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Presupuesto: mal signo para nuevo gobierno

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+ FCH: alto riesgo, abandonar a Gabino Cué

Las batallas electorales en Oaxaca, polarizaron a tal extremo el ambiente político, que más allá de las guerras partidistas, un posible entendimiento civilizado entre grupos opositores parecía casi imposible. La política, sin embargo, parece tener tantos entuertos, que hoy algunos extremos que parecían ilógicos en nuestro Estado se están conjuntando, por una razón superior a las disputas facciosas: a pesar de ser rivales declarados, la diputación federal priista ha manifestado su disposición a hacer lo necesario para incrementar el gasto público de la entidad en 2011, ante la poca atención federal puesta a la entidad. Esto, en sí mismo, encierra algunas paradojas que, aunque no lo parezcan, bien podrían ser pautas —positivas o negativas— para estos entreverados gobiernos de coalición.

Más allá de las grillas y de los argumentos electoreros, es evidente que en buena medida, el éxito o fracaso de un gobierno se encuentra determinado por las carencias o suficiencias presupuestales. Objetivamente —es decir, dejando de lado vicios subjetivos como la corrupción, los desvíos, o la ineptitud en el gobierno—, parece claro que si por un lado es necesaria una correcta administración de los recursos para hacerlos eficientes, en el otro extremo es también necesario contar con dinero suficiente para poder cumplir expectativas elevadas, como las que se generaron en torno al triunfador del proceso electoral del 4 de julio pasado en Oaxaca. Es decir que, como parece obvio, con un mal presupuesto, Gabino Cué estaría destinado a no cumplir con lo que prometió, y ver su gobierno encaminado al fracaso.

Hasta hace unos días, todo parecía estar predeterminado por la circunstancia en que compitió electoralmente, y ganó la Gubernatura del Estado. Respaldado por fuerzas políticas como el Partido Acción Nacional, el del la Revolución Democrática, el PT y Convergencia, Cué Monteagudo generó la confianza entre los electores que, de ganar, tendría importantes apoyos —políticos y presupuestales— federales, así como la venia política de las representaciones legislativas de las entidades federativas gobernadas por las fuerzas de izquierda, para ir a gestionar ante el Congreso fuertes incrementos al gasto público, a través de los cuales pudiera apagar los cuestionamientos sobre los gobiernos de coalición, y legitimar su propio arribo al poder de la mano de fuerzas ideológicamente contrarias.

Ese no sólo parecería ser un imperativo particular del gobernador Cué, sino también de los partidos que lo impulsaron, y los gobiernos desde los cuales lo respaldaron. Particularmente, la dirigencia nacional de Acción Nacional se dijo triunfadora en julio pasado sólo por haber arrebatado tres gubernaturas al PRI (Oaxaca, Puebla y Sinaloa).

Y de qué envergadura habrán sido esas victorias, que todas sus demás derrotas —que eran las más— palidecieron, e incluso fue lo que permitió que tanto la dirigencia de ese partido, como la del PRD —que también había sufrido importantes descalabros electorales, y un sinfín de cuestionamientos internos— permanecieran firmes en sus respectivas responsabilidades hasta los tiempos actuales.

En el caso del gobierno federal, y el del Distrito Federal, por citar dos ejemplos, parecía no sólo necesario, sino indispensable, manifestar en todas las formas posibles su total respaldo a un gobierno como el de Oaxaca. Si desde esos dos frentes habrá de legitimarse una nueva alianza en 2011 para en busca de la gubernatura del Estado de México, lo menos que podían hacer es poner todos los elementos a su alcance para demostrar, aún en periodos cortos de tiempo, que los gobiernos de coalición son exitosos y tienen mayores fortalezas por contar con el respaldo de de más de dos fuerzas políticas.

Sólo que esas condiciones parecen no estarse cumpliendo. El gasto público anunciado para Oaxaca en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que envió el gobierno federal la semana pasada a la Cámara de Diputados, para su discusión y aprobación, reduce a Oaxaca unos 10 mil millones de pesos en relación a su gasto para el presente año. Hasta hoy, las muestras decididas de apoyo por parte de los partidos que llevaron al triunfo a Cué han sido endebles. Y sus rivales priistas —quién sabe si con gusto, pero sí con sentido del deber—, son quienes parecen estar maquinando su rescate.

PARADOJAS POLÍTICAS

El gobernador electo Cué ha corrido con suerte. Luego de los comicios federales de 2006, los entonces diputados federales por Oaxaca de mayoría opositora, hicieron poco o nada por el gasto público para la entidad. Su argumento, era que ellos se abstendrían de gestionar recursos que fueran a parar a las manos de quien (el gobernador Ulises Ruiz) ellos consideraban como un enemigo declarado, para que (según ellos) lo utilizara de forma facciosa, discrecional, ilegal o con fines electorales.

Hoy la historia es exactamente la contraria. A pesar de que algunos diputados federales del PRI hicieron una batalla electoral abierta y declarada en contra de la causa electoral del candidato Cué, y de que consideraron la posibilidad de generar una feroz oposición presupuestal respecto del nuevo gobierno emanado de la oposición, hoy son quienes expresamente han manifestado su disposición a colaborar en una mayor gestión de recursos.

Evidentemente, es posible que la diputación federal priista persiga ciertos fines particulares con ese ánimo colaboracionista respecto al gobierno de Gabino Cué. Sin embargo, aún con eso, es evidente que la actitud manifestada ha sido una de las más decorosas posibles, al generar la idea de que han decidido anteponer el interés común por la entidad, a sus posibles rencillas partidistas, o a las guerras electorales que, al menos para Oaxaca, ahora mismo están quedando en el pasado.

DAÑO A LA DEMOCRACIA

Si el gobierno federal no muestra, y demuestra presupuestalmente, su apoyo al gobierno de Gabino Cué, entonces no sólo correrá riesgos la causa opositora de Oaxaca, sino también las expectativas de las alianzas, la confianza ciudadana en las opciones de oposición, e incluso en la democracia. El abandono generaría fracaso, el fracaso desilusión; y ésta abriría la puerta para el retorno de los viejos autoritarismos que, ante el fracaso de ciertos ideales, tienden a regresar con más fuerza, radicalismo y determinación que cuando intentaron ser erradicados. Aguas.

Bicentenario: temor por narco ¿y por guerrilla?

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­+ Ciclos históricos, más mito que tema sustentado

Quienes dentro del periodismo están acostumbrados a los lugares comunes y las especulaciones, aseguraban desde hace tiempo que 2010 habría marcar el inicio de una nueva revuelta social que rompiera con el régimen político actual, en busca de la justicia social que, es cierto, no ha llegado a la mayoría de los mexicanos. Para sustentar sus dichos, se basaban en aquella vieja teoría de que ciertos hechos se encontraban determinados por delicados ciclos históricos que, irremediablemente, habrían de repetirse. Era, decían, el momento inminente de una tercera gran rebelión en nuestro país.

Objetivamente, no existe comprobación alguna de que los ciclos históricos existen, y mucho menos que éstos tienen una reincidencia en momentos y lugares previamente establecidos. Creer en lo anterior, sería tanto como reducir el conjunto de fenómenos sociales, económicos, políticos e incluso ideológicos, a un mero factor cronológico que los determinara.

No obstante lo anterior, las recientes conmemoraciones masivas del Bicentenario de la Independencia nacional, se realizaron con niveles de seguridad y vigilancia policiaca nunca antes vistos en la historia. Parecía que en el gobierno federal tenían temores fundados de que “algo” pudiera ocurrir durante las festividades. Y, para variar, esto parecía dar la razón a quienes defienden las teorías cíclicas, o los que, por otras razones, aseguraban que 2010 sería el momento de una nueva ruptura del orden institucional, a través de una revuelta armada.

