+ Nadie tiene capacidad (ni ganas) para “unificar”

Pocos han reparado en que la verdadera guerra interna del priismo oaxaqueño, no se encuentra entre los institucionales y los disidentes —es decir, entre aliados y detractores del dirigente estatal, Eviel Pérez Magaña—, sino fundamentalmente entre quienes se asumen como sus adeptos. En efecto, conforme pasa el tiempo va quedando más claro que ese es su frente más riesgoso. Y que todo se complica, porque no existe una sola figura —local o nacional— con la voluntad, el mandato y el peso político suficiente para lograr un proceso de relativa unificación.

Aunque hoy los grupos afines y adversos a Eviel Pérez Magaña comienzan a actuar con cierta claridad, es evidente que su lucha se va desdibujando con el simple correr del tiempo, pues esto significa la convalidación de la dirigencia estatal que él encabeza, y por ende la supuesta definición de las candidaturas a diputados federales y senadores. Al no poder derrocar a Pérez Magaña, todos los grupos disidentes quedarán condenados a no conseguir su objetivo final (las candidaturas), y ver cómo pasa el “más de lo mismo” en las definiciones, que desde hace meses reclaman.

Sin embargo, habría que poner en una perspectiva muy amplia y relativa, la posibilidad de que en realidad Eviel Pérez Magaña pueda definir alguna candidatura en el PRI. Queda claro que ante la ausencia de Jefe Político y de liderazgos de peso en el priismo oaxaqueño, las decisiones más trascendentales respecto a las candidaturas, y al mismo destino de la dirigencia estatal, serán tomadas en un momento específico (bajo la lógica del más puro pragmatismo, o las conveniencias de ese solo momento) y desde el Comité Ejecutivo Nacional, en la Ciudad de México.

En ese sentido, también queda claro que la lógica que seguirá el Comité Nacional priista, y el equipo del Candidato Presidencial, será muy distinta a la de los priistas oaxaqueños: ellos no estarán pensando en democracia, en reglas fácticas de antaño, en grupos políticos testimoniales, o en “equilibrios” entre aspirantes: ellos, únicamente tomarán en cuenta razones de competitividad, y algunos pactos verdaderamente copulares, y bajo esas condiciones asignarán candidaturas a quienes puedan ganar las curules, y a quienes sean parte de los compromisos de ellos (no de la dirigencia estatal de Oaxaca, que seguramente no tendrá voz, y mucho menos voto).

Parece claro que los priistas oaxaqueños no logran entender eso. Propios y extraños, “institucionales” y disidentes, han hecho todo para tratar de desestabilizar la dirigencia de Eviel Pérez, pensando que con ello pueden posicionarse frente al otrora Jefe Político (el ex gobernador Ulises Ruiz), o presionar para ser tomados en cuenta. Del mismo modo, los lisonjeros de siempre han hecho lo contrario para “agradar” a quienes consideran que pueden ayudarlos a obtener una candidatura.

Nadie comprende que si hay quien siga peleando y pujando por la dirigencia estatal del priismo oaxaqueño, únicamente lo hace para arrebatar el cargo y, en todo caso, sentirse “importante” por “encabezar los destinos” de su partido en la entidad, pero no para influir en la toma de decisiones respecto a la candidatura. Y no es porque no quieran, sino porque ninguno de los jefes reales del priismo nacional le va a permitir, a nadie en Oaxaca, que tome una decisión que sólo les tocará a ellos.

GUERRA INTESTINA

Qué duro debe ser para el ex gobernador Ulises Ruiz, no poder controlar a su grupo. Ellos son, sus antiguos colaboradores —hoy diputados locales y federales, el Senador de la República, funcionarios del Comité Estatal del tricolor, etcétera— quienes de verdad están empedrando la existencia a su Ex Candidato a Gobernador, y pretendido “heredero” del poder político del priismo en Oaxaca.

En efecto, hoy ni el llamado “frente renovador” ni los respectivos grupos del diputado federal Jorge Franco Vargas, ni el de Germán Espinosa Santibáñez, o cualquier otro, hace tanto daño a la “unidad” del priismo… como los mismos priistas que siempre claman por preservarla. Veamos si no.

Aunque no son enemigos abiertos, hoy Eviel Pérez Magaña está enfrentado con prácticamente todos los diputados federales. Todos, cada uno por su lado, aunque supuestamente aún leales al ex gobernador Ruiz, ambicionan con llegar a la candidatura al Senado; por otro lado, el senador Adolfo Toledo puja, desgastando silenciosamente a su dirigencia estatal, para afianzarse en una diputación federal. Varios diputados locales piensan en las candidaturas a escaños federales. Y más de uno no deja de pensar en que puede llegar a ser Senador.

Cabe resaltar que de todos ellos, ninguno pertenece ni a la corriente de Franco, ni a la de Espinosa o a la de los “renovadores”; y que la gran mayoría nunca se ha pronunciado públicamente en contra de su Líder Estatal, o de las decisiones que se toman para seguir reciclando a los mismos personajes de siempre en las carteras partidistas, o en las candidaturas del próximo año. No dicen nada, pero hacen labor continua de desgaste. Y eso es tanto o más riesgoso que las batallas abiertas.

El problema que tienen todos es que, del mismo modo, no tienen con quién negociar. En Oaxaca todas las esferas fueron rebasadas. Al ex gobernador Ruiz, el CEN priista le respeta la dirigencia estatal, a cambio de que no pida más. Humberto Moreira tampoco parece muy preocupado en poner orden o fin a esta disputa. Y todos coinciden, en el fondo, en que éste no es el momento ni la circunstancia específica en la que tendrán que tomar sus decisiones. Lo harán cuando tengan que hacerlo. Y, sin duda, lo harán de acuerdo a sus propias necesidades y sin preguntar a nadie.

Por eso, lo único que han logrado los priistas es dejar en claro que ante la falta de su Jefe Político y de esa especie de “orden coactivo” que éste imponía, ellos pueden llegar a cometer, a cambio de nada, todo tipo de actos de canibalismo y violencia intrapartidista. Con esas actitudes sólo se exhiben. Porque de ganar-ganar de a de veras, no verán mucho. O nada.

REBANADAS DE AIRE

Empleados de confianza del gobierno estatal, hacen llamados desesperados para que ya les paguen los nueve meses de salario que les adeudan. Sólo en la Secretaría de Economía y Turismo, son más de 20 trabajadores en esa situación. ¿Sabrán de esto el gobernador Gabino Cué y el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga? Ojalá demostraran sensibilidad pagando a esas personas, que no piden limosna sino la justa retribución a su trabajo.

+ Presidente y Congreso: peleados… no sirven

No se concibe que en una democracia que se dice “madura”, como la nuestra, el Presidente no tenga capacidad de negociar ni de ser respetado por quienes integran el Congreso de la Unión, ni mucho menos que a éstos tampoco les interese escuchar y hacer posicionamientos claros respecto a lo que diga el Jefe del Poder Ejecutivo Federal.

Ante expresiones de esa naturaleza por parte de quienes son depositarios de los poderes del Estado, queda claro que algo anda mal (muy mal, podríamos decir) en nuestra democracia. El problema es que nadie tiene el ánimo de diagnosticar seriamente qué es eso que está mal, y sobre todo, nadie con poder tiene ganas de resolverlo.

El formato del informe presidencial fue modificado hace cuatro años, como parte de una serie de acuerdos políticos que pretendieron ser un primer intento de reforma política. Aunque inicialmente se hicieron pronunciamientos respecto a la modificación de aspectos sustanciales de la Constitución, en realidad el Presidente concedió, a través de su partido, la modificación a instituciones como el Instituto Federal Electoral, a cambio de que se le dieran más libertades en su actuación y en su relación con los poderes federales.

