+ Amparos evidencian fallas en justicia local

Ayer, el Juez Octavo de Distrito, con sede en esta capital, notificó la concesión del amparo y protección de la justicia federal, al ex coordinador de Transporte del Gobierno del Estado, Gonzalo Ruiz Cerón. El resultado de este último Juicio de Garantías no sólo tiene con un pie afuera de prisión al ex Funcionario, sino que además pone en evidencia —y eso es lo más grave— la parcialidad, o ineficacia —o ambas—, de la justicia local.

En efecto, la sentencia de amparo notificada ayer a la defensa de Ruiz Cerón, establece que la protección de la justicia federal fue concedida al quejoso de forma “lisa y llana”, frente a las actuaciones del juez penal que le dictó el auto de formal prisión.

¿Qué significa esto? Que la justicia federal reconoce violaciones de fondo a las garantías del recurrente (Ruiz Cerón) y por tanto ordena que la autoridad responsable (el Juez Segundo Penal) revoque la actuación citada, debido a que no existen elementos suficientes para comprobar los elementos que debieran acreditar el cuerpo del delito, y la probable responsabilidad del procesado.

Este fallo, además, deja en una posición harto compleja a las instancias locales, tanto de procuración, como de impartición de justicia. ¿Por qué? En primer término, porque este es el tercer amparo que le es concedido a Ruiz Cerón de forma lisa y llana. Además, porque en cada uno de los amparos, los jueces federales que conocieron los respectivos Juicios de Garantías, hallaron inconsistencias graves en la acreditación de los elementos que son base de la acción penal.

E incluso, porque esto bien podría poner en evidencia tanto la ineficacia de los funcionarios estatales responsables de procurar e impartir justicia, e incluso que, en efecto, éstos utilizaron indebidamente la vía de los procedimientos penales para llevar a cabo ajustes de cuentas de orden político.

Con todo esto, queda necesariamente en entredicho la actuación del procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López. La razón es clarísima: ¿cómo podrá ahora explicar que tres procedimientos distintos, en los que se persigue la presunta comisión del mismo delito a la misma persona, y que son de vital importancia y legitimidad política para el gobierno que representa, fueron declarados inconstitucionales por jueces de garantías?

Pero además, ¿Frente a los tres amparos lisos y llanos concedidos por la justicia federal a Ruiz Cerón, cómo puede hoy explicar el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que encabeza el magistrado Alfredo Lagunas Rivera, que sus jueces emitieron sendas órdenes de aprehensión en contra de Ruiz Cerón, habiendo admitido como correctas las respectivas averiguaciones previas consignadas por la Procuraduría del Estado; habiendo  considerado que sí cumplían con los requisitos que establece la ley penal vigente, y que por tanto los elementos que aportaban eran suficientes para ordenar la privación de la libertad del sujeto antes citado?

El asunto, según parece, va más allá de la sola disputa entre grupos políticos, y hoy comienza a lastimar —como lo habíamos previsto— a un sistema de procuración e impartición de justicia, que fue desnudado por los tribunales federales.

Y es que, frente al resultado de las actuaciones, lo que se pone en duda ya no sólo es si Ruiz Cerón es responsable, sino también si la Procuraduría y el Poder Judicial del Estado son órganos eficaces en la realización de su trabajo, y si de verdad actúan bajo criterios de objetividad e imparcialidad, o si siguen siendo —como en el pasado— brazos ejecutores de las venganzas entre grupos políticos.

RUIZ CERÓN, ¿QUÉ SIGUE?

La posible excarcelación de Gonzalo Ruiz Cerón, contrario a lo que aseguraban ayer algunos medios informativos locales, no necesariamente sería “en cuestión de horas”. Aún faltan por resolverse dos recursos de revisión interpuestos por la Procuraduría General de Justicia del Estado ante los Tribunales Colegiados de Circuito, por los respectivos fallos emitidos por los jueces de garantías. ¿Qué significa eso?

Significa, en palabras sencillas, que fue la Procuraduría Estatal la que se inconformó con los fallos emitidos por los Jueces de Distrito, en los que conceden la protección de la justicia federal a Ruiz Cerón.

No obstante, hoy la litis de esos recursos se encuentra fijada por los Tribunales Colegiados de Circuito, no sólo respecto al fondo de los asuntos, sino primeramente en determinar si es que, en efecto, el Ministerio Público del Estado tiene la legitimación activa para interponer recursos en un juicio de garantías, en el que la instancia inconforme por naturaleza debía ser el Ministerio Público Federal.

Quienes conocen estos procedimientos judiciales, aseguran que esa cuestión será la primera que habrán de resolver los magistrados federales respecto a este asunto, para luego entrar al estudio en sí de los recursos referidos, y determinar si éstos son procedentes o no.

Por eso, de entrada no parece posible que la liberación de Ruiz Cerón sea sólo cuestión de horas. Deben resolverse los dos recursos ya presentados en contra de los dos primeros fallos que conceden el amparo, y a la par de ello debe verse si es que la PGJE interpone un nuevo recurso ante este tercer amparo.

No obstante, la resolución que tenga el primero de los recursos presentados por la Procuraduría Estatal, será determinante para el curso que siga este asunto. Si los Tribunales Colegiados reconocen la legitimación de la PGJE para inconformarse en estos asuntos, entonces habrá que esperar a que se resuelvan cada uno de ellos, y hasta entonces se sabrá si Ruiz Cerón continúa o no privado de su libertad.

Por el contrario, si en este primer caso se falla en contra de la PGJE, entonces habrá un precedente claro que marque el rumbo de los demás recursos. Por eso, mientras ello se resuelve, las instancias estatales involucradas seguirán en suspenso, viendo si el llamado “preso del sexenio” se les va de las manos por las inconsistencias de sus actuaciones.

AJUSTES NECESARIOS

Como quiera que sea, tan luego se resuelvan estos asuntos —en el sentido que sea—, el Gobierno del Estado debe hacer ajustes en las instancias que fueron responsables de estos procesos que están a punto de caerse. Además de quedar mal, por ineficaces, están dejando ver la forma en que pudieron haber utilizado a la justicia para otros fines. Y eso, para un gobierno que se dice democrático, es inadmisible.

+ Hacer valer la ley: el ejemplo y no un destello

Qué bien que, el Gobierno del Estado, finalmente se decidió a hacer valer la ley, y no permitir que manifestaciones populares quebrantaran el derecho de libre tránsito de la ciudadanía. Pero qué mal que el Gobierno del Estado se decidiera a hacerlo de forma tan selectiva, desproporcionada y tardía.

Pongamos el asunto en perspectiva: ¿Qué se pensaría de una madre que le permite todo tipo de libertades, excesos y hasta faltas de respeto a sus hijos mientras se encuentran en la intimidad del hogar, pero que los reprende duramente —quizá hasta de forma desproporcionada— cuando se encuentran visitas presentes en casa? Eso es exactamente lo que le ocurrió al gobierno.

El lunes por la mañana, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, se ufanaba de haber hecho valer la ley, al implementar un operativo para liberar las vialidades en la zona de Ciudad Universitaria, y detener a casi una veintena de manifestantes que intentaban bloquearlas con unidades del transporte urbano que antes habían secuestrado. Entre los detenidos se encontraba el propio secretario General del Sindicato de Trabajadores  Académicos de la Universidad de Oaxaca, Agustín Hernández Monroy.

Y aunque en un primer momento la acción fue bien tomada por la ciudadanía que en ese momento recobró la posibilidad de transitar libremente por esa zona de la capital oaxaqueña, lo cierto es que la acción policiaca luego derivó, primero, en más protestas y movilizaciones por parte de los universitarios inconformes que habían sido replegados por la fuerza pública, justo en el momento en que se realizaba, aquí mismo, una serie de eventos conmemorativos del  66 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas; y segundo, en el cuestionamiento relacionado no sólo con el uso de la fuerza, sino también con el momento y las circunstancias de la acción policiaca. ¿De qué hablamos?

