+ Justicia mediatizada; ayer, verdugos, hoy, aliados

Cuando hace unos cinco años, un joven en la ciudad de Monterrey trató de asesinar a su novia, y mató a sus dos hermanos pequeños, la televisión hizo una amplísima cobertura —exagerada, sin duda— del caso, e involuntariamente cientos de miles de mexicanos se convirtieron en investigadores, abogados penalistas, criminólogos y hasta mentalistas, para tratar de deducir un asunto que le competía a las autoridades, pero que le convenía a la televisión para mantenerlos cautivos.

Hoy, frente a la acusación —ya desvirtuada— de violación hecha al cantante Kalimba, esta vieja historia del secuestro televisivo, de la manipulación de millones de mentes, e incluso del engaño y la frivolidad demostrada respecto a un asunto judicial tan serio como un abuso sexual, de nuevo se hacen presente. La televisión, y las televisoras, de nueva cuenta nos dejaron ver de qué tamaño es su interés por hacernos presa de la peor parte, la abiertamente morbosa, del trabajo periodístico.

No se exagera cuando se dice que en la última semana, el caso del cantante y la presunta violación de una menor de edad, tuvo más relevancia en los medios informativos que cualquier hecho de trascendencia nacional e internacional. No sólo los programas de espectáculos y de “chismes de la farándula” dieron cobertura al asunto, sino también los principales noticiarios de radio y televisión.

Como si Kalimba y su libertad, fueran de verdad un asunto de relevancia nacional, o éste fuera un actor fundamental de la vida o la estabilidad de la nación. Todos, sin excepción, se volcaron a buscar y difundir cualquier tipo de información al respecto, sin tomar en cuenta que ésta fuera cierta o supuesta; que fuese cuestión de la vida pública de los involucrados o de su intimidad, o incluso que fuera parte de las investigaciones que se realizaban.

En realidad a las televisoras, y a Televisa en particular, lo que menos les interesa es justamente Kalimba. Veamos si no. Hace apenas un par de semanas, cuando se hizo pública la acusación de agresión sexual, fue el conductor del noticiario matutino de televisión, Carlos Loret de Mola, quien encabezó las investigaciones, el juicio, la radicación, la sentencia y la pena que, sumaria y anticipadamente, le impuso la televisión al cantante.

¿Se recuerda la escena? Loret de Mola entrevistando a Kalimba —hecho un auténtico manojo de nervios—, dos días después de que se hizo pública la acusación, tratando por todas las vías de que éste aceptara públicamente, en cadena nacional de televisión, y en horario estelar, que o había abusado sexualmente de la menor, o que cuando menos había sostenido relaciones sexuales con ella.

Kalimba, como era de esperarse, difícilmente se daría, como dice la frase popular, “un balazo en el pie”, aceptando públicamente su responsabilidad aún cuando los hechos que se le imputaban sí fueran su responsabilidad; como negó sostenidamente haber abusado de la menor, y como se negó a aceptar que había sostenido un encuentro sexual con la chica, entonces para la televisión, en un solo acto, se convirtió en responsable.

La inquisición fue franca y abierta. Y a partir de entonces parecía que la defensa legal del cantante tendría no sólo que sortear los cuestionamientos y las pruebas recabadas por el órgano de procuración de justicia de Quintana Roo, y convencer al juez sobre la inocencia del acusado, sino también llevar a cuestas a las televisoras que asimismo habían decidido ya, por una cuestión de rating, que el cantante era responsable por los hechos que se le señalaban.

VIRAJE INFORMATIVO

Hubo un momento, dentro de todo ese maratón informativo, en que las televisoras se dieron cuenta que, contrario a lo que habían vaticinado inicialmente, Kalimba podría no ser responsable de la agresión por la que se le acusaba, y que además, la mayoría de la gente interesada en el asunto tenía la percepción, o esperaba, que el intérprete no fuera realmente culpable de lo que se le imputaba. Y entonces dieron un vuelco sorprendente a su oferta informativa.

A partir de ese momento, las televisoras decidieron convertir a toda la población en peritos, criminólogos, juristas y abogados penalistas… igual que como cuando en 2006, un joven de nombre Diego Santoy Riverol asesinó a dos menores y estuvo a punto de ultimar también a su novia.

