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Secuestro de diputado: consecuencia de la impunidad

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+ Acción criminal o política: sospecha similar

La noche del pasado martes, en la comunidad de Zimatlán de Álvarez, fue secuestrado el diputado electo del PAN, Manuel Benítez Manzanares. En una entidad que se ha caracterizado por tener una alta incidencia en el rubro del secuestro, pero que también es característica de un ejercicio intenso de las expresiones políticas, ocurre este presunto secuestro que, lo mismo puede ser una mera acción de la criminalidad, que un amague al gobierno electo que, a partir del 1 de diciembre encabezará Gabino Cué Monteagudo.

Sin duda, este hecho ocurre en medio de un marco político y social de complejidades. A nivel nacional, secuestros de alto impacto como el del ex senador y ex candidato presidencial —también por el PAN— Diego Fernández de Cevallos, ha venido marcando la pauta de lo que parece uno de los signos más claros de nuestro tiempo: en ese caso en particular, a más de 120 días de haber sido secuestrado uno de los hombres más emblemáticos de nuestro país, el grupo que ejecutó dicha acción sigue actuando en la más completa libertad e impunidad, que no ha podido detener autoridad local o federal alguna.

Si más allá de las posibles motivaciones políticas o de la mera persecución de fines económicos que tenga ese plagio, lo tomamos como punto de referencia sobre la incidencia del secuestro en el país, podremos darnos cuenta que la no intervención de la autoridad estatal o federal en la investigación y posible resolución de ese caso, así como la imposibilidad de aprehender a los responsables, no es sino una abierta invitación a que ese tipo de prácticas ilícitas, que tienen como características la libertad y la impunidad, sean hoy la forma de actuación común parta todo tipo de grupos que, especializados o no en el secuestro, se dedican a explotar esa “industria”.

Las cifras, en ese sentido, son implacables. Apenas el mes pasado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hizo público un estudio relativo al índice de secuestros en México. Las cifras revelaron que en los últimos cinco años la incidencia de este delito se vio incrementada nada menos que en un 317 por ciento, sin contar que más del setenta por ciento de todos los plagios que ocurren en el país, no son denunciados.

Ante este panorama, en el que se centran las posibilidades puramente criminales de este tipo de delitos, parece cercana la posibilidad de que hoy, con independencia de su nivel económico, estatus social o calidad política, cualquier persona pueda ser objeto de un secuestro; asimismo, parece claro que los secuestradores se encuentran altamente estimulados para continuar con ese tipo de acciones, ante la prácticamente nula capacidad de los órganos del gobierno encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia —comenzando por el ámbito federal—, para impedir ese tipo de acciones, para perseguir y aprender a los plagiarios, y para rescatar con vida a los secuestrados.

ACCIÓN CONFUSA

El panorama local y nacional, sin embargo, tampoco son sencillos en el ámbito de lo político. Un secuestro de este tipo, perpetrado en contra de un personaje que milita en Acción Nacional, que es diputado electo, y pieza importante de un proceso de alternancia política en una entidad altamente polarizada como Oaxaca, es motivo para suponer todas las hipótesis posibles.

Éstas son difíciles de separar, además, porque hoy un hecho criminal asimismo puede tener, o aparentar tener, una connotación política; y porque una posible venganza política, hoy puede ser libremente perpetrada bajo el manto impune y temido de acciones criminales perpetradas por la delincuencia organizada. Y, en una tercera vía, éste también puede ser un aviso, o un mensaje, de otra naturaleza, por parte de algún grupo criminal a un régimen de gobierno que se encuentra en vías de tomar posesión de sus responsabilidades.

¿Por qué existe la posibilidad de ligar un secuestro como el que ahora nos ocupa, al envío de un posible envío de mensajes de fuerza por parte de un poder fáctico (como lo es la criminalidad organizada) a quienes detentan, o están en vías de hacerlo, el poder público? Porque el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo ha decidido hacer suyas ciertas expresiones relativas al crimen organizado.

En efecto, hace apenas cuatro días —es decir, el 3 de octubre pasado—, el sitio web www.yucatanalamano.com daba cuenta de un posicionamiento que hizo el gobernador Cué justamente en relación con la delincuencia organizada y los grupos criminales. Aseguraba en Mérida, y en compañía de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, que “la prioridad del país en 2011 debe ser un combate eficaz contra el crimen organizado para que la delincuencia, que es más fuerte en el norte del país, se reduzca notablemente”.

Evidentemente, ese y demás posicionamientos en relación al crimen organizado, podrían ser parte de la explicación al secuestro del diputado electo, y del posible mensaje que alguna banda criminal podría estar enviando al gobernante electo. Ante el secuestro, todos los canales de comunicación tanto con el gobierno de Gabino Cué, como del Comité Estatal del PAN, cerraron los canales de comunicación para darle paso a las estrategias tradicionales de negociación y recuperación de la víctima secuestrada, llevadas a cabo por particulares sin intervención de la autoridad.

Finalmente, podría ocurrir una tercera desgracia en todo esto. Esto radicaría en que, por una razón de confrontaciones políticas, las instancias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia estatales, dejaran voluntariamente de intervenir en el asunto, o lo hicieran sólo en apariencias. Es evidente que, comenzando por la persona, éste y cualquier secuestro, es inadmisible. Y lo es más, cuando los demás ingredientes inmiscuidos llevan a posibilidades relacionadas con amagues de algún grupo criminal, pero también al intento de una confusión intencionada, entre un hecho criminal y una acción de venganza política.

COMUNA DEGRADADA

Cuán bajo ha caído el interés por el trabajo y la representación política en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que quienes antes al menos se bañaban para asistir a las sesiones de Cabildo, ahora lo hacen como si anduvieran de día de campo. Fue el caso del regidor Giovany Vásquez Sagrero, quien ayer se presentó a la sesión de la Comuna, nada menos que en ropa deportiva. Simple pero reveladora, la muestra de desprecio a su trabajo por parte del Concejal.

PRI: crisis y discordancias reales, apenas vienen

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+ Tricolor sin poder: nido de confrontaciones

Ni siquiera la derrota electoral le ha hecho tanto daño al PRI en Oaxaca, como la soberbia, el pragmatismo mal encaminado y las ambiciones de quienes lo han manejado. Aún cuando el tricolor no ha dejado de ser una fuerza política altamente rentable por la cantidad de votos que genera, es evidente que tanto la nueva circunstancia de la entidad, como la suya propia, habrán de demostrar el liderazgo y la capacidad política real de quienes lo tienen en sus manos, pero también de los que seguramente librarán batallas feroces por el control del mismo.

En efecto, tal parece que la historia reiterativa del PRI, ha sido la de las debacles irremediables, derivadas de la concentración de sus propios vicios y las ventajas que sacan de ello sus oponentes electorales. Si en el ámbito federal ese fue uno de los varios motivos que los llevaron a la derrota, en el año 2000, en Oaxaca parece claro que también existen algunos rasgos claros de ese lento proceso de descomposición que, si bien aún no termina, sí los llevó ya a atravesar por uno de los peores momentos de ese partido.

Pero vayamos por partes. A lo largo de buena parte de las últimas dos décadas en que el priismo gobernó el país, las estructuras formales y materiales de ese partido fueron controladas por un grupo de personas con conocimientos especializados en temas específicos, que habían cursado estudios en el extranjero, y que tenían preparación de alto nivel en cuanto a temas técnicos y las más importantes tendencias económicas dictadas desde las potencias económicas, pero que carecían de una identidad ideológica sólida en cuanto a los principios del partido al que militaban.

Aquellos, los tecnócratas, vieron en el gobierno no una oportunidad genuina para servir eficientemente a su partido, y a la patria; más bien, en su visión, existía la perspectiva de asumir al priismo, y al gobierno federal mismo, como sendos instrumentos a través de los cuales ellos podían conseguir ciertos fines relacionados lo mismo con la política, que con el ejercicio legislativo y la acumulación de recursos económicos o poder derivado del Estado, pero no para contribuir a la construcción de una nación más sólida.