Hablamos de que, en el primero de los puntos, la SSPE actuó sin tomar en cuenta la opinión de la dependencia encargada de la política interna del Estado. Por eso, la acción policiaca no sirvió sino para salvaguardar momentáneamente el derecho de terceros, pero a costa de enrarecer aún más un conflicto que ya de por sí tiene mucho de absurdo, dañino e irracional para miles de estudiantes universitarios.

No obstante, el cuestionamiento más de fondo radica en dos cuestiones: primera, que si ya se dio una primera manifestación oficial de no permitir que las manifestaciones afecten a los derechos de terceros, ahora se debe seguir actuando en esa misma lógica frente a todos los grupos que, casi a diario, pretenden tomar por asalto —o lo logran— las principales arterias viales de la capital oaxaqueña.

Y segunda: que si esa es una verdadera determinación general del Gobierno del Estado frente a todos los grupos, entonces debe dejar de tener actuaciones selectivas, y sólo en los momentos en que los ojos del mundo han volteado a Oaxaca —por alguna celebración, fiesta o conmemoración, como la del lunes pasado—, para verdaderamente convertir esa actuación en una regla general que aplique frente a todos los grupos que intenten poner en riesgo la gobernabilidad y los derechos de terceros, y no sólo frente a organizaciones representativas y no radicales, como lo son los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

LEY, ¿COMO TELARAÑA?

La actual administración no se ha caracterizado, precisamente, por tener nociones claras sobre la preservación de la legalidad frente a organizaciones sociales. El primer problema, natural, es que muchas de esas organizaciones rebasan materialmente la fuerza y capacidad de respuesta de las fuerzas estatales.

Y el segundo, no menos importante, radica en que muchas de esas organizaciones son, o fueron a aliadas del gobierno actual cuando éste era opositor al régimen anterior, y por tanto esos grupos de lucha social ahora se sienten con cierto derecho de venir a la capital oaxaqueña a exigir, impunemente, que les sean satisfechas las demandas que realizan, independientemente de que éstas se encuentren o no en el ámbito de competencia del gobierno estatal.

Por eso, es positivo en un primer momento que el gobierno estatal, a través de la SSPE, comience a marcar los límites de lo que pueden y no hacer las organizaciones sociales, y que también establezca hasta dónde éste permitirá que aquellas actúen utilizado en el derecho a la libre manifestación que les concede la ley.

Sin embargo, sería un pésimo antecedente que, ahora que el gobierno refleja sus primeros intentos de poner orden en ese rubro, comenzara a hacerlo de manera selectiva, tanto por las organizaciones a las que les pone los límites, como por el momento y el contexto social en el que lo hace.

Lo peor sería que el gobierno comenzara a permitir que la ciudadanía constatara que para ellos la ley es como una telaraña, en la cual sólo se quedan atrapados los insectos (en este caso grupos sociales) pequeños o de fuerza sólo representativa, pero que los grandes, por su capacidad de reacción, de violencia o de superioridad numérica, simplemente se pusieran en la condición de romperla.

Por eso, si de verdad se pretende hacer de esto una política general del gobierno estatal, el asunto debe tomarse con toda seriedad. Quedó claro que al régimen anterior le importaba poco meter en cintura a aquellos que quebrantaban la ley. Por eso, lo importante sería poder meterlos en cintura a todos —porque seguir dejándolos actuar libremente a todos, no es una opción en estos momentos que vive el Estado—, y no demostrar que sólo se actúa en momentos de ventaja y por conveniencia política, pero no con convicción ni con visión de demostrar que la ley se aplica y se hace valer por igual para todos.

CUOTA DE GÉNERO

Ojalá que ahora que un grupo de mujeres, integrantes de todas las fuerzas políticas en Oaxaca, se han pronunciado por ir juntas a exigir los espacios que les corresponden en las candidaturas a cargos de elección popular para el próximo año, lo hagan de forma organizada y que se decidan a conseguir más de lo que hasta ahora les han dado. Ojalá que abandonaran aquella visión de aceptar las suplencias por llenar las cuotas y conseguir el espacio, y que verdaderamente hicieran algo por obtener lo que proporcionalmente han ganado con su esfuerzo en la política local. Ojalá.

+ “Burbuja” como refugio… o como chantaje

El domingo, tratando de pasar más o menos desapercibido, Bulmaro Rito Salinas se apersonó en el informe legislativo que rendía el diputado federal, y presidente estatal del PRI, Eviel Pérez Magaña. El escenario era inmejorable: ahí se encontraban la mayoría de los que aparecerán como candidatos a diputados federales y senadores, varios de los miembros distinguidos de la indeseable “burbuja”, y el mismo ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. ¿Qué buscaba en particular ese repudiado y señalado ex funcionario estatal, en dicho acto político?

Queda claro que en política las casualidades no existen. Y es que, según lo previsto, en las últimas semanas arreciaron los ataques entre la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo, y los integrantes del régimen anterior que aún están políticamente vivos. Y justamente, en medio de la trifulca quedó el ex Coordinador de Coplade, a quien se le acusa de ser uno de los mayores beneficiarios de la corrupción y los negocios turbios realizados por aquella administración.

De hecho, durante la misma semana pasada, el mismo Rito Salinas salió a la tribuna pública a defender su integridad y honestidad como servidor público; y justamente dos días antes de que se apareciera por el informe del diputado Pérez Magaña, éste había sido señalado directamente por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, asegurando que no está exonerado de nada, e incluso acusándolo de haber cometido un quebranto en Coplade, del orden de los 80 millones de pesos, según los primeros resultados que tienen de las auditorías a la extinta dependencia.

Ante este escenario, ¿qué buscaba Rito Salinas? Existen, cuando menos, dos lecturas de su presencia. La primera de ellas, tendría que ver con una especie de “espaldarazo” por parte de quienes integran —y defienden— lo que queda del grupo del ex gobernador Ruiz, e incluso que su presencia podría leerse como una especie de “aseguramiento” de que la impunidad que en algún momento pudiera negociarse, podría también hacerlo beneficiario a él; que su presencia constataría la cercanía que sigue teniendo con el ex gobernador Ruiz —más, ahora que el ex gobernador José Murat lo fustigó brutalmente—; o incluso, que eso mismo pudiera llegar a leerse como signo de la posibilidad de que éste pudiera aparecer en la lista de aspirantes o candidatos del PRI a algún cargo de elección popular.

Una segunda lectura, sin embargo, tendría necesariamente que apuntar hacia el amague. Sí, a una especie de exigencia de reconocimiento de pertenencia por parte del grupo del ex gobernador Ruiz, para que sus adversarios políticos reconsideraran la posibilidad de incluirlo en la lista de ex funcionarios investigados y perseguidos por presuntas irregularidades, y la impunidad de sus excesos pudiera ser negociada en una mesa política, y no en un tribunal con órdenes de aprehensión y cárcel de por medio.

Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, sus propios antecedentes rebasan a sus posibilidades de negociar el pasado. Y es que si hay alguien de la pasada administración que seguramente resultaría con cuentas pendientes ante la justicia, y ante la sociedad oaxaqueña, ese era, sin duda, Bulmaro Rito Salinas.

MUCHOS “BISNES”

Durante su gestión como servidor público, Rito Salinas se convirtió en integrante de ese selecto grupo de funcionarios “incalumniables”. Esto, popularmente se sabía, radicaba en el hecho de que cualquier señalamiento negativo que se hiciera en contra de su persona o su desempeño, simplemente era cierto.