La razón fundamental de los temores federales, se encontraba en un posible ataque de características terroristas por parte del crimen organizado. Desde hace ya algunos años, los grupos ligados a la delincuencia organizada han venido ensayando una serie de mecanismos a través de los cuales han buscado dañar al gobierno a través de las acciones intimidatorias a la sociedad. El fin que buscan, golpeando a la ciudadanía, es que ésta deje de confiar en sus instituciones y, al contrario, las cuestione por sus incapacidades para brindarle seguridad, a tal grado que las coloque en una auténtica situación de descrédito.

Ensayos ha habido varios. Hace tres años, en Morelia, Michoacán, dos individuos hicieron detonar granadas de fragmentación durante la conmemoración del grito de Independencia, que en ese momento encabezaba en la plaza central de aquella ciudad el gobernador Leonel Godoy Rangel. Producto de ese abominable ataque, falleció más de una docena de personas víctima de las esquirlas, y un centenar más tuvieron lesiones de consideración.

En otros momentos, el crimen organizado ha también ensayado la detonación de coches bomba; ha disparado indiscriminadamente en contra de personas inocentes o, lo peor, ha buscado sembrar el terror entre la población a través de asesinatos “ejemplares” de personas prominentes de la región, empresarios, e incluso autoridades políticas, como candidatos a cargos de elección popular, diputados y presidentes municipales. Lo que buscan, con esas acciones, es que la mayoría de las personas incremente su nivel de temor y eso les permita actuar con mayor libertad, frente a un gobierno que además de incapaz, hoy carga con serios cuestionamientos.

¿Y LA GUERRILLA?

El gobierno federal, por la situación actual, tiene puesta toda su atención en lo relacionado a la amenaza a la seguridad pública y nacional por parte del crimen organizado. No obstante, junto a esa posibilidad existe otra, igualmente real, de potencializar una revuelta armada y, ésta sí, con sólidas motivaciones políticas y de ruptura con el régimen y el orden jurídico existentes. Hablamos, en efecto, de la guerrilla.

Habría que evitar, en este sentido, caer en confusiones. Si bien el crimen organizado y los grupos guerrilleros comparten el ejercicio de la violencia, las motivaciones que tienen uno y otro son de naturaleza totalmente distinta. Los grupos criminales, por un lado, tienen como única finalidad la defensa violenta de un negocio determinado que esencialmente es ilícito. Éste bien puede ser el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, la comercialización de artículos de contrabando, etcétera. La guerrilla, por su parte, tiene una motivación eminentemente ideológica y política. Su finalidad es el establecimiento de una organización política distinta a la existente, con bases ideológicas sociales, económicas y sociales diversas a las existentes. Todo eso, utilizando la vía violenta como forma de acceso al poder y del logro de sus objetivos.

Si el crimen organizado no ejerciera los niveles de violencia actuales, seguramente en esta celebración del Bicentenario el gobierno federal se estaría cuidando más de la guerrilla que de la delincuencia. Sus temores se basarían en la galopante pobreza, marginación, injusticias y desigualdades que prevalecen, e incluso tendrían sus precauciones respecto a los llamados “ciclos históricos” que para algunos tienen validez en nuestro país.

No obstante, las principales organizaciones armadas del país se han pronunciado sistemáticamente, por no considerar al 2010 como una fecha crucial para una posible gran ruptura nacional. Para ellos, aún no están dadas ciertas condiciones sociales y políticas como para emprender una gran empresa armada que lograra derrocar al régimen actual, e instaurar un nuevo orden basado en ideas distintas de libertad, de organización y de justicia.

Por si eso fuera poco, los grupos armados que en otros momentos han intentado sublevarse, han manifestado que en las condiciones actuales sería algo así como un suicidio pensar en una insurrección violenta. En ese sentido, han denunciado sistemáticamente que la llamada guerra contra el crimen organizado ha servido también para perseguir, reprimir y desaparecer a luchadores sociales y grupos que buscan, por distintas vías, contrarrestar los excesos y las violaciones a los derechos que se cometen desde el poder público.

ASUNTO IGNORADO

Podría suponerse, por todo eso, que el 16 de septiembre de 2010 podría haber sido una fecha crucial para una gran insurrección. No fue así por el conjunto de razones que, someramente, aquí se enumeran. Por eso mismo, ninguna de las organizaciones armadas de las que se tiene conocimiento de su existencia, hizo pronunciamiento o emprendió acción alguna sobre la fecha o el momento histórico por el que atravesamos. Otros serán los tiempos correctos. De eso no queda duda.

Relación gobierno-medios: ¿descubrir hilo negro?

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+ Voluntad y vocación por la transparencia, decisivos

Independientemente de las convocatorias y los debates públicos, si el gobierno de Gabino Cué Monteagudo tiene verdadera voluntad de construir una nueva relación con quienes integran —integramos— los medios de información, debe tomar en cuenta algunos puntos fundamentales que, a la luz de un gobierno democrático, tendrían que ser ineludibles. No se trata ni de descubrir el hilo negro ni de hacer simples reformas legales que no se reflejen en la realidad. Es, fundamentalmente, un asunto de voluntad.

¿Por qué es importante la relación de una nueva relación entre el poder político y los medios de información? Porque, esencialmente, la prensa es el principal vínculo y canal de interlocución entre el gobierno y la ciudadanía. Por esa razón, una sociedad en la que los medios no gozan de las libertades fundamentales por parte de la autoridad, ni éstas se encuentran reconocidas y tuteladas por la ley, y en la que la relación de unos y otros se desarrolla permanentemente en oscuridades, simplemente no puede aspirar a denominarse como democrática.

En primer término, parece claro que no necesariamente tendría que haber sido el paso inicial llamar a una consulta pública entre quienes integramos los medios. De hecho, independientemente de las posturas institucionales, y los intereses particulares que naturalmente preserva o defiende cada empresa informativa, es claro que como parte del ejercicio democrático, la mayoría de los ciudadanos —entre los que nos encontramos quienes hacemos la prensa, independientemente de haber votado a favor o en contra de la causa gabinista— se pronunció a favor del cambio democrático que ofertó el ahora Gobernador Electo.

En ese sentido, al contar con el respaldo legitimado de la mayoría, era el nuevo gobierno —y no los trabajadores de los medios y el público en general—, quien tendría que manifestar cuáles son sus propuestas iniciales respecto a la relación que ofrecen entre el poder público y la prensa, y qué disposiciones legales tendrían que tomarse para fortalecer esa relación y transparentar algunas de las oscuridades que hoy dominan a este sector.

En una brillante aportación, la periodista Guadalupe Thomas estableció algunas propuestas de reformas constitucionales y legales para fortalecer tanto el trabajo de los medios informativos, como el deber de la autoridad de respetar esas libertades, y sobre todo las garantías que se deben tutelar para que los particulares tengan acceso efectivo y libre de toda coacción, a una oferta informativa esencialmente ejercida con responsabilidad y equilibrio.

No se trata, como se apuntaba en líneas anteriores, de descubrir el hilo negro. En ese sentido, sería bueno que si el gobernador electo Cué Monteagudo ya manifestó su disposición por modificar el marco jurídico relativo a este tema para hacerlo más funcional y democrático, él y su equipo comenzaran por garantizar que, incluso en las condiciones actuales, tomarán todas las previsiones necesarias para garantizar un ejercicio periodístico libre y transparente, que luego deba ser reforzado por reformas legales y constitucionales; pero que ese ejercicio no necesariamente se encuentre condicionado a las modificaciones jurídicas. Es decir, que esencialmente todo esto se conduzca por voluntad y vocación democrática, y no por mandato estricto de una norma.

