+ Además no acuerda: decreta sus tarifas

El Gobierno del Estado podría pagar cara la ingenuidad con que trata el “rumor” sobre el inminente incremento al costo del pasaje en el transporte público urbano y suburbano de la entidad. En los años recientes, ha quedado claro que el llamado “pulpo camionero” no tiene amigos, sino intereses; y, sobre todo, que ellos han comprendido bien que aquí la fuerza la otorga la simple superioridad numérica, y por eso han llegado al grado de decretar unilateralmente —mas no acordar con la autoridad, como debía hacerlo— el precio del (mal) servicio que ofrecen a la ciudadanía.

El “pulpo”, hoy en día, sabe bien que la autoridad en materia de transporte es sólo relativa en Oaxaca. Esto, debido a que en el rubro del transporte se combina lo mismo los intereses económicos que los favores políticos, con la falta de una regulación estricta y una autoridad fuerte.

En ese sentido, queda claro que ante la inexistencia de una verdadera Ley de Transporte, que pudiera regular de modo efectivo las actividades, los límites y las sanciones a las que se puede hacer acreedor todo aquel concesionario que viole la ley, hoy los camioneros pueden echar por delante su capacidad de presionar y exigir a la autoridad que cumpla con sus pretensiones.

No olvidemos que en otros momentos, han utilizado eficazmente la vía de la presión para lograr sus propósitos, ante la mirada atónita de la ciudadanía, que vio cómo la autoridad cedió al chantaje sin siquiera querer o poder meter las manos para oponerse… y que quienes terminaron pagando los costos y las consecuencias de todo eso, fueron precisamente los usuarios indefensos.

Pero además, el Gobierno del Estado debía tomar otro asunto en consideración: ¿Alguna vez ha considerado que las instancias y autoridades relacionadas con el sector del transporte público, son las más endebles que ha habido en los últimos tiempos? Veamos si no.

En la Coordinación de Transporte, por un lado, Pedro Silva Salazar ha tratado de mantenerse a partir de los suministros controlados de señalamientos y acusaciones judiciales en contra de su antecesor. Ya hace unos meses, fue el encarcelamiento del ex titular de Cotran, Gonzalo Ruiz Cerón, lo que lo salvó de ser destituido del cargo. Sin embargo, a pesar de ese relativo respaldo oficial a su gestión, queda claro que su capacidad de fungir como intermediador, y como vaso comunicante entre el gobierno estatal y los concesionarios, es verdaderamente cuestionable.

Pero hay más. En los casi diez meses de gobierno, aún nadie se pone de acuerdo sobre qué destino tendrá la Dirección de Tránsito del Estado. Ante la inacción del Jefe del Poder Ejecutivo, unos y otros han intentado apoderarse sin éxito de esa instancia operativa de la Secretaría de Seguridad Pública, aunque todos los involucrados aún no pueden ponerse de acuerdo sobre su titularidad, sus alcances y su ubicación dentro no sólo del esquema de seguridad, sino también de gobernabilidad para la entidad.

Veamos esto en perspectiva: Si hoy mismo el “pulpo camionero” decidiera unilateralmente incrementar las tarifas que cobra al usuario, ¿con qué herramientas el gobierno estatal trataría de frenarlos? Si, por principio de cuentas, no tiene una Coordinación de Transporte fuerte, y tiene una Dirección de Tránsito del Estado acéfala e inoperante, todo se agrava cuando sigue careciendo de los elementos legales para verdaderamente sancionar y tomar medidas contundentes en contra de los concesionarios.

En ese escenario, puede preverse que el resultado sería un verdadero caos: el Gobierno tratando de enviar a sus instancias relacionadas con la política interna (la Secretaría General de Gobierno) tratando de resolver, ya sobre la marcha, un problema que bien pudo haber abordado y resuelto con antelación.

Y lo más preocupante de todo, es que el gobierno estatal habría cometido el grave error de creer en la palabra de los camioneros, que primero habrían negado el incremento para después ejecutarlo sin preguntar a nadie. Eso es lo que ha ocurrido como preámbulo de los últimos dos incrementos. Y es lo que podría reiterarse en cualquier momento, en detrimento de los oaxaqueños.

PULPO TRAIDOR

Pero además, si el Gobierno del Estado se encuentra, según, preparando un verdadero plan de modernización de la flota camionera, y de reordenamiento de las rutas que cubre el servicio urbano y suburbano de la capital oaxaqueña y la zona conurbada, tendrá también que estar pensando en cómo lo va a aplicar. Si de bienintencionados están llenos los panteones, también nuestros gobiernos han estado atiborrados de buenos proyectos que, sin embargo, resultan imposibles de llevar a cabo en la práctica.

En este sentido, sería bueno que el gobierno estatal dijera con precisión no sólo en qué consiste el plan que dice tener en proceso de preparación, sino también cómo pretende llevarlo a cabo. De hecho, la verdadera novedad de dicho plan radicaría justamente en el establecimiento preciso del “cómo”, debido a que el “qué” se encuentra perfectamente definido y diagnosticado desde hace muchísimo tiempo.

No obstante, el gobierno estatal debe también tomar en cuenta las capacidades camaleónicas y de traición que tiene el “pulpo”. En los últimos años, de cara al gobierno y a la sociedad oaxaqueña, se han comprometido recurrentemente a modernizar su flota camionera, a mejorar el servicio, a evitar los accidentes viales, a contratar seguro del usuario, a dotar de capacitación a su personal y a… tantas cosas que, del mismo modo, sólo han quedado en el discurso.

Las empresas camioneras, por la inacción y la incapacidad de la autoridad, han desbordado el límite del descaro. A la vista de todos incumplen acuerdos, rompen los pactos y continúan explotando lo mismo a los mismos conductores, que al público usuario a quien defraudan. Ojalá que el gobierno estatal, en esta ocasión, sí sepa cómo limitarlos y cómo imponerles la autoridad que ha faltado en el sector. Ojalá que no sea simple demagogia, o que no por ingenuidad cualquier día de estos las empresas camioneras decreten impune y flagrantemente, un nuevo incremento al precio del pasaje. Ojalá.

ENREDO PRIISTA

¿Cómo pretende el dirigente priista, Eviel Pérez Magaña, defender la causa institucional del priismo, si su misma casa (el Comité Directivo Estatal) está hecho un caos. ¿Sabe de las “fichitas” que alberga en su dirigencia? Son ellos, los que en buena medida sustentan los señalamientos que todos los días se hacen en su contra. Abundaremos.

Mendoza: Que defienda posición con seriedad

Tratando de respaldar una propuesta de reforma constitucional presentada por su compañera de bancada, el coordinador de los diputados del PAN en la LXI Legislatura del Congreso del Estado, Juan Mendoza Reyes, aseguró estar de acuerdo no sólo con la reelección de diputados y presidentes, sino también con la de Gobernador del Estado. “La no reelección, es parte del pasado”, afirmó. ¿De verdad es esa razón suficiente para reconsiderar el fin de la irregibilidad tanto de diputados, como de Ediles, e incluso en la figura del Gobernador del Estado, o del Presidente de la República?

Por principio de cuentas, debe quedar claro que ésta discusión no debe homogeneizarse. Es decir, que por un lado no es posible hacer consideraciones similares, respecto a la reelección de los integrantes de dos poderes del Estado con naturaleza completamente distinta, como lo son el Ejecutivo y el Legislativo; y que, por el otro, tampoco puede hacerse ninguna de esas consideraciones sólo a la luz de lo anticuadas o novedosas que puedan ser esas figuras, sino más bien en base a la utilidad o riesgos que implica cada una de ellas en el momento actual.

