+ Dilema: Integrarlos o seguirlos “apapachando”

Los empleados de base de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se niegan a acatar, por obstinados… algo que la ley no los obliga a cumplir. Y es que bien puede resumirse en eso el problema que hoy generan esos trabajadores respecto a la aplicación de los exámenes de control de confianza. El problema, en el fondo, radica en la excesiva tolerancia, y hasta temor, que les profiere el gobierno estatal, junto con la permisividad que éste mismo ha tenido con esos empleados que hoy, lejos de ser el principal motor de la función administrativa estatal, son su principal carga.

En los tiempos actuales, ser trabajador de base del Gobierno del Estado es algo así como tener resuelta una vida cómoda y sencilla. El hecho de contar con la protección y las conquistas sindicales, asegura a esos trabajadores una envidiable estabilidad laboral, incontables garantías por premios y estímulos periódicos, y la seguridad de que el desempeño de esa labor no necesariamente habrá de implicar esfuerzos que deban ser considerados como trabajo, y que difícilmente un superior jerárquico podrá levantarles la voz, exigirles o reprenderlos por su falta de eficiencia, obediencia y resultados.

¿Cómo llegaron esos trabajadores, en general del gobierno estatal, a esa situación? La respuesta, indudablemente, se encuentra en la excesiva tolerancia que ha tenido con ellos la administración estatal, que incluso ha llegado a tomarse tanto como sinónimo de inmunidad laboral, como garantía de cobrar relativamente bien prácticamente desempeñando funciones meramente testimoniales.

Sólo a partir de eso puede comprenderse lo que hoy ocurre en la Secretaría de Seguridad Pública. La nueva Ley que rige esa materia a nivel estatal, dispuso en uno de sus artículos transitorios (el noveno), que sólo a los trabajadores sindicalizados que realizan funciones para las cuales dicha norma pide el cumplimiento de la certificación de confiabilidad, se les deberá hacer exigible la presentación de los exámenes de control de confianza. Pero también establece que dicha adhesión habrá siempre de ser voluntaria, pero que los trabajadores de base que sí realizan funciones que requieren certificación, y decidan no adherirse al programa, habrán de ser reubicados en áreas no estratégicas para la seguridad pública.

Como ya lo habíamos apuntado en una ocasión anterior, queda claro que de ninguna de esas reglas se desprende la exigibilidad de los exámenes de control de confianza a los trabajadores de base de la SSPE. De ahí que si un principio general del derecho establece que donde la ley no distingue, no se debe distinguir, entonces lo que debe considerarse es que si la norma no exige un hacer a los trabajadores de base, éstos no tienen razón de acusar tal exigencia que en realidad no existe.

El problema, sin embargo, no radica en lo que diga la ley, o en la interpretación que de ese precepto en particular hagan los trabajadores de base de la SSPE. No. En realidad, el fondo de este problema radica en el hecho de que hoy la misma administración pública se está enfrentando, sin poder controlar, a los pequeños monstruos que, desde hace años, lentamente creó, y que aún hoy sigue estimulando de la peor manera posible.

Sólo así puede entenderse que éstos exijan, y que sean las más altas esferas oficiales las que respondan, casi con miedo, ante un llamado que debiera ser inexistente por infundado, pero que está ahí generando problemas a una dependencia que presta servicios estratégicos para la paz, la seguridad y la gobernabilidad de los habitantes del Estado.

EXIGENCIAS VACÍAS

En realidad, los trabajadores de base de esa, y de cualquier otra Secretaría, estarían no sólo molestos, sino indignados con el contenido de una norma como la Ley de Seguridad Pública Estatal. La razón de ello, no radica en la exigibilidad de los exámenes de control de confianza, sino en la pretensión del gobierno, visto como patrón, de trastocar el modo de “trabajo” de esos empleados. Ahí está la clave de todo. ¿De qué hablamos?

De que parte del contenido de la norma referida, tiene que ver con la reubicación de los trabajadores que no acepten adherirse al esquema comprendido por la ley, y realizarse con ello los exámenes de control de confianza. Ellos consideran que la garantía de inamovilidad que les brinda la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores del Gobierno del Estado implica que ellos no puedan ser movidos ni siquiera de su escritorio, y que los privilegios que han ganado gracias a sus luchas laborales, y al consentimiento y solapamiento —y hasta inmunidad e impunidad— que les ha permitido el gobierno estatal durante años, hoy pueden hacer libremente lo que les venga en gana sin que existan consecuencias por sus actos.

Y es que las consecuencias, seguro, no llegarán por parte del Gobierno del Estado como deberían. Y no será así porque nadie parece poder meter hoy en cintura a los trabajadores de base. No será así porque, según el gobierno, nadie puede exigirles ni mucho ni poco a cambio del salario que devengan.

No será así porque la Secretaría de Administración sigue esperando no sabemos qué para presentar —o incluso para comenzar a elaborar— un supuesto plan de profesionalización o “incorporación” a la vida administrativa del gobierno estatal, a esos trabajadores que hoy se caracterizan por ser los excluidos, y los auto excluidos, ante su negativa reiterada, y la de sus superiores, a incorporarlos al verdadero trabajo y responsabilidades del Gobierno del Estado.

Por todo eso, es de esperarse no sólo que los trabajadores de base se sigan rebelando, sino también que en otros casos sigan violando otras leyes, y cometan otro tipo de tropelías y desperdicios de capital económico y humano, en aras de la protección que les brinda s sindicato. Del mismo modo, es de esperarse que el gobierno estatal siga cruzado de brazos, sosteniendo a una burocracia costosa e improductiva, que además, a los ojos de todos, hace impune y libremente, todo lo que se le pega la gana.

ELECCIÓN EN SUMA

No sorprende que a la primera asamblea para elegir al nuevo dirigente del Sindicato Universitario de Maestros, en la UABJO, no hayan asistido las tres cuartas partes de todos los afiliados a ese sindicato. Lo interesante será hoy, cuando una segunda asamblea se lleve a cabo con-los-que-lle-guen, y una mayoría simple elija al nuevo Secretario General. ¿Los competidores desplegarán artilugios de “ingeniería electoral”? No, qué va…

Disputa Torres-Abraham: ahí van a medir fuerzas

En la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), los equilibrios de poder están definidos por sus sindicatos. Sólo así puede explicarse que, por un asunto laboral con evidentes rasgos políticos, protagonizado por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, la Máxima Casa de Estudios esté reiniciando hoy labores luego de un mes de huelga. Y eso mismo, es lo único que puede explicar que en la elección del nuevo dirigente del Sindicato Universitario de Maestros, se encuentre buena parte de la definición del próximo Rector universitario.

En efecto, en el primero de los casos, la huelga estallada por el STAUO tenía, además de intereses laborales genuinos, un importante ingrediente fundado en los intereses sucesorios. Hoy, ese Sindicato no tiene el poder, que tuvo en otros años, para impulsar de forma determinante a un personaje rumbo a la rectoría. Por eso, además de exigir la devolución de las cuotas que les tiene retenidas la administración central universitaria, esta huelga tuvo también como propósito (político) generar los espacios necesarios de negociación rumbo a la sucesión del rector Rafael Torres Valdés.

No obstante, ese no es el único factor que juega en este ajedrez sucesorio. Porque, de hecho, la situación de debilidad por la que hoy atraviesa el STAUO (al estar dividido nada menos que en cuatro facciones, controladas por personajes que son disidentes todos entre sí), es inversamente proporcional al papel político que juega el otro sindicato académico, el cual, aún siendo minoritario, ha tenido la fuerza para proyectar cuando menos a los dos últimos rectores.