Así, puede verse que la tecnocracia tuvo innumerables fallos a la hora de defender el peso específico de su partido frente a la transformación de la mentalidad y las expectativas políticas de la nación, y aunque sus integrantes eran hombres brillantes que antes habían destacado en ámbitos académicos del extranjero, para luego venir a ocupar cargos de relevancia política en el país.

Al tener el control del PRI, decidieron sobreponer los intereses de su grupo a los del cimiento del priismo. Lo utilizaron como un vehículo de acceso al poder, pero no como parte de los elementos esenciales de la política que debían alimentar. Y por esa razón, luego de que la tecnocracia perdiera los comicios presidenciales del año 2000, ha sido la renovación de aquel “viejo PRI” —es decir, hombres y mujeres provenientes de algunas generaciones anteriores a la de los militantes tricolores de la era de la tecnocracia— el que ha tenido que regresar, para tratar de recuperar la competitividad de esa fuerza política otrora hegemónica.

¿TECNOCRACIA OAXAQUEÑA?

Podría suponerse, aunque en una visión más bien errónea, que en el priismo de Oaxaca ocurrió lo mismo: es decir, que en algún momento arribó al poder gubernamental estatal un grupo que tenía poca identidad con su partido, pero con mayores expectativas de acceder al gobierno para defender ciertas ideas, y transformar determinadas estructuras, que sirvieran y beneficiaran sistemáticamente al grupo al que pertenecían.

El problema, en realidad, es que esa expectativa resulta ser demasiado elevada. Si la tecnocracia nacional tuvo ciertos puntos fuertes en cuanto a la formación intelectual que presumían, pero que se menguaba por sus debilidades relativas al trabajo de partido, lo cierto es que los más recientes manejadores del tricolor oaxaqueño llevaron a ese partido a la derrota, lo mismo por la acumulación de ciertos vicios propios de la política y la administración (es decir, signos claros de ineficiencia y corrupción), como también por la ausencia casi total de otras virtudes, intereses y afinidad política por su partido, que les permitiera ver más allá de las intrigas, la grilla y las meras disputas por el poder.

La nuestra ha sido, según parece, una especie de “tecnocracia” que, sin embargo, jamás logró tener al menos los elementos o preparación técnica propias del tecnócrata promedio, pero tampoco las bases ideológicas, la sensibilidad social o capacidad política, que finalmente los llevaron a la derrota. Fue, pues, un pragmatismo vil, sin ninguna justificación o pantalla y, sobre todo, encaminado a nada.

Todo es lo que tiene al priismo oaxaqueño en una crisis, que no sólo abarca la pérdida del gobierno estatal. En los últimos años, los dirigentes de ese partido han sido completos subordinados del Jefe Político en turno, que jamás han demostrado tener banderas, causas democráticas, o cuestiones en las que sean capaces de articular una defensa y argumentación, técnica y política, a cualquier nivel.

Asimismo, la capacidad de composición y negociación política, fue suplida por completo por el avasallamiento y los ejercicios de disciplina motivados por las amenazas y las cooptaciones. Y hoy nadie sabe bien a bien cómo se organizará, ni cómo se negociarán los espacios de poder dentro ese partido sin fracturarlo, una vez que la figura del Primer Priista deje de ser preponderante y se sustituya por un ejercicio de la política partidista más libre de lo que es ahora.

TIEMPOS TURBIOS

La guerra por la dirigencia priista, según se ve desde ahora, será feroz. Aunque verdaderamente nadie tiene mucho qué presumir, ni muchas razones para sostenerse como más demócrata o político eficaz que los demás, lo cierto es que todos los personajes que más temprano que tarde se sentirán con posibilidades de arrebatar la dirigencia a sus líderes actuales, harán lo que tengan que hacer sin ninguna consideración, en aras de hacerse de una porción de poder en su partido. En nadie cabrá la prudencia. Ante ello, ¿los manejadores actuales del PRI seguirán ubicados en esa posición intolerante, poco reflexiva, e indiferente a los complejos nuevos tiempos del priismo? La soberbia y la insensibilidad los llevará por senderos muy turbios.

Gabino: su éxito dependerá de la gobernabilidad

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+ Concertación política: tema clave para gobierno

Más que valerse de patrañas como la de reglamentar las marchas o valerse de la fuerza pública para disolver las manifestaciones que derivan en bloqueos viales o toma de oficinas, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo está obligado a plantear una verdadera estrategia de concertación política y eficiencia en la gestión administrativa, que le permitan tener mayores herramientas para la gobernabilidad. Ese será, sin duda, uno de los retos más complejos de esta administración de alternancia.

El problema no es menor. De hecho, actualmente en Oaxaca prevalece un vacío casi total en cuanto a las posibilidades del gobierno estatal de lograr que las manifestaciones públicas de grupos políticos, y organizaciones sociales, sindicales o indígenas, no afecten a terceros. Es un dolor de cabeza permanente para la ciudadanía, el que un día sí y al siguiente también, ocurran bloqueos de arterias viales, toma de oficinas públicas, y demás acciones que perturban los derechos de la colectividad.

Es también una constante, que la instancia estatal encargada de la gobernabilidad, es decir, la Secretaría General de Gobierno, no logre desactivar —y parezca que tampoco tiene voluntad— esas medidas de protesta que, finalmente, no afectan tanto a los funcionarios, como a la ciudadanía que se ve afectada en sus garantías fundamentales.

A pesar de que el planteamiento de “no más bloqueos de calles y oficinas gubernamentales” fue una de las principales promesas de campaña del actual gobierno, es evidente que éste se quedó muy lejos de la expectativa que en algún momento tuvo la ciudadanía sobre ese aspecto. Durante el primer año y medio de la actual administración, el Gobierno del Estado se dedicó a desactivar protestas a través de la interlocución política sustentada en el amague y los ofrecimientos de cooptación.

Una vez que éstos mecanismos fracasaron, y ocurrió la revuelta magisterial y popular de 2006, el Gobierno del Estado entendió la lógica de las “vías de diálogo” de los principales grupos sociales —es decir, el ceder ante los chantajes de todos aquellos grupos que podrían generar algún tipo de inestabilidad, y cooptar a todo aquel que lo permitiera—, y entonces decidió entregarse a los brazos de quienes antes habían sido sus verdugos.

Así, a partir de 2007, la administración estatal decidió establecer su política de gobernabilidad teniendo siempre como herramienta fundamental la posibilidad de negociar la ley, y la entrega de recursos económicos, a cambio de no tener más problemas con grupos determinados con los que era mejor no confrontarse.

Aunque a la mala, esa política fructificó: durante la gestión de Manuel García Corpus como secretario General de Gobierno, se logró reiniciar el diálogo con grupos radicalmente opuestos al priismo gobernante —que habían tratado de derrocarlo—, como la Sección 22 del SNTE y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca.

Más de uno se preguntaba, en aquel entonces, cómo podían haber logrado esa interlocución que apenas un año antes parecía imposible entre grupos que se disputaron a muerte el poder gubernamental de Oaxaca. La respuesta a ese cuestionamiento tuvo que ver con dos cuestiones sencillas: como diversos integrantes de la APPO y la Sección 22 tenían tanto necesidades económicas, como cuentas pendientes con la justicia, la administración estatal se valió de las herramientas del Estado para entablar diálogo.

Así, haciéndose múltiples y recíprocas concesiones (es decir, negociando la aplicación de la ley y la provisión de recursos públicos), unos y otros decidieron dejar de lado las hostilidades radicales para pasar a una nueva etapa de diálogo disimulado que, a la larga, tampoco ha sido tan fructífera como quisieran.

ASUNTO CLAVE

Sin embargo, hoy es evidente que la política de conducción de la gobernabilidad es mucho menos afortunada de lo que pudiera preverse. A diferencia del pasado, cuando bloquear un crucero o arteria vial se convertía en una afrenta declarada en contra del gobierno, hoy prácticamente cualquier grupo, con cualquier denominación e independientemente de su número de integrantes, tiene la abierta posibilidad de bloquear calles, cerrar oficinas y dañar los derechos de terceros.