Y es que, como titular de Coplade, se dice que Rito Salinas actuó libremente extorsionando o invitando a negocios indebidos a través del presupuesto. Como “empresario”, estuvo involucrado en el funesto intento de saqueo a la ciudadanía, a través de la instalación de parquímetros en el primer cuadro de la capital oaxaqueña; luego, él y sus socios estuvieron íntimamente involucrados en la confección de los esquemas financieros, y en la construcción, de las ciudades Administrativa y Judicial del Gobierno del Estado.

Incluso, actualmente, uno de los negocios que podría seguirle dejando dividendos importantes, es la “sociedad” que mantiene con varios presidentes municipales del interior del Estado, para que empresas afines a él, realicen la construcción de obra pública y la consultoría en todo lo relacionado con los asuntos contables y fiscales, para finalmente repartir las ganancias entre todos los involucrados.

Al parecer, con todo esto, Rito Salinas pensó que el poder, las manos libres y la impunidad serían eternos. Gozó de libertad absoluta todo el sexenio. Y hoy, no se sabe bien a bien si el resultado de esos negrísimos antecedentes y fama pública, sean consecuencia de la traición a la confianza de quien le dio los cargos y le permitió las libertades (es decir, el ex gobernador Ruiz Ortiz), o si en realidad todo es parte de una bien planeada sociedad para terminar siendo todos partícipes de las ganancias.

Lo cierto es que su presencia en el informe del diputado Pérez Magaña, trató de afianzar una cercanía al anterior grupo gobernante, que nadie sabe qué tal real o ficticia pueda ser, o si incluso tiene tintes de chantaje o amenaza, para que éste sea protegido por la cobija de la impunidad que ya cubre al ex gobernador Ruiz, o de lo contrario haga públicos, o cuando menos ponga en conocimiento a las autoridades actuales, de algunos de los feos secretos que seguramente debe guardar junto con la fortuna se dice que amasa.

El otrora grupo gobernante debía considerar qué tanto puede ser éste un pasivo, un acto, o una carga necesaria. Lo cierto es que su presencia no pasó inadvertida. Y queda claro que, con él, se siguen afianzando los integrantes del grupo ulisista que en 2012 irá a los comicios a tratar de posicionarse… en aras de regresar al poder en 2016. ¿Será?

CORAZÓN ROSA

El fin de semana, nuestra amiga María Eugenia Aguilar —una mujer admirable por su fortaleza y tesón en la lucha que personalmente ha librado contra el cáncer de mama— presentó una Asociación Civil denominada Corazón Rosa, para dar acompañamiento, orientación y ayuda a las mujeres que han sido diagnosticadas con este padecimiento, para que su ritmo de vida y el de su familia se vea afectado lo más mínimo por la enfermedad. Ojalá haya muchas personas interesadas en contribuir a esta noble causa. Seguro que Maru tendrá mucho éxito en este reto que ahora inicia. Enhorabuena.

+ Además de todo… no olviden función legislativa

Estamos acostumbrados a ver a nuestros diputados como todo, y como nada. Los asumimos como políticos, como funcionarios partidistas, como delegados del grupo en el poder en turno, e incluso como gestores, facilitadores o como “puentes” para que las comunidades, organizaciones o municipios reciban recursos económicos. Pero, ¿les exigimos algo respecto a su trabajo esencial, que es hacer leyes?

La respuesta, tajante, es “no”. Y es así porque durante mucho tiempo los diputados han preferido darnos razones atractivas para entretenernos y para adularlos como grandes personajes, pero no el trabajo sustancial que debiéramos esperar de ellos. Fuera de la fantasiosa “magnanimidad” de un diputado, debía encontrarse un personaje sensible y comprometido, que hiciera todo lo posible para cumplir con su trabajo, y para que su partido asimismo materializara las promesas que hizo en los tiempos de campaña.

Sin embargo, esto no ocurre así. Y la mejor prueba de ello son nuestros diputados locales y federales. Porque hoy que están en tiempo, los federales, de rendir sus “informes de labores” a la ciudadanía, y que los locales están a punto de cumplir su primer año de trabajo (con lo que también organizarán, o ya comenzaron, con sus informes), nosotros los ciudadanos debíamos preguntarles con mayor seriedad si están cumpliendo con las responsabilidades para las que fueron electos, y exigirles que hagan todo lo que hasta ahora seguramente no han hecho. Vayamos a lo concreto.

En sus respectivos informes de trabajo, los diputados han dado cuenta, cada uno de ellos, de una lista enorme de datos cuantitativos. Es decir, cuántos votos emitieron en el Congreso, cuántos puntos de acuerdo presentaron, cuántas iniciativas, cuántas reuniones de trabajo, e incluso cuántas gestiones realizaron a favor de sus ciudadanos, etcétera. El problema, es que ni los ciudadanos, ni el Congreso, y seguramente ni ellos mismos, saben realmente qué impacto cualitativo tiene su desempeño. Esto, en sí mismo, es un problema. ¿Por qué?

Porque, en primer término, trabajar mucho sin saber bien a bien si se generan resultados tangibles —que sean capaces de transformar el estado de cosas de la comunidad, población, sector, región o distrito que representan—, es tanto como apostar a avanzar una amplia distancia… corriendo en una banda sin fin (una caminadora), que cansa mucho pero que no permite avanzar un solo metro al corredor.

En segundo término, porque ese solo recuento de actos realizados, bien puede ser un modo, perfectamente bien encapsulado, de esconder la ausencia de elementos reales para informar: es decir, que se puede decir que se hizo mucho en el ámbito de lo no esencial del trabajo legislativo, pero tener pobrísimos resultados en las tareas sustanciales que debieran realizar los legisladores.

El asunto es más cercano de lo que parece. Al menos en Oaxaca, en los últimos años no ha habido legisladores capaces de incidir en los debates serios, ni de encauzar discusiones, y mucho menos de conseguir fijar temas en la verdadera agenda nacional.

A lo mucho, a lo que han llegado nuestros legisladores, es a utilizar la tribuna legislativa como escaparate para ventilar asuntos políticos o partidistas, para acusar a sus adversarios políticos, para justificar a los dirigentes de sus respectivas facciones, o para descalificar a sus opositores. E incluso, como un trampolín para tratar de conseguir nuevos cargos de elección popular, sin siquiera reconocer o asumir los resultados que llevan en su desempeño actual.

Realmente, desde hace mucho tiempo, Oaxaca no tiene un representante en las cámaras federales que sea capaz de rebasar los temas de la agenda partidista o de sus conflictos locales, para incidir en los verdaderos asuntos de interés y trascendencia para el Estado o la nación.

BOTONES DE MUESTRA

Por enésima ocasión, y ahora con motivo de los “informes legislativos”, debiéramos preguntar a quienes aspiran a escaños en el Senado, o a curules en la Cámara de Diputados: ¿Para qué quieren llegar a esos cargos? La pregunta, necesariamente, debiera ser respondida por tres o cuatro personajes de cada partido, que creen que su sola ascendencia política, pertenencia a un grupo, linaje u origen étnico, los hace merecedores a un espacio legislativo para que luego hagan con éste lo que les venga en gana.

¿Para qué quieren llegar a ser senadores, por ejemplo, los priistas Eviel Pérez Magaña y Héctor Pablo Ramírez Leyva? Hasta ahora, el desempeño del primero ha sido, cuando mucho, el de un diputado promedio, que asiste a las sesiones legislativas, pero que participa poco, que incide poco, y que puede hablar, realmente, de escasos resultados en su labor como legislador (aunque haga mucho alarde de sus gestiones).

Más o menos pasa lo mismo con el segundo aunque, a diferencia del primero, éste tiene más capacidad de posicionarse, mediáticamente, en ciertos temas polémicos. Pero, ¿realmente Héctor Pablo Ramírez y Eviel Pérez, tienen el sustento para aspirar a esos cargos? ¿En qué, más allá de su sola aspiración, pueden fundamentar lo que pretenden?

