+ Lucha electoral venció a lucha democrática

Ayer, un grupo de personajes de la vida política e intelectual del país, publicaron un desplegado en el que manifiestan su disposición para formar una coalición de gobierno, basada en reglas claras y un programa específico que, desde sus respectivas responsabilidades, sería compartido por todos los firmantes del acuerdo. ¿Por qué esta propuesta se parece más a una especie de “llamado desesperado”, que a un posible “paso natural” que estuviera dando nuestra democracia?

El contenido del llamado hecho ayer, mediante una publicación en los principales diarios de la capital del país, parece concordante con la realidad nacional. En él, aseguran tener el objetivo común de “consolidar la democracia constitucional en México para dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad”, y sostienen que “en una democracia las ideas políticas nos hacen diferentes pero no nos hacen enemigos (…) Hemos construido el pluralismo democrático en el Congreso pero no en el gobierno. Debemos dar los pasos que faltan para superar esta contradicción y consolidar nuestra democracia constitucional. El ejercicio del poder en la pluralidad implica la cooperación de las fuerzas políticas.”

De ahí que sostengan el deseo de contar con “un sistema político que haga compatibles las diferencias propias de una democracia y las conductas cooperativas propias de una república. El programa de gobierno debe contar con apoyo mayoritario de los representantes de la Nación. Si ningún partido dispone de mayoría en la presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable, cuya ejecución sea compartida por quienes lo suscriban.” ¿Será esto posible en una democracia como la nuestra?

De entrada, queda clara la necesidad imperiosa que tiene el Estado mexicano de llegar a un estado distinto al de la inmovilidad que ahora prevalece. En los últimos 11 años, México ha transitado exitosamente por el camino de la alternancia y la pluralidad política, pero ha tenido pésimos resultados en la construcción de acuerdos y de decisiones consensadas.

La mejor prueba se encuentra en el hecho de que, hoy, todos los personajes, grupos, facciones y partidos políticos, tienen plena posibilidad de luchar por el poder, y desde el poder; pero que el resultado de esa lucha permanente, no necesariamente significa un mejor gobierno para los ciudadanos, y tampoco un mejor panorama para quienes ejercen el poder, y quienes se aparecen como representantes de las fuerzas de oposición.

Por eso, e independientemente de ese llamado, es evidente que más allá de los pragmatismos, lo que la clase política mexicana necesita es explorar nuevas formas de ejercer el poder, pero que éstas sean distintas a la suerte de canibalismo e inmovilismo que hasta ahora ha resultado. Aunque hasta hoy el resultado no es del todo malo, es evidente que éste sí tiene muchos puntos cuestionables que deben ser enmendados en el futuro cercano, si es que los gobiernos siguientes pretenden garantizar la estabilidad y el futuro a sus ciudadanos.

¿DEMOCRACIA VS DEMOCRACIA?

En ese sentido, pareciera que la lucha electoral le va ganando, por amplia ventaja, a la lucha democrática. ¿De qué hablamos? De que hoy la competencia por el poder es más intensa y permanente que nunca, pero que eso no ha redundado en mejores condiciones, ni en la construcción de acuerdos efectivos, a favor del país. Y eso, aquí y en China, es altamente preocupante.

De ese punto parece partir la disposición manifiesta de esos personajes de la vida pública del país, por estimular la construcción ya no sólo de acuerdos, sino de un programa conjunto, que contenga la posibilidad de abordar algunos de los temas más importantes para el país, pero que en esa posibilidad de discusión se encuentre también la probabilidad de aprobación y ejecución.

Y es que aunque ya es un lugar común aquello de la “falta de consensos”, de la “parálisis que vive el país”, lo cierto es que las condiciones adversas que hoy prevalecen no son culpa sólo del PAN, sólo del PRI o sólo de las fuerzas de izquierda. El gran problema de nuestra democracia, es que la lucha electoral ha cegado recurrentemente a los actores y fuerzas que también debían velar por el bienestar de la democracia y la gobernabilidad, pero que en aras de la lucha electoral, dejan de lado toda posibilidad de alcanzar acuerdos a favor del país, y no sólo de sus intereses o conveniencias particulares.

Por eso, independientemente de que sea a través de un gobierno de coalición, o del establecimiento de intereses, temas y programas comunes para ser consolidados independientemente de que un partido o grupo gane la mayoría en el Congreso y al mismo tiempo la Presidencia de la República, lo que en México necesitan ser exploradas son alternativas a esa falta de acuerdos que hoy ahoga las decisiones más importantes que aún no se han tomado.

Queda claro que el país, y las fuerzas políticas, no pueden seguir teniendo el rumbo que actualmente llevan. Es claro que más allá de las posiciones partidistas, lo que se debe solucionar es la falta de acuerdos y de compromisos claros por parte de las fuerzas políticas. En el mejor de los casos, debiera haber un gran consenso sobre ciertos temas, para ser impulsados independientemente de los vaivenes políticos del momento, o del hecho de que todo se siga determinando en función de quién gana y de quién pierde el poder.

Los ciudadanos debemos saber para qué quiere nuestro voto, cada partido o candidato que se presente en 2012. Todos debemos exigirles, a cada uno de ellos, compromiso democrático, programas firmes, y una actividad de verdad verificable. Del mismo modo, debíamos desterrar el “cheque en blanco” que hoy le damos, en cada elección, a nuestra clase política. El poder público ya no debe seguir estando tan lejos del bien común. Por eso es importante explorar todas las figuras posibles, con tal de que algo pueda significar un compromiso más firme, de la clase política y la sociedad, a favor del país.

LA “MESA” DE IXCOTEL

Qué descubrimiento el hecho por el Gobierno del Estado, de la existencia de la llamada “mesa directiva” en el reclusorio de Ixcotel. Esa “organización interna” del Penal, es viejísima. Sólo que las actuales autoridades no la habían querido reconocer, y menos desmantelar. ¿Lo habrán hecho con el cateo de ayer? Abundaremos.

+ PAN-PRD: alianza para más que ejercer poder

Hay una corriente política compartida por ciertos sectores “moderados” tanto del Partido Acción Nacional, como del Partido de la Revolución Democrática, que no dejan de insistir en la posibilidad de trabar una alianza para la elección presidencial del próximo año. Sostienen que podrían construir un programa conjunto de trabajo, y que innovarían emprendiendo un “gobierno de coalición”. Y ven como ejemplo de ello, a Oaxaca. ¿Habrá razones válidas para tomar a nuestro gobierno como punto de referencia… de algo que en México nadie ha podido concretar?

En efecto, algunos de los sectores menos duros tanto de Acción Nacional, como del PRD, barajan entre sus posibilidades comunes para los comicios presidenciales del próximo año, la de hacer una alianza para impulsar a un posible candidato, que pudieran encontrarse en una especie de “punto medio” entre las causas panistas y perredistas —que, de entrada, parecen irreconciliables—, y que incluso pudiera estimular un acercamiento entre esas posturas y visiones radicalmente opuestas sobre cómo debiera gobernarse el país.

En un primer momento, pareciera que el escenario nacional está dominado por dos corrientes entre los partidos que ahora comentamos: por un lado, el envión panista del presidente Felipe Calderón Hinojosa, que pretende imponer como abanderado presidencial a su ex secretario de Hacienda, Ernesto Corderro Arroyo, por encima de cualquier otro aspirante panista, y sin ceder espacios de poder a nadie dentro o fuera del PAN.

Por el otro lado, se encuentra el grupo perredista (ahora colonizando al Partido del Trabajo, y al recién renombrado Movimiento Ciudadano, antes Partido Convergencia) que respalda al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, y que, del mismo modo, buscará todas las vías para imponerse en la candidatura presidencial del tabasqueño, evitando tanto las cesiones importantes de poder dentro de su partido, y atajando cualquier posibilidad de poner en riesgo ciertos principios ideológicos, e intereses políticos, que los han identificado como una corriente de izquierda marcada por la congruencia.

