+ En la incertidumbre, todo lo que se autorizó

El no autorizar más licencias para consumo de alcohol en la capital oaxaqueña no sólo fue, en algún momento, promesa de campaña, sino también un acuerdo de Cabildo que, se supone, tiene vigencia desde la administración anterior en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. No obstante, pareciera que en nuestra ciudad es imparable la inercia que busca convertirla en una enorme “ciudad cantina”.
Esta historia, para variar, no es nueva en Oaxaca. Teniendo como causa el ser una ciudad declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y también la exigencia ciudadana de mantener cierto control sobre los establecimientos donde se expende alcohol, desde hace ya varios años existe un acuerdo de Cabildo a través del cual se dispuso que no se concederían más permisos de ese tipo, y que se hicieran revisiones periódicas a los establecimientos que ya contaran con licencia para venta de bebidas embriagantes, para verificar que cumplieran con los requerimientos de protección civil, sanidad y demás, o proceder a la cancelación de las mismas.
Eso generó, por lo menos, dos efectos inmediatos. El primero de ellos, fue la especie de “explosión” habida de bares, centros de diversión, “after night’s” e incluso prostíbulos, en los más de veinte municipios conurbados a la capital oaxaqueña. El segundo de esos efectos inmediatos, fue la aparición del tráfico de licencias de manejo, cooptación, presiones e incluso complicidades habidas en el mismo Ayuntamiento citadino, para continuar autorizando bares y cantinas fuera de la norma. Pero vayamos por partes.
En el primero de los puntos establecidos, no existe un solo municipio conurbado a la capital oaxaqueña —aunque los “table dance” y bares de ese tipo, proliferaron particularmente en Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, dejando a su paso una larguísima estela de corrupción, complicidades y actos delictivos— en el que no existan bares en los que se permiten todo tipo de actividades y prácticas que están prohibidas en la capital oaxaqueña. Veamos.
En la capital oaxaqueña está formalmente prohibida la prostitución, porque —aunque es letra muerta— la norma penal considera esa práctica como un delito; no se persigue a quienes ejercen esa práctica en las calles, pero no existe un solo bar dentro de la capital oaxaqueña en el que sean visibles actividades como los desnudos, los bailes de mesa, y todo lo que ello trae aparejado. Aquí en Oaxaca de Juárez, también está regulada la hora límite hasta la cual puede haber actividad en los bares y cantinas.
Todo eso no ocurre en los municipios conurbados. Porque además de la existencia de innumerables bares en donde lo mismo existen bailarinas, que mujeres y hombres ejerciendo abiertamente el fichaje y la prostitución, también existen otro tipo de centros nocturnos conocidos como “after night”.
La particularidad de éstos, es que inician actividades después de la medianoche, y las concluyen hasta después del amanecer. Esas cantinas, buscan captar a todos aquellos que inician la noche de diversión en algún bar de la capital oaxaqueña, y al cerrar éste (normalmente por ahí de las dos de la madrugada) se trasladan —normalmente ya en algún grado importante de embriaguez— a alguno de estos sitios en los municipios conurbados, para continuar ahí ingiriendo bebidas alcohólicas.
Por eso, es en los accesos a la capital oaxaqueña en los que ocurren con mayor frecuencia, fatales accidentes automovilísticos en los que pierden la vida, o resultan gravemente lesionadas personas jóvenes, y en los que el común denominador es que el conductor de alguna de las unidades, lo hacía en estado de ebriedad.

