Congreso: ¿PRI pierde su último reducto?

+ Gabino: con todas las armas para gobernar

Más allá de las razones legales, es claro que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que echó por tierra la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en la que se legisló la creación de Junta de Coordinación Política (JCP), tuvo dos efectos políticos de corto plazo: el primero de ellos, es el de la eliminación momentánea del último reducto de poder que el priismo tendría en sus manos; y el segundo, que si es lo suficientemente hábil, el gobernador Gabino Cué ahora sí tendrá posibilidades para intervenir en esa discusión. ¿De qué hablamos?

Aunque digan lo contrario, el fallo de la Corte constituye un duro revés al priismo, no sólo porque la resolución exhibió a la actual Legislatura en el intento de avasallamiento que realizaron sobre las demás bancadas, y por no apegarse a los requisitos mínimos del proceso legislativo en la aprobación de dicha reforma.

Pero sobre todo, el golpe lo recibieron viendo hacia el futuro, porque la creación de la JCP, en los términos que se habían establecido, contenía ciertos aspectos que le darían ventaja a los tricolores en cuanto a la administración de los recursos económicos del Poder Legislativo, y las tareas de fiscalización que les confiere la ley.

Es decir, que si la Ley Orgánica hubiera quedado de acuerdo a la reforma realizada en julio pasado, el grupo parlamentario del PRI tendría la posibilidad no sólo de encabezar la Mesa Directiva de la Cámara durante el primer año, sino también de nombrar a los principales funcionarios administrativos de dicho poder, y por lo tanto acumular mayor incidencia sobre el presupuesto de la Cámara de Diputados.

Todo esto, por el momento, quedó eliminado. Y aseguramos que esta derrota es sólo momentánea porque, en términos estrictos, el Tribunal Constitucional echó por tierra la reforma debido a que sólo determinó la existencia de vicios y errores en el procedimiento. Esto significa que respecto al fondo de la reforma —es decir, su contenido—, ésta pudiera haber pasado sin ningún por el tamiz del órgano jurisdiccional de control constitucional. La Corte no se refirió a los aspectos sustantivos de la reforma, precisamente porque en las cuestiones adjetivas (es decir, de procedimiento) encontró los elementos suficientes para invalidarla.

¿Qué significa esto? Que, evidentemente, el Congreso del Estado puede reiterar, sin ningún problema, la reforma que ya le fue invalidada. Es decir, que antes de que culmine la LX Legislatura, la fracción parlamentaria del PRI puede presentar de nuevo el mismo proyecto de modificación a la Ley Orgánica, y de nuevo puede ser votado y aprobado por la “aplanadora priista”.

Técnica y legalmente no existe impedimento alguno para llevar a cabo esa acción, siempre que de nuevo no se vulneren los requisitos de forma. Sin embargo, políticamente eso equivaldría a reiterar una reforma en la que no fueron incluidos, ni llamados a participar por lo menos testimonialmente, los diputados de las fracciones de oposición.

Y por tanto, sería el punto de partida para el reinicio de las hostilidades no sólo entre quienes se dicen marginados y acusan un posible “agandalle” de la bancada tricolor, contra los que defienden la reforma por considerar que, supuestamente, es lo más benéfico para la estabilidad del Congreso, y para la gobernabilidad del Estado. En ese frente de batalla, irremediablemente, también estarían incluidos los próximos diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, así como, políticamente, el gobernador Cué Monteagudo, por ser los directamente afectados o beneficiados con la reforma.

MENOS OBSTÁCULOS

Como en política las casualidades no existen, esta decisión de la Suprema Corte bien parecería estar encaminada a someter nuevamente a escrutinio, una decisión en la que, por las debilidades propias del momento, el gobernador electo Cué fue rebasado y avasallado.

En efecto, si bien se recuerda, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, ocurrió a finales de julio en medio de una agria discusión habida entre los gobiernos saliente y entrante, primero por la entrega recepción, luego por el reconocimiento del resultado electoral (el Gobernador del Estado se negaba a reconocer la calidad de Gobernador Electo de su contraparte), y finalmente por la forma en cómo el resultado de la votación había repartido los espacios de poder.

Hoy, aquella situación de confrontación ya no parece ser tan intensa. Después de más de un mes de dimes y diretes luego de los comicios, se supo de la primera de varias reuniones sostenidas entre los gobernantes, y aparecieron los primeros visos de entendimiento. Poco a poco, el gobierno de Cué se ha ido quitando algunos de los obstáculos que sus adversarios políticos le fueron poniendo. Y éste de la JCP, en el que no permitieron la participación de nadie más que del PRI, parece ser otro de ellos.

De este modo, lo menos que debe lograr políticamente el gobierno y los diputados afines al gobernador Cué, es que los tomen en cuenta para la discusión y consenso de la nueva legislación sobre la JCP. Este ya no será, pues, un asunto de legalismos, sino un trabajo de comunicación, fuerza y habilidades políticas. Si de algún modo la Corte dio la pauta para enmendarles la plana, y les ayudó echando por tierra una reforma que les era perjudicial, es ahora momento de que ellos hagan la otra mitad de la tarea, logrando intervenir en el análisis y acuerdo sobre la reforma que irremediablemente ocurrirá.