No obstante lo anterior, queda claro que en medio de esas corrientes quedan otras menos radicales, que defienden la posibilidad de una candidatura compartida entre las fuerzas distintas al PRI, que buscarían construir una alianza justamente para impedir el avance del tricolor, en la ruta del retorno al poder presidencial.

Esas corrientes ven en el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, al personaje que al mismo tiempo ha estimulado a las corrientes de izquierda no radicales para acercarse a él, pero que también ha buscado la menor confrontación con los sectores de derecha que también existen en la capital del país.

En ese sentido, Ebrard, el izquierdista moderado, no se aparece como un peligro para los intereses de los grupos sociales, económicos e incluso políticos identificados con la derecha panista. Y del mismo modo, Ebrard, el personaje de la izquierda moderada, también ha buscado presentarse como un individuo que buscará mantener a salvo el terreno concreto que la izquierda ha ganado en el país para incrementarlo, pero que sí podría estar en riesgo ante un gobierno radicalizado para cualquiera de los extremos políticos.

Y los defensores de planteamientos como esos, sostienen que un programa de gobierno ideal para el país sería el del gobierno de coalición. E, insistimos, ven a Oaxaca como uno de sus fundamentos.

¿Habrá razón para ello?

¿GOBIERNO DE COALICIÓN?

En Oaxaca hay gobierno conjunto entre varios partidos, pero no gobierno de coalición. La razón es evidente: aquí, el Poder Ejecutivo se encuentra dividido auténticamente en cuotas, que son ocupadas por representantes de los distintos partidos políticos que respaldaron la candidatura del gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Y el Poder Legislativo trabó, aparentemente, una Coalición Legislativa que, sin embargo, no tiene ni fines, ni objetivos, ni un programa concreto; y que, suponiendo que el catálogo de buenas intenciones que presentaron al principio de su gestión contara con esos elementos, de todos modos ninguna de ellas se ha concretado en trabajo y avances conjuntos, más allá de la atención a los intereses que les son comunes.

¿Qué ha dado como resultado todo eso? Que, por un lado, el gobierno estatal actúe recurrentemente en sentidos y finalidades distintas. Y, segundo, que la ausencia de objetivos comunes y obligatorios para todos los integrantes del gabinete de gobierno, haga que éstos busquen permanentemente la satisfacción de sus intereses particulares o de grupo, pero sin atender a la supuesta razón preponderante de buscar la satisfacción del interés general.

Lo mismo ocurre con el Legislativo. El programa conjunto de actividades que programaron, ha tenido un cumplimiento parcial y selectivo. Esto, debido a la misma razón. Los partidos signaron su supuesto programa conjunto, sólo como una mera declaración verbal no obligatoria ni susceptible de ser exigida por nadie. Fue, más bien, un conjunto de promesas respecto a tareas específicas —que, la mayoría, no se han cumplido—, pero no el programa que un gobierno de coalición habría necesitado para denominarse como tal.

Por eso, Oaxaca está lejos de ser un referente nacional, tanto para quienes pretenden constituir gobiernos de alternancia, como para quienes buscan “experiencias exitosas” de gobiernos de coalición. Aunque aún es pronto para iniciar los procesos evaluatorios, queda claro que la visión del gobierno de coalición aquí únicamente fue entendida como el mero reparto de espacios, que no tiene posibilidad de ser exigido ni reprochado por la ciudadanía o por las mismas fuerzas que participaron en ellas.

Ojalá aquí pudiera construirse, primero, una mejor concepción del gobierno de coalición. Y, sobre todo, llevarse a los hechos. Creer, sin embargo, que éste puede ser un referente para el país, significaría tanto como condenar al país a una mayor parálisis, y vicios, de los que ya tiene.

ZORRILLA, EL INESTABLE

El secretario de Turismo y Economía, José Zorrilla, no se entiende ni él mismo. De nueva cuenta ya cambió a su secretario particular (ahora presentó, dicen, a una chica muy bien parecida, de nombre Tania), y al enésimo particular que corrió (Ricardo Escobar) lo mandó, de consolación, a la Secretaría Técnica. Esos son sólo dos, de varios cambios. ¿Y los resultados? Todos se siguen preguntando…

+ Construir acuerdos: demostración de lo imposible

Para mis amigos Odette y Paul: Dios

bendiga su amor y su nuevo hogar.

Pareciera que a nadie le preocupa que en México, el Congreso sea incapaz de generar los acuerdos necesarios para elegir a los tres Consejeros del Instituto Federal Electoral que faltan. Pareciera que a nadie le preocupa, porque existen otros temas más apremiantes en qué ocuparse. Aunque la inmediatez puede distraer a muchos, lo cierto es que eso no debía alejarnos de los temas importantes. Y es que lo que está en juego no sólo es el IFE o los consejeros, sino el futuro y la estabilidad misma de nuestra democracia.

Las bancadas que integran la Cámara de Diputados federal, llevan cuando menos once meses sin poder generar el acuerdo necesario para nombrar a los consejeros del IFE. Esto, visto desde la sola óptica del quehacer de los integrantes del Consejo General del órgano electoral federal, puede ser poco relevante. Es decir, se puede decir que aún con esos faltantes, el Consejo funciona plenamente y tiene capacidad para tomar decisiones y hacerlas valer.

El problema inmediato, sin embargo, radica en la falta de fuerza que impera hoy en ese organismo, al tener incompleta su integración, y al encontrarse bajo el esquema de la vulnerabilidad continuada frente a quienes se sienten dueños de la democracia en México.

¿De qué hablamos? De que hoy, los diputados y senadores, pretenden no ceder ni un ápice en los instrumentos constitucionales y legales que regulan la democracia, porque ellos pretenden tener el control de todo. Y no parece importar que, para conseguir sus fines, tengan que pasar por encima del IFE o de cualquier otro organismo, que se encuentre justamente encaminado a regular la vida de esos actores e instituciones (los partidos políticos) que monopolizan la democracia.

Frente a esto, el problema se vuelve mayor. Ya no sólo radica en si el IFE tiene o no completos a sus integrantes, o si éste puede funcionar bien o no (sobre eso no hay duda). Más bien, lo que debería preocupar es el hecho mismo de que hoy los partidos están demostrando que, primero, no tienen la capacidad y la madurez democrática suficiente para construir los consensos necesarios respecto a decisiones que son su competencia y obligación; y, segundo, que tampoco parece importarles demasiado abonar a esa madurez, y mucho menos cumplir, como en este caso, con un mandamiento constitucional que dice que los consejeros del IFE debieron ser electos desde el mes de noviembre del año pasado.

Esto, a la luz de los hechos, es un acto de profundo desprecio a la vida democrática del país, y a las instituciones que contribuyeron a su fortalecimiento. Hoy el IFE es blanco —en algunos casos por su misma falta de liderazgo y visión política, y por la presunta corrupción, a la que tampoco es ajeno— de todo tipo de cuestionamientos que intentan minar su legitimidad como órgano garante de la democracia, y que, en el último de los casos, quisieran verlo nuevamente reformado, nuevamente acotado, o de plano, desaparecido del mapa político de este país.

¿Quiénes quieren eso? Quizá lo pretendan los mismos partidos políticos que, según parece, no aceptan ningún tipo de regulación ni de fiscalización, y que también se han resistido a fortalecer los mecanismos para que el electorado tenga mayor capacidad de control y evaluación de sus gobernantes y representantes populares, a través del voto.