Y dadas las amargas experiencias de la represión, hoy el gobierno estatal, en todos los casos, está decidido a no mover un dedo para tratar de exigir a los manifestantes que cesen las afectaciones a la ciudadanía. Como no se desea alimentar el estigma de la intolerancia, pero tampoco se tiene eficiencia gubernamental como para desactivar definitivamente las protestas sociales, entonces el gobierno estatal deja hacer todo, a todos los grupos.

¿Qué hacer entonces? De entrada, es evidente que la vía para lograr una tutela efectiva tanto de los derechos de la colectividad, como la atención a las exigencias y demandas de los grupos sociales, no se encuentra —como lo hemos apuntado en otros momentos— ni en la llamada reglamentación de las marchas y manifestaciones públicas, ni tampoco en la cesión total de las potestades públicas a los grupos de presión, y mucho menos en las medidas de fuerza, tales como la disolución de protestas o el uso de la fuerza pública para romper bloqueos.

La clave, según parece, se encuentra, primero, en la posibilidad de poner la gobernabilidad en manos no de un amigo del Gobernador, sino de un verdadero político conocedor de las formas de hacer política en una entidad compleja como la nuestra; y, segundo, en la posibilidad de lograr una mejor labor administrativa, que termine con muchos de los vicios, chantajes y desatenciones a los grupos sociales, y comunidades, que luego derivan en protestas, cierre de calles, y diversas acciones que involucran, sin deberla ni temerla, a la ciudadanía.

RETO MAYOR

Así, más allá de los nombres, quien resulte designado como Secretario de Gobierno de la próxima administración, debe demostrar, con hechos, su aporte a Oaxaca. De nada servirá que el Gobernador nombre a alguien que, independientemente de que sea de sus confianzas, carezca de capacidad de interlocución —y solución— con los principales grupos sociales. También debe combatir muchas formas de corrupción. Todo esto, sin prestarse al chantaje. ¿Cuántas manifestaciones inician porque no se atiende un trámite o solicitud, porque algún funcionario “jinetea” recursos, o porque se prestan oídos sordos a las exigencias de los grupos sociales? El éxito de su gobierno, en gran medida, dependerá de esto.

“Estado laico”: un desperdicio del Congreso local

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+ Separación dogmática-política ya estaba garantizada

La reciente reforma relativa a la reiteración de la figura del “Estado laico” en la Constitución Política de nuestra entidad, es un ejemplo claro de cómo un órgano legislativo puede justificar su labor a través de la discusión de asuntos ya resueltos, y de otros que se inscriben únicamente en el ámbito de lo “políticamente correcto”, o que resultan ser verdaderamente intrascendentes. A pesar de que, con esa modificación constitucional, los diputados de la LX Legislatura local tratarán de envolverse con el mando de quienes se asumen como demócratas y republicanos, lo cierto es que tal reforma resulta ser mucho menos trascendente y necesaria de lo que parece.

Vayamos por partes. Lo laico, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es aquello que tiene independencia “de cualquier organización o confesión religiosa”. Prácticamente desde su surgimiento como nación independiente, el Estado mexicano ha tenido una constante lucha por acotar y delimitar la injerencia de los dogmas y asuntos religiosos, dentro del ámbito de ejercicio y potestad soberana del poder político.

De hecho, contrario a lo que se piensa, desde los inicios de la Edad Media y hasta los tiempos actuales, la relación entre el poder divino y las potestades terrenales, ha sido una cuestión permanente de luchas y debates, en prácticamente todos los Estados Soberanos del mundo.

Partiendo de esa base, México no ha sido la excepción. Por eso, en prácticamente todas las convulsiones políticas, y conflagraciones armadas que han ocurrido en el país a lo largo de estos casi 200 años de vida independiente, han tenido —con mayor o menor medida— la presencia de la disputa entre el poder político y quienes, en nombre de los dogmas de la fe, pretendían tomar el control, o influir de manera determinante, en las decisiones del Estado. Hoy, a pesar de los excesos en que incurre particularmente la Iglesia Católica al tratar de intervenir en los asuntos políticos del país, parece claro que los ámbitos de influencia del poder político, y el religioso, se encuentran perfectamente acotados.

¿Por qué? Porque a diferencia de un número altísimo de Constituciones Políticas del mundo, la Ley Fundamental en México establece una serie de libertades y garantías que, por sí mismas, dan la pauta para sostener que el nuestro es un Estado laico, en el que no son necesarias declaraciones o reiteraciones que, además de ser adicionales a los principios ya establecidos, constituyen un desperdicio de tiempo y trabajo a los órganos legislativos y, por si fuera poco, no generan convicción de que, en efecto, los servidores públicos no serán influidos por ciertas ideas o pautas religiosas, al momento de ejercer las funciones propias del gobierno y del Estado.

Habría que entender, de entrada, una cuestión fundamental. Esto es que, por encima de la Constitución Política, y del Estado, no existe nada ni nadie. Es decir, que jerárquicamente la ley y el poder político, están superpuestos a cualquier otra potestad o institución que también detente poder.

Por esa razón, aún cuando las libertades de creencia religiosa y de fe, están plenamente garantizadas por la misma Constitución Federal para todas las personas que se encuentren en territorio nacional, la misma Norma Fundamental obliga a que todas las organizaciones religiosas se ciñan a los lineamientos y límites que fijen la ley y el Estado para el ejercicio de sus fines.

En razón de ello, en el artículo 130 de la Constitución General de la República, se establece, textualmente, que basados en el principio histórico de la Separación de la Iglesia y el Estado, éste fija las reglas constitucionales a las que deben regirse las instituciones religiosas, y su expresa limitación a no inmiscuirse en ningún tipo de asuntos políticos del país. De todo ello se desprende que la atención y regulación de todo lo relativo a instituciones religiosas es de competencia exclusivamente federal.

REFORMA REITERATIVA

Todos esos principios constitucionales tienen un fin: garantizar el principio de que, necesariamente, todo Estado democrático debe ser también un Estado laico. Como puede verse, la búsqueda de ese fin va más allá de las funciones del Gobierno, y más bien se inscribe en las certezas que debe tener y demostrar el Estado, para ejercer sus funciones plenamente.

Evidentemente, el Estado debe mantenerse separado de cualquier tipo de creencia o dogma religioso. Pero el Estado, en sí mismo, es un ente ficticio que se materializa a partir de las funciones que ejercen personas que están investidas con la calidad de servidores públicos. Es en ellos, y no en declaraciones reiterativas, en quienes debe buscarse la independencia y la no determinación de cuestiones religiosas en su labor como representantes del Estado; y debería ser en ellos, y en quienes representan a las instituciones religiosas, en los que deberían replantearse los límites de la separación Iglesia-Estado, así como las sanciones a que unos y otros se pueden hacer acreedores al violar tales disposiciones.

Es ingenuo, o excesivo, suponer que con ese tipo de adiciones constitucionales —como la que sufrió el numeral 29 de Constitución Estatal para establecer la laicidad de su forma de gobierno—, las intromisiones de los factores de poder religioso en los asuntos políticos (que se diferencian de todos los demás, por ser los que están encaminados a lograr el bien común), dejarán de ocurrir en la entidad.

Más allá de las reformas legales o constitucionales, lo que hace falta es que los servidores públicos se conduzcan con apego a los principios democráticos que establecen las leyes existentes, y eviten ser ellos, desde su función pública, los que promuevan o determinen asuntos que deben ser resueltos o atendidos más allá de la fe. Las meras reformas declarativas —que, además, provocan desperdicio de tiempo y recursos en la labor legislativa— no servirán de nada mientras el ejercicio del poder político siga siendo el mismo.

ASUNTOS PENDIENTES

En una verdadera actitud democrática y apegada a los principios del Estado, los señores legisladores locales debían exigir un comportamiento correcto a los no pocos funcionarios estatales que, desde sus cargos, han promovido actividades o creencias religiosas, o que han supeditado su función pública a dogmas. ¿A poco tendrían la misma eficacia al momento de llevar a los hechos su planteamiento de la laicidad?

