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Sección 22: la lucha sindical, extraviada

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hace 30 años, los trabajadores de la educación en Oaxaca iniciaron una lucha por la democratización de su sindicato, que aún hoy sigue teniendo repercusiones importantes en diversos rubros locales y nacionales.

En 1980, un importante grupo de líderes surgidos de la inconformidad espontánea dentro del gremio magisterial, se manifestaron en contra de la manipulación, los abusos y las imposiciones de que eran objeto por parte de la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entonces controlados por la corriente sindical denominada “Vanguardia revolucionaria”.

Hasta entonces, el rumbo de la Sección 22 era decidido desde la Ciudad de México, y transmitido según un orden que establecía la dirigencia nacional, y a la cual tenían que acatarse todas las fuerzas internas de aquel sindicato. 1980 fue el año que marcó el fin de esas prácticas, y el surgimiento de una serie de postulados que inicialmente pugnaron por la democratización, por la verdadera inclusión de todos los trabajadores de la educación en las decisiones trascendentales de ese sindicato, y por la posibilidad de decidir bajo qué esquemas sociales, políticos e ideológicos, inclinarían su lucha social.

En aquel momento, las corrientes democratizadoras de la Sección 22 del SNTE recibieron un respaldo popular amplio por parte no sólo de otros sindicatos, que saludaron la lucha emprendida, sino sobre todo de la sociedad oaxaqueña, que vio con buenos ojos el ánimo habido en ese gremio por lograr la posibilidad de ser ellos quienes decidieran el rumbo, las decisiones y las prácticas en su gremio.

Así, luego de una larga jornada de lucha, lograron la democratización de su gremio y un importante incremento salarial; unos años después, en 1986, nuevamente emprendieron acciones de presión en contra del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato magisterial, para que se realizara un Congreso seccional de acuerdo a las bases y métodos democráticos que ellos mismos habían establecido; y en 1992, ocurrió una tercera acción importante, cuando se decretó la descentralización educativa, y ellos lograron que en Oaxaca se incluyera formalmente la disposición de que la Sección 22 del SNTE sería quien propondría a profesores sindicalizados, para ocupar puestos directivos dentro del entonces naciente Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

En este sentido, uno de los episodios más importantes en la historia reciente de la entidad, tiene que ver con el conflicto magisterial y popular ocurrido hace apenas cuatro años, en el que la Sección 22 fue protagonista y factor determinante de aquel episodio. Si bien se recuerda, una exigencia salarial derivó en una acción policiaca y el surgimiento de una crisis social de grandes magnitudes, en la que el magisterio tuvo una participación definitoria y que, en muchos sentidos, marcó un cambio de rumbo para diversos factores sociales y políticos de Oaxaca.

De este modo, podría suponerse que con el logro de todos sus objetivos —es decir, en un primer momento la democratización y la toma de control de su sindicato, el logro de importantes incrementos salariales, y la nada despreciable posibilidad de que el Sindicato Magisterial pudiera acceder a cargos directivos dentro de la estructura gubernamental de regulación y administración de la educación—, hoy la educación pública en la entidad goza de mejor salud que hace treinta años.

Sin embargo, claramente podemos ver que la situación en todos los rubros relacionados con la educación y el sindicato magisterial, no están mejor que antes. Hoy sobre la estructura magisterial pesan importantes cuestionamientos que no sólo tienen que ver con sus prácticas de intolerancia y avasallamiento en cuanto a sus determinaciones, sino sobre todo con el estado que guarda la educación en el Estado. Repasemos brevemente algunos de esos aspectos, ahora que la lucha magisterial está a punto de cumplir tres décadas de existencia.

APROVECHAMIENTO,

POR LOS SUELOS

Los profesores de la Sección 22, utilizaron como principal argumento de justificación para acceder por medio de su sindicato a la estructura formal del Instituto de Educación, que nadie mejor que ellos conocía las necesidades básicas tanto de profesores como alumnos, y que sería a través de ellos como se lograrían abatir muchos de los problemas y rezagos que entonces existían.

Nada ha cambiado. Hoy la educación pública en Oaxaca continúa siendo una de las menos provechosas, y de las peor calificadas en el ámbito nacional. Los niveles de aprovechamiento lejos de incrementarse, se han visto disminuidos. Los profesores, al convertirse en juez y parte de la educación pública, se convirtieron en solapadores y no en correctores, de muchos de los excesos y desatenciones en la educación. Hoy, Oaxaca es la única sección magisterial en el país que no admite la realización de la prueba ENLACE, a través de la cual el gobierno federal busca establecer ciertos parámetros del estado que guarda la educación en cada una de las entidades federativas que integran la nación.

De acuerdo con cálculos hechos a partir del 2006, apuntan que las movilizaciones, paros y acciones de lucha del magisterio, han dejado sin clases a los alumnos por el equivalente a siete ciclos escolares completos, siendo éstos de 200 días cada uno. Sólo durante la revuelta magisterial y popular ocurrida hace cuatro años, los profesores abandonaron las aulas desde el mes de mayo y no reanudaron labores sino hasta el mes de diciembre de 2006. Antes y después de aquel acontecimiento, las suspensiones de clase son cosa de todos los días.

MAESTROS, AGITADORES

Y MAL PREPARADOS

Oaxaca y Guerrero, son las dos únicas entidades de la República, en las cuales sus gobiernos sostienen, por presión de sus secciones magisteriales, la disposición relativa a la contratación automática de todos los egresados de las escuelas normales para maestros. En el resto de la República, las plazas educativas que cada año ofrecen los gobiernos estatales, son sometidas a diversos procesos de asignación, a través de evaluación de promedios, exámenes de oposición y satisfacción de requisitos.

Aquí ocurre nada de eso. La Sección 22 tiene en los estudiantes normalistas, a un nutrido grupo de jóvenes dispuestos a realizar todo tipo de desmanes, con tal de tener una buena ascendencia con el gremio al que pertenecerán; se utilizan mutuamente: la Sección, para agitar, y ellos para que ésta los beneficie una vez egresados, con ubicaciones cercanas a los centros urbanas y buenos salarios, a cambio de su participación incondicional en las acciones sindicales.