Algo similar ocurre con los panistas. ¿O a poco no es claro que el ex gobernador Diódoro Carrasco pretende llegar al Senado no para representar a Oaxaca, sino para dirigir desde su escaño al grupo político que hoy ha delegado en la entidad para gobernarla? ¿De verdad le interesan las funciones senatoriales? ¿O es que sólo asume que puede ser Senador a partir de su ascendencia política, pero no de sus resultados, o de lo sustantivo (su “proyecto de trabajo”, pues) que pretenda hacer como representante de la entidad federativa en el Poder Legislativo Federal?

Y qué decir de todos los que hoy son diputados locales, y ya sueñan con conseguir una candidatura para curules federales. El trabajo del Congreso del Estado, hasta hoy, ha sido impulsado por fuerzas extrañas (la cooptación, el chantaje y los trueques de votos por dádivas o recursos), pero no por un trabajo verdadero y eficaz por parte de los legisladores. ¿Para eso quieren llegar a las cámaras federales?

REALIDAD IMPLACABLE

No dudamos que varios de los antes mencionados puedan llegar al Congreso federal el año próximo. El problema es que, de nuevo, seguiremos viendo, y padeciendo, a legisladores que dicen hacer mucho, para engañarnos, pero que en realidad cumplen muy poco con las funciones que nosotros, los ciudadanos, les encomendamos con nuestro voto.

+ Sucesión y conflictos de grupo, factores decisivos

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) entró ya en su tercera semana de paro de labores, sin que hasta ahora pueda quedar del todo clara, cuál es la razón de la disputa entre la autoridad universitaria y la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca. Lo único cierto, de entrada, es que este es un conflicto que va más allá de la entrega de las cuotas sindicales al Sindicato, por parte de la Rectoría.

Para comprender mejor este asunto, es necesario ir por partes. Porque es necesario tomar en cuenta no sólo la litis aparente del asunto, sino también el momento político que vive la Máxima Casa de Estudios, la disputa —que ya es inminente— por la rectoría, y las diferencias que existen entre el rector Rafael Torres Valdez y el grupo sindical que encabeza Agustín Hernández Monroy.

En efecto, el problema aparente se encuentra en la resistencia de la rectoría, a entregar a la dirigencia del STAUO, las cuotas sindicales que ha descontado a sus trabajadores afiliados. Éste, cerró la Universidad argumentando que la Rectoría incumplía un mandamiento jurisdiccional que ordenaba la entrega de los recursos. Pero la autoridad universitaria ha dicho que entregará las cuotas retenidas, no a la dirigencia, sino a cada uno de los trabajadores a quienes se les descontaron. Esto, en apariencia, es lo que tiene hoy sin clases a más de 30 mil alumnos de la UABJO.

¿Por qué sólo en apariencia? Porque, en realidad, detrás de todo esto se encuentra el eterno conflicto por el poder. La sucesión del rector Torres Valdez está a menos de seis meses de ocurrir, y desde ahora han comenzado a ocurrir los primeros brotes de efervescencia relacionados con ello. Y es que si antes el STAUO era capaz de imponer a un Rector con sola fuerza política al interior de la Universidad, hoy lo que intenta es establecer márgenes de negociación con los demás factores reales de poder en la Máxima Casa de Estudios.

Hoy el STAUO no pasa por su mejor época. De haber sido una organización sindical fuerte y estructurada, hace apenas unos años, hoy en realidad se integra por un conjunto de fracciones sindicales que son disidentes entre sí, y que, divididas, pierden fuerza frente a sus demás adversarios, que hoy buscan llegar a la rectoría a través de personajes como Enrique Martínez, de la familia del ex rector Abraham Martínez Alavés, o del mismo Torres Valdez.

No obstante, de entrada pareciera que la vida interna del STAUO poco o nada tiene que ver con este asunto de las cuotas. Sin embargo, queda claro que la relación entre el Rector y el STAUO, la sucesión de la rectoría, e incluso las diferencias personales que podrían existir entre Torres y Hernández Monroy, constituyen el coctel perfecto de un problema que en realidad no tendrá solución en el futuro cercano, simplemente porque éste es un conflicto político y no un mero problema de carácter sindical.

DIFERENCIAS AÑEJAS

Quienes conocen a fondo la Universidad, aseguran que el rector Torres Valdez se resiste a entregar las cuotas a la dirigencia reconocida del STAUO, asumiendo la idea de que ésta se encuentra integrada por un grupo que no precisamente se ha caracterizado por un manejo pulcro de los asuntos, y los recursos, que ha tenido al alcance.

Y, según esa lógica, entregar los recursos a esa dirigencia sería tanto como abrir todas las posibilidades de que los varios millones de pesos que constituyen las cuotas retenidas, terminen siendo utilizados para el pago de porrismo, y para excesos de la dirigencia sindical, que no son constructivos ni para la estabilidad universitaria, ni para los mismos trabajadores afiliados.

Y aunque todos esos argumentos son reprobables —porque la lógica que parece seguir el rector Torres constituiría una abierta intromisión en la vida interna y en la autonomía sindical del STAUO—, queda claro que, con la exigencia de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje lleve a cabo un recuento de los afiliados a esa organización, lo que busca la administración universitaria, es justamente alargar el momento en que deba entregar los recursos a la dirigencia sindical, e incluso conseguir atajar por completo dicha posibilidad, si es que el recuento de trabajadores no favorece a la contraparte.

A la par de todo esto, el Rector busca conseguir una jugada maestra: conseguir los consensos necesarios para que la devolución de las cuotas sindicales en litigio, se haga no a la dirigencia reconocida del STAUO, sino a cada uno de los trabajadores a los que se les han retenido los montos. El intento trae aparejada, en el fondo, la posibilidad de congraciarse directamente con los trabajadores, al repartir directamente los casi cuatro millones de pesos que están guardados, y que le podrían reportar importantes beneficios electorales y simpatías para quien sea su “delfín” o “delfina”, si en lugar de dejarlos al uso discrecional de la dirigencia, los entrega mano a mano a los trabajadores universitarios.

Así, mientras el rector Torres intenta no entregar los recursos a su antiguo aliado Hernández Monroy, éste presiona a través del STAUO cerrando la Universidad. A través de ello, busca obtener los márgenes de negociación necesarios para asegurar un coto de poder frente a la próxima administración universitaria. Como ya no pueden influir decisivamente —como antes— en la elección del Rector, lo que sí buscan es conseguir un buen arreglo que les permita la supervivencia para el siguiente periodo.

Sin embargo, lo que queda en el fondo —y que es lo más grave en todo este asunto— es el profundo desprecio que todos juntos le profesan a la academia y la educación pública que se imparte en la UABJO. Por cuidar los intereses políticos y económicos, unos y otros han decidido tener sometida a la Máxima Casa de Estudios, y a sus más de 30 mil alumnos. Por eso mismo, hoy a nadie parece importarle, y tampoco parece ser capaz, de resolver este problema, que bien podría alargarse —con o sin paro de labores— hasta el mes de marzo del siguiente año.

¿PANORAMA DIFÍCIL?

Por cierto, ¿qué tan mal se ve el panorama para el próximo año? Eso es lo que parece. Y si no, veamos: la UABJO convino con el gobierno estatal, realizar su elección en marzo, y no en mayo, como debiera ser. ¿Quieren evitar que la efervescencia electoral de la Universidad, se cruce con la elección presidencial? ¿O será que tienen miedo de que los demonios se suelten en cualquier momento? Son preguntas.

