y los negros; los tricolores y los aliancistas. Y con esa visión, desdeñan a todos aquellos que más allá de las fobias partidistas, no desean más que el bien para toda la comunidad.

Hoy podemos ver claramente cómo las prácticas del pasado se repiten libremente. Para nadie es un secreto que mientras el Partido Revolucionario Institucional tuvo en sus manos el poder, los grupos que sucesivamente ejercieron el gobierno fueron excluyentes en todos los sentidos. El problema, en realidad, radica en que ese tipo de prácticas eran algunas de las que tenían que comenzar a varían con el “cambio”, pero hoy se repiten indiscriminadamente como si las promesas de cambio no hubiesen sido sino una mera mascarada.

En el pasado, no era raro que más allá de cualquier calidad moral, profesional o de experiencia, sólo la filiación partidista o la pertenencia al grupo gobernante, fueran sendos elementos indispensables para que una persona ocupara cargos de responsabilidad, o al menos para que fuera tomada en cuenta en las opiniones o representatividad que pudiese tener. Esa era precisamente una de las prácticas que hacía fuerte tanto al partido hegemónico, como a quienes desde ahí accedían al poder y lo preservaban.

Todos aquellos que en esos momentos ocupaban las trincheras de la oposición, se quejaban amargamente de que fuesen elementos excluyentes meramente partidistas, y no de otro tipo, los que determinaran que la política se redujera a los acuerdos autoritarios y no consensados; a que nunca hubiese posibilidad de concertación; que los ajenos fueran ignorados y disgregados. Y que las posibilidades de que hubiera un ejercicio transversal de acción política —en el que, sin concederse concesiones recíprocas, sí hubiera garantía de que todos fueran al menos escuchados—, eran prácticamente nulas.

Esa fue una de las razones de fondo por las que los partidos opositores buscaban el “cambio”. Quienes entendían bien las necesidades políticas reales, aseguraban a los ciudadanos, y a los demás grupos de poder, que un elemento fundamental para llegar al bien común, consistía en que hubiera una práctica incluyente y más democrática, que dejara atrás los verticalismos y verdaderamente pugnara por ensanchar los cauces democráticos en los que también debía participar la sociedad, independientemente de sus filias o fobias partidistas.

El problema es que junto a ellos, también se generó otro grupo integrado por opositores resentidos, que comenzaron a buscar el poder para sólo repetir las mismas prácticas de que ellos eran objeto. Así, al comenzar a ganar elecciones, hicieron blanco de su desprecio a todos aquellos que no comulgaban con sus ideas o concepciones políticas. Se dedicaron a reproducir la práctica de “estás conmigo o estás contra mí”. Y se dedicaron a consolidar las mañas del partido hegemónico, que en realidad era uno de los asuntos más sentidos que ellos tenían la misión de desarticular.

Frente a todo esto, los oaxaqueños tendríamos que comenzar a preguntarnos, con seriedad, qué tipo de gobierno de alternancia y cambio tiene hoy en sus manos la gobernabilidad del estado.

REPETIR PATRONES

Cuando los ahora partidos aliados que gobiernan Oaxaca, se encontraban del lado de la oposición, siempre le reprochaban al PRI que al éste tener el poder los despreciaba y los ignoraba, usando sólo sus mayorías para legitimar o sacar adelante las decisiones que previamente ya se habían tomado, y desoyendo todo aquello que no fuera exactamente concordante con lo que ellos querían.

Decían que el priismo entonces gobernante, no tomaba en cuenta que ellos también tenían representatividad, que llevaban la voz de sectores importantes de la población que no eran incondicionales del poder, y que por esa razón debían ser tomados en cuenta.

Aunque tenían razón —pues desde hace más de una década nadie en Oaxaca (ni el priismo ni la oposición) gana de manera arrolladora una elección—, ¿por qué no eran tomados en cuenta? Porque en nuestro sistema institucional, aquí quien gana los comicios gana todo, y quien lo los pierde, se queda sin nada.

Esto no ha cambiado ni en lo más mínimo, a pesar de la “transición”. Aquí los mecanismos de equilibrio entre quienes gobiernan, y los que se oponen, simplemente no existen. Y si bien es cierto que tal cambio no podría ocurrir por arte de magia, en automático, o por la voluntad de una sola persona, también lo es que por lo menos la práctica del poder sí debería comenzar a modificarse, tanto desde el oficialismo como en las fuerzas de oposición, para comenzar a desmantelar los verticalismos —y el autoritarismo— del que tanto se quejan, pero al que todos son proclives.