Sólo que los normalistas en Oaxaca tampoco se caracterizan por ser profesionales bien preparados. Ellos mismos, por años, se han negado al concurso de plazas, a la realización de exámenes como el aplicado por el Ceneval, y cualquier forma de medición de su calidad y aprovechamiento como estudiantes. Lejos de eso, cada que algún directivo pretende incrementar el nivel de exigencia, éstos cierran calles, presionan y hacen todo para hacerlo cesar en sus pretensiones, por la fuerza de la intolerancia y el chantaje de que hacen objeto a las autoridades educativas.

SINDICATO “DEMOCRÁTICO”,

PERO TAMBIÉN INTOLERANTE

Hace 30 años, la disidencia magisterial luchó por la democratización de su vida sindical. Lo logró. Pero luego, la figura de los líderes o caudillos fue sustituida por las corrientes sindicales moderadas y radicales, que son las que hoy controlan al gremio en Oaxaca. Si en 1980 se levantaron en contra de la manipulación, las imposiciones y las presiones de que eran objeto, hoy ellos realizan prácticas aún más democráticas en contra de sus integrantes.

¿De qué hablamos? De que los profesores, hoy, no tienen la posibilidad de discernir libremente respecto a la participación en la lucha sindical. Todos los trabajadores de la educación se encuentran sujetos a un férreo control sindical, a través del cual logran beneficios o se hacen acreedores a fuertes sanciones. Un mentor normal, sólo puede conseguir mejoras salariales o a su ubicación o condiciones de trabajo, a través de la anuencia sindical. Y ésta se logra, únicamente con una participación decidida y alejada de cualquier cuestionamiento, en las actividades sindicales.

UN FACTOR SOCIAL

…DE CONVULSIÓN

El Sindicato magisterial fue el factor esencial para la profundización del conflicto del 2006. Éste, nuevamente, recibió un importante apoyo por parte de sectores sociales, que respaldaron su lucha. Pero, a la larga, la Sección 22 siempre le ha dado la espalda a quienes lo apoyan. El episodio de la revuelta magisterial, pasó de ser una mera inconformidad magisterial, a un problema de toda la entidad. Ellos contribuyeron a crearlo, pero no a concluirlo y mucho menos a sentar las bases para que ese sacrificio de cientos de miles de oaxaqueños, valiera la pena.

El conflicto magisterial fue un episodio desperdiciado, porque aún cuando todavía se estudia como un fenómeno social y de organización y transformación de la ciudadanía, lo cierto es que éste nunca fue encausado realmente como un factor de transformación. No se logró la transformación del poder; tampoco ocurrió nada en las reformas constitucionales y legales de las que tanto se hablaban; el magisterio no supo aprovechar el momento histórico y la altísima sensibilidad que había en relación a su lucha, como para lograr cambios de fondo que, más allá del incremento salarial que ellos consiguieron, modificaran el estado de cosas y satisficieran las demandas de esa lucha social en la que se convirtió el conflicto de ese año.

Así, hoy es complejo hablar de que este proceso inicial de democratización y consecución de mejores prestaciones sociales y económicas, haya sido un sinónimo de avance en la educación. La Sección 22 continúa teniendo el control de su gremio, y continúa sosteniendo su connivencia con el poder, para lograr beneficios mutuos. Aunque la educación pública de nuestro estado esté peor que hace treinta años. Es decir, por los suelos.

México: los espectros del “federalismo”, 200 años después

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+ Visión de futuro: promover la homogeneidad social en México

En la mayoría de las ocasiones, se entiende como un cliché aquello de que “el primer paso para solucionar cualquier problema, es reconocerlo”. En realidad, la solución de cualquier problema está implícita en su propio planteamiento. En México, hay que reconocerlo incluso con dolor, reiteradamente nos hemos dado cuenta que buena parte de nuestro sistema gubernamental ha fracasado. Luego de un periodo de paz relativa y estabilidad, de más de 80 años, hoy México no ha alcanzado a superar buena parte de los mismos problemas que lo aquejaban desde su surgimiento como nación. Pobreza, desigualdades, analfabetismo, desempleo y marginación siguen siendo la constante… aunque nuestro país está en vísperas de cumplir 189 años como nación independiente —esto, si tomamos en cuenta que México logró su independencia en 1821, no en 1810, como común y erróneamente se considera.

¿Qué es lo que ha fracasado? ¿Hemos sido las personas, el gobierno, los gobernantes, o el modelo mismo de gobierno y distribución del poder que impera en el Estado mexicano, lo que ha fallado? La respuesta es que, acaso, la responsabilidad cae en todos los factores de la sociedad de manera conjunta. Particularmente, en lo que toca a la parte del modelo gubernamental y del ejercicio del poder, es donde recaen dos de las aristas más sensibles de nuestros problemas nacionales actuales.

México adoptó desde sus orígenes un sistema de gobierno que hasta entonces le era desconocido —por estar fuera de su tradición jurídica y política—, y a la par de ello se enfrascó en interminables disputas por el poder que, al final, no hicieron más que debilitar al país y al poder mismo. Cada peso que se gastaba en comprar armas o municiones, en financiar ejércitos regulares o grupos armados, para las decenas de asonadas y cuartelazos que ocurrieron en el siglo XIX mexicano, era un peso que se dejaba de invertir en los entonces casi inexistentes servicios básicos que tenía obligación de prestar el Estado a sus ciudadanos.

Con el paso del tiempo las circunstancias cambiaron pero la constante no: fuera con Antonio López de Santa Anna, don Benito Juárez, Lerdo o Porfirio Díaz, prevaleció la circunstancia de tener, pretender o lograr ejercer totalmente el control político desde el centro del país, y desde la persona misma de los gobernantes. Esto, a pesar de que desde la Constitución de 1824, se estableció al federalismo y la división de poderes, como dos de las piedras angulares de la conformación política y administrativa de nuestro país. A pesar de ser manifiesto, no hubo federalismo en México ni antes, ni como consecuencia de la Revolución Mexicana de 1910, que derivó en la promulgación de la Constitución de 1917.

Quizá por eso, hace seis décadas, el poeta mexicano Octavio Paz escribiría en su libro El Laberinto de la Soledad, lo siguiente: “La permanencia del programa liberal, con su división clásica de poderes —inexistentes en México—, su federalismo teórico y su ceguera ante nuestra realidad, abrió nuevamente la puerta a la mentira y la inautenticidad. No es extraño, por lo tanto, que buena parte de nuestras ideas políticas sigan siendo palabras destinadas a ocultar y oprimir nuestro verdadero ser”.

¿FEDERALISMO REAL?