En ese sentido, la reelección de autoridades y legisladores es tan vieja como el poder público mismo. Y México, en particular, tiene un intrincado proceso histórico-político, en el que justamente la posibilidad de reelección de sus gobernantes ha sido el leitmotiv de la gran mayoría de sus luchas políticas y movimientos armados.

Frente a eso, ¿cómo justificar hoy la reelección de cualquier autoridad gubernativa en México, cuando esa fue una de las grandes causas que originó la lucha revolucionaria, de donde emana nuestro orden jurídico actual? ¿Cómo justificar esas pretensiones —más allá de una engañosa novedad o “modernidad” de la reelección de gobernantes en sociedades democráticas—, cuando los proponentes ni siquiera alcanzan a tener la claridad suficiente, como para construir sus justificaciones en base a argumentos válidos, sólidos, y verdaderamente actuales?

Más bien, lo que vemos en Oaxaca parece ser el inicio de una compleja discusión (no por lo elevado de los argumentos, sino justamente por lo contrario) respecto a la posibilidad de volver a estipular la reelección de Gobernador —para que quien ha ocupado el cargo con calidad de interino, provisional o sustituto, pueda hacerlo también por la vía de la elección popular—. Para ello, los locuaces diputados locales del PAN, pretenden no sólo poner a debate la remoción de un precepto sustentado por amplios antecedentes históricos en todo el país, sino que para justificar su pretensión engañan con el hecho de que están a favor de estipular también la reelección de diputados y presidentes municipales.

Sólo que más allá de lo actuales o anticuados que puedan ser los argumentos hasta ahora vertidos por el diputado Mendoza Reyes, más bien lo que debería explicar y exponer con verdadera sapiencia y claridad, es en base a qué considera, primero, que la nuestra es una sociedad democrática y madura; luego, en razón de qué sostiene que la reelección legislativa, municipal y gubernamental, es benéfica para una ciudad como la nuestra; tercero, que si es así, entonces cómo pretendería establecer esa posible nueva disposición en la Carta Constitucional local.

Queda claro que, hasta ahora, sus argumentos sobre la supuesta “madurez” de nuestra sociedad luego de la alternancia; sobre el “envejecimiento” del principio de irregibilidad absoluta para Gobernadores y Presidentes; y sobre la supuesta “vocación democrática” en la que sustenta sus dichos, son lo suficientemente frágiles como para ser desechados desde el punto inicial de cualquier discusión seria al respecto. Pero sobre todo, demuestran la debilidad intelectual de quien ostenta la calidad de coordinador parlamentario en un Congreso Estatal.

NO A LOS ENGAÑOS

Ahora bien, no debemos ver como similar la discusión respecto a la posibilidad de reelegir legisladores, y a la de reelegir autoridades administrativas. Mientras el primero ejerce funciones meramente creativas y modificativas al marco jurídico, en el segundo queda depositada la parte ejecutiva del poder público. El legislador representa la voluntad popular en el proceso de creación de leyes. Pero el gobernante ejecuta las normas, dispone de la fuerza y administra recursos. Por tanto, no es posible querer hacer equiparable, lo que en sí mismo es distinto.

En los últimos años se ha discutido ampliamente la posibilidad de reelegir diputados y senadores. Esta posibilidad —que estaba vigente cuando se promulgó la Constitución de 1917, y que fue eliminada conforme ocurrió la consolidación del priismo hegemónico en el poder, a finales de los años 20’s— pretende ser reimplantada como una forma de premio o coacción al legislador que sí cumple con sus ofrecimientos, y que sí tiene un buen desempeño como representante popular.

Sin embargo, al menos en el ámbito federal es simplemente imposible cualquier discusión respecto a la reelección de Presidente de la República, debido simplemente a que el contexto histórico de México ha sido lo suficientemente severo y aleccionador, como para no volver a pensar en poner a prueba la “madurez democrática” del pueblo mexicano, para reelegir a sus gobernantes sin riesgo de que éstos intenten perpetuarse en el poder.

No obstante, en los últimos años se ha debatido intensamente en todo el continente sobre ese asunto. Los mayores expertos en el tema, han llegado a la conclusión de que un sistema idóneo de gobierno, establecido en una sociedad verdaderamente madura democrática, debiera tener periodos de más o menos cuatro años de gobierno, con la posibilidad de una sola reelección.

REELECCIONES

Estas conclusiones, sin embargo, han sido en realidad poco recogidas por las Constituciones. Muchas sociedades, como la mexicana o la hondureña, por citar dos ejemplos, no están dispuestas a repensar la reelección de sus gobernantes. Y otras, como Venezuela, Bolivia o Colombia, caminan hoy en una peligrosa cuerda floja que los tiene al borde, o de la consolidación de su democracia, o del triunfo y el regreso de las dictaduras envueltas en basamentos engañosamente legales y democráticos. ¿De verdad pensará el diputado Mendoza Reyes que Oaxaca y México están dispuestos a eso?

Escuela de Economía: ejemplo de feudos académicos

Aunque faltan nueve meses para el cambio de rector en la UABJO, la efervescencia política ya comienza a subir nuevamente de tono: cada uno de los grupos que, como siempre, pretende tomar el poder, comienza ya a alinear sus posiciones de futuro. El problema es que, independientemente de su avidez común por el poder y los recursos universitarios, hasta ahora nadie de los que pretenden dirigir a la Máxima Casa de Estudios ha contribuido a resolver los problemas más importantes y urgentes de la Universidad. Todos van, pues, por el poder; pero nadie ha hecho algo por el verdadero rescate académico de la universidad de los oaxaqueños.

Es curioso ver cómo en cada sucesión del rectorado de la UABJO, son siempre los mismos grupos quienes se disputan el poder: por un lado, se encuentra la sempiterna ex rectora, Leticia Mendoza Toro, quien busca el regreso al poder por medio de alianzas y terceras personas; frente a ella, se coloca el grupo comandado por el también ex rector Abraham Martínez Alavés, quien de un tiempo a la fecha ha focalizado ya no sólo sus afanes de poder, sino el ejercicio pleno de éste a través de la vía administrativa, a través de sus hijos Eduardo y Abraham Martínez Helmes.

Un tercer grupo, importante sin duda, es el que se constituye entre los secretarios de la UABJO, Enrique Martínez y Silviano Cabrera Gómez, quienes han sido también beneficiarios de las alianzas, aunque siempre les ha tocado delegar la mayor parte del poder para luego recuperarlo a través de la capitalización de los apoyos otorgados.

Queda claro que entre éstos grupos, y sus respectivos candidatos, se resolverá el porvenir universitario y la sucesión del rector Rafael Torres Valdez. Queda claro también que serán ellos, y nadie más, quienes de nueva cuenta se disputarán el poder, y que serán ellos, en alianzas o trifulcas, quienes seguirán decidiendo el rumbo, los avances y los vicios que se sigan anidando en la UABJO. El problema de todos ellos —y que debía ser cuestionamiento de fondo—, es que hasta ahora ninguno puede decir que ha contribuido en algo para verdaderamente resolver los problemas más importantes y apremiantes de la Universidad.

El rector Torres, por sí mismo, no tiene un proyecto sucesorio. Es decir, durante su rectorado, ninguna figura verdaderamente afín a él, pudo crecer lo suficiente como para generar un liderazgo de sucesión que garantice la continuidad no de los grupos, sino del proyecto universitario —cualquiera que éste sea. Por tanto, la disputa entre los grupos será franca y abierta para tratar de ir, de nuevo, por todo el poder.

Así, independientemente de que ganen la rectoría Enrique Martínez, Eduardo Martínez, Josefina Aranda, o quien sea, de todos modos seguirán existiendo las condiciones para que los problemas actuales prevalezcan; habrá también razón para que se sigan denunciando lo costosas y elitistas que son las universidades integrantes del SUNEO; para que se sigan doliendo por encontrarse en el olvido del gobierno estatal y de la Federación; y para que continúen asegurando que los problemas que enfrentan son creados desde el exterior para golpear a la formación universitaria que ahí se ofrece.

