+ Ciudadanía no significa sólo votar en comicios

Hoy que celebramos en México el CCI Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, debiéramos preguntarnos con algo de detenimiento, si es impulso, voluntad o sensibilidad lo que nos hace falta como nación, para poder avanzar. Mientras vemos el inminente inicio de las campañas presidenciales, y de nuevas avalanchas de propuestas y promesas, vemos también que el país sigue prácticamente detenido: que no mejora ninguna de las condiciones que nosotros los ciudadanos percibimos; que los representantes en los Poderes Públicos siguen manifestando desdén sobre el contenido del mandato popular. Y que mientras, el país sigue andando sobre los rieles del “pudo haber sido peor”, como una especie de bálsamo (amargo y nocivo) para dizque remediar nuestra realidad. Veamos si no.

Aseguramos que, según nuestra percepción, ninguna de las condiciones mejora. Para la clase política, por ejemplo, es un argumento de justificación el decir, por ejemplo, que la economía de los mexicanos es estable, y que no se aprecian signos de riesgo para la población. Incluso, han llegado a asegurar que, contrario a lo que nosotros creemos, nuestra moneda ha ganado poder adquisitivo y hoy podemos hacer “más” con el salario que ganamos.

Esto es a todas luces engañoso. Sí es cierto que la economía mexicana goza de cierta estabilidad frente a las condiciones del mundo; pero también lo es que esa estabilidad ha sido lograda en buena medida gracias al sacrificio de la clase trabajadora; que desde hace años el gobierno federal reprime diversos indicadores para no reconocer que, por ejemplo, la pobreza es mayor de lo que se diagnostica; que la inflación alcanza niveles mayores al cuatro por ciento que, en promedio, dice el gobierno federal que se da anualmente; o que, del mismo modo el “deslizamiento” (hacia arriba) del precio de los combustibles, de ningún modo impacta en el bolsillo de la mayoría de la población, ni genera encarecimiento al precio de los productos que se venden directamente al consumidor.

Frente a esa disparidad, el gobierno federal puede decir misa si así quiere, aunque lo cierto es que la gran mayoría de los mexicanos ni le cree, ni percibe la supuesta mejoría, ni mucho menos se siente satisfecho con lo que el sector público hace por él. Aunque aún no se manifiesta en un sentido importante, queda claro que esa disparidad entre lo que se dice y lo que se percibe, en cualquier momento puede llevar a la población a una auténtica situación de enojo social, que no podrá disimular el gobierno maquillando cifras o negando lo que es evidente.

Vayamos al segundo de los puntos: la clase política, contrario a la población (que está urgida de acciones y respuestas concretas), no parece tener prisa alguna por resolver algunos de los grandes temas nacionales. Mientras el país está lleno de preguntas y cuestionamientos por la falta de respuestas, los diputados, senadores, gobernadores, altos funcionarios de los tres órdenes de gobierno, y el mismo Presidente de la República, siguen inmersos en la perniciosa necesidad de calcular sus tiempos políticos, y manejar los asuntos de la nación en relación a ellos. ¿A poco no?

México sigue esperando todas sus reformas importantes. En la última década, el gobierno federal ha sido incapaz de articular un solo proyecto fundamental para la vida pública; en la última década, el Poder Legislativo ha sido asimismo incapaz de articular acuerdos verdaderos para sacar adelante temas que interesan a todos.

Incluso, los gobiernos estatales han demostrado que en el marco de libertades que han gozado en este último periodo, lo único que han hecho de sus presupuestos, sus gastos y sus gobiernos, han sido verdaderos dispendios, administraciones anárquicas y de caos, que no tienen ahora (por si algo faltara) una posibilidad factible de ser resueltos en el corto plazo.

Qué decir del tercero de nuestros argumentos: pareciera que nuestra sociedad debe conformarse con no estar peor de lo que ya está. ¿No es eso cierto? Nos “venden” la lucha anticrimen, y sus efectos, bajo el argumento de que “de no haber actuado, estaríamos peor”. Del mismo modo, con eso pretenden que justifiquemos la precaria situación económica: “A pesar de las difíciles condiciones del mundo, México tiene condiciones de estabilidad ganadas gracias a la disciplina fiscal”. Es decir, que no importa que nos sigan deprimiendo con tal de no estar tan mal, como sí podríamos estar.

¿Y LOS CIUDADANOS?

Los mexicanos, por eso, debíamos comenzar a pensar más en lo que nos asumimos hasta ahora como ciudadanos, y en lo que deberíamos comenzar a ser. Quizá debiéramos dejar de pensar en el viejo concepto, legalista, de que ser ciudadano implica únicamente tener 18 años de edad y un modo honesto de vivir, para pasar a una definición más moral y sobre todo más comprometida con nuestro entorno.

¿A poco es buen ciudadano todo aquel que cumple con esos dos requisitos? Eso, sin duda, le permite tener tal calidad, pero no es por sí mismo un valor suficiente de lo que debe ser alguien verdaderamente comprometido con su país y con la sociedad en que se desenvuelve. Alguien con esas características, debía tener un compromiso personal, firme, con ciertos valores como la honestidad, el trabajo, la autoexigencia y también de la exigencia con los demás.

En ese sentido, los ciudadanos debemos dejar de pensar que todo lo malo que ocurre es culpa de alguien más (en ese caso, el gobierno es el culpable favorito), y que nosotros por no haber intervenido somos incólumes, y por tanto estamos libres de toda culpa. ¿De verdad eso es así?

Pongamos un ejemplo. Nos quejamos siempre de la corrupción en ciertas áreas del gobierno. Pero nosotros como ciudadanos, ¿de verdad nunca nos hemos prestado a la tradicional “mordida” que se le da a los agentes de tránsito, a empleados públicos por algún trámite, o para obtener un beneficio mayor al merecido? ¿De verdad no?

HACER CIUDADANÍA

En estas fechas patrias debíamos pensar en hacernos más responsables como ciudadanos. No podemos seguir instalados, todos, en los maniqueísmos que siempre hacen responsable de todo al de enfrente. Debíamos asumir con seriedad nuestro papel en la sociedad, y pensar que lo que no hagamos hoy por México lo pagaremos siempre. Exijamos. Pero exijamos bien. Y pensemos en construir, antes que seguir carcomiendo esta nación… que a pesar de todo, tan buena nos ha salido.

+ Su mala imagen, lleva a que todos tropiecen con él

Uno de los villanos favoritos de los tiempos actuales en México, se llama Ulises Ruiz. Él, que fue Gobernador de Oaxaca hasta el mes de diciembre pasado, es el prototipo del ejemplo a no seguir en la política mexicana. Su rentabilidad negativa, sin embargo, hoy hace que todos recurran a él para posicionarse política o electoralmente… pero que también todos, al valerse de su imagen, corran el peligro de tropezar fácilmente con sus propias palabras. Veamos si no.

Para propios y extraños en la política mexicana, el ex gobernador Ruiz es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Su figura es ubicada como la de un representante tardío de la época jurásica del priismo, como un cacique, como un autoritario, como un represor, como un corrupto, como un abusivo, y como un saqueador de las arcas públicas, entre muchos otros calificativos.

En ciertos momentos, y por distintas circunstancias, representantes de todos los partidos, y de prácticamente todos los rincones del país, se han referido a él como un paradigma de lo que se debe desterrar de la política y del gobierno en México. Sólo que, hasta ahora, ese personaje goza de cabal libertad, y amplia capacidad de acción política para seguir presente en Oaxaca y en el país. ¿Por qué esa disparidad?

Todo esto habría que corroborarlo a la luz no sólo de lo que se dice de él, sino también de lo que se ha probado en su contra. Porque queda claro que mientras en el primero de los ámbitos, todo aquel que desee, o a quien le convenga acusarlo por algo, tendrá amplio margen de acción para conseguirlo eficazmente (es decir, utiliza la lógica de que siempre se creerá que el ex gobernador Ruiz es todo aquello negativo que se pueda decir de él, y más), todos tropiezan en el segundo de los casos. Es decir, todos se topan con el hecho de que el ex Mandatario oaxaqueño sigue libre, que sigue haciendo política, y que irremediablemente (y quizá gracias a su mala fama) seguirá contando con un espacio en esta pintoresca política mexicana.