TRANSPARENTAR RECURSOS

Una forma esencial para garantizar el ejercicio periodístico se encuentra en incrustar la idea de que la publicidad es una razón de Estado. Es decir, abandonar aquella vieja visión torcida del presupuesto público destinado al gasto publicitario —que se convirtió en una máxima entre la clase política y, sobre todo, una poderosa arma para presionar a los dueños de los medios a replegarse a ciertos intereses— del “no te pago para que me pegues”; y pasar a un concepto más equilibrado, democrático, justo y, valga decirlo, transparente de lo que debería ser la relación comercial entre los medios y el gobierno.

En este sentido, tampoco se trata de descubrir el hilo negro. De hecho, los gobiernos en México han mostrado una fuerte resistencia a legislar y regular el gasto publicitario, como ya se realiza en diversos países de Europa y algunos de América Latina, justamente para establecer criterios claro y, por ende, desmantelar aquella práctica en la que el gasto publicitario se ejerce con total discrecionalidad, como una herramienta de presión o beneficio indiscriminado, en la medida en que ciertos medios son críticos o afines al régimen gobernante. Esto último, es lo que tradicionalmente ocurre en nuestro país, desde el más modesto municipio, hasta el poderoso y acaudalado gobierno federal.

¿Cómo establecer parámetros para ejercer el gasto publicitario? A través de criterios como la circulación del medio, su impacto entre los lectores, su grado de especialización, o su utilidad como una entidad de interés común, entre algunas otras cuestiones. El primer punto a considerar sería su presencia efectiva entre el público, lo cual le garantizaría un mínimo de ingresos —regulado estrictamente por la ley— que permitiera su subsistencia; y el resto de esos recursos, repartidos asimismo de modo equitativo entre todos los medios dependiendo de su grado de penetración y algunos otros factores regulados por la ley que, además, estuvieran permanentemente a la vista del público para evitar arreglos al margen de la legalidad.

Regulaciones como la que aquí se esboza en términos por demás generales, existen en diversos países que decidieron abandonar —o que fueron obligados a hacerlo— el ejercicio discrecional del gasto publicitario para pasar a esquemas claros, transparentes y equitativos, que verdaderamente transformaron constructivamente las relaciones entre el poder y la prensa, y que otorgaron las garantías y la certidumbre incluso para disentir, criticar y pensar distinto a las líneas que se marcan desde el régimen gobernante.

GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS

Debe hacerse una clara distinción entre el gobierno y el Estado. El primero es una parte integrante del segundo. Y el derecho a la libre expresión y a la publicación de escritos en la prensa, deben ser rubros garantizados más que por el gobierno, por el Estado. Pero, en este sentido, el gobierno está obligado a ejercer el dinero público para gasto publicitario de forma clara, equitativa y responsable, sin oscuridades ni tintes facciosos. El gobierno de Gabino Cué tiene la palabra.

Cué: la transición se demostrará en su gabinete

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+ Volver al pasado: un signo de mucho riesgo

El gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, debe ser muy cuidadoso en demostrar que tiene verdadera vocación por la transición democrática, desde la forma misma en que integre su gabinete de trabajo. Respaldado por las importantes expectativas de cambio que ha generado en la ciudadanía, y por el nada despreciable bono democrático que tiene luego de la forma en cómo logró su triunfo electoral, ahora debe convalidar su vocación por el cambio democrático evitando los riesgos de volver, o aparentar que vuelve, al pasado.

¿De qué hablamos? De que, ante la cercanía del momento en que ocurra la llamada “transmisión de poderes”, comienzan a conocerse ciertos detalles de cómo sería la conformación del equipo directo de trabajo del gobernador Cué. Se menciona, por ejemplo, la inminencia de que un hijo del ex gobernador Diódoro Carrasco, sea designado como su Secretario Particular, y que connotados personajes que fungieron en cargos de primer nivel en administraciones anteriores —como Bernardo Vásquez Guzmán—, sean también rescatados para reaparecer en la escena política local.

En su momento, el gobernador Cué debe ser muy cuidadoso en ese aspecto, debido a que un yerro en los nombramientos puede afectar gravemente la imagen que ahora tiene de impulsor del cambio democrático en Oaxaca. ¿Por qué? Porque, en términos reales, volver a los hombres y mujeres de la administración del gobernador Carrasco, o de otros ex Mandatarios, es tanto como convalidar que el objetivo político que tuvo la alianza opositora que lo llevó al Gobierno del Estado tenía como única finalidad derrocar a un grupo político, y la desmantelar un régimen de gobierno con serios rezagos y oscuridades democráticas y administrativas.

En el caso particular del ex gobernador Carrasco, es evidente que si bien su gobierno fue la cuna del ahora Gobernador Electo, también es claro que no por ello aquella administración fue del todo eficiente, del todo sensible, y del todo democrática. Como todo gobierno estatal enmarcado aún en la hegemonía priista —que se derrumbó en el año 2000—, aquel tuvo algunos logros importantes, pero también innumerables cuestionamientos y yerros políticos por los que, en su momento, tuvo que pagar altos costos políticos.

De hecho, aquellas administraciones como al del ex mandatario Carrasco, aún tuvieron las más acendradas características de aquel viejo priismo, que era vertical, impositivo, esencialmente antidemocrático y siempre de resultados parciales en lo que tocaba a lo administrativo.

En eso, justamente, es donde radican los riesgos para el gobernador Cué. Cometer un exceso en el nombramiento de personajes ligados a aquella administración, sería tanto como anclar su trabajo y sus expectativas al pasado. Un pasado que tiene claros, pero que también tiene muchos oscuros; y que, sobre todo, daría todas las armas a sus adversarios políticos para argumentar respecto a que la transición democrática —y las expectativas ciudadanas que esto conlleva— se habrían reducido a un mero cambio de grupo político en la detentación del poder.

El problema para el gobernador Cué es que, en sus circunstancias actuales, el bono democrático que le representa incontables beneficios políticos, también lo obliga —en un grado doblemente elevado— a no cometer errores de esa naturaleza. El costo que tendría que pagar por algo así, sería directamente proporcional al alto grado de confianza que ahora mismo existe respecto a su administración. Y dadas las condiciones actuales, sería un enorme traspié decidir voluntariamente a correr ese riesgo.

INTEGRACIÓN COMPLEJA

Es comprensible que integrar un gabinete no debe ser una labor sencilla. Podría decirse, en descargo de lo anterior, que en gestiones anteriores han trabajado algunas de las personas con la suficiente experiencia y preparación para desempeñar las tareas administrativas, técnicas y de gobierno que requiere el momento actual.

También podría decirse que la palestra de profesionales en Oaxaca, no es tan grande como para renovar, cada sexenio, a todo el conjunto de personas que encabeza las tareas de gobierno. Todo eso podría entenderse e incluso convalidarse. El problema, en realidad, habrá de particularizarse en los nombres y los cargos en que se designe a cada uno de los personajes que, en otros momentos, ya figuraron en tareas de gobierno.

Existe, en ese sentido, una clara distinción entre los personajes que sirvieron a administraciones anteriores y luego desaparecieron por completo de la escena política local, los que ya no fueron llamados al sector público pero que de algún modo permanecieron en la entidad desarrollando otras labores en el ámbito privado, y aquellos que han acompañado al ahora Gobernador Electo en sus más recientes empresas políticas y que, en los momentos de mayor adversidad, demostraron estar verdaderamente identificados con la causa política que defendían.