A partir de ello, puede afirmarse que al gobierno de Cué se le están terminando, antes incluso de comenzar su gobierno, las justificaciones para un posible fracaso. Parecía un dique difícil de sobrellevar, el que el PRI tuviera cierto control del Poder Legislativo. Hoy tiene la perspectiva de aminorar tal situación, contribuyendo en el replanteamiento de los equilibrios legislativos. Si lo logra, su margen de acción y decisión se verá ensanchado. Y entonces, tendrá menos pretextos para decir que, por intransigencia o falta de acuerdos de sus adversarios políticos, no puede llegar a las metas que se propuso.

ANGUSTIADOS

Los empleados de confianza de diversas dependencias del gobierno estatal, ven con preocupación la posibilidad de que, por motivo del fin de la administración, se les cancele su bono anual. Dicen, con razón, que por pura justicia laboral, los titulares de las dependencias deberían ser más sensibles y autorizarles esa ayuda final que, como parece, de todos modos alguien se va a embolsar.

 

Restituyen Gran Comisión: ¿Todo se quedará así?

+ Diputados electos: es momento de hacer política

El pasado lunes, la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma realizada en julio pasado a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Oaxaca, en la que se sustituía la figura de la Gran Comisión por la de la Junta de Coordinación Política. En su declaratoria, el Alto Tribunal consideró que existieron vicios de forma en la conducción del proceso legislativo. Y, por tanto, invalidó los preceptos que darían pauta al gobierno interno de la LXI Legislatura local. ¿Qué sigue ahora?

Contrario a lo que usualmente ocurre, esta reforma fue declarada ilegal no por contener vicios de fondo, sino por no haber cumplido con ciertos requisitos del procedimiento. Como bien debe recordarse, el proyecto de reforma fue presentado intempestivamente por el diputado Antonio Amaro Cancino, y al ser considerado como “de obvia y urgente resolución”, la mayoría priista en el Congreso determinó votar el proyecto, pero sin cumplir con los requisitos de la dictaminación en comisiones, y la discusión en el pleno.

Dicha reforma, si se recuerda, ocurrió en uno de los momentos de mayor algidez y confrontación política entre el régimen saliente contra el entrante. A finales de julio, comenzaron a enviarse señales recíprocas de hostilidad, que a cada uno llevaron a tomar ciertas decisiones ofensivas o de defensa.

Fue entonces, por ejemplo, que frente a la exigencia del gobernador electo, Gabino Cué, el gobernador Ulises Ruiz determinó que el proceso de entrega-recepción iniciaría hasta el próximo mes de noviembre; o que, frente a la voluntad de los diputados electos del PAN, PRD, PT y Convergencia, de emprender una coalición legislativa, el PRI les dio un albazo creando, sin previo aviso, una Junta de Coordinación Política que le permitiera continuar teniendo margen de maniobra. La reforma se realizó sin consultas previas, sin discusión, y utilizando plenamente la llamada “aplanadora” priista. Fue una reforma que correspondió a ese momento de confrontación y algidez, que momentáneamente parece ir disminuyendo.

Por eso, todo esto tiene una explicación no sólo basada en el derecho. Porque si la falta de dictaminación y discusión, aunados a la oscuridad habida en lo relativo a la votación de la reforma, dio como resultado la declaratoria de inconstitucionalidad, es evidente que esta maniobra respondió a un tiempo y circunstancia específicos que ahora deberán ser subsanados pero ya no en base a las imposiciones, sino a un verdadero ejercicio de política, tanto entre los diputados salientes y entrantes, como entre los gobernadores que se encuentran en esa misma circunstancia. ¿De qué hablamos?

De que, sin duda, el gobierno interior del Congreso con la LXI Legislatura —en la que ningún partido tiene mayoría simple— tendrá más dificultades que beneficios con la subsistencia de la Gran Comisión; que aún frente a este revés del Tribunal Constitucional, la agonizante LX Legislatura aún tiene tiempo de emprender una nueva reforma que subsane los vicios. Y que, frente a esa circunstancia, lo más conveniente sería que tanto los diputados de las dos Legislaturas, como los dos Gobernadores, tuvieran la posibilidad de darle una salida consensada al asunto. Es decir, dejando de lado las imposiciones, y demostrando que tienen verdaderas posibilidades de emprender un constructivo ejercicio político.

ABANICO DE POSIBILIDADES

Es evidente que frente a la posibilidad de una nueva reforma —como posiblemente ocurra aún en la LX Legislatura—, será ahora sí imposible que la modificación legal se haga repitiendo los patrones del pasado. Es decir, hacerla sin preguntar, ni pedir consenso ni opinión a nadie, y mucho menos sin llevar a cabo un proceso previo de negociación política entre las fracciones parlamentarias. En términos estrictamente legales, dicha reforma podría realizarse cumpliendo con los requisitos esenciales del proceso legislativo. Pero políticamente, equivaldría a reabrir un frente de confrontación que por el momento parece innecesario.