El ejemplo relativo al manejo del gasto público durante su gestión, es el mejor ejemplo de ello. Reiteradamente, la administración del gobernador Gabino Cué se ha referido al hecho de que se han descubierto multimillonarios desfalcos de cuando menos una treintena de sus funcionarios; a otro lo tienen en prisión por presuntamente traficar 9 mil concesiones; y aseguran que a varios más los busca la Policía Internacional por haberse fugado del país antes de responder por los quebrantos presupuestales en los que se les involucra.

Algo similar ocurre con la élite del gobierno federal que ahora pretende ir a la campaña presidencial a través del ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo. Éste, sin ningún rubor, ha dicho reiteradamente que Acción Nacional no permitirá el regreso al poder presidencial de personajes indeseables de la política mexicana, entre los que menciona al ex gobernador Ruiz.

En ese sentido, queda claro que el ex gobernador Ruiz y el ex secretario Cordero pueden no sólo no ser enemigos, sino que incluso pueden tener una relación personal relativamente cordial, e incluso en el pasado pudieron haber tenido también ciertos arreglos en el ámbito de lo político para dar viabilidad a algunos proyectos en los que tenían intereses comunes.

No obstante, hoy Cordero recurre a él para descalificarlo públicamente, y ubicarlo entre lo peor y más retardatario del priismo, porque la figura del ex Gobernador de Oaxaca es una especie de “camino fácil” para lograr credibilidad entre los electores… pero no porque en realidad esté seguro de todas sus palabras.

TROPIEZOS EN OAXACA

En el Gobierno del Estado debían comenzar a ser más cuidadosos en cuanto al lenguaje que ocupan para posicionarse frente a la ciudadanía oaxaqueña —que está integrada por potenciales electores. Por ejemplo, debían revisar con una visión más honesta y escrupulosa (así fuere en privado y en secreto, si es que llegara a hacerse) la posibilidad de que tendrán de corroborar que, en efecto, los 32 funcionarios de la administración anterior a los que señalaron como saqueadores “confabulados” de las arcas estatales, fueron responsables de haberse robado los más de tres mil millones de pesos que se acusa.

Del mismo modo, con esa misma visión debía revisarse si, en efecto, Gonzalo Ruiz Cerón podrá ser llevado hasta el punto de una sentencia condenatoria (y lograr una sentencia de muchos años de prisión), por los delitos que se le achacan. Aunque auténticamente le echaron encima varios camiones de tierra con todos los procesos que le iniciaron, lo cierto es que en el gobierno estatal nadie tiene certeza de que todas las acusaciones judiciales enderezadas en su contra, puedan tener el sustento suficiente como para soportar un fallo condenatorio, y luego para pasar por las instancias jurisdiccionales revisoras.

Incluso, el Gobierno de Oaxaca debía ver con mayor detenimiento la posibilidad de revisar, de verdad, los crímenes cometidos durante la revuelta magisterial y popular ocurrida en 2006. Sería fantástico, a todas luces, que eso ocurriera. De hecho, es lo que tendría necesariamente que pasar en una sociedad democrática, en la que de verdad impera el Estado de Derecho.

Sin embargo, el Gobierno del Estado debe reconocer con honestidad si su instancia de procuración de justicia tiene la capacidad para iniciar tal empresa. Esto se desprende sólo de ver que el gobierno estatal tiene una Procuraduría agobiada por los problemas urgentes, y rebasada por la desatención a los asuntos importantes. En esas condiciones, ¿de verdad podrán hacer una revisión de los hechos del pasado, que pueda llegar a las conclusiones que la ciudadanía espera?

EFECTO BÚMERANG

Ese es el riesgo de recurrir a un personaje como el ex gobernador Ruiz: su aversión es tanta, que la expectativa rebasará lo que jurídicamente se puede probar de él. Por eso mismo, su imagen provoca siempre un efecto boomerang para quien recurre a él como instrumento de legitimación, o de descalificación de sus adversarios. Y él, de hecho, será siempre mucho más de lo que se pueda decir en su contra, y por eso mismo ni falta le hace que alguien lo defienda (y, de hecho, ni sus mismos ex colaboradores se atreven a hacerlo). Sólo que quienes pretenden tomarlo como blanco fácil, según queda claro, tienen amplias posibilidades de terminar con los ojos morados. Eso ocurrirá si sus recurrentes, finalmente no pueden probar todo lo que dicen de él.

+ Equidad de género será un “dolor de cabeza”

En la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, son dos las únicas certezas que tienen: la primera, que el otorgamiento de las candidaturas al Senado de la República garantizarán la permanencia del grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, que aún controla a la dirigencia estatal; y la segunda, que no habrá cambio de dirigencia hasta que se llegue al momento del otorgamiento de las candidaturas. Por eso, tanto el dirigente Eviel Pérez Magaña, y todos los priistas, no tienen preocupación por modificar los esquemas y rumbos respectivos que han establecido. Pero, ¿qué pasaría si hubiera por ahí algún elemento determinante que no hubieren tomado en cuenta respecto a sus aspiraciones, ambiciones personales y proyectos de grupo?

El asunto no es menor. En la dirigencia del Revolucionario Institucional, y en el grupo que aún mantiene cierta cercanía con el ex gobernador Ruiz, pero que a su vez tiene calidad para asumir el papel de interlocutor válido con el gobierno estatal, se tiene la certeza de que, finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido habrá de determinar el otorgamiento de las candidaturas en base a los criterios hasta el momento establecidos, y que los beneficiarios de ellas serán los personajes que desde ahora ya se perfilan.

Para ellos, si todo sale según el esquema actual, seguramente la fórmula de candidatos al Senado de la República por nuestra entidad estaría compuesta por el actual dirigente, Eviel Pérez Magaña, y por el coordinador de los diputados federales del PRI por Oaxaca, Héctor Pablo Ramírez Leyva, independientemente de quién de ellos encabezara la fórmula de candidatos. Reconocen que independientemente de los esfuerzos que pudieran hacer cualquiera de los demás aspirantes a los dos escaños en la Cámara alta, sólo ellos tendrían las posibilidades y el respaldo político necesario para poder asumirse como abanderados.

Sin embargo, ¿qué pasaría si ese esquema no estuviera tan resuelto como hasta ahora parece? Que, en una primera posibilidad, quedara fehacientemente demostrado, con datos duros, que uno u otro no tuvieran la competitividad o la aceptación ciudadana suficiente como para poder ser un “candidato ganador”; que, posiblemente, un acuerdo cupular nacional impulsara a una posible tercera vía; o que el Comité Ejecutivo Nacional decidiera respetar la paridad de género que se contempla al respecto en los estatutos, o que buscara con esto romper de alguna forma la concentración o los “cacicazgos” que siempre han existido al interior del priismo.

Ésta última, es una posibilidad latente. Porque más allá de las posiciones particulares de cada una de las facciones priistas, e incluso del grupo que cree ciegamente que sólo entre ellos serán repartidas las candidaturas, se establece tanto la necesidad de diversificación de las posiciones electorales en disputa, como la necesidad —incluso sólo por decoro político— de no dejar de lado los asuntos de género que luego le generan cuestionamientos fuertes al tricolor.

Lo que hasta hoy queda claro es que no existen candidaturas amarradas. Esto, a quienes más les debe preocupar es a los diputados federales Pérez Magaña y Ramírez Leyva, que respectivamente se sienten ya con medio cuerpo dentro de las candidaturas. A cualquiera de los dos se les podría caer la postulación.