CORRUPCIÓN MUNICIPAL
Desde principios de 2007 aparecieron en Oaxaca algunos bares en los que se realizaron fuertes inversiones de dinero, y que iniciaron operaciones ante la mirada atónita de todos aquellos que sabían que no habría más autorizaciones de licencias para consumo de alcohol en la capital oaxaqueña. El más famosos de esos bares fue el ahora desaparecido, pero también tristemente célebre, conocido como “El Circo”.
Ese, y otros bares (como “La Bola”, que originalmente estaba ubicado en la calle de Heroica Escuela Naval Militar, y actualmente se encuentra por los rumbos de San Felipe del Agua), rápidamente se convirtieron en los bares de moda entre los jóvenes oaxaqueños, hasta que alguien tuvo la duda de cuestionar bajo qué normas y autorizaciones operaban.
Grande fue la sorpresa, cuando se supo que no existía licencia alguna de operación, que los permisos provisionales otorgados a sus manejadores tenían serias irregularidades, y que esencialmente se mantenían abiertos gracias a la influencia del poderoso grupo de abogados fiscalistas que los había financiado, y a la complicidad y sumisión de quienes en su momento ostentaban la calidad de autoridad municipal en la capital oaxaqueña.
Esos cuestionamientos no eran ocurrencias o infundios. De hecho, uno de los cuestionamientos de fondo que se hacían al respecto, era que los permisos de operación se habían otorgado por la autoridad municipal de aquel entonces (el ahora diputado federal Manuel de Esesarte Pesqueira se encontraba a la cabeza del Ayuntamiento citadino) sin que las instalaciones en esos sitios cumplieran con los requisitos mínimos exigidos obligatoriamente por Protección Civil a todos los demás establecimientos del tipo. No había, pues, ni legalidad ni garantías de seguridad para los usuarios, e incluso tampoco equidad en el trato para todos los dueños de esos establecimientos.
Sin embargo, no hubo poder humano que lograra detener el funcionamiento de esos sitios. Lo más lamentable, fue cuando en una sesión de Cabildo, se determinó otorgar sendas licencias a varios establecimientos, aún reconociendo que había una prohibición expresa al respecto. El Circo, por ejemplo, dejó de funcionar cuando sus dueños lo decidieron, pero no por alguna disposición de una autoridad que, entonces y ahora, siempre pareció estar a su servicio.

¿Y CALDERÓN?
En aquellos momentos, en calidad de particular, Irineo Pablo Calderón González —hoy síndico municipal y encargado del despacho de la Presidencia Municipal en el Ayuntamiento citadino— era quien defendía los intereses de algunos de esos bares irregulares. Seguramente, de modo indirecto eso es lo que explica los señalamientos del regidor Giovany Vásquez Sagrero sobre la multiplicación de bares, ocurrida en estos últimos tres años en Oaxaca de Juárez.

+ Empleados de confianza: todos, indefensos

Motivados por la intención de no cometer excesos que ofendan a la ciudadanía, la semana pasada el pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas constitucionales para establecer un tope de salarios máximos para los funcionarios de la Administración Pública del Estado. Al margen de tal medida, que lo mismo puede ser real que simples apariencias, es claro que antes de eso, las dos primeras tareas que debió haber emprendido el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, tienen que ver con la revisión a fondo de los salarios que perciben todos los trabajadores del Poder Ejecutivo local, así como la valoración real —es decir, más allá de las simples fobias partidistas— de la labor que desempeñan los trabajadores de confianza del gobierno estatal.

¿Por qué decir, en primer término, que los topes máximos de salario bien pueden ser una manifestación real de voluntad, que una simple vacilada? Las razones, más allá del autoengaño, siempre han estado a la vista: desde que entró en vigor la Ley Estatal de Acceso a la Información, hace más de dos años, todas las dependencias del gobierno central, e instituciones descentralizadas, se vieron en la obligación de publicar los tabuladores de salario. Con ello, según, se hizo público el monto que percibía cada empleado —desde el más modesto oficial administrativo, hasta el Gobernador del Estado— por concepto de salario.

Según se preveía, esto terminaría con la opacidad y las dudas respecto a los montos estratosféricos de dinero que percibían los secretarios de gobierno y demás empleados superiores en la administración estatal. Lo cierto es que todo fue un engaño. ¿Alguien en su sano juicio podía creer que, tal como aparecía en los portales de transparencia, los titulares de las diversas secretarías, direcciones, coordinaciones y demás, percibieran los 77 mil pesos que ahí se decía que ganaban mensualmente? Esa misma duda, era la que siempre quedaba respecto al Gobernador del Estado, y sobre las percepciones de todos los empleados de responsabilidad en Oaxaca.

La duda no partía precisamente de lo que pudiera establecerse en el portal de transparencia de las instituciones, sino en el hecho de que era a todas luces perceptible que una cosa era lo que formalmente ganaran, y otra muy distinta las prestaciones o sobresueldos discrecionales, o confidenciales, que se les otorgaban y que, eso sí, constituía una ofensa no sólo para el pueblo de Oaxaca, sino también para todos los demás niveles de la administración estatal que tienen salarios verdaderamente indignos.