Se determinó a su favor, por ejemplo, que el formato del informe presidencial cambiaría para quedar en la simple presentación ante la Cámara de Diputados de un informe anual de gobierno aunque sólo por escrito, y a través de un emisario.

También se estipuló —por si ya nadie lo recuerda— que el Presidente ya no tenía que pedir permiso al Congreso para abandonar territorio nacional, sino únicamente cuando la ausencia rebasara determinado tiempo. El caso es que cuestiones como esas pretendieron “agilizar” el trabajo presidencial. Aunque en realidad fueron síntomas de que nadie tenía ánimos de una interacción sana y democrática entre poderes federales, ni siquiera por el asunto más mínimo.

Se supone que el formato de informe presidencial que incluía la presencia del Presidente de la República, y la emisión de un mensaje a la nación, en la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año corriente, tenía por objeto que éste informara del estado que guardaba la nación hasta el momento, y que también tuviera la oportunidad de escuchar el posicionamiento de los representantes del pueblo mexicano. Era, además, y aunque parezca extraño, una forma de convalidación de que la división de poderes, no significaría la disputa entre poderes.

Esta práctica, sin embargo, fue viciada por el presidencialismo priista, hasta convertirla en el llamado “Día del Presidente”. Durante las décadas de gobierno del partido hegemónico, el 1 de septiembre se convirtió en la fecha en el que el Mandatario afianzaba su calidad de Jefe Político de la nación, y era adulado y vituperado por todas las fuerzas políticas.

Sin embargo, el fin de reinado priista, la llegada abrupta de la democracia y la inmadurez de las fuerzas políticas para asumir el nuevo rol que les tocaba jugar, provocaron no sólo la extinción del Día del Presidente, sino también la ruptura de las relaciones institucionales entre poderes. En 2006, Vicente Fox —en buena medida por sus propios errores— fue incapaz de al menos ingresar al recinto legislativo para leer su informe de gobierno. Y el año siguiente, el presidente Calderón fue objeto de todo tipo de abucheos. Como si el interpelar ahí al Presidente resolviera, por sí solos, los grandes problemas nacionales.

PODERES PELEADOS

En adelante, el Presidente de la República no volvió a ir, para nada, al Congreso Federal. Éste se ha manifestado en todo tipo de ocasiones como un poder autónomo e independiente que no acepta la injerencia presidencial. Y aunque esa postura es válida y hasta plausible, lo cierto es que ello no debería ser el punto de partida de una trifulca en la que unos y otros no pueden hablar, y tampoco tienen interés en hacerlo.

En España, por ejemplo, el Presidente del Gobierno no sólo sí acude al Parlamento, sino que también debate directamente con los representantes populares que lo cuestionan e interpelan.

Ahí existe esa capacidad porque el hecho de polemizar no significa pelear ni mucho menos que eso termine en una disputa que pudiese llegar hasta otras instancias. Se supone que el diálogo y el disenso debían ser partes naturales de toda democracia, como también lo debería ser que esos disensos y esas polémicas fueran abiertas, fueran hechas en un marco de tolerancia, y que fueran hechas a favor del país desde todos los frentes. El problema es que en México no parece haber voluntad común de los hombres y las mujeres del poder, para cumplir con esas exigencias democráticas.

Dialogar no significa pelear, como tampoco debe significar necesariamente que por reunirse y compartir puntos de vista se deban hacer compromisos oscuros ni componendas secretas. Ese “sospechosismo” permanente, es lo que, en buena medida, en México impide que los representantes federales puedan tener diálogos abiertos, fluidos y de cara a la sociedad. Nunca se reúnen, y cuando lo hacen es sólo o para pelear, o para transar ciertos beneficios comunes.

Pero queda claro que eso no debiera ocurrir en un país como el nuestro, en donde hay tantos problemas y tantas necesidades urgentes e importantes por satisfacer. El hecho de que los poderes tengan relaciones deterioradas o nulas, habla de la poca madurez y capacidad que tienen nuestros actores y fuerzas políticas para construir esos acuerdos y esas estrategias que finalmente no le servirán a sus respectivos partidos, sino que nos servirán a todos.

En la medida que no entendamos eso, veremos cómo nuestra democracia se continúa desgastando, y cómo nuestro país se sigue sumiendo en el atraso, en las manos de los criminales organizados, y en la falta de competitividad que hoy de nuevo nos tiene en la tablita frente a la nueva incertidumbre y nerviosismo de los mercados internacionales. Si no acordamos no habrá nada. Aguas.

VOLVER AL PRIMITIVISMO

Una de las primeras garantías que se estableció en los marcos jurídicos contemporáneos, fue la de la libre expresión. Hoy, la constante agresión que sufren los trabajadores de la información (aunque al molestar a uno, nos molestan a todos), es un reflejo clarísimo del nivel de respeto a los derechos humanos, y del nivel real de compromiso que existe por parte del Estado para cumplir con las aspiraciones comunes de la Constitución. Qué lamentable.

+ Asuntos políticos: urgente, delimitar el término

Cuando Jesús Martínez tomó posesión como secretario General de Gobierno de la administración estatal, anunció una reestructuración de la dependencia, para crear sendas subsecretarías regionales que se dedicaran a atender directamente los asuntos relacionados con la política interna del estado. Esto, de inmediato despertó la duda entre quienes deberán ser partícipes de la decisión. ¿Es necesario crear más burocracia? ¿O es que estamos ante un nuevo caso de duplicidad de funciones y funcionarios?

Martínez dejó clara su intención, desde el momento mismo de su toma de posesión como secretario de Gobierno. En su primer discurso como funcionario estatal, dijo al respecto que “para lograr una respuesta ágil del gobierno a las demandas de la población, pero sobre todo para atender eficaz y oportunamente los problemas y conflictos más severos de la entidad, es preciso modernizar y descentralizar la estructura actual de esta secretaría de gobierno para acercarlo a la sociedad.

“Es por ello que propondré la creación de ocho subsecretarías regionales de gobierno, una por cada región del estado. Estas subsecretarías contarán con los recursos necesarios para su operación y tendrán todas las facultades y capacidad resolutiva para atender las demandas y conflictos en el lugar donde se presenten, a efecto de que los ciudadanos y grupos demandantes no tengan que trasladarse hasta la capital del Estado…”

E incluso, anticipándose a quienes lo señalarían por estar generando un incremento de burocracia, plazas, salarios y gastos operativos, aseguró que “esta regionalización no implica mayores erogaciones presupuestales. Se realizará por medio de la compactación de plazas y de la desconcentración de personal hacia las regiones definidas. La idea es acercar el gobierno a las diferentes comunidades del Estado para hacer más expedita y eficiente la respuesta a las demandas más urgentes de la población…”

De primera impresión, parecería que la intención actual de la Segego no sólo es necesaria, sino también práctica: hasta hoy, queda claro que en la realidad no existen operadores gubernamentales legitimados, y con las capacidades y la voluntad suficientes, para atender problemas sociales con prontitud y eficacia, y evitar así que éstos se atiendan hasta que las protestas llegan a la capital oaxaqueña, o hasta cuando ocurren confrontaciones que terminan en violencia, heridos o muertos.

No obstante, junto a ello debemos preguntarnos: ¿Qué no es esa una de las razones por las que fueron creadas las delegaciones de gobierno, ahora denominadas Módulos de Desarrollo Sustentable? ¿Qué no era parte de su naturaleza no sólo la atención, sino también la detección y el “monitoreo” de los conflictos, así como el suministro de la información sensible al gobierno estatal, de los sucesos relevantes que ocurren en las comunidades pertenecientes a su respectiva jurisdicción?

Queda claro que lo que ha ocurrido en el gobierno estatal, hasta ahora, no es el viraje de las funciones o la naturaleza de las antiguas delegaciones de gobierno, ahora Módulos de Desarrollo Sustentable, sino más bien la pérdida del enfoque sobre la necesidad de dar atención integral a los asuntos sociales y políticos de la entidad.