Y lo más grave, para ellos, es que eso no necesariamente tendría que significar que la postulación se entregara a alguien más de su grupo. Más allá de los diputados locales y federales, de los sectores y organizaciones adherentes al PRI en la entidad, existen otras mujeres sobre quienes posiblemente podría recaer la postulación. ¿No puede haber un acuerdo entre cúpulas para el establecimiento de la fórmula de candidatos? ¿No meterá la mano el CEN, ni buscará éste los equilibrios? Desde luego que sí.

Por eso, todos aquellos que pudieran sentir que tienen amarrada la candidatura, deberán redoblar esfuerzos. Ahí no habrá espacio para senadoras “Juanitas”, que sean electas para luego pedir licencia, ni mucho menos para candidatas de comparsa o relleno, como ha sido manejada la paridad de género hasta el momento. ¿Apuestan?

¿GARANTÍAS DE UNIDAD?

Del mismo modo, habrá que observar con detenimiento hasta dónde es cierta la supuesta garantía de unidad que dan todos los priistas respecto a sus procesos internos venideros. Si este es el momento en el que nadie puede asegurar que medianamente existe consenso con lo que se está haciendo, mucho menos pueden asegurar que habrá conformidad y disciplina luego de las definiciones.

El problema es que todos quieren todo. Hoy, al interior del priismo oaxaqueño se libra una lucha feroz por ganar, o arrebatar, las candidaturas que aún ni siquiera entran en juego. Desde diversas trincheras se pretende acceder a las postulaciones a diputaciones federales; la gran mayoría de los federales aspira, y se dice con los méritos suficientes, como para ser Senador de la República. Y lo grave es que, de todo ese cúmulo de aspiraciones y ambiciones, no existe una sola figura que pueda erigirse como un interlocutor válido entre todos los grupos, y/o como un verdadero conciliador de todos los intereses encontrados… que son todos.

¿Qué rumbo le espera a un partido en esas condiciones? Objetivamente, podríamos suponer que el fracaso. Sin embargo, todos los grupos habrán de empujar con toda fuerza pero sólo para obtener las candidaturas. Todos, en el fondo, consideran que la fuerza de la campaña presidencial arrastrará a todos los candidatos a todos los cargos de elección popular, y que esto hará más cómoda la posibilidad de hacer proselitismo con miras a ganar.

Todos están confiados en la ola priista, y por eso se dan el lujo de pelear. Saben que el trabajo fuerte no lo harán ellos. Aunque tampoco piensan que las elecciones verdaderamente evaluadoras del desempeño tanto de la oposición como del gobierno, vendrá en 2013. Nadie piensa en eso. Nadie quiere hacerlo. Ni quieren pesadillas ni quieren tampoco asimilar que el momento de la verdadera evaluación por parte del pueblo, no está muy lejos.

TRÁNSITO, ACÉFALO

Si se atontan, la Dirección de Tránsito del Estado cumplirá un año sin titular. Si tanto interés tienen por el control de confianza y el concurso de aptitudes, ¿por qué no someter a eso todos los cargos, comenzando por el del Secretario de Seguridad Pública? Ojalá que dicho proceso sea provechoso, y no sea otro más de los burdos intentos por legitimar imposiciones (Remember ASE, IEEPC, etcétera).

+ SNTE rebasó a los democráticos “por la izquierda”

Conforme pasa el tiempo, la resistencia de la Sección 22 del SNTE al reconocimiento de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), se va quedando sin sustancia. Con la manifestación de rechazo a un anexo técnico, a través del cual, dicen, los gobiernos estatal y federal daban ciertas pautas para la implementación de la ACE en la entidad, la Sección 22 da nuevos pasos para sostener su resistencia a las políticas educativas del gobierno federal, pero también está abriendo frentes al parecer irremediables en cuanto a la propia estabilidad salarial de una buena parte de sus trabajadores. ¿De verdad sabrán todos los profesores oaxaqueños, el costo que les implica a ellos mismos su resistencia a la ACE?

Este asunto no tiene que ver ni con la privatización de la educación, ni con la lucha de clases —dos justificaciones siempre esgrimidas por parte de la 22. Independientemente de quién la propone y qué fin político-partidista pudiera proponerse, en el ámbito estrictamente educativo la Alianza por la Calidad en la Educación busca poder medir el impacto que tiene la educación en la niñez y juventud mexicana, y el grado de eficacia que tienen los educadores en el desempeño de sus funciones. Lo curioso del asunto, es que es justamente a esos dos tópicos a los que más se resiste el magisterio de nuestra entidad.

En ese sentido, fundamentalmente la Sección 22 argumenta que la implementación de la ACE en Oaxaca equivale a iniciar el proceso de privatización educativa, lo cual afecta a sus derechos laborales, y lesiona la estabilidad y el desarrollo educativo de los alumnos.

Dicen también que la ACE no toma en cuenta las características particulares de una entidad como la nuestra (con un alto grado de pobreza, marginación, los aspectos culturales particulares de las comunidades indígenas, etcétera), y que por tanto cualquier medición que se intente hacer del impacto educativo, estará viciada de origen.

Y como ése resultado no será legítimo, señalan, entonces tampoco existe posibilidad de que a los profesores oaxaqueños se les premie o castigue en función de ello. Y del mismo modo, han llegado a asegurar que la ACE sería algo así como un tipo de plan homogeneizador de la educación, y que lo que haría sería socavar los aspectos culturales particulares de las comunidades que contextualmente no se encuentran dentro del entorno desarrollado de las zonas no rurales.

Esencialmente, esas son las justificaciones que ha encontrado la Sección 22 para desarrollar su llamado “plan educativo alterno”, y para exigir que tanto el gobierno estatal, como el federal, se los reconozcan como válido. Esos mismos argumentos les han servido para rechazar la ACE, aunque en el fondo esa aversión tiene mucho que ver con la distancia que marcan de cualquier iniciativa, cualquiera, que presente el Comité Ejecutivo Nacional de su sindicato, por ser ellos disidentes.

El problema es que su resistencia, focalizada en Oaxaca, no es suficiente para lograr ni el freno a la implementación de la Alianza por la Calidad de la Educación, ni para el reconocimiento del plan alterno que ellos dicen tener, pero que en el fondo no llega a ser sino un mero bosquejo de lo que ellos quisieran que fuera un verdadero plan educativo.

Y el problema contante y sonante es que, más allá de las posiciones partidistas, ideológicas, de política sindical e incluso en relación a los ámbitos de gobierno, los nuevos esquemas de estabilidad y desarrollo laboral están determinados por las reformas educativas recientes, ocurridas en el ámbito nacional. Ahí es donde la situación deja de ser tan romántica y determinada por la fuerza de la Sección 22, y se inscribe en el ámbito de un asunto que pronto impactará a miles de profesores… en sus bolsillos.

ARGUMENTOS AGOTADOS

Quienes conocen los documentos base de la ACE, aseguran que en el planteamiento de fondo ésta no dista de los posibles planteamientos “alternos” que pudieran proponer cualquier sección magisterial o grupo disidente. Esto es, que la Alianza por la Calidad en la Educación sí reconoce que la educación de debe impartirse en un ámbito de respeto y reconocimiento a la pluriculturalidad y diversidad que tiene nuestro país; que cada entorno sí debe ser considerado particularmente. Y que los profesores deben adecuarse a las circunstancias particulares de la sociedad en que se desenvuelven para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. ¿Para qué?

Para que de ese modo los ámbitos de gobierno puedan determinar los programas de mejora salarial de los profesores. Particularmente, el programa de Carrera Magisterial también fue reformado en el ámbito nacional, y éste estipula que los profesores inscritos, o que se inscriban a ese programa, deberán cumplir de manera indispensable con programas de evaluación anuales, bianuales o trianuales, y que será sólo a través de ese mecanismo como podrán ir incrementando su nivel salarial.