Esa era la realidad nacional en los albores de la década de los cincuentas, en el siglo XX; en gran medida sigue siendo la constante ahora que estamos en vísperas de finalizar la primera década del siglo XXI. ¿Por qué?

Porque a nivel jurídico-político, nuestro federalismo tiene apenas unos años de —medio— haberse logrado en cuanto al acotamiento —también relativo— del poder presidencial; pero también porque todos los días podemos darnos cuenta de que, en diversas materias, sigue predominando el centralismo que –según- tanto hemos luchado por combatir. Nuevamente: ¿Por qué?

Más del 30 por ciento del total de la población nacional, vive en las tres o cinco ciudades más importantes de la República Mexicana. A diferencia de un federalismo como el estadounidense, en México sólo tenemos como centros económicos potenciales a tres ciudades; al norte de nuestra frontera, ese potencial no sólo se reduce a Nueva York o Washington. Tanto del lado del Océano Atlántico, como del Pacífico, tienen potencias económicas (Illinois o California, por citar dos ejemplos) Estados Unidos tiene potencias económicas que no son consecuencia más que de una distribución presupuestal más igualitaria, honesta y equitativa.

Pero no sólo eso. En México existen 32 entidades federativas, en las que abundan las desigualdades en cuanto al reparto del dinero público. Lo mismo ocurre con los 2440 municipios habientes en México: el gobierno federal —que es quien reparte la riqueza pública— sólo se encarga de “tener contentos” a los cien municipios más ricos, repartiéndoles grandes cantidades de dinero; y de hacer más o menos lo mismo con los 100 más pobres, por razones políticamente correctas de apoyo a las zonas más marginadas. Sólo que, en medio, deja en la total desatención a la gran, gran mayoría de las demarcaciones territoriales básicas.

Se puede argumentar a favor del federalismo en México, quizá como la opción más viable para atajar las concentraciones de poder que tanto daño le han hecho al país. Pero no se puede decir que ese federalismo sea exitoso cuando existen abundantes problemas de orden social que no han sido resueltos. No puede ser así, tampoco, cuando el propio federalismo mal entendido en el otro extremo, ha convertido a los gobernadores en auténticos virreyes que pueden hacer y deshacer a discreción dentro de los territorios que gobiernan, o cuando los municipios se aparecen ya como meras figuras administrativas, que no gozan de la importancia, el sustento jurídico y el potencial suficiente como para detonar el desarrollo de las demarcaciones. Situaciones similares se derivan en cuanto a la imposibilidad de generar empleos, educación de calidad, servicios suficientes y competentes de salud, o un sistema de distribución de la riqueza que causara menos estragos o desigualdades sociales.

TAREA INACABADA

Es un gran logro haber comenzado a dar los primeros pasos en cuanto al federalismo visto desde la lógica del ejercicio del poder. Debe ahora “aterrizarse” a los múltiples rubros en los que, como decía Paz, sigue predominando la inexistente división de poderes en el país, el federalismo teórico y una dolorosa ceguera –o negación- de nuestra realidad actual.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Notarías: discrecionalidad, abusos y corrupción, se quedan

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+ Las leyes cambian; encubrimientos oficiales son los mismos

Nada ha hecho mella para remediar el delirante descrédito que, por unos cuantos, envuelve a todos los que ejercen la actividad notarial en Oaxaca. A pesar de que apenas hace unos meses se dejó entrever lo que tendría que ser un escándalo de corrupción y complicidades oficiales al más alto nivel, por la presunta venta, tráfico y otorgamiento irregular de fíats notariales; y que hoy se cuestiona sin ningún rubor entre los mismos fedatarios, la subsistencia de normas legales que privilegian la discrecionalidad y los abusos en el nombramiento de nuevos notarios, nada se ha hecho para modificar la situación actual. Para explicarnos de mejor modo, es necesario ir por partes.

Los notarios son aquellos hombres y mujeres a los que el Estado dota de fe pública para dar certeza sobre la autenticidad en la celebración de actos, o sobre el acontecimiento de ciertos hechos, a los que las personas o la ley dispongan que se le deba dar el carácter de públicos. La asignación de esas patentes notariales se encuentra regulada por una norma estatal, aunque esta es una facultad materialmente discrecional del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Si ello es lo que debe entenderse en teoría, lo cierto es que la actividad notarial resulta ser no sólo lucrativa en términos de ganancias económicas, sino que, por la sola investidura de la fe pública, un notario abreva el poder para dar formalidad y legalidad a una cantidad infinita de actos y hechos. Por esa razón, son privilegiados aquellos que, cada sexenio, se hacen acreedores de una patente notarial. Es un modo de asegurar la subsistencia, pero también de tener un poder que no siempre se ejerce con honestidad y responsabilidad.

Señalamos en líneas anteriores, que el otorgamiento de los fíats se encuentra regulado por una norma denominada “Ley del Notariado de Oaxaca”. Esta ley, en apariencia, pretendió normar, transparentar y equilibrar la otrora facultad discrecional del Gobernador del Estado en cuanto al otorgamiento de estas patentes. Para ello se estableció la participación del Colegio de Notarios y del Gobierno del Estado en la aplicación de exámenes a los aspirantes a notarios, y también se determinó para éstos el cumplimiento de ciertos requisitos para acceder a los concursos mediante los cuales se entregarían las patentes.

Se pretendía, con ello, que sólo los profesionales del derecho que demostraran más probidad y mejores conocimientos sobre la actividad notarial, fueran quienes accedieran al notariado; teóricamente, ello mejoraría la actividad y eliminaría paulatinamente el desprestigio que en otros tiempos pesaba sobre quienes ejercían esa actividad, y que eran sólo considerados como “amigos del Gobernador”, y como quienes de verdad se habían ganado la calidad de fedatarios.

Todo eso, sin embargo, no se logró. Hoy es ampliamente conocida la pésima fama de no pocos fedatarios en Oaxaca. Esos pillos con licencia de fe pública, hoy tienen la completa posibilidad de emprender todo tipo de acciones legales, pero no legítimas, para beneficiar a quienes así se lo solicitan y pagan, a través de la manipulación de actos y hechos en los que su fe pública resulta ser determinante para la formalización de los mismos.