Así, un Secretario del gobierno estatal, podía ganar nominalmente 77 mil pesos, pero multiplicar su salario gracias a esos bonos discrecionales —que no constituyen sueldo, y que aparecía en las nóminas confidenciales que siempre han existido en la administración estatal— y demás prestaciones que se otorgaban a su favor, e incluso por los tristemente célebres “gastos de representación” a través de los cuales pueden cubrir, con gasto al erario, una serie de gastos no prioritarios que bien podrían cubrir con su salario.

Por esa razón, en realidad el tema de fondo no se encuentra en establecer los montos de salario máximo, sino de hacerlos una realidad. Es cierto que los salarios estratosféricos de los empleados públicos, son siempre ofensivos para un pueblo tan desprovisto económicamente como el nuestro.

Pero también lo es que ante una voluntad no por ajustar las percepciones a un marco firme, sino por simplemente “quedar bien”, ese establecimiento de los salarios máximos bien puede ser un engaño. Es decir, pueden ser una verdadera farsa si continúan existiendo los privilegios discrecionales y confidenciales, que son los que hacen ricos a funcionarios que ganan más de lo que deberían aunque sus salarios nominales siguen siendo exactamente los mismos.

Incluso, una medida que debía venir aparejada a esas disposiciones, es el reforzamiento de la vigilancia y la fiscalización tanto de la misma Contraloría del Gobierno del Estado, como de las instancias superiores de revisión y auditoría del Congreso del Estado. Vigílenles las manos. ¿O a poco creen que ex funcionarios tan indeseables como Bulmaro Rito Salinas, Miguel Ángel Ortega Habib, y muchos otros, se hicieron inmensamente ricos por tener sueldos elevados o prestaciones de privilegio? ¡Por favor!

LOS DESPROTEGIDOS

Sin embargo, algo que sensible y verdaderamente debía hacer el gobierno de Gabino Cué es revalorizar, y redignificar el trabajo y el salario de los trabajadores de confianza. Son ellos los que en buena medida hacen el trabajo duro y constante en la administración estatal, a pesar de que en los últimos años son a quienes más se les ha castigado salarialmente, y a los que ahora se les pretende despedir, masivamente, de sus respectivos empleos.

Vayamos por partes. Desde hace varios años, se han venido haciendo ajustes salariales dispares. Es decir, cuando se hace la revisión salarial de los empleados de base del gobierno estatal, sólo se les incrementa el sueldo a ellos, mas no a los empleados de confianza. Éstos, hace años que no reciben un verdadero incremento de salario.

Y al contrario: en cada ajuste económico o “medida de austeridad” políticamente correcta que se ha dispuesto en el gobierno estatal, es a los trabajadores de confianza a quienes más se les ha venido disminuyendo el salario. Ante cada epidemia, emergencia económica, desastre natural, o lo que sea, se disponían “ahorros” que sólo afectaban a los trabajadores de menor nivel. Sólo en el último año, se dispuso un ajuste del diez por ciento a los salarios que, inicialmente, prometió ser devuelto al final de la administración, pero que nunca sucedió.

¿Cómo querer tener trabajadores de calidad, con sueldos de tercera? Es cierto que en Oaxaca el gobierno es el primer y principal empleador. Pero eso no debía darles pauta para seguir castigando y desacreditando salarialmente a todos esos trabajadores que debían tener un salario digno. Sólo aquí puede ocurrir que un empleado de base, gana más que un Jefe de Departamento.

INSENSIBLES

Contradiciendo las indicaciones del gobernador Cué, el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, y el subsecretario Juan José Bermúdez, preparan ya el primer recorte de personal de confianza para este 31 de diciembre; y otro para finales del próximo mes de febrero. Prometieron cambio; pero sólo están demostrando insensibilidad y soberbia.

+ Títulos, una discusión estéril frente a los rezagos

Ojalá que, por el bien de Oaxaca, pronto termine la polémica sobre los títulos y cédulas profesionales que deben ostentar todos los miembros del gabinete del gobierno estatal, y todos se pongan a trabajar.