Tlahuitoltepec: Un alud de abusos informativos

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¿Cuántos muertos, heridos, desaparecidos o daños materiales son necesarios, para calificar un hecho como una tragedia? Esa es la pregunta que, al menos en Oaxaca, debíamos hacernos, frente a la forma en que tanto los tres ámbitos de gobierno, como los medios informativos, y la ciudadanía misma, reaccionamos frente a lo que parecía ser una de las peores tragedias vividas recientemente en nuestro país por causa de la naturaleza, y cómo todo esto se vino abajo cuando los hechos reportaron cifras distintas, mucho menos alarmantes, que las especulaciones iniciales.

La mañana del martes fue, para los oaxaqueños, inusual por varias razones. La primera de ellas, fue porque desde muy temprana hora nos despertamos con los primeros reportes de lo que parecía ser una catástrofe en Santa María Tlahuitoltepec, Mixes; la segunda, porque alrededor de una docena de comunidades, y otra docena de colonias en la zona conurbada a la capital oaxaqueña, se encontraban expectantes y en máxima alerta ante la crecida de los ríos que rodean los valles centrales.

En el primero de los casos, el de Santa María Tlahuitoltepec, de acuerdo con un integrante del Comisariado de Bienes Comunales de esa localidad, en las primeras horas de la madrugada había ocurrido un desgajamiento del cerro en el que se encuentra el asiento de dicha comunidad. Las previsiones iniciales, que reportaba la prensa, era que el alud de tierra había sepultado a unas trescientas viviendas, en un tramo de alrededor de cuatrocientos metros lineales.

En estimaciones realizadas —hoy no se sabe por quién, en las primeras horas de la mañana, en la prensa, radio y televisión—, se decía que la cifra de víctimas mortales podría ascender hasta a mil. Eso provocó, como era natural, la consternación generalizada en todo el país, y la comunidad internacional, y las consecuencias muestras de solidaridad y apoyo en las labores de rescate.

Ante el hecho, hubo un sinfín de demostraciones de solidaridad y acciones positivas: En todos los rincones del país, los ciudadanos comenzaron a organizarse para tratar de recolectar y enviar ayuda. Las organizaciones civiles asimismo llamaron a sumarse a los esfuerzos por llegar al lugar de los hechos, y luego colaborar con el salvamento; y el gobierno, en sus tres niveles, puso en marcha un monumental operativo, que desplegó a agentes civiles y militares por aire y por tierra, para iniciar los trabajos de remoción del lodo y las piedras que se habían desprendido y sepultado, según las estimaciones, a varios cientos de personas.

Pero también hubo una actitud provechosa de ciertos sectores: particularmente, los medios informativos de la capital de la República, hicieron suya, muchas veces sin autorización, datos que estaban siendo recabados, con grandes esfuerzos, por cadenas noticiosas locales, para luego difundirla a sus propios radioescuchas, lectores o televidentes, sin indicar la fuente de donde provenía la información.

Del mismo modo, las cadenas televisivas de la capital de la República, decidieron emprender otro monumental despliegue humano y tecnológico en aras de llevar, en tiempo real, todos los detalles de una tragedia que, no en base al periodismo, sino al amarillismo y sensacionalismo, podría convertirse en la nota del año para quien pudiera reportar primero desde el lugar de los hechos.

Así, “revolcando” información —como se dice en el argot periodístico cuando una nota es reproducida indiscriminadamente y sin permiso de la fuente original, y agregando cualquier dato o modificando la redacción para que parezca novedosa—, reiterando información en cadena nacional que no estaba confirmada, y tratando de convertir una tragedia en la nota perfecta para el drama, la apelación a la piedad, y también para el amarillismo y sensacionalismo, algunos medios de comunicación revelaron sus verdaderas motivaciones, y sus deformados intereses informativos.

¿Por qué? Porque el drama del pueblo mixe no les interesaba tanto como la magnificación de la tragedia. Una vez corroborados que no eran mil, sino alrededor de una docena las víctimas sepultadas por el desgajamiento del cerro en Tlahuitoltepec, el gran despliegue informativo se consideró un exceso, y tomaron sus cosas para no volverse a ocupar del tema.

¿Les interesaba encontrar mil cadáveres para continuar su “cobertura en cadena nacional”? ¿Eran esos potenciales mil muertos, un mero vehículo para satisfacer sus conveniencias de rating y televidentes? Fue, en realidad, la ocasión perfecta para demostrar cuán voraces, frívolos y convenencieros son algunos medios, que sólo conciben las tragedias en función de las ganancias o provechos económicos que ellos pueden obtener a partir de ellos.

TRAGEDIA CONTINUADA

Tal parece que el verdadero periodismo está muerto, en innumerables empresas informativas. A las cadenas televisivas que hacían denodados esfuerzos por llegar al sitio de los hechos, casi a la par del Ejército y las fuerzas estatales que se dirigían a la comunidad siniestrada, nunca se les ocurrió pensar que el periodismo es, además de una labor lucrativa y remunerada, también una actividad que tiene ciertos fines sociales.

Nadie se preocupó, por ejemplo, por reflejar en alguno de sus despachos noticiosos las condiciones de pobreza, marginación e incluso aislamiento que se vive no sólo en Tlahuitoltepec, sino en toda la región mixe, que ha salido adelante en gran medida por el esfuerzo decidido de sus habitantes, más que por la acción graciosa de las autoridades.

Del mismo modo, muy pocos representantes de la llamada “prensa nacional”, fueron los que repararon en que, independientemente de que el número de víctimas fatales no fuera tan elevado como inicialmente se había previsto, lo que ahí había ocurrido de todos modos era una tragedia con la que, si el ánimo era el de vender amarillismo y sensacionalismo, también podían colaborar para que llegara, de todo el país, la ayuda humanitaria que de todos modos se requiere.

No sólo se trató del alud de escombro y lodo, que el martes cayó sobre algunas casas. Es también la marginación que se le ha profesado a todas las comunidades de los mixes. Es asimismo el aislamiento en el que se encuentran, y que se agrava por la desatención gubernamental a las vías de comunicación. La información también pudo haber resaltado los logros que ellos, por sí mismos, han obtenido en las últimas décadas; en lo orgullosos que son al demostrar que su gente, hasta la más humilde, tiene siempre la vocación de salir adelante, y sobresalir en ámbitos sociales, académicos, económicos y políticos, para los que dentro de la mentalidad de otros indígenas, simplemente estarían negados.

Lamentablemente, el periodismo que ahí se demostró, tenía únicamente que ver con la relación estricta de hechos, el recuento de víctimas y la búsqueda de responsables; nadie se ocupó en ver que los individuos que en ese momento eran motivo de noticia, también son personas, que viven, sienten y sufren por las inclemencias de la naturaleza, de sus condiciones de vida, y de los factores sociales, culturales, económicos y políticos que los determinan.

PURAS CONVENIENCIAS

La nociva práctica y visión de que siempre la información debe proporcionarse sin tomar en cuenta los matices, fue lo que determinó, una vez más, la forma de este tipo de coberturas informativas. Ante la sospecha de una descomunal tragedia, hubo un despliegue amplio de personal, equipo, tecnología, transmisiones vía satélite y demás, por parte de algunas empresas informativas como Televisa.

Ante una cantidad mínima de muertos y daños, éstos tomaron sus cosas y abandonaron el tema para irse lamentando y recriminando por las energías gastadas. No se pensó que su fracaso era inversamente proporcional al milagro de que las víctimas no fueran tantas como vaticinaban. En sentido contrario, no se pensaba en que, a pesar de que las víctimas mortales no eran tantas como se preveía, de todos modos el hecho de que una sola persona se hubiere quedado sepultada por un desgajamiento de cerro, era necesario para considerar el asunto como una tragedia, y no sólo indagar en el hecho, sino en todas las condiciones que provocan y estimulan ese tipo de riesgos.