El quid de todo esto, sin embargo, no está en ese punto. Sino que el programa de Carrera Magisterial a nivel nacional —regla que incluye a Oaxaca, aunque la Sección 22 insista en desconocer la ACE— establece que todos aquellos trabajadores docentes que ya estaban inscritos en el esquema anterior, y que deseen no sólo incrementar, sino conservar el nivel salarial y de reconocimiento a la Carrera Magisterial que ya habían alcanzado, necesariamente deberán también hacerse parte de ese proceso de evaluación.

Pocos lo saben, pero los nuevos lineamientos de la Carrera, establecen que de no haber procesos periódicos de evaluación, esos profesores que ya tienen niveles importantes de salario podrán no sólo perder el estatus actual, sino incluso llegar de nuevo a la plaza básica con la que iniciaron su desempeño como docentes.

¿Cómo subsanarán eso en Oaxaca, si hay maestros en la entidad que, con motivo del rechazo a la ACE, llevan ya varios años sin evaluación de Carrera Magisterial? ¿Qué hará la Sección 22 cuando inicie el trabajo de guillotina a esos jugosos salarios?

TIC, TAC, TIC, TAC

Ese no es un asunto local. Y por sus resistencias políticas e ideológicas, podrían perjudicar a la élite magisterial (muchos de ellos parte de la dirigencia, aunque muchos otros verdaderos educadores que se esforzaron por prepararse e incrementar su nivel de Carrera Magisterial) que podrían ver fuertemente mermados sus ingresos. Un asunto que no ventilan. Pero que está amenazante, como una bomba de tiempo.

+ Que el cambio sea más que palabras

En Oaxaca sólo ha cambiado la trinchera de donde emerge la queja, pero ésta sigue siendo exactamente la misma de siempre. Lo mismo ocurre con la justificación de quienes detentan las responsabilidades gubernamentales. El problema es que en medio de esos lamentos y excusas, no parece existir una verdadera ciudadanía con capacidad para conminar a que, unos y otros, lleven a cabo las tareas que les corresponden en pro de un auténtico bien común que va más allá de los intereses partidistas o políticos, que son los que dicen representarnos.

Hoy tendríamos que hacernos una pregunta aparentemente redundante, pero que adquiere actualidad a cada momento: ¿Nos hemos acostumbrado los oaxaqueños a vivir padeciendo exactamente los mismos problemas, independientemente del partido o grupo que se encuentre en el gobierno? La respuesta esperada será un rotundo “no”. Sin embargo, escarbando apenas un poco nos encontraremos con otras respuestas, a las que aún oponiendo resistencia, no podemos evadirnos.

Tal parece que, contrario a lo que creemos, los oaxaqueños sí nos hemos acostumbrado a vivir con los mismos problemas de siempre. Es decir, que también nos hemos acostumbrado a tolerar el desdén o la incapacidad de la autoridad para hacer el trabajo que le corresponde. Nos hemos acostumbrado, pues, al conformismo, a la resignación y a las molestias que provoca seguir lidiando con problemas tan cotidianos que, se supone, ya deberían estar resueltos. Veamos si no.

El año pasado, en esta misma temporada de lluvias, los oaxaqueños nos quejábamos amargamente por la incapacidad y el desdén mostrado por el gobierno respecto los problemas por baches y hoyancos en prácticamente todas las calles de la capital y los municipios conurbados. Aunque nos molestaba, y los daños que eso ocasionaba a nuestros vehículos nos costaban dinero, algunos tratábamos de entender.

Aunque nos asumíamos como inconformes, en el fondo pensábamos, por ejemplo, que era “comprensible” que la autoridad municipal y estatal y no hiciera nada para hacer labores de bacheo y repavimentación en las calles necesarias, porque como había perdido las elecciones el partido gobernante, y como ya era el fin de la gestión, entonces a éste no le interesaba más la opinión que tuviera de él la ciudadanía, ni haría más por “retribuir” en algo a un electorado ingrato que no les había dado su voto.

Aunque ninguna de esas es justificación (comenzando por el hecho de que el mandato popular les confirió una responsabilidad, y el electorado los favoreció cuando fueron electos, no al tratar de que volvieran a ganar sus correligionarios), muchos oaxaqueños decidimos armarnos de tolerancia para esperar un mejor momento. Al fin que el cambio prometido, traería más y mejores soluciones de las que hasta entonces teníamos a la mano.

El problema es que nada de lo verdaderamente importante parece haber cambiado. Sí, es cierto, cambió el partido en el poder, los poderes se renovaron, y hasta inició una cacería de ex funcionarios corruptos. Pero lo cierto es que el problema de los baches hoy, en Oaxaca, sigue siendo exactamente el mismo (y quizá agravado por la continuación del desdén de los gobiernos estatal y municipal), y nosotros como ciudadanos hemos de nuevo tomado una actitud que, por la razón que sea, pretende justificar esas fallas e incumplimientos que no afectan a nadie más que a nosotros. ¿A poco no?

Hoy escuchamos, en el discurso oficial, los “esfuerzos” que se hacen por terminar con los problemas; somos testigos de las justificaciones dadas, respecto al desastre administrativo que éstos hallaron de sus predecesores, y que eso imposibilita cumplir la palabra empeñada a los electores; escuchamos que “estamos a punto de lograrlo”, o que ya se está trabajando. El problema es que la respuesta que queremos, la efectiva que impacte en el cumplimiento, simplemente no llega. Y los ciudadanos, lejos de exigir, seguimos justificando.

CONFLICTOS ¿ETERNOS?

¿Cuánto tiempo más pasará antes de que vuelva a hacer crisis el eterno conflicto entre los concesionarios del transporte público? ¿Será sólo cuestión de tiempo esperar al final de la temporada de lluvias, para volver a ser testigos del severo estiaje que azota a la ciudad? ¿Cuánto tiempo más pasará antes de que los verbeneros, los tianguistas, los chachacuales y/o los vendedores ambulantes, vuelvan a asolar a la capital oaxaqueña con sus negocios irregulares?

Del mismo modo, ¿tendremos que esperar mucho antes de volver a ver una nueva problemática relacionada con el tiradero de basura, y que por causa de ello la otrora Verde Antequera vuelva a convertirse en un auténtico museo de bolsas de basura que despiden olores nauseabundos? ¿En cuánto tiempo más veremos a las organizaciones sociales marchando para exigir recursos, en auténticos chantajes al gobierno estatal? ¿Cuántos días pasarán antes de que un nuevo conflicto agrario incremente la cifra de muertos y damnificados? ¿Es irremediable que los maestros hagan un nuevo paro y plantón en el mayo próximo?

Todos esos, además de muchos otros asuntos, constituyen una agenda de riesgos que en realidad nadie (ni la sociedad, ni el gobierno, ni los directamente involucrados) pretende asumir con responsabilidad. El asunto no es menor: la ciudadanía parece estar acostumbrada a sobrellevar siempre los mismos problemas, sin exigir que éstos sean solucionados. Por eso mismo, el gobierno siempre ofrece soluciones dilatorias (cuando verdaderamente tienen las características de ser remedio), o simplemente se encarga de “administrar” los conflictos hasta que llega el momento de heredárselos a sus sucesores en el cargo.

¿De verdad podemos creer que eso sea el reflejo real de un gobierno? Teóricamente no (pues estaríamos frente a la definición de una sociedad pre-estatal, en la que su gobierno no cuenta con un grupo especializado de funcionarios, que tiene la capacidad de cumplir eficazmente con las tareas que se encomiendan); pero en el fondo, eso es lo que tenemos. Y eso es muy grave, para un gobierno y un Estado, como el nuestro, que se dice democrático, pero que tiene serios problemas para constatarlo frente a sus ciudadanos.

TODOS, OMISOS

¿Por qué los gobiernos nunca piensan en eso? ¿Y por qué nosotros los ciudadanos estamos en esa misma situación? Tal parece que porque nadie quiere asumir la parte de responsabilidad que le corresponde. Y por eso mismo, seguiremos padeciendo los mismos problemas. Siempre.

+ Límites: el periodismo ¿no acepta la autocrítica?