Todo lo que digan será válido. Porque independientemente de quién gane, la permanencia de esos grupos asegura la persistencia de todos los problemas que enfrentan cotidianamente todas las escuelas y facultades de la Máxima Casa de Estudios.

ECONOMÍA: UN

BOTÓN DE MUESTRA

Si en una de las escuelas menos pobladas de la UABJO, como Economía, ocurren todo tipo de conflictos y abusos por los excesos tolerados que comete su directora, qué no pasará en las facultades mayores, como Derecho o Ciencias Administrativas. Y es que uno de los tantos problemas que no le importan al Rector, y a los grupos de poder dentro de la UABJO, es el manejo de sus escuelas. Y ahí ocurren todo tipo de abusos por parte de su Directora, Ana Luz Ramos Soto, que están plenamente corroborados por quienes conocen la Escuela de Economía.

Por principio de cuentas, la doctora Ramos Soto fue designada de manera irregular hace 5 años como directora, cuando el periodo según la Ley Orgánica de la UABJO, establece un lapso de sólo 3 años improrrogables.

Además, desde hace tiempo contrató con un salario superior al generalizado de los catedráticos a su propia hija, Iris Kentya Gómez Ramos, quien es licenciada en Psicología y pretendía dar clases obligatorias a los alumnos.

Asimismo, los alumnos están cansados de que su mejor criterio de contratación de nuevos catedráticos sea el de la amistad personal; éstos, muchas veces sin tener las nociones mínimas sobre las materias, son asignados a cátedras relevantes para la formación académica, únicamente porque la directora Ramos Soto así lo dispone.

Por si fuera poco, existen acusaciones serias y bien fundamentadas sobre el desvío de recursos de esa Escuela, los cuales son recaudados de las inscripciones y pagos de exámenes, para financiar cuestiones tan poco claras, como boletos de avión para viajes familiares.

Acusan, además, que en el manejo del recurso de la Agencia de Desarrollo Integral UABJO –Sedesol, existen irregularidades importantes; aseguran, en este sentido, que la directora Ramos administra estos fondos como su “caja chica”; cobra becas falsificando firmas y entregando copias de credenciales de elector de alumnos que nunca fueron notificados de haber sido beneficiarios de estos apoyos.

Esas son algunas de las razones, aseguran, por las que la directora Ramos Soto no ha realizado un solo acto de rendición de cuentas sobre los ingresos regulares y extraordinarios, provenientes de rectoría y de algunas dependencias, respectivamente. Y también se ha negado a crear el Consejo Técnico que dispone la Ley Orgánica, pues las deficiencias administrativas y académicas de su gestión son ampliamente conocidas por los profesores y los alumnos, y por eso teme que todo eso le resulte contraproducente.

FEUDOS OLVIDADOS

Si revisáramos con detalle cada una de las escuelas y facultades de la UABJO, no haremos sino corroborar que cada una de ellas son pequeños feudos administrados a discreción. ¿Para eso quieren el poder? ¿Para verdaderamente rescatar a la Universidad, o para mantenerla en la postración? Eso último, es lo que todos los grupos han hecho hasta ahora. Qué lamentable.

Excesos tarde o temprano cobran factura

Nombramientos hostiles como los de Alberto Alonso Criollo como consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, o más recientemente el de Carlos Altamirano Toledo como titular de la Auditoría Superior del Estado, con claridad demuestran que, independientemente del régimen o partido que gobierne, en Oaxaca sigue vigente la máxima autoritaria de que, cuando es posible, el poder debe ser utilizado al punto del exceso para que nadie dude de él, aunque después se carguen con los cuestionamientos —y las consecuencias— por esas arbitrariedades.

En efecto, hoy queda claro que el comportamiento del Gobernante actual, no ha variado en mucho del que ha sido el “tradicional” de todos los anteriores mandatarios: una vez que tuvo el poder en las manos, éste, como aquéllos, decidió utilizarlo en toda la extensión de la palabra, sobrepasando con ello todos los límites morales y democráticos que, además de encontrarse expresamente contenidos en las normas relativas a la división y las fronteras entre poderes, también debían ser respetados espontáneamente por las personas de poder, con razonable voluntad de utilizarlo dentro de los límites permisibles.

Si analizamos los casos en particular, podremos ver que dos de los ejemplos más relevantes de esas prácticas, se encuentran en los respectivos nombramientos y las prácticas de que han hecho objeto los gobernantes… a los órganos —y sus titulares— que se encuentran encargados justamente de los aspectos torales de nuestra democracia. Veamos si no, yendo específicamente a las decisiones tomadas por los dos últimos gobernadores respecto del Instituto Electoral y del Órgano Fiscalizador del Poder Legislativo.

En su tiempo, el gobernador Ulises Ruiz decidió, políticamente, ratificar en el cargo de consejero Presidente del IEE a José Luis Echeverría Morales. Éste había sido el árbitro en la cuestionada contienda electoral en la que él obtuvo el triunfo en el año 2004. Y fue decisión del Gobernador, y de nadie más, que éste permaneciera en su cargo.

Así, ante la orden del Jefe Político, los entonces diputados locales —que son los que formalmente tienen la potestad de la elección de quienes integran ese órgano— cumplieron con las formas legales y “democráticas” de su ratificación, y el Instituto Electoral siguió siendo un órgano pretendidamente ciudadano, aunque por completo domado a los designios del Poder Público.

El segundo de los ejemplos, mucho más reciente, es sin embargo, tanto o más ilustrativo que el primero. El gobernador Ruiz creó instancias como el Instituto de Acceso a la Información, o la Auditoría Superior, como consecuencia del conflicto magisterial y popular ocurrido en 2006. La creación de éstos, no fue hecha a voluntad, sino más bien orillado por una cascada de circunstancias que estuvieron a punto de separarlo de la gubernatura.

Con esto, su administración —y su proyecto de gobierno— trataron de darse un baño de democracia, y pensaron que hasta les alcanzaba para presumirla: decían que ellos habían creado las instancias más modernas de fiscalización y control del poder, y que eso automáticamente los hacía un gobierno más plural y abierto al escrutinio de la gente.

Sin embargo, en el caso específico de la Auditoría Superior, el gobernador Ruiz nombró a su entonces cercana colaboradora, Rosa Lizbeth Caña Cadeza. Ésta había sido procuradora de Justicia y candidata a diputada local plurinominal por la alianza de partidos entonces gobernante en Oaxaca (PRI-PVEM). Su nombramiento, que no garantizaba nada de independencia ni de certeza ni de objetividad en el desarrollo de las funciones, de entrada hizo palidecer cualquier posibilidad efectiva y legítima de que el gobierno “presumiera” la creación de esas instancias, si al frente de ellas había colocado a personajes afines que respondían fielmente a sus mandatos e intereses.

¿Qué tienen en común esos dos ejemplos? Que en ambos, el poder no se ejerció responsable, sino excesivamente: el Gobierno del Estado podía haber colocado a personajes ciertamente cercanos a sus intereses (o cuando menos no enemigos del régimen), pero con cierta legitimidad para ocupar los cargos. José Luis Echeverría y Lizbeth Caña, fueron sin embargo, sendas demostraciones excesivas de poder.

Sus respectivos nombramientos fueron, más que decisiones responsables, sendas constataciones —y demostraciones de fuerza— que, sin embargo, finalmente no sirvieron de nada, porque éstos no resistieron, ni de la forma más mínima, el tamiz del cambio de régimen gobernante.