En una segunda posibilidad, la LX Legislatura podría decidir dejar las cosas en el estado en que se encuentran, y dar paso a que los nuevos diputados hagan el trabajo que les corresponde para replantear sus órganos de dirección. En realidad, el problema de fondo es que, al tomar esa decisión, lo que los actuales diputados estarían en riesgo de hacer, es provocar una posibilidad inminente de parálisis y crisis legislativa, si sus sucesores no tienen la posibilidad, en el momento, de ponerse de acuerdo. Por eso, si los legisladores actuales tienen una visión un poco menos partidista, y más apegada al interés general, tendrían que considerar la posibilidad de no dejar las cosas en el estado actual.

Un tercer escenario, que sería el ideal, es en el que hubiera una verdadera concertación política entre los factores de poder actuales, y los que tomarán posesión de sus cargos el mes próximo. Y no sólo de los legisladores, sino también de las dirigencias partidistas e incluso de los titulares —entrante y saliente— del Poder Ejecutivo del Estado. ¿Para qué? Para poder dotar al Congreso de las herramientas necesarias para poder tener una organización y conducción consensada. En el ideal, ese sería el mejor escenario, pues habría no sólo la posibilidad de acuerdos, sino también una representación legitimada del Poder Legislativo.

Para el PRI, sería un error político de graves consecuencias el volver a legislar, ahora sí sin vicios, una reforma relativa a la Junta de Coordinación Política. Es cierto que el interés que priva es el de la preservación del poder que les queda. Sin embargo, ni siquiera a ellos los deja bien parados, el hecho de que hayan considerado reformas que, como trajes a la medida, les permitieran seguir teniendo el control de los órganos administrativos y de control en el Congreso. Mejor sería que ahora sí hubiera diálogo, y acuerdos medianamente consensados. Todo esto suena muy bien. Aunque bien parece que también es mucho pedir.

A CUENTAS

En los órganos jurisdiccionales dicen comúnmente que las posibilidades de que una reforma legal sea invalidada por vicios de forma, son mínimas. Si los diputados están, según, para legislar, lo que por lo menos deben hacer es seguir correctamente lo que dice “el librito”. Este revés, sin embargo, revela que no sólo los diputados no saben hacer su trabajo, sino tampoco la Oficialía Mayor, que es la responsable de que las formalidades mínimas se cumplan. Corroboran su mala fama.

Rosendo Serrano y el misterio de los 500 mil pesos

+ Clave: manipulación de recursos federales

Durante la madrugada del pasado 14 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la ciudad de Querétaro, marcaron el alto a un vehículo que casi provocaba un incidente de tránsito. En la unidad de motor, viajaba un par de individuos provenientes de Oaxaca y tenían como destino final la ciudad de Tepic, quienes al ser revisados les fue hallada la cantidad de 500 mil pesos en efectivo; ambos fueron detenidos al no poder acreditar la legal procedencia tanto del dinero, como del vehículo que presentaba un reporte de robo en la entidad oaxaqueña. Casi de inmediato, el secretario General del Comité Estatal del PRD, Rosendo Serrano Toledo, se apersonó en el lugar para rescatar a esos dos individuos que, se sabe, son sus trabajadores.

Ante lo poco común de esos hechos, habría que preguntarse qué hay detrás de todo eso. Pues si bien es común que un empleador acuda en ayuda de sus trabajadores cuando éstos se encuentran en un riesgo derivado de sus funciones, no lo es que un par de individuos porten medio millón de pesos en efectivo cuya procedencia no es explicable, tampoco que circulen por el país en un automóvil robado, y mucho menos que éstos resulten ser empleados de un líder político de la izquierda.

Para encontrar una explicación a todo esto, habría que seguir la ruta del dinero más allá de Oaxaca. Porque de acuerdo con fuentes del propio perredismo, lo hasta ahora sabido podría ser apenas una pequeña arista, de una serie de contubernios y negociaciones emprendidas en su momento desde la dirigencia nacional del PRD, para hacerse de recursos económicos frescos que fueran útiles para los tiempos electorales.

¿De qué hablamos? De una historia que presuntamente inició desde que se emprendieron las negociaciones de alto nivel entre partidos, para consensar la reforma petrolera. En aquellos momentos, un grupo de diputados perredistas de varias entidades de la República —entre los que predominaban los del Estado de México, pero en el que también se habría encontrado el diputado por Miahuatlán, Benjamín Hernández Silva— habrían planteado al entonces secretario particular del presidente Felipe Calderón, César Nava, la posibilidad de apoyar su propuesta petrolera, a cambio de una suma de siete millones de pesos para cada uno. El funcionario tomó nota de la oferta, y prometió llamarlos cuando hubiera una respuesta.

Aseguran que al mismo tiempo que Nava recibía a pequeños grupos de legisladores de oposición, el ahora extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, habría emprendido una serie de negociaciones con la dirigencia nacional del PRD, que entonces encabezaba Guadalupe Acosta Naranjo. Éste último, al enterarse de los ofrecimientos de la fracción parlamentaria de su partido en la Cámara baja, advirtió que todas las negociaciones sobre la reforma petrolera debían conducirse entre el gobierno federal y el Comité Ejecutivo Nacional, sin interlocutores adicionales.