En la medida que ellos han comenzado a cerrar la puerta, y a endurecer sus posiciones, es como el país corre mayores riesgos. Hoy nadie garantiza que la democracia pueda ejercerse plenamente en esas condiciones. Y el problema es que esas fuerzas, ni siquiera son capaces de hacer una especie de “intercambio” con los electores: es decir, quitarles capacidad de decisión, a cambio de darles certidumbre y acuerdos para tomar decisiones firmes. No hacen ni lo uno ni lo otro. Y en esas condiciones, la democracia mexicana corre muchísimos riesgos.

ADVERTENCIAS

A través de su cuenta de Twitter, el constitucionalista, ex procurador General de la República, y ex ministro de la Suprema Corte, Diego Valadés, hacía ayer advertencias elocuentes. Señalaba en las redes sociales lo siguiente: “El presidente del IFE tiene razón al exhortar a los diputados para que designen los 3 consejeros que faltan. / La falta de acuerdos para integrar el IFE es un error de los partidos que pagaremos los ciudadanos.

“Llevó décadas construir las instituciones electorales pero las pueden demoler en cuestión de meses / No puede haber democracia sin partidos; lo malo es que sí pueda haber partidos sin democracia / Si los partidos no se ponen de acuerdo en la designación de consejeros del IFE, habrá que pensar en otros procedimientos para nombrarlos / En la Cámara de Diputados nos niegan el derecho a evaluar a nuestros representantes. Quieren secuestrar la democracia.

“Reelegir a los representantes es un derecho de los representados. Quienes nos lo niegan son los que nos creen incompetentes para decidir / Es sorprendente que un partido que quiere nuestro voto diga que somos incapaces de votar / El proceso electoral empieza mal; ojalá que termine bien.

Es incomprensible que el PRI no haya sabido llegar a un acuerdo para designar a 3 consejeros del IFE / Ahora se entiende que los diputados del PRI se opongan al gobierno de coalición: no saben llegar a acuerdos. Quienes insisten en producir una gran escisión política nacional, pueden salirse con la suya / En el IFE debe haber árbitros imparciales, no jugadores comprometidos / Cuidado con la tesis política de los “carros” completos. Hay quienes quieren ganar todo y decir hasta luego al pluralismo.”

¿PARTIDOS VS DEMOCRACIA?

Ese debía ser un cuestionamiento más profundo por parte de la sociedad mexicana en contra de los partidos políticos. ¿Qué éstos exigen democracia, pero sólo “en la casa de su compadre” y no en la propia? Los mexicanos debíamos estar más pendientes de estas contradicciones, entre quienes dicen promover el acceso de la ciudadanía al poder, pero que terminan cerrando todas las puertas posibles para impedir cualquier tipo de modificación a su statu quo. Eso es francamente inaceptable, casi tanto como lo es que hoy el proceso electoral haya arrancado con un IFE incompleto, ninguneado y atacado por sus regulados, que ahora ya se están convirtiendo en sus verdugos silenciosos.

+ Todos serán medidos “con la misma vara”

La suerte está echada para los priistas oaxaqueños. El arribo del nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Arturo Osornio Sánchez, significa la toma de control tanto del partido en la entidad, como de las decisiones que se deban tomar respecto al proceso electoral federal que hoy arranca formalmente. La operación que llevará a cabo, seguramente no gustará a los priistas locales. Porque queda claro que los emisarios del ex gobernador Enrique Peña Nieto, en todo el país, irán a medir cualidades y capacidades de triunfo, pero no a reconocer ascendencias, familias o feudos de ex gobernantes.

Osornio Sánchez fue recibido por el Comité Directivo Estatal del PRI, en los términos más institucionales posibles. Es decir, que la dirigencia que encabeza el diputado federal Eviel Pérez Magaña, cubrió todas las formalidades debidas, pero sin hacer grandes alardes ni expectativas por el nombramiento y llegada del Delegado del CEN, que durante meses han exigido todas las corrientes internas de ese partido.

La razón de ese recibimiento institucional —que podría parecer hasta frío y algo distante—, en realidad parece ser más bien estratégica. Esto porque, si una de las razones por las que la dirigencia estatal priista ha sido tan atacada y cuestionada en estos últimos meses, es justamente porque ésta ha sido incapaz de generar unidad a partir de compromisos. Y queda claro que la llegada de Osornio Sánchez, como delegado del CEN, significa la posibilidad de que, por fin, el priismo oaxaqueño tenga la posibilidad de iniciar el proceso de recomposición basado en el establecimiento de compromisos.

Ante este panorama, surgen dos preguntas en particular: primera: ¿por qué el Comité Estatal del PRI ha sido incapaz de comprometerse? Y, sobre todo, la segunda: ¿de verdad viene el Delegado del CEN a “pactar” y a partir el pastel de las posiciones y las candidaturas entre priistas institucionales y disidentes?

La respuesta a la primera pregunta es bastante lógica: el priismo oaxaqueño ha sido incapaz de comprometerse con su militancia y ciertos dirigentes políticos reales que hoy lo cuestionan, por el simple hecho de que ni su legitimidad ni su capacidad de decisión se encuentran hoy reconocidas por nadie en los altos círculos de ese partido. Es decir, que el dirigente Pérez Magaña no estableció compromisos (en el otorgamiento de posiciones y candidaturas, por ejemplo), porque sabe que nada obliga al CEN del PRI, o al equipo de trabajo del inminente candidato Peña Nieto, a reconocerlos y mucho menos a cumplirlos.

En ese sentido, el problema para el priismo local es que aquí se combinó la falta de capacidad de acuerdo, con una deficientísima operación política. Esto porque además de no poder decidir nada, el Comité encabezado por Pérez Magaña no tiene capacidad para demostrar su liderazgo, ni para sostener su presencia frente a los sectores representativos, e incluso ni siquiera para poder articular una estrategia institucional que le permitiera consolidarse como eje fundamental del priismo local.

Por eso, si de por sí no puede decidir, y además sus incapacidades generan que hoy ciertos sectores de la militancia no lo reconozcan, entonces lo único que le quedaba fue lo que finalmente hizo: administrar (literalmente) a la dirigencia estatal en el más bajo de los perfiles, aguantar los embates y cuestionamientos únicamente cobijados con el paraguas de la legalidad de su nombramiento, y esperar a que llegara el momento de que el CEN tomara las riendas del partido y la militancia, para deshacerse de los cuestionamientos que hoy lo ahogan, y para no ser ellos quienes paguen el costo político por las decisiones poco populares que puedan tomarse.

VAN POR LA MEDICIÓN

En el fondo, a casi nadie en Oaxaca le pareció la llegada del delegado Osornio Sánchez, porque éste viene a iniciar un proceso que, asimismo, no le gusta a todos los priistas que aspiran a algo: el Comité Nacional, a través de sus operadores políticos, irán a las entidades federativas no gobernadas por el PRI, no a reconocer a los herederos de viejos dirigentes o Jefes Políticos, ni a premiar a los que pretenden construir su liderazgo fuera de las normas, los tiempos o los medios por los que puede hacerse.

Y es que pareciera que, en Oaxaca, todos los que tienen cierta presencia en el priismo local, sin excepción, aspiran a algo. Todos se dicen ganadores en la preferencia del electorado, todos se dicen los más eficaces, los más conocidos e incluso los más “populares”. Cuando todo eso no les alcanza, entonces sacan a relucir su ascendencia política, la pertenencia a una familia de viejo cuño priista, e incluso la posición que momentáneamente pudieran tener dentro del partido.

Sin embargo, lo cierto es que la elección de los candidatos del PRI a diputados y senadores tendrá una lógica distinta: el CEN, sin premiar a nadie, pero tampoco sin consultar con nadie, medirá estadísticamente a todos los candidatos para determinar quién sí tiene la capacidad de ganar una elección, y quién debe esperar a otro momento en que tenga un mejor posicionamiento.