En ese sentido, el Gobierno del Estado debía comenzar a considerar que si bien ellos ganaron de forma indiscutible la elección, eso no anula del panorama a sus opositores, ni les da derecho a ignorarlos por completo para nutrir el diálogo político. Del mismo modo, a los tricolores no se les debe olvidar que su representatividad radica en la ciudadanía, y que por tanto ellos no son ni una ínsula de poder, ni una mera facción en la que no exista la posibilidad de abrir el diálogo institucional a todos los sectores de la sociedad.

Todo eso debían comprenderlo, unos y otros, para discutir los temas de fondo. En realidad, lo que está en juego es tanto la gobernabilidad, como los cambios institucionales que se pretenden para democratizar la práctica del poder. No entender ese aspecto sustancial, equivale a que las fuerzas políticas sigan en el autoengaño indefinidamente. Sólo que así no habrá transición, no habrá cambio ni habrá democratización. Y sólo se consolidará la idea de que la alternancia fue un simple enroque del tipo “quítate tú, para que me ponga yo”.

¿Y LA INICIATIVA?

Fue un gran amigo de este espacio quien hizo el favor de hacernos llegar la propuesta de reforma constitucional que recientemente presentó el PRI oaxaqueño a la Legislatura local. Lo correcto habría sido, sin embargo, que alguien de la dirigencia estatal se encargara de hacer eso. No entienden que ahora son ellos quienes deben buscar y generar sus propios espacios.

+ ¿Cómo enfrentar desdén por y desde sociedad?

Existen diversos planteamientos en los que, más allá de las posiciones “políticamente correctas”, se supone que todos los oaxaqueños estamos de acuerdo. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de tener una mejor educación pública, servicios de salud más eficientes, gobernabilidad real y un eficaz ejercicio del poder y los servicios públicos. Si se supone que esto es así, ¿entonces por qué el gobierno y la sociedad representan dos grandes bloques, lejanos, que bajo ninguna circunstancia desean mezclarse?

Hoy la realidad oaxaqueña hace perfectamente visible esa circunstancia. Por un lado, el Gobierno del Estado está comenzando a enfrentar los flagelos sociales comunes de los oaxaqueños (tales como la beligerancia magisterial y de los grupos sociales, los múltiples problemas municipales, los chantajes políticos, etcétera) y vemos que, más allá de los fatalismos o la exageración, el Gobernador del Estado se encuentra completamente solo. ¿De qué hablamos?

Hablamos de que, en una de las vertientes, su equipo de gobierno no lo ayuda; y que, en la otra, la sociedad no ha querido respaldar el cumplimiento de sus promesas de campaña respecto a la gobernabilidad y el cabal goce de los derechos fundamentales de todas las personas.

El asunto, visto desde esa perspectiva, no es menor. Por un lado, estos primeros tres meses de gestión han demostrado que el equipo con el que el gobernador Cué Monteagudo llegó al poder, no ha sido capaz de articular una política de gobernabilidad con capacidad de demostrar eficacia en la contención de los problemas sociales.

Si bien se recuerda, como fuerza opositora, el grupo del ahora Gobernador reprochaba fuertemente a los gobernantes por su marcada incapacidad para contener las efervescencias sociales y garantizar el goce de derechos de los terceros afectados. Ya defendiendo intereses electorales, ellos usaron eso como arma de lucha asimismo reprobando la incapacidad gubernamental y prometiendo que ellos sí lograrían hacer lo que sus adversarios políticos no conseguían. Hoy, sin embargo, queda perfectamente claro que sus promesas de campaña no fueron más que eso.

Sin embargo, la segunda vertiente es tanto o más grave. Ayer, por ejemplo, vimos por enésima ocasión cómo un reducido grupo de integrantes de las escuelas normales superiores, y de la Sección 22 del sindicato magisterial, convirtieron a la capital oaxaqueña en un enorme estacionamiento, al instalar bloqueos en varios de los principales cruceros viales de Oaxaca de Juárez.

Aunque decenas de miles de personas fuimos las afectadas, llama la atención que nadie absolutamente hace algo, aunque sea de forma retórica, para respaldar al Gobernador del Estado y, en función de ello, exigir que los eternos inconformes de la Sección 22, cesen sus constantes actos de molestia a la ciudadanía.

Es relativamente comprensible que los funcionarios subordinados al Gobernador del Estado estén fallando gravemente en las tareas de contención de la gobernabilidad. Puede agregarse, incluso, que es la inexperiencia o una posible mala intención, lo que los está llevando a cometer este tipo de errores.