Así ocurrió. Para dejar pasar dicha reforma, Acosta Naranjo habría negociado a nombre del PRD, directamente con el Secretario de Gobernación. A cambio de dicha aprobación —que molestó sobremanera a Andrés Manuel López Obrador—, Acosta y su grupo tuvieron acceso a programas especiales y fideicomisos ocultos manejados por la Secretaría de Hacienda.

De esta manera, el grupo de Acosta Naranjo se vio ampliamente beneficiado, ya que por medio de esos recursos extraordinarios, se habrían establecido relaciones con los ayuntamientos para, a través de ellos, bajar los recursos. Y en Oaxaca, los encargados de este trabajo habrían resultado ser justamente Rosendo Serrano Toledo y Lenin López Nelio, quienes acostumbrados a este tipo de tratos con las administraciones estatales, aquí mismo —y en otras entidades— se aparecieron como auténticos maestros de los operadores, para “bajar” los recursos a los gobiernos municipales y obtener jugosos beneficios de ello.

AHUMADA OAXAQUEÑO

Para muestra, algunos botones. De acuerdo con información oficial en poder de esta columna, actualmente uno de los municipios oaxaqueños a los que Serrano y López Nelio López están “ayudando” a justificar recursos extraordinarios derivados de esa negociación, es Magdalena Tlacotepec con un poco más de 30 millones pesos, presuntamente acreditando obras ya realizadas por Petróleos Mexicanos, por el Comité de Planeación para el Desarrollo del gobierno estatal, o con recursos federales del ramo 33. Entre las obras, figuraría la reconstrucción de un camino que entronca a la población con la carretera Ixtepec, así como la construcción de un sistema de drenaje y de agua potable.

En ese mismo sentido, Rosendo Serrano y Lenin López Nelio habrían gestionado la aprobación de recursos extraordinarios del presupuesto federal, para municipios como Huautla de Jiménez, Nuevo Zoquiapam, San Antonio Monte Verde, Santa María Mixtequilla, Santiago Zoochila y Santiago Camotlán. Se asegura que en algunos de éstos municipios el servicio de gestoría y asesoría ofrecida por ambos individuos no llegó a buen término. Esto porque se asegura que, en la mayoría de los casos, el costo de las obras se sobre presupuestaban hasta en un 50 por ciento; y porque, precisamente, hasta esos porcentajes eran los que intentaban ser cobrados a cambio de los servicios ofrecidos.

Se afirma que las ganancias de ese negocio serían compartidas entre Serrano, López Nelio y nada menos que Acosta Naranjo. De ahí que, aseguran, cuando ven llegar a esos dos personajes a las oficinas del CEN perredista, no falta quien diga que son una pequeña reedición de Carlos Ahumada.

En ese sentido, se cree que los polémicos 500 mil pesos que aparecieron el pasado jueves en la capital queretana, en un vehículo robado que Serrano habría regalado a Fernando Velázquez Enríquez, y en el que además viajaba Jorge Milton Barbosa Ferlobo, sería dinero que el Secretario General del PRD oaxaqueño habría enviado a Tepic, como obsequio para Acosta Naranjo, ahora que éste intenta ser candidato a gobernador de Nayarit por el PRD. Evidentemente, no aprenden de su pasado.

NUEVO RECTOR

Ante la lamentable pérdida del rector Joaquín Cabrera, el fin de semana el Consejo Universitario de la Universidad Regional del Sureste eligió como rector interino al doctor Benjamín Alonso Smith Arango, quien se ha caracterizado por ser un académico comprometido y brillante, que redoblará esfuerzos a favor de la obra que dejó inconclusa su antecesor. ¡Enhorabuena!

Heriberto Pazos: mil posibilidades sobre un crimen

+ Impunidad y conflicto: ingredientes perfectos

El lugar común podría llevarnos a pensar que como buen sembrador de vientos, Heriberto Pazos Ortiz finalmente cosechó sus propias tempestades. Habiendo sido el líder absoluto de del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), tuvo también una historia llena de claroscuros, acusaciones y violencia, que siempre estuvo aderezada por sus relaciones —confesables o no— con el gobierno estatal en turno. De ahí que su ejecución, ocurrida el pasado sábado a plena luz del día, sea no sólo una señal inequívoca del resurgimiento de la brutalidad entre las comunidades triquis en conflicto, sino también una demostración implacable de cómo la impunidad es el ingrediente social más nocivo que existe en nuestro entorno.

A un hombre como Heriberto Pazos Ortiz, nunca le hicieron falta ni enemigo ni, seguramente, razones para ser ejecutado. Más allá de los postulados teóricos de la lucha social o indígena, es evidente que la fortaleza de organizaciones como el MULT, o la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) —sus rivales históricos—, e incluso la escisión de ese primer grupo, conocida como Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), siempre ha radicado en la manipulación de las necesidades y aspectos de marginación de las comunidades que representan, en el manejo electoral de los grupos indígenas, y en la corrupción que envolvió a la entrega de recursos económicos para supuestas obras de desarrollo comunitario, infraestructura y atención social, que finalmente terminaban, o terminan, en manos de los funcionarios y líderes involucrados, pero no de quienes verdaderamente lo necesitan ahí en las comunidades.