En efecto, el SUMA fue fundado en el año 2002, a decir de sus fundadores, como una alternativa que trataba de hacer contrapeso al STAUO, que en esos años era controlado por la ex rectora Leticia Mendoza Torro. Algunos de los más destacados fundadores de ese sindicato son los ex rectores Abraham Martínez Alavés y Francisco Martínez Neri, el actual rector, Rafael Torres, y Fausto Díaz Montes, entre varios otros.

¿Por qué son esos dos sindicatos los factores determinantes de la situación política de la Universidad? En un primer momento, porque son los que aglutinan a los personajes que, por sus distintos méritos (académicos, políticos y hasta porriles) tienen directamente la legitimidad para pretender llegar a la rectoría. En segundo término, porque son los que tienen el contacto más directo e influyente con la comunidad estudiantil, vistos como potenciales votantes. Y una tercera razón radica en la capacidad que tienen esos personajes y grupos en incidir en la vida pública no sólo de la universidad, sino también de la capital y del Estado.

Sin embargo, queda claro que hoy, en la vida interna de esos sindicatos, se juega mucho más que la sola situación salarial o las condiciones de trabajo de los profesores universitarios. En su vida interna se encuentran también involucrados los factores de poder que son necesarios para determinar el rumbo de la máxima casa de estudios.

Y, según veremos a continuación, aún con lo determinantes que son éstos factores, también ahí existen los intereses oscuros y las torpezas que hoy tienen en vilo no sólo a futuros dirigentes sindicales, sino a los proyectos políticos de largo plazo que impulsan cada uno de los actores determinantes de la Máxima Casa de Estudios.

ELECCIÓN EN SUMA

De acuerdo con cifras oficiales, la Universidad cuenta con un aproximado de mil 500 académicos, de los cuales unos 800 están afiliados o simpatizan con alguna de las facciones del STAUO; unos 650 están afiliados al SUMA, y los demás no pertenecen a ningún sindicato.

El SUMA tiene dados de alta, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a 400 de sus 650 afiliados. Esto implica, que sólo pueden votar los que están reconocidos ante la Junta. Y esto se debe a una irresponsabilidad de los secretarios generales anteriores ya que, según lo marca la ley, no solo basta con afiliar a los nuevos agremiados, sino que, además de eso, hay que hacer los trámites ante la Junta laboral para que sean reconocidos como socios del sindicato. Esto podría ser, en el caso específico, determinante para un resultado adverso a los intereses tanto del secretario General del SUMA, Rufino Vásquez Manuel, como del rector Torres Valdés, y su proyecto sucesorio. ¿Por qué?

Porque dentro mismo del SUMA se encuentran ya abiertamente enfrentados los intereses de los dos personajes acaso más influyentes —y no por eso necesariamente para bien— hoy en la Universidad: el rector Torres, y el sempiterno líder moral del SUMA, Abraham Martínez Alavés. Pues mientras el primero impulsa a Guillermo Trejo Carbajal, el segundo impulsa a Manuel Jiménez Arango. Y el resultado de esta elección dará pautas claras de lo que pueda ocurrir con la rectoría, en los primeros meses del año próximo.

Trejo es catedrático de la Facultad de Contaduría. Sólo imparte una clase, por consecuencia es poco conocido. Su candidatura se construyó sólo dos días antes del registro de candidatos. Quienes apoyan a Guillermo Trejo son algunos personajes con amplios antecedentes de corrupción, como es el caso del ex director de la Facultad de Derecho, Jesús Villavicencio o Felipa Neriz, sobre quien existen fuertes señalamientos de alumnos por presunta venta de calificaciones. Otro que apoya a Trejo es el director de la Facultad de Contaduría, Luis Miguel Espinoza, debido al compromiso de político que tiene con la “delfina” del rector Torres, Josefina Aranda Bezaury.

Por su parte, Jiménez Arango, si bien es cierto que es una propuesta del grupo de Martínez Alavés, también lo es que se hace posible su candidatura por ser, dicen, un factor de equilibrio entre diferentes grupos al interior de la UABJO. Esto, debido a que independientemente de su juventud y presencia propia como universitario, es el personaje menos confrontado entre los grupos de Abraham Martínez y el rector Torres, y es quien en un momento dado podría fungir como vaso comunicante entre esos dos grupos que hoy atraviesan por un periodo de discrepancias importantes.

FUTURO EN JUEGO

Sin duda, esta elección —que se define entre hoy lunes y mañana martes— marcará el rumbo de la sucesión universitaria. Si pierde el candidato impulsado por el rector Torres, entonces tendrá muchos problemas para impulsar a su candidata. Pero si gana, habrá dado pasos firmes rumbo a su perpetuación. Aunque eso último, parece el escenario menos probable.

+ Violencia e impunidad, amargo presente

Nuestra historia nacional está llena de capítulos lamentables. Sin embargo, los mexicanos poco nos detenemos a pensar en cómo se verá nuestra realidad actual dentro de algunas décadas, cuando nuestros hijos o nietos volteen a los revisar los anales de la historia y vean este tiempo que nos tocó vivir, hoy, a nosotros. Sin duda, la percepción que tendrán de este presente —independientemente de lo que pase mañana— será horrible. Hoy, los dos problemas fundamentales de nuestra sociedad se llaman violencia e impunidad. Y no parece haber, hasta hoy, ni fórmula ni persona capaz de terminar con ellos.

El jueves pasado, en un artículo publicado en el periódico El Universal, el constitucionalista Miguel Carbonell daba cuenta de los niveles actuales de violencia. Decía, por ejemplo que “los llamados delitos de alto impacto, tales como el secuestro, el homicidio, la extorsión, el robo violento de vehículos y la violación, siguen imparables. La ciudadanía tiene miedo incluso de presentar una denuncia. Según datos del INEGI, 92 por ciento de los delitos que se cometen en México no son denunciados”.

Ante tal afirmación, el doctor Carbonell ofrecía algunas cifras. “En 2007 hubo 25 mil homicidios en México; en 2008 hubo 28 mil 18; en 2009 hubo 31 mil 545 y en 2010 llegamos a un máximo histórico de 35 mil 53, cifra que supera con creces a los poco más de 25 mil fallecidos durante la primera Guerra del Golfo, ocurrida en 1990-1991.

“Esto significa —continuaba— que en México se cometen 96 homicidios diarios; cuatro por hora; uno cada 15 minutos. Organizaciones de la sociedad civil reportan que cada día hay en el país entre cinco y 10 eventos de violencia —que no se denuncian—relacionados con el crimen organizado donde mueren menores civiles e inocentes. Tan sólo en 2006 —año que se tiene monitoreado— mil 326 menores de edad murieron en eventos relacionados con el combate al narcotráfico”.

Tal panorama nos deja brutalmente en claro el nivel de violencia que prevalece en México. Aquí, por una guerra fáctica —no declarada, no conducida en contra de un enemigo legítimo, y no respaldada suficientemente por leyes de la materia, pero sí ocurre todos los días— han muerto más personas que las que pudieron haber perecido en otros eventos sí denominados formalmente guerras, y regidos por formas específicas.

Quizá, en descargo de lo anterior, podríamos pensar que el resultado es un nivel también sin precedentes de aplicación de la ley. No obstante, el mismo doctor Carbonell nos proporciona otra respuesta brutal: la ley no se está aplicando en la forma que pudiera esperarse, ni se está castigando como debiera a quienes son los responsables de toda esa violencia y muerte antes descrita.

En este sentido, Carbonell señala lo siguiente: “Según información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal (…), entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 los juzgados federales de distrito sólo han dictado 735 sentencias de última instancia por delitos de delincuencia organizada. En otras palabras, tenemos un gran despliegue publicitario, con muchos detenidos, pero muy pocos sentenciados.”