+ Desaparecidos: la deuda con grupos sociales sigue ahí

A propósito del fallecimiento del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario emitió un comunicado en el que recuerda que tanto el gobierno federal, como el de Oaxaca, tienen pendiente la respuesta relativa a la presentación con vida, o razón del paradero, de sus dos integrantes desaparecidos en la Verde Antequera, en mayo de 2007. ¿Recordará la administración estatal que éste fue uno de los compromisos que ofreció, y que un año después aún no ha atendido?

El asunto no es menor. En dicho comunicado, la Comandancia General y el Comité Central del EPR, resaltan la labor de Granados Chapa como integrante de la Comisión de Mediación, que se formó a solicitud del grupo armado, para hacer las gestiones necesarias ante los ámbitos de gobierno involucrados, y saber así la verdad relativa al paradero de los militantes eperristas, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Luego de ello, y sin hacer expresamente ningún tipo de amenaza o emplazamiento, el EPR recalca el hecho de que el lugar de la desaparición fue Oaxaca, y que aún esperan respuestas sobre sus compañeros.

¿El gobierno de Oaxaca estará tomando con seriedad las palabras —y los silencios— del EPR? Porque, en el primero de los casos, debemos recordar que desde los primeros días del pasado mes de abril, el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo se comprometió expresamente a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde febrero de 2009 relativa a la desaparición de los dos eperristas, y dijo que su gobierno investigaría a fondo —como lo exigía el fallo no vinculatorio de la CNDH— todo lo relativo a estos hechos. No obstante, hasta hoy nada es lo que se ha vuelto a saber respecto a ese compromiso del gobierno estatal.

En ese sentido, tampoco se sabe si el gobierno de Oaxaca está tomando en cuenta que, en el caso de los grupos armados, los silencios cuentan tanto o más que las palabras. Y es que, hasta la comunicación establecida por la Comandancia General del EPR a propósito del fallecimiento del maestro Granados Chapa, hacía casi cuatro meses que éste se había mantenido en silencio total.

Y queda claro que esa ausencia y desapego aparentes de este grupo armado, respecto a ciertos asuntos importantes para Oaxaca y para el país, no necesariamente significan lo que aparentan. Para la guerrilla, en general, estos son tiempos de reorganización y reagrupamiento. Ellos mismos, en diversos momentos así lo han manifestado. Y por eso, puede comprenderse que los silencios más pudieran tener que ver con eso, que con el posible “olvido” de los temas que a ellos mismos les interesan o les duelen.

Nuestra entidad, en ese sentido, ha sido un semillero constante de brotes de inconformidad social que se manifiesta por la vía de las armas. Y aunque el gobierno de Gabino Cué Monteagudo llegó nutrido por un respaldo social sin precedentes en la entidad, queda claro que a menos de un año de distancia éste se ha alejado de la gran mayoría de las organizaciones que, sin compartir métodos, sí tienen los mismos intereses que el eperrismo. Y ese debiera ser un primer foco rojo, con merecimientos suficientes para ser tomado en cuenta.

GOBIERNO SENSIBLE

Hace algunas semanas, comentábamos en esta columna los riesgos que implicaba para un gobierno como el actual de Oaxaca, el distanciamiento expreso con sectores vitales para el sostenimiento de la paz social.

Decíamos, por ejemplo, que la distancia que comenzaban a tomar del gobierno estatal, actores y grupos como el Frente Popular Revolucionario, los sectores radicales de la Iglesia Católica, e incluso algunos factores esenciales del conflicto magisterial y popular de 2006, como el ahora diputado Flavio Sosa Villavicencio o la misma Sección 22 del SNTE, debían ser tomados no a la ligera, sino como signos claros de que todo podría devenir en una descomposición mayor, y en un importante riesgo para la gobernabilidad del Estado.

El asunto no tiene que ver con otra cosa, más que con el cumplimiento de las promesas y los pactos establecidos entre el gobierno y los grupos, y en la sensibilidad y capacidad de respuesta que pueda tener la administración estatal respecto a esos arreglos. Queda claro que, sin ellos, y según la experiencia del conflicto de hace cinco años, el sostenimiento de la paz y la gobernabilidad de la entidad es mucho más compleja.

Por eso, el gobierno de Oaxaca debía comenzar a dar respuestas puntuales por lo menos en cuanto a los avances que ha conseguido en la investigación sobre la desaparición de los eperristas. No pueden desligarse del compromiso, primero porque el hecho sí sucedió y éste ocurrió en la capital oaxaqueña; y segundo, porque con la aceptación de la recomendación relativa de la CNDH, el gobierno estatal reconoció el hecho como real y estableció su contribución al esclarecimiento como un compromiso que voluntariamente se obligaba a cumplir.

Quedarse en el silencio, en estos momentos en el que el gobierno oaxaqueño comienza a ser cuestionado hasta por sus mismos aliados de las alas más duras de la sociedad, equivaldrá a tanto como a haber tomado el caso de los eperristas como una oportunidad más de aparecerse, en la escena nacional, como un “gobierno comprometido”, aunque en realidad sólo fuese para asumir una posición “políticamente correcta”, pero no de compromisos reales.

Por eso, tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado, como las instancias encargadas de los derechos humanos en el gobierno estatal, debían dejar su estado de pasmo en estos asuntos y comprometerse de verdad a ofrecer resultados sostenibles. No mostrar cuando menos voluntad de cumplimiento real, y avances, significará tanto como convalidar la reorganización de esas fuerzas para exigir, por la vía violenta, lo que no les es satisfecho por la vía pacífica. Y eso, en una sociedad y en un momento como en el que estamos, es simplemente inaceptable.

UABJO, ¿QUE SE JODA?

Cada que pueden, desde el sector oficial fustigan al SUNEO por el alto costo económico que representa para la entidad. Sin embargo, ¿qué hace ese sector oficial por la universidad pública tradicional? Hoy, como hace años, la UABJO sigue postrada, abandonada y convulsionada por una conflictiva “vida interna” que a nadie parece interesarle. Qué lamentable.

+ Irrelevante, buscar “maniobras” en imposiciones

Sólo quienes nunca pudieron entender el estilo de gobernar y decidir de Ulises Ruiz, siguen creyendo que en el PRI de Oaxaca puede pasar algo más de lo que está a la vista. En efecto, el ex Gobernador del Estado nunca ha jugado a espaldas de nadie ni con cartas escondidas. Y como hoy se sabe con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, y con cierto control en el priismo oaxaqueño, desde ahora ya decidió quiénes serán sus abanderados tanto al Senado de la República, como a la Cámara de Diputados, en los comicios federales del próximo año.

Guste o no en el PRI; y sea aceptado o no por su militancia, lo cierto es que el estilo de decidir del ex Mandatario siempre ha sido el mismo. Si hacemos un ejercicio sencillo de retrospectiva podremos ver que, al haber éste nacido y crecido políticamente bajo la sombra de un partido hegemónico fuerte, siempre entendió que el poder no se comparte ni se consulta, sino que simplemente se ejerce. Y esa ha sido la lógica que ha seguido en sus decisiones.

El caso más evidente —y doloroso e injusto y costoso, para muchos— de ese estilo de decidir, quedó de manifiesto en la forma en cómo “operó” la imposición de su candidatura. Y decimos “operó” de forma entrecomillada, porque justamente el tipo de operación política que llevó a cabo el entonces gobernador Ruiz para aplacar a los aspirantes y cumplir su decisión, fue justamente la de la “no-operación”. Veamos al pasado, sólo para corroborarlo.

A mediados de 2009, cuando ya había transcurrido la mayor parte de la gestión del gobernador Ruiz, había sólo dos aspirantes naturales a la Gubernatura del Estado por parte del PRI oaxaqueño. Uno era el senador Adolfo Toledo Infanzón, y el otro era el entonces munícipe de la capital oaxaqueña, José Antonio Hernández Fraguas. Todos los demás (Jorge Franco Vargas, Martín Vásquez Villanueva, Eviel Pérez Magaña y José Antonio Estefan Garfias) figuraban, sí, pero en una escala mucho menos importantes que aquellos dos personajes.