Esta semana, la revista Tv Notas publicó en su portada un par de fotos: eran, respectivamente, una imagen del periodista Carlos Loret de Mola, y otra de una ex conductora del noticiero matutino —que él conduce en el canal 2 de Televisa— conocida como Laura G. Ambos fueron captados saliendo, no juntos, de una misma cabaña presuntamente ubicada en la zona de La Marquesa, en el Estado de México. La nota sugería un posible encuentro amoroso entre ambos, y de inmediato provocó un escándalo morboso, muy poco digno de unos medios y una sociedad que, como la mexicana, se dicen “maduros” y “democráticos”.

Quienes vieron el asunto desde el lado del morbo, tuvieron pensamientos más o menos como los siguientes: pensaron que el escándalo radicaba en el hecho de que un hombre casado tuviera relaciones sentimentales (o sólo sexuales) con una chica, ciertamente guapa y de menor edad que él, contraviniendo con ello la figura tradicional de familia que, según subsiste en México. Otros habrán pensado que este escándalo es sólo una extensión de aquel otro por el que, hace apenas unas semanas, esa y otra presentadora fueron despedidas del noticiero matutino. Algunos más lo habrán visto como una revelación que en cierto sentido podría abonar al “periodismo del corazón” que malamente dicen hacer algunas publicaciones en nuestro país.

Había, sin embargo, mucho de fondo en esto: dicho escándalo nuevamente demostró que algunos medios siguen dispuestos a sacar lo peor de sí, y torcer los principios éticos que los rigen, con tal de vender revistas o periódicos, o simplemente por llamar la atención. Ni Tv Notas, ni el periódico Reforma (que al día siguiente refrió el tema en su portada) asumió el principio básico de que hasta las personas públicas tienen vida privada, y que mientras ésta no trascienda el estricto interés público, nadie tiene derecho a meterse en ese ámbito que sólo se queda en sus acciones o pensamientos privados.

Quedó claro que ambos medios estuvieron dispuestos a llevar el estado de cosas al límite. Tv Notas, en primer término, porque ello corresponde a una de sus recurrentes prácticas “periodísticas” para tratar de ganar la nota y continuar en el ánimo del público que la compra. Pero Reforma, no declaradamente, sí trató de justificarse deslizando en las redes sociales el argumento de que de qué se quejaba Carlos Loret de Mola, si él ha destrozado la privacidad de muchas personas a través de las pantallas de la televisión en su noticiario.

Queda claro que así como no es justificante para ventilar cualquier cosa de la vida privada de una persona, el solo hecho de que éste sea considerado como un personaje público porque sale en la televisión, como tampoco lo es, mucho menos, el hecho de que se trate de justificar una intromisión de esa naturaleza a partir de que el personaje aludido en otras ocasiones ha hecho también lo mismo. Es inadmisible justificar una mentira con otra, como también lo es tratar de hacer pasar por válida una acción indebida que trata de vengar otra de la misma naturaleza.

Eso fue, sin embargo, justo lo que ocurrió. Y como bien puede preverse, las reacciones críticas de la misma prensa no se hicieron esperar.

MAL RECIBIMIENTO

En relación a esto, en su columna “Metamorfosis” del periódico Excelsior, José Cárdenas señalaba lo siguiente: “Que una revista de escándalos, vendedora de morbo disfrazado de noticia, saque ventaja, al develar la vida privada de dos personas adultas y famosas, es una vergüenza para el oficio. Que uno de los principales diarios del país haga, de tal violación a la intimidad, un refrito, obliga a repensar a dónde va el periodismo y dónde estamos parados los periodistas.

“Entre el chisme y la cosa pública reina la confusión. Se borraron las fronteras. La vida pública se empobrece. El deterioro se puede medir por días, y hasta por horas (…) Es momento de pensar en límites. De ubicar el espacio que pisamos. Es eso o fingir que en este oficio nada importa en aras de ganar “la nota”, y toda la “lana”.

“En nombre de la transparencia y el derecho a saber, algunos periodistas y editores parecen convencidos de rendirle culto a los excusados, por aquello de que ‘es importante lo que  transportan’. Es su decisión. Pero entonces que no venga Reforma a dar clases de ética periodística. Y menos cuando rellena sus espacios con refritos apestosos.”

Un día antes, en un sentido igualmente crítico, y luego de dar cuenta del contenido (nulo) informativo del “reportaje” de Tv Notas, el periodista Ciro Gómez Leyva decía lo siguiente: “La nota de Reforma es un refrito de lo publicado por la revista, combinado con el testimonio de un mesero y la recuperación de tweets, como éste: “Cabaña acogedora en La Marquesa, 800 pesos, condones Trojan 40 pesos, Viagra, 90 pesos, que Loret y Laura G sean trending topic… priceless”. Y éste: “¿Qué hiciste Loret? Te la cog…?” (Reforma es un diario ajeno a las vulgaridades, por eso cambia “te la cogiste” por tres puntos suspensivos)…”

“No hay más información. Con el pretexto de que la nota “inundó las redes sociales”, Reforma va al bote de la basura, saca carne podrida y vende la vida privada de un periodista de Televisa como platillo gourmet. No parece haber más objetivo. Y está bien, cada quien sus criterios editoriales. Pero que no vengan después a dar lecciones de ética periodística, ética pública. Está bien, pero que quede registro de cómo cubrieron esta historia. Periodismo carroñero. Ganas de lastimar.”

Otro que, en palabras mucho más resumidas, pareció decirlo todo, fue el periodista Marco Levario, director de la revista etcétera, quien en su cuenta de Facebook simplemente escribió: “Sobre Carlos Loret: a mí me vale madre si un periodista o quien sea se queda con alguien en la Marquesa para hacer lo que sea.”

AUTOCRÍTICA, URGENTE

A los mismos medios nos hace falta no sólo discutir, sino también poder llevar a los hechos, ese tipo de discusiones. A pesar de que siempre anhelamos cambiar, ese tipo de discusiones y hechos nos marcan para seguir justamente donde estamos. Pareciera que no podemos entender que los límites periodísticos se marcan a partir de la responsabilidad, y que debemos rescatar el verdadero sentido público, y no confundirlo, nunca, con lo que corresponde a la estricta esfera de lo privado. Ojalá ésta no sea una más de las discusiones de dos días, que luego se olvidan, hasta que todo vuelva a pasar.

+ Concesionarios: dan nada a cambio…

Sería una desgracia que por intereses minoritarios y retardatarios, otro proyecto urbano más en Oaxaca se quedara en eso: en buena intención de un gobierno, y en un simple proyecto. El asunto no es menor. Porque paradójicamente, en vano la capital oaxaqueña ha esperado un proceso de modernización urbana o de infraestructura —que se supone que es inaplazable—, aunque al mismo tiempo sus tradicionales grupos de presión se han opuesto a ella, y lo han conseguido. Ese no debía ser el destino del Metrobús.

El pasado martes, la capital oaxaqueña sintió, por algunas horas, el “músculo” de ese sector decidido a sostener su privilegio a costa de todo, y a costa de todos: diversas organizaciones de transportistas, tanto de la capital como de municipios conurbados, salieron a las calles a protestar en contra del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por no haberlos tomado en cuenta en la confección del proyecto del nuevo sistema urbano. Como si tuvieran la calidad moral suficiente, se dijeron lesionados en sus derechos y en su economía, y exigieron frenar cualquier intento de construcción del Metrobús.

Desde otras trincheras, no pocos ciudadanos y organizaciones se mostraron también escépticos a la construcción del Metrobús, aunque por razones diversas. Fundamentalmente, lo que tiene molesta a la sociedad oaxaqueña en general, es el hecho de que, como cada año, la presente temporada de lluvias tiene semidestruidas las principales arterias viales y accesos a la capital oaxaqueña. Si el Ayuntamiento citadino, dicen, no tiene capacidad ni para tapar los baches, mucho menos la tendrá para emprender la nada fácil labor de planear y construir todo un sistema de transporte colectivo.