¿ASUNTOS POLÍTICOS?

Ahora bien, lo primero que debería quedar claro es qué se entiende por “asuntos políticos”, y sobre todo, qué se entiende respecto a la posibilidad de darles facultades a los nuevos subsecretarios de la Segego, o a los funcionarios de los Módulos de Desarrollo, para resolverlos. A partir de esto podremos entender si es necesario reorientar el organigrama de la Segego; si lo que ocurrirá será duplicidad de funciones y estructuras gubernamentales. O si en realidad todo se puede resolver nombrando a gente capaz y responsable en una instancia u otra. Pero vayamos por partes.

En su sentido literal, se entiende por “asuntos políticos” todos aquellos que tienen ver con la vida y el interés general de una comunidad. En una segunda posibilidad, complementaria de la primera, se entiende también por “asuntos políticos” todos los que se encuentran relacionados con las definiciones relacionadas con el gobierno, las elecciones, la democracia y, en general, el interés general de quienes tienen la calidad de ciudadanos de la República. Una más, mucho más laxa, es la que interpreta a los “asuntos políticos”, como las cosas que por alguna razón debe atender el gobierno, en aras de mantener la paz y la estabilidad social.

Tal parece que las funciones de la Segego, relacionadas con el manejo de la política interna del Estado tienen, en efecto, bastante que ver con asuntos políticos. Sobre todo, en cuanto a la atención de conflictos, la búsqueda de concertación y la operación para sostener el Estado de Derecho. Formalmente, ni la Segego, ni ninguna otra instancia del Poder Ejecutivo, tiene capacidad para influir en las definiciones electorales o democráticas de una comunidad. Eso le corresponde, en todo caso, al Congreso del Estado supletoriamente al sistema electoral establecido.

Ahora bien, qué se espera de las nuevas subsecretarías de la Segego, y qué es lo que no han hecho los Módulos de Desarrollo Sustentable. Idealmente, las primeras debían abocarse a la atención de esos asuntos relacionados con la política interna del Estado. Pero debiera esperarse, que independientemente de que existieran o no esas delegaciones regionales de la Segego, esencialmente los Módulos de Desarrollo sirvieran como instancias facilitadoras en la construcción de acuerdos y distensión de conflictos en las comunidades.

Lamentablemente ese enfoque es el que se perdió. En los Módulos nadie asume esa parte de responsabilidad que naturalmente debía corresponderles. Sin crear una sola plaza o gasto nuevo, los Módulos debían pasar a la potestad de la Segego, para así atender de mejor modo los asuntos políticos, sin seguir inflando a la burocracia. ¿Querrán sacrificar al amigo (Benjamín Robles) en aras de la funcionalidad?

REGAÑADO…

Dicen que luego de su última gira por los Estados Unidos, a quien le jalaron fuerte las orejas fue al secretario de Turismo, José Zorrilla. ¿La razón? Que prefirió quedarse en Oaxaca a atender sus negocios (cosa común en él), a acompañar al Gobernador a entrevistarse con empresarios e inversionistas americanos. ¿Se habrá quedado cosiendo los uniformes, que luego vende a precio de oro al mismo gobierno para el que trabaja?

Sólo han (medio) atendido temas urgentes

A los diputados integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, debiera preocuparles, y en serio, su inactividad, su proclividad a secundar las decisiones oficiales, y su falta de resultados tangibles a favor de la democracia y el buen gobierno en Oaxaca. A pesar de que en este año se hicieron reformas importantes a la Constitución, esto en ningún sentido significa —o debe hacerse creer, deliberadamente— que por sí solas las modificaciones legales sean suficientes para cambiar la delirante situación en la que se encuentra el gobierno y la sociedad oaxaqueña.

En efecto, cuando están a punto de cumplir su primer año de ejercicio legislativo, los diputados estatales bien pueden decir que cumplieron el “papel histórico” que les tocó desempeñar, únicamente por la reforma constitucional que aprobaron en abril pasado.

No obstante, más allá de cualquier posición políticamente correcta, o de los intentos de justificación y exaltación por parte de sus panegiristas de siempre, lo cierto es que ésta Legislatura llega a su primer corte de caja en medio de una lista interminable de faltantes, omisiones y decisiones lamentables, que ponen en duda no sólo su capacidad de interlocución o de diálogo civilizado, sino incluso la independencia que debieran tener del poder gubernamental y de la clase gobernante.

Contrario a lo que pudiera creerse, la cirugía mayor que le realizaron a la Constitución Política del Estado no significa el “gran logro” que seguramente pretende vender el Congreso local. No es así, porque hasta hoy ninguno de sus grandes postulados se ha cumplido, y dicha reforma ni siquiera ha sido defendida o legitimada por sus impulsores. Parece contradictorio, pero tanto el Gobierno del Estado como el Congreso local se han reído a carcajadas del cambio constitucional que ellos mismos decretaron. Veamos si no.

La modificación constitucional llevada a cabo en abril pasado, se supone que reorientó los equilibrios entre poderes. Acotó al Ejecutivo, dispuso la modificación de la organización interna del Poder Judicial; amplió los márgenes del Legislativo en el control de los demás poderes, y —se supone— transformó los órganos autónomos, como garantes alternos de nuestra democracia.

Sin embargo, hasta hoy todo eso parece haber quedado en simples acciones declarativas de buenas intenciones. Ninguna de las acciones hasta ahora emprendidas —además de las omisiones— ha cumplido con las expectativas verdaderamente democráticas con las que fueron concebidas.

Hoy es el día en que, por ejemplo, no se ha legislado nada respecto a los órganos e instancias del Poder Judicial que se crearon y transformaron; la renovación de los órganos autónomos hasta ahora ha sido un verdadero desastre. Y nada se sabe respecto a las normas secundarias que hacen falta para materializar los principios (los mecanismos de democracia directa, por citar un caso) ya plasmados en la Constitución estatal, pero que siguen durmiendo el sueño de los justos.

Hoy los diputados no pueden decir que sólo con eso su tarea está cumplida. Si bien es cierto que la labor primordial que les encomendó la voluntad popular tiene que ver con la creación de leyes, también es cierto que las circunstancias actuales le imponen también la necesidad de su participación en la conformación de los órganos del Estado, y en el control al Poder Ejecutivo. Y en eso, sin duda, los diputados tendrán una amplia calificación reprobatoria.

SÓLO VAN POR LO URGENTE

Es lamentable que, hasta ahora, los diputados —y el mismo Gobierno del Estado— sólo tengan capacidad para resolver (y eso no significa que de la forma correcta) los asuntos urgentes del Estado. No logran identificar que más allá de lo urgente, se encuentra lo importante. Y que en todos esos asuntos debieran también estar poniendo atención para evitar cuestionamientos y conflictos en el corto y mediano plazo.

Todos manifiestan beneplácito, por ejemplo, porque el Congreso ha logrado ponerse de acuerdo. Sin embargo, esa alegría no debía traducirse en nada más, porque eso justamente (tener la capacidad para ponerse de acuerdo) es lo mínimo que deberían poder hacer, para verdaderamente resolver los problemas de la entidad.

Incluso, cada diputado, o la Cámara en su conjunto, atiborran sus respectivos informes de labores con interminables cifras sobre reuniones, foros, consultas, puntos de acuerdo propuestos, iniciativas presentadas e intervenciones en tribuna, pero nunca pueden decir con verdadera claridad, qué resultado se obtiene de todo eso en beneficio de la mayoría de la población.

Por eso, más allá del blof y de las posiciones que halagan el “reformismo” de la actual legislatura —como si con el solo hecho de cambiar una ley, se modificara inmediatamente todo el contexto y la realidad—, lo que debiera verse, y evaluarse, es qué resultado tangible y medible tiene hoy el trabajo legislativo. Una reforma cosmética, enunciativa y declarativa, que es ignorada y desestimada hasta por quienes la llevaron a cabo, sirve lo mismo que nada para una entidad en la que lo único que tiene capacidad de cambiar es la norma, pero no las formas políticas que determinan su cumplimiento.