LA HISTORIA SE REPITE

Hoy, de nuevo, los nombramientos de Alonso Criollo y de Carlos Altamirano fueron, más que decisiones responsables y basadas en el interés público, sendas demostraciones excesivas de cómo se ejerce con fuerza el poder, y de cómo el Gobernante puede demostrar a todos que, incluso por vías “democráticas”, él hace lo que le place —o le conviene— en instancias que, se supone, están ajenas a su ámbito de competencia.

Dentro de seis años, a lo mucho, veremos cómo de nuevo se repite la historia: si el gobierno estatal no es retenido por el ahora grupo gobernante, al inicio de la nueva gestión —y quizá ante una nueva exigencia ciudadana de democracia y “cambio”— tanto el Gobernador como los diputados integrantes del Congreso, no tardarán mucho en defenestrar a los ahora “garantes” de la democracia ciudadana y de la fiscalización objetiva.

Veremos, también, cómo propios y extraños cuestionarán los excesos de los gobernantes actuales, y pugnarán también por que ocurra un nuevo proceso de democratización de esos órganos. La historia de esos órganos y personajes, por su propio origen, está escrita desde ahora. De nuevo no pasarán por el tamiz del cambio de gobierno, y de nuevo serán tachados de todo lo que ahora mismo éstos tachan a sus antecesores.

Finalmente el problema no es de los titulares actuales o los anteriores: en el fondo, el problema se encuentra en la forma en cómo se ejerce el poder, y cómo los gobernantes se obnubilan y olvidan sus compromisos democráticos. Ya lo veremos.

ÓRDENES, ¿ORDENADAS?

Una cosa es que la contralora Perla Woolrich haya solicitado a la Procuraduría General de Justicia, y al Poder Judicial del Estado, la emisión de las órdenes de aprehensión a 32 ex funcionarios estatales, y otra que éstos las hayan finalmente librado. ¿Qué se sabe de esto último? Poco. O nada. Es decir, que realmente lo que continúa es el enorme circo mediático que han hecho de esto.

+ Diputados lo repudiaron como Secretario de Gobierno

A pesar de que se jacta de ser uno de los principales operadores políticos del Gobierno del Estado, Benjamín Robles Montoya no tiene buena aceptación en el Congreso del Estado. Los cuestionamientos que hoy se vierten en su contra —por haber sido designado como coordinador general de los Módulos de Desarrollo Sustentable sin haber solventado el deber legal de presentar el título o cédula que lo acredita como profesionista—, no resultan ser sino la segunda parte de una historia de repudios que comenzó a tejerse justo en el momento en el que los mismos diputados locales primero cuestionaron, y finalmente terminaron aceptando a Irma Piñeyro Arias como secretaria General de Gobierno, en diciembre pasado.

Esta historia, de la que aún poco se ha hablado en la escena pública local, ilustra a la perfección la censura sistemática que sigue pesando sobre Robles entre prácticamente todas las representaciones legislativas en el Congreso, a pesar de que éste ha tratado de convertirse, por todos los medios posibles, en el “interlocutor idóneo” entre las fracciones parlamentarias y el Gobierno del Estado “para generar consensos”.

Hoy los diputados están a punto de darle un segundo portazo a Robles. ¿Segundo? Si éste es el segundo, entonces ¿cuál fue el primero? Todo se explica a partir de las decisiones tomadas, en diciembre pasado, por el Congreso local, para ratificar a Piñeyro como secretaria General de Gobierno. ¿Qué pasó entonces?

Hagamos un ejercicio de memoria. El 1 de diciembre pasado, justo después de la toma de posesión de Gabino Cué Monteagudo como gobernador del Estado, se dio un anuncio sorpresivo: su ex adversaria en la reciente contienda por la gubernatura, Irma Piñeyro Arias, era presentada como secretaria General de Gobierno.

En el camino, Piñeyro había dejado no sólo a Robles Montoya, sino también a otros personajes que también se referían para el cargo como Celestino Alonso Álvarez o Alberto Esteva Salinas. Aunque el nombramiento fue polémico, nadie lo cuestionó al ser ésta una facultad constitucional del Gobernador del Estado.

El problema real, y el primer repudio a Robles por parte del Congreso, llegó apenas seis días después: cuando por disposición constitucional, se procedió a la ratificación de Piñeyro en el cargo referido, la fracción priista cuestionó el hecho de que ésta no hubiera presentado los documentos que la avalaban como licenciada en Sociología, cuando esto es requisito establecido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para que, por mandato constitucional, pueda ser ratificado por la Legislatura del Estado.

¿Qué ocurrió entonces? Que entre los días seis y ocho de diciembre pasados, mientras se decidía en el Gobierno del Estado si se sostenía a Piñeyro como secretaria de Gobierno a través del apoyo de las fracciones parlamentarias integrantes de la Coalición de Gobierno, también se sondeó la posibilidad de que fuera presentado Robles Montoya como candidato alterno a la General de Gobierno.

Aunque para entonces no se sabía que éste tampoco contaba con título profesional —igual que hasta ahora, él aseguraba sí tenerlo, aunque nadie lo había visto—, al recibir la noticia de que Robles podría sustituir a Piñeyro, fueron las mismas fracciones coaligadas las que primero se manifestaron en contra.

Repudiaron duramente a Robles. Y fue a partir de eso (y no de una solicitud expresa de dispensa por parte del gobierno estatal, a quien tampoco le interesaba mucho defender a su funcionaria) que los propios diputados coalicionistas confeccionaron y consensaron, a través de forzadas figuras legales, la “dispensa” en la presentación del título universitario que otorgaron Irma Piñeyro para ratificarla como Secretaria General de Gobierno.

SEGUNDO REPUDIO

Dice la fracción III del artículo 14 de la recién promulgada (el 1 de diciembre de 2010) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que para ser titular de una Secretaría o de los Ór-ga-nos-Au-xi-lia-res de la administración pública estatal, se requiere “contar con al menos título, cédula profesional o equivalente”.

A su vez, la fracción II del artículo 19 de esa misma ley, reconoce expresamente como órgano auxiliar del Gobernador del Estado, a la Coordinación General de Módulos de Desarrollo Sustentable. Es decir, que por mandato de esa norma, Robles Montoya de nuevo necesita ser profesionista titulado para poder ostentar legítimamente el cargo.

Frente a todo esto, podría haber una objeción: el artículo 88 de la Constitución Política del Estado, establece que sólo los Secretarios de Despacho deben ser ratificados por el Congreso del Estado. Y si siguiendo el Principio General del Derecho que dice que “donde la ley no distingue, no se debe distinguir”, entonces puede deducirse que ésta no tiene posibilidad de no ratificar a Robles en su encargo, y por lo tanto éste puede ocuparlo a pesar de no contar con los requisitos que exige la ley.

En apariencia esa es la solución a este entuerto. Sin embargo, de nuevo cae una pesada responsabilidad y compromiso moral y político tanto en el Ejecutivo, como en el Legislativo. ¿Por qué? Primero, porque se supone que, espontáneamente, el Gobierno del Estado debe cumplir con una ley que esta misma administración gobernante, impulsó y promulgó. No hacerlo sin necesidad de esperar a la coacción o el cuestionamiento, equivale a quebrantar el Estado de Derecho que ellos mismos dicen defender.

Pero también esto queda en responsabilidad del Legislativo: aunque no tienen facultad de ratificación, sí le pueden exigir al Ejecutivo, a través de un pronunciamiento de carácter político, que cumpla con lo establecido por la Ley Orgánica referida.

Queda claro que frente a las últimas demostraciones de “relación democrática” entre el Ejecutivo y el Legislativo, todo (lo negativo) puede esperarse. ¿Habrá responsabilidad en unos y otros para pronunciarse al respecto? ¿O es que unos y otros convalidarán otro quebranto más a las normas que ellos mismos crearon?