En este caso, los errores cometidos por quienes dieron noticia a la autoridad sobre el hecho, y la imposibilidad o negligencia de ésta para encontrar algún modo de corroborar las cifras antes de lanzar una alerta nacional, se vieron coronados con los excesos de quienes, sintiéndose dueños de la verdad, se dijeron defraudados porque la naturaleza no les había obsequiado el número de muertos, las imágenes espectaculares, y las jugosas ganancias que habrían de obtener por la cobertura informativa de una tragedia sin precedentes para nuestro país.

Queda claro que junto con las víctimas humanas, también quedó sepultada la posibilidad de que las cadenas nacionales de radio y televisión pudieran demostrar cómo se hace un verdadero periodismo, informante y oportuno, pero no determinado por las conveniencias, la frivolidad, y el amarillismo que, ramplonamente, dejaron ver durante su esta nueva travesía por Oaxaca.

¿Quién paga descalificación a democracia electoral?

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+ GCM, gobernador; alternancia firme ¿cuánto durará?

Finalmente, el Tribunal Estatal Electoral resolvió las impugnaciones habidas en el reciente proceso electoral estatal, y determinó otorgar a Gabino Cué Monteagudo la calidad de gobernador electo del Estado de Oaxaca. A pesar de que ésta era una resolución esperada y previsible, sería bueno que ante la materialización de ese fallo, nos preguntáramos quién pagará las consecuencias de todas las descalificaciones que, a lo largo de los últimos meses, se han vertido en contra no sólo de los contendientes y los partidos y grupos de poder que los apoyan, sino sobre todo en contra de la participación ciudadana, de la fuerza de la mayoría, e incluso del ejercicio democrático de las instituciones y los electores oaxaqueños.

En efecto, en México hoy es moneda corriente hablar del fraude, de los “robos” y las intervenciones de funcionarios, dinero público e infraestructura de gobierno en los procesos electorales, y también de las acciones ilegales por las que, se dice con certeza, se ganan o pierden los comicios. Al menos en Oaxaca, sistemáticamente se denunció tanto la intervención del gobierno estatal, como del federal e incluso de la administración del Distrito Federal, en el reciente proceso de renovación de autoridades en la entidad oaxaqueña.

Este fue, desde el inicio del proceso electoral, uno de los principales ejes discursivos de ambos candidatos a la gubernatura. Desde antes incluso de que arrancara la preparación de los comicios, en los partidos de oposición se denunciaba abiertamente la participación de dinero público y funcionarios del Gobierno del Estado, como operadores del Partido Revolucionario Institucional, que hacían trabajo político de estructuras a favor de quien resultara candidato.

En el lado contrario, es decir, desde el gobierno estatal y el priismo, se denunciaba exactamente lo mismo, pero al revés. Lejos de los señalamientos que los involucraban, ellos sostenían categóricamente que para impulsar al Abanderado de la alianza de partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, existía gestiones e intervención clara por parte del gobierno federal, y de las entidades federativas gobernadas por los institutos políticos que se involucraban en la coalición opositora de nuestra entidad.

Como ese es un discurso altamente rentable, en ambos grupos fue explotado prácticamente en todo el proceso electoral. Unos y otros se desvivían, a través de sus voceros, haciendo denuncias de intromisiones gubernamentales, de acciones ilegales que rompían la civilidad o la equidad interna, e incluso de excesos en la utilización de recursos para hacer proselitismo.

Todo eso lo denunciaban, unos y otros, viendo la paja en el ojo ajeno, cuando en ambos grupos existían visos claros de que se extralimitaban, ignorando la viga en el ojo propio, en los mismos aspectos de los que ellos se dolían respecto a sus contrarios. Por eso, en lo sustancial, unos y otros se negaron a incluir entre sus impugnaciones, toda la cadena de excesos que se cometieron en cuanto al manejo y comprobación de los recursos que utilizaron, las formas en las que unos y otros condujeron sus acciones de proselitismo electoral, ni los señalamientos, insinuaciones y ataques, que vulneraban las reglas más básicas de decoro, civilidad y respeto entre los contendientes.

ILEGALIDAD, CONSOLIDADA

Antes de la jornada electoral, desde las fuerzas de oposición —los grupos de poder, no la dirigencia formal o sus candidatos— llamaban a prepararse para vigilar que la votación se llevara a cabo dentro de los márgenes de la legalidad, y llamaban a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que vieran en cuanto a la compra de votos, coacción, y demás delitos electorales que pudieran cometerse antes, durante y después del día de los comicios.

El resultado fue sin duda sorprendente. La causa de los partidos de oposición ganó con una holgura de más de cien mil votos sobre el abanderado priista. Y cuando eso ocurrió, fueron los tricolores quienes tomaron la bandera de la denuncia sobre el fraude electoral. Todos los que tenían algo que decir desde la trinchera priista, se deshicieron explicando que “les echaron montón”, que el gobierno federal había operado abierta y groseramente con recursos para comprar votos el día de los comicios, y que por esa razón acudirían a los tribunales para defenderse de las ilegalidades que habían cometido en su contra, y hacer valer la democracia.

Hoy está claro que ese, el del fraude, fue un mero discurso dilatorio. El Tribunal Estatal Electoral —que, políticamente, es “cancha” del gobierno priista de la entidad— decidió no correr más riesgos haciendo la validación de un proceso que podría exhibirlos también a ellos. Sin duda, una presión política pudo haber determinado un fallo favorable al priismo. Pero los órganos federales de la materia habrían echado por tierra una decisión tomada a partir de conveniencias o presiones ejercidas desde el poder político, y no de razonamientos y argumentos jurídicos.

Así, dos cosas quedan en el fondo de esta discusión: la primera, que este fallo da luz sobre la relación “civilizada” que se pretende construir entre el gobierno saliente, y el entrante, para que el proceso de alternancia en el poder sea terso, pero también desprovisto de revanchas, persecuciones o altibajos. Pero también da cuenta que, legalmente, todo lo relativo al fraude y las maquinaciones no fueron sino una mentira. O bien, no ocurrieron las prácticas indebidas, o no pudieron comprobarlas, o no supieron defenderse ante los tribunales.

Así, todo quedó en un mero discurso. Perorata que, según se pretende, pronto quede en el olvido. Nadie repara en que cada descalificación que no se funda en razones, se convierte en una forma sutil y eficaz de descrédito. En este caso, todas las cargas negativas se las lleva la democracia. Porque criticando la forma, despostillaron, irremediablemente, el fondo. Y ese es el problema.

NOVEDAD EDITORIAL

El Senado de la República y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encargaron de la edición del libro “Oaxaca: Historia de sus instituciones jurídicas”, de la autoría del constitucionalista oaxaqueño, Raúl Ávila Ortiz. Un texto que vale la pena conseguir, estudiar y consultar, para comprender el devenir histórico y el origen de las estructuras políticas que nos rigen. Altamente recomendable. Abundaremos.

Alud… de cifras inexactas, manipulación y errores

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+ Gobierno estatal: se lo comen prácticas indebidas

La tragedia de Santa María Tlahuitoltepec decepcionó a muchos que buscaban el amarillismo, el sensacionalismo y la manipulación de los problemas, los vicios y los atrasos que tiene la entidad. Sin embargo, ese hecho dejó ver en toda su magnitud cuán riesgosas pueden ser, y son, las decisiones que, desde el Estado, se toman no en base a la búsqueda del bien común, sino de fines políticos, electorales o de tergiversación de las carencias sociales.

En efecto, a lo largo del pasado martes no sólo los oaxaqueños, sino todos los mexicanos, fuimos testigos de cómo una cadena de imprecisiones, irresponsabilidad y manipulaciones, fueron capaces de movilizar, y consternar a todo un país. Aunque hoy las autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguran que todo fue consecuencia de confusiones y versiones incorrectas, motivadas por la lejanía y la incomunicación que prevalecía en la Sierra Mixe, lo cierto es que la tragedia de Tlahuitoltepec tuvo como ingredientes particulares las omisiones e irresponsabilidades oficiales, el ánimo catastrofista de diversos medios, y los actos de manipulación que se orquestaron desde el momento mismo en que ocurrió el desgajamiento del cerro en aquella localidad.