Quienes dicen eso, parcialmente podrían tener razón: por simple naturaleza, todos aquellos que verían lesionados sus derechos o economía —principalmente— con la instalación de un sistema de ese tipo, habrán de protestar y oponerse a la decisión. Del mismo modo, es posible comprender a quienes señalan las incompetencias actuales del gobierno municipal, y auguran por eso un mal destino para el Metrobús.

Sin embargo, más allá de las posiciones personales habría que preguntarse qué le haría bien a la ciudadanía, cómo se podría mejorar sustancialmente el sistema de transporte colectivo y, sobre todo, también pensar, por una sola ocasión, qué es lo que más le conviene a los usuarios.

Habría que ver esta cuestión desde tal perspectiva. Porque sin duda, los oaxaqueños —sociedad y autoridades— estamos acostumbrados a ver estos asuntos sólo a la luz de lo que los grupos de presión nos “invitan” a pensar que es lo correcto o lo más conveniente —es decir, nos manipulan—, pero casi nunca nos dejan ver que es tanto o más nocivo que eso, el hecho de que nosotros los defendamos a cambio de nada, y les continuemos dando un cheque en blanco que finalmente han utilizado a sus anchas para menoscabar nuestros mínimos derechos.

En este sentido, la autoridad siempre ha incurrido en dos errores garrafales: por un lado, se ha dejado chantajear abiertamente por los grupos de presión, para finalmente terminar haciendo lo que éstos quieren (para preservar sus intereses), mientras la autoridad pondera la posibilidad de dejar de hacer lo que a unos cuántos no les conviene, para también dejar de pagar los “costos políticos” correspondientes por esas protestas.

Y por si fuera poco, la autoridad al mismo tiempo que el anterior, ha cometido también otro error insuperable: ésta, nunca ha tenido la capacidad —porque esa es una cuestión esencialmente de talento y tacto político— para sensibilizar a las verdaderas mayorías, respecto a por qué sus proyectos son realmente los más viables para el entorno, y por qué sí la ciudadanía debe aceptarlos y respaldarlos a pesar de la oposición que presenten algunas organizaciones.

LA CIUDADANÍA PIERDE

En efecto, la ciudadanía pierde. Porque ante cada posibilidad de que el gobierno y los grupos de presión pacten respecto a un no hacer (aquel no impulsar proyectos de modernización y desarrollo, a cambio de que éstos no ahoguen la ciudad con prestas), lo único que queda en el fondo es la consolidación de privilegios indebidos mutuos, que finalmente quien los paga y padece es la ciudadanía.

El caso del transporte público es paradigmático: todos los medios de transporte público existentes en la entidad oaxaqueña no sólo son malos, sino que son lo que sigue de eso (es decir, pésimos, deprimentes, riesgosos, inseguros, anárquicos y, por si fuera poco, tolerados). Por su parte, la autoridad, que permanentemente promete regulación estricta y aplicación de la ley sin distingos, siempre termina siendo comparsa de los transportistas, quienes la tratan como si fuera su subordinada y no su reguladora. ¿Y qué hacemos los ciudadanos ante todo eso? Como tal parece que no nos queda de otra, aguantamos… y les seguimos pagando.

Con esos antecedentes, los transportistas menos que nadie tienen la calidad moral para exigir a la autoridad municipal que no construya un Metrobús. No la tienen porque ellos, los concesionarios, son el reflejo vivo de ese fracaso y corrupción galopantes que dominan al sector. Y la autoridad estatal —que de autoridad sólo tiene el nombre— sólo sigue prometiendo lo que de antemano (por sus mismos compromisos económicos o políticos con el gremio) sabe que no podrá o querrá cumplir.

Así, ¿en base a qué los taxistas y demás concesionarios exigirán que no se construya el Metrobús? ¿Exigirán su no construcción a cambio no de comprometerse, sino de ejecutar un verdadero cambio profundo en la forma en que presta su servicio? ¿O serán tan desvergonzados que dirán que no quieren el Metrobús, porque eso les significará competidor que no tienen, y que tampoco quieren, y que eso les mermaría las ganancias económicas que hoy pagamos los oaxaqueños por esa suerte de oligopolio anárquico del transporte público?

SIN CALIDAD MORAL

¿Queremos seguir sumidos en el atraso? ¿Queremos seguir viviendo en esa ciudad anclada al pasado, y que por eso mismo no permite dar paso al presente? ¿Queremos seguir siendo rehenes de esos grupos de presión que sólo defienden sus intereses? Los transportistas debían comenzar a legitimar sus exigencias con acciones. ¿A poco están dispuestos a cambiar radicalmente el servicio caro y malo que todos los días ofrecen a la ciudadanía? Para exigir, hagan. ¿Qué dan a cambio de su “no” al Metrobús?

+ Objetivo: minar credibilidad de adversarios

A la dirigencia estatal del tricolor, y a sus líderes fácticos, se les puede acusar de todo, menos de tontos. Eso es lo que no parecía entender el diputado federal, y ex presidente del Comité Directivo Estatal, Jorge Franco Vargas, ante su obcecación por seguir peleando, en los tribunales jurisdiccionales de Oaxaca y del país en materia electoral, su supuesto “regreso” a la dirigencia priista. Parecía más un acto de testarudez y de ambición de poder y revancha, que de auténtica razón legal. ¿Estuvo siempre equivocado, o qué quería en realidad el ex Dirigente tricolor?

Desde un inicio, el diputado Franco Vargas sabía que el resultado de la empresa legal que emprendería, no le sería favorable. Esto se fundaba en el hecho de que, si bien sí se separó de la dirigencia priista a través de una licencia —que luego dijo que era con el carácter de “temporal”—, ésta no necesariamente incluía la preservación de sus derechos partidarios como dirigente, durante la ausencia de su encargo.

Todo esto quedaba reforzado, por el hecho de que el Comité Estatal del tricolor llevó a cabo cuando menos tres sustituciones más en el cargo de Presidente del Partido, realizadas conforme a los procedimientos establecidos por los estatutos priistas. Cada una de esas sustituciones era convalidada por procedimientos que la dirigencia priista conocía a la perfección, y que anteriormente ya habían sido ratificados, para esos casos, como legalmente válidos por las instancias partidarias, electorales y jurisdiccionales competentes.

El diputado Franco Vargas sabía todo eso desde el principio. De hecho, en diversas ocasiones él mismo había llevado a cabo —u “operado”, como se dice coloquialmente en el argot político— procedimientos internos similares, para convalidar otras decisiones del Jefe Político (el Gobernador del Estado, emanado del PRI) respecto a cómo se debía renovar la dirigencia tricolor, quiénes debían ser los beneficiarios, y cuál debía ser el procedimiento correcto, justamente para luego no enfrentar problemas legales de este tipo.

Franco sabía, además, que si el PRI en su conjunto, ha tomado siempre decisiones cupulares, en negociaciones, e incluso manotazos abiertos por parte de quien detenta el poder, para luego darles las formas jurídicas adecuadas y “vestirlos” legalmente hasta poder hacerlos pasar como legítimos e indiscutiblemente válidos ante las instancias revisoras, las decisiones recurrentes (del entonces gobernador Ulises Ruiz) que motivaron tanto su retiro de la dirigencia priista, como las sustituciones por parte de Jorge Toledo Luis, Adolfo Toledo Infanzón y Eviel Pérez Magaña, podrían tener todos los cuestionamientos democráticos posibles (porque de hecho eran decisiones totalmente unilaterales, tomadas al seno de una organización “democrática”), pero no respecto a sus formas legales.

No podían, nunca, darse el lujo de que sus decisiones, además de antidemocráticas, fueran ilegales. Por eso, podían acusarlos de todo, menos de tontos… o de violar las leyes que los rigen.