En razón de eso, no es raro que, en su mayoría, los notarios sean hoy conocidos por tener la capacidad de volver a la vida a personas fallecidas; por lograr que ausentes realicen actos jurídicos, transmisión de derechos, cesión de bienes, y demás, con todas las formalidades legales para que dichos documentos sean presentados, reconocidos y validados legalmente por y ante cualquier autoridad; por regresar el tiempo y enmendar, en un pasado que siempre tiene huecos en sus protocolos y libros de registro, actos jurídicos que nunca ocurrieron pero que, como por arte de magia, resultan realizados y validados por un fedatario público. En resumen, que venden las consecuencias de su investidura legal, independientemente de los fines, a todo aquel que tienen dinero para pagar por su complicidad y sus servicios.

LEGITIMIDAD,

POR LOS SUELOS

En diciembre, en este espacio, dimos a conocer en este espacio, que en la Procuraduría General de Justicia del Estado, se había iniciado una Averiguación Previa por la presunta venta de varios fíats notariales.

El asunto, por sí mismo, resultaba escandaloso. A diferencia de las anteriores administraciones, en las que se otorgaban alrededor de cinco patentes notariales por sexenio, en la actual se han repartido más de treinta, en su mayoría a personajes ampliamente ligados con el grupo gobernante. Todas las fíats, además, se entregaron sin que se hiciera público ningún tipo de proceso de selección, concurso, o detalles sobre los resultados de los exámenes teóricos y prácticos que, según la ley, debieron haberse realizado, y que necesariamente debieron aprobar todos aquellos nuevos notarios.

Por si eso fuera poco, en más de una decena de casos, las patentes notariales se habrían no otorgado, sino comercializado. Fuentes que en aquellos momentos tenían fuertes vínculos con dicho proceso irregular, aseguraron a este espacio que los fíats habrían sido vendidos, cuando menos, en unos tres millones de pesos cada uno, a través de un complejo entramado de complicidades entre particulares y servidores públicos de primer nivel, que ya fueron cesados de sus funciones.

A pesar de lo evidente de estas irregularidades, y que desde el mismo Gobierno del Estado se emprendió una investigación, es nada lo que se ha hecho para terminar con tanta discrecionalidad y corrupción que envuelve a los notarios. Lejos de preocuparse por esos aspectos, la administración estatal envió una iniciativa de reforma ¡para disminuir la edad mínima requerida para aspirar a obtener un fíat notarial!

TODOS CÓMPLICES

Nadie se preocupó —desde el poder y desde el gremio notarial—, por terminar con ese aberrante negocio que existe en el otorgamiento y actividad relacionada con la fe pública. Nadie se interesó en el asunto, por la obvia razón de que a nadie le gustaría terminar con esa mina de oro. Por eso, tanto la indagación ministerial a que hacemos referencia, como las reformas que terminarían con la discrecionalidad absoluta en que hoy se da el nombramiento de nuevos notarios, parecen ser temas irrelevantes para el sector público y para los fedatarios.

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Propuestas de campaña: “lo que electores quieren escuchar”

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+ Populismo: concepto tergiversado pero aprovechado por todos

Hoy, parecen sinónimos los conceptos de populismo y demagogia. En uno y otro, creemos poder englobar todo lo que los líderes políticos, candidatos, gobernantes o legisladores, hacen o prometen para mantener en paz al pueblo, aunque esas acciones sean engañosas, insuficientes o sólo eficaces en el corto plazo. Aunque es común saber y entender que esas son prácticas nocivas para cualquier democracia, nadie parece tener voluntad para desterrarlas de nuestro sistema político y de gobierno, y de cada uno de los procesos electorales —municipales, estatales o federales— que ocurren en nuestro país.

Aunque parezca un asunto meramente teórico, tendríamos que comenzar por comprender qué entrañan los principales conceptos que se engarzan con la democracia y con el ejercicio del poder, y particularmente con su antítesis, que se enmarca en la demagogia. Así, comúnmente entendemos que la democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales, y en la que todos deciden someterse a ciertas reglas bajo las cuales lograrán tener un gobierno estable y legitimado, que decisiones en beneficio de la mayoría.

¿Y qué es la demagogia? Sin entrar en conceptos académicos, se entiende que la demagogia es la práctica opuesta a la democracia. Es decir, que es aquella en la que se apela no a las necesidades reales de los gobernados y ciudadanos, sino simplemente a las emociones o a los elementos discursivos en los que, aún cuando los argumentos sean imposibles de llevar a la realidad, se establece exactamente lo que el pueblo desea escuchar.

Así, ejemplos de demagogia abundan en nuestro país y, por qué no reconocerlo, también en Oaxaca. El problema es que, a sabiendas de que la demagogia existe y se hace presente prácticamente en todos los procesos políticos y electorales, nadie ha podido —ni ha querido— poner fin a su práctica indiscriminada. Hoy, aunque parezca increíble, los oaxaqueños somos nuevamente testigos de ello.

¿No es demagogia cuando, por ejemplo, se asegura desde una de las fuerzas políticas que contienden por la gubernatura, que el hartazgo es un motor de cambio, y que este cambio habrá de ser sinónimo de bienestar? ¿No es demagógico llevar deliberadamente al elector a la confusión, cuando se le asegura que con la sola alternancia de partidos en el gobierno se logrará la transición democrática?

En la contraparte: ¿No es sinónimo de una demagogia perfectamente definida, el asegurar que con la sola construcción de caminos y ciertas obras civiles de relumbrón, cambiará la situación de pobreza y marginación en la que viven cientos de miles de oaxaqueños? ¿No es parte esencial de esa apelación a las emociones, el pretender construir una candidatura y una opción válida de gobierno a través de la sola acción de la publicidad y el impacto mediático?

Más bien, todo eso resulta ser parte de una perversa misión, en la que unos pretenden engañarse solos, pero también en la que ciertos sectores del electorado permiten que se les mienta deliberadamente, y otros —la mayoría— terminan yéndose con la finta de ciertas ideas y discursos que terminan siendo engañosos.

¿TAMBIÉN EL POPULISMO?

Aunque parezca mentira, esencialmente el populismo no es lo que hoy creemos. Formalmente, este es un término que engloba una corriente de pensamiento político, en la cual se pretende que el poder público sea ejercido con más apego a las causas del pueblo y, evidentemente, con menos apego a las corrientes elitistas (ya fueren económicas o políticas) que predominan en las sociedades, en los grupos de adinerados o en los grupos de poder.