Eso último, es justamente lo que no le va a gustar a los priistas. No les gustará, porque en el fondo todos quieren ser beneficiarios del llamado “piñatazo”, pero no en base necesariamente a su capacidad y aceptación popular, sino justamente por todo lo contrario. Es decir, por pertenecer a un grupo (el del ex gobernador Ulises Ruiz), por su ascendencia política o familiar, o simplemente porque cree que con mucho dinero se puede reparar la imagen de desprestigio que tiene (la mayoría).

No obstante, la medición tendrá la lógica de depurar esa larga lista de aspirantes, y de nombrar a quien le garantice mejores comicios y mayores votos para el proyecto presidencial de Peña Nieto. Por eso veremos que más de uno de esos acelerados se queda en el camino, y que finalmente escogerán a quien puede ganar, sin importar de qué corriente venga ni a qué interés responda. Eso pasará. ¿Apuestan?

AVISO, ¿PARA QUIÉN?

Además de los destinatarios directos que en los últimos días han realizado actos de presión en contra del gobierno del Estado, ¿quiénes son los demás destinatarios de la dura advertencia lanzada por el gobernador Gabino Cué, en el sentido de que no gobernará por presión de nadie? ¿Deben escuchar tanto los de dentro de casa, como los que están afuera? Es obvio. ¿Pero quiénes y por qué lo dice ahora mismo el Mandatario? Abundaremos.

+ Que promesas sean más que buenas intenciones

El Gobierno del Estado hoy paga el costo, en relación al transporte público, de haber cerrado los ojos cuando aún tenía tiempo, y de haber decidido sostener el nido de corrupción denominado Coordinación de Transporte. En efecto, hoy a nadie le debiera sorprender que los transportistas —y grupos de lucha social— de nuevo estén haciendo presión para recibir concesiones, y tampoco que existan señalamientos fundados, en el sentido de que servidores públicos podrían estar traficando con permisos provisionales, e incluso concesiones, para “regularizar” al transporte pirata.

El problema es muy simple: la administración actual, desde el principio decidió ir contra los actos de corrupción de sus antecesores en el rubro del transporte público. Hicieron las investigaciones, integraron los expedientes respectivos, y finalmente presentaron denuncias penales en contra de los involucrados. Sin embargo, más allá del mero acto de inquisición y persecución entre regímenes de gobierno, fue siempre claro que lo que hizo —o aparentó, o simuló— esta administración fue tratar de construir un edificio moderno sobre unos cimientos podridos.

A lo largo de toda la administración pasada, y desde la previa a aquella, se sabía perfectamente que la oficina encargada de la regulación al transporte público, era un nido de corrupción. Al iniciar el gobierno de Ulises Ruiz, éste trató de darle una apariencia de revisión y saneamiento, al desaparecer la Secretaría del Transporte, y convertirla en una Coordinación que se encontrara bajo el control de la Secretaría General de Gobierno.

No obstante el cambio de denominación, la corrupción siguió siendo la misma. Hacer pública la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos y firmas, así como los actos que demostraban el tráfico de concesiones, por parte de la entonces titular de Setran, Aurora López Acevedo, y varios de sus funcionarios, sirvió para legitimar la transformación de la dependencia a Coordinación de Transporte.

Sólo que, entonces como ahora, ésta se edificó sobre bases corruptas. El nuevo Titular (Gonzalo Ruiz Cerón) y sus funcionarios, de inmediato fueron señalados por continuar las prácticas indebidas. No obstante las acusaciones, el gobierno estatal calló por completo y decidió no iniciar investigación alguna al respecto, y mucho menos integrar expedientes judiciales a sus propios funcionarios. Tanto la reiteración de los señalamientos, como la existencia misma de irregularidades, fueron las bases para iniciar las acciones legales que sí emprendió la actual administración.

Sin embargo, Cotran —con el nuevo gobierno, ahora en manos del perredista Pedro Silva— siguió tal y como estaba, como cuando se operaba a plenitud la corrupción por la que justamente acusaron penalmente a Ruiz Cerón. Por eso, desde siempre fue previsible que sólo sería cuestión de tiempo que afloraran las acusaciones, las presiones y los visos de corrupción. La única posibilidad de que esto no sucediera, radicaba en la posible pulcritud y honestidad a toda prueba de los actuales funcionarios. Pero de acuerdo a los hechos, y a los antecedentes, queda claro que esto es mucho pedir para quienes llegaron a manejar esa área estratégica del gobierno estatal.

TODO SIGUE IGUAL

En junio pasado, mientras muchos festinaban el ajuste de cuentas que constituía la aprehensión de Gonzalo Ruiz Cerón, en este espacio advertíamos lo siguiente: “la detención de Ruiz Cerón es una formidable demostración de que este gobierno no tolerará la impunidad, y castigará a los corruptos. Independientemente de cualquier motivación política, esa señal podría ser plausible y reconocible… aunque sólo como un simple destello de eficacia o de buena intención, pero no como una muestra de querer arreglar de fondo el problema. ¿Por qué?

“Porque más allá del golpe contundente que significa la aprehensión de Gonzalo Ruiz Cerón (…) en realidad el gobierno estatal sigue teniendo en sus manos, y en total discrecionalidad, el tentador negocio de las concesiones y la regulación del transporte público, e incluso ahora en condiciones mucho menos claras que antes.

Así, si el gobierno estatal se ufana de haber detenido a Ruiz Cerón (…), también debía reconocer que en Cotran tienen una caja llena de tentaciones de corrupción que siguen vigentes, y que fácilmente podrían alcanzar a los mismos funcionarios de la administración actual.”

Y, frente a todo eso, nos preguntamos: “¿el Gobierno del Estado ha mostrado disposición para abrir al escrutinio público, y a una total transparencia y posibilidad de fiscalización, los procesos a través de los cuales se otorgan concesiones y se regula el transporte? ¿qué ha cambiado en el aspecto legal de entonces a ahora, como para corroborar que esos actos de corrupción por los que hoy un individuo se encuentra en prisión, y por los que se quebrantó el orden público al que pertenece el asunto del transporte público, no se van a volver a repetir?”

Quedó claro entonces, como ahora, que nada cambió. Y como nada ha sido modificado sustancialmente —más allá de las meras declaraciones de buenas intenciones— entonces los oaxaqueños, y el gobierno, tendremos que estar preparados para seguir padeciendo el vía crucis que significa todo lo relativo al transporte público, a las presiones de los chantajistas luchadores sociales, y a las posibles tentaciones de funcionarios que pretenden hacer de su paso por el gobierno estatal, el momento para asegurar un futuro que no consiguieron en base al trabajo.

Las meras soluciones policiacas, como la que ingenuamente propone el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, serán siempre insuficientes y tortuosas. Ante cada acto de aplicación habrá protestas y caos, como el que hemos vivido en estos últimos días. Y, sin duda, no habrá ni policías ni operativos suficientes para poder acabar, sólo con acciones policiacas, un problema que tiene una motivación fundamentalmente política y de corrupción en la esfera administrativa (y que por tanto debe ser atacada principalmente en ese ámbito).

¿REMEDIO A LA VISTA?

Se necesita un remedio integral. Pero ojalá haya la visión, el talento y la capacidad suficientes como para lograr un reordenamiento efectivo, y la clarificación total de cada uno de los procesos que hoy desarrolla, en la opacidad y discrecionalidad, la Coordinación de Transporte de un gobierno que realmente ha cambiado muy, pero muy poco.