Así, hablando en plata, ¿qué avance para la democracia significa la atropellada y cuestionada renovación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana?; del mismo modo, ¿qué beneficio real tuvo la también polémica y poco clara —y ampliamente influenciada desde el Gobierno del Estado— designación del nuevo Auditor Superior del Estado?

Del mismo modo, ¿dónde están aquellos grandes cambios que prometieron al marco legal para democratizar al poder? Éste último, sigue ejerciéndose en un marco de autoritarismo, no sólo por la voluntad del Gobernante, sino también por la sumisión de los diputados, que deberían servir como contrapeso, y no convalidadores oficiosos, de los caprichos o conveniencias del Titular del Poder Ejecutivo.

TODO SIGUE IGUAL

Al final, la actuación y el papel “histórico” que tanto se endilgaron ellos mismos, se reduce a nada cuando todo se intenta revisar a la luz de datos objetivos. Por eso, ojalá que a los diputados les sirva de algo el reconocimiento que están haciendo sobre sus insuficiencias. Ojalá que el tiempo que les resta no siga siendo sinónimo de simulación, de sumisión y de incapacidad de por lo menos explicar cuál es el fondo de las decisiones que toman.

¿Qué dirá hoy la justicia local sobre el amparo?

Luego de poco más de dos meses, ayer un juez federal concedió el amparo y protección de la justicia federal al ex titular de la Coordinación de Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón. Con esa resolución, queda constatado el ánimo de persecución política tanto de la instancia de procuración de justicia, como del Poder Judicial del Estado, que desde el inicio eran evidentes pero que, ignominiosamente, decidieron llevar hasta las últimas consecuencias.

En efecto, desde mediados del mes de junio pasado, cuando Ruiz Cerón fue aprehendido y encarcelado, las instancias estatales encargadas del asunto establecieron que la detención ocurría en base a acusaciones relacionadas con el otorgamiento irregular de más de nueve mil concesiones, y así como con la no entrega a las arcas estatales, de los recursos económicos que los particulares habían pagado a Cotran por la emisión de esos documentos.

Sin embargo, pronto se supo que tales señalamientos, vertidos de boca del procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, no eran tales. Más bien, a Ruiz Cerón se le había aprehendido en base a una denuncia penal que se había formulado desde la misma Cotran (en base a los señalamientos de dos de los funcionarios actuales), y teniendo como soporte copias simples de un expediente penal en el que los integrantes de un sitio de taxis de Santa María El Tule, se acusaban por la presunta ostentación de concesiones irregulares en sus automóviles de servicio público.

A Ruiz Cerón se le acusó directamente, de haber sido quien emitió esas concesiones irregulares. Y aunque fue aprehendido, encarcelado y declarado formalmente preso —actos en los que participaron la Procuraduría estatal y el Poder Judicial del Estado, conjuntamente—, siempre se supo que tales documentos fueron emitidos legalmente, en base a un decreto a través del cual la administración del gobernador Ulises Ruiz ordenó el inicio de un proceso de regularización de las concesiones irregulares que cumplieran con los requisitos que exigía la ley.

Y sobre todo, también siempre se supo —y también lo sabía la Procuraduría, que integró la Averiguación Previa, y el Poder Judicial del Estado que emitió la orden de aprehensión— que, particularmente, los taxistas de El Tule fueron algunos de los cientos de beneficiados por ese programa de regularización de documentos.

Sabían también que, además, tales concesiones fueron emitidas a partir de una resolución firme del Tribunal Contencioso Administrativo; e incluso tenían perfectamente claras cuestiones procesales tan simples como la relativa a que, en un expediente judicial, las copias simples no pueden obrar como medio de prueba, y que por su debilidad jurídica, ni siquiera pueden ser tomadas como indicio para sostener una acusación penal, que mantenga a un individuo privado de su libertad.

En relación a todo eso, en nuestra entrega del pasado 20 de junio advertimos lo siguiente: “Frente a cuestiones de este tipo, queda la duda sobre la capacidad habida en la Procuraduría General de Justicia para integrar las averiguaciones previas, y para probar los delitos que imputa a particulares.

Del mismo modo, este tipo de cuestiones despiertan la sospecha sobre el uso parcial de las actuaciones del Poder Judicial del Estado. En el peor de los casos, el Ministerio Público puede equivocarse o actuar facciosamente, ¿pero qué pasa cuando esos supuestos yerros o excesos, son convalidados por un juez que emite una orden de aprehensión sin tener a la vista verdaderos elementos de certeza, como para decir que sí se cumplen con los requisitos que exige la ley, y mandar a que se aprehenda a un individuo?”

La respuesta está a la vista: lo que se comete es una injusticia. Y lo que se demuestra es que, aún en los tiempos de las supuestas nuevas formas de hacer gobierno, los intentos de venganza y persecución política, utilizando como moneda de cambio la libertad y las garantías fundamentales de las personas, siguen estando a la orden del día.

¿USTED DISCULPE?

Hoy, ¿el “gobierno de todos” cómo podrá explicar el “palo” —como se dice coloquialmente en el argot de los litigantes— que les acaba de asestar el Poder Judicial de la Federación, amparando a Ruiz Cerón? ¿Recurrirán al amargo e injusto recurso del “usted disculpe”? ¿O seguirán acumulándole acusaciones penales altamente “chicaneadas” para ver si en cualquier momento éste se cansa de defenderse, y decide aceptar un posible pacto político que hubiese a cambio de su libertad?

Más bien, lo que queda en todo esto es la convalidación de que la falta de respeto a las libertades individuales sigue prevaleciendo. Que aunque los regímenes cambian, las prácticas continúan siendo las mismas. Y que, aún cuando los funcionarios actuales pueden “defenderse” asegurando que los priistas en su tiempo eso fue exactamente lo que hicieron para perseguirlos, lo cierto es que la ciudadanía votó por la alternancia justo para que ese tipo de prácticas no volvieran a ocurrir.

Es cierto. El camino legal que le espera a Gonzalo Ruiz Cerón aún es largo. Sin embargo, más allá de cualquier filia o fobia partidista o respecto a los regímenes de gobierno —porque Ruiz Cerón no fue ninguna perita en dulce—, lo que queda claro es que es, y será siempre inadmisible, que las disputas o venganzas políticas se intenten satisfacer a partir del uso indebido de las leyes y los órganos encargados de impartir justicia, y que éstas tengan como moneda de cambio los derechos fundamentales de cualquier persona.

Si el gobierno actual está tan seguro de los quebrantos y la corrupción del anterior régimen, tiene toda la oportunidad de formular correctamente las acusaciones respectivas, y procurar una justicia real, oportuna, y verdaderamente apegada a derecho. Lo único que esto demuestra es que como no tienen la capacidad —o los elementos— para ir en contra de sus adversarios políticos, lo que hacen es recurrir a las prácticas indebidas que sólo ponen en evidencia que ellos son también parte de esa vocación autoritaria y antidemocrática que prometieron combatir.

AGUAS CON EL FUTURO

Todo esto, sin duda, equivale a sembrar tormentas. Y quienes lo hacen, sin duda, cosecharán tempestades. Ojalá no olviden, como ahora mismo lo estará recordando Ruiz Cerón en prisión, que siempre los carniceros de hoy, serán las reses de mañana. Son los mismos. Los de ayer y los de hoy. Lo único que se invierten son las posiciones. Aguas.