Lograr los equilibrios entre esos tres tipos de posibles funcionarios, no será tarea fácil. En un ideal, a los primeros que el gobernador Cué tendría que tomar en cuenta, sería a quienes fueron sus aliados en estos últimos años. Por eso, nadie habría de sorprenderse si además de Benjamín Robles, aparecieran en el gabinete de trabajo personajes como Mario Mendoza Flores o Víctor Hugo Alejo, entre varios otros que, con trabajo y preparación, demostraron lealtad a la causa opositora cuando ésta, valga decirlo, parecía una empresa anticipadamente perdida.

El gobernador Cué, sin embargo, tendrá que mediar entre éstos personajes y aquellos que, sin duda, habrá de ser tomados como advenedizos o reciclados, y que incluso una incorrecta ponderación podría provocar molestia entre su mismo grupo. Una vuelta radical al pasado (con un exceso de diodoristas puros en el gabinete, por ejemplo) daría todos los elementos para asegurar que, por ese solo hecho, el proceso de transición que ellos impulsan, iniciará con algunas fallas de origen.

SILENCIO PROLONGADO

¿Alguien notó que, contrario a lo que se esperaba, ningún grupo armado (EPR, ERPI, FARP, etcétera) hizo pronunciamiento alguno ahora que se llegó al punto clímax de lo que algunos denominan como el ciclo histórico mexicano de las revueltas, que se repite cada cien años? Nada es fortuito. Como tampoco lo fue la celebración patria —la del Bicentenario— más vigilada de la historia de nuestro país. Según parece, todo tiene su momento. Abundaremos.

“El Infierno” y los riesgos de caer en los extremos

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+ “Hablar bien de México”… ¿De verdad se puede?

El gobierno federal dice que, contrario a lo que la mayoría de los mexicanos piensa y siente, el problema de la inseguridad no tiene que ver con que las bandas criminales y la sangrienta guerra por el control de porciones del territorio nacional, sean incontrolables. Para el gobierno de la República, pues, el problema de fondo se encuentra en la mala percepción que tienen los ciudadanos de esa lucha —o “guerra”, como ellos mismos la denominaron inicialmente— contra el crimen organizado. ¿Es en verdad en México un problema de percepciones, y no de realidades, lo que nos afecta?

El presidente Felipe Calderón ha tratado de demostrar, en todo el tiempo que lleva de gestión, que el gobierno que encabeza se encuentra decidido a erradicar a las bandas criminales del país. Y no sólo eso. También se dice dispuesto a combatir de fondo la corrupción, y las redes de protección institucional —que van desde altos funcionarios federales, pasando por gobernadores, legisladores y autoridades municipales— que permiten la libre actuación de las bandas criminales en amplios territorios, principalmente del norte de la República. El problema es que, según él, las percepciones no le ayudan a su causa.

¿Por qué decir eso? Porque según él, los medios de comunicación han distorsionado la realidad, o la han encaminado incorrectamente, y por esa razón, el ciudadano tiene miedo de los problemas de inseguridad que enfrenta el país. Para muestra, innumerables botones. Dice el presidente Calderón, por ejemplo, que no es admisible que el Estado mexicano se repliegue ante una ridícula minoría que pretende tomar el control del territorio nacional, e imponer su ley para poder comercializar y exportar productos que envenenan a millones de personas tanto en México como en los Estados Unidos.

Dice también que gran parte del problema se encuentra en que los medios informativos han exagerado el amarillismo y el sensacionalismo en la información que publican, y que por esa razón la población considera que las balaceras, los enfrentamientos y el terror ciudadano que se siente en diversas ciudades del país, tiene más razones emocionales que de verdadera violencia.

Ha llegado incluso a decir, en ese sentido, que los medios enaltecen las actividades delictivas al magnificar información relacionada con el crimen organizado en las primeras planas de los diarios, y los titulares de los noticieros de radio y televisión, cuando al gobierno federal le cuesta millones de pesos lograr, a través de publicidad, que se dé a conocer alguna de sus acciones en contra de la criminalidad, o en alguno de los rubros que tiene la obligación constitucional atender.

Frente a todo esto, parece claro que ni el gobierno ni los ciudadanos debíamos ver esta situación como un tema monocromático. Es decir, como una simple lucha entre malos y buenos o, en colores, únicamente reducida al negro y el blanco. Es imposible hacer eso porque, como todo, el mundo y la realidad está determinada por mucho más que dos factores, y porque asegurar que el problema de la inseguridad es tan grave como para tener de rodillas al país, es casi tan inexacto como afirmar que éste es un simple problema de percepciones erróneas, en el que la población, por entender mal la realidad, es la responsable.

¿Entonces?

EL INFIERNO

Desde hace un par de semanas se encuentra en cartelera una película de producción mexicana llamada “El Infierno”, que protagonizan los actores Damián Alcázar, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo y Joaquín Cossío, entre otros, y dirigida por Luis Estrada. Esta cinta, bien puede ser el clímax entre los excesos que pueden cometerse en la generación de percepciones inexactas, y la brutal realidad por la que atraviesa el país.

La trama es sencilla: un campesino mexicano emigra en 1990 a los Estados Unidos, buscando un mejor futuro. Promete a su hermano llevárselo en cuanto tenga los dólares suficientes para pagar su viaje. 20 años después es deportado a México y, en el camino de regreso a su pueblo, es asaltado lo mismo por delincuentes que por soldados en un retén militar. Al llegar a casa encuentra sólo noticias desoladoras: el hermano se juntó con la mafia y murió, no hay trabajo y las balaceras son cosa de todos los días.

Así, aunque es un hombre que busca un empleo honrado, las circunstancias lo llevan a enrolarse con un grupo de matones al servicio de un capo, que lo mismo abreva relaciones políticas con personajes de primer nivel en México y el extranjero, que vende droga al menudeo, controla negocios como el de la piratería, prostitución y demás, e incluso exporta droga a los Estados Unidos. La cinta narra las peripecias de ese individuo, su transformación de un hombre honrado a un sádico criminal hecho y derecho, y el trágico final que tiene un sicario cualquiera que confunde el ser inteligente con convertirse en un bribón.

¿Por qué asegurar que esta película es un punto clímax de toda esta discusión sobre la realidad y las percepciones? Porque, si bien “El Infierno” retrata brutalmente la cotidianidad de la guerra entre cárteles de la droga, la colusión de capos y políticos, la corrupción que existe en las fuerzas policiacas, la seducción del dinero fácil, y la brutalidad de los ajustes de cuentas, lo cierto es que ver esa cinta sin acotar ciertos puntos puede, sin duda, convertirse en un riesgo en la percepción que se tenga de nuestro país.

La razón es sencilla: Sin duda, El Infierno narra fielmente la realidad del mundo criminal y todo lo que esto implica. Pero el riesgo que se corre es que, en México o el extranjero, se asuma que eso es lo que ocurre en todo el país, y que esa es la actividad y el modo de vida de todos los ciudadanos.

AGUAS CON LAS PERCEPCIONES

Hasta hace muy pocos años, un extranjero con poca información sobre nuestro país, arribaba a México pensando que todas las personas vestíamos con taparrabos, plumas y penachos, y que seguíamos viviendo en pirámides, sacrificando humanos y adorando a Dioses paganos. Pues bien, una cinta como El Infierno, puede llevarnos a pensar que la historia de Benjamín Reyes (el protagonista, interpretado por Damián Alcázar) es la de todos los mexicanos, y que en todo el país ocurre exactamente lo mismo. Nadie niega que El Infierno retrate la realidad; pero es sólo una porción de la misma. Negarlo, sería tanto como descalificar a los millones de mexicanos que no vivimos ni somos parte del mundo criminal.

Diálogo por Bicentenario: ¿Ahora sí ocurrirá?