Aún cuando ese es un asunto importante —no sólo por la calidad de profesionistas que deben tener quienes integran los cargos de responsabilidad en la administración estatal, sino también por un asunto de legalidad y demostración de existencia del Estado de Derecho—,  es evidente que la entidad enfrenta problemas mucho peores que deben ser atendidos de inmediato. En esa lógica, el Gobierno del Estado debe abandonar cuanto antes ese estado de pasmo que aún hoy aparenta, y tomar las riendas de todas sus responsabilidades y compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Oaxaca enfrenta problemas esencialmente graves por todos lados. Sólo en el aspecto meramente relacionado con la atención y labor social, el nuevo gobierno se encontró con problemas gravísimos que deben ser atendidos de inmediato. El problema, en ese sentido, es que en instancias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, los nuevos funcionarios apenas si comienzan a entender el funcionamiento de una entidad burocrática gigantesca, compleja y llena de rezagos, que necesita de atención urgente no sólo en lo administrativo, sino en los programas y asuntos que deben atender relacionados con los grupos vulnerables que en los últimos años fueron invisibles, o de poca importancia, para el anterior gobierno.

La sola situación en que se encuentran los dos albergues infantiles del DIF estatal, debía ser motivo de alarma y atención inmediata para todas las autoridades relacionadas. En los últimos años, todos los rezagos (desde la falta de alimento, medicamentos, cuidados y atención médica suficientes, hasta los abusos y omisiones deliberadas de las autoridades anteriores) no fueron resueltos sino únicamente ocultados.

Para la administración anterior, era práctica común en esos sitios que a los bebés, niños y adolescentes únicamente se les vistiera y atendiera dignamente, cuando iba a realizar algún recorrido la Presidenta Honoraria del Patronato (es decir, la esposa del Gobernador), o cuando asistirían representantes de los medios de información a algún evento o actividad pública que allí se realizara.

Por supuestos “motivos de seguridad” (que no era sino el miedo a que se reflejara la situación real de abandono en que se encontraban los infantes), nunca le fue permitido el acceso a medio informativo alguno (ni siquiera a entrevistas con cualquier funcionario del Sistema, cuando el tema era la situación de los niños que ahí habitaban), incluso ni siquiera cuando, en más de tres momentos en los últimos seis años, murieron varios infantes por causa de descuidos, mala higiene e, incluso, por la negativa de los funcionarios encargados de adquirir los medicamentos para que éstos fueran suministrados en tiempo y forma, de acuerdo a la indicación médica, a los menores.

Esos funcionarios encargados de las adquisiciones y los recursos materiales del DIF, que son moralmente responsables de muchas de las oscuridades financieras que prevalecen en esa institución, sorprendentemente continúan en funciones hasta el día de hoy.

No obstante, los dos albergues del DIF Estatal son sólo un ejemplo de todo lo que ahí se encuentra en estado de abandono, y que debe ser atendido de inmediato. Los nuevos funcionarios de esa dependencia, deben mostrar de inmediato un verdadero compromiso de trabajo y eficiencia con la labor social, y la atención a la población vulnerable, que motiva la existencia de esa institución.

Además de los albergues, ahora sí al DIF debería comenzar a preocuparle la existencia de cientos de niños de la calle, que lo mismo son malabaristas, payasos, limosneros o chicleros de semáforo, que víctimas de diversas formas de explotación, que van desde la venta de dulces en cajitas colgadas de los hombros, hasta infantes de menos de diez años de edad que son obligados a lustrar zapatos, a limpiar parabrisas y a otras actividades, por personas sin escrúpulos que los maltratan y obligan a trabajar a plena luz del día.

Todo eso es fácilmente palpable. Todos los oaxaqueños, de uno u otro modo, somos testigos de esa realidad que ha sido largamente negada. Ojalá que quienes llegaron ahora a trabajar al DIF aduciendo la defensa de los derechos humanos, honren de verdad esa noble denominación atendiendo a los grupos vulnerables.

DESARROLLO SOCIAL

Están a punto de pasar los primeros treinta días de la actual administración, y de la Secretaría de Desarrollo Social, aún no se sabe nada. Para cualquier gobierno, e incluso para cualquier proyecto político, una instancia de esa naturaleza debería ser esencial, pues de ahí es de donde tendrían que salir los más importantes esquemas que, en programas concretos, y basados en datos duros, pudieran demostrar que se atendió eficazmente a la población con mayor grado de pobreza y marginación, y que de ese modo se contribuyó a materializar el fin último de cualquier Estado, que es el bien común.

El problema, en este caso, es que en casi 30 días el titular de la nueva Sedesol estatal no ha aparecido públicamente en una sola ocasión; y según se sabe, la dependencia aún no tiene definido ni el organigrama, ni la estructura administrativa, ni los órganos técnicos que tendrá a su cargo provenientes de otras dependencias que desaparecieron a partir de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; incluso, pareciera que aún hoy esa dependencia no tiene materia de trabajo.