ECONOMÍA UABJO

Finalmente, los alumnos de la escuela de Economía de la UABJO rompieron con su directora, Ana Luz Ramos Soto, a quien acusan de diversas irregularidades, excesos y actos de corrupción. Sería buen momento para que el rector Rafael Torres, pusiera su atención en economistas sólidos integrantes de esa Escuela, como Eduardo Rodríguez Montero o Armando Pérez Delgadillo, para dirigirla. ¿Le importará? Ya veremos.

Democracia y gobierno: deshonran capital político

A juzgar por los resultados que hasta el momento ha entregado la LXI Legislatura del Congreso del Estado a Oaxaca, claramente se puede establecer que ahí lo único que varió fue la relación de partidos y fuerzas políticas, pero no la serie de prácticas viciadas y reprobables por las que, justamente, el electorado dejó de votar a favor del PRI. Ahí, propios y extraños siguen instalados en lo peor de sus prácticas. Y por eso, a pesar de sus dichos sobre consensos y resultados, no podrán ser absueltos ni justificados por el implacable tribunal de la historia.

En los comicios estatales del año pasado, la mayoría de los electores votaron por un cambio, que esencialmente rebasaba el slogan del entonces conjunto de fuerzas opositoras. Porque mientras éstos asumían el cambio como una simple alternancia partidista en el control de los poderes del Estado, la gran mayoría votó porque más allá del partido gobernante, se terminará con las prácticas relacionadas con la transa, con los cochupos, con la cooptación, con la corrupción y con la doble moral de los políticos que tenían el control del poder público.

Hablando en un sentido estricto, muchos electores, por ejemplo, votaron porque se terminaran las prácticas de avasallamiento en la toma de decisiones. Es decir, que los diputados del PRI, siendo mayoría absoluta, tomaran las decisiones sin siquiera tomar en cuenta (o consultar, o incluir) a las mayorías.

Los electores, también votaron a favor de que se terminara con aquella vieja tradición de que el Gobernador del Estado era el Jefe Político no sólo de su partido y de su fracción legislativa, sino de todos los que (siendo oficialistas u opositores) tuvieran alguna relación con el poder público; y que, basados en eso, las pretensiones del Gobernador (que en una democracia debían ser consensadas con los demás poderes, en una relación de coordinación y equilibrio) se convertían automáticamente en órdenes, que debían ser satisfechas sin miramiento ni contraposición alguna, so pena de ser reprendido política o económicamente a través de la maquinaria de control que equiparaba al Mandatario con un moderno Señor Feudal, dueño del territorio, y de todo lo que se encontraba en él.

Pero además —y esto es algo en lo que no han reparado ni los diputados coalicionistas, ni los opositores del PRI—, resulta que la gran mayoría del electorado que votó a favor del verdadero cambio, lo hizo también para terminar con las prácticas de cooptación y vasallaje que se alimentaban y se fomentaban particularmente en el Congreso. ¿De qué hablamos?

De que, les guste o no, lo acepten o no los actuales y los diputados de las Legislaturas pasadas, era —y sigue siendo— una práctica común entre los legisladores, que los integrantes del grupo mayoritario, fomentan la práctica de que el Gobernante coopte a los minoritarios, para que éstos suministren los votos que les hacen falta en decisiones importantes, que deben ser tomadas a través de mayorías calificadas.

En el pasado, los cooptadotes eran los gobiernos priistas y los cooptados eran los integrantes de las fuerzas de oposición. En antaño, los diputados priistas se quejaban porque mientras ellos debían obedecer, a título gratuito, la orden del Jefe Político, los legisladores de oposición eran “convencidos” a través de dádivas económicas, cargos públicos para sus allegados, e incluso de impunidad o “permisividad” para que realizaran ciertos actos que estaban por encima de la ley. Y hoy, queda claro, lo único que cambió es la filiación partidista de cooptadores y cooptados. Porque en el fondo, el Gobierno del Estado sigue “consensando” sus decisiones a través del torpedeo económico, del amague con la aplicación de la ley, o de la compra abierta de sus opositores.

La ciudadanía votó porque todo eso terminara. Para eso le dio la mayoría de representación a las fuerzas que acompañarían, desde el Congreso, a un Gobernador electoralmente fuerte: para que terminaran juntos con esas viciadas prácticas del pasado. No para que las siguieran fomentando y reproduciendo.

DESHONRA DEMOCRÁTICA

¿Ahora cómo pretenderán justificar lo que no tiene explicación? ¿Asegurando, por ejemplo, que la elección del nuevo Auditor Superior del Estado, fue producto de la razón y la reflexión por parte de todos los diputados? ¿Diciendo que todos, casi en forma unánime, consideraron que Carlos Altamirano Toledo era la mejor opción? Por favor.

Altamirano era inviable como candidato a Auditor Superior del Estado, desde el momento en que éste salió de las filas de la administración pública estatal, en la gestión del gobernador Gabino Cué… justamente para revisar las cuentas de esa administración estatal durante la gestión del gobernador Cué.

Frente a ese argumento, incuestionable, ¿Cómo pueden decir los diputados priistas que fue un consenso real y transparente el que permitió la llegada de tal personaje a la ASE? ¿Cómo pueden negar que la orden de que él fuera ungido llegó desde el Gobierno del Estado, y que para que ellos accedieran hubo de por medio ciertas cantidades de dinero, y la promesa eterna de espacios y prebendas?

Incluso, desde el mismo Gobierno del Estado, ¿cómo pueden decir que ahora se actúa con democracia y antes no, cuando son los mismos esquemas, exactamente los mismos que en el pasado (cooptación, promesas, chantajes, negociación de impunidad, etcétera), los que se ocupan hoy para hacer transitar una decisión que debía estar en manos distintas a las del Poder Ejecutivo.

Eso no lo pasará por alto un electorado medianamente inteligente que, por un lado, no esperaba tan poco del PRI como partido de oposición; pero que tampoco esperaba tantas bajezas (fundamentalmente por la convalidación de las prácticas de avasallamiento y compra de conciencias, operada desde el gobierno estatal) de los antiguos partidos opositores, que ahora que tienen el poder resultaron ser tanto o más ambiciosos, codiciosos y antidemocráticos, que sus contrapartes.

COSTO, IRREMEDIABLE

Todo eso será finalmente pagado en 2013, cuando los partidos dejen sus poses y sus intereses, y pretendan presumir al electorado sus logros como fracciones parlamentarias. ¿Con qué cara dirá el PRI que fue una oposición “seria y responsable”, cuando sin ningún rubor se ha plegado, siempre, a las decisiones oficiales? ¿Qué dirán, cada uno por su lado, los ahora partidos coaligados, sobre la calidad de “democracia” que fundaron? No habrá nada que presumir. Nada.

+ Interés partidista y coto de poder: nada de democracia

La elección legal, pero no legítima, del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, pone en evidencia que los tiempos y los partidos pueden cambiar, pero no las prácticas y la obsesión por tener controlado al poder. Aunque los órganos autónomos y la fiscalización son sendas expresiones contemporáneas de una sociedad democrática, en Oaxaca todo quedó nuevamente reducido al interés partidista y los cotos de poder de quienes, desde el oficialismo y la oposición, gobiernan la entidad.

El asunto estaba claro desde un inicio: hace ya varias semanas, desde el Gobierno del Estado se decidió que el nuevo Auditor Superior del Estado sería el entonces secretario de Desarrollo Social y Humano, Carlos Altamirano Toledo.