Y si el diputado Franco Vargas sabía todo eso —porque él mismo siempre fue beneficiario de esa “democracia”—, ¿entonces por qué decidió ir a los tribunales estatales y federales en materia electoral, a presentar alrededor de una decena de procedimientos en defensa de sus derechos políticos electorales, y de la posición de Presidente del CDE “con licencia” que, según, continuaba ostentando?

La respuesta se encuentra en los intereses facciosos, no en la democracia.

MINAR AL PRI

Si hubiera que contar la historia de las acciones emprendidas por el diputado Franco Vargas en los últimos meses, ésta se resumiría en un frío “de más a menos”. ¿De qué hablamos?

De que en los primeros meses del año, cuando el legislador priista —que además, teniendo una producción legislativa tan, pero tan pobre, simplemente hace insostenible su argumento de justificación, de que desea regresar a la dirigencia priista “para seguir trabajando a favor de Oaxaca”— aún se ostentaba como “presidente con licencia” ante los sectores de la militancia que aún lo recibían y reconocían como parte de los baluartes priistas, éste se notaba como un representante partidario con cierta ascendencia, y sobre todo con apoyos importantes (económicos, políticos, de logística, etcétera) para poder realizar “giras de trabajo” por docenas de municipios por toda la entidad.

Luego, cuando se decidió a presentar los recursos legales ante los tribunales de la materia, también dijo que realizaría reuniones con la militancia para poder impulsar los cambios que requería la dirigencia estatal. Para sus reuniones, fantasmalmente había abundantes recursos económicos que, quienes lo conocen, aseguran que salía de cualquier otro lugar, menos de su fortuna personal. Su recurrencia, y las acciones paralelas que ocurrían respecto a estas convocatorias, pronto dieron la idea que ese sospechoso impulso en realidad provenía de algunas instancias del gobierno estatal, también en manos de otros “interesados” en “recuperar” su partido.

Tomando en cuenta la situación, queda claro que muy probablemente el diputado Franco Vargas sí engañó a más de uno en el gobierno estatal, respecto a las posibilidades reales de triunfar en los tribunales. Pareciera que a partir de esa promesa le habrían sido suministrado los satisfactores a todas las necesidades que requería la recuperación de la dirigencia tricolor.

En ese mismo sentido, pareciera que conforme se fueron desdibujando esas posibilidades, también se fueron diluyendo los apoyos y la presencia real del diputado Franco Vargas.

De inicialmente realizar giras de trabajo, pagar algunos espacios en medios de comunicación, y tener cierto respaldo de la militancia, terminó siendo un engaño de él mismo. La última parte de su defensa la llevó a cabo únicamente haciendo declaraciones esporádicas y reservando su imagen lo más posible tanto de la clase política, como de los medios de comunicación.

PROMESAS FALSAS

¿Prometió lo que no podía cumplir? ¿O es que el objetivo de siempre fue el de, cual kamikaze, minar la credibilidad de la dirigencia tricolor aún a costa de también acabar con el poco sustento que le quedaba como militante priista? Independientemente de cuál sea la respuesta, lo que queda claro es que después de tantas promesas y “compras de esperanza” que más de uno le hizo, Franco Vargas terminó ganando absolutamente nada.

+ Superar atavismos, necesario para democracia

¿Quién en los medios informativos, y particularmente entre los dueños y administradores de los medios, no conoce aquella inmortal frase soltada por el presidente José López Portillo ante las críticas que hacía a su gobierno el Semanario Proceso: “no les pago para que me peguen”?

Aunque se pregona que México es hoy un Estado democrático, en el que las instituciones y el poder público garantizan las libertades de expresión e imprenta, queda claro que no existe mecanismo alguno para garantizar que la libertad de pensamiento quede plasmada en publicación alguna. Ante la discrecionalidad y el medio coactivo que es la publicidad oficial, hoy en día, en este México del siglo XXI, sigue siendo por completo actual la máxima: El gobierno no le paga, a nadie, para que le peguen.

Esto no es privativo de un ámbito de gobierno, ni mucho menos de una facción o grupo: más bien, es un asunto estructural de nuestro entorno político. Para nadie es un secreto que lo que ahora se acentuó como un verdadero monstruo de coacción y premio respecto a la publicidad gubernamental, y a la relación entre los gobiernos y la prensa, durante mucho tiempo fue una más de las formas de connivencia entre medios y gobernantes.

Hoy es imposible cerrar los ojos. La discrecionalidad total en la asignación de pautas publicitarias oficiales, era una tropicalizada y particular “forma perfecta” de relación entre los hacedores de la prensa y los gobernantes, en los tiempos del partido hegemónico.

El Gobernador, o el Presidente, erigidos en Jefe Político de su territorio, eran capaces de hacer hasta lo imposible no sólo por ejercer a plenitud el poder, sino para que todos lo vieran. En ese contexto, se explotó largamente, desde el poder, la ventaja de contar con recursos económicos; de poder asignarlos con entera libertad, y de tocar con ello las fibras más ambiciosas y codiciosas de quienes, en el gremio, se dejaban seducir, o eran seducidos a fuerzas, por tales tentaciones.

No obstante, los tiempos cambiaron, y con ello el régimen de partido hegemónico se desincorporó; la sociedad comenzó a exigir más seriedad, y los medios se dieron cuenta que en los destellos de pluralidad y crítica, había un nicho de mercado inexplorado, y por eso mismo ávido de información. Ante tal disyuntiva (ser crítico o mantener la publicidad oficial), hubo quien comenzó a decidir. Y para todo medio en esas circunstancias, era directamente proporcional la relación entre ganar credibilidad, pero perder dinero.

¿SOCIEDAD DEMOCRÁTICA?

Todos estos hechos podrían llevarnos, sin tomar en cuenta los aspectos subjetivos, a una conclusión posible: el gobierno debía haberse vuelto más democrático; y esa democracia significaría el establecimiento de reglas y procedimientos claros, justos y equitativos, en todos aquellos procesos que antes eran discrecionales por razones de poder, pero que debían estar regulados justamente por la necesidad de ponerle fin a esas prácticas tentadoramente autoritarias.

Y sí, aceptémoslo, eso ocurrió en diversos rubros, pero no en lo relativo a la publicidad oficial. Eso no ocurrió, seguramente no sólo porque el gobierno, o el Estado en su conjunto, se hayan resistido a hacerlo, sino porque quizá frente a cualquier intento, también se toparon con las resistencias, y con los atavismos, de quienes, desde la prensa, justamente no querían el fin de esos esquemas. ¿De qué hablamos?

De que como muchas cosas que ocurren en México, aquí estamos acostumbrados a hacer ilegal lo que bien podría ser apegado a derecho. Es decir, que en el campo que nos ocupa, esa falta de regulación deliberada no sólo ha sido alimentada por quien desea no seguir pagando para que le peguen, sino también por quienes desean no pegar para que les sigan pagando. El escenario es tan crudo como eso.

No obstante, México debía transitar a un panorama menos atávico. Es decir, el gobierno debería dejar de pensar que el dinero que gasta en publicidad es para imagen del gobernante, y más bien comenzar a tener la perspectiva de que esos recursos son del Estado, y como tal deben servir no sólo para difundir campañas sociales o logros de gobierno. Deben servir para informar a la población de asuntos relevantes, para encauzar ciertos temas; y, por qué no, quizá en forma mínima, también para garantizar el ejercicio de la libre expresión…

Eso no significa descubrir el hilo negro, y mucho menos perder la dignidad. Más bien, sería la consecuencia de la existencia de un marco estricto, en el que quedara claro que el dinero para publicidad no es del gobernante ni para su beneficio, sino que es del Estado y es para provecho y construcción del interés general.

Y por eso mismo, los comunicadores, y los dueños de los medios, debíamos también dejar de lado esos atavismos de que cualquier relación con el gobierno significa entreguismo, pacto oscuro o acuerdo inconfesable. Debíamos exigir que ese presupuesto establecido para publicidad se gastara completo, y se gastara bien (con equidad, transparencia y reglas claras) para beneficio de todos.