AQUÍ TODO URGE

Oaxaca tiene asuntos importantísimos en ese aspecto, que deben ser atendidos de inmediato. El tema de la atención social a los rezagos debe ser atendido no sólo por programas federales —que solamente han sido administrados y capitalizados electoralmente por los gobiernos estatales o municipales, pero que difícilmente han demostrado haber cumplido con los fines últimos para los que fueron concebidos. En todo caso, una instancia como esta tendría que servir para “tropicalizar” —es decir, adaptar a la realidad estatal— los programas de combate a la pobreza, y hacerlos más eficaces. Pero deben comenzar a apurar el paso, antes de que parezca que esas nuevas instancias sólo fueron creadas para dar empleo y pagar cuotas, y no para atender de mejor modo los problemas que tiene Oaxaca.

+ Sólo patrañas, argumentos de Luis de Guadalupe

El diputado local por el PAN, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, presentó hace dos días al pleno del Congreso local, una propuesta de contrarreforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la cual se pudiera eliminar el requisito de contar con título y cédula profesional para todos aquellos que pretenden ocupar un cargo de responsabilidad en la Administración Pública estatal. Además de engañosos, los argumentos utilizados por el Legislador panista para fundamentar su propuesta, son un auténtico monumento a la patraña.

De acuerdo con información difundida el día previo por diversos medios informativos, el diputado Martínez Ramírez “propuso al pleno legislativo una modificación al artículo 14 fracción III de la Ley Orgánica (…) para hacer más preciso el contenido de las equivalencias de los títulos y cédulas profesionales necesarios para ostentar el cargo de titular de una secretaría de estado (sic) o de sus órganos auxiliares…”

“La adición establecería que el aspirante deberá contar al menos con título, cédula profesional o en su lugar que presente un equivalente que avale experiencia, honorabilidad, así como el correcto ejercicio del desempeño laboral por el cual ha adquirido los elementos necesarios para desempeñar el cargo conferido”.

Y por si todo ello fuera suficiente para justificar una propuesta tan inicua como esa para la administración pública estatal, el Diputado local de Acción Nacional “explicaba” que “así como está  redactada (la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigente) no importan los conocimientos generales y las máximas de la experiencia obtenidas a lo largo de la vida de un funcionario, pues de manera limitativa y no enunciativa violan por completo el principio de igualdad, consagrado en el artículo 1 de la Carta Magna.” ¡Vaya desfachatez, astucia e irresponsabilidad la del señor diputado Martínez! Pues para justificar lo injustificable, recurre a innumerables engaños. Veamos por qué.

En primer término, asegura que para ocupar un cargo de primer nivel en la Administración Pública Estatal, debería suficiente con acreditar “experiencia, honorabilidad, así como el correcto ejercicio del desempeño laboral”, como un “equivalente” del título y cédula profesional que ahora se requiere, como comprobante de la preparación académica necesaria —“indispensable” sería el término correcto— para el desempeño de una función técnica o administrativa en el gobierno estatal.

Con ese argumento, o trata de confundir a la opinión pública, o se confunde él, o ignora por completo las razones que motivan el establecimiento de requisitos para el desempeño de cargos administrativos en general. Dice que es suficiente con comprobar la experiencia, la honorabilidad y el correcto desempeño, aunque no se presenten documentos que avalen estudios profesionales.

Se engaña, o pretende engañarnos, porque los requisitos de honorabilidad y de experiencia, deberán ser siempre adicionales a los de la preparación profesional. Dicho de otro modo: de bienintencionados están llenos los panteones. Pues se entiende que la honestidad (“Tener un modo honesto de vivir”, dice la fracción II del artículo 34 de la Constitución federal, por si no lo recuerda el diputado) es condición sine qua non de la ciudadanía; y como servidor público sólo puede ser quien es ciudadano de la República, entonces debería comprenderse que la honestidad o probidad, son prerrequisitos del servicio público.

En esas condiciones, dicho argumento resulta inadmisible, no porque la honestidad o probidad no sean necesarias, sino porque éstas son cuestiones previas que para un servidor público deberían ser de obvio requerimiento.

Y si se pretende asumir como que la experiencia es suficiente para desempeñar un cargo de responsabilidad en el gobierno, entonces de lo que se estaría hablando es de una administración arcaica, de hace varias décadas (En Oaxaca era urgente que se modificara la Ley Orgánica para superar las reminiscencias del pasado, que aún se encuentran presentes en la misma Constitución local en diversos preceptos) que ya no corresponde a lo mucho que se requiere de la administración pública estatal.