Si hay retención, urge recurrir a vías legales

En los últimos meses, han ocurrido diversos pronunciamientos en relación a las presuntas retenciones de recursos que hace el Gobierno del Estado, de los fondos que el gobierno federal envía a los Ayuntamientos en Oaxaca. Del mismo modo, desde hace algunas semanas surgieron diversas “ofertas” de políticos en campaña, que invitan a los municipios participar en la construcción de un Presupuesto federal que los beneficie directamente. Frente a todo esto, existe un amplísimo margen de que las ofertas y las “gestiones” para obtener más recursos, no sean tan efectivas como parecen.

Para comprender el asunto a cabalidad, es necesario ir por partes. Desde hace meses, autoridades de diversos municipios de Oaxaca se han quejado fundamentalmente por dos razones: en la primera de ellas, porque ahora, a diferencia del pasado, sí tiene mucho que ver la filiación partidista de los integrantes del Cabildo, para la entrega de los recursos. Ésta se ha ido haciendo más selectiva, aunque en diversos casos la demora infinita en la entrega de los recursos también ha afectado a autoridades emanadas de los partidos integrantes de la coalición gobernante.

Éstas autoridades, aglutinadas de diversos modos, han tratado de utilizar las vías políticas para hacer valer el derecho que les corresponde. Siguiendo la lógica natural del poder, han buscado a los adversarios naturales del gobierno en turno, y hallaron eco entre los diputados federales del PRI, quienes desde algún tiempo abanderan esa causa. ¿Qué han hecho al respecto? Mucho, aunque con muy poca efectividad.

La razón es simple: los diputados tienen una influencia determinante en la confección del presupuesto de egresos, aunque por una razón por demás lógica de la división de poderes, éstos ya no tienen oportunidad de participar en la entrega o ejecución de esos recursos. La primera de las tareas le corresponde al gobierno federal, y la segunda a las instancias estatales o municipales que reciben los fondos y deben aplicarlo en las cuestiones para los que fueron autorizados.

¿Qué pasa si ese tránsito presupuestal se atora? En primera instancia, parece clara la necesidad de valerse de todas las vías institucionales para tratar de destrabar el problema. Eso es lo que las autoridades han hecho con los diputados: que las gestiones de éstos últimos —o sus pronunciamientos, o sus puntos de acuerdo, o sus llamados de atención al gobierno federal— sirvan para poner en evidencia la demora excesiva en las transferencias, y la presión y la denuncia legislativa, funja como acicate para eliminar tales cuestiones.

Hasta ahora, los diputados han hecho con decoro esa labor. Sin embargo, y a la luz de los hechos, el problema está aún lejos de terminar, y está quedando claro que la vía política es insuficiente. Ante la falta de soluciones prontas, y ante la persistencia de los problemas, es necesario que sean las propias autoridades municipales, acompañadas de todos los aliados políticos que deseen, utilizar ahora la vía jurisdiccional para lograr tales fines.

Deben explorarse esas vías, pues no hacerlo equivale a dejar todo a la voluntad política de quien debe entregar los recursos, y a la posible fuerza que tienen quienes desde alguna tribuna política o legislativa replican esa exigencia. Y queda claro que los tiempos actuales no están como para decidir el futuro de una comunidad echando una moneda al aire.

¿NUEVO PRESUPUESTO?

La vía alterna que todos han hallado es, según ellos, construir un presupuesto con un enfoque distinto, que permita a los Ayuntamientos tener mayores recursos sin que éstos últimos tengan que pasar por las manos del gobierno estatal. Todo eso suena muy bien, pero ¿de verdad es posible hacerlo?

En primer término, la planeación de los recursos no puede, ni debe hacerse, sin ton ni son. Es decir, no se le pueden llenar las alforjas de dinero a los ayuntamientos, para que luego éstos vean en qué se lo gastan. Así, lo mismo pueden aplicar sus recursos responsablemente, que robarlos, malversarlos, o simplemente destinarlos para generar una nómina abultada de trabajadores o salarios. Por eso, lo viable es que al incremento de recursos, venga indisolublemente aparejada la comprobación de la necesidad de la inversión, y de la forma en cómo ésta se llevará a cabo.

Pero además, existe otra limitación que los diputados federales —que hoy prometen tanto a los municipios— no ven, o no quieren ver: cada año, la mayoría de las Secretarías del gobierno federal ofrecen alrededor de 80 programas distintos, a los cuales pueden acceder los municipios para obtener recursos para su desarrollo, cumpliendo ciertos requisitos y reglas de operación.

Proporcionalmente, son pocos los municipios oaxaqueños que realmente tienen capacidad y la visión para acceder a esos fondos. La gran mayoría de los ediles no están dispuestos a pagar asesorías especializadas, ni a iniciar procesos de profesionalización, e incluso ni siquiera invertir una cantidad mínima de dinero en la confección de proyectos y expedientes técnicos, con los cuales pueda comprobar al gobierno federal la necesidad de recursos extraordinarios, y éste le permita el acceso a sus fondos para el desarrollo municipal.

Frente a todo esto, la pregunta debía ser: ¿Qué plan tienen los diputados federales de Oaxaca para beneficiar a los municipios del modo que hoy prometen? ¿Dispondrán la entrega de recursos a los municipios través de auténticos “cheques en blanco”? ¿Dispondrán la eliminación de las reglas de operación? ¿O tendrán la visión para verdaderamente proporcionar asistencia técnica a los municipios para que éstos accedan a recursos federales, y no para transarlos y/o hacer negocios a costillas de la sangría de sus ya de por sí nimios presupuestos?

COMPROMISO FICTICIO

Son indispensables manifestaciones expresas de compromiso social con los municipios. Diputados, delegados federales, funcionarios estatales y demás, deben dejar de ver los presupuestos municipales como la “caja chica” de sus intereses, y de verdad hacer algo por su desarrollo. Es inadmisible que independientemente de los gobiernos, las inversiones, las promesas o la atención federal, la gran mayoría de los municipios oaxaqueños sigan teniendo hasta las carencias más básicas. Ese no es sólo un problema de desatención o de falta de inversión: es también consecuencia de la corrupción y la voracidad que ha pesado sobre ellos. Y de eso, no hay político que, por estar libre de pecado, pueda tirar la primera piedra.

+ La causa: los rencores del proceso sucesorio

Podría no creerse, pero además de los grupos de priistas inconformes que son tutelados y sostenidos desde el gobierno estatal, existen otras expresiones del tricolor que también comulgan con la causa de los que pretenden derrocar al dirigente Eviel Pérez Magaña. En ese grupo, participan “delegados” no declarados de prácticamente todos los grupos, incluidos aquellos que parecen simplemente mantenerse al margen, e incluso de los que han tratado de mantener cierta discreción y apariencia de institucionalidad respecto al Comité Directivo Estatal.

Queda claro que, por tanto, la guerra interna del priismo es, literalmente, de “todos contra todos”. Y es que al ver hoy el tamaño de la oposición interna, y la cantidad de grupos que se aglutinan en contra de su dirigente, no puede más que pensarse que hoy Pérez Magaña paga las consecuencias del atropellado proceso interno por el que se convirtió en candidato a Gobernador; y también enfrenta las consecuencias de ser un dirigente que no ha sabido bordar los propios términos y los acuerdos de inclusión respecto a la representación partidista que ostenta.

En efecto, en un primer plano se encuentra la parte estruendosa de este rompimiento fáctico del priismo oaxaqueño, la cual radica en personajes como el diputado federal Jorge Franco Vargas, o el director del Colegio de Bachilleres, Germán Espinosa Santibáñez, quienes tienen un largo historial de rencores personales, traiciones —y ambos, a pesar de haber estar haciendo un trabajo abierto de destrucción del priismo, se asumen como militantes tricolores—, y que ahora mismo, impulsados desde el poder gubernamental, han pretendido asaltar a la dirigencia priista, para cumplir un afán engañosamente democrático de “apertura” a todas las corrientes del partido.