No se trata de pactar; tampoco se trata de “resistir” o de apelar al heroísmo. O bueno, no tendría por qué tratarse de eso. El problema en Oaxaca es que el gobierno sigue prometiendo que establecerá reglas democráticas para ese rubro, pero lo único que hizo fue modificar los esquemas autoritarios del pasado, para establecer nuevos… que en esencia, parecen no haber cambiado en nada aquella vieja “regla” del poder, del “no te pago para que me pegues”.

¿Qué falta? —podríamos preguntarnos. Pues bien, falta todo. Falta la disposición del poder público para establecer ese marco necesario; falta que todos —sociedad, prensa y poder—, superemos nuestros particulares atavismos. Falta que los gobernantes dejen de pensar que la prensa debe pagar por las afrentas que ellos tienen con otros políticos. Pero sobre todo, falta que dejemos de seguirnos dando baños de pureza, respecto a asuntos en los que verdaderamente hemos avanzado muy poco.

¿QUÉ HACER?

Por todo eso, más bien sería bueno que todos juntos viéramos para adelante. Pero que al mismo tiempo tuviéramos el valor de hacernos responsables por nuestra democracia, y por esos aspectos que aunque no lo parezca, son sustanciales para la vida pública de nuestro estado. (Palabras pronunciadas por el autor de esta columna, ayer durante el foro “Publicidad institucional: transparencia y equidad”, convocado por la UABJO y la Agencia Quadratin Oaxaca).

+ En 2012 no competirán; buscan aluvión de Peña

Con la oficialización de la lista de consejeros políticos nacionales del PRI por Oaxaca, quedó constatado lo que se podía percibir fácticamente: que existe un pacto tácito entre el dirigente Humberto Moreira y el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, para que éste siga teniendo mano sobre el Comité Directivo Estatal de ese partido en la entidad, a cambio de las posiciones que no le dieron en la dirigencia nacional del PRI. Por eso, ni al ex Mandatario, ni al diputado Eviel Pérez Magaña, les interesa terminar con el conflicto interno que existe en ese partido.

En efecto, desde hace meses se podía percibir la existencia de un acuerdo cupular entre el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y el Jefe del grupo político que gobernó Oaxaca hasta noviembre del año pasado. Como éste último (el ex gobernador Ruiz) había sido uno de los más fuertes impulsores del dirigente Humberto Moreira y del gobernador Enrique Peña Nieto, ahora reclamaba espacios en el CEN priista.

Sin embargo, su mala imagen a nivel nacional le impidió llegar a alguna de las carteras partidistas. Al PRI no le interesó pagar el costo político de esa decisión. Y por eso lo mantuvo en el bajo perfil, a cambio de darle completa libertad para continuar decidiendo en el priismo oaxaqueño.

Sólo a partir de eso puede entenderse que la dirigencia de Eviel Pérez Magaña en Oaxaca continúe viva, no sólo frente a los conflictos creados por el priismo orgánico que ataca desde el oficialismo, sino sobre todo frente al enojo general por la falta de capacidad de diálogo y consenso con todas las corrientes partidistas, así como por la impericia política que ya se le hizo cotidiana al Dirigente Estatal. Hoy, por eso, ni siquiera los priistas tradicionalmente más institucionales, reconocen en Pérez Magaña a un dirigente legítimo y eficaz en sus tareas de partido.

Si hacemos el recuento de todos los tricolores que en algún momento se han pronunciado en contra de la dirigencia estatal, o que sin hacerlo trabajan al margen, e incluso en contra de ella, podremos ver que el número es simplemente alarmante. Todos se duelen no sólo por la falta de capacidad del Dirigente Estatal, o por las imposiciones antidemocráticas que han ocurrido, sino que en el fondo todas sus protestas llevan implícito el interés por obtener, a través de la inconformidad y la negociación posterior,  alguna de las candidaturas que estarán disponibles para 2012.

Hasta hoy, nadie ha logrado nada por varias razones: primera, porque el Jefe del grupo político que aún tiene en las manos al PRI Estatal, no está dispuesto a negociar con nadie; segunda, porque no quiere negociar con nadie; tercera, porque está seguro de que los pactos nacionales le permitirán llegar hasta el umbral de la definición de las candidaturas al Senado y las diputaciones federales; y cuarta, porque saben que con el solo hecho de que el Dirigente Estatal siga siendo un afín a ellos, les permitirá tener cierto margen de maniobra para incluir, en la lista de candidatos, a alguno de los personajes que ellos, y sólo ellos, pretenden proteger o beneficiar con un cargo legislativo, o a quienes incluso pudieran comenzar a ver como “su proyecto” rumbo a la sucesión gubernamental en Oaxaca del aún lejano año 2016.

Por eso no quieren negociar nada, ni incluir a nadie, ni terminar con el conflicto, porque saben que independientemente de las presiones y los ataques, ellos tendrán la fuerza suficiente para llegar al umbral del 2012 y subirse al “carro” y los efectos de la elección presidencial, para ahí buscar nueva vida. En el fondo, todo eso se deja ver en la poco incluyente, nada democrática, y sí bastante cuestionable lista de consejeros políticos nacionales que se dio a conocer en los días previos.

CONFIANZA EN

“EL EFECTO PEÑA”

Realmente, en Oaxaca las elecciones del año próximo no serán realmente evaluadoras ni del trabajo desempeñado por el gobierno estatal, ni tampoco del relativo a las fuerzas de oposición. Eso lo sabe el grupo del ex gobernador Ruiz, y por eso pretende llegar vivo, y con el control (así sea por la vía de la respiración artificial) de la dirigencia estatal del PRI. Pretende hacerlo para luego subirse a la campaña presidencial, y desde esa posición de comodidad, tratar de sacar sus propias ventajas. Veamos si no.

En primer término, las elecciones que verdaderamente constituirán un elemento de evaluación para los partidos políticos y el gobierno en Oaxaca, serán las locales de 2013. En los comicios federales del año próximo, lo que ocurrirá son únicamente las réplicas de los efectos de la campaña presidencial.

De este modo, al no haber voto diferenciado, es muy probable que el Candidato a la Presidencia ganador obtenga también buena parte de las diputaciones y senadurías. Y los candidatos a éstos últimos cargos, independientemente de que sean buenos o malos, carismáticos o impopulares, podrán beneficiarse de ese efecto sin siquiera despeinarse. Es lo que pasó en 2006 en Oaxaca respecto a Andrés Manuel López Obrador. Y es a lo que los priistas le apuestan en 2012.

En efecto, al menos en Oaxaca el priismo, todo, no ha tenido disposición real o estrategia de posicionamiento por parte de quienes pretenden, o ya tienen una candidatura en la bolsa. Todos, más bien, han intensificado sus movimientos y cabildeos en la ciudad de México. Aunque al final todos esperarán a que arranque la campaña presidencial, para colgarse de ella y hacer proselitismo común.

La ventaja es evidente: El Abanderado Presidencial, y el PRI, tendrán amplísimos espacios en medios; contarán con todo tipo de propaganda. Y en términos globales, serán los encargados de posicionar electoralmente al priismo en la escala nacional. Por eso el grupo del ex gobernador Ruiz pretende montarse en esa inercia. Por eso, resistirá todo en los meses por venir. Y por eso, seguramente veremos que aún cuando se ahonde el conflicto, el ulisismo-evielismo persistirá hasta llegar al momento de las candidaturas. Así tratarán de sobrevivir a la desgracia actual. Más claro ni el agua. ¿Apuestan?

FORO EN LA UABJO

Hoy, a partir de las 9 horas, en el Paraninfo de la UABJO se llevará a cabo el foro “Publicidad institucional, transparencia y equidad”, en el que se hablará con amplitud de las relaciones comerciales entre el gobierno y la prensa, y los rejuegos y amagues que ocurren en torno a ella. El contenido del programa se puede consultar en: http://bit.ly/p8OQ7W ¡Participe!