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+ Conmemoración, en Sentimientos de la Nación

Si de algo sirvió la ceremonia solemne en la que los Tres Poderes de la Unión conmemoraron los doscientos años de la gesta libertaria del cura don Miguel Hidalgo y Costilla, y los demás insurgentes que alentaron la búsqueda de la independencia, fue para que los más importantes representantes político-institucionales del país se reiteraran la necesidad urgente de acudir al diálogo como herramienta de construcción del futuro nacional.

Aunque no es el primer intercambio de ese tipo que se realiza en el país, y tampoco es la primera ocasión que se utiliza no como una demostración de voluntad sino como un mero argumento retórico, e incluso que la conmemoración del bicentenario es un mero asunto coyuntural, lo cierto es que, en el ideal, esta podría ser una auténtica ocasión para generar nuevos mecanismos y puentes de concertación en el país. Y por eso, más allá de las festividades, las acciones de conmemoración, e incluso el tradicional desfile militar, esto bien podría ser lo más rescatable de la jornada nacional de ayer.

En primer término, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y legislador del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Carlos Ramírez Marín, reclamó ante el presidente Felipe Calderón diálogo y demandó ver más allá de procesos electorales y tiempo de elecciones. “Valoremos en nuestra historia —dijo— el papel que desempeñan los centros de diálogo como, por ejemplo, el Poder Legislativo, que pueden ser capaces de sintetizar y dar forma a la coexistencia nacional de las regiones y de las distintas maneras de pensar y de ver el futuro del país”.

Luego, el también priista y presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, demandó al Presidente de la República acuerdos y diálogo entre poderes, y criticó a quienes sólo monologan. De acuerdo con el periódico El Universal, el Legislador sonorense dijo que “nadie es propietario de la verdad, pero menos los que sólo monologan, ajenos a las dolorosas circunstancias que vivimos. Es nuestra obligación dejar atrás cualquier confrontación de grupo para impulsar acuerdos políticos y sociales que logren inaugurar un nuevo eje articulador que nos lleve a los cambios impostergables”.

A estos dos llamados fundamentales, el presidente Calderón se dijo dispuesto a recoger y aceptar con responsabilidad y aliento las palabras de diálogo y colaboración ofrecidas por los máximos representantes del Congreso. ¿Qué significa todo esto? Que si en verdad existe la voluntad de dialogar, y si de verdad las fuerzas políticas están dispuestas a anteponer las urgencias nacionales a sus intereses particulares, entonces estaríamos presenciando una especie de parte aguas político en el país. Habría, en esta coyuntura de la celebración del Bicentenario, y también del inicio del fin del sexenio, la posibilidad de construir una verdadera agenda que pudiera despresurizar algunos aspectos que hasta ahora han estado completamente cancelados y, de hecho, establecer posibilidades de diálogo que, al menos en la última década, han sido cada vez más aisladas, inconsistentes e improductivas.

DISCULPAS MUTUAS

Es fundamental tomar en consideración el contexto: luego del resultado de los procesos electorales estatales, de la ejecución del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, del rechazo tricolor al diálogo presidencial, y de los arrebatos de fuerza que llevaron al tricolor a hacer valer su mayoría para tomar el control de las dos cámaras legislativas federales, parecía claro que lo que veríamos —y quizá veamos— para el último tramo del gobierno del presidente Calderón, sería una constante confrontación y desavenencias entre los poderes constituidos.

Los priistas, y con razón, se sintieron agraviados y ofendidos tanto por las decisiones presidenciales, como por las políticas de Estado que según ha emprendido y que han resultado profundos fracasos. El gobierno de la República, en todo esto, se ha erigido en apoyador de causas electorales cuando éstas le son convenientes y cuando necesita combatir y repeler al priismo, pero apela a las razones y motivaciones de Estado cuando tiene ante sí problemas que deben ser resueltos con el consenso y la colaboración de más actores que el solo Presidente de la República.

Si este llamado al diálogo, y su aceptación, son meros recursos retóricos que sirvieron para adornar las actividades del Bicentenario, entonces México —no el PRI, el PAN o el Presidente— estará, y estaremos, condenados a seguir envueltos en esta espiral de desavenencias, incertidumbre y fracasos que, de hecho, en sí mismos empañaron las fiestas patrias.

Si, por el contrario, las posibilidades de diálogo y acuerdo son efectivas, entonces este periodo tendría que ser aprovechado al máximo no para ver por los intereses del priismo, panismo u otras fuerzas políticas, sino para actuar con sentido verdaderamente patriótico y hacer avanzar al país en tantos temas sustantivos, comenzando por los legislativos, que se encuentran pendientes.

El primer paso, en todo esto, tendría que ser la constatación de este reconocimiento tácito hecho por todos los actores políticos, de que los agravios partidistas se encuentran en una de las esquinas, pero que es la vocación democrática y el deber político lo que los está llamando a modificar sus conductas y actuar en base a lo que México necesita.

La fiesta del Bicentenario parece el marco, aunque en realidad no tendría que ser sino un mero pretexto, una coyuntura, para este llamado y aceptación al diálogo. Que no quede simples frases. Que no sea este un idealismo que sólo cautiva a los ingenuos.

IINDEPENDENCIA

Como mero dato recordemos lo siguiente. En México se conmemora la independencia cada 16 de septiembre por mandato nada menos que del generalísimo don José María Morelos y Pavón, quien en el punto 23 de Los Sentimientos de la Nación, dice “Que igualmente se solemnice el día 16 de Septiembre todos los años, como el día Aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra Santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se abrieron los labios de la Nación para reclamar sus derechos y empuñó la espada para ser oída, recordando siempre el mérito del grande Héroe, el Sr. D. Miguel Hidalgo y su Compañero D. Ignacio Allende. Respuestas en 21 de Noviembre de 1813, y por tanto quedan abolidas estas, quedando siempre sujeto al parecer de S.A. Serenísima.”

Reforma Peña Nieto, tan nociva como las alianzas oportunistas

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+ La discusión democrática va contra el pragmatismo

Como era de esperarse, la reforma constitucional y legal ocurrida hace dos días en el Estado de México, que canceló las candidaturas comunes, provocó fuertes cuestionamientos sobre las aspiraciones del gobernador Enrique Peña Nieto, y la forma en cómo está construyendo su propio escenario electoral para el próximo año. Nada disculpa al Mandatario por sus maniobras antidemocráticas. Pero esta discusión, debía también ponerse a contraluz respecto al tipo de alianzas (oportunistas) que fueron clausuradas. Parece ser que, al final, nadie sale bien librado.

¿Por qué el gobernador Peña Nieto está tan interesado en consolidar dicha reforma? En primer término, él mismo ha declarado que sus aspiraciones presidenciales se basan en el resultado de los comicios estatales de 2011. La prueba de heredar su cargo de Gobernador a otro priista, de llevarlo al triunfo a través de un resultado legítimo y aventajado; y de seguir teniendo el control del Estado de México —con todas las fortalezas y ascendencia política que ello implica—, habrá de ser un factor determinante para definir si tiene posibilidades o no de competir, el año siguiente, por la Presidencia de la República.

Nadie mejor que el propio gobernador Peña Nieto sabe que, en efecto, sin 2011 no habrá 2012. El aparente juego de palabras, nace precisamente del hecho de que los comicios estatales del próximo año serán la prueba de fuego no para quien aparezca como Candidato a Gobernador, sino para el mandatario saliente. Una derrota electoral dejaría estigmatizados no sólo a los más aventajados de sus colaboradores, sino sobre todo marcaría al mismo Peña Nieto como un perdedor. Esa imagen, para cualquier efecto  —pero particularmente el político—, sería simplemente devastadora. Y qué decir de ello, si luego de la derrota llegara a convertirse en candidato presidencial.