Y abundaba: “Las investigaciones contra la delincuencia organizada no son muy veloces que digamos; en el Quinto Informe de Gobierno del presidente Calderón se nos informó que el tiempo promedio de tramitación de una averiguación previa por parte de la PGR fue de 269 días en 2006, 151 días en 207 y 2008; 172 días en 2009 y 153 días en 2010. ¿Qué es lo que sucede en esos intervalos? ¿Qué tanta intensidad despliegan los agentes del Ministerio Público en la realización de sus investigaciones? ¿Cómo funciona la tramitación de las mismas, como para justificar periodos tan prolongados?

Y por si eso no fuera poco, el Investigador de la UNAM proporciona otro dato sobre la eficiencia en realidad ficticia de quienes encabezan la lucha anticrimen y dicen estar haciendo todo por proteger a la ciudadanía y aplicar la ley: “El porcentaje de órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia negadas por jueces federales ha ido en aumento de forma preocupante. Esa cifra fue de 25% en 2008, 33% en 2009 y 38% en 2010. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué causas y razones se niegan las órdenes? ¿Qué es lo que contienen las averiguaciones previas que los jueces no tienen elementos para expedir los mandamientos que les solicitan?”

HISTORIA ABERRANTE

Ante tal situación, preguntémonos: ¿cómo pasaremos, o cómo hemos pasado ya a la historia? Queda claro que nada ni nadie borrará ni esos índices de violencia, como tampoco esa abominable falta de capacidad por parte de la autoridad para cumplir con su trabajo.

El problema, en todo esto, es que el blanco, y las víctimas de todos esos fallos —porque tanto la violencia como la impunidad y la corrupción, son duramente castigados por la ley, aunque hoy la autoridad no tenga capacidad o voluntad para hacerla valer— son ciudadanos que, en su mayoría, son parte de esas cifras por haber quedado simplemente en medio de los hechos que luego se convierten en estadísticas impunes.

Es por eso que, sobre este asunto, el también constitucionalista Diego Valadés sostiene, a través de su cuenta de Twitter, que la violencia de los últimos años dejará una cicatriz perenne en la sociedad mexicana; que las autoridades han desarrollado una capacidad asombrosa para determinar que un homicidio es un “ajuste de cuentas”; que éstos no son excluyentes de responsabilidad; pero que, con el pretexto de que se trata de ‘ajustes de cuentas’, millares de homicidios han ido quedando sin investigar.”

Y, en ese sentido, Valadés lanza un disparo certero que alguien, alguna autoridad, tendrá forzosamente que atender en el futuro: “No importa qué partido gane la presidencia: nadie podrá decretar que los homicidios perpetrados entre 2006 y 2012 quedarán sin investigar”. ¿De verdad habrá alguien con voluntad de hacerlo, al menos en el futuro cercano? Queda claro que aunque no quiera, tendrá el deber y la presión social de hacerlo.

¿OTRA NACIÓN?

Ante tal realidad, cómo nos verán dentro de algunos años. Seguro que nuestros hijos, o nietos, pensarán que qué bien que no les tocó vivir en estos tiempos tan aciagos. Y seguro que será así, que pensarán eso porque ellos viven en mejores condiciones. Queremos pensar eso… porque la otra opción, es que ellos vivan en una nación distinta, ante el desmoronamiento —por esas causas— de nuestra democracia, de nuestras instituciones, y sistema de gobierno.

+ Altamirano: Auditor vertical, autoritario e intolerante

Si la elección de Carlos Altamirano Toledo como auditor Superior del Estado, estuvo afectada por todos los vicios de legitimidad posibles, hoy la designación de los subauditores parece estar tratando de convertirse en una repetición de aquella farsa democrática. El Congreso local, que debía ser un órgano garante del cuidado y la responsabilidad en los asuntos del Estado, con su actuación sigue siendo no sólo un apéndice de los caprichos del Poder Ejecutivo y de los intereses de los partidos, sino además una auténtica casa de subastas, en la que gana más quien más invierte en las decisiones.

Veamos si no. Altamirano Toledo llegó a la Auditoría Superior cumpliendo con todos los requisitos del autoritarismo. El Gobierno del Estado, directa y verticalmente, dispuso que él fuera el relevo de Rosa Lizbeth Caña Cadeza.

Y aunque, para descalificarla y legitimar el relevo, utilizaron una serie de argumentos relacionados con la sumisión de la entonces Titular de la ASE al Poder Ejecutivo —por proceder ésta de un cargo de subordinación al Gobernador del Estado—, lo cierto es que éste régimen hizo exactamente lo mismo al imponer —no cabildear, ni dejar en manos del Legislativo— la decisión de que Altamirano se trasladara a la Auditoría, directamente desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado.

¿Cómo lo lograron? Lo hicieron a través de los “acuerdos” con el Poder Legislativo, que en realidad no son sino groseras negociaciones en las que unos ofrecen la posibilidad de compra del voto de los otros. Ese cabildeo aparente, en realidad es una abierta puja en la que se ofrecen concesiones económicas, recompensas en especie y canonjías para el fortalecimiento de los cacicazgos regionales que, irremediablemente, tratan siempre de construir los diputados en las regiones en las que fueron electos, y a las que se supone que representan.

Sólo de ese modo puede explicarse que Altamirano Toledo haya llegado a la ASE cumpliendo, sí, con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley de Fiscalización, pero presentando graves fallas en cuanto a su legitimidad como sujeto no subordinado al poder público al que, se supone, se encargará de vigilar, fiscalizar y sancionar en caso de que no actúe con apego a la norma.

Su sola procedencia lo hizo parecer, desde el primer momento, como un representante más del Ejecutivo en la ASE, cuya permanencia en el órgano estaría —como en el caso de su antecesora— determinada por los tiempos y vaivenes políticos, y no por los tiempos que marca la ley que deberán desempeñar sus cargos los empleados de los órganos de fiscalización.

Hoy, sin embargo, no conforme con eso, en la ASE pretende gestarse un nuevo acto de imposición, combinando no el interés público, sino el de los directamente involucraos en la designación de los subauditores. Queda claro que, por segunda ocasión en unos cuantos meses, todos olvidaron que esos cargos deben estar regidos por el profesionalismo y la demostración de capacidades, y no por el partidismo y los intereses políticos que hoy intentan hacer prevalecer lo mismo el Ejecutivo que el Congreso.

¿DADOS CARGADOS?

Desde hace poco más de una semana, en la página web del Congreso del Estado, se encuentra publicada una convocatoria pública para la elección de los dos subauditores con que cuenta el órgano fiscalizador del Congreso del Estado.

En el más bajo de los perfiles, hace unas cuatro semanas presentaron sus respectivas renuncias Ivone Henestrosa Matus y don Emilio García Romero. Y aunque la elección se prevé para la próxima semana, tal parece que en el Congreso pretenden “amarrar” de antemano un acuerdo con el auditor Altamirano Toledo, para hacer designaciones en los dos puestos que están vacantes, independientemente del resultado del proceso de selección, y de la posible conciencia en el sentido del voto que pudiera tener cada uno de los diputados.

¿De qué hablamos? De que, según se comenta dentro mismo del Congreso del Estado, existe ya un acercamiento entre el diputado del PRI, y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, José Antonio Hernández Fraguas, y el auditor Altamirano, para que las dos subauditorías queden, respectivamente, en manos de personajes afines a cada uno de ellos.

En efecto, se asegura que dicho acuerdo radica, en un primer momento, en el intento de imposición en una de las subauditorías, de un cercano colaborador de Altamirano Toledo, adscrito temporalmente a la Dirección de Auditoría de Inversiones Físicas; y en la otra, pretenden “acordar” el nombramiento del ex contralor del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez durante la gestión del diputado Hernández Fraguas, Ramón Icazbalceta Carrete.