¿DISCRIMINACIÓN?

Pero eso no es todo. El diputado Martínez Ramírez aseguraba, por si lo anterior fuera poco, que al establecer ese tipo de requisitos también se quebranta la garantía de igualdad establecida en el artículo 1 de la Constitución General de la República. ¡Qué tamaño de patraña!

En su misma concepción, el principio de igualdad lo que busca preservar es que todas las personas gocen del mismo trato y de las mismas libertades y seguridades que otorga la Constitución. Es decir, que aún con sus diferencias, todas las personas sean tratadas como tales.

En razón de ello, podría suponerse que el diputado Martínez tiene razón en su argumento. Podría suponerse, engañosamente, que bajo el principio de igualdad cualquier persona podría tener acceso a cargos públicos de administración, y a cargos de representación popular.

Esto, en realidad, es incorrecto. Para los cargos de elección y representación popular, en efecto, no se establecen condiciones de profesionalización, sino únicamente de cumplimiento de los requerimientos mínimos para ser ciudadano de la República. ¿Por qué? Porque la representación popular, y el ejercicio de los derechos políticos va más allá de haber ido o no a la escuela. Por eso a un diputado, senador, gobernador o al mismo Presidente de México, no se le requiere que tenga estudios para ocupar esos cargos que son de naturaleza eminentemente política.

Sin embargo, ello no opera en los cargos administrativos. Porque éstos, en su esencia, son técnicos y operativos, y están encaminados a cumplir, a través del gobierno, con los fines del Estado. Es decir, que éstos cargos no son “democráticos”. Por eso no se quebranta principio de igualdad alguno, ni se discrimina a nadie, cuando se exige un título profesional para el desempeño de la responsabilidad.

Por todo esto, es inadmisible la propuesta del diputado Luis de Guadalupe. Se engaña, es ignorante, o pretende engañarnos a los oaxaqueños. Pero no cabe duda que hasta para esto último, hay que tener talento.

¡FELIZ NAVIDAD!

Es lo que deseamos a usted lector, y a todos nuestros amigos y compañeros. Que la paz y el amor se encuentre este día, y siempre, entre ustedes. Les enviamos un abrazo fuerte.

+ Enfrentamiento en zócalo: ¿para desviar atención?

En Oaxaca, el Gobierno del Estado la principal fuente de empleo para la población. Sólo en la estructura administrativa, cuenta con unos ocho mil empleados de base, y unos doce mil de contrato y confianza. Esto, sin contar a quienes integran los llamados mandos medios y superiores, que ejercen las funciones de responsabilidad, mando y coordinación en la administración estatal. Ahora, con el cambio de gobierno, comenzó un proceso natural de relevo en esas estructuras. Sólo que, en este caso en particular, el enfrentamiento entre los gobiernos saliente y entrante está llevando a generar un cierto tipo de rencor mal encaminado, que finalmente podría hacer víctimas a los trabajadores equivocados.

Desde hace algunos días, circulan en Internet innumerables mensajes de odio hacia los trabajadores de confianza del Gobierno del Estado. En ellos, se les pretende responsabilizar por el despilfarro que, dicen no sin razón, cometió la administración estatal anterior; los ubican como los flojos y prepotentes que le hicieron daño a Oaxaca. E incluso los ubican, a todos, como activistas del Partido Revolucionario Institucional que deben ser despedidos de inmediato, para dar paso a una nueva clase burocrática. En la más dura de todas las acusaciones, se dice que éstos fueron quienes llevaron a la ruina a nuestro estado.

Por ejemplo, uno de los tantos mensajes sobre el particular que han llegado al correo personal del autor de esta columna, dice textualmente —incluidos todos los errores ortográficos y de sintaxis— lo siguiente: “El 15 de diciembre de 2010, un diputado local, priista (Francisco García López), se manifestó en contra del despido de funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz, aduciendo que es un acto ilegal, pero sobre todo que se deja en el desamparo a miles de familias porque es el único sustento de ellos. Que (sic) desvergüenza de este diputado y su bancada, ya se les olvidó que estos funcionarios pertenecen a un estrato gubernamental culpable del despilfarro, la opulencia y la corrupción”.