Sin embargo, es altamente preocupante que hoy en día no exista prácticamente ningún sector de la sociedad (grupo ciudadano organizado, cámara empresarial, organización no gubernamental, etcétera) que tenga el valor, la decisión o al menos la identidad con la visión de gobierno del actual régimen, como para salir públicamente a respaldar al Mandatario y exigir no represión ni persecución a los inconformes, sino simplemente que la ley se cumpla y los derechos de la ciudadanía sean garantizados.

PARTIDISMOS FÓBICOS

Cuando hace apenas unos meses, el actual régimen llegó al poder estatal, prometieron a la ciudadanía “una limpia” de todo lo que oliera, o se tuviera la sospecha, de preservar identidad o pertenecer al PRI. Desde la posición partidista y de arenga a la ciudadanía que los apoyó, la medida era perfecta. Sin embargo, el llevar al extremo esa práctica dizque “política”, hoy les está provocando más problemas que beneficios.

¿Por qué? Porque si bien es relativamente comprensible que su ánimo de “limpiar” de priistas al gobierno estatal, los esté llevando a hacer un despido masivo e indiscriminados de empleados públicos, que no tiene otra motivación ni justificación que sus fobias y rencores partidistas (aunque curiosamente están dejando en puestos clave de todas las dependencias oficiales a personas con amplios conocimientos de corrupción), también es cierto que esa práctica la están extendiendo a la sociedad.

En efecto, hoy el Gobierno del Estado reitera cada que puede su desprecio a organismos eminentemente ciudadanos, al tacharlos simplemente de “priistas”, o por tener sospechas de que sus integrantes tienen esa filiación partidista.

En razón de ello, grupos como el Observatorio Ciudadano del Delito —integrado por expertos en seguridad y representantes de las principales cámaras empresariales en el Estado—, así como varios otros que se están integrando para aportar elementos al debate público, más allá de cualquier visión maniquea o partidismos, han sido olímpicamente despreciados por el gobierno estatal, que al tacharlos de “priistas” simplemente los ignora y por ende les regatea la importancia que tienen.

Hoy, cuando el gobierno estatal apenas inicia y tiene un alto grado de legitimidad, puede darse el lujo de despreciar a la sociedad a partir de una visión reduccionista y polarizada en la que sólo hay malos y buenos. Sin embargo, nadie más que ellos resentirán las consecuencias de ese evidente error de cálculo, cuando dentro de no mucho tiempo necesiten del respaldo ciudadano, y reparen en que al sembrar vientos, sólo cosecharán tempestades.

¿Qué grupo de ciudadanos estará dispuesto a respaldar a un gobierno que por iniciar su gestión teniendo una perspectiva ajena a los matices, los desdeñó, los ninguneó y hasta los tachó de priistas? Evidentemente, ninguno. Y, sin duda, al ser esa la ruta inicial que está marcando el gobierno estatal, la del rechazo será la que marquen los grupos ciudadanos organizados cuando el poder público tenga necesidad de legitimación a partir de ellos.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Qué bueno que el PRI presentó su propuesta de reformas a la Constitución del estado. Sería bueno que hicieran público, y distribuyeran masivamente dicho documento. El debate debe ser amplio. Más allá del estruendo inservible, Oaxaca necesita propuestas.

+ Ver el ejemplo federal: sólo cuotas e inmovilismo

Aunque las promesas de campaña de la coalición ganadora de la gubernatura, y de la mayoría en el Congreso del Estado en Oaxaca, fueron en el sentido de velar por el interés general, la democracia y la inclusión de toda sociedad en el ejercicio del poder, hoy queda claro que sólo están repitiendo los mismos esquemas de siempre para repartirse el poder. Es cada vez más claro que el cambio fue sólo rotativo, pero no cualitativo.

Hoy las contradicciones son claramente visibles. La Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca —como conjunto de partidos que postularon al Candidato a Gobernador, y a los aspirantes a las curules estatales— abanderó las causas no sólo contrarias al partido en el poder, sino que también pugnaba porque hubiera inclusión de la sociedad, democracia y claridad en los procesos democráticos y en las decisiones políticas que se tomaran. ¿De qué hablamos?

De que, como fuerza de oposición, se dedicaron a captar a todos aquellos sectores sociales, económicos e incluso políticos, que habían sido desplazados por lo que ellos mismos denominaban “el autoritarismo”. En ello encasillaban todas las decisiones tomadas con sentido faccioso, partidista o de grupo, desde el poder. En su visión —ahora sabemos que bastante maniquea— asumían como “malo” todo lo ejercido o decidido por el priismo, y como “buenas” todas las promesas de democracia que ellos hacían a la ciudadanía.