Sin embargo, desde el frente opositor existen otros grupos no ligados ni al diputado Franco ni a Espinosa Santibáñez, que también están abonando, discretamente, los cuestionamientos hacia el líder Pérez Magaña. Esto porque, independientemente de los ex Gobernadores que tienen a sus representantes —bastante identificables— en el llamado “Frente Renovador”, también se encuentran los grupos de cuando menos dos de los ex aspirantes a la candidatura a Gobernador, que aún cuando formalmente no han roto con la dirigencia, sí buscan silenciosamente abonar a la inconformidad para ver si logran derrocar a su líder estatal.

En efecto, en el Frente Renovador existe representación discreta tanto del diputado local José Antonio Hernández Fraguas, como del senador Adolfo Toledo Infanzón. Lo “curioso” es que ambos sólo han manifestado —como en el caso de Hernández Fraguas—, ciertos destellos de crítica hacia la situación actual de su partido; y como en el caso del senador Toledo Infanzón, simplemente se han mantenido alejados de toda actividad relacionada con la dirigencia estatal.

¿Por qué ninguno de ellos ha roto con su dirigente estatal? Una opción no cercana, es la que podría apelar a su institucionalidad. En este sentido, lo que más bien parecen estar demostrado, es la enorme capacidad que tienen para sostener una posición doble de cierto respeto a las determinaciones de su partido, aunque tras bambalinas están abonando a su descrédito.

Otra posibilidad, podría radicar en que están esperando “algo”. Esto es, alguna negociación para guardar sus cañones y aprestarse a tomar alguna candidatura que les fuere ofrecida a cambio del apoyo a la dirigencia estatal de su partido. El problema para ambos, y en general para el dirigente Pérez Magaña, es que ante su debilidad política —por no tener el poder gubernamental y por no haber logrado cohesionar a su clase política—, en Oaxaca ya no existen márgenes de negociación.

Nadie negocia con Eviel Pérez Magaña —y éste tampoco desea ya negociar con nadie— porque ya ninguna de las decisiones importantes del tricolor se encuentra en Oaxaca. Todas las determinaciones serán tomadas desde la capital del país. Y por eso todos tienen tanta avidez por dejarse ver, por demostrar fortaleza, y por querer hacerla valer —para que los vean en el CEN priista— manifestándole oposición a su Comité Directivo Estatal.

RESABIOS DEL 2010

Eviel Pérez paga hoy los costos de su poca capacidad para generar vasos comunicantes con todas las fuerzas fácticas del priismo; aunque, fundamentalmente, es él quien está pagando las facturas por la forma en cómo fue impuesto como candidato a Gobernador. Es ampliamente conocida, la forma tan poco política no sólo en cómo se tomaron las decisiones, sino en cómo se las hicieron saber y asumir a todos los demás aspirantes priistas a la gubernatura.

Hoy, Pérez Magaña se encuentra solo. Y es que de los cinco personajes con los que “compitió” por la candidatura a Gobernador, ninguno se encuentra ni medianamente cercano a él. Y no, no se trata de que cada uno de ellos —José Antonio Hernández Fraguas, Adolfo Toledo Infanzón, Martín Vásquez Villanueva, Jorge Franco Vargas y José Antonio Estefan Garfias— tengan alguna aversión personal —e incluso política— contra el Dirigente Estatal del PRI.

Más bien, su lejanía y cuestionamientos radican en que Pérez Magaña continúa representando al 100 por ciento los intereses del ex gobernador Ulises Ruiz, quien a cada uno de ellos los marginó, hostigó y descalificó, para “hacerlos entender” que el elegido como candidato era quien finalmente fue ungido como tal.

Por eso, aunque todos sin excepción opinan que Eviel Pérez es un buen hombre, e incluso un personaje de gran carisma entre los electores, nadie lo quiere ver. Y nadie quiere respaldarlo, porque hacerlo significaría continuar convalidando a las prácticas y personajes que, detrás de él, hicieron del priismo —de la campaña a Gobernador, de la unidad priista y del poder que tuvieron en las manos y lo dejaron ir— el desastre en que se convirtió el priismo a partir de julio, cuando fueron derrotados en buena medida por los excesos y errores que cometieron en todos los frentes del priismo.

NO A CONVALIDACIÓN

Del mismo modo, en el fondo todos los priistas inconformes con su dirigencia, aseguran en público o en privado no respaldar a su Dirigente Estatal porque, dicen, hacerlo sería también legitimar el “más de lo mismo” que tanto daño les ha causado. ¿De verdad yéndose Eviel Pérez, ello cambiaría? ¿O, de nuevo, esto sólo significaría cambiarle el nombre y la corriente interna al nuevo tirano avasallador del priismo oaxaqueño? En el fondo, luchan contra su propia naturaleza.

Apoyos, no regalos, de gobierno a los abuelos

Justo mañana 28 de agosto, se celebra el día del abuelo. A partir de este año, en Oaxaca se estableció un programa social del Gobierno del Estado, con el cual los ancianos recibirán un apoyo económico, consistente en la entrega de alrededor de mil pesos bimestrales.

Pues bien, aunque la finalidad parece loable para un sector tradicionalmente olvidado de la población, a ras de tierra no todo es ni tan bueno, ni color de rosa. Los ancianos en Oaxaca se han tenido que enfrentar, sólo en el arranque de este programa, a una serie de vicisitudes que, con sensibilidad y sin soberbia, debieran atender y resolver los funcionarios estatales… que algún día llegarán a la edad adulta mayor y posiblemente sean tratados con la indolencia y prepotencia con la que hoy ellos tratan a los abuelitos oaxaqueños inscritos en esos programas oficiales.

La primera de esas experiencias, tiene que ver con la forma en cómo fue organizado el acto inaugural con el que se arrancó dicho programa. A cientos de ancianos se les convocó puntualmente, el pasado 3 de agosto en la Alameda Central de la capital oaxaqueña, con la promesa de que ahí recibirían una tarjeta con su filiación, y un cheque con su primer apoyo económico.

La convocatoria tenía como objeto “llenar” el espacio designado para el acto inaugural, al que asistirían una serie de autoridades estatales. A los abuelos, se les condicionó su presencia en ese evento, para que les fuera entregado el apoyo. Todos iban con la seguridad de que el viaje y los peligros valdrían la pena, pues volverían a casa con su primer cheque del programa referido. Cosa que simplemente no ocurrió.

Podría suponerse, sin embargo, que quienes sí recibieron su apoyo económico vivieron un final distinto. Pero no. Las personas que sí fueron acreedoras a un cheque por mil pesos, luego tuvieron que pasar un nuevo vía crucis en la institución bancaria designada para el pago de los documentos de crédito.

El Gobierno del Estado no tomó en cuenta que los beneficiarios de los cheques son ancianos. Nada de esto importó para que se dispusiera que sólo el beneficiario, en persona, y previa identificación, pudiera cobrar su apoyo en el banco.

¿Cómo haría esto, un anciano de más de 80 años, postrado en una silla de ruedas o en una cama sin poder moverse por sí mismo, que vive en una colonia marginada o en una zona de difícil acceso, que no tiene familiares con tiempo y recursos suficientes para hacer un viaje hasta el centro de la ciudad para ir a cobrar personalmente ese cheque?

Eso fue algo en lo que no pensaron los sesudos creadores del programa de apoyo económico a los adultos mayores.

PREPOTENCIA Y BUROCRATISMO

Esto último fue lo que denunció, en estas mismas páginas, nuestro querido amigo, el licenciado Ildefonso Reyes Soto, en sus artículos de ayer y anteayer. Retomamos algunos extractos de su crónica, la cual parte del momento en que se inscribió, desde el mes de marzo, para ser convocado hasta cuatro meses después, para asistir al evento inaugural de dicho programa, en el cual prometieron entregar el primer apoyo económico, aunque él regresó con las manos vacías a casa.

El licenciado Reyes Soto, luego de todo eso, señalaba lo siguiente: “Los coordinadores estuvieron muy desorganizados. Solo entregaron cheques a unos cuantos viejitos y a quienes no, se nos dijo que fuéramos en los días subsecuentes a calle Veinte de Noviembre No. 707.