Los foros de televisión comenzaron a llenarse de especialistas que daban cuenta de diversos temas relacionados con el proceso legal que enfrentaba el también compositor; en las pantallas de televisión se analizaban los mensajes privados, las comunicaciones e incluso los testimonios que daban a conocer los implicados en el asunto, o quienes conocían a alguno de los participantes en ellos. Así, según quienes hacen la televisión, ofrecieron un panorama completo… de lo que más bien era un asunto de suma conveniencia y escarnio para ellos.

¿Por qué? Porque trataron a Kalimba —y todo lo relacionado al asunto judicial en que se vio involucrado—, como siempre, de acuerdo a sus propios intereses. Éste fue culpable en la medida que Televisa quiso y le convino, y luego lo convirtió en víctima cuando se dio cuenta que eso era más redituable. Mientras todo eso ocurría, ganaba millones de pesos vendiendo publicidad a altos costos, a lo largo de la cobertura informativa que captaba la atención morbosa de millones, y les reportaba los más altos ratings.

Su viraje llegó al punto climax entre anteayer jueves y ayer viernes. Aún cuando dos semanas atrás se le había cuestionado duramente por su presunta responsabilidad, los conductores de los programas matutinos de Televisa reportaron con júbilo la noticia, e incluso dieron “gracias a Dios” por el auto de libertad que el juez de la causa dictó al cantante, al no haber hallado elementos para sustentar su presunta responsabilidad en los hechos que se le imputaban.

Hoy, como así lo quiso el público y las conveniencias, y además el proceso judicial y su defensa legal lo favorecieron, es casi un héroe. Si continuara en prisión, por obra y gracia —y conveniencia— de la televisión, ya sería un auténtico mártir.

QUE RENUNCIE

Momentos después de darse a conocer la noticia de la libertad del cantante, los medios se fueron en contra del nuevo villano de la historia. Igualmente, en horario estelar y en cadena nacional de televisión, el conductor Ernesto Laguardia preguntó al procurador quintanarroense, Francisco Alor Quezada: “¿Y después de esto, va a renunciar?” Mordazmente ridículo.

+ Responsabilidad política, la otra carga de funcionarios

El derecho administrativo mexicano establece claramente que todos los servidores públicos pueden enfrentar, por el ejercicio de sus funciones, responsabilidad administrativa, judicial y política.

Esto lo debería comenzar a entender el ahora ex director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, Mario Emilio Zárate Vásquez, para evitar las amenazas sin sentido, los intentos manipulación y las autoinculpaciones que ha lanzado recientemente.

¿Cuál es el motivo de su molestia? Todo se centra en la reciente aprehensión en una comunidad rural de Oaxaca, del presunto integrante de un grupo criminal, de nombre Flavio Méndez Santiago, y apodado “El amarillo” o “El armadillo”.

Éste, al ser presentado por las autoridades federales ante los medios de información de la capital del país, relató buena parte de sus actividades delictivas, pero también aseguró haber sido nada menos que director de la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán.

Cuando ello ocurrió, aquí en la entidad surgió la interrogante de para qué administración, y autoridad municipal, había trabajado Méndez Santiago. Pronto se supo que éste había fungido como mando policiaco en el trienio que constitucionalmente le correspondía al doctor Roberto Efrén Molina Hernández.

Y en ese punto fue donde, también, se desató una serie de señalamientos sobre la responsabilidad por la contratación del presunto criminal como agente policiaco.

En términos sencillos, Mario Emilio Zárate —que había fungido como síndico Procurador en esa administración— acusó a Molina de haber tenido como escolta a Méndez Santiago. También dijo que éste había sido contratado por la alcaldesa interina, Sandra Eugenia Ramírez Flores.

Sólo que ambos, Molina y Ramírez, se defendieron asegurando que la Dirección de Seguridad Pública, y la Policía Municipal de esa demarcación, se hallaban bajo el mando y responsabilidad de Zárate Vásquez. Luego aparecieron documentos oficiales de esa administración, en poder de varios medios informativos, que parecían probar ese hecho.