Desde las primeras horas de la mañana del martes, fue noticia en todo el país el desprendimiento de una porción de cerro en la Sierra Mixe de Oaxaca. Los primeros reportes —motivados por una llamada telefónica realizada por el líder comunero de la zona, Donato Vargas; y constatados con el silencio y la imposibilidad del gobierno del Estado para ofrecer una versión confiable— indicaban que el alud de tierra correspondía a unos cuatrocientos metros lineales de terrero, y que éste había sepultado unas trescientas viviendas. En base a esas cifras, se estableció un estimado de hasta mil potenciales víctimas.

Un hecho de tal magnitud, aquí y en China son motivo de noticia. La rápida reproducción de esa información, motivo que desde muy temprano comenzaran a movilizarse cuerpos de rescate, elementos del Ejército, bomberos y corporaciones policiacas no sólo de la entidad, sino de diversas regiones del país. Y que la sociedad mexicana asimismo se volcara organizándose para enviar ayuda humanitaria a los damnificados.

Nadie se preguntó, o pudo constatar, por ejemplo, quién es la persona que envió el reporte, y qué era lo que verdaderamente estaba ocurriendo en Tlahuitoltepec. Porque a pesar de que Donato Vargas se identificó como integrante del Comité de Bienes Comunales de esa localidad, lo cierto es que éste es un bien identificado dirigente de la Unión Campesina Oaxaqueña, de la que también son parte los perredistas Lenin López Nelio López, y el todavía diputado local Jesús Romero.

En ese sentido, fuentes de alto nivel aseguran que, contrario a la “mal interpretación”  que Vargas asegura que se dio a su llamado de alerta, éste mismo confirmó telefónicamente al Presidente de la República, todos los datos alarmantes que se dieron a conocer en la prensa, desde Tlahuitoltepec, antes de que pudiera constatarse que en realidad no eran ni una docena las personas desaparecidas.

Asimismo, señalan que la razón por la que tuvieron que pasar varias horas antes de que el gobierno estatal o federal pudiera corroborar los datos dados a conocer por el mencionado individuo, es que, en primera, no había ningún funcionario estatal en los alrededores y, sobre todo, porque el mismo comunero Vargas impidió que otras personas pudieran comunicarse con las autoridades en la capital del Estado; y porque, en el fondo, el objetivo que buscaban algunas personas, era el de poder sacar algún provecho a partir de la manipulación de esa tragedia.

OMISIONES Y MANIPULACIÓN

Un oficio emitido el 26 de septiembre pasado por el Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, y dirigido a las autoridades del gobierno estatal, cuya copia obra en poder de este espacio, da cuenta de cómo oportunamente se puso en aviso a las autoridades oaxaqueñas, de los riesgos que existían por la depresión tropical “Matthew”.

Luego de establecer las generalidades de dicho fenómeno meteorológico, el documento dice, textualmente, lo siguiente: “Para el estado de Oaxaca, la circulación del sistema generará una zona de inestabilidad con nublados densos, principalmente en la zona Norte y Oriente del Estado, favoreciendo potencial de lluvias fuertes a localmente intensas en el Istmo de Tehuantepec (…) y en las zonas serranas y montañosas de las sierras Norte, Mixe y Mazateca. Por lo anterior se solicita a las autoridades de los municipios de las zonas antes indicadas para que (…) alerten a la población sobre la posibilidad de escurrimientos extraordinarios que pudieran ocasionar (…) deslaves o derrumbes en zonas montañosas”.

Evidentemente, nadie hizo caso de tal misiva. En la zona de los Mixes, fue imposible tanto emitir alerta alguna, como tampoco constatar los daños una vez que el desgajamiento del cerro había ocurrido. ¿Por qué? Primero porque ninguna autoridad seria parece haber tomado con responsabilidad la alerta. Y segundo, porque no había ningún representante gubernamental en la zona (sólo hay “delegados políticos”, que no sirvieron), que tuviera la posibilidad de acercarse a la zona del desastre, para constatar o desmentir la información que ya circulaba por todo el país.

Por eso, de ahí en adelante todo fue desastroso. El gobierno estatal constató, a través de su “política de comunicación”, datos falsos que luego debieron ser desmentidos. Si bien la prensa de la capital del país no es responsable por difundir esos datos que esencialmente eran erróneos, sí es altamente cuestionable su ánimo por convertir ese hecho en un drama televisivo, dominado por el amarillismo y el sensacionalismo. Fue una tragedia, en efecto, pero no sólo por el alud; también por todo lo que ocurrió a su alrededor, que es casi tan grave como el desgajamiento de un cerro.

¿CERO VÍCTIMAS?

Por cierto, es patético que algunos medios, haciéndole el juego a las versiones oficiales, se tranquilicen diciendo que en Tlahuitoltepec no hubo víctimas, sino “sólo once desaparecidos”. Dice un principio jurídico que sin cadáver no hay muerto. Pero llanamente, esos desaparecidos se encuentran en tal denominación, porque no han encontrado sus cuerpos. Sorprendería que hallaran a alguien vivo. Y con un fallecido, once, o mil, ese alud de todos modos provocó una tragedia.

Tlahuitoltepec: ayer la negligencia nos alcanzó

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+ Tragedia: unión de contingencia y corrupción

 

Por donde quiera que se vea, el de ayer fue un día trágico para Oaxaca. Desde muy temprano, nos despertamos con la noticia de que un alud presuntamente habría sepultado unas trescientas viviendas —y a unas mil personas— en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec Mixe; algunas horas más tarde, la atención de miles también se puso, en la capital oaxaqueña, en las severas afectaciones que había provocado el desbordamiento del Río Salado. Además del desastre humano provocado por la naturaleza, los oaxaqueños vimos, y vivimos en carne propia la tragedia que provocan el desdén gubernamental, las omisiones, la corrupción y la negligencia que ayer se manifestaron de manera conjunta en una implacable cifra de muertos, desaparecidos y damnificados.

A través de sus primeras emisiones, las cadenas de noticias por televisión y radio comenzaron a emitir el reporte que, urgentemente, se había enviado desde aquella mágica tierra de músicos, arraigo y cultura. Y el escenario parecía desolador. A través de la comunicación enviada por un teléfono satelital, la autoridad municipal de Tlahuitoltepec aseguraba la existencia de una catástrofe.

Decía, según lo dijeron todos aquellos que tuvieron la noticia de primera mano, que en el corazón de aquella localidad, un cerro se había desgajado a lo largo de unos doscientos metros lineales, sepultando a más de 300 familias que, a las cuatro de la madrugada en que ocurrió el hecho, se encontraban descansando.

Ante la noticia, los intentos de la autoridad por llegar al lugar de los hechos no hicieron más que recordarles que toda la marginación, el abandono y la pobreza en que viven aquellas comunidades, ahora los tenía a ellos, a la autoridad, contra la pared. Teniendo encima todas las miradas nacionales e internacionales (porque no en cualquier lugar del mundo, cualquier día, se dice que mil personas habrían muerto a causa de un alud), las autoridades locales y federales demoraron casi once horas en poder arribar al lugar de los hechos.

La carretera que comunica a esa localidad con la capital oaxaqueña presentaba innumerables derrumbes, puentes colapsados e interrupciones a la circulación que, combinados con las inclementes condiciones climatológicas, hacían imposible el acceso por tierra y por aire. Al filo de las cuatro de la tarde, fue el presidente Felipe Calderón Hinojosa quien reportó, a través de su cuenta de Twitter, que un grupo de elementos del Ejército Mexicano había logrado llegar a pie hasta el lugar de la tragedia, y que se encontraba en condiciones de asegurar que ésta no era de la magnitud que se había asegurado inicialmente.