“Dos días después del acto en la Alameda, fui al número 707 de la calle Veinte de Noviembre, pensando que ahí recibiría mi cheque y la tarjeta de grandes beneficios. Solo me dieron un papelito que decía “lunes 15 de agosto 2011”. Verbalmente me dijeron que debía ir ese día debía ir a Santa Lucía del Camino; me aseguraron  que me atenderían solo ese día. Por un asunto me fui al Distrito Federal sin olvidar la cita, por lo que haciendo el máximo esfuerzo regresé a Oaxaca el día 14.  A una hora prudente me dirigí a Santa Lucía y me informaron que el apoyo los estaban dando en el edificio del DIF municipal. Con extrañeza vi que ahí no había viejitos; me acerqué a una señorita que estaba en el interior del edificio y le presenté la ficha que 15 días antes me dieron en la calle 20 de Noviembre. Ella me dijo que solamente atendían a 50 personas al día y que había que sacar otra ficha. Le dije que nada de eso me  explicaron, sino que atenderían todo el día, en eso un individuo empezó a gritarme diciendo: “claramente se les explicó el día de la concentración y yo toda la mañana lo he estado repitiendo. No sé para que les dieron ese papelito”. Le pedí que no me gritara y que me dejara hablar. “Hable, pues”, me dijo de mala gana. Lo vi tan alterado que preferí no hablar más y me retiré.

“Fui dos veces más y siempre estaba el mismo señor, dándome cuenta que continuaba con sus “50 fichas” y había bastantes colegas viejitos, por lo que decidí ir hasta el lunes 22 de agosto. Al llegar, había dos filas diferentes; les pregunté a los mismos beneficiarios de la ayuda para qué era una y para qué la otra, me dijeron que una era para recoger el cheque y otra para recibir la tarjeta. Unos decían que primero se formaba uno en la de cheques, otros que en la de tarjetas. Los mismos encargados de atendernos no nos  precisaban nada y por eso tuve que encargar mi lugar en ambas ‘colas’ y a ver en cual pasaba primero. En la de cheques me pidieron mi credencial de elector y en unos 15 minutos me llamaron para decirme que no había salido el mío. En donde me tardé más fue en la de las tarjetas y nuevamente me solicitaron mi credencial de elector. También aquí me dijeron que no estaba la mía y que fuera nuevamente a Veinte de Noviembre 707 para preguntar la causa del retraso. Ese mismo lunes 22 un amigo me dio un ‘aventón’ y fui a oficinas centrales del ‘apoyo’.

BUROCRACIA INFAME

¡Me dijeron que no entregué la CURP; pero la convocatoria decía ‘curp o acta de nacimiento’. Yo entregué acta. Un joven me dijo ‘traiga su curp y con eso se resuelve su problema’. El martes 23 llevé una copia del documento y ordenaron a otro joven que me volviera a inscribir ‘respetando la fecha del 10 de marzo’ en que me registré inicialmente. Al ver la credencial de elector que es de las llamadas ‘o3’, su jefe ‘ingeniero’ le dijo que no la aceptara. ‘Tiene que volver a empadronarse’ me dijo el joven. Le agradecí, me paré de la silla y royendo mi coraje salí de la oficina.”

En esas condiciones, amargo día del abuelo.

Además de dispendio, timan con ofertas imposibles

Bulmaro Rito Salinas, y todos los demás ex funcionarios de la administración estatal anterior, que de alguna forma participaron del descomunal negocio que significó la construcción de las ciudades Administrativa y Judicial del gobierno del estado, pueden ya dormir tranquilos. Con las declaraciones de sus adversarios políticos —ahora en el poder— respecto a la imposibilidad de renegociar la deuda, y eventualmente dar por terminado los Contratos de Prestación de Servicios, quedó constatado y convalidado el enorme fraude en contra de los oaxaqueños que esas instalaciones significan.

En efecto, la víspera el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo reconoció en entrevista con medios informativos estatales, que la deuda que tiene la actual administración por el pago de los contratos PPS de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial es compleja y no se puede reestructurar. Al año, dijo, se tienen que pagar 500 millones de pesos para saldar el costo que realizó la pasada administración. “En el caso de los PPS es algo inevitable y se tendrá que asumir por tener un proceso muy difícil para revertir; se tiene presupuestado por servicio de la deuda anual casi 500 millones de pesos”, indicó.

¿Qué significa esto? Literalmente, que quienes elaboraron el entramado jurídico de esos contratos en la administración anterior, pusieron los suficientes candados no sólo para garantizar que el erario estatal cubriera, en los plazos establecidos, los costos de las dos edificaciones, sino que también garantizaron que las ganancias proyectadas inicialmente quedaran intocadas.

Se esperaba que, frente a ello, el Gobierno del Estado tuviera la capacidad no sólo para encontrar la punta de la madeja de esa compleja bola de hilos —e intereses— jurídicos, financieros, bancarios y hasta políticos. No obstante, ese primer reconocimiento expreso está claramente encaminado a ser el punto de inicio del proceso de “legitimación” de ambos complejos administrativos, por parte del nuevo gobierno.

¿De qué hablamos? De que, así como en su momento decidieron hacer todo no sólo para defender la velaria, sino también para terminarla y “legitimar”, ante los ojos del público, su permanencia en el Auditorio Guelaguetza, ahora la administración estatal parece enfilada a “convencer” a la ciudadanía, que dejar sin efecto los contratos de Prestación de Servicios que amparan la construcción de las ciudades Administrativa y Judicial, “es muy difícil”… y que, por tanto, será más fácil seguir pagando.

Con dicho reconocimiento quedó consolidado el fraude presuntamente cometido por Bulmaro Rito y sus socios. Porque más que el Gobernador del Estado, el órgano facultado para exigir un proceso de revisión de los contratos y de la estructura jurídica de esos convenios, para eventualmente declarar su rescisión o su renegociación, es el Congreso local.

Sin embargo, ¿quién lo hará ahora? Si por un lado, la fracción parlamentaria del PRI no lo hará, debido a la razón natural de que todos sus integrantes fueron parte del gobierno de Ulises Ruiz, y por obvias razones políticas no estarán dispuestos a reconocer las malas acciones de la administración y el grupo político del que, lo acepten o no, todos provienen.

Y tampoco lo harán los partidos que integran la coalición gobernante, debido a que fue el propio Mandatario Estatal quien ya marcó las coordenadas sobre las cuales caminará ahora el gobierno estatal respecto a los PPS de los complejos administrativos, y no parece posible que ninguno de los diputados o fracciones quiera en este momento ponerse a contradecir, ni exigir explicaciones, a quien ya se erigió como su Jefe Político.

FRAUDE DE EXPECTATIVAS

Si bien recordamos, hace más o menos un año, el entonces gobierno electo fue muy enfático, y lo puso como una de sus primeras prioridades, la de evaluar la viabilidad de continuar pagando los costos de las ciudades Administrativa y Judicial, e incluso el retorno de la oficina del Gobernador del Estado al Palacio de Gobierno, en el corazón de la capital oaxaqueña, constituyó una primer señal de que el gobierno estatal no estaba de acuerdo con los complejos administrativos, y que haría todo al menos por limpiar el cochinero que se dejaba ver alrededor de éstos.

Luego, ya en el poder, en diversos momentos se dejó ver la molestia y la apatía de los principales integrantes del grupo gobernante, por tener que despachar en instalaciones que, a su juicio, no eran ni adecuadas, ni dignas, ni funcionales, y mucho menos prioritarias para una entidad con tantas carencias como la nuestra. Todos iban detrás de quienes habían decretado la construcción de esos edificios. Y se veían resueltos a llegar hasta las últimas consecuencias.