Además, la llamada Ley Peña Nieto responde a otros intereses, que tampoco están alejados del ámbito electoral. Desde 2009, el Gobernador del Estado de México, y el de Oaxaca, cerraron sendos acuerdos a través de los cuales, los diputados de esas entidades federativas apoyarían las cuestiones que se dispusieran en la casa presidencial, a cambio de que el Partido Acción Nacional prometiera no realizar alianzas en los estados en donde habría comicios para renovar las gubernaturas en 2010.

Evidentemente, unos y otros no cumplieron. Y lo grave de todo esto, fue la fuerte disputa, y los amagues, que unos y otros enderezaron en contra de ellos mismos, por los incumplimientos de un pacto antialianzas, y de un incremento de impuestos, que ni eran legítimos, ni eran democráticos, ni respondían a los llamados de la sociedad para construir una democracia más fuerte y consolidada.

El problema no sólo fue que se rompieran los pactos electorales por la modificación del esquema presupuestario para 2010. La crisis de fondo, en realidad, impactó apenas en julio pasado, cuando en entidades en las que el tricolor parecía invencible —como Oaxaca—, fue derrotado por una alianza de partidos de oposición que ni tienen concordancias ideológicas ni prácticas políticas comunes entre sí, pero que lograron conjuntar todos los elementos para poder aventajarlos en número de votos.

Así, a través de dicha reforma, dicen, el gobernador Peña Nieto quiere cancelar de fondo cualquier posibilidad de que en la entidad que gobierna pueda erigirse un pacto electoral entre las fuerzas de derecha e izquierda, que ponga en riesgo no sólo la posibilidad de que el Estado de México quede en manos de un priista; sino, sobre todo, entraña la inquietud del gobernador Peña Nieto por arreglar las cuestiones que, para sus intereses, son indebidas políticamente hablando, y con ello mandar a cancelar las candidaturas comunes para fortalecer su futuro político.

DEMOCRACIA Y PODER

En este punto, es necesario diferenciar los argumentos que tienen que ver con razones democráticas, y los que se establecen a partir de las conveniencias y el pragmatismo de la praxis política pura. Los primeros son aquellos que pretenden analizar las cuestiones positivas o negativas que, para el entramado democrático del país, representa una reforma como la reciente del Estado de México. Y los segundos son los que se refieren al ejercicio puro del poder, y la necesidad permanente que existe entre quien lo detenta, de tratar de mantenerlo y utilizarlo al máximo a su favor.

En el primero de los casos, veamos lo que apunta el constitucionalista Lorenzo Córdova Vianello en un texto publicado ayer en El Universal. Dice que, ante esa reforma, “resulta inevitable pensar en la regresión que implicó la reforma electoral de 1990, cuando en el plano federal se prohibieron las candidaturas comunes (que habían sido permitidas por las reformas de 1977 y de 1986) como una clara reacción al inesperado resultado que obtuvo la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas por varios partidos que en las elecciones presidenciales de 1988, y se endurecieron los requisitos para conformar coaliciones electorales.”

Dice, además, que al ser la conformación de alianzas una responsabilidad de los partidos, resulta contradictorio con las dinámicas propias de los sistemas de partidos en una democracia, el tratar de condicionar desde las normas la posibilidad de que se produzcan alianzas electorales. Por eso, a juicio del constitucionalista, dicha reforma es restrictiva y regresiva.

Sin embargo, es también necesario ver la razón de fondo por la que se llegó a esta controversial decisión. En un ejercicio puro de pragmatismo, en 2010 se trabaron diversas alianzas igualmente regresivas y contradictorias, entre partidos ideológicamente distintos que, por ende, no tuvieron la capacidad de explicar su unión más que por la alternancia y por la búsqueda del poder, pero no en verdaderas plataformas o contenidos programáticos comunes.

PRAGMATISMO EN EL ESPEJO

Digan lo que digan quienes se coaligaron, éstas fueron meras alianzas de oportunidad que no tienen otra justificación inicial, más que la de la búsqueda del poder. Hasta que asuman las gubernaturas que ganaron, podrán demostrar si existe en ellos verdadero contenido político y democrático. Lo grave del asunto es que una decisión pragmática (la de las alianzas) derivó en otra (la ley Peña Nieto) que es igualmente nociva para la democracia. Por el bien del país, se debía reparar más sensiblemente, en esta forma suicida de hacer política y disputarse el poder.

El patriotismo no sólo debería exaltarse con gritos

Bicentenario

+ Bicentenario: momento para generar cambio real


Esta noche está proyectada para ser fuera de serie. En la conmemoración de los 200 años del inicio de la lucha por la independencia de nuestra nación, el gobierno federal decidió realizar una serie de actividades esencialmente de festejo. Quedaron descartadas las grandes obras, los grandes monumentos y, acaso, también los importantes festejos culturales que podrían estarse esperando. Todo se reducirá al tradicional Grito de Independencia, dado esta noche por la autoridad política de cada localidad o entidad federativa de que se trate. Pero cuando despertemos mañana, quizá en medio de una insoportable resaca, todo seguirá igual.

Tal pareciera que esta es la constante de los mexicanos. En El Laberinto de la Soledad, el escritor Octavio Paz establecía aquella frase —ahora vuelta un clásico—, relativa a que la noche del 15 de septiembre el mexicano da “el grito” para después callar todo el año. ¿Por qué suponer que seguimos repitiendo esta constante? Porque, de cara a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia —y la próxima conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana el próximo 20 de noviembre—, lo que está haciendo nuestro gobierno, y lo que estamos convalidando todos los mexicanos, es ponderar la celebración momentánea, por encima de la conmemoración perdurable y reflexiva.

¿De qué hablamos? De que lo que veremos a partir de esta tarde a través de la televisión, será una simple alegoría y fiesta que, al final, nos dejará en el mismo punto de inicio. El gobierno federal optó por la simple exaltación del sentimiento patriótico a través de una serie de festejos, que se equipararán al de un concierto, al de un carnaval, o al de un espectáculo de luces y fuegos artificiales.

No hubo, hasta ahora, un proceso de reflexión más cercano a la conciencia y más alejado de la frivolidad, para que desde el Estado se fomentara la posibilidad de que los mexicanos entendieran de mejor modo cuáles son las razones de nuestro presente, cuáles los fundamentos de nuestra nación, y cuáles las explicaciones de nuestro pasado. Salvo algunos destellos, que para el tamaño de la celebración resultan ser mínimos, insuficientes e incluso  aislados, no hubo manifestaciones claras de un verdadero fomento cultural de cara a la conmemoración de los dos siglos del inicio de la lucha por la independencia.

En ese sentido, queda claro que las insuficiencias partieron desde el mismo gobierno y los poderes del Estado. Habría sido un auténtico acto de conmemoración al sentido patriótico de nuestros héroes y los momentos históricos que forjaron nuestra patria, que el gobierno federal impulsara ciertas acciones que buscaran reforzar de manera efectiva algunos de los derechos o garantías que tutela la Constitución para los ciudadanos.

Del mismo modo, habría sido un verdadero acto de justicia histórica, que el Legislativo emprendiera alguna de las grandes reformas —de las tantas que hacen falta, y que son urgentes para nuestro país—, demostrando que más allá de las diferencias partidistas, de las discordancias ideológicas, y de los intereses encontrados, en el Congreso de la Unión existe la posibilidad de ponerse de acuerdo y anteponer el interés por México a las exigencias o pretensiones particulares de una u otra camarilla de poder.