+ Hoy busca explotar cuestionamientos a derrotados

Ana Luisa Zorrilla sí que sabe aprovechar las oportunidades. A lo largo de casi una década, capitalizó diversas oportunidades, coyunturas y momentos para hacer de la representación estatal del Partido Verde Ecologista de México, un pequeño feudo que le fue altamente redituable. Hoy, sin embargo, aislada del poder —y sus beneficios— busca aprovechar el cuestionamiento de que es objeto la dirigencia priista local (sempiterna aliada del PVEM) para ver si logra recuperar los espacios que, según parece, ha perdido para siempre.

En efecto, todo aquel que conoce la vida del Verde Ecologista en Oaxaca, sabe perfectamente que el grupo que hoy cuestiona al dirigente estatal, Rogelio Enríquez Palma, está lejos —pero lejos, lejos— de tener la calidad suficiente como para hablar de democracia, de rendición de cuentas, de resultados electorales aceptables, de inclusión y de equilibrios dentro de ese partido. Si las cuentas entregadas son pobres para la actual dirigencia, sus antecesores (y ahora cuestionadores) no parecen poder hablar de algo mejor que eso.

Ana Luisa Zorrilla, para quien no lo recuerda, tuvo el control del Partido Verde desde inicios de la década anterior, hasta casi finales de la misma. Para acceder al Comité Directivo Estatal, se valió del hecho de que, en aquellos años, una pariente cercanísima suya, de nombre Ana Victoria Gutiérrez Zorrilla, era empleada administrativa en el CEN del Verde.

Ante la inexistencia de representación de ese partido en la entidad, aquella recomendó a Ana Luisa Zorrilla como una posible representante. Una vez ostentando el cargo, la entonces Dirigente se dedicó a manejar discrecionalmente los recursos económicos del partido, sin que éste lograra obtener de verdad resultados importantes.

De hecho, la primera parte de ese largo periodo de gestión al frente del Verde, se caracterizó por la negación total de recursos económicos para los comités municipales, además de los nulos apoyos para campañas proselitistas. Incluso, en aquel tiempo puso a su chofer, a su hija, a su sobrino, y a los amigos de su hijo, como candidatos a diputados federales. Fue justamente en ese momento, cuando apareció por primera vez el ahora “dirigente estatal legítimo” del Verde, Hafid Alonso García, cuyo único mérito es ser amigo del hijo de Zorrilla.

Luego vino la elección de Gobernador en 2004, en la que el Verde ya apareció formalmente como aliado del PRI en Oaxaca. Habiendo negociado una “cuota de partido” para unas diputaciones plurinominales que, según, iban a quedar fuera del Congreso, Zorrilla Moreno fue la única candidata plurinominal, que además iba en la lista del PRI.

Ahí, por primera vez, negoció para ella a costillas del Verde y fue diputada local por la vía de la representación proporcional. Tres años más tarde, al terminar su periodo como legisladora —en el que se caracterizó por haber hecho nada productivo para Oaxaca—, negoció nuevamente el “apoyo” (testimonial) del Verde al PRI en los comicios citadinos de octubre de 2007, pero ahora para aparecer como candidata a regidora en la planilla del PRI. Y fue tres años síndica hacendaria, en el gobierno municipal de José Antonio Hernández Fraguas.

A lo largo de todo ese tiempo, Zorrilla Moreno fue también dirigente del Partido Verde en Oaxaca. Y Hafid Alonso fue su secretario particular tanto en el Congreso como en el Ayuntamiento citadino. Además, en aquellos tiempos como concejal, su sobrino José Ángel Álvarez fue director de Bienes y Servicios Municipales.

Fueron muchos pagos, personales y familiares, en todo ese tiempo, a cambio del apoyo al PRI, de un partido que realmente captaba pocos votos y simpatías de un electorado que ya para entonces se había dado cuenta del gran negocio familiar que constituía el Verde para los Zorrilla, su parentela y su círculo de amistades.

PODER PERDIDO

Sin embargo, la gracia se les acabó en 2009 a los Zorrilla. Impulsado por el aún poderoso gobernador Ulises Ruiz, en aquel momento el Verde se vio obligado a cambiar de manos, para pasar al control de Rogelio Enríquez. Éste, un militante añejo de ese partido, llegó a la dirigencia no tanto por sus méritos, sino por la ascendencia e influencia del aún Jefe Político del priismo y sus aliados en Oaxaca. Su arribo no fue precisamente un destello de democracia, aunque sí constituía el fin de una larga dirigencia que pretendía ser perpetua.

Mientras fue perceptible la influencia del ex gobernador Ruiz como Jefe Político, Zorrilla se disciplinó hasta concluir su periodo como concejal. Pero hoy, cuando lleva casi un año separada de los beneficios (y los recursos económicos) que otorga el poder, pretende regresar no a tomar el control del Partido, sino a tratar de convertirse en un factor de negociación con su dirigencia nacional, para que esto les permita acceder a un posible reacomodo en los cargos legislativos que estarán en disputa el año próximo.

¿De qué hablamos? De que, abiertamente, Zorrilla, y sus incondicionales, están aprovechando el momento de incertidumbre que vive el PRI estatal (que es cuestionado por un grupo disidente, que ya constituyó una dirigencia alterna a la formal) para emular los posibles escenarios favorables de la disidencia. Es decir, que a partir de generar inestabilidad, pueda convertir su oposición en un abierto factor de negociación, a través del chantaje, para tratar de conseguir las candidaturas o los espacios de los que hoy es simplemente ajena.

Al igual que los priistas disidentes, el movimiento “legítimo” de Zorrilla en el Verde, pretende que la dirigencia de su partido se sienta insegura, y a partir de eso generen espacios de negociación que, ella espera, les sean favorables. Es posible que esta disidencia sea también financiada y alentada desde el gobierno estatal. Pero también lo es, que podrían estar aprovechando la coyuntura para regresar al control de un partido que, como a nadie, les ha dado mucho.

NEGOCIO DE LA OPOSICIÓN

Así uno de ellos hubiera llegado al cargo de Gobernador, de todos modos grupos como el Frente Popular Revolucionario pronto se declararía opositor y mártir del régimen. ¿La razón? La dijimos desde el momento del triunfo opositor: a nadie que ha obtenido todo por la vía de la presión, le conviene llegar al poder; no le conviene porque entonces tendría que defender lo que antes atacaba. Por eso, aunque el Gobernador fuese un efeperrista, de todos modos ese grupo hoy estaría haciendo los desmanes que, impunemente, protagoniza.

Pagarán costo de inmediatez e improvisación

En todos los partidos políticos en Oaxaca —hasta en el Verde Ecologista—, existe una inusitada efervescencia por la militancia y el arraigo. Aunque casi siempre las dirigencias partidistas son vistas, desde el poder, como sinónimo de tequio, carencias y representatividad testimonial, en tiempos electorales todo ese desdén se convierte en interés. Todos quieren ser parte del “piñatazo” y de la negociación de posiciones a cambio de apoyos o rebeldías. Ese es el escenario, fácil, de los comicios de 2012. Pero, ¿ya habrá pensado alguien en los riesgos que entrañan los comicios siguientes —es decir, los estatales de 2013— para todas las fuerzas políticas en la entidad?

Hoy, todos pretenden subirse al carro del 2012. Saben que, en mayor o menor medida, la concurrencia de las elecciones presidenciales, con las de diputados federales y senadores, pueden traerles beneficios importantes a partir de un trabajo —y de una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo— relativamente fácil, debido a que siempre ésta viene acompañado de un proceso visto, concurrido y competido, en el que la población sí se interesa por identificar a ciertos partidos, y es más susceptible de ser objeto de la “ingeniería electoral”.

En esa lógica, podemos entender hoy las pugnas internas que existen en todas las fuerzas políticas. Hoy, en cada una de ellas, cohabitan institucionales y rebeldes, que buscan preservar los equilibrios existentes (es decir, la estabilidad de sus grupos políticos), o que, por el contrario, pretenden romper por la fuerza las estructuras partidarias existentes para generar otras aparentemente con mayor legitimidad y apego a la militancia (es decir, el engañoso “quítate tú, para que me ponga yo”).