¿Cómo podrían lograr esto? Bien, pues en un primer momento, el auditor Altamirano Toledo obligó a renunciar —aunque la convocatoria ni la ley obligan a ello— a los empleados de la Auditoría Superior que manifestaron su voluntad de inscribirse al proceso de elección de Subauditores.

Fueron separados “voluntariamente” de sus cargos, sólo por el hecho de querer interferir en un acuerdo en el que, por los presuntos acuerdos antes descritos, de antemano se sabe que ni existe imparcialidad, ni habrá certeza en que los elegidos son los mejores personajes. Incluso, se asegura que existe un acuerdo expreso para no permitir el avance de las candidaturas de Ricardo Hernández Méndez y Leyessef Carrera Carrasco, los dos únicos empleados de la ASE que se negaron a renunciar, y que podrían tener ventaja técnica sobre los demás aspirantes al contar con los conocimientos y la experiencia que requieren cargos como los que ahora están siendo sometidos a “concurso”.

¿Con acuerdos como éstos, se abona a la independencia que requiere la ASE? Si la transformaron, y renovaron su titularidad, fue precisamente para eso. Pero entre el acaparamiento de los agentes del Ejecutivo, y la voracidad del partidismo al que abonan los diputados, tal parece que van enfilados exactamente al rumbo contrario.

ALTAMIRANO DISPONE…

Por cierto, aseguran que otro ejemplo de la verticalidad que sigue imperando en la ASE, es el siguiente: Altamirano ya está renovando las direcciones de la Auditoría, aunque por disposición expresa del Reglamento Interior, esto debe hacerse… con el acuerdo de los subauditores. Quiere mandar —o seguir mandando— solo, pues. Como en los viejos tiempos…

+ Oaxaca: ¿qué alcances ha tenido “limpia” policial?

Hace unos días, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobernador Gabino Cué Monteagudo hizo hincapié en un asunto del que todos hablan, pero del que nadie parece haber asumido las consecuencias: ¿qué hacer con los elementos policiacos que no aprueban los exámenes de control de confianza, y que por tanto deben abandonar las instituciones o corporaciones relacionadas con la seguridad pública, para las que trabajan? El asunto, del cual este gobierno —y casi todos los del país— apenas están reparando, no es menor, pero tampoco ha sido considerado con seriedad.

Al menos en Oaxaca, era común que los funcionarios encargados de la seguridad pública, comentaran “off the record”, que aún habiendo realizado todos los exámenes de control de confianza, a todos los elementos de las corporaciones policiacas estatales, sería casi imposible darlos de baja a todos. “A esos —decían los funcionarios— hay que tenerlos bien detectados y bien vigilados, para cerciorarnos que no sigan estando, o que no se vayan a poner al servicio de los malos. Pero correrlos a todos, es imposible”, decían.

¿Por qué aseguraban lo anterior? Esencialmente, por dos razones. Primera, porque aprobar los exámenes de control de confianza no es sencillo, incluso ni siquiera para los elementos que en realidad sí tienen un compromiso real con su trabajo y con la institución para la que trabajan. Esas pruebas establecen una serie de elementos objetivos, cuyo resultado posiblemente negativo, no siempre tiene que ver con deslealtades al servicio público, o con una eventual colusión con criminales.

La segunda razón es no menos importante. Echar a la calle, en calidad de desempleados, a un grupo importante de personas que mal que bien tienen entrenamiento y conocen las tareas de seguridad, y que además son sospechosas de pertenecer o tener relación con algún grupo criminal, o que son proclives a ello, es tanto como dar alimento a las organizaciones criminales que justamente pretenden tener bajo su control a la comunidad.

Si esos agentes no confiables, dicen, de repente son sacados a la calle como desempleados, lo que se hace es ponerlos inmediatamente en las manos de los criminales —a quienes verán como su principal y casi única opción de “trabajo”, ante el desempleo y ante la ruptura violenta con la institución—. Y con ello lo único que se lograría es reforzar a los grupos criminales y agravar el problema de criminalidad que azota al país, y del que no es ajeno Oaxaca.

A partir de eso, podía entenderse de la decisión de detectar a los agentes no confiables, pero no decretar su cese inmediato. Era, pues, una razón cargada de elementos subjetivos y ponderaciones que, sin embargo, quedaba claro que no eran del todo equivocadas; y que debían combinarse con el trabajo, también fino, de seguimiento y vigilancia interna de esos agentes para evitar que fortalecieran sus lazos con los criminales, o les pudieran brindar información que los pusiera en situación de ventaja sobre la policía, o que incluso pudiera poner a ésta en peligro inminente de un ataque.

No obstante, queda claro que esa ruta de la ponderación no es la que quiere la sociedad, porque lo que los mismos gobernantes les han vendido —justamente por razones de rentabilidad política— es que todo agente de una corporación policiaca que fuere detectado como “no confiable” por los exámenes de control de confianza, debía ser separado inmediatamente de sus funciones, y cesado en el empleo que desempeñaba.

¿Qué hacer, sin embargo, ante la disyuntiva de alimentar a las filas criminales con un aluvión de elementos sospechosos para cumplir con las promesas, o tomar decisiones más serenas que permitieran tener un control más específico y de largo plazo justamente para construir y no destruir a la sociedad?

TODOS REPROBADOS

Ayer miércoles, una nota difundida por el periódico Excelsior, en la Ciudad de México, daba cuenta de lo siguiente: “El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reveló que 77 altos mandos encargados de aplicar las estrategias y políticas de seguridad en las entidades del país reprobaron los exámenes de confianza que les fueron practicados en centros de evaluación del gobierno federal.

“Entre los reprobados se encuentran procuradores, secretarios de Gobierno, secretarios de Seguridad Pública, subprocuradores, entre otros. En la sesión número 31 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria dio a conocer que de los 376 mandos a evaluar, sólo 177, es decir, 47 por ciento, ha aprobado sus exámenes de control de confianza, 79 se encuentran pendientes de que se brinde el resultado, mientras que 77 más no aprobaron las evaluaciones.”

Imaginémonos la gravedad del asunto: un Gobernador, por ejemplo, nombra a sus secretarios de Seguridad, Gobierno y Procurador bajo dos premisas fundamentales: la confianza que de antemano le brinda a su buen desempeño, y la certeza que tiene de que el funcionario tiene los conocimientos y las capacidades suficientes como para llevar a cabo las tareas que le fueron encomendadas con profesionalismo, eficiencia, honestidad y responsabilidad.

Y si esto —el reprobar un examen de control de confianza— pasa con los funcionarios de alto nivel, sobre los que recae una responsabilidad en buena medida por razón de confianza, qué no ocurrirá entonces con elementos policiacos que desempeñan esa labor como un trabajo simple y llano, y que, sin justificarlo, por sus bajos salarios o complejas condiciones de trabajo, pudieran llegar a ser considerados como “no confiables” para quienes evalúan su desempeño.

Por eso, pensar en las alternativas de trabajo para quienes no aprueban un examen de control de confianza, no es ni demagogia ni un asunto de reconocimiento de la incapacidad de limpiar de un solo tajo las instituciones. Más bien, es resultado de alguien que empieza a conocer las instituciones bajo su responsabilidad, y comienza a actuar más allá de la dinámica electorera o politizada que lleva a plantear soluciones equivocadas.

MUERTOS, PERPETUOS

Ojalá que la fiesta por el Día de Muertos no terminara nunca. Además de la alegría de encontrarnos, aquí mismo, con nuestros seres queridos que se nos adelantaron, alienta y nutre el colorido, misticismo y trascendencia de la celebración. Por eso, ojalá nunca se acabara esta fecha exacta del mole, del incienso, del altar y de la flor de cempasúchil. Ojalá…

Miércoles 2 de noviembre de 2011.