En esa dinámica, y no sólo en las “discordancias ancestrales”, es como debe entenderse el largo conflicto armado que existe en la región triqui. Independientemente de las pugnas históricas entre grupos étnicos, es evidente que la violencia que hoy prevalece en la zona tiene un origen distinto, que más bien se ubica en las organizaciones sociales, en los recursos económicos, en la manipulación política y los intereses electorales, en la guerra por el control territorial, y en la forma en cómo esos grupos fueron armados, violentados, azuzados y solapados por el propio gobierno.

Organizaciones sociales como las antes citadas, existen en todas las regiones y grupos étnicos en la entidad, sin que ello implique que en todos los casos las disputas deban ser a muerte, o que todo tenga que ser resuelto a través de la violencia. Particularmente, en el caso de la región triqui, las organizaciones sociales —como el MULT, MULTI y Ubisort— casi siempre han desdeñado las vías pacíficas, y han ejercido la brutalidad en la misma proporción de los intereses que se disputan. De ese tipo de prácticas se han valido por igual todos los líderes y organizaciones para obtener, mantener o arrebatar la administración de la pobreza y los cotos de poder que existen en la región triqui.

Por esa razón, siempre ha quedado claro para todos —menos para las organizaciones sociales y el gobierno, que deliberada y mañosamente se autoengañan— que los indígenas triquis continúan viviendo en la misma situación de miseria y marginación que desde hace décadas… o siglos. Pero que las organizaciones sociales son las que han crecido, se han desarrollado y ensanchado, y son las que se han convertido en las grandes beneficiarias —económica, social, política y hasta electoralmente hablando— de la explotación de la pobreza y el drama de la región en que emergieron.

¿CUÁNTOS ENEMIGOS?

Teniendo claro ese contexto, entonces tendríamos que hacernos esa pregunta en relación a un personaje como Heriberto Pazos Ortiz. ¿Cuántos enemigos podría tener un hombre que obtuvo y ejerció su poder siempre a través de caretas sociales, indígenas y democráticas, pero que ocultaban otros intereses relacionados con el poder, el dinero y las relaciones —no siempre afines, pero sí permanentes— con las esferas de gobierno, y en la que siempre se valió lo mismo del diálogo que de la presión social, e incluso recurrentemente de la violencia?

Desde hace meses la región triqui es un polvorín, que lejos de ser neutralizado o desactivado, ha sido alentado por el gobierno por acción y omisión. La creación del municipio autónomo de San Juan Copala fue, es cierto, un desafío al poder en turno, que sin embargo fue tomado como un motivo de pugna violenta, y no como un foco rojo que era necesario desarticular a través de acciones sociales concretas.

Copala, entonces, se convirtió en el pretexto para continuar con la añeja afrenta violenta entre comunidades y grupos de lucha social. De entonces a la fecha, la violencia se agudizó hasta llegar a niveles inusitados. Activistas, inocentes y dirigentes indígenas han sido asesinados en la más completa impunidad. Y en todo esto —raro que no fuera así—, el gobierno estatal ha estado más interesado en acusar a sus oponentes políticos y electorales, de manipulación y entrometimiento en un conflicto añejo en aras de enrarecerlo, enturbiar el panorama y fomentar la mala imagen del régimen, que en verdaderamente asumir los hechos con participación, y tomar acciones efectivas para desactivar la violencia.

Por eso hoy la zona triqui es, por completo, un sinónimo y un ejemplo de incertidumbre. Ahí nadie puede estar seguro, ni puede haber paz, y qué decir sobre las nulas posibilidades de que haya justicia. Si eso se combina con las confrontaciones y los agravios añejos entre las organizaciones, y se remata con la impunidad que prevalece en la entidad, lo que podía esperarse, en cualquier momento, es la ejecución libre de cualquier dirigente como Pazos Ortiz.

ADIÓS A LA PAZ

El gobierno, frente a todo ese panorama, debería hacer algo más que indignarse. Debía dejar de ser parte del conflicto, para convertirse en un factor de solución —cosa que, en las circunstancias actuales no ocurrirá. Del mismo modo, tendría que despegarse de la soberbia que lo lleva a suponer que es el centro del universo, y que por tanto todo lo que ocurre en el estado es para desprestigiarlo. Y al menos por una ocasión tendría que demostrar que sus promesas de justicia son algo más que mera demagogia. El drama real de los triquis va mucho más allá de Copala, del MULT y las demás organizaciones sociales. Pero lo real, y grave, es que la ejecución de Pazos aleja cualquier posibilidad de la paz y la concordia que tanto urgen en la zona.

Oaxaca: “Soluciones”… que nunca llegaron

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La ciudad de Oaxaca de Juárez es del tamaño de sus problemas y complejidades. A pesar de que la gran mayoría de los rezagos y asuntos pendientes de resolver, están a la vista y han sido objeto de supuesto estudio y remedio por los últimos gobiernos, es evidente que las soluciones han sido largamente aplazadas, y las responsabilidades eternamente evadidas.

Temas como el ambulantaje, el procesamiento de la basura, los medios de transporte, el mantenimiento de las vialidades, y la seguridad pública, son de la preocupación cotidiana, de una ciudadanía que espera respuestas y sólo recibe pretextos, disculpas y justificaciones por lo que no se hace. Aún cuando los temas son muy concretos, prácticamente todos siguen siendo una costosa y nociva herencia que se transmite de administración en administración, en los gobiernos municipales.