Sin embargo, entre las doce horas transcurridas desde el acontecimiento hasta en que surgió información confiable, las especulaciones se multiplicaron infinitamente. Y también salió a relucir una potencial negligencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ante una potencial tragedia. La edición electrónica del diario español El País, aseguraba desde el mediodía que “el diario Oaxaca había informado del riesgo de derrumbe en el cerro, ubicado en la sierra Mixe.” Y, textualmente, citaba: “De un momento a otro, el cerro de hundirá y con él decenas de viviendas”, haciendo alusión a una nota informativa fechada el pasado 13 de septiembre y firmada por el periodista Alfonso Cruz López, a través del sitio electrónico www.oaxacahoy.com.

Y es que, en efecto, en aquella fecha y lugar se había establecido que “el desprendimiento de una gran parte del cerro en Santa María Tlahuitoltepec Mixe, ha generado una enorme grieta en el perímetro, que ha generado que los muros de los domicilios cercanos comiencen a desmoronarse debido al desnivel de la tierra. De un momento a otro, el cerro de hundirá y con él decenas de viviendas igualmente, por lo que se ha instruido al presidente municipal de la zona, a que evacúe de inmediato. La humedad y reblandecimiento de la tierra generó que parte del cerro muestre señas de hundimiento; las casas de igual forma por el desnivel que genera el hundimiento ya presentan grietas y se teme que una tragedia ocurra en la zona. Autoridades de Protección Civil están trabajando en la demarcación.”

Evidentemente, ni Protección Civil, ni nadie, hizo algo sobre esta alerta. Claro, hasta ayer que la “prevención” estaba de más. Y lo que se contaban eran los desaparecidos, las víctimas fatales y los incuantificables daños materiales.

 

RÌO DESBORDADO

Mientras todo esto ocurría, otra tragedia estaba en desarrollo. La crecida del Río Salado se salió de control. Y para alrededor de las 15 horas el río estaba a punto de desbordarse en diversos puntos de su cauce. Los puentes que lo atraviesan fueron cerrados a la circulación de vehículos. Los habitantes de las amplias márgenes de su caudal, comenzaron a tomar previsiones que, al final de cuentas servirían de poco, ante el tamaño del potencial desbordamiento e inundación.

De nuevo, la contingencia natural se vio sacó a relucir todo lo que no se ha hecho durante décadas, y que ayer se lamentó sistemáticamente. La autoridad se limitó a controlar el tráfico y la afluencia de curiosos y vecinos en la zona. Pero nada podía hacer, naturalmente, por contener otra potencial tragedia.

Nadie se preguntaba, porque ante el tamaño de la potencial tragedia era inconveniente e impropio, dónde están todos aquellos que permitieran que, libremente, durante décadas miles de personas edificaran casas habitación y comercios a menos de diez metros del cauce principal de ese río. ¿Era el municipio el responsable? ¿El Gobierno del Estado? ¿Las instancias federales encargadas de la regulación de los ríos y arroyos, grandes o pequeños? ¿Había responsabilidad en los tres órdenes de gobierno? Más bien, parecía que en ninguno —o que en todos había complicidad—. Pero nadie se atrevía a decir algo. Porque tanto peca el que mata la vaca, como quien le sostiene la pata.

 

TRAGEDIA Y NEGLIGENCIA

Llegado el momento, la autoridad tendría que responder no por los efectos de la naturaleza, sino por la falta de previsión, orden y cultura de protección civil que priva tanto en el gobierno como en la ciudadanía. Previsión porque ayer todos fuimos puestos en jaque; orden, porque la tragedia partió de su inexistencia; y cultura, porque se pudo haber respondido con mayor eficiencia y eficacia. Por parte de todos. Y no fue así.

Presidencia nacional priista: ¿vuelta a canibalismo?

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+ Replantear al tricolor: factor esencial para el 2012

Una vez que la cúpula priista de Oaxaca dé por terminado el proceso electoral en el sufrió el peor descalabro de su historia en la entidad, todas las atenciones de quienes conducen la estructura electoral se centrarán, conjuntamente, en Coahuila y el Estado de México. Aunque consideran que con la unión de esas tres fuerzas habrá la suficiente solidez como para alcanzar las metas más importantes del priismo, lo cierto es que esos sectores del PRI que comienzan a orbitar alrededor de los gobernadores Enrique Peña Nieto y Humberto Moreira —y ellos mismos—, deben considerar la urgencia de replantear, y reforzar, el decoro y la legitimidad con que hacen política… para no ser alcanzados, y derrotados, por sus propios vicios.

En efecto, desde hace algunas semanas, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz se ha pronunciado públicamente a favor del gobernador Moreira, de Coahuila, para convertirse en dirigente nacional del priismo. Hasta hace poco más de dos meses, era el propio Mandatario oaxaqueño quien aspiraba al máximo cargo político del PRI en el país. Sin embargo, sus aspiraciones se encontraban directamente ancladas al resultado de los comicios en los que se renovaría la gubernatura del Estado. Y el fracaso en esa empresa electoral, también marcó el fin de sus posibilidades de luchar, él directamente, por el cargo que hoy ocupa la diputada federal Beatriz Paredes Rangel.

No obstante, era ingenuo suponer que una derrota electoral, dejaría en paz a quien está considerado como uno de los mejores conocedores de la operación e ingeniería electoral en el país. Hoy en día, en una de esas raras paradojas de nuestro singular federalismo mexicano, ni siquiera el Presidente de la República acumula tanto poder como los gobernadores de las entidades federativas. Éstos, en conjunto y por separado, forman una élite que determina cuestiones que en otros momentos hubieran quedado firmemente reservadas para la decisión presidencial.

Una de esas determinaciones, fundamental, es la relativa a la candidatura presidencial. El priismo nacional, y particularmente el mismo grupo que en su momento impulsó al entonces dirigente nacional, Roberto Madrazo Pintado, deben aprender de las experiencias y los procesos internos del pasado, en los que más que cualquier otra cuestión, se dedicaron a construir fracasos.

Hagamos memoria. Durante los dos años previos al 2006, el grupo político del ex Gobernador de Tabasco se dedicó a construir la candidatura presidencial, justamente desde la dirigencia nacional del PRI que entonces ostentaba. A pesar de que había algunos competidores importantes, que también aspiraban a la postulación presidencial, el grupo madracista se dedicó a fortalecer sus posibilidades a través de una fuerte estrategia de confrontación con la que pretendieron —y lo lograron— desarticular a todos sus adversarios, y a doblegar a todos aquellos que les presentaban ciertas resistencias.

El resultado es de todos conocidos. Madrazo Pintado, y su grupo, lograron la postulación presidencial, pero trayendo a cuestas una fuerte confrontación con la profesora Elba Esther Gordillo Morales, con varios gobernadores del norte del país, con el también aspirante Arturo Montiel Rojas, e incluso con todos aquellos que sin tener aspiraciones contrarias, sí se agraviaron por los excesos del madracismo, y por esa práctica de querer construir aspiraciones a través de la destrucción de la unidad priista.

Eso es, en un primer momento, lo que hoy deben aprender los priistas que impulsan al gobernador Moreira. El candidato presidencial Madrazo Pintado perdió estrepitosamente los comicios del año 2006, esencialmente porque ninguno de los factores de poder del priismo —es decir, los gobernadores— estuvieron dispuestos a impulsar a un Abanderado que antes los había avasallado y obligado a declinar cualquier preferencia política distinta, a favor suyo. Era, según se consideró, como volver a una anquilosada práctica de verticalismos partidistas, en la que el partido y el poder eran un solo hombre, que ya había quedado superada con la alternancia en el poder federal ocurrida en el año 2000.

LIMPIAR LA CASA

Existe, además, otra razón por la que el gobernador Moreira pretende llegar a la dirigencia nacional del priismo: su hermano, el diputado federal Rubén Moreira, es uno de los más fuertes aspirantes a sucederlo en el cargo de Gobernador del Estado. Para que esto último pueda ocurrir, según su lógica, es indispensable que no sea el ahora Mandatario quien le entregue el poder a su hermano. Esa es, entre muchas otras, una de las más poderosas razones por las cuales se pretende impulsar al Mandatario de Coahuila para acceder a la dirigencia nacional del priismo, y dejar su gobierno en manos de un tercero que lo transmita a su parentela.