Así, un ejemplo perfecto de lo que es fundamentalmente el populismo en su sentido social auténtico —sin las cargas negativas que hoy caracterizan al término—, podemos encontrarlo en las normas de protección a los trabajadores, o en el agrarismo en su sentido original, que contenía la Constitución federal mexicana de 1917. El populismo, en el trance de la historia contemporánea, vino además a colocarse como una de las corrientes alternativas al choque habido entre socialismo y capitalismo, a lo largo de buena parte de la segunda mitad del siglo XX.

Sin embargo, hoy el populismo es no sólo un sinónimo de la demagogia que hemos definido líneas arriba, sino también un riesgo para el gobierno y para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el sentido actual del populismo, es el que apunta a que un gobernante, o un aspirante a serlo, para ganar legitimidad o simpatías electorales, comience a tomar medidas o a plantear promesas que son bien recibidas por la población, pero que sólo generan beneficios en el corto plazo, o que incluso son contrarias a los requerimientos básicos de cualquier democracia.

Parece evidente que aún cuando pudiéramos sentirnos ajenos a esto, los oaxaqueños estamos más próximos de lo que parece, de caer en las engañosas manos de la demagogia y del populismo en su aspecto negativo. Hoy, los tiempos electorales no deben llevarnos a suponer que, en efecto, el estado de cosas puede cambiar con el solo resultado de una elección; tampoco deben confundirnos con el hecho de que un candidato, o una fuerza política, puede tener todas las soluciones a unos problemas sociales o políticos que son ancestrales. Sólo quien sea de verdad ingenuo, o quien gusta de engañarse solo, puede creer que un solo individuo puede tener todas las respuestas.

Cualquier cambio democrático en Oaxaca habrá de depender no de la victoria de una sola persona, sino de la voluntad política que tengan las fuerzas que lo rodean, para comenzar a modificar el estado de cosas. ¿Cómo logrará la transición quien hoy la promete, si no obtiene una mayoría legislativa en la próxima legislatura local? ¿Cómo habrá transformación si no se logra el llamado “carro completo”? Cualquier prueba de democratización ocurrirá sólo cuando alguien tenga ya el poder en sus manos, y se anime —este sí— a transformarlo. Lo que dicen hasta ahora, son sólo pruebas de demagogia, populismo, y falacias.

INEPTITUD

Ayer, por enésima ocasión la UABJO fue cerrada por uno más de sus sindicatos. ¿Sus demandas? Asignación de terrenos para viviendas, vehículos, un bono y ser integrados al programa de calidad y eficiencia. Es decir, nada que no se resolviera a través del diálogo. Pero a Rafael Torres Valdez, de nuevo le estalló la huelga.

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Campañas: Civilidad se pierde; hostilidad, real y fabricada

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+ El enrarecimiento destruye; nadie ganará a través de pugnas

Hasta hace no mucho tiempo, era común que en las elecciones internas de los partidos políticos, y en los procesos electorales formales, los participantes firmaran acuerdos llamados “pactos de civilidad” en los que se comprometían a no recurrir a estrategias y declaraciones indebidas, ofensivas o que alimentaran la confrontación o el encono frente sus adversarios y las fuerzas políticas participantes. Como bien se debe recordar, dichos acuerdos nunca se cumplían, y seguramente por eso dejaron de proponerse y firmarse. Así, hoy en la entidad, y según los hechos, podemos esperar cualquier cosa, menos civilidad en el proceso electoral.

En Oaxaca, particularmente, este problema tiene diversos frentes. Porque si inicialmente pudiera suponerse que los ataques, la polarización y el enrarecimiento dentro del proceso electoral, tendrían que ser necesariamente obra del gobierno, o del partido gobernante que desea golpear a sus adversarios para no perder el poder, aquí en la entidad parece claro que el ánimo de enturbiar el proceso electoral pudiera venir de cualquiera de los frentes.

Así, en un primer momento, la civilidad parece estarse perdiendo en la batalla frente a frente de los candidatos, y sus equipos de campaña. Aunque hace apenas unas semanas, en todos los frentes hubieron promesas de emprender trabajo proselitista de propuestas, y sin voltear a mirar a los adversarios, hoy los hechos apuntan a que no pasará mucho tiempo antes de que se desborden las pasiones y comiencen las ofensas, los cuestionamientos sobre el pasado, los antecedentes o las relaciones personales de cada uno de los adversarios, y las acusaciones directas entre ellos.

En este sentido, no parece extraño que sea por ese ánimo de confrontación —que los mismos candidatos propician para darle “sabor”, y para “prender” los tiempos electorales— se haya inaugurado desde el mismo día en que arrancaron las labores proselitistas. En uno de los frentes, se atizó al lanzar propuestas de debates e invitaciones a someterse al detector de mentiras, cuando de antemano se entiende que ese tipo de cuestiones son políticamente irrealizables para sus adversarios. En el otro frente, sin embargo, respondieron con poca diplomacia, argumentando que sí debaten pero no con incongruentes.

Paulatinamente, los choques han ido subiendo de tono. En todos los frentes, unos y otros designaron a sus respectivos voceros para realizar las tareas de confrontación directa. Pero lo cierto, en todo eso, es que ninguno de los argumentos hasta ahora vertidos, ha sido verdaderamente útil a la sociedad, para reflexionar de modo distinto el sentido de su voto, para abundar en la información disponible sobre las campañas, o para reforzar las razones por las que los abanderados o sus fuerzas políticas, hacen ese tipo de proselitismo electoral.

¿De qué sirve al ciudadano, más allá de las fobias entre grupos políticos, que el candidato a gobernador de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, aclare hoy su relación con el ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano? ¿O, en esa misma lógica, de qué sirve que hoy se abone por “terminar por el continuismo”, cuando las fuerzas de oposición han sido tolerantes, durante años, de todos los rezagos, corrupción y prácticas antidemocráticas que ahora denuncian?

HOSTILIDAD FABRICADA

Sin embargo, más allá de los choques comunes entre candidatos y fuerzas políticas, hay aspectos que deberían ser preocupantes. En las últimas semanas ha ocurrido una escalada feroz de hechos, que ha intentado enturbiar el ambiente político y atemorizar a todos los que participan. Si esta es una estrategia emprendida desde el oficialismo para horrorizar a sus adversarios, es una pésima estrategia. Y si es un intento de autoflagelación por parte de las fuerzas de oposición, el asunto es todavía peor.