De hecho, al inicio de la competencia interna por lograr la candidatura priista al Gobierno del Estado, parecía que fuera de los dos personajes principales, había por lo menos dos aspirantes eminentemente testimoniales. Uno de ellos era Martín Vásquez. Y el otro era justamente Pérez Magaña.

No obstante, desde el primer día en que todos hicieron públicas sus aspiraciones, el entonces gobernador Ruiz volcó todo el aparato oficial a favor del evielismo. Y aunque de inicio los funcionarios estatales encargados de la difusión masiva de la figura del entonces recién ungido coordinador de los diputados del PRI por Oaxaca, aseguraron que ésta buscaba “emparejar” la contienda interna para que ninguno fuera un aspirante testimonial, como ya desde entonces se señalaba.

Lo cierto, en todo esto, es que el entonces gobernador Ruiz dejó correr la contienda interna para cubrir ciertas formas democráticas, y para que de algún modo la sociedad y la clase gobernante se hicieran parte de un juego por el supuesto “futuro” de su partido en la entidad, aunque siempre dejando en claro que de todos modos la decisión ya la había tomado él, que él era quien tenía la última palabra, y que ésta ya había sido dicha a favor de Pérez Magaña.

¿Hubo consenso sobre su candidatura? No. ¿Hubo respaldo real de todo el priismo? No. ¿Hubo traiciones? Por todos lados. ¿Era Eviel Pérez un buen candidato? Posiblemente sí. Pero, ¿tenía lo suficiente para ganar? Los hechos hablan por sí solos.

Y lo cierto es que su designación como candidato no fue producto ni de la democracia ni de la competitividad: fue consecuencia de una decisión vertical, tajante y definitiva, que fue anunciada desde un principio,  y que fue llevada sin ninguna cortapisa, hasta sus últimas consecuencias.

LÍDER VERTICAL

Frente a todo eso, no queda duda que Eviel Pérez Magaña y Héctor Pablo Ramírez Leyva serán los personajes que postule el PRI para ir a buscar el Senado de la República. El orden en que éstos aparezcan en la fórmula de candidatos, también será decisión definitoria del ex Mandatario. Y queda claro que aún careciendo del poder formal que tenía como gobernador del Estado, de todos modos Ruiz Ortiz será quien decida —nadie más— quiénes serán los candidatos por su partido que habrán de cubrir todos los espacios que hoy se encuentran vacíos.

Por todo eso, de algún modo tanto la prensa local como los actores políticos tanto del PRI como de otras fuerzas políticas, debían dejar de hacerse ilusiones falsas y comenzar a asimilar que su Líder real se fue, pero no se fue, y que de todos modos el poder seguirá estando concentrado en las mismas manos. ¿A poco no?

Hoy existe, por ejemplo, una aparente disputa interna entre Eviel Pérez Magaña y Ramírez Leyva. Sin embargo, más allá de las diferencias personales, políticas o partidistas que pudieran tener ellos en particular, queda claro que de todos modos uno y otro continúan girando en la misma órbita partidista y de facción. Y esa órbita tiene como centro de gravedad, justamente la figura del ex gobernador Ruiz.

En ese sentido, queda claro que ambos son sus amigos. Que ambos gozan de los afectos del ex Mandatario. Y que por tanto las señales enviadas durante el informe del diputado Ramírez el pasado fin de semana, no son sino indicadores serios y contundentes sobre la forma en cómo se decidirá este episodio en que, seguramente, más de uno sigue pensando que habrá condiciones democráticas o reglas de equidad para que todos compitan por candidaturas que de antemano ya están decididas.

No obstante, la decisión tajante del ex gobernador Ruiz no debe verse como un hecho consumado. A lo mucho lo será a nivel de partido. Pero deberán de tomar en cuenta que cada uno de sus personajes seleccionados —tanto para el Senado, como para las diputaciones federales), abreva una historia y una reputación como político, que es indisoluble de su respectiva persona. Ese será un fantasma que no dejará en paz a cada uno de los “elegidos”. Y según vimos en la elección de 2010, queda claro que no están exentos de perder.

DIPUTACIONES FEDERALES

Habrá que revisar con lupa la lista “palomeada” (que, más bien, fue decidida) por el ex gobernador Ruiz. Sin duda nos encontraremos con varias réplicas del ejercicio duro del poder, en el que éste no se consulta ni se acuerda con nadie, pero que termina postulando al menos viable de sus abanderados. ¿Quién sí podría salir avante de esa revisión?

+ Legisladores afines a GCM, “flotadores” de su gestión

Las relaciones entre el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y los legisladores federales son, por las diferencias eminentemente electorales, poco tersas. Sin embargo, para el Gobierno del Estado esa es una de sus pocas necesidades ineludibles: le guste o no, debe consensar ciertos temas, como el presupuestal, con los representantes legislativos del Estado. ¿Ahora que se acercan los tiempos electorales, ha pensado el grupo gobernante cómo abordará la posibilidad de tener a sus propios legisladores?

Al iniciar la semana, el gobernador Cué Monteagudo dio, tácitamente, el banderazo de salida a los integrantes de su gobierno, y de su grupo, que desean buscar candidaturas a cargos de elección popular en el proceso electoral federal que se avecina. En su cuenta de Twitter, aclaró que éstos se encuentran en libertad de hacerlo, pero con el requisito previo de renunciar a los cargos que ostentan en la administración estatal.

El problema de fondo, sin embargo, no radica en que el Gobernador del Estado “autorice” o no a sus funcionarios a que busquen posiciones legislativas, o que les exija que renuncien a sus cargos. En realidad, esas dos son condiciones naturales de todo proceso electoral. ¿Qué es lo realmente importante, y preocupante, entonces?

Al gobierno estatal debía preocuparle la falta de liderazgo entre los integrantes del gobierno, la falta de sensibilidad política en muchos de ellos, y la casi total ausencia de posicionamientos frente a los electores. Es decir, que qué bueno que el gobierno estatal esté abriéndose institucionalmente a la posibilidad de que sus integrantes pasen de forma legítima al Poder Legislativo. Pero qué mal que las figuras que potencialmente podrían dar ese salto tengan tantas dificultades no sólo para trascender a la esfera pública, sino para cumplir con las expectativas de su posicionamiento relacionado con el trabajo que actualmente realizan.

La situación no es menor: el Gobierno del Estado, hasta hoy, no tiene los liderazgos fuertes y bien construidos, para ir a una campaña en la que, por si no se ha dado cuenta, tendrá un camino cuesta arriba. A pesar de que el Estado es gobernado por ellos, la campaña es federal —y presidencial—. Y sus opositores, buscarán subirse al carro de la campaña de los aspirantes al Gobierno de la República para posicionarse. Y, en esa tónica, el escenario para el grupo que ahora gobierna no es la más favorable. Veamos por qué.

Oaxaca será fuertemente “atacado” por el priismo que apoya al ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. A partir de su figura, y su arrastre electoral, tratarán de hacer campaña montados en su popularidad e imagen, para ganar tanto las Senadurías de mayoría, como las diputaciones federales. El panismo, para respaldar a su Abanderado Presidencial desplegará el eficaz trabajo —demostrado— de sus operadores electorales y de sus programas sociales.

Y en medio de ese emparedado quedará el lopezobradorismo (o ebrardismo) con el que seguramente caminarán los enviados del Gobierno del Estado para tratar de ganar

posiciones en las cámaras federales. ¿De verdad están preparándose los representantes del gobernador Cué que buscarán escaños en el Congreso, para una campaña de esas características de competencia y roce entre abanderados?