Nada de eso ocurrió. Y aunque no se desdeña ni la fiesta ni el relativo fomento cultural que hubo teniendo como telón de fondo las fiestas del Bicentenario, lo cierto es que el conjunto de personas que materializan y dan vida al gobierno y las instituciones del Estado, han demostrado tener una corta visión de Estado y un desalentador sentido de cómo lograr ciertas acciones que verdaderamente pasaran a la historia por haberse realizado, incluso deliberadamente, justo en el momento en que se celebraban los 200 años de la búsqueda de nuestras libertades políticas fundamentales como nación.

GRITAR, ¿Y YA?

Algo similar deberíamos hacer los mexicanos de a pie. Es sin duda magnífico llegar a la noche del 15 de septiembre y, como siempre, asumirla como “la noche libre” en la que uno puede darse ciertas libertades que normalmente no se tomarían. Sin embargo, nos ocurre exactamente lo mismo: gritamos, celebramos y nos exaltamos. Pero esa exaltación no dura más que unos momentos, o una noche, o un día entero; pero no lo suficiente como para conseguir que eso se convierta en un sentimiento más permanente que motive cambios de fondo en las actitudes y prácticas personales.

¿Por qué tendríamos que pensar en cambios de fondo? Porque, independientemente de la nación noble y generosa que somos, los mexicanos sí necesitamos hacer cambios sustanciales a nuestras prácticas y acciones particulares. Bien haríamos —como parte de este momento histórico que, lo aceptemos o no, nos toca vivir—, con emprender ciertos cambios que, por ejemplo, nos llevaran a ser, de fondo, más puntuales, menos mentirosos, más congruentes o menos corruptos.

Tendríamos que cambiar eso, cada uno en su ámbito personal. Creemos que podemos construir una gran nación, y transformar positivamente nuestro entorno, pero en realidad muchos de nosotros nos negamos a verdaderamente comprometernos a conseguir esos cambios a través no de la modificación de las conductas de otros, sino simplemente de corregir las cuestiones personales.

El “grito” de la independencia debería ser menos ruidoso y, seguramente, más duradero para conseguir objetivos de más largo plazo. Si bien es imposible enderezar los árboles que ya se encuentran torcidos, sí es posible que uno mismo enderece su propio ramaje para contribuir verdaderamente con la nación mexicana.

Tendríamos que pensar, y lo reiteramos en la víspera de las conmemoraciones de la independencia, en conmemoraciones más de fondo. Erradicando en uno mismo, por ejemplo, todas las formas de corrupción. Dejar de fomentar las mordidas; la deshonestidad o aquellos vicios que, bien sabemos que nos afectan, pero que no por ello dejamos de reproducir. Propuestas existen muchas. Usted lector, ¿por cuál se inclinaría?

¿Y LOS FESTEJOS?

Aunque en algún momento anunciaron una comisión estatal para los festejos del Bicentenario, esta fecha crucial llegó sin que el gobierno estatal y municipal hicieran mayores actos de conmemoración a estos momentos patrios. Nadie sabe qué se planeó; y si se planeó, nunca se publicitó. Con ese silencio, parecen apagar aquella idea que tanto defendían en otros momentos, de que Oaxaca también es México.

Desplazados regalan el PRI a los acaparadores

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+ Inconformarse, no tendría que equivaler a irse

Enojados por la derrota electoral del cuatro de julio pasado, por el acaparamiento de las principales posiciones en la dirigencia estatal, por los verticalismos y por la pérdida del poder gubernamental, muchos militantes se sienten tan molestos que comienzan, ahora sí, a hacer públicas sus inconformidades con el Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca. Emergen ya algunos amagues sobre renuncias y disidencias. Sin embargo, esa militancia desencantada debería comenzar a actuar de modo más prudente. Porque lejos de lograr algo positivo, ese sentimiento mal conducido puede llevarlos a perder su partido, y dejarlo definitivamente en manos de las personas con quienes dicen no estar de acuerdo.

Hasta hoy, han ocurrido dos expresiones que, si bien son aisladas, sí dejan ver que algo no va bien en el priismo. Hace unos días, la diputada local Carmelina Cruz Silva se separó de la bancada tricolor en el Congreso del Estado, por considerar que el coordinador de los diputados del PRI, Herminio Cuevas Chávez, y los dirigentes de su partido, han profesado sistemáticamente la cerrazón, el servilismo y la discriminación en contra de quienes no se ciñen incondicionalmente a sus intereses.

Y ayer, la también diputada local Claudia Silva Fernández renunció a la secretaría de Gestión y Acción Social del Comité Estatal del PRI, al denunciar que desde que el diputado federal Eviel Pérez Magaña asumió la dirigencia del tricolor, ella no ha sido convocada a actividad o diálogo alguno, ni se le han asignado tareas en la cartera partidista que representa.

A pesar de que ninguna de las dos renunció a su militancia partidista, las manifestaciones públicas y la actitud de las diputadas, refleja el desplazamiento y el ninguneo de que están siendo objeto no sólo ellas, sino innumerables cuadros del tricolor, así como el escozor que esto les provoca; pero también son expresión de la posibilidad que, ahora más que nunca, tienen no sólo de asumir posturas críticas, sino de hacerlas públicas y disentir de los verticalismos a los que en el PRI estaban acostumbrados.

Evidentemente, tanto la dirigencia estatal del PRI, como el presidente del Congreso, han dicho nada respecto a dichas inconformidades. Más bien, desde ambas trincheras se han dedicado a minimizar el asunto, han tratado de hacer ver que estas son simples posturas individuales, e incluso se han justificado en el hecho de que las discordancias provienen de personajes con una ascendencia mínima en cuanto su representación en votos.

Lo cierto es que, como lo prevé la dirigencia estatal del tricolor, esas discordancias no provocarán más que un pequeño aspaviento en la “estabilidad” del priismo. Es decir, que según ellos, y con razón, no pierden nada; y tanto la diputada Cruz Silva con su separación de la bancada tricolor, o la dimisión de la diputada Silva a su cargo en la dirigencia estatal del PRI, no habrán logrado sino algo tan simple como un mero ruido momentáneo. Pero con eso no conseguirán que las prácticas políticas cambien entre quienes tienen en sus manos la representación del priismo en el Estado.

ACTUACIÓN INTELIGENTE

Lejos de lo que pudiera pensarse, al todavía grupo gobernante lo que más les conviene es que disidencias de ese tipo comiencen a depurar al priismo. Todos aquellos que desde alguna trinchera legislativa o administrativa se sienten desplazados, menospreciados o ninguneados, y que hoy consideran la posibilidad de renunciar a su militancia o a los cargos políticos que representan, no están haciendo más que fortalecer a quienes ellos consideran como avasalladores, segregadores o acaparadores de las decisiones y las prácticas inmorales en el priismo. ¿Por qué?

Porque la dirigencia material y formal del tricolor, aunque más la material, lo que está haciendo es comenzar a negociar lo que será su arma política de sobrevivencia: el presupuesto público. Ayer mismo, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, anunció que ya tuvo un primer encuentro con el coordinador de los diputados federales del PRI por Oaxaca, Héctor Pablo Ramírez Leyva, con quien acordó trabajar conjuntamente por el tema del presupuesto de 2011 para la entidad.

¿Qué significa eso? Que quienes tienen en sus manos la dirigencia del PRI, y que lo habrán de representar por lo menos en los siguientes tres años, ya están buscando sus tablas de salvación. Al interactuar con el nuevo gobierno a través del tema presupuestal, ellos asegurarán seguir teniendo todos los hilos del priismo oaxaqueño, e incluso algunos privilegios económicos y políticos para sobrevivir. Al reconocer a la diputación federal y a la dirigencia priista actual como interlocutoras, Gabino Cué ya legitimó a ese grupo para seguir encabezando el priismo durante los siguientes años.