El fondo del asunto es este intento de manipulación, que para Zárate Vásquez ya se convirtió en una amenaza abierta, e incluso cuantificada para varios medios informativos, incluido TIEMPO: que sepamos, al ex Director Jurídico de la General de Gobierno, nadie lo responsabilizó o señaló por tener vínculos con un grupo criminal, sino por ser presuntamente el responsable de la contratación de El Amarillo.

La diferencia entre uno y otro señalamiento, es sustancial: en el primero de los casos, podría haber ocurrido que los medios informativos, o sus adversarios políticos, o quien fuere, acusara públicamente a Zárate Vásquez, con o sin pruebas, de pertenecer o tener vínculos con un grupo criminal.

En el segundo de los casos, que es el que corresponde a lo que verdaderamente ocurrió, la prensa oaxaqueña hizo eco de señalamientos asimismo públicos, de que él habría sido el responsable de la contratación de Flavio Méndez Santiago. Nada más. Sería temerario, ilegal, y hasta absurdo, que oficiosamente un medio informativo hiciera señalamientos, sin contar con las probanzas correspondientes, de que tal o cual persona pertenece o tiene nexos con un grupo criminal.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Formalmente, todo servidor público puede ser sujeto de tres tipos de responsabilidad por el desempeño de las funciones que le confiere la ley: la primera, es la administrativa; la segunda es la penal; y la tercera, es la política.

En una de las vertientes de ésta última, y no en las dos anteriores, es justamente donde se inscribe el embrollo en que hoy está envuelto no sólo Zárate, sino todos los ex funcionarios del gobierno municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, que entre 2005 y 2007 tuvieron a su cargo las funciones administrativas y de gobierno de esa demarcación que se relacionan con lo dicho por El Amarillo.

¿Por qué? Porque aún cuando pareciera que los ex munícipes Molina y Ramírez Flores —uno constitucional, y la otra interina— se eximieron públicamente de responsabilidad al señalar a Zárate Vásquez, es claro que, en todo caso, los tres tendrán que responder ante la sociedad por la presencia de El Amarillo en Xoxocotlán, así como participar en la misma medida en el deslinde de responsabilidades.

Hasta donde se sabe, ninguno de los tres tiene requerimientos pendientes por parte de autoridad alguna. Quizá sea después —cuando como consecuencia de las investigaciones que realice la PGR se arroje algún resultado que involucre a alguno de ellos— que Molina, Ramírez Flores o Zárate Vásquez sean llamados a declarar o se instaure algún proceso penal en su contra.

Sin embargo, la responsabilidad política permanece. Hoy, esos tres personajes —que ya son simples civiles— deben dejar de lado los amagues inicuos e innecesarios, para estar dispuestos a responder por sus actos frente a la sociedad.

Aunque quizá no amerite que alguno de ellos sea sujeto de juicio político o de responsabilidad, su carga política ante los oaxaqueños de todos modos prevalece, y es a partir de ello que Zárate y los demás involucrados deben estar prestos a aclarar este asunto ante la instancia que los requiera.

Es claro que amenazando a la prensa, Zárate ni gana algo y, al contrario, exhibe por completo su alto grado de intolerancia e incapacidad para analizar las situaciones en las que se encuentra involucrado.

Los medios informativos estatales, dan cuenta todos los días de hechos públicos y señalamientos de los actores sociales y políticos. En ese sentido, tratar de culpar al mensajero de los asuntos de fondo, revela un peligroso talante antidemocrático y autoritario que no corresponde a un gobierno democrático y abierto como el que encabeza el gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Por ello, Zárate debe revisar con cuidado quiénes son sus acusadores reales, e incluso si no ha sido él mismo quien se ha señalado con sus amenazas. La prensa oaxaqueña ha dado cuenta de lo que corresponde a su responsabilidad política como funcionario. Pero nada más. Pero eso, al parecer, le queda claro a todos, menos a él.

TEMA PRIORITARIO

En la asamblea plenaria del PRI, se resolvió atender como un asunto de la más alta prioridad, el de la situación de inseguridad y abusos que viven los migrantes centroamericanos en la frontera sur. Este importante acuerdo, fue consecuencia del trabajo legislativo y las gestiones realizadas por el diputado federal oaxaqueño, Jorge González Ilescas.