PRESENCIA NECESARIA

Si algo hay que reconocer a ambos grupos —a la representación de Oaxaca en las cámaras federales, y al Gobierno del Estado—, es que han logrado construir ciertos consensos mínimos para sacar temas fundamentales para la entidad. Sin embargo, es también evidente que si no hubiera tantos escollos, resentimientos y hasta rencores en medio de esa relación, la sinergia entre unos y otros podría traer mucho mejores resultados para la entidad.

En ese sentido, queda claro que el mejor escenario para cualquier gobernante es aquel en el que tiene el control de su propio Congreso local, y también tiene cierta influencia —o dominio total, como ocurría en los regímenes priistas— en los representantes populares de la entidad ante el Congreso de la Unión. Por esa razón, parece ineludible que el gobierno estatal busque construir sus propios escenarios, para tener mejores expectativas de su propio gobierno.

En ese sentido, queda claro que, lo acepten o no, las afinidades entre representantes del Poder Legislativo, con el Ejecutivo del Estado, son algo así como los “flotadores” que dan estabilidad a cualquier gobierno. En el caso de la entidad, esos flotadores no sólo no existen, sino que en todos los momentos posibles los supuestos estabilizadores (diputados federales y senador priistas), y el mismo barco (el Gobierno del Estado) han propiciado tensiones e inestabilidad que, a la luz de los hechos, son producto de sus diferencias partidistas y políticas, pero no motivadas por algún asunto relacionado estrictamente con el interés del Estado.

Sin embargo, la duda de fondo está en la imposibilidad —al menos hasta ahora no se ve— de construir esos liderazgos internos en el gobierno estatal, para que luego vayan a hacer una representación digna no sólo de la población, sino también del gobierno y del grupo gobernante del que emanaron.

Hoy, el único que se arroga un supuesto “crecimiento político” es el coordinador de Módulos de Desarrollo Sustentable, Benjamín Robles Montoya. Sin embargo, no le termina de quedar claro que las intrigas y la aplicación de la “política dura” tiene los efectos contrarios a las aspiraciones que él dice tener no sólo como servidor público, sino también como posible candidato al Senado y después, según sus ambiciones, sucesor del gobernador Cué.

¿Habrá figuras competitivas más allá del liderazgo hechizo de Robles Montoya, y la presencia fantasmal de Alberto Esteva? Seguramente sí. El problema es que no ha habido la visión suficiente para estimular el crecimiento de esos personajes que, ahora sí de la nada, saldrán a buscar las posiciones legislativas que tanto necesita el gobierno para el que ahora trabajan.

FUTURO COMPLEJO

La primera gran misión será consensar las candidaturas entre los partidos aliancistas, que irán separados a la contienda federal. ¿Habrá modo de que cada uno haga campaña por su lado, pero sin descalificarse y sin utilizar las bajezas frente al contrario, como herramienta de crecimiento? Es posible que sí haya ese modo. El problema es que nunca lo hemos visto operando en Oaxaca. Ese sí sería un acuerdo de avanzada. ¿Lo veremos?

+ Gobierno debe ahora probar señalamientos

Como en política nada es casualidad, la presencia del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca, luego de casi 11 meses de haber culminado su mandato, no es fortuita. Más allá del posible apoyo electoral que pudiera haber venido a dar a un aspirante a Senador por su partido, lo verdaderamente importante se encuentra en las investigaciones que realiza el gobierno actual a su administración. Su presencia, pues, indica que las auditorías no van por buen camino para quien las realiza. Y también vaticina una nueva andanada de ataques en respuesta al acto de provocación que significó su estancia en la capital oaxaqueña.

En los últimos meses, el Gobierno del Estado, a través de la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, ha sido no sólo insistente, sino hasta imprudente, al hacer señalamientos por presuntos desfalcos en contra de la administración anterior. Además de haber asegurado en varias ocasiones, que el monto del posible quebranto por lo menos duplica la cifra inicial de tres mil 600 millones de pesos que anunció inicialmente, la secretaria Woolrich no se ha cansado de decir que hubo “confabulación” de ex funcionarios para abusar del erario.

El problema del Gobierno del Estado, sin embargo, no se encuentra en señalar, sino en probar sus dichos. Porque más allá de los señalamientos ruidosos sobre los miles de millones que asegura que se robaron, queda claro que es poco lo que eficazmente han podido hacer.

Es decir, que se han conformado con encarcelar a un funcionario de segundo nivel —el ex director administrativo de Caminos y Aeropistas de Oaxaca—, y con emitir una serie de órdenes de aprehensión de las que tiene conocimiento Interpol.

Sin embargo, más allá de que también es mediáticamente llamativo el hecho de que la Policía Internacional haya emitido “fichas rojas” contra varios ex funcionarios del Gobierno del Estado —lo que de inmediato los pone al mismo nivel que narcotraficantes, terroristas y defraudadores internacionales—, queda claro que en los hechos eso y nada es lo mismo, porque todos siguen en la calle gozando de libertad; y porque no existe certeza alguna de que los procesos judiciales que ya iniciaron tengan la suficiente fuerza probatoria como para sostener las acusaciones frente a jueces locales y tribunales federales de garantías.

Hoy todo son dudas. Y la presencia del ex Gobernador en Oaxaca apunta no a su interés en que el diputado federal Héctor Pablo Ramírez Leyva pueda sostenerse en su cargo de coordinación de la diputación federal del PRI por Oaxaca, o apuntalar sus aspiraciones al Senado.

En realidad, eso resulta ser apenas un distractor, a partir del cual el otrora Mandatario viniera a la entidad a hablar de otros temas, pero a reiterar que ni está amparado, ni está escondido, ni está negado a comparecer para solventar los faltantes que le observe el gobierno de Gabino Cué Monteagudo a su gestión como Gobernador.

Pero además, si todo eso ocurre en su ámbito personal como ex Gobernador, lo que bien pudo haber venido a hacer Ulises Ruiz a Oaxaca, fue a hacer explícita la posibilidad de que, en efecto, las auditorías que realizan sus sucesores no estén caminando por el mejor rumbo. En el último de los casos, éste podría haber sido una suerte de “acto de provocación” —o de burla— por cualquiera de las posibilidades que aquí señalamos.

GOBIERNO, ¿QUÉ HACER?

Ante todas estas posibilidades, es predecible la reacción del Gobierno del Estado. Quizá en esta misma semana se conozcan “nuevos datos” sobre los descubrimientos hechos por la Secretaría de la Contraloría en la revisión de la administración anterior; y posiblemente hasta se intente una nueva aprehensión espectacular. Esto, justamente, para tratar de responder a la maniobra del ex Mandatario oaxaqueño. Es lo que han hecho cada que el anterior grupo gobernante toma la iniciativa de atacarlos.

Sin embargo, con rigor y seriedad debieran preguntarse si ese es el mejor camino que pueden tomar. Hasta ahora, lo que hemos visto son sólo exaltaciones muy focalizadas, y ataques que intentan ser “quirúrgicos” para golpear a los adversarios. No obstante, el resultado de esos ataques siempre ha sido dilatorio, y nunca han podido sostener a fondo la intención de los mismos.

Por eso, ante ésta última maniobra del priismo —porque no es cosa menor, que un ex gobernador que es investigado, vaya a decir al mismo sitio donde lo investigan, que ni está amparado, ni tiene miedo, ni tiene cuentas pendientes—, lo que el gobierno estatal debe comenzar a considerar es si resulta benéfico para ellos mismos arreciar el ataque, o si es mejor centrar sus atenciones en el reforzamiento de los datos y probanzas que, según dicen, ya tienen a la mano y listas para ser utilizadas en procesos judiciales.