En el fondo, el objetivo de esas maniobras de preservación o rompimiento no responden sino a la lógica de la lucha por el poder: como los partidos políticos tienen el monopolio del acceso al poder público y, se supone que éstos son los espacios legitimados para que ocurra esa lucha, entonces en tiempos electorales puros y conversos ocupan todos los medios a su alcance para tratar de obtener o preservar el control de su dirigencia, y con ello asegurar el acceso al poder de los integrantes de sus respectivos grupos políticos.

La particularidad, en este sentido, es que a todos les brota el sentimiento y la vocación democrática justo en el momento previo a los procesos electorales. Hace un año, por ejemplo, justo después de que ocurrió la elección de Gobernador en Oaxaca, todos los grupos se encontraban en aparente calma.

Nadie, por ejemplo, cuestionaba a un PRI que se convertía aceleradamente en el refugio perfecto de los integrantes del grupo político que había perdido las elecciones y que se encontraba a punto de abandonar el poder.

Por su parte, en el PAN, PRD, PT y Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano), nadie cuestionaba nada, ni a nadie, porque todos estaban expectantes sobre el rumbo que habría de tomar la negociación particular que cada uno de ellos sostenía con el gobierno electo de Gabino Cué Monteagudo, en relación a las posiciones administrativas que les corresponderían. Eran los tiempos, pues, en los que la alianza funcionaba perfectamente y todos, en base un supuesto interés común por los temas públicos (y que más bien era por los recursos ídem), aseguraban encontrarse seguros de que la alianza funcionaría perfectamente.

Sólo que, ahora cuando apenas inician los primeros escarceos relacionados con la contienda electoral del próximo año, todos pretenden asumir sus viejas posiciones: los detentadores de las posiciones buscan preservarlas, y los que no las tienen, intentan obtenerlas.

Todos, en el fondo, buscan “subirse” en la aceptación nacional, en la propaganda, y en la imagen de su respectivo candidato presidencial, para obtener las posiciones que buscan. Y saben que como, ante tal vorágine, el gasto mayor (en publicidad, propaganda, mítines e ingeniería electoral) se hará desde otras trincheras, todos buscan la forma fácil de hacerse de alguno de los cargos que se encuentra en disputa.

LOS RIESGOS DEL 2013

Hasta hoy nadie piensa en el complejo escenario que será el 2013 en Oaxaca. Aunque suene a futurismo, aquellos comicios —ya no tan lejanos— serán la evaluación real tanto de la oposición como del gobierno ante el electorado oaxaqueño. Veamos si no.

En 2012 todos buscan subirse a la contienda presidencial, y desde esa posición cómoda hacer sus campañas. Sólo que todos los partidos irán solos al proceso electoral, y necesariamente tendrán que ocupar ciertas maniobras sucias respecto a sus adversarios, para tratar de posicionarse. De eso pueden surgir lastimaduras que podrían quedar abiertas, y no cerrarse para el año siguiente. De esa rispidez posible entre las hasta ahora fuerzas coaligadas, puede desprenderse un rompimiento definitivo.

Y lo peor: de un rompimiento de esa naturaleza, o de la preservación de la coalición, habrá de depender la estabilidad y el avance del gobierno del gobernador Cué. ¿Cómo sostendrá su proyecto de gobierno con un Congreso del Estado atomizado en fuerzas individuales, y con la consabida falta de capacidad para generar acuerdos, alianzas y, aún peor, agendas comunes de mediano plazo? Si algo de eso ocurre, puede preverse la falta absoluta de acuerdos duraderos, y con ello el fin anticipado (por inmovilidad) de un gobierno que habría generado grandes expectativas.

Lo mismo, pero en su propio contexto, ocurre con el priismo. ¿Qué pasa si en los comicios de 2013 ahora sí es borrado de las urnas por las fuerzas que para entonces sigan acompañando al gobernador Gabino Cué? Si eso pasa, entonces sí el priismo oaxaqueño —aún con sus posibles dos senadores— vería drásticamente disminuidas sus posibilidades de retomar el poder en 2016.

RUTA CRÍTICA

La ruta que llevan todos es la más peligrosa: todos van por lo inmediato, pero no construyen a mediano plazo. Nadie se quedará, obvio, cruzado de brazos. Pero es posible que más de uno tenga que pagar, más temprano que tarde los costos de la imprevisión, de la simulación y de la lejanía con el electorado. En 2013 cada uno irá solo, y no habrá alianza ni candidato presidencial que les ahorre trabajo. ¿Ya habrán pensado todos en eso? Esas serán las verdaderas elecciones que medirán el trabajo de cada uno de los actores y fuerzas políticas de Oaxaca. No falta mucho tiempo para que lo veamos.

+ Sólo candidatos sin propuesta ni compromisos

Cegados por la inmediatez de los beneficios económicos, de los cargos políticos y de las proyecciones a futuro, todos aquellos que hoy dicen aspirar a representar a Oaxaca en el Congreso de la Unión, a partir de septiembre de 2012, lo hacen sólo guiados por sus propias ambiciones: todos omiten la posibilidad de discutir un verdadero proyecto de trabajo, en el que pudieran centrar el fin de su labor como legisladores, y a través del cual pudieran explicar —además de sus ambiciones políticas— qué esperan conseguir y aportar desde el Poder Legislativo.

El asunto no es menor: en Oaxaca, en cada partido o facción política existe una lucha feroz entre sus principales “activos” por determinar quién tiene el mejor posicionamiento entre la población, y por tanto quién puede conseguir alguna de las postulaciones a diputaciones federales, y al Senado de la República, que estarán en juego a partir del próximo año. Todos basan las mediciones, a partir de sus “amarres” con las fuerzas internas de su partido, de la identificación o “aceptación” que pudiera tener el electorado de ellos; e incluso del grado de perversidad con la que cada uno pretende “bajar” de la carrera a sus compañeros que también aspiran a esas diputaciones.

La finalidad de todos, hoy, es específica: cada uno entiende que la “tradición política” de Oaxaca indica que quien logre llegar al Senado de la República se convierte, inmediatamente, en un candidato natural a la gubernatura del Estado; comprenden también que quienes se conviertan en diputados federales en 2012, llegarán también “posicionados” para luego pelear por nuevos cargos legislativos o administrativos en el ámbito estatal, luego de que inicie la segunda mitad de la gestión del gobernador Gabino Cué. Todos ven, pues, a las cámaras que integran el Congreso de la Unión, como un mero trampolín hacia nuevas ambiciones, pero no como una finalidad en sí misma que debiera ser la de servir al país desde el Poder Legislativo.

En ese sentido, cada partido tiene hoy su propia carga de intereses. El priismo, por ejemplo, vive una etapa inédita en su existencia como fuerza política local, porque hoy carece del líder político fuerte (el Gobernador del Estado), que marcara las prioridades y estableciera el orden interno. Ante ello, la locura se encuentra desatada, y por eso todos los diputados federales aspiran a ser senadores; los legisladores locales aspiran a diputaciones federales; y quienes se quedaron en el camino en los comicios locales del año pasado, ahora sí pretenden llegar al Congreso.

En las fuerzas de coalición que hoy gobiernan la entidad, las cosas no son distintas. Cada uno de los partidos pretende conservar sus respectivas cuotas de poder, pero pretende acrecentarlas con miras a llegar a la Cámara alta con buena ventaja, y desde ahí construir al candidato para los comicios de Gobernador del 2016, y el grupo que lo arropará desde el Congreso.