Y va más allá: “¿Defiende usted a los funcionarios? ¿Que no se les “despida”? ¿pobrecitos? No olvide señor diputado priista que fueron esos funcionarios los que llevaron a la ruina a nuestro estado, que empobrecieron a la gente, que medraron con la necesidad de los campesinos, que incumplieron con sus obligaciones o que para realizar sus actividades exigían ‘mordidas’. Vea usted alrededor seño diputado priista, vea las calles bachudas, vea las carreteras abandonadas, vea las banquetas inservibles, las obras inconclusas, los desordenes en el transporte, la venta de plazas, la venta de concesiones, la venta de medicamentos gratuitos, las compra a precios inflados… eso es lo que usted defiende… que escasa probidad tiene usted, que escasa vergüenza tiene usted, si es que aun tiene algo.”

Luego de todo eso, asegura que el cese de esos miles de funcionarios es indispensable para “el cambio de rumbo con nuevos rostros y nuevas actitudes”, y para desterrar a los aviadores y corruptos. Y por si eso fuera poco, termina exigiendo al diputado en cuestión que mejor investigue gastos como el del techado del Auditorio Guelaguetza, o la procedencia de los recursos con los que la familia del ex gobernador Ruiz Ortiz construyó un lujoso hospital privado en la ciudad de México.

Ese correo que, como varios otros, circula ampliamente en Internet, es una muestra clara de rencor y manipulación que, además, confunde a los verdaderos responsables de todos los señalamientos que se hacen y, por si fuera poco, les permite quedar en la impunidad para que otros, inocentes, paguen por sus culpas.

UBICAR AL ADVERSARIO

No son errados muchos de los señalamientos que se hacen al anterior gobierno. No se equivocan, ni difaman, cuando aseguran que la anterior administración estuvo marcada por una adictiva tendencia hacia la corrupción, la opacidad y la manipulación. Sin embargo, habría que ver hasta dónde eso fue responsabilidad de los empleados de confianza (que constituyen, junto con los empleados de base, los de menor nivel jerárquico en la administración pública); hasta dónde deben de ser llamados a cuentas tanto los titulares y funcionarios de responsabilidad en las entidades estatales, y hasta qué punto les deben ser cobradas las cuentas a sus subordinados.

Suponer que los trabajadores de confianza fueron los responsables del saqueo, la corrupción y los errores que cometió la anterior administración, es tanto como negar la potestad de mando de los titulares de las dependencias estatales. Fueron los Secretarios y Directores de las entidades públicas locales, quienes encabezaron los trabajos que —bien o mal— se realizaron en la anterior gestión; fueron quienes manejaron los recursos económicos; y fueron quienes finalmente dispusieron todo lo que luego resultó en éxitos y fracasos para el gobierno estatal.

Lo más grave de todo esto, es que están pagando, o pretenden que paguen, justos por pecadores. Suponiendo que despidieran a todos los empleados de confianza, ¿sólo con eso la administración pública cambiaría y, lo que es aún más incierto, mejoraría? ¿Ya no sería entonces necesario llamar a cuentas a todos esos ex funcionarios sobre quienes pesan acusaciones de corrupción, ineptitud y enriquecimiento inexplicable? ¿Con eso quedarían saldadas las fortunas ofensivas que se amasaron en un sexenio? ¿Despedir a varios miles de trabajadores equivaldría a castigar a quienes sí despilfarraron los recursos y llevaron la gestión pública a su estado actual?

A los empleados de menor jerarquía deben exigirles, a partir de ahora, honestidad probada, compromiso y trabajo constante; a los ex titulares de las dependencias en las que existen dudas sobre el manejo de los recursos, se les debe llamar a cuentas. Debe ser a éstos, y no a aquellos, a quienes se debe revisar. Creer que todo el peso de la venganza y el rencor deben caer sobre los empleados, es tanto como permitir que los verdaderos responsables se desentiendan y sigan gozando de impunidad.

CONFLICTO, ¿POR QUÉ?

Hay quienes aseguran, respecto al enfrentamiento ocurrido el pasado lunes en el Centro Histórico entre priistas de Nopala y la Policía Estatal, que fue una forma en que el PRI quiso presionar al gobierno estatal, para evitar que haga públicas investigaciones sobre corrupción que involucrarían a ex funcionarios. Dicen incluso que casos como el de Ciudad Administrativa, están a punto de reventar. Es lo que se dice.