Se cumplieron todas las formas legales para tal efecto (la presentación de la propuesta, la exposición de un proyecto de trabajo, e incluso la renuncia a su cargo en el sector público), pero sin satisfacerse los requisitos de legitimidad: es decir, sin garantizar que el nuevo Auditor fuera, primero, especialista en la materia; segundo, un personaje de verdadera extracción ciudadana; y tercero, que no tuviera ni aspiraciones políticas ni relaciones de sumisión o de interés con una de las esferas gubernamentales (el gobierno estatal) a las que, se supone, se va a encargar de fiscalizar.

Esta cuestión es, a su vez, preocupante por al menos dos razones: la primera, porque Altamirano Toledo no es un personaje que, como profesional, se pueda jactar de ser un especialista en las materias que ahora tendrá la responsabilidad de desarrollar. Y segunda, porque ni su proceso de elección, ni las formas que ocuparon —tanto desde el Gobierno del Estado como desde las fuerzas de oposición— para operar su nombramiento, son ni siquiera las mínimas aceptables para poder asegurar que el nuevo titular del órgano fiscalizador tendrá todas las libertades, y la determinación, para verdaderamente revisar las cuentas del gobierno estatal, y de los municipios, sin cargas ni fobias partidistas, y sin los intereses políticos que tanto urge que se desincorporen de las decisiones de interés mayoritario.

La primera de las cuestiones no es menor: el cargo de Auditor Superior es, por mandato constitucional, especializado. Es decir, que debía ser no sólo un profesional sino —de acuerdo con el recién reformado último párrafo del artículo 65 bis de la Constitución del Estado— un experto “en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”. Además del mandato constitucional (que para efectos prácticos puede o no cumplirse a cabalidad, y solamente convalidarse la “idoneidad” a través de un título profesional), la calidad de experto en la materia debía ser una cualidad ponderada por parte del Poder Legislativo al momento de hacer su elección.

No obstante, la segunda de las cuestiones es aún más grave. Ayer mismo, tal parecía que todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso, habían decidido hacerse a un lado de cualquier discusión seria sobre el asunto. Todos decían que “el pleno” haría la elección, en aras de desmarcarse personalmente de la decisión que estaba a punto de tomarse.

Los partidos integrantes de la coalición gobernante simplemente rehuían a cualquier intercambio; y los opositores del PRI guardaban silencio esperando el momento de la votación. Nadie en el Congreso, parecía tener la convicción suficiente para cuestionar el proceso, y mucho menos para evitar la consumación de este intento de imposición (y colonización formal, oficial) del Poder Ejecutivo en el órgano de fiscalización del Congreso del Estado. Frente a todo esto, quedaba desterrado cualquier viso de democracia, de legitimidad y hasta de verdadera deliberación, frente a un apabullante resultado de 36 votos a favor de Altamirano Toledo.

Al “negociar” la unción del nuevo Auditor, todos confundieron, voluntariamente, la posibilidad de cabildear con la de transar; confundieron también el hecho de que la concertación no necesariamente significa concertacesión; e incluso, de nuevo cayeron en el garlito de que “representación popular”, “coalición” y “oposición responsable” no son sinónimos, ni sendas patentes de corso, para replegarse frente a las decisiones oficiales.

PRIVILEGIADO, EL

INTERÉS PARTIDISTA

En la lógica del poder, el gobierno de Ulises Ruiz creyó haber “cumplido” con la democracia, al crear las figuras de varios órganos autónomos como la ASE o el Instituto de Acceso a la Información; sin embargo, su compromiso se terminó al crearlos, porque a cambio de ellos retuvo su control a través de personajes afines al poder. La tarea de sus sucesores, en esa lógica, sería justamente la de verdaderamente democratizar a los órganos autónomos, a través de la selección de sus titulares a través de criterios claros y apegados a los principios según los que fueron creados doctrinaria y jurídicamente.

En esa lógica, era relativamente comprensible la insistencia del nuevo gobierno por lograr la separación del cargo de los titulares heredados. No obstante que eso es jurídicamente inadmisible, todo podría tener cierta justificación si las deposiciones hubieran dado paso a un verdadero proceso de elección libre y accesible para todos los ciudadanos, que además brindara la certeza sobre la independencia en la integración de tales órganos.

Lo que ocurre, sin embargo, es exactamente lo contrario: como tradicionalmente ocurre, el gobernante decide en la lógica de sostener su poder, y entonces decide quién irá al órgano autónomo (que con eso, materialmente deja de serlo). La decisión la toma, en aras de mantener acotado al poder, y sostener el control sobre los riesgos para su gobierno. En su momento, esa fue la lógica priista (inadmisible) para nombrar a una subordinada como titular de la ASE (Lizbeth Caña); pero es increíble que esa sea hoy, en estos tiempos de supuesta democracia, la misma lógica para imponer a Altamirano Toledo.

POLÍTICA DEGRADADA

Todo esto, sin duda, es harto dañino para la democracia. Los diputados locales, y el Ejecutivo, no están cumpliendo con las expectativas democráticas que se generaron. Oportunidades para reivindicarse sí han existido. Lo que no parece haber, es voluntad para verdaderamente equilibrar el poder, y desterrar la idea, cada vez más presente, de que la alternancia fue sólo “quítate tú para que me ponga yo”… sobre las mismas bases autoritarias e impositivas que ya no quiere la ciudadanía.

+ Consolidación (y perpetuación) en el poder, el objetivo

La semana pasada, la diputada local del PAN, Marlene Aldeco Reyes Retana, presentó una iniciativa de reforma para modificar el segundo párrafo del artículo 75 constitucional, para permitir que quien ha sido ya Gobernador del Estado en la calidad de interino, provisional o sustituto, pueda volver a ocupar ese cargo.

Tal pretensión, que se pretende justificar a través de argumentos como el de la armonización con la Constitución federal, y con el de la salvaguarda de los derechos político-electorales del ciudadano, en realidad esconde una pretensión mayor de nostalgia por el poder en ciertos sectores del grupo gobernante, que ha provocado ya fuertes pugnas en Oaxaca, y que en buena medida es el origen del proceso de descomposición política por el que ha atravesado la entidad.

Este asunto, que es complejo en sí mismo, para su análisis debemos dividirlo entre los aspectos estrictamente jurídicos, y las implicaciones políticas —y particulares propias de Oaxaca— que conlleva. Por eso, sin duda, debemos ir por partes.

En estricto sentido jurídico, la diputada Aldeco Reyes Retana asegura que su reforma, pretende armonizar (o hacer concordante) el texto constitucional local, con lo que establece el artículo 116 de la Constitución General de la República en su fracción primera. Porque mientras el Texto Constitucional de Oaxaca, en el segundo párrafo del artículo 75, establece que “el ciudadano que haya ocupado el cargo de Gobernador del Estado, por elección ordinaria o extraordinaria o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo de Gobernador en cualquiera de sus modalidades”, el numeral 116 de la Constitucional federal sí establece, como base general para las entidades federativas, la posibilidad de que quien haya ocupado la Gubernatura en tales calidades, puede volver a competir, por la vía electoral y no en el periodo inmediato al en que ocupó tal cargo, para ser Gobernador Constitucional del Estado.

Frente a esta discordancia jurídico-constitucional, debemos entender varias cuestiones. La primera, y más importante, radica en que si bien la Constitución federal establece bases generales para la organización del poder público en las entidades federativas, éstas no constituyen una obligación o un deber de observancia de las mismas, siempre que no se rebasen los límites establecidos. Incluso, en la doctrina constitucional se considera que, en algunos puntos, ese artículo rebasa el límite de la soberanía en lo concerniente al régimen interior de las entidades federativas.