Es decir, la lógica no cambia: cada partido ve en la satisfacción de sus intereses futuristas, el fin último de los cargos legislativos. Nadie parece tomarle la importancia debida a éstos. Y esa es, en buena medida, la causa de que ni el gobierno nacional, ni el de Oaxaca, tengan un proyecto definido ni acompañantes consistentes que puedan llevar a cabo la materialización de los fines que, se supone, se plasman en las leyes que son construidas desde los poderes legislativos.

PROPUESTAS GENÉRICAS

Decir, por ejemplo, que se desea llegar al Congreso de la Unión (a cualquiera de sus dos cámaras) para “seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”, es tanto como asegurar que una persona respira para seguir viviendo. Es decir, algo obvio que pretende asegurar todo sin prometer nada.

¿De verdad es una promesa sostenible, esa de “seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”? ¿De verdad debíamos tomarla como una propuesta seria? Aunque muchos le dan crédito, en realidad debiéramos desconfiar de quienes dicen eso. La función principal de un legislador federal es la de participar, con su representación popular, en la creación de leyes que rigen a toda la nación; y de defender, justamente, las posiciones que le impone el mandato popular que le fue dado por la ciudadanía.

Debemos entenderlo claramente: La función principal de los diputados no es la de ser gestores, ni la de ser administradores, ni ser “facilitadores” de recursos públicos para la entidad, y mucho menos la de “donadores” o “llevadores” de obras o servicios a las comunidades que representan. Esas son funciones que vienen aparejadas a su investidura, que también deben de llevar a cabo, pero no son ni el fin que ellos persiguen como diputados, ni debía ser su principal oferta —porque todas esas “funciones”, las tiene siempre, cualquier diputado, a la mano.

Debíamos, por tanto, comenzar por cuestionar el proyecto legislativo real y verdadero que tiene cada uno de los aspirantes al Congreso. Y también debiéramos comenzar a exigir resultados a cada uno de los que hoy nos representan. ¿Qué proyecto serio y necesario para el país han defendido nuestros senadores? ¿Cuáles nuestros flamantes diputados federales?

Sus aspiraciones debieran construirlas sobre la base de sus resultados, y no de sus grillas, popularidad o “amarres”. El problema es que nadie se atreve a hablar ni de sus resultados actuales ni de su propuesta seria como legisladores, porque ni la tienen los que hoy aspiran a pasar de una cámara a otra, ni la han construido —y quizá ni se la imaginan— quienes desde trincheras partidistas, pretenden llegar al Congreso de la Unión.

Los partidos, con seriedad, debían cuidar eso. Pero lo dejan de lado, en aras de la inmediatez y de la preservación de sus propios intereses. Y es por eso, por la falta de agendas y de proyectos serios, que nuestro país hoy se encuentra asolado por un cúmulo de intereses que van para todos lados, pero que por su misma inconsistencia debilitan a las instituciones del país. Qué grave si eso no les preocupa.

OTROS ASPIRANTES

Con gran lucidez, don Luis Martínez afirmaba, en alguna entrevista concedida a este reportero, que en la política oaxaqueña “es muy fácil pasar de joven promesa, a viejo pendejo”. Él, y quizá algunos otros personajes de amplísima experiencia no sólo en la grilla local, sino también en la verdadera política y en los asuntos de Estado, aspiran a conseguir un cargo legislativo por nuestra entidad. ¿Valdrá la experiencia en estos comicios venideros? Ojalá que sí.

+ Discusión sorda y actores mudos: sólo eso tenemos

La decisión tomada en estos dos últimos días por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a las llamadas “leyes antiabortos”, tiene alcances que quizá la mayoría de las personas aún no alcanzamos a comprender.

Y si en gran parte del país es así, lo es mucho más en un estado como el nuestro, que tiene una sociedad esencialmente conservadora, pero que al mismo tiempo es gobernada por fuerzas políticas que predominantemente se dicen liberales, pero que callan, y se hacen los desentendidos, frente al avance constitucional de los dogmas y las expresiones renovadas del conservadurismo.

El asunto no es menor. Aunque pareciera que Oaxaca es una entidad ajena a la discusión que ahora mismo inunda de nuevo a la escena nacional por las resoluciones jurisdiccionales respecto al aborto, lo cierto es que, al únicamente tomar en cuenta la forma en cómo aquí fue establecida una disposición constitucional “antiaborto”, lo que debiera estar ocurriendo es un debate amplio, aquí en nuestro entorno doméstico, no sólo respecto a las posturas a favor o en contra de esa medida, sino a todo el universo de temas colaterales que trae aparejada esa disposición, respecto de las cuales nadie se hace responsable.

¿De qué hablamos? De que, en un primer momento, todos se hacen ajenos al asunto. El grupo anteriormente gobernante guarda silencio para que nadie les cuestione su actuación; los actuales, como saben que es un tema polémico que no les conviene abordar (porque respetan aquellos cánones de lo “políticamente correcto”), también se hacen a un lado. Y hasta las organizaciones civiles que debieran pro derechos humanos y de la mujer, estar abonando a ese debate, también están callados.

Todos callan, es cierto, aunque las implicaciones no son menores. Porque el establecimiento de la norma, y su falta de discusión y reconocimiento de los alcances que ésta tiene, deja sin respuesta una serie de preguntas que sin duda son vigentes, y que debieran hacerse también, todos aquellos que, sin ningún reparo, se dicen a favor o en contra de una medida (el aborto) que puede o no estar avalada por el Estado.

En este sentido, el jurista mexicano, y juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, señala lo siguiente: “Al estudiar el suicidio y la eutanasia nos preguntamos si es plausible imponer la vida a quien no la desea, e incluso la padece: es decir, si la vida misma es, además de un derecho, un deber inexorable. En el caso del aborto debemos reorientar la pregunta e indagar si es adecuado imponer a la mujer la vida de otra persona, más allá de sus deseos, o incluso a pesar de la violencia ilegítima.

“¿Existe un deber de maternidad, incluso en condiciones adversas, no queridas por la mujer o sufridas por ella, que implican la primera imposición y acarrearán, quizás, la segunda? ¿Tiene la mujer libre disposición de su cuerpo, o esa libertad se halla sujeta a determinadas contingencias y a ciertas normas que subordinan su voluntad y deciden, al subordinarla, todo su futuro? ¿Qué hacer frente a la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo: poner a su disposición los medios para que lo haga con el menor riesgo posible para su salud, o negarle esta posibilidad y abrir la puerta a procedimientos clandestinos, engañosos, insalubres, torpemente ejecutados, que entrañan violación de la ley o acarrean notorios peligros para las mujeres encinta, sobre todo las que carecen de recursos —que son la inmensa mayoría— para obtener atención médica calificada, en su propio país o fuera de él?”

Un debate amplio con este contenido debió haber ocurrido en Oaxaca —e incluso debiera estar ocurriendo ahora mismo—. El problema es que todos han decidido levantar los hombros y asumir el tema como extraño a nuestro entorno, cuando no es así.

PROBLEMA MORAL…

Y DE SALUD PÚBLICA

El gran problema que prevalece en nuestra sociedad es que, independientemente de que sea o no una actitud deliberada, tendemos a confundir los alcances de una norma jurídica con las discusiones morales o de conciencia. Y es que, como lo dice el propio doctor García Ramírez en su texto “Una reflexión jurídica acerca de la muerte”, lo que está en litigio no es si el aborto es bueno o malo moralmente, sino si debe o no ser penalizado por el poder estatal.

Sobre ese aspecto en particular, nadie se hace responsable. Porque todos (defensores de la vida, y personas o grupos a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad) centran la discusión en los aspectos positivos o negativos de la medida, pero poco se preocupan por ver las consecuencias que tienen esos dos polos que se encuentran en constante choque.