Desdén por voluntad popular, mal precedente

Pocos reparan en que el conflicto magisterial y popular ocurrido en el año 2006 en Oaxaca, no comenzó cuando la entonces Policía Preventiva del Estado pretendió desalojar, a mediados de junio de ese año, a unos 10 mil profesores de la Sección 22 del SNTE que se encontraban protestando en céntricas calles de la capital oaxaqueña. En realidad, el conflicto inició cuando el Gobierno del Estado comenzó a tomar decisiones sin la inclusión y el consenso de la ciudadanía. Y queda claro que esa lección, aún en estos tiempos de “cambio”, sigue siendo un tema pendiente para los gobernantes actuales en el municipio de Oaxaca de Juárez.

En efecto, si bien es cierto que el conflicto del 2006 tuvo muchísimos rasgos de tener como telón de fondo una fuerte disputa entre grupos de poder, también lo es que el poder de convocatoria que tuvo sobre los ciudadanos comunes fue amplísimo. Ello surgió desde la situación de que no sólo los grupos políticos adversos contaban agravios que luego se resolverían a través del intento de derrocamiento del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, sino también por el hecho de que éste, desde el inicio de su gestión, había tomado decisiones trascendentales para la vida pública del Estado, sin haber consultado ni informado a la ciudadanía, primero para saber si estaban o no de acuerdo con la obra, y después para conocer el proyecto, el costo y los encargados de realizar dichas modificaciones al entorno urbano de la Verde Antequera.

En ese sentido, el primer gran detonador de lo que luego sería una inconformidad social sin precedentes en la entidad, fue la decisión del gobierno estatal de iniciar un proceso de remodelación del zócalo citadino. Desde los primeros meses del año 2005, cuadrillas de trabajadores y maquinaria pesada iniciaron la remoción de las banquetas, adoquines, cantera, bancas y todo lo que había en ese sitio. El gobierno de Ulises Ruiz iniciaba un trabajo de remodelación que prometía ser benéfico para la imagen de la ciudad. Pero nadie conocía ningún detalle sobre los trabajos.

La inconformidad ciudadana no se dejó esperar. Desde personas comunes que espontáneamente manifestaban su rechazo, y hasta vecinos y grupos de profesionistas relacionados con la construcción, alzaron la voz para cuestionar la viabilidad de la remodelación; luego lo hicieron para denunciar la inexistencia de un verdadero proyecto ejecutivo —o al menos una maqueta de cómo quedaría la obra—; la negativa a dar a conocer el monto que se gastaría en la obra, y el tiempo que duraría así como los detalles de construcción. Y luego comenzaron a relucir algunos nombres de personajes íntimamente ligados al poder, que fueron los mismos que curiosamente aparecían como socios de las empresas constructoras que desarrollaban el trabajo.

Todo se terminó de descomponer cuando, en medio de las obras, se vinieron abajo dos ejemplares de Laurel de la India que tenían más de un siglo, plantados en medio de la majestuosa plaza de armas de la capital oaxaqueña, y que habían perdido la firmeza de sus raíces debido a los trabajos que entonces se realizaban en ese sitio.

Ante tal hecho, grupos de ambientalistas, de protectores de la vida cultural y el patrimonio histórico de Oaxaca, además de organizaciones de defensa de los derechos humanos, y las docenas de grupos que se apersonaron, iniciaron un enorme proceso de manifestación de la inconformidad, alegando justamente que el gobierno estatal realizaba la obra con total discrecionalidad y sin haber preguntado a la ciudadanía si estaban o no de acuerdo con las modificaciones que se planteaban.

LECCIÓN NO APRENDIDA

No fue una concesión graciosa del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el haber impulsado y ratificado una reforma a la Constitución Política del Estado de Oaxaca, para establecer entre los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos de la vida pública, operaran tanto el plebiscito como el referéndum, y algunas otras figuras que bien impulsadas por la ciudadanía, hoy combinabas con un contexto de inconformidad, bien podrían poner contra la pared a cualquier gobernante en turno.

Ulises Ruiz Ortiz firmó, ratificó y refrendó esas reformas —que eventualmente pudieron haberlo llevado a menoscabar, durante su misma gestión, el poder político que ejercía—, porque sabía que ese era uno de los grandes pendientes por los que la ciudadanía oaxaqueña continuaba inconforme con él, y porque eso lo había manifestado a través de distintas formas de rechazo a las decisiones que se tomaban de manera unilateral e implicaban asuntos públicos.

¿El edil de la capital oaxaqueña, Luis Julián Ugartecha Begué, tendrá en consideración todos esos antecedentes de lo que puede llegar a la provocar una decisión tomada sin el consenso y la participación necesaria de los ciudadanos? Tal parece que no. La insistencia con la que defiende y promueve su plan de iluminación de las principales calles de la capital oaxaqueña, así lo demuestra; y con ello también deja ver que en el fondo su actitud no dista mucho de la de aquellos gobernantes emanados del régimen de partido hegemónico, que gobernaban bajo el lema de que el gobernador no le pregunta a nadie, y que cuando manda y se equivoca, simplemente vuelve a mandar.

Sin embargo, los tiempos son distintos, y no se ven destellos de que las viejas lecciones del pasado hayan sido tomadas en consideración. La elocuencia de la carta enviada por el pintor Francisco Toledo sobre la insensibilidad y la falta de consideración hacia la sociedad, son muestra clara de que algo no camina bien en la forma en cómo se gobierna en la capital oaxaqueña. Y aunque queda claro que el llamado “Plan Luz” no provocará un conflicto violento como el del 2006, ésta insensibilidad sí quedará registrada entre la población, que más temprano que tarde le cobrará al edil Ugartechea, las facturas por no haberlos tomado en cuenta.

¿REGIDORA ABUSIVA?

Fue la comidilla. Asistentes al concierto del cantante Chayanne, aseguran que hubo un incidente en la zona de palcos: un grupo de damas, que habían pagado boletos que costaban mil 200 pesos, se metieron arbitrariamente a la zona en la que la admisión era de más de tres mil. El equipo de seguridad las detectó y les pidió que volvieran a su lugar. Sólo una se resistió, y no hubo, dicen, poder humano que la moviera del sitio. Era, aseguran los testigos, una ex Secretaria de Turismo que ahora la hace de Concejal en el Ayuntamiento citadino. Ver para creer.

Martes 1 de noviembre de 2011.

Retener vehículos en retenes, un tema de riesgo

Desde hace algunos días, elementos de la Policía Estatal, y de las Fuerzas Estatales de Apoyo, realizan operativos de verificación de la regularidad de motocicletas. En cada uno de los retenes que instalan, retiran de la circulación docenas de esos vehículos. ¿De verdad buscan preservar el orden con esas acciones? ¿O es que, en aras de verificar la no circulación de vehículos irregulares, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se permite llevar a cabo actos de molestia innecesarios, y hasta excesivos, en contra de la ciudadanía?

Quienes han presenciado estos operativos, en términos generales han sido testigos de lo siguiente: que en dichos retenes itinerantes, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se dedica a detener todas las motocicletas que transitan por el lugar. Una vez que los conductores de las mismas atienden al llamado de la autoridad, éstos son requeridos por los representantes del orden, para que exhiban, en ese momento, documentación que acredite la propiedad del vehículo, el registro ante las instancias correspondientes del Gobierno del Estado, las placas y el pago de los derechos vehiculares. Todo esto, además de verificar que los conductores cumplan con las normas de seguridad que establece el reglamento de tránsito respectivo.