Los ofrecimientos, en el fondo, tenían como base la posibilidad de que la sociedad participara en ciertos rubros de la democracia, se empoderara, y ahora sí pudiera convertirse en un factor efectivo de equilibrio entre el poder público y los gobernados. Esa demanda de inclusión ciudadana, encontraba como puerto de arribo la integración —ahora sí ciudadana— de los órganos autónomos, como el encargado del acceso a la información, el de la fiscalización, y el que tiene como función el organizar los procesos electorales.

Para fundamentar dicho planteamiento, y exigir una verdadera integración ciudadana de esos órganos, se aseguraba que en los tiempos del autoritarismo priista, la integración de esas instancias estaba determinada por la filiación partidista, o la pertenencia al grupo político gobernante de esos supuestos “ciudadanos apartidistas” que tenían bajo su control esos órganos equilibradotes del ejercicio del poder.

Y seguramente no les faltaba razón. En sus tiempos de esplendor, el priismo gobernante nunca tuvo empachos en aceptar que su función no era la de la democratización, sino la de ejercer y conservar el poder que entonces tenían en las manos. Aún hoy, nadie duda que los órganos autónomos fueron integrados en función no de la democracia, sino del interés faccioso del ahora ex gobernador Ulises Ruiz.

Sólo que es tanto o más grave que en estos “nuevos tiempos” de Oaxaca, en los que se supone que reina la democracia, la inclusión y el desmantelamiento del aparato autoritario del pasado, los representantes de los partidos políticos (¿y de la sociedad?) en el Poder Legislativo decidieron, sin ningún pudor, un reparto meramente partidista del órgano ciudadano por excelencia, como lo debería ser el Instituto Electoral.

Esto significa no sólo una grave decisión que, según la experiencia federal, podría desacreditar más de lo que pudiera ayudar a la democracia electoral en Oaxaca, sino también una grosera repetición de los esquemas de reparto del poder, que las entonces fuerzas de oposición tanto criticaban en la entidad hace apenas unos meses.

¿CIUDADANIZACIÓN?

Uno de los mayores triunfos de la democracia obtenido por los mexicanos gracias al accionar institucional y democrático, y no de la convulsión, la agitación o las armas, fue la completa ciudadanización, a principios de la década de los 90’s, del Instituto Federal Electoral.

Si se recuerda, hasta entonces esa institución estaba en manos del gobierno federal —era, particularmente, un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, que era quien organizaba los procesos electorales, contaba los votos y declaraba al ganador (siempre militante del PRI) de las jornadas electorales—, y esa era la razón fundamental por la que toda la sociedad mexicana desconfiaba de ellos. El punto “cúspide” de aquella Comisión Federal Electoral, ocurrió en 1988 al darse la tristemente célebre “caída del sistema” que, dicen, le dio el triunfo al candidato presidencial priista, Carlos Salinas de Gortari.

Así, luego de una compleja lucha los partidos consiguieron no la partidización, sino la ciudadanización del órgano electoral federal. Y entonces, ya como Instituto Federal Electoral, esa instancia vivió su época de mayor credibilidad, aceptación ciudadana, y fuerza moral como árbitro en los procesos electorales.

Sólo que la experiencia, en sí misma, no siempre ha sido buena. De hecho, luego de un exitoso periodo en el que el IFE fue integrado por personas de reconocida calidad profesional, académica, e incluso política (con José Woldenberg a la cabeza), pero sin una marcada tendencia partidista, las fuerzas políticas decidieron “partidizar” ese órgano. Y con eso asestaron un duro golpe a ese, que era el más exitoso ejercicio democrático que había ocurrido con las instituciones democráticas del país. ¿Por qué?

Porque por tratar de repartirse “democráticamente”, entre ellos, los asientos del Consejo General del IFE, abandonaron la vocación eminentemente ciudadana de ese Instituto, y lo sujetaron ya no al interés general, sino a la conveniencia de las dirigencias partidistas y sus respectivos grupos parlamentarios. El resultado fue que el primer sacrificado de la elección presidencial de 2006, fuera precisamente el IFE.

REPETIR ERRORES

En Oaxaca queda claro que los partidos coalicionistas están dispuestos a repartirse, en nombre de la democracia, la integración del IEE. El resultado, desde hoy, podemos preverlo: tachándolos de “priistas” y de servir al régimen del ex gobernador Ruiz, eliminarán a todos los integrantes del Consejo General encabezados por José Luis Echeverría Morales, para luego nombrar a otros consejeros que, evidentemente, ya no defenderán el interés priista, pero sí el de ellos y el del Gobernador del Estado. Y así, ¿qué cambia entonces? Es claro que nada. Los ciudadanos habrán sido nuevamente desdeñados. Sólo que ahora no en nombre del autoritarismo, sino de la “democracia” de los aliancistas. Qué desgracia.