Por esas razones, es altamente engañoso el argumento de la “armonización” entre la Constitución local y la federal. Ésta última, en todo caso, establece los límites de lo que no se puede hacer en cuanto al régimen interior de los Estados. Pero, indudablemente, lo contenido en el segundo párrafo del artículo 75 de la Constitución de Oaxaca ni rebasa lo establecido en el 116 de la Constitución federal, ni tampoco existe la obligación de hacer homólogas tales disposiciones, que pueden seguir subsistiendo sin ningún conflicto y que, en el último de los casos, son también parte de la capacidad de decisión soberana que tiene Oaxaca sobre su gobierno.

CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS

Ahora bien, vayamos al terreno de la praxis. La disposición constitucional estatal antes comentada, fue establecida y remarcada por el gobernador Heladio Ramírez López, como una forma de remarcar ciertos postulados e intereses de amplios antecedentes histórico-políticos de Oaxaca y del país. De hecho, tal disposición es homóloga con el artículo 83 de la Constitución Federal, que establece, para el caso del Titular del Poder Ejecutivo, que “el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o substituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.”

Si en realidad no existe conflicto entre los derechos político-electorales del ciudadano, y tales disposiciones, que tienen una ascendencia histórica importantísima para nuestra cultura y sistema político, ¿entonces cuál es el interés por hacer, en este momento, una modificación a la Constitución de Oaxaca y abrir la posibilidad de que, quien ya pudiera haber sido Gobernador interino, provisional o sustituto, pueda volver a ocupar dicho cargo a través de elecciones populares?

Si tal reforma está encaminada a beneficiar a alguien en particular, ese “alguien” tiene nombre y apellido: Jesús Martínez Álvarez. Recordemos que desde el periodo del gobernador Ramírez López, todos los mandatarios siguientes han concluido sus periodos constitucionales de gobierno. Y, sobre todo, que los Mandatarios interinos, provisionales o sustitutos anteriores al gobernador Pedro Vásquez Colmenares, están muertos.

No obstante todo lo anterior, esta pretensión de reforma al artículo 75 de la Constitución del Estado, es añeja: de hecho, ese fue el punto central de la disputa habida, en distintos momentos y cada uno con características particulares, entre el llamado “Grupo Oaxaca” con los gobernadores Ramírez López, José Murat y Ulises Ruiz. A todos ellos, el grupo al que pertenece el ahora Secretario General de Gobierno, exigió la derogación del segundo párrafo de tal precepto, para que éste pudiera volver a la Gubernatura, en calidad de Gobernador Constitucional.

Hoy, sin embargo, están más cerca que nunca de lograrlo. Varios de los más renombrados integrantes de ese grupo ostentan cargos de primer nivel, tienen el apoyo político del grupo gobernante, y la posibilidad de modificar tal precepto abre múltiples posibilidades respecto a un potencial proceso de sucesión adelantada, o de consolidación de cierto proyecto político para el sexenio siguiente.

¿CASUALIDADES?

Queda claro que en política nada es casualidad. No lo es, que justo ahora se “reviva” aquella pretensión añosa de eliminar el candado constitucional para los gobernadores no constitucionales en Oaxaca. Tampoco lo es, que hoy tal pretensión sea colocada en el Congreso el Estado, por una legisladora que es hija de uno de los eternos leales (Carlos Aldeco Reyes) a quien parece querer beneficiar directamente el potencial cambio constitucional. ¿Muy democrática su reforma? Ya veremos cómo esto es un engaño, y cómo esta pretensión no pasa, ni a empujones, por el tamiz de una verdadera discusión sobre avances democráticos para una sociedad.

+ Gobierno no necesitaba a Elba Esther Gordillo

Desde el 1 de diciembre, cuando sorpresivamente se anunció que la ex candidata a la gubernatura por el Partido Nueva Alianza, Irma Piñeyro Arias, ocuparía la Secretaría General de Gobierno de la administración del gobernador Gabino Cué, iniciaron las especulaciones sobre si esa posición, era el pago de una cuota a la presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. Aunque la posibilidad es morbosamente atractiva, en realidad habría que ir a los datos duros para corroborar si en realidad existió tal alianza, si sirvió para algo, y si en realidad el Mandatario tenía algo que pactar con la cuestionada Líder Magisterial.

Por lo menos en el mes previo a la toma de posesión del gobernador Cué, abundaron las especulaciones sobre quién ocuparía la General de Gobierno. Conforme se acercaba la fecha en que el nuevo régimen asumiría el poder, se supo que habría un replanteamiento de las estructuras administrativas del gobierno estatal.

Todo esto quedó claro apenas unos días antes del cambio de poderes, cuando fue presentada al Congreso la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la que se contemplaba la creación de una Oficina de la Gubernatura (como una especie de jefatura fáctica de gabinete), y la modificación y reagrupación de las atribuciones de la mayoría de las secretarías de gobierno. En la reforma misma, quedaba claro que la General de Gobierno, ya no sería la dependencia políticamente fuerte de la administración estatal.

Mientras todo eso ocurría, arreciaban las especulaciones sobre los nombres posibles de quienes ocuparían cada una de las dependencias. Se decía, en la segunda quincena de noviembre, que lo mismo podría quedar como secretario General de Gobierno Celestino Alonso Álvarez, que Benjamín Robles Montoya, o Alberto Esteva Salinas. Todos los que especularon, o dijeron tener seguridad de que entre esos nombres se resolvería la Segego, se fueron con un palmo de narices cuando la definición cayó sobre Piñeyro Arias.

De inmediato, corrieron los rumores respecto a cuál había sido el arreglo para su arribo a la dependencia encargada de la política interna de la entidad. La explicación más lógica, derivada de la fortaleza que tiene el SNTE (y el Panal) en la gobernabilidad nacional, y de los posibles pactos del nuevo Gobernante con los más importantes factores reales de poder, concluyó que el nombramiento de Piñeyro como secretaria General de Gobierno, era consecuencia de un pacto del gobernador Cué con la profesora Gordillo Morales.

Todo esto, sin embargo, pudo haber seguido una lógica distinta. Muchas de las modificaciones hechas a la estructura de gobierno, tuvieron que ver justamente con la búsqueda del sostenimiento de los equilibrios entre los grupos que lo rodean. No podía colocar en puestos clave del gobierno estatal, en un primer momento, a dos funcionarios de los dos principales grupos que lo apoyaron.

Es decir que, por ejemplo, no podía poner a Esteva y Robles al mismo tiempo para que “convivieran” en la General de Gobierno y la Oficina de la Gubernatura, respectivamente, porque más que cualquier efecto positivo, esto traería una confrontación infinita, pues esos y otros personajes no han aprendido a vivir en correlación: cada uno de ellos pretende tener todo el control de todas las decisiones, y eso no provoca más que roces y confrontaciones que, visto está, no llevan a nada bueno a un gobierno.

Pero podría haber habido más: al mismo tiempo, al arranque de su gestión, el gobernador Gabino Cué otorgó sendos cargos en su gabinete a sus dos adversarias en la batalla por la gubernatura. Al integrarse a su gobierno Irma Piñeyro y María de los Ángeles Abad, el Mandatario buscó enviar señales políticas de inclusión, y de que el PRI se quedaba solo en su calidad de opositor. Queda claro, sin embargo, que estas fueron sólo señales de cierto decoro, pues en los hechos a ninguna se le permitió nunca la posibilidad de hacer algo más que fungir como un simple elemento decorativo de un gobierno pretendidamente “democrático”.

ELBA ESTHER, ¿PARA QUÉ?

Ahora bien, vayamos a la sustancia del supuesto pacto entre el gobernador Cué y la profesora Gordillo, y preguntémonos lo siguiente: ¿Buscando qué, habría pactado algo el Mandatario con la Líder Nacional del magisterio? Ella, a la luz de los hechos, carece de los hilos necesarios en Oaxaca, y en el país, para ayudar al Gobernador de un estado con tantas complejidades, como lo es Cué en Oaxaca.