¿De qué hablamos? De que casi a diario desde que inició el proceso electoral, se han denunciado docenas de agresiones en contra de grupos de personas que de algún modo se encuentran ligadas a las fuerzas de oposición, amenazas o acciones concretas. Si, la violencia o los intentos de intimidación son condenables por sí mismos, éstos se vuelven mucho peores cuando lastiman a cambio de conseguir objetivos y consecuencias de muy poca claridad.

En este sentido, debía ponerse mucha más atención a lo que está ocurriendo del lado de las fuerzas opositoras. En nada se beneficia al electorado de Oaxaca —no al Revolucionario Institucional o cualquiera de las fuerzas de oposición— cuando se emprenden o se maquinan acciones de atemorización, o cuando se infunde miedo para tratar de influir en la contienda o en el resultado de un proceso electoral.

Veamos el caso de Copala. Independientemente de lo ocurrido, desde el oficialismo se acusó que la caravana se había organizado como un intento de provocación por parte de las fuerzas de oposición, para lograr el resultado habido y utilizarlo como una bandera de orden político. Frente a ellos, en la oposición, se acusó responsabilidad total del gobierno estatal y se dijo que esa era una muestra del terror sembrado por el PRI.

En este sentido, uno podría preguntarse si en medio de esa feroz disputa entre fuerzas políticas, y entre intereses políticos que habrán de dirimirse en las urnas, alguien reparó en que los muertos y los heridos son personas, y en que esa emboscada rebasa por muro el ámbito de lo estrictamente electoral. Hoy, para el prisma electoral, ese hecho tuvo claras implicaciones electorales de las que, finalmente, nadie puede hoy determinar quién salió ganancioso y quién no. Evidentemente, la respuesta es nadie.

Nadie podrá ganar, a través de la violencia o la intimidación, lo que no pueda hacer a través del trabajo electoral de convencimiento y movilización de los electores. Es, por lo menos, riesgoso, bajo, y poco inteligente, que cualquiera de las fuerzas políticas pueda suponer que, ante la imposibilidad de alcanzar a sus adversarios, a través del enrarecimiento del proceso electoral, pueda ganar algo.

CIUDAD JUDICIAL

Esta tarde ocurrirá la inauguración de Ciudad Judicial. Es un segundo complejo administrativo, construido bajo los mismos esquemas técnicos y de financiamiento que Ciudad Administrativa. Tendríamos que preguntarnos no cuánto costó al erario, sino cuánto y cómo se pagará en los 15 ó 20 años siguientes.

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Cajas de ahorro: el Congreso aun no ha hecho lo suficiente

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+ Defraudados, pronto será un asunto electoral contra el PRI

 

Irremediablemente, el problema de los defraudados por cajas de ahorro populares en Oaxaca, continuará creciendo sin control, para pronto dejar de ser un problema económico y de leyes, para convertirse en un asunto estrictamente político, y altamente susceptible de manipulación electoral, que necesariamente afectará los intereses del Partido Revolucionario Institucional. En ello, habrá de combinarse la incapacidad del Congreso del Estado para manejar la problemática, con la poca atención que hasta ahora se ha puesto al asunto para comenzar a darle una solución de fondo.

Necesariamente, cualquier solución a este problema tendrá que pasar por aspectos no sólo de concertación política o de procuración de justicia, sino fundamentalmente, también por la revisión integral de ciertas normas aplicables, y por la posibilidad de desincorporarle todas las connotaciones políticas y electorales que algunos grupos hoy pretenden darle a este lío que crece como bola de nieve. Si esto no avanza, al menos parcialmente en el corto plazo, pronto las consecuencias serán fatales para quienes hoy profesan desatención al tema.

¿Por qué el asunto no sólo tiene que ver con la capacidad de negociación política o con la procuración de justicia? Porque, sin duda, está plenamente corroborado que la sola desactivación de las manifestaciones de inconformidad, que recurrentemente vienen a realizar a la capital oaxaqueña las decenas de organizaciones de ahorradores defraudados que se han creado, a causa del similar número de cajas de ahorro que han cerrado sus puertas dejando en el desamparo a sus usuarios. Esta, a la luz de los hechos, ha sido sólo una medida cortoplacista que en nada ha remediado las inconformidades de fondo de los manifestantes.

En este sentido, es también evidente que el asunto tampoco se resuelve con la sola acción de la Procuraduría de Justicia. Si bien es cierto que dicha instancia ha tenido desatenciones gravísimas en cuanto a la integración y consignación de los expedientes de quienes cometieron los fraudes, y ha hecho nada para aprehender a los responsables cuando está en plena capacidad de hacerlo —y todo eso conlleva también fuertes implicaciones, intereses, complicidades y hasta protección que se profesa desde el poder a los defraudadores que libremente se sustraen de la acción de la justicia—, también es claro que es poco o nada lo que se logra cuando, en casos excepcionales, sí se logra detener y presentar ante la justicia a los presuntos vivales.

Tal y como lo señalaba a TIEMPO en la edición de ayer el jurista y presidente del Colegio de Abogados de Oaxaca, Luis Manuel Rueda Alcalá, la norma penal no prevé ni la sanción corporal ni la multa ni las garantías cautelares suficientes, como para lograr que éstos restituyan en sus capitales, daños y perjuicios, a todos aquellos a quienes quebrantaron con sus acciones fraudulentas.

En este sentido, tenemos que dejar de lado aquellas consideraciones decimonónicas que sostienen que con el solo encarcelamiento de los responsables, todo se resuelve. En realidad, una solución de esa naturaleza si bien permite que la acción de la justicia avance, también continúa dejando en el completo olvido a las víctimas, que son las verdaderamente importantes en este y cualquier otro asunto en el que ocurren perjuicios patrimoniales, personales o en los derechos fundamentales.

Así, ¿por qué ello no resuelve el tema de fondo? Porque como lo decía el mismo abogado Rueda Alcalá, y como ocurre todos los días, los dueños de las cajas de ahorro defraudadoras, pueden incluso a ser presentados ante la justicia y asegurar, sin ambages, que sirven más libres que en prisión, y que si ese es el costo para no devolver los montos, que entonces prefieren pasar un tiempo en prisión (12 años como máximo, según el Código Penal estatal). Evidentemente, la prisión hace justicia pero no restituye a nadie en lo perdido. Por eso, una solución integral necesariamente debe tener mucho más de fondo que este primer planteamiento.