El problema es que, al menos en Oaxaca, una minoría ya decidió —y lo hizo a favor de atajar una posible ley “pro aborto”, a partir del establecimiento de un candado constitucional que protege la vida desde el momento de la concepción—, sin haber satisfecho la necesidad establecer los medios y las herramientas jurídicas para garantizar que ese derecho a la vida fuese pleno, y ni siquiera haber establecido con precisión las posturas morales o de conciencia que los actores públicos —por el alcance colectivo de sus decisiones— debieran manifestar de cara a la sociedad.

Así, en el primero de los aspectos, en Oaxaca se legisló “a favor de la vida”, pero los grupos que respaldaron esa decisión “olvidaron” establecer los mecanismos para hacer de la vida protegida, un derecho pleno. Porque independientemente de lo que se diga, queda claro que aquí ningún individuo tiene garantizada la posibilidad de una vida plena, de un desarrollo decoroso, e incluso ni siquiera de un nacimiento en las condiciones mínimas de atención médica y seguridad que se requieren.

¿NADIE ES RESPONSABLE?

Aferrarse al derecho a la vida sólo declarativamente, no es más que demagogia. ¿Qué medidas tomó el anterior gobierno, y el actual, para garantizar los derechos mínimos a todos esos niños abandonados o no deseados que, aún con su derecho a la vida plenamente salvaguardados, de todos modos se encuentran en una situación de desventaja? ¿Qué han hecho por el DIF, y por los pocos organismos civiles y oficiales, que se encargan de esas labores? ¿Qué importa, finalmente, si estamos a favor o en contra del aborto, si de todos modos no existe ni siquiera el reconocimiento de que la vida trae aparejados muchos más derechos que al menos aquí no existen? Ante todo esto, los actores públicos sólo callan.

+ Democracia “de avanzada”… ¿sin ninguna reflexión?

Ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válida la denominada “Ley antiaborto” contenida en el artículo 7 de la Constitución del Estado de Baja California. Dicho precepto, en realidad, es similar en todos sus términos a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 12 de la Constitución de nuestro estado… que sin ninguna discusión, debate o polémica alguna, fue aprobado y validado, hace dos años por el Congreso del Estado. ¿Sabemos los oaxaqueños el tipo de leyes que nos rigen, y en base a qué intereses particulares —y no aspiraciones comunes— fueron establecidas?

En efecto, fue justamente en septiembre de 2009 cuando, de repente, en el Congreso del Estado la entonces diputada local Perla Woolrich Fernández presentó una iniciativa de reforma a nuestra Constitución particular, para establecer, en su artículo 12, que en el Estado de Oaxaca “se protege y garantiza el derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural.”

Dicha modificación, aquí, fue aplaudida por propios y extraños. Extrañamente, todos los diputados de la fracción priista —entonces de mayoría avasallante— no sólo no objetaron el proyecto de reforma, sino que decidieron discutirlo y aprobarlo de manera apabullante, apenas unos días después de ocurrida su presentación.

Tanto el gobierno estatal, como los opositores, se vanagloriaron de haber remarcado en el Texto Constitucional la protección que el Estado garantiza al derecho a la vida de las personas. Como pocas veces ocurre, todos festejaron y, por tanto, públicamente nadie objetó el contenido de esa reforma que, aparentemente, era de avanzada, pero que detrás de ella escondía una serie de intereses inconfesables que lo mismo manchaban al entonces grupo gobernante, como a varios funcionarios estatales actuales… todo por cumplir los caprichos de la entrometida y dogmática jerarquía católica local.

De todo esto, surgen dos preguntas rigurosas: primera, ¿cómo, y bajo qué términos, fue consensada dicha reforma al interior del Congreso local en aquellos momentos? Y, segunda, ¿qué intereses particulares se buscaban preservar, y a qué grupos se intentaba apaciguar, con la concesión de esa reforma constitucional que nadie en la esfera pública cuestionó?

Vayamos primero a la respuesta de la primera pregunta. Pues bien, como lo advertimos en este espacio desde el momento en que ocurrió la reforma, fue en realidad la fracción parlamentaria del PRI, y no la del PAN, la que elaboró, acordó y aprobó dicha reforma.

Aunque fue la entonces diputada Woolrich quien físicamente presentó el proyecto y se arrogó el triunfo de haber logrado una reforma planamente consensada, en realidad lo único que hizo fue prestar su nombre, su firma —y los postulados, dogmas y siglas de su partido—, para legitimar las formas legislativas de dicha modificación constitucional.

De hecho, —por afirmaciones serias de algunos personajes que en ese momento integraban el Congreso local— se sabe perfectamente que incluso el documento que contenía la propuesta de reforma fue elaborado por los asesores de la fracción priista, y que para concretarlo hubo una especie de “colusión” entre ambas fracciones. Y el resultado fue el establecimiento de un candado constitucional que impedirá, al menos mientras subsista el actual texto constitucional, que se establezca cualquier forma de legalización del aborto en Oaxaca.

INTERESES “A SALVO”

Desde que ocurrió el conflicto magisterial y popular en 2006, la Iglesia Católica y el Gobierno de Oaxaca marcaron verdadera distancia en cuanto a sus relaciones. Éstas, incluso, en diversos momentos llegaron a ser ríspidas y de cuestionamientos reiterados, por parte de la jerarquía eclesiástica hacia los gobernantes.

Razones para ello, había en abundancia: si se recuerda, un grupo importante de párrocos del interior del Estado, durante el mismo movimiento magisterial y popular de hace cinco años, se manifestaron expresamente a favor de que el entonces gobernador Ulises Ruiz se separara de su cargo y permitiera el establecimiento de un gobierno de transición. A estos posicionamientos, que nunca fueron controlados por la alta jerarquía católica, luego hubo una respuesta natural por parte del gobierno estatal.

Éste se alejó por completo de una relación que, aunque siempre había sido aparentemente lejana, también siempre había sido hipócrita y escondida entre gobernantes y jerarcas católicos. Y aunque tradicionalmente siempre hubo “sana distancia” entre éstos (se reunían en privado, o el gobernante consultaba al obispo sobre decisiones importantes, pero siempre con toda discreción), lo que ocurrió entre el régimen anterior y la Iglesia sí fue de frialdad absoluta.

El entonces gobernador Ruiz no era de por sí cercano al catolicismo. Y eso lo reafirmó al abrir la puerta a todo tipo de expresiones religiosas no católicas en la entidad (basta recordar el financiamiento que dio el Gobierno de Oaxaca a Luis Palau), e incluso algunos de sus pronunciamientos que más se recuerdan en el país (como aquello de que “sólo Dios quita y pone gobernantes”), los dijo justo frente a congregaciones de tipo protestante.

No obstante, llegó el momento de la pacificación entre ambos sectores. Y fue a través de la “cesión” de ese precepto constitucional —el del aborto— que el gobierno priista se congració con uno de sus detractores más ácidos, y le permitió una reforma plena al panismo en un Congreso dominado por mayoría absoluta de priistas.

¿Qué es lo cuestionable de todo esto? Primero, que esa reforma se realizó sin un consenso real, y sin siquiera tomar en cuenta la voluntad o la conciencia de cada legislador. Aquí fueron aplastantes la decisión política y el interés que se buscó preservar. Nunca se discutió sobre la conciencia o la postura de la mayoría. Y por eso, al mejor estilo del régimen de partido hegemónico, aquí la ley se adecuó a las necesidades del poder, no al sentir de la población.

Y el problema más grave, es que aunque eso pasó hace apenas dos años, en Oaxaca ya nadie se acuerda de esa historia.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

¿Se imaginan a nuestro flamante Tribunal Constitucional del Estado, discutiendo uno de esos temas? Ajenos todos sus integrantes al constitucionalismo, pronto veremos la calidad de sus pronunciamientos y resoluciones. ¿Debemos esperar mucho? Veremos.