Si fuera otra la composición magisterial en la entidad, podría pensarse que la posición habría sido entregada para mantener la correlación de fuerzas con el magisterio estatal, a través de una medida de control con el CEN del SNTE. Sólo que, aquí, la Sección 22 es disidente al CEN del SNTE, y por tanto éste no tiene ningún tipo de control ni ascendencia sobre las decisiones de aquél. Ese supuesto pacto, no pudo evitar que en mayo pasado hubiera plantón y paro de labores magisteriales en la entidad, y mucho menos que el gobierno entregara más dinero que nunca a la Sección 22, a cambio del regreso a las aulas.

En otra lógica, podría suponerse que el acuerdo radicó en la entrega de la General de Gobierno, a cambio de que la profesora Gordillo le sirviera al gobernador Cué como interlocutora para resolver asuntos de trascendencia nacional con el gobierno federal, y todas las fuerzas políticas. esto podría ser. Sólo que La Maestra hoy más que nunca tiene una relación desgastada y adversa con el presidente Felipe Calderón (quien tampoco le da mayor importancia al gobernador Cué), y el Gobierno de Oaxaca se ha encargado de romper cualquier posibilidad de diálogo con los opositores del Revolucionario Institucional (que, valga decirlo, tampoco le reconocen mayor ascendencia a la Líder Magisterial).

Incluso, podría suponerse, en un último caso, que el pacto fue de corte partidista rumbo a las elecciones federales de 2012. Esta posibilidad, sin embargo, también queda descartada ante la inminente alianza del PRI y el Panal para los comicios presidenciales.

MAL NEGOCIO

Si hubo, en realidad, éste fue costoso y poco benéfico. Irma Piñeyro no hizo todo lo que podía, en buena medida porque la atajaron y menospreciaron sistemáticamente, pero también por sus propias limitaciones. Y por eso, más que pacto, su paso por Segego parece consecuencia de una decisión aventurada, de un gobierno nunca acabará de cumplir con los compromisos que creó para llegar al poder.

Pésimo signo, que fiscalización siga “entre cuates”

Una de las razones por las que justamente la ley prevé que ciertos órganos del Estado sean renovados en periodos distintos a los ejercicios de gobierno, estatales o federales, radica en la inhibición de la posibilidad de que las administraciones y los grupos políticos en el poder, puedan tener fiscalizadores a modo.

Se supone que todo esto, debe estar reforzado por la participación auténtica de ciudadanos que garanticen que la revisión del ejercicio público sea puntual y objetiva, y no cargada a favor o en contra del grupo gobernante. Si se entiende que todas estas son condiciones naturales de toda “sociedad democrática”, como la que dicen que ya comenzamos a ser, ¿entonces por qué en Oaxaca se está promoviendo la repetición de los viejos esquemas —propios de los regímenes priistas hegemónicos— para la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado?

El asunto no es menor. Al menos en el Congreso del Estado, y en los corrillos de la política gubernamental, ya se desborda la especie de que “el bueno” para encabezar la ASE próximamente, es el hasta ahora secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Carlos Altamirano Toledo.

Esto, dicen, podría ya estar “autorizado” por el gobierno estatal, y es posible que incluso cuente el apoyo con las bancadas opositoras en el Congreso. Independientemente del interés particular que guardan cada una de las fuerzas representadas, y el régimen gobernante, consolidar esta posibilidad constituirá un golpe implacable para nuestra —incipiente y nada clara— “sociedad democrática”. ¿Por qué?

Sencillo. Porque independientemente de que Altamirano —o cualquier otro personaje afín al poder— pueda ser un extraordinario economista, y que cuente con todas las potencialidades para desarrollar inmejorablemente las atribuciones del cargo, queda claro que tanto su procedencia, como su modo de arribo, abonarían no sólo a las peores condiciones para su nombramiento (pues llegaría señalado y cuestionado, con toda razón, por la potencial sumisión al gobierno para el que trabajó y por el que fue impulsado para el cargo desde donde él se dedicaría a fiscalizarlo), sino que también serían la repetición fiel y exacta del pasado: es decir, que Altamirano caminaría sobre los pasos que marcó Rosa Lizbeth Caña Cadeza, como una auditora subordinada e impuesta por el gobierno en turno, que luego fue depuesta por la administración siguiente. Marcaría, de entrada, su destino y su paso (incompleto) por el órgano de fiscalización del Congreso.

Desde la creación de los órganos tales como la ASE, el Instituto de Acceso a la Información, y demás, quedó claro que su único gran cuestionamiento radicaba en la forma como fueron integrados. Aunque democráticamente era inadmisible que el entonces gobernador Ulises Ruiz impulsara a una serie de personajes de amplia cercanía a él para encabezar a esos órganos, la llegada de personajes como Caña Cadeza a la ASE, o Genaro Vásquez Colmenares al IEAIP, fueron “entendidos” bajo la lógica pura del poder, que indicaba que si bien el régimen anterior ya había creado los órganos, dejaría a sus sucesores la tarea de iniciar el verdadero proceso de independencia, y de desincorporación de los integrantes de éstos del grupo gobernante.

En esa lógica, comprensible pero no admisible, la democratización e independencia plena de esos órganos debió llegar en el momento de que sus primeros integrantes culminaran sus respectivos periodos, y entonces se combinaran tanto la voluntad democrática del grupo gobernante, como el interés verdaderamente ciudadano por participar de esos procesos, para conseguir titulares e integrantes de los órganos autónomos, verdaderamente comprometidos con las causas y los fines que éstos persiguen.

Sin embargo, parece que eso podría quedar eventualmente cancelado.

¿ESTABILIDAD EN LOS CARGOS?

Uno de los puntos que provocó mayores cuestionamientos, incluso antes de que se aprobara la reforma constitucional ocurrida recientemente en Oaxaca, era la firme voluntad que manifestaba el grupo gobernante por “renovar” la integración de los órganos autónomos. Esa voluntad —que caminaba lo mismo sobre los rieles de la democracia, que sobre los del exterminio al régimen anterior—, fue finalmente convalidada por todos los partidos políticos, que votaron modificaciones sustanciales a sus alcances e integración, y que dieron la pauta para que los actuales titulares fueran removidos.

El primer órgano sobre el que se puso la mirada, fue justamente la ASE. En un principio, la auditora Caña decidió dar la batalla, y a través de distintos canales, manifestó la necesidad de que los titulares de esas instancias culminaran sus periodos. Y es que, independientemente de sus dichos y sus formas de defensa, para todos quedaba claro que sería un mal ejemplo del gobierno entrante, el tratar de forzar cambios constitucionales para expulsar a funcionarios que gozaban de estabilidad en sus cargos, sólo porque eran afines a un gobierno distinto al actual.

Lo más riesgoso, en ese sentido, radicaba en la posibilidad de que los nuevos titulares de los órganos corrieran, seis años después, con la misma suerte que sus antecesores. Todo eso, rompería con varios de los principios fundamentales sobre los que se fundan los alcances de ese tipo de órganos, y provocaría que materialmente los cambios en entidades como la ASE, el IEAIP y demás, quedaran sujetos también a los vaivenes políticos sexenales de los que, se supone, deberían ser ajenos.

Al final, la reforma se pactó, aunque nunca quedó claro si los partidos de oposición pusieron como condición que para la nueva integración de los órganos autónomos, se hiciera un verdadero proceso de auscultación. Seguramente eso no ocurrió, porque independientemente de las “formas democráticas”, parece que ya existe un personaje perfilado —que bien podría ser Altamirano Toledo, u otro personaje ligado al gobierno estatal— para ocupar dicha responsabilidad. Aunque cargará con los mismos cuestionamientos con los que sus impulsores descalificaron la integración actual de la Auditoría.

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