Y así, frente a esa circunstancia, ¿qué mejor posibilidad para esos personajes (Eviel Pérez Magaña, et al) que sostenerse en su partido, habiendo antes alejado a todos los personajes que les incomodaban, o que no compartían las mismas ideas y prácticas políticas que ellos? Lo que tendrán, así, es un partido para manejarlo a sus anchas en todos los sentidos, y no necesariamente llevarlo al mejor puerto, sino al que mejor les convenga.

Por eso, todos aquellos personajes que sienten algún tipo de molestia o desplazamiento dentro de su mismo partido, flaco favor le hacen con sus berrinches fatuos y dimisiones, a aquellos a quienes responsabilizan de los malos manejos o las prácticas indebidas dentro del PRI. Con sus actitudes no hacen más que allanarles el camino hacia el control total del tricolor; les permiten la consolidación y concentración del poder y las prácticas que ellos mismos dicen que no son constructivas para su partido. Y cancelan toda posibilidad de luchar, desde dentro, para tratar de contener esos avasallamientos.

¿Y LA PRUDENCIA?

No está mal que alguien se separe de cierta situación u opinión cuando no la comparte; la disidencia, la actitud crítica e incluso los señalamientos directos son saludables para cualquier organización que se jacte de ser democrática. El problema es que a quienes tienen hoy al PRI en sus manos lo único que les preocupan son los futurismos electorales, y quienes se asumen como desplazados simplemente optan por irse. Así nadie arreglará nada. Al contrario. Sólo contribuyen, todos juntos, a seguir alimentando las concentraciones de poder, la insensibilidad y los verticalismos que, sin duda, tan daño le han provocado al tricolor en los últimos años.

Juicios orales: el desdén, consolidado

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+ Sociedad… y gobierno, mal informados

Es preocupante que mientras el gobierno federal desdeña la importancia que tiene la reforma constitucional federal en materia penal, en Oaxaca la puesta en marcha del sistema de justicia de tipo acusatorio adversarial esté atravesando por tantas interrupciones, inconsistencias y complicaciones. Tal pareciera que en los dos ámbitos de gobierno se desestima un asunto que es, sin duda, esencial para una sociedad democrática como la que aspiramos a ser.

Es evidente que el primero de los problemas que se enfrenta, tiene que ver con la falta de credibilidad que se profesa, desde el gobierno federal, en contra de los llamados juicios orales. La reforma constitucional federal en la materia, ocurrió apenas hace dos años en medio de importantes presiones internacionales sobre la subsistencia en nuestro país, de un sistema penal inquisitivo, que fomentaba abusos, corrupción, injusticias y retrasos en la impartición de justicia, y que además tenía importantes desfases respecto a los tratados internacionales en la materia de los que México se había hecho parte.

Así, a pesar de que existe ya la experiencia en otros países sobre la eficacia de este sistema de justicia penal, en México su nacimiento ocurrió en medio de importantes limitaciones y cuestionamientos que provenían desde el mismo gobierno, y que, por su mala aplicación, luego se extendieron a la sociedad. ¿Cuál ha sido el problema? Que tal pareciera que dicha reforma se asumió como una obligación política, pero que nadie cree que esto pueda o deba funcionar en México.

En el ámbito federal, por ejemplo, la reforma al artículo 20 constitucional —que estipuló el sistema acusatorio y oral para los juicios en materia penal— ocurrió en junio de 2008, y estableció un periodo de ocho años para la entrada en vigor de todas las disposiciones constitucionales y legales respectivas, tanto en el ámbito federal como para todas las entidades federativas. A pesar de que ocho años pareciera un periodo demasiado prolongado, lo cierto es que ese tiempo es mínimo y, para variar, ha sido alarmantemente mal aprovechado.

¿Por qué? Porque no se trata sólo de hacer una modificación constitucional para luego convertirla en letra muerta. De hecho, el cambio de sistema tiene no sólo que ver con el cambio de la práctica profesional de los abogados, y de los empleados de los poderes judiciales federal, locales y del Distrito Federal, sino también con la rectificación del modo en que el ciudadano observa, interpreta y razona sus nociones particulares sobre el sistema de justicia.

Es decir, que junto con la capacitación de empleados judiciales, jueces y agentes del Ministerio Público locales y federales, y las inversiones que se tienen que hacer al sistema educativo para instruir en este sistema a los abogados defensores, también se debió pensar en hacer una fuerte inversión para explicar a la población —y lograr que el ciudadano común entienda con sencillez y practicidad— los cambios que implica esta modificación al sistema de justicia, y por qué los juicios orales no fomentan, como muchos lo creen, la impunidad. Para eso eran apenas suficientes, los ochos años que se le dio de vacatio legis —el periodo que existe entre la publicación de una ley y su entrada en vigor— a la reforma legal.

Tal parece que no se pensó en todo esto. Y de hecho, desde el mismo gobierno federal se ha profesado desconfianza y desinterés no sólo por invertir lo suficiente para todas esas tareas que van más allá de la sola capacitación de los servidores públicos involucrados. Cada que puede, el Presidente de la República habla y se asume como un impartidor de justicia; y con sus actitudes de desdén da la idea a la población de que tal sistema no tendrá utilidad para combatir delitos como los relacionados con el crimen organizado.

PROBLEMAS LOCALES

Oaxaca fue punta de lanza en la estipulación constitucional y puesta en marcha de los juicios orales. Esta disposición, políticamente hablando, fue parte de los arreglos constitucionales y legales que se hicieron luego del conflicto magisterial y popular de 2006, para que los poderes estatales dieran una idea a la comunidad nacional e internacional, de que estaban atravesando por un verdadero proceso de democratización y modernización en ciertos aspectos por los que eran fuertemente cuestionados.

El problema, en esto, no ha sido la modificación constitucional y legal en sí, sino su aplicación. Inicialmente, se estableció un calendario multianual en el que se asentó el proceso de puesta en marcha de los juicios orales en las regiones del Estado. Se suponía que a partir de 2008, anualmente entraría en vigor dicha reforma en cada una de las ocho regiones del Estado. Y así, se inició su aplicación en la región del Istmo, y posteriormente en la Mixteca.

¿Dónde surgió el problema? Primero, en que, como en el ámbito federal, los juicios orales se pusieron en marcha pero sin procurar incidir en la idea que el ciudadano tiene en su sistema de justicia. Son reiterados los señalamientos, en las regiones donde ya se aplica, de que tal sistema fomenta la impunidad; esto se debe, a que el sistema acusatorio adversarial pondera, como una de sus condiciones esenciales, la presunción de inocencia, y aplica otros elementos como los criterios de oportunidad, a través de los cuales el Ministerio Público puede procurar arreglos extrajudiciales entre las partes.

Esto, ciertamente, se ha prestado a corrupción. Pero también ha sido un problema de mala interpretación del ciudadano, que está acostumbrado al sistema inquisitivo tradicional en el que un presunto delincuente primero es encarcelado y señalado como culpable, para que luego, en prisión, tenga que demostrar su inocencia y recuperar su libertad.

DESDÉN OFICIAL

El problema más grave que esto enfrenta, sin embargo, es la falta de atención oficial al asunto. Son ya reiterativas las ocasiones en que el Poder Judicial del Estado solicita al Congreso la autorización para prorrogar la aplicación del sistema acusatorio adversarial en las regiones en las que ya debería existir, aduciendo carencias y recortes presupuestales aplicados desde el Poder Ejecutivo. Independientemente de quién sea el responsable de no invertir esos recursos en el sistema de justicia, lo cierto es que ese desprecio a su importancia no afecta a un gobierno o a un funcionario, sino que incide directamente sobre la credibilidad, confianza y eficacia de un asunto tan delicado y esencial como éste.