En este asunto, es imposible justificar la inacción de la autoridad en base a la ausencia de recursos económicos, ni tampoco achacar esta inmovilidad a una posible falta de coordinación institucional entre las diversas esferas de gobierno, y mucho menos por la ausencia de personal capacitado para enfrentar los problemas.

En realidad, Oaxaca de Juárez tendría que estar pasando por un momento excepcional, al tener en el Ayuntamiento a un conjunto de mujeres y hombres capaces de enfrentar las labores que la comunidad les encomendó, por existir los recursos y las posibilidades mínimas para poder realizar las tareas públicas decorosamente, y porque hoy en día el gobierno estatal y municipal son emanados del mismo partido y del mismo grupo gobernante, e incluso entre la administración del edil José Antonio Hernández Fraguas, y la Federación, tampoco existe una relación lejana o discordante. Al contrario.

EL CONTEXTO

De hecho, cuando inició la actual administración existía una expectativa altísima de lo que podría hacerse. La capital oaxaqueña, en cuanto a su gobierno, venía dando una serie de tumbos que inició prácticamente con la década que está a punto de terminarse. Desde el gobierno del ahora ex panista Alberto Rodríguez González, arrancó un periodo lúgubre para el gobierno de la capital oaxaqueña, en aquel momento, debido a que éste personaje carecía totalmente de experiencia administrativa y de gobierno, y porque lejos de atender los problemas más importantes de la ciudad, decidió enfrascarse en disputas de todo tipo con los grupos políticos que le presentaban cierta oposición. Así, preocupado más por nimiedades, y despreciando los grandes problemas de la ciudad, su gobierno fue inconcluso, de poca movilidad, y de nulos resultados.

Luego vino la administración convergente de Gabino Cué Monteagudo. Cuando éste inició su gestión, era clara su idea de aspirar a cargos públicos más elevados, y de convertirse en el más fuerte adversario electoral de quienes entonces detentaban el poder en el Revolucionario Institucional. De este modo, además de las fallas naturales que tienen todos los gobernantes al momento de ejercer sus funciones, también fue afectado por la nula coordinación entre esferas públicas, y por la predominancia de los temas políticos sobre los administrativos. Esas disputas, de las que todos en su conjunto fueron responsables, llevaron a la ciudad a dejar nuevamente pendientes muchos de los problemas que ya desde entonces urgía resolver.

Al culminar ese periodo, en 2004, vino el desastroso gobierno de Jesús Ángel Díaz Ortega. La expectativa, entonces, era importante debido a que concluía el primer periodo de alternancia política habida en la entidad. Desde el gobierno de Pablo Arnaud, en 1996, hasta entonces, en 2004, el oficialismo priista había estado ausente de la ciudad. Sólo que las cosas no fueron tan esperanzadoras como parecían. La identidad del gobierno estatal y municipal fue utilizada para emprender grandes negocios, como el de los parquímetros, que fueron realizados a espaldas de la ciudadanía. Todo se descompuso cuando, en medio del conflicto magisterial y popular de 2006, el entonces Edil prácticamente abandonó la ciudad, clausuró temporalmente la mayoría de los servicios y actividades municipales, y dejó a su suerte al espacio territorial que gobernaba, para esperar pacientemente a que cambiara el estado de cosas.

Aún con ello, José Antonio Hernández Fraguas, un priista de arraigo y con gran presencia en la capital, ganó los comicios, en 2007, con un gran respaldo social y con una cantidad de votos entonces histórica por encima de sus oponentes. Su experiencia administrativa daba pauta de lo que podría realizar a favor de la capital oaxaqueña, y la existencia de rezagos tan evidentes y urgentes de resolver, daba cierta luz sobre cuáles serían los asuntos que se abocaría a revisar en primera instancia. Así fue como comenzó a desarrollarse una administración municipal que, para mal de Oaxaca, ha ido de más a menos.

ASUNTOS URGENTES

Hoy, pueden establecerse en por lo menos cinco ejes los problemas fundamentales que necesitan solución, y que sólo han recibido largas. Uno de ellos, es el del manejo y depósito de la basura. El segundo, el del tratamiento urgente que debe darse al ambulantaje y el comercio informal. El tercero, el de la seguridad pública. El cuarto, relativo al mantenimiento y atención a las vialidades. Y el quinto, y más importante, de dar atención a las agencias municipales y colonias populares que hoy no encuentran salida a sus problemas. Independientemente de los temas políticos o partidistas que deba resolver el nuevo gobierno, es evidente la existencia de una agenda meramente administrativa y de atención a la ciudadanía, que debe ser abordada cuanto antes.

Acaso el más recurrente y caótico, en apariencia, es el de la basura. Desde hace años, existe la necesidad apremiante de establecer un nuevo tiradero de los desechos sólidos que genera la capital. En las últimas administraciones se ha hablado de la urgencia de generar un relleno sanitario, un nuevo depósito, de tecnificar el manejo y procesamiento de la basura, y de emprender procesos de reciclaje tanto de los desechos, como de la energía que pudiera generarse y aprovecharse a partir de los residuos.