Lamentablemente —para ellos—, el gobierno estatal siempre ha utilizado la vía del ataque, pero siempre ha perdido en la vía del sostenimiento de esos señalamientos. Y queda claro que si intenta repetirle la dosis a sus principales opositores, lo único que estará haciendo es ponerse nuevamente como presa fácil de ellos, para que finalmente aprovechen la reacción de enojo y capitalicen los errores que pudieran haber cometido en la integración seria, y jurídica, de sus acusaciones.

El problema más grave, en todo esto, es que el Gobierno del Estado está poniendo en riesgo la verdadera posibilidad de hacer justicia. Esto porque al calor de sus enojos ha llevado a juicio —literalmente— asuntos sin un sustento indiscutible, que en un momento dado pueden ser perdidos no porque los ex funcionarios no hubiesen robado, sino porque la forma en que se intentó probar fue deficiente. Y lo peor de todo eso, es que finalmente terminara operando, a favor de los ex funcionarios, el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La posibilidad está abierta. Quién sabe si ya la vio el gobierno estatal. (Pero parece que no).

SOLIDARIDAD

Mario Mendoza Flores es uno de esos pocos personajes de la política local, que verdaderamente puede jactarse de haber asumido convicciones políticas, independientemente de que las condiciones políticas fuesen buenas o malas. Esa es la razón por la que el autor de este espacio le tiene un gran respeto, y hasta se jacta de su amistad. Por esa misma razón, nos duele e indigna el artero atentado que sufrió el pasado viernes. Un abrazo solidario para ti, apreciado Mario.

+ ¿Qué verdad querrán contar quienes gobiernan?

La creación de una Comisión de la Verdad, por parte del Gobierno del Estado, el Congreso local, u organizaciones civiles de veras comprometidas con el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto magisterial y popular de 2006, necesariamente tendría que implicar la investigación de todos los hechos posiblemente constitutivos de delitos, y no sólo los atribuibles al anterior régimen en contra de los activistas del movimiento popular. ¿De verdad están dispuestos, el grupo gobernante y sus aliados, a revisar hechos en los que todos podrían resultar con responsabilidad?

En efecto, desde el momento mismo en que se desarrollaba el conflicto magisterial hace cinco años, diversos grupos se pronunciaban por la creación de instancias públicas dedicadas ex profeso a investigar todo lo que entonces ocurría. Sin embargo, la primera muestra de indisposición al respecto, de las mismas partes interesadas, se dio con la forma misma en que se resolvió la paz de Oaxaca. Y sólo quien no recuerda aquellos episodios, podría afirmar hoy que hubo pacificación del clima social, sólo a partir de la represión.

El conflicto magisterial y popular tuvo su origen, clímax y repliegue en concordancia precisa con diversos acontecimientos. La represión policiaca ocurrida el 14 de junio de 2006, atizó los ánimos beligerantes de diversos grupos que ya tenían razones previas para estar en contra del gobierno estatal. La Sección 22, por su parte, se levantó en revuelta por la razón natural de haber sido la directamente golpeada por la represión. Y todos abonaban al derrocamiento del entonces gobernador Ulises Ruiz, antes de que éste cumpliera dos años de mandato, y por tanto se pudiera cumplir el mandato constitucional de que el nuevo gobernador fuese nombrado por un congreso de mayoría afín al repudiado gobernante.

En aquellos momentos, todos los grupos beligerantes le apostaban a que el conflicto se resolviera antes del mes de diciembre de 2006. Por eso, el conflicto tuvo sus momentos críticos en los meses previos a aquella fecha, y por esa razón se cruzó estratégicamente con el momento de la elección presidencial. Sólo que, al acercarse el final del año, el gobierno federal ofreció arreglos particulares a la Sección 22, y a algunos otros grupos, y entonces sólo utilizaron la represión contra líderes icónicos, como Flavio Sosa Villavicencio.

¿Cuál fue el arreglo? Con los grupos de más ascendencia, como la 22, el arreglo fue eminentemente económico. Les otorgaron la rezonificación, el reembolso íntegro de los salarios no pagados durante el conflicto, y la restitución de todos los directivos del IEEPO impuestos por el sindicato. Y una vez desmontado el magisterio, correspondió al gobierno estatal operar el acuerdo con los grupos que quedaban.

El arreglo fue simple: aunque cada uno mantuvo sus posiciones discursivas, en realidad lo que hubo fueron múltiples y recíprocas concesiones. Aunque no se reconocían el gobierno y las organizaciones beligerantes, todos reanudaron el diálogo y los “acuerdos” —que muchas veces eran económicos.

Por eso, todas las investigaciones judiciales surgidas durante el conflicto fueron congeladas. Sólo se le dio curso a algunas, de carga eminentemente política, que sin embargo fueron poco sustentables y muy identificadas como persecuciones de tipo político. Y por tanto, en todo lo demás se premió la impunidad, no sólo respecto a los crímenes que se habían cometido desde el Gobierno del Estado, sino también innumerables hechos que fueron denunciados por ciudadanos, y de los que podrían haber sido responsables integrantes de los grupos que encabezaron la revuelta.

VERDAD A SECAS

Establecer una auténtica Comisión de la Verdad, o una efectiva Fiscalía Investigadora de los Crímenes del Pasado, necesariamente habría de implicar la revisión de todos los crímenes. Porque contrario a lo que se piensa, el conflicto de 2006 estuvo lejos de ser una simple batalla entre “el pueblo bueno” y “el gobierno malo”. Lejos de la polarización de ideas y percepciones, queda claro que en medio del conflicto entre representantes de dos intereses distintos, se quedó una sociedad que, al final, fue víctima de todas las afectaciones jurídicas y quebrantos económicos.

Hoy, cuando el anterior régimen de partido hegemónico cayó en Oaxaca, podría ser una especie de iniciativa “políticamente correcta”, pero muy poco seria, la del supuesto seguimiento a los crímenes del pasado, que en realidad a lo que pudiera dedicarse fuera sólo a investigar a ex funcionarios, integrar averiguaciones por los delitos que sólo ellos cometieron, y perseguirlos hasta el final para que paguen por sus crímenes, pero sin tocar los hechos posiblemente constitutivos de delitos, que sin duda también se cometieron desde ciertos sectores del movimiento magisterial y popular.

Ver esta cuestión modo distinto, significaría necesariamente parcializar la visión, y justificar que, en aras de un movimiento popular y de un supuesto ánimo democrático, se cometieron actos violentos por parte del “pueblo”, que pudieran ser convalidables en aras de la búsqueda de un supuesto “interés de la mayoría”.

Y no. No se trata de justificar a quienes entonces actuaron desde el poder. Pero se trata de continuar polarizando aquellos episodios tan cargados de matices y aristas distintas, para únicamente verlo desde la visión monocromática de los buenos y los malos, que a lo único que lleva es a justamente continuar escondiendo la verdad, y seguir privilegiando las visiones parciales que buscan venganza a partir del disfraz de la justicia.

Ir tras la verdad significaría hacer un ejercicio realmente serio, y legitimado, de revisión y recapitulación respecto a lo ocurrido, incluyendo los ilícitos y los excesos cometidos por unos y por otros. El problema es que varios de esos grupos participantes hoy son parte del gobierno, o al menos figuran como aliados de éste. ¿Y la administración estatal estará dispuesta a también sentar a sus aliados en el banquillo de los acusados, y sostener lo que haya que sostener (investigaciones judiciales, señalamientos, etcétera) para verdaderamente llegar a la justicia que se anhela?

PANORAMA TURBIO

Queda claro que eso último es lo que enturbia las posibilidades de conocer la verdad. Y ojalá que si desde la sociedad civil se emprende esa misión, el objetivo fuera privilegiar las indagaciones objetivas, y no crear figuras loables sólo para santificar a algunos, y satanizar a sus contrarios.