En el Estado de México podría ocurrir un proceso parecido. El gobernador Peña Nieto considera como a uno de los más fuertes aspirantes a la gubernatura, al presidente Municipal de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, quien asimismo resulta ser pariente suyo en grado lejano. Esto no sería novedad. El mismo gobernador Peña Nieto tiene también parentesco con su antecesor, Arturo Montiel Rojas, según lo describen en el libro “Retrato de familia”, los periodistas Francisco Cruz y Jorge Toribio Montiel.

¿Qué tiene que ver eso con sus respectivas aspiraciones presidenciales? Que, sin duda, eso marcará los contrastes entre el supuesto avance democrático que ellos mismos dicen que representa el priismo para el país, y sus propias prácticas domésticas. Ambos personajes, unos y otros apoyados íntimamente desde Oaxaca, habrán de enfrentarse a una realidad democrática nacional en la que el primer cuestionamiento que van a recibir es precisamente el de estar postulando a sus hermanos, o primos, en un sentido patrimonialista y anquilosado del ejercicio del poder, al mismo tiempo que estarán defendiendo —real o aparentemente— las más importantes libertades democráticas del país.

CIUDADANÍA MADURA

Los costos que pagó Roberto Madrazo en 2006 fueron altísimos. Hoy, los factores de poder parecen verdaderamente alineados a superar esos escollos y reavivar al tricolor como un partido gobernante. El problema es que se enfrentarán a una sociedad mexicana cada vez menos ingenua. Unos y otros, en este grupo, deben replantear sus prioridades. Si quieren gobernar al país, tendrían que dejar de despreciar los pesos, en aras de cuidar los centavos.

Oaxaca: una transición carente de contenido político

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+ Partidos y gobierno: la clave, en el hacer, no en el decir

Apegados únicamente a los recursos retóricos, hasta ahora los partidos políticos, gobierno, próximas autoridades y fuerzas políticas derrotadas, no han encontrado el modo de ofrecer a la ciudadanía una explicación coherente sobre el contenido democrático y de gobierno que dicen ofrecer. Hablar hoy de la transformación, de la rectificación, de la alternancia o de la transición, son simples instrumentos discursivos carentes de los fundamentos suficientes como para considerar que, en efecto, todos ellos son algo más que palabras. La justificación, sin embargo, sólo puede ofrecerse por la vía de los hechos.

¿Por qué asegurar lo anterior? Porque ceñidos únicamente a la actuación pública de quienes integran las fuerzas políticas y los grupos de poder que se disputaron electoralmente la gubernatura, las municipalidades y el Congreso del Estado el pasado cuatro de julio, lo que hoy puede verse es que ninguno —ganadores y derrotados— han podido dar con la sustancia política y democrática que ya debería existir, hoy, en sus respectivas posiciones.

Más que cacerías de brujas, ajustes de cuentas, jaloneos internos y defensas retóricas de sus posiciones, ambos grupos deberían estar buscando ya su rango de ubicación dentro del contexto político local. Sin embargo, para entender a cabalidad este asunto, es necesario analizar, por separado, las posiciones actuales de los dos bloques que se disputaron el poder político en julio pasado.

En primer término, es evidente que el gobierno electo de Cué, por su misma naturaleza, está caminando en una cuerda floja constante. Independientemente de la legitimidad adquirida con su triunfo, es evidente que sobre las espaldas de este nuevo gobierno también se soporta el futuro, y el contenido político, de las alianzas electorales para el futuro. Sin contar los demás factores, esa sola situación agudiza la complejidad del reto democrático y el éxito en las tareas de gobierno. Y ambos rubros, hasta ahora, son nada menos que las dos grandes incógnitas que habrá de responder, en su momento, la administración entrante.

¿Por qué calificarlas como incógnitas? Porque, a la luz de los hechos, la alianza de partidos que está llevando a Cué al gobierno, no tuvo más contenido, ni explicación, que la puramente ceñida al pragmatismo y la circunstancia político-electoral del momento. La justificación de la alianza opositora no radicó en la necesidad de emprender una tarea conjunta de gobierno, o de impulsar un proyecto coligado de reformas democráticas en el Poder Legislativo, sino en únicamente echar del poder al régimen gobernante para instaurar otro, de alternancia, que idealmente emprendiera las transformaciones políticas que demanda la sociedad.

En este sentido, ambos rubros —el del éxito en las tareas de gobierno, y el de las reformas democráticas— son auténticas interrogantes, porque sobre este asunto no existen sólidas referencias previas de éxito en las entidades federativas (y sí hay otras sobre estruendosos fracasos), y porque tampoco se construyó un plan previo en esos dos rubros, que comprometieran al inminente gobierno electo a realizarlas en un tiempo y una forma determinadas, y con otro tipo de apremios sociales, distintos a los de la pura presión de los electores, a la voluntad política del gobernante (manifestada como una concesión al ciudadano, y no como un deber democrático), o al apego a las apariencias de que se realiza un gobierno democrático.

El reto es enorme. Como ya lo hemos comentado en otros momentos, del éxito del gobierno de Gabino Cué dependerá el sustento y la legitimidad que tengan las coaliciones electorales en el futuro. Lo acepten o no, y guste o no, éste será un gobierno de paradigmas para la política electoral mexicana. Pues, si triunfa y gobierna con éxito, tendrá que ser ajustado y perfeccionado para ser ensayado en otras entidades. Pero si fracasa, habrá sido no sólo una derrota de la alternancia y una oportunidad más desperdiciada para la transición, sino que también será otra razón, para que los ciudadanos refuercen aquella idea de que estaban mejor sin democracia, que con ella.

ESPEJO TRICOLOR

Sin embargo, si en el polo que será gobernante existen innumerables incógnitas, quienes ejercerán las tareas de oposición no se encuentran en un mejor momento. Hasta ahora, la clase política que tiene en su poder al Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, tampoco ha tenido la posibilidad de articular posiciones serias sobre lo que será, verdaderamente, su agenda política para los próximos años. A lo más, han establecido como sus principales directrices el iniciar un proceso de ajuste de cuentas respecto a los militantes que ellos consideran que los traicionaron; pronto comenzarán a disputarse la dirigencia estatal, y algunas otras posiciones de su estructura política. Y después buscarán obtener ciertos dividendos a partir de la crítica al nuevo gobierno.

Todo eso, como puede verse, se encuentra lejos de lo que se esperaría de una oposición responsable y con altura de miras. Tal pareciera que quienes tienen en sus manos al tricolor, hoy pretenden engañarse solos. Nada bueno obtendrán al tratar de emprender venganzas en contra de quienes ellos dicen que los traicionaron.

Antes de buscar los responsables fuera de su grupo, los priistas hoy inconformes tendrían también que hacer un proceso de evaluación interna. En un ejercicio honesto de autocrítica, encontrarían que nadie hizo más por desviar al priismo de sus metas de triunfo, que los errores, los excesos, la soberbia, los recelos, la codicia y las ambiciones que dominaron a la mayoría de quienes dirigieron las tareas de campaña.

Es un chovinismo ramplón y riesgoso, el que los “generales” priistas crean hoy, y lo asuman como una realidad, que la derrota vino de fuera. El fracaso electoral —quizá involuntariamente— esencialmente lo fabricaron varios de los que hoy se asumen como tricolores de cepa y pureza ideológica, y arengan a las masas para ir por revanchas que tendrían que saldar en sus propias conciencias.

¿Y OAXACA?

Esa tendría que ser la pregunta para quienes creen que la democracia comienza y se acaba en las urnas y los resultados electorales. El PRI tiene hoy el reto más importante de su vida: ser una oposición capaz de convertir sus derrotas en triunfos. Pero nadie discute con altura. Ni propone. Ni asume compromisos. Ni nada. Se encuentran en un estado total de indolencia.