Estas verificaciones podrían ser positivas, y hasta plausibles, si no fuera porque fueron diseñadas justamente para conseguir a toda costa que la autoridad retenga el vehículo en el acto mismo de la revisión, y someter al particular a una serie de trámites, pago de derechos y actos de molestia que, al final de cuentas, no queda claro si todo esto logra compensar la seguridad pública que, se supone, pretenden garantizar con este tipo de revisiones.

Y es que, basta con ver la forma en cómo se llevan a cabo estos operativos, para tener certeza de que difícilmente un motociclista puede salir bien librado del mismo. Al detener la autoridad al particular en la vía pública, lo primero que le requiere es que cumpla con el requisito de portar casco, y cumplir con todas las medidas de seguridad correspondientes.

Una vez que esto es verificado, pasan a la revisión de los siguientes puntos. Si no, desde ese mismo momento es avisado que el vehículo le será inmovilizado y que tendrá que recuperarlo en un corralón, previo pago de los derechos y multas correspondientes. Si el motociclista logra pasar ese primer momento, de inmediato le es requerido que, en ese mismo acto, acredite fehacientemente la propiedad del vehículo.

Ante ello, cabe una circunstancia particular: por obvias razones de seguridad, es casi imposible que una persona porte, dentro de su automóvil o entre sus pertenencias, todo el tiempo, la documentación que acredite la propiedad o legal posesión del vehículo. Y si esto no ocurre con automóviles, menos con motocicletas, que son mucho más vulnerables y susceptibles de robo.

Pues bien, ante el hecho de no llevar en ese momento los documentos, ni poder pedir a otra persona que se traslade hasta el sitio del retén para mostrárselos a la autoridad que lo solicita, los elementos de la Policía Estatal que participan en los retenes decretan, inmediatamente, la misma medida: inmovilizar el vehículo, trasladarlo al corralón, y que sea ahí donde el particular acredite la propiedad y pague el costo de la inmovilización, el arrastre, el derecho de piso, y demás derechos que genera la detención y encierro de un vehículo.

No obstante, haber librado exitosamente esas dos primeras etapas, no necesariamente significa que el motociclista pueda continuar su camino. Aún portando los elementos de seguridad, y habiendo acreditado la propiedad de la motocicleta, ahora el particular debe demostrar que su vehículo cuenta con su registro, emplacamiento y pago de derechos vehiculares en regla. De nuevo, el tener una motocicleta de reciente adquisición, con registro vencido, o sin placas, es motivo de que ésta sea inmovilizada y trasladada a un corralón.

DERECHOS TRANSGREDIDOS

La autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, seguramente podrá decir, en descargo, que toma esas medidas para garantizar varias cuestiones. Esos argumentos pueden consistir en que la autoridad pretende que todos los motociclistas porten cascos; que todas las motocicletas sean regulares y no haya permisividad para que circulen motos robadas o en las que pudiera haberse cometido un delito.

Puede, asimismo, decir que lo hace en aras de preservar el interés del Estado porque todos los dueños o posesionarios de vehículos de motor paguen los impuestos y derechos correspondientes. Incluso puede asegurar que el inmovilizar los vehículos es la sanción que corresponde a quien no ha cumplido con la ley. Y aunque a simple vista pudiera tener razón, queda claro que la preservación de un derecho no debe implicar, bajo ninguna circunstancia, que se puedan violar otros con entera libertad.

Poniéndonos estrictos, esos operativos podrían atacarse desde la lógica misma de que los retenes no se encuentran regulados específicamente por norma alguna, y que por tanto eso constituye una transgresión a distintos derechos fundamentales de los particulares. Además, la exigencia de documentos sin tener una orden previa emitida por autoridad competente, constituye un acto de molestia que en sí mismo la autoridad no tiene derecho a llevar a cabo. Y la última parte, no menos cuestionable de todo esto, radica en el hecho de que todo esto parece tener como telón de fondo el ánimo de que los particulares paguen a como dé lugar por la posesión de vehículos.

Queda claro que esto último no es malo; sin embargo, la utilización de la fuerza pública para esos fines meramente —o preponderantemente— económicos, distrae a los elementos policiacos estatales de otras labores más eficaces, importantes y urgentes relacionadas con la seguridad, que son justamente para las cuales existen las fuerzas del orden, y que son labores que sólo pueden hacer corporaciones como la Policía Estatal, las Fuerzas Especiales, o los elementos de seguridad regional.

¿FACULTAD DE QUIÉN?

La revisión relacionada con la posesión y regularidad de los vehículos de motor, es una facultad de la Dirección de Tránsito del Estado. Por eso, debía ser ésta, y no la Policía Estatal, quienes encabezaran aquellos operativos en los que, donde se instalen, retiran de la circulación como mínimo unas cuarenta motocicletas. ¿Es seguridad o negocio? ¿Se cumple el objetivo?

Lunes 31 de octubre de 2011

+ Transparentar concesiones, la única salida

Es lamentable que, hasta hoy, la Coordinación de Transporte del Gobierno del Estado, siga sirviendo como un mero instrumento político del Gobierno del Estado para ajustar cuentas con sus adversarios, pero que no existan planteamientos de verdad serios tanto para terminar con los múltiples problemas que enfrenta el sector del transporte en la entidad, como para poner fin a los aberrantes problemas de corrupción que ahí se presentan. Mientras no se aborden esos dos problemas, todo lo que se haga, se diga, y hasta se persiga, no dejará de estar sino en el perverso ámbito de la demagogia.

En efecto, la única actuación “trascendente” que ha tenido la Cotran en este casi primer año de gestión, fue la integración de los expedientes con presuntas irregularidades, por los que hoy se encuentra procesado judicialmente y en prisión, el ex titular de esa dependencia, Gonzalo Ruiz Cerón.

Fuera de eso, la Coordinación ha continuado haciendo uso de toda la opacidad y discrecionalidad que le permite la misma ley, y quizá por esa misma razón, su actual titular, Pedro Silva Salazar, no ha tenido las ganas, o la capacidad, para hacer más por un sector en el que hace falta prácticamente todo. ¿De qué hablamos?

Hablamos de que, en primer término, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo debe ser muy cuidadoso no sólo del posible otorgamiento actual de concesiones —cosa que el mismo Mandatario negó tajantemente la semana pasada, asegurando que él no ha dado una sola concesión—, sino de todo lo que ocurre dentro de la Cotran, para no terminar siendo candil de la calle, y oscuridad de su casa. ¿Por qué?

Porque, en este primer punto, queda claro que la ley otorga al organismo regulador del transporte público, amplias facultades para hacer mucho a partir de la discrecionalidad. Y puede decirse con certeza, que bien a bien nadie más que los actuales funcionarios de esa Coordinación, saben si lo que se está haciendo hoy ahí es del todo legal o no, y si de verdad Pedro Silva y sus subordinados se están apegando a la ley para llevar a cabo los trámites y los servicios que deben prestar.

En ese sentido, la Cotran sigue estando en la más completa opacidad, y Pedro Silva tiene exactamente las mismas facultades legales por las que su antecesor se encuentra en prisión. Y queda claro que más allá del discurso de siempre sobre la honestidad y el compromiso con la sociedad y la legalidad, nadie sabe si en realidad los actuales funcionarios de Cotran están cumpliendo honesta, puntual y legalmente con las responsabilidades que les fueron conferidas.

Por eso, y porque desde Cotran se erigieron en acusadores para perseguir y encarcelar a un funcionario de la administración anterior, hoy el servidor público más vigilado de toda la administración debiera ser Pedro Silva Salazar. Esto, no sólo para constatar que está cumpliendo cabalmente con sus responsabilidades legales, sino también para evitar que al final resulte que ahí la corrupción, los abusos y los excesos siguieron siendo los mismos que en el gobierno anterior a quien tanto acusaron de ilegalidades.