 

REVISIÓN INTEGRAL

Si verdaderamente hubiera preocupación sobre este asunto, los diputados de la LX Legislatura del Congreso del Estado, ya habrían acelerado la revisión integral de las normas penales aplicables, la aprobación de la norma reguladora de las cajas de ahorro popular, y la atención real tanto a las cajas de ahorro que aún subsisten como, sobre todo, a los grupos de defraudados que hoy son blanco fácil de quienes buscan líos diversos para manipularlos y convertirlos en “conflictos sociales”.

En el aspecto estrictamente legal, es nada lo que efectivamente ha ocurrido. El año pasado se creó una comisión legislativa para atender el asunto de las cajas de ahorro. Hasta ahora, dicha instancia no ha entregado resultados concretos de su gestión, y la mayor parte de su tiempo y atención se ha ido en escuchar a las partes en conflicto, pero sin poder proveer soluciones concretas.

Mucho de ese desgano, tiene que ver con la falta de un liderazgo e interés real por parte de las instancias políticas de decisión en el Congreso y en el Gobierno del Estado. Pero también por el hecho de que los diputados locales sienten ya que cualquier cosa que hagan ahora será insuficiente ante los poco menos de cuatro meses que le restan a la actual Legislatura local. Así, en el ámbito de lo formal, ellos habrán de heredar este asunto a los próximos diputados.

¿Y esto por qué es grave? Porque es ingenuo quien considere que este asunto se mantendrá apaciguado en el tiempo que media entre hoy y el próximo 4 de julio. Así, mientras desde el oficialismo le dan largas, y evaden cualquier posible solución a este asunto, algunos grupos de la oposición preparan las inconformidades que en cualquier momento podrían comenzar a ocurrir por parte de los defraudados.

¿QUÉ ALEGARÁN?

Que el gobierno no ha pagado a los defraudados; y que tampoco ha hecho justicia ni tomado providencias para aprehender a los responsables. Estos dos últimos aspectos sí son responsabilidad del sector público; el relativo al pago, es en realidad consecuencia de la excesiva permisividad, habida en la idea de que es con dinero público como se debe remediar el asunto. Este, en su momento, explotará como un asunto de fines electorales. ¿Apuestan?

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Eviel: eliminación de tenencia, sujeta a herencia de gasto

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+ Propuestas: no sólo lo que elector desea; que haya seriedad

En una reunión con mujeres, ocurrida hace dos días, el candidato a Gobernador por la Coalición por la Transformación de Oaxaca (PRI-PVEM), Eviel Pérez Magaña, se comprometió a eliminar el gravamen de la tenencia vehicular, una vez iniciado su gobierno. Dijo que con una revisión integral al gasto público, y un plan de austeridad y ahorro, lograrán solventar el faltante que deje la eliminación de ese impuesto que, ciertamente, es uno de los más rechazados por los contribuyentes. Más allá de lo atractivo de la propuesta y del momento político en que ésta se hace, es necesario ver este asunto lejos de las euforias y las falsas expectativas, que sólo generan confusión y desencanto.

El Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, es un gravamen que, como comúnmente se sabe, impuso la autoridad fiscal federal transitoriamente a los mexicanos, para cubrir los gastos extraordinarios que se generarían a partir de la organización de los Juegos Olímpicos, en 1968.

Sólo que una vez concluido el plazo y la finalidad para que éste impuesto fue proyectado, el fisco federal decidió continuar su aplicación con el objeto de mantener los niveles de recaudación. No fue sino hasta hace más o menos una década, cuando se atizó la discusión sobre la urgencia de abrogar dicha ley, para eliminar un impuesto que genera los más altos índices de rechazo por parte de la población. Así fue como, en unas cuantas líneas, se puede explicar y entender por qué la promesa de la eliminación de la tenencia se volvió políticamente rentable desde hace algunos años.

En 2006, el entonces candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, tomó esa como una de sus tantas banderas de campaña. Dijo que una vez iniciado su gobierno, realizaría las gestiones correspondientes con las fuerzas políticas para eliminar la tenencia. Y lo hizo. Sólo que a medias.

Esto porque si hoy buscamos el fundamento legal de ese impuesto federal que aún es aplicable, podremos constatar que un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, estableció que dicha norma quedará sin efectos a partir del 1 de enero de 2012. En el mismo decreto se estableció la derogación del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y las Entidades Federativas, con lo cual se también estableció que a partir de 2012 las arcas federales dejarán de cobrar ese impuesto.

¿Qué debemos entender de todo esto? Que será dentro de dos años cuando la tenencia deje de ser un impuesto federal, pero que esto no significa que por ese solo hecho se decrete su desaparición. Más bien, el presidente Felipe Calderón transmitió a las entidades federativas la responsabilidad —y el costo económico y político— de las decisiones futuras sobre ese gravamen.

¿Por qué? Porque todo el dinero que hoy se recauda por concepto de tenencia de vehículos, tiene el carácter de federal, pero es directamente transferido al gasto de la entidad federativa donde se cobró. Por eso, son las Secretarías de Finanzas estatales, y no el Servicio de Administración Tributaria, las que recaudan los fondos de ese gravamen. Y por esa misma razón, y otras que apuntaremos más adelante, no parece tan sencilla su simple eliminación por el faltante de dinero tan importante que ocurriría, independientemente de que, al decidir sostener la aplicación del impuesto por tenencia de vehículos, los gobiernos de las entidades federativas sean quienes paguen las consecuencias políticas frente a sus electores.

GASTO COMPROMETIDO

El año pasado, cuando algunos candidatos a la gubernatura de Nuevo León plantearon propuestas similares, el electorado las recibió bien e, incluso, ello reportó incrementos en la popularidad de los abanderados. Particularmente, el candidato priista, Rodrigo Medina, señalaba insistentemente que esa sería una de sus disposiciones, una vez que arribara al gobierno. Amarga fue la sorpresa para él, cuando reparó en que su antecesor había comprometido la recaudación futura del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos —hasta alrededor del año 2020—, a cambio de obtener préstamos que le permitieran concretar sus proyectos de gobierno.

Hasta hoy, no ha quedado muy claro todo lo que el Gobierno del Estado ha hecho en relación a sus compromisos de pago. Es hasta ahora incierto todo lo que se ha comprometido a cambio de recursos frescos, en aspectos como la bursatilización del gasto público y la contratación de créditos que, aunque no tienen formalmente el carácter de deuda pública, sí habrán de ser pagados en el mediano plazo por las arcas estatales, independientemente del partido o el grupo político que gobierne la entidad.