Nadie ha dado una solución concreta. En términos sencillos, el basurero de la Villa de Zaachila continúa abierto a pesar de las advertencias y multas de las autoridades federales. No existe coordinación entre las autoridades municipales y estatales para emprender las tareas que a cada uno le corresponden. Y, de hecho, la administración de Luis Ugartechea comenzará teniendo ese como uno de sus retos pendientes de mayor apremio. Hasta hoy, la nueva administración municipal no se ha pronunciado al respecto.

AMBULANTAJE Y MOTOTAXIS

Éstos dos rubros no sólo crecieron por voluntad o corrupción. Tanto el ambulantaje como los mototaxis son también expresión y signo de la falta de oportunidades de empleo e inversión que existen en el sector formal. Aunque el orden en cuanto al transporte y el comercio ambulante fueron dos de las premisas básicas del nuevo gobierno, hoy todo está fuera de control. Los tianguistas, que en algún momento se habían retirado del Centro Histórico y los parques que ocupaban, hoy se valen de cualquier pretexto para volver a esas áreas en las que antes ya habían acordado respetar.

Por otra parte, los mototaxis crecieron sin control, derivado del contubernio de algunos funcionarios con grupos sociales que vieron en ese vacío un gran negocio, pero también por las debilidades propias de una autoridad municipal que tampoco supo imponerse a tiempo, e institucionalmente, frente a las calamidades que la amenazaban.

Así, hoy prácticamente todas las colonias y zonas populares se encuentran infestadas de ese tipo de transporte que verdaderamente es riesgoso y caro para la ciudadanía. A pesar de que cobran lo mismo por pasaje que una unidad de transporte público concesionado, los viajes que realiza un mototaxi son normalmente más cortos.

Aunque los autobuses urbanos no son precisamente un ejemplo de rectitud y prudencia, los mototaxis se encuentran en un estado aún peor de anarquía: nadie regula sus rutas, no están sujetos a normas firmes sobre el transporte, y mucho menos se les exigen medidas mínimas de seguridad para cumplir con su cometido. Quien se sube a un mototaxi lo hace bajo su cuenta y riesgo, porque éstos no cuentan con seguro de viajero que los respalde en caso de algún accidente o eventualidad.

 

“CIUDAD BACHE”

Las autoridades electas, afirman que el Gobierno de Oaxaca de Juárez tiene firmado, desde hace décadas, un convenio con Petróleos Mexicanos, para que anualmente éste provea una cierta cantidad de asfalto, gratuitamente, para la manutención de las vialidades y los programas de bacheo. Si de verdad existe tal facilidad, entonces nadie se explica por qué la ciudad se encuentra, desde hace meses, llena de hoyancos y fosas que todos los días descomponen las unidades de motor, provocan problemas de salud a los conductores, y dan un aspecto pésimo a una ciudad que se caracteriza por su pulcritud y belleza colonial.

Por si fuera poco, existe un grave rezago en cuanto a la modernización del sistema de señales de tránsito y semáforos. En diversos puntos de la capital oaxaqueña, pueden apreciarse esos artefactos descompuestos total o parcialmente, descoordinados y, en algunos casos, con ausencia total de señalización para el control del tráfico.

En esas condiciones, ¿Cómo no querer que la ciudadanía se sienta defraudada? Ninguna justificación es suficiente, cuando a diario uno se topa con esos problemas que deberían ya estar en proceso de superación. Y si las autoridades municipales no dicen ni hacen algo al respecto, tampoco las estatales, que asumen como responsabilidad municipal todo lo relativo a las vialidades.

CIUDADANÍA OLVIDADA

Es poco lo que, en ese sentido, se puede apelar favorablemente a la ciudadanía. Independientemente de la imagen y las aspiraciones políticas, lo que el público desea es un gobierno eficiente que pueda cumplir con su cometido. Esgrimir justificaciones, evasivas o dilaciones, es tanto como aceptar el fracaso. Sólo que en Oaxaca ese fracaso, plagado de tareas pendientes, lleva ya una década sin ser abordado. La administración municipal que asumirá el 1 de enero próximo, tiene el compromiso patente, y la exigencia, de hacer valer sus condiciones políticas y dar soluciones de verdad, a quienes ya estamos cansados de la simulación y los fiascos.

 

Fuero constitucional: debate real, desdeñado

+ Tema coyuntural, como varios más en México

Si dentro de dos o tres días, la nota principal de los principales medios de información del país, fuera que el Presidente de la República se ausentó del país más tiempo del que le permite la Constitución federal, entonces se iniciaría un largo debate sobre la necesidad de hacer efectiva la obligación del Primer Mandatario de ceñirse a la Ley Suprema o, por el contrario, y según la circunstancia y la justificación habida, de hacer más flexible dicho precepto, para dotar al Jefe de Estado de un mayor radio de acción en sus funciones. Esa, como puede verse, sería una mera discusión coyuntural, con un asunto que tiene más de fondo que un simple hecho aislado. Algo más o menos similar ocurre con la discusión relativa al fuero constitucional.