COTRAN, AL “AHÍ SE VA”

Pero además, a esta administración debiera comenzar a preocuparle que el tema del transporte es uno de tantos sobre los cuales no hay ni diagnóstico ni rutas claras sobre qué se debe hacer para concretar “el cambio” por el que votó la mayoría de los oaxaqueños. Y es que un año después, Cotran sigue siendo la misma Coordinación de siempre, con las mismas facultades de siempre, y con la misma carencia de siempre, respecto al establecimiento de coordenadas para hacer de mejor modo su trabajo.

Sobre la Cotran, hoy, no hay un diagnóstico preciso. Y aunque hoy, por el momento en que se encuentra la presente administración, el asunto del transporte no es aún un problema importante, lo cierto es que dentro de no mucho tiempo, el Gobierno del Estado tendrá que comenzar a pensar en la forma en que iniciará el proceso de otorgamiento de concesiones a los distintos grupos que integran el sector.

En ese sentido, queda claro que para entonces deberá tener un ente regulador transformado por completo y, sobre todo, dotado de los mecanismos claros para garantizar a la sociedad que, a diferencia de las dos últimas administraciones, ahora sí no habrá corrupción, ni favoritismos, ni tráfico de concesiones.

Por eso, lo primero en lo que deben pensar es en que la Coordinación de Transporte no puede seguir siendo un ente de segundo nivel, que se maneja sólo en términos políticos, y en el que la sociedad no tiene ningún tipo de participación. Si de verdad se quiere dotar de certeza y legitimidad a la instancia que vigile el transporte, entonces debe erradicarse no sólo la corrupción, sino también las resistencias a que los oaxaqueños puedan conocer todos los trámites y procesos relacionados con la regulación del sector.

Quién sabe si en realidad el Gobierno del Estado tenga voluntad manifiesta de hacer eso. Hasta hoy, han hablado de algunos proyectos para replantear a la Cotran, aunque lo cierto es que buena parte de eso se traduce en modificar todo lo aparente, para que en el fondo no cambie nada. Y eso, que sería un cambio meramente decorativo y demagógico, traería aparejado una serie de problemas que se verían en toda su magnitud cuando de nuevo, en esta o la siguiente administración, se supiera que hubo corrupción en el manejo y regulación del transporte público.

Quizá, incluso, en una voluntad verdaderamente democrática, el gobierno estatal debía considerar la posibilidad de proponer que el otorgamiento de concesiones dejara de ser una facultad discrecional del Gobernador del Estado, para pasar a tener un procedimiento más rígido, vigilado y susceptible de ser transparentado, en el que también la sociedad pudiera participar para garantizar que se cumplan con todos los requisitos que pudiera exigir la ley, y para dejar constancia de que en ello no hubo tráfico de influencias, corrupción o venta de concesiones.

REFORMA ¿IMPOSIBLE?

Eso sería ideal. El problema es que se ve difícil, que por voluntad propia, el Ejecutivo del Estado se deshaga de una facultad amplia que, como ha quedado clara, no sólo sirve para regular el sector, sino que también es una poderosa herramienta de control político que, aunque ahora parece una “papa caliente”, después podría servir para mantener la estabilidad en un sector tan álgido como el del transporte, que quiere todo, menos transparentar su modus vivendi.

+ Amparos evidencian fallas en justicia local

Ayer, el Juez Octavo de Distrito, con sede en esta capital, notificó la concesión del amparo y protección de la justicia federal, al ex coordinador de Transporte del Gobierno del Estado, Gonzalo Ruiz Cerón. El resultado de este último Juicio de Garantías no sólo tiene con un pie afuera de prisión al ex Funcionario, sino que además pone en evidencia —y eso es lo más grave— la parcialidad, o ineficacia —o ambas—, de la justicia local.

En efecto, la sentencia de amparo notificada ayer a la defensa de Ruiz Cerón, establece que la protección de la justicia federal fue concedida al quejoso de forma “lisa y llana”, frente a las actuaciones del juez penal que le dictó el auto de formal prisión.

¿Qué significa esto? Que la justicia federal reconoce violaciones de fondo a las garantías del recurrente (Ruiz Cerón) y por tanto ordena que la autoridad responsable (el Juez Segundo Penal) revoque la actuación citada, debido a que no existen elementos suficientes para comprobar los elementos que debieran acreditar el cuerpo del delito, y la probable responsabilidad del procesado.

Este fallo, además, deja en una posición harto compleja a las instancias locales, tanto de procuración, como de impartición de justicia. ¿Por qué? En primer término, porque este es el tercer amparo que le es concedido a Ruiz Cerón de forma lisa y llana. Además, porque en cada uno de los amparos, los jueces federales que conocieron los respectivos Juicios de Garantías, hallaron inconsistencias graves en la acreditación de los elementos que son base de la acción penal.

E incluso, porque esto bien podría poner en evidencia tanto la ineficacia de los funcionarios estatales responsables de procurar e impartir justicia, e incluso que, en efecto, éstos utilizaron indebidamente la vía de los procedimientos penales para llevar a cabo ajustes de cuentas de orden político.

Con todo esto, queda necesariamente en entredicho la actuación del procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López. La razón es clarísima: ¿cómo podrá ahora explicar que tres procedimientos distintos, en los que se persigue la presunta comisión del mismo delito a la misma persona, y que son de vital importancia y legitimidad política para el gobierno que representa, fueron declarados inconstitucionales por jueces de garantías?

Pero además, ¿Frente a los tres amparos lisos y llanos concedidos por la justicia federal a Ruiz Cerón, cómo puede hoy explicar el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que encabeza el magistrado Alfredo Lagunas Rivera, que sus jueces emitieron sendas órdenes de aprehensión en contra de Ruiz Cerón, habiendo admitido como correctas las respectivas averiguaciones previas consignadas por la Procuraduría del Estado; habiendo  considerado que sí cumplían con los requisitos que establece la ley penal vigente, y que por tanto los elementos que aportaban eran suficientes para ordenar la privación de la libertad del sujeto antes citado?

El asunto, según parece, va más allá de la sola disputa entre grupos políticos, y hoy comienza a lastimar —como lo habíamos previsto— a un sistema de procuración e impartición de justicia, que fue desnudado por los tribunales federales.

Y es que, frente al resultado de las actuaciones, lo que se pone en duda ya no sólo es si Ruiz Cerón es responsable, sino también si la Procuraduría y el Poder Judicial del Estado son órganos eficaces en la realización de su trabajo, y si de verdad actúan bajo criterios de objetividad e imparcialidad, o si siguen siendo —como en el pasado— brazos ejecutores de las venganzas entre grupos políticos.

RUIZ CERÓN, ¿QUÉ SIGUE?

La posible excarcelación de Gonzalo Ruiz Cerón, contrario a lo que aseguraban ayer algunos medios informativos locales, no necesariamente sería “en cuestión de horas”. Aún faltan por resolverse dos recursos de revisión interpuestos por la Procuraduría General de Justicia del Estado ante los Tribunales Colegiados de Circuito, por los respectivos fallos emitidos por los jueces de garantías. ¿Qué significa eso?

Significa, en palabras sencillas, que fue la Procuraduría Estatal la que se inconformó con los fallos emitidos por los Jueces de Distrito, en los que conceden la protección de la justicia federal a Ruiz Cerón.

No obstante, hoy la litis de esos recursos se encuentra fijada por los Tribunales Colegiados de Circuito, no sólo respecto al fondo de los asuntos, sino primeramente en determinar si es que, en efecto, el Ministerio Público del Estado tiene la legitimación activa para interponer recursos en un juicio de garantías, en el que la instancia inconforme por naturaleza debía ser el Ministerio Público Federal.