De hecho, además de la exigencia ciudadana, la revisión de los PPS se convirtió en una especie de pena autoimpuesta por quienes hoy gobiernan. Así lo externaron. Y como en otros muchos casos, generaron expectativas entre la población, que ahora también comenzarán a echar por tierra.

En este sentido, ¿Será que no calcularon bien el grado de complejidad de las tareas que se resolvieron a emprender? ¿Será que de verdad los constructores de esos complejos fueron unos verdaderos genios en cuanto al aseguramiento jurídico de sus inversiones y sus ganancias? ¿O será que —como lo advirtió el doctor Felipe Martínez López hace meses, en estas mismas páginas— sólo era cuestión de tiempo para que las sociedades beneficiarias de obras como la velaria y los complejos administrativos, ensancharan su cauda de socios y funcionarios recompensados?

Todas las posibilidades están abiertas. Sin embargo, lo único cierto es que este parece ser el inicio de la consolidación de esas obras. Y finalmente, no ganaremos nada si la idea de justicia de los ahora gobernantes se reduce en sancionar o inhabilitar a un puñado de ex funcionarios… si de todos modos el negocio subsiste, y los verdaderos favorecidos con los PPS se siguen riendo de las exigencias de justicia que tiene el pueblo de Oaxaca.

ENDEUDAMIENTO

Ojalá que el edil Luis Ugartechea esté midiendo bien lo que va a hacer: endeudar para costear gasto corriente, es poco más que un suicidio. Esa regla aplica desde la economía familiar, hasta las grandes empresas y gobiernos. ¿Para qué quiere tantos recursos? Muy posiblemente, para pavimentar… su ilusoria carretera al Senado.

+ Eviel: no se legitima como dirigente y líder

La situación actual del PRI en Oaxaca, curiosamente es un reflejo fiel de lo que ocurre en el país: mientras urgen las decisiones trascendentales en aras de la reconstrucción y el bien común, nadie deja de pensar y defender sólo sus intereses particulares. En efecto, mientras las estructuras de ese partido —como las del país— se desmoronan, todos pretenden seguir manteniendo “a salvo” sus mini cotos de poder, sin considerar que eso equivale al naufragio del barco. Y queda claro que, independientemente de la corriente de intereses en particular, si le va mal al PRI, le irá mal a toda su militancia.

Desde hace meses se ha denunciado no sólo la falta de liderazgo, sino la evidente inacción y temores del Líder priista. Eviel Pérez Magaña, en sus calidades actuales de ex candidato a Gobernador, diputado federal en activo, y dirigente político de la primera fuerza de oposición, debiera estar encabezando todas las acciones —civilizadas o no— para presionar y exigir al gobierno, como es natural, la mejora en sus resultados y el respeto a los límites y mandato que le impone la ley.

Se esperaría, por todo ello, que el dirigente Pérez Magaña fuese implacable, constante y crítico agudo de las acciones oficiales y de los demás partidos políticos. Sin embargo, lo hasta ahora visto es todo lo contrario: Eviel Pérez Magaña, más bien, se ha dejado ver como un dirigente temeroso, que no tiene la capacidad de articular ni siquiera un orden, un proyecto y un liderazgo real en la estructura formal de su partido, y que por ende no ha tenido la capacidad de armonizar los esfuerzos no sólo en cuanto a su posición opositora, sino también en relación al sostenimiento de sus potencialidades electorales.

Hoy, por ello, vemos por ejemplo a un Comité Estatal caótico. Desde María del Carmen Ricárdez, que por sus propias causas e intereses particulares pretende realizar las tareas propias del organismo femenil, hasta una despistada Elizabeth Acosta López —que sin ser una militante priista real, ni una ex funcionaria de grandes resultados, y ni siquiera una figura natural de liderazgo— ocupa una cartera partidista y lejanamente sueña con ser candidata a diputada local, pasando por los personajes siempre repudiados (Antonio Amaro y Alejandro Avilés, entre otros) que rodean al dirigente Pérez Magaña, lo cierto es que ninguno tiene la disposición o la capacidad de luchar en su partido, por algo más que sus aspiraciones e intereses particulares. Por eso, a nadie le preocupa que hoy el Comité priista pulule entre la indignidad y la ignominia.

Y eso, lamentablemente, se traslada a todos los demás ámbitos. La dirigencia actual —que no sólo Eviel Pérez Magaña— ha sido incapaz de convertirse en una verdadera oposición. Esto porque, independientemente de que comulguen o no con la dirigencia actual, nadie ha tenido el sustento o la decisión para verdaderamente apostarse como un representante oposición, que —es cierto— dialogue con sus contrarios y tenga la capacidad de acordar con ellos, pero sin que todo eso constituya un acuerdo oscuro, una cooptación o la venta de una posición, como tampoco la postura de cerrazón intransigente que es igualmente nociva para toda democracia.

¿Quién lo ha hecho hasta ahora? Muchos, y particularmente algunos diputados federales, han confundido la oposición con el insulto y la bajeza; los diputados locales han confundido la capacidad de concertación y acuerdo con la venta y negociación de sus votos y posiciones. Y la dirigencia partidista y sus sectores, únicamente se han dedicado a administrar las posiciones formales, pero sin tener capacidad de generar posiciones críticas ni siquiera cuando es estrictamente indispensable que lo hagan.

VORACIDAD Y EGOÍSMO

Sin embargo, los representantes de los grupos detractores a la dirigencia estatal, son iguales o peores que sus adversarios. Los grupos encabezados tanto por el diputado federal Jorge Franco, como los impulsados por Germán Espinosa Santibáñez, y demás individuos que también se jactan de su (en realidad cuestionable) militancia tricolor, han hecho poco menos que nada para verdaderamente construir algo provechoso para su partido. ¿Por qué?

Porque, en primer término, consideran que el solo hecho de constituirse y declararse como opositores a la dirigencia estatal, los hace ser puros y democráticos, y además los inhibe de la necesidad de pensar y, sobre todo, actuar como verdaderos opositores. Aunque el adversario real es el gobierno estatal y su coalición de partidos, todos se han desvivido en sólo denunciar a su dirigente. Y del mismo modo que aquéllos, éstos tampoco establecen posiciones críticas o al menos razonables frente a sus verdaderos oponentes, que se encuentran en el oficialismo.

¿Para qué quieren la dirigencia de su partido, esos priistas? ¿Para entregarlo a la causa opositora? ¿Simplemente para conservarla como un botín de guerra? ¿O para verdaderamente establecer un esquema opositor eficaz y constante, que pueda ayudarlos a construir la legitimidad política y los adeptos que necesitan? Queda claro que independientemente de la respuesta, los priistas detractores bien podrían hacer todo eso desde este momento. No necesitan a la dirigencia estatal, para demostrar que son opositores.

Sin embargo, no seamos ilusos. Todos se pelean por las estructuras formales del partido para, a través de ello, acceder a las candidaturas. Todo se reduce, pues, a las ambiciones y los afanes de tener el control del partido, pues éste —como todos los institutos políticos— es parte del monopolio del acceso al poder.

Por eso, mientras parece urgente que se tomen ciertas decisiones a favor del interés general del priismo (defender a su partido, rescatar sus posiciones, asumir el liderazgo), unos y otros siguen entrampados en la lucha y defensa de sus intereses particulares. Al final, lo que van a encontrar es una entelequia partidista, que no servirá de mucho para los afanes y las cuentas alegres que, cada uno por su parte, todos hacen del respaldo popular al priismo oaxaqueño.

ACUERDO, ¿EXISTIÓ?

Los priistas inconformes aseguran haber firmado un pacto con el líder nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés. Ahora esperan que cumpla. ¿Existió en realidad ese acuerdo? Quién sabe. Pero seguramente veremos, pronto, cómo varios integrantes de ese grupo aparecen, sin pasar por Oaxaca, como consejeros políticos nacionales de ese partido.