Vayamos al primer ejemplo. En la publicación original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fechada el 5 de febrero de 1917 en el Diario Oficial de la Federación, se establecía, en el artículo 88, que “El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión.” Luego, en el año de 1966, una primera reforma estableció que debía ser sólo el Senado de la República, o la Comisión Permanente, en el caso de que la primera se encontrara en receso, quien tenía la facultad de recibir la solicitud presidencial para ausentarse del país, y concederla.

Así permaneció la redacción del artículo 88 hasta el periodo presidencial de Vicente Fox Quesada. En aquellos primeros años de la alternancia de partidos en el poder federal, llevó al Congreso de la Unión a tener una inusitada influencia sobre la vida política del país. particularmente, el Senado de la República no tenía una presencia fuerte de legisladores del Partido Acción Nacional, para respaldar al Presidente.

Y mientras el poder se trataba de ejercer a plenitud desde la Presidencia de la República, en el Congreso trataban de hacerse contrapesos no siempre bien enfocados. Así, el presidente Fox cometía excesos como el de hacer solicitudes de ausencia del país reiteradamente, o sin respetar los tiempos prudentes con los que debían realizarse esas solicitudes. Si eso se combinaba con la fuerte polarización política que existía en el país, y las confrontaciones casi insalvables entre fuerzas políticas, el resultado de las revanchas podría materializarse en cualquier asunto. Y uno de ellos, fue negando dos permisos de ausencia al presidente Fox.

En efecto, con el voto en contra de la oposición, la Cámara de Diputados negó al presidente Vicente Fox, en noviembre de 2006, lo que sería su último viaje al extranjero, por considerar que el país se encontraba en crisis por el conflicto en Oaxaca y otros hechos de relevancia nacional. De acuerdo con información difundida en su momento por el periódico El Universal, el permiso de Fox para viajar a Australia y a Hanoi, Vietnam, a la reunión de la APEC, se desechó por 258 votos en contra del PRI, PRD, Convergencia, PVEM, PT, Nueva Alianza y Alternativa, contra 187 a favor, del PAN, y seis abstenciones.

El pleno desechó además por mayoría simple el dictamen, por lo que éste no podrá volverse a votar y fue devuelto al Senado. El proyecto de decreto pedía autorización para que el jefe del Ejecutivo se ausentara del 10 al 19 de noviembre, para realizar una visita de trabajo a Australia del 12 al 16 de noviembre, y participar en la 14 Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Hanoi, Vietnam, del 16 al 19.

En el sexenio de Fox, antes sólo un viaje le había sido negado por el Senado. Fue en abril de 2002, cuando en protesta por los constantes viajes del primer mandatario se le rechazó un permiso para viajar a Calgary y Vancouver, Canadá, y a San Francisco y Seattle, en Estados Unidos. Lo que ocurrió en ese caso, polémico de sí, fue una reforma ocurrida en 2008 que ensanchó la facultad del Presidente para ausentarse hasta por siete días del país sin solicitar permiso al Senado.

 

¿Y EL FUERO?

El debate sobre el fuero debía ser mucho más amplio, y no coyuntural, como hasta ahora lo es en México. De hecho, nadie se había acordado en los últimos años de la polémica inmunidad constitucional —desde 2006 cuando, de hecho, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador fue desaforado para ser procesado judicialmente por el desacato en el procedimiento judicial relativo al predio El Encino—, y poco se había discutido la necesidad de transformarla o eliminarla.

Todo lo trajo de nuevo a la picota, el caso del diputado federal Julio César Godoy Toscano, a quien se le sigue un proceso penal federal por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue su antiguo partido, el de la Revolución Democrática, quien lo protegió y le dio la pauta para que asumiera su cargo. Fue la filtración a la prensa de unas grabaciones telefónicas, lo que puso en evidencia que éste no parecía ser tan inocente como se creía. Y fue entonces cómo, en medio de la vorágine, que resurgió este añejo debate sobre la modificación o transformación del fuero constitucional.

Ésta figura, sin duda, debe ser replanteada. El caso de López Obrador dio todas las pautas sobre la urgencia de eliminar los términos actuales de la inmunidad constitucional, y volverla a apegar a los principios que le dieron origen. Esto es, la necesidad de proteger a los legisladores y servidores públicos de primer nivel, de las revanchas de que pudieran ser objeto, a través de los procesos judiciales, por el ejercicio de sus funciones. Teóricamente, esa inmunidad debía operar para protegerlos a partir de la protección que éstos le brindaran a la nación. Pero hoy ocurre, que éstos buscan cargos de ese tipo para protegerse, durante el tiempo de sus funciones, de cualquier acto judicial de molestia.

 

DISCUSIÓN MOMENTÁNEA

El caso López Obrador dejó en claro que, en el caso de los diputados, y los políticos en general, cuando ellos así lo desean, entonces se materializa aquella frase de Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre. Por esa razón, el fuero constitucional debía merecer un debate mucho más amplio y profundo de lo que ocurre, y tendría que ser algo más que una simple discusión momentánea o de moda que, cuando pase la polémica de este caso en particular volverá a quedar reservada… para cuando haya otro político en problemas, que busque protegerse en el amplio manto del fuero constitucional.