Quienes conocen estos procedimientos judiciales, aseguran que esa cuestión será la primera que habrán de resolver los magistrados federales respecto a este asunto, para luego entrar al estudio en sí de los recursos referidos, y determinar si éstos son procedentes o no.

Por eso, de entrada no parece posible que la liberación de Ruiz Cerón sea sólo cuestión de horas. Deben resolverse los dos recursos ya presentados en contra de los dos primeros fallos que conceden el amparo, y a la par de ello debe verse si es que la PGJE interpone un nuevo recurso ante este tercer amparo.

No obstante, la resolución que tenga el primero de los recursos presentados por la Procuraduría Estatal, será determinante para el curso que siga este asunto. Si los Tribunales Colegiados reconocen la legitimación de la PGJE para inconformarse en estos asuntos, entonces habrá que esperar a que se resuelvan cada uno de ellos, y hasta entonces se sabrá si Ruiz Cerón continúa o no privado de su libertad.

Por el contrario, si en este primer caso se falla en contra de la PGJE, entonces habrá un precedente claro que marque el rumbo de los demás recursos. Por eso, mientras ello se resuelve, las instancias estatales involucradas seguirán en suspenso, viendo si el llamado “preso del sexenio” se les va de las manos por las inconsistencias de sus actuaciones.

AJUSTES NECESARIOS

Como quiera que sea, tan luego se resuelvan estos asuntos —en el sentido que sea—, el Gobierno del Estado debe hacer ajustes en las instancias que fueron responsables de estos procesos que están a punto de caerse. Además de quedar mal, por ineficaces, están dejando ver la forma en que pudieron haber utilizado a la justicia para otros fines. Y eso, para un gobierno que se dice democrático, es inadmisible.

+ Hacer valer la ley: el ejemplo y no un destello

Qué bien que, el Gobierno del Estado, finalmente se decidió a hacer valer la ley, y no permitir que manifestaciones populares quebrantaran el derecho de libre tránsito de la ciudadanía. Pero qué mal que el Gobierno del Estado se decidiera a hacerlo de forma tan selectiva, desproporcionada y tardía.

Pongamos el asunto en perspectiva: ¿Qué se pensaría de una madre que le permite todo tipo de libertades, excesos y hasta faltas de respeto a sus hijos mientras se encuentran en la intimidad del hogar, pero que los reprende duramente —quizá hasta de forma desproporcionada— cuando se encuentran visitas presentes en casa? Eso es exactamente lo que le ocurrió al gobierno.

El lunes por la mañana, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, se ufanaba de haber hecho valer la ley, al implementar un operativo para liberar las vialidades en la zona de Ciudad Universitaria, y detener a casi una veintena de manifestantes que intentaban bloquearlas con unidades del transporte urbano que antes habían secuestrado. Entre los detenidos se encontraba el propio secretario General del Sindicato de Trabajadores  Académicos de la Universidad de Oaxaca, Agustín Hernández Monroy.

Y aunque en un primer momento la acción fue bien tomada por la ciudadanía que en ese momento recobró la posibilidad de transitar libremente por esa zona de la capital oaxaqueña, lo cierto es que la acción policiaca luego derivó, primero, en más protestas y movilizaciones por parte de los universitarios inconformes que habían sido replegados por la fuerza pública, justo en el momento en que se realizaba, aquí mismo, una serie de eventos conmemorativos del  66 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas; y segundo, en el cuestionamiento relacionado no sólo con el uso de la fuerza, sino también con el momento y las circunstancias de la acción policiaca. ¿De qué hablamos?

Hablamos de que, en el primero de los puntos, la SSPE actuó sin tomar en cuenta la opinión de la dependencia encargada de la política interna del Estado. Por eso, la acción policiaca no sirvió sino para salvaguardar momentáneamente el derecho de terceros, pero a costa de enrarecer aún más un conflicto que ya de por sí tiene mucho de absurdo, dañino e irracional para miles de estudiantes universitarios.

No obstante, el cuestionamiento más de fondo radica en dos cuestiones: primera, que si ya se dio una primera manifestación oficial de no permitir que las manifestaciones afecten a los derechos de terceros, ahora se debe seguir actuando en esa misma lógica frente a todos los grupos que, casi a diario, pretenden tomar por asalto —o lo logran— las principales arterias viales de la capital oaxaqueña.

Y segunda: que si esa es una verdadera determinación general del Gobierno del Estado frente a todos los grupos, entonces debe dejar de tener actuaciones selectivas, y sólo en los momentos en que los ojos del mundo han volteado a Oaxaca —por alguna celebración, fiesta o conmemoración, como la del lunes pasado—, para verdaderamente convertir esa actuación en una regla general que aplique frente a todos los grupos que intenten poner en riesgo la gobernabilidad y los derechos de terceros, y no sólo frente a organizaciones representativas y no radicales, como lo son los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

LEY, ¿COMO TELARAÑA?

La actual administración no se ha caracterizado, precisamente, por tener nociones claras sobre la preservación de la legalidad frente a organizaciones sociales. El primer problema, natural, es que muchas de esas organizaciones rebasan materialmente la fuerza y capacidad de respuesta de las fuerzas estatales.

Y el segundo, no menos importante, radica en que muchas de esas organizaciones son, o fueron a aliadas del gobierno actual cuando éste era opositor al régimen anterior, y por tanto esos grupos de lucha social ahora se sienten con cierto derecho de venir a la capital oaxaqueña a exigir, impunemente, que les sean satisfechas las demandas que realizan, independientemente de que éstas se encuentren o no en el ámbito de competencia del gobierno estatal.

Por eso, es positivo en un primer momento que el gobierno estatal, a través de la SSPE, comience a marcar los límites de lo que pueden y no hacer las organizaciones sociales, y que también establezca hasta dónde éste permitirá que aquellas actúen utilizado en el derecho a la libre manifestación que les concede la ley.

Sin embargo, sería un pésimo antecedente que, ahora que el gobierno refleja sus primeros intentos de poner orden en ese rubro, comenzara a hacerlo de manera selectiva, tanto por las organizaciones a las que les pone los límites, como por el momento y el contexto social en el que lo hace.

Lo peor sería que el gobierno comenzara a permitir que la ciudadanía constatara que para ellos la ley es como una telaraña, en la cual sólo se quedan atrapados los insectos (en este caso grupos sociales) pequeños o de fuerza sólo representativa, pero que los grandes, por su capacidad de reacción, de violencia o de superioridad numérica, simplemente se pusieran en la condición de romperla.

Por eso, si de verdad se pretende hacer de esto una política general del gobierno estatal, el asunto debe tomarse con toda seriedad. Quedó claro que al régimen anterior le importaba poco meter en cintura a aquellos que quebrantaban la ley. Por eso, lo importante sería poder meterlos en cintura a todos —porque seguir dejándolos actuar libremente a todos, no es una opción en estos momentos que vive el Estado—, y no demostrar que sólo se actúa en momentos de ventaja y por conveniencia política, pero no con convicción ni con visión de demostrar que la ley se aplica y se hace valer por igual para todos.

CUOTA DE GÉNERO

Ojalá que ahora que un grupo de mujeres, integrantes de todas las fuerzas políticas en Oaxaca, se han pronunciado por ir juntas a exigir los espacios que les corresponden en las candidaturas a cargos de elección popular para el próximo año, lo hagan de forma organizada y que se decidan a conseguir más de lo que hasta ahora les han dado. Ojalá que abandonaran aquella visión de aceptar las suplencias por llenar las cuotas y conseguir el espacio, y que verdaderamente hicieran algo por obtener lo que proporcionalmente han ganado con su esfuerzo en la política local. Ojalá.