Por eso, todo aquel candidato a la gubernatura que lance promesas de ese tipo, tendrá primero que revisar si los esquemas fiscales actuales soportan y permiten la eliminación de ese gravamen, y qué medidas alternativas se pueden tomar para cumplir con lo prometido. Es evidente que si una promesa de ese tipo termina hoy en un cumplimiento tan lejano como el del gobierno del presidente Felipe Calderón, la desilusión será mayor y el costo político alto para quienes prometieron y no cumplieron.

En el ámbito federal se esperaba que la eliminación de la tenencia fuera más próxima. En realidad, el gobierno de la República hizo poco para concretar su promesa, porque la eliminación de la tenencia golpeará directamente a las arcas estatales, porque son las que directamente reciben los ingresos y los distribuyen para su uso.

Así, se puede decir que a las arcas de la Federación de todos modos no le afecta la eliminación del impuesto, y por tanto, tampoco habrá de verse en la necesidad de buscar medidas alternativas de ahorro, eficiencia en el gasto, y austeridad. Todo se quedará en los gobiernos estatales. Y ahí es donde se verá si realmente tienen la capacidad de generar captación alternativa de impuestos, o si se atoran por ese faltante que es nada despreciable en el gasto.

NO OLVIDAR

Sería ideal que promesas de campaña como esa, que son las que desea escuchar el elector, tengan la posibilidad de ser abundadas y justificadas, no en ofrecimientos sacados de la manga ni esperanzas, sino en datos y cifras reales y serias sobre su viabilidad y posibilidad de cumplimiento, en el corto o mediano plazo. Este es un tema que, en el futuro, nadie debía olvidar.

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Tendencia antiinmigrante: Pasado racista vuelve a EU

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

El pasado 23 de abril, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley antiinmigrante más dura emitida hasta ahora en Estados Unidos, la cual convierte en delito el ser inmigrante indocumentado y autoriza a la policía a detener, solicitar documentos de identificación e incluso arrestar a quien pudiera parecer sospechoso de ser un “espalda mojada” proveniente de cualquier parte del mundo.

Dicha ley, que entrará en vigor a mediados del mes de julio próximo, convierte a Arizona en la primera entidad estadunidense en adoptar reglamentos federales de inmigración y en acrecentar sus implicaciones al criminalizar otros aspectos relacionados con extranjeros indocumentados, tales como la sanción a los ciudadanos norteamericanos que empleen, alojen o presten ayuda a quienes no cuentan, en esa entidad, con una situación migratoria regular.

Esto desató una importante ola de protestas dentro y fuera de los Estados Unidos. Desde el día en que la Gobernadora de Arizona firmó y promulgó formalmente la ley mencionada, cientos de ciudadanos norteamericanos de origen extranjero se manifestaron en diversos puntos de la Unión Americana, por lo que consideraron es una ley discriminante que atenta contra los derechos fundamentales de quienes ahora serán considerados como delincuentes, por el solo hecho de haber cruzado la frontera ilegalmente.

Ahí mismo, en Estados Unidos, el presidente Barack Obama consideró a la ley antiinmigrantes aprobada en Arizona como intolerante y equivocada, pues a juicio de su gobierno y del Partido Demócrata, deben establecerse mecanismos eficaces no para criminalizar a los indocumentados, sino más bien para regularizar su estancia y que éstos sirvan de mejor manera a la economía y el desarrollo de aquel país. Junto con su pronunciamiento y la definición de su postura al respecto, anunció que el gobierno federal estadounidense presentaría un recurso legal ante la Corte Suprema de Justicia, para controvertir y atacar esa norma estatal de Arizona.

Fuera de Estados Unidos, las reacciones fueron también importantes. Arizona es uno de los estados de la Unión Americana que, junto con Texas, Nuevo México y California, comparte frontera con México; esa línea divisoria de más de mil 200 kilómetros lineales, es la más extensa que comparten dos países no sólo en nuestro continente, sino en el mundo. Aquí, tanto el gobierno federal como el Poder Legislativo de la Unión, se pronunciaron en contra de la decisión tomada en Arizona y llamaron a los mexicanos a evitar acudir a aquel estado, a invertir en él, y, en general, a realizar un boicot comercial y turístico, en protesta por la aprobación de la ley en comento.

Sin embargo, más allá de los hechos, quedan muchas preguntas en el aire. ¿Es esta ley una acción aislada en contra de los inmigrantes indocumentados? ¿Es parte del cumplimiento de una política conservadora de los estadounidenses? ¿Tiene esto que ver con un tema que en realidad se explica en su preocupación por la seguridad nacional? ¿Es una reedición del racismo, del proteccionismo económico, o incluso una vuelta al mercantilismo e imperialismo que caracterizaron a aquella nación todavía en el pasado reciente? ¿O es esto parte de una decisión que pretende imponer condiciones más complejas al migrante para que éste sostenga su fuerza de trabajo a menores precios? Tal parece que la respuesta general a esta cuestión, no se encuentra en una sola de las vertientes. Y aunque hay temas como la seguridad nacional, que preocupan a los estadounidenses, lo cierto es que todo debemos seguirlo también a través de la ruta de la economía y el dinero.

REEDICIÓN DEL RACISMO

Estados Unidos, como cualquier nación, no podría explicarse sin su pasado. Y una parte fundamental de éste, tiene que ver con la visión racista que todavía prevalece en ciertos sectores del país. A pesar de que la estadounidense es una sociedad fundamentalmente compuesta por procesos migratorios, en aquella nación prevalecieron políticas como la del esclavismo, y lo que ahora se conoce como apartheid (es decir, la práctica a través de la cual se establecen sitios exclusivos para los blancos, o vedados para las personas de color), la primera hasta bien entrado el siglo XIX, y la segunda hasta apenas hace unas cuantas décadas.

El racismo tiene diversas explicaciones sociales, económicas y en algunos aspectos hasta religiosas. Históricamente, se creyó que la superioridad de la raza blanca se explicaba en la eficacia que éstos tuvieron para colonizar tanto a los nativos americanos como a los africanos. Decían que aún cuando éstos últimos tenían la capacidad de ser físicamente superiores, no contaban con las habilidades intelectuales suficientes como para ser similares a los seres de piel blanca.

Incluso, varios autores han postulado a la religión, más concretamente las iglesias protestantes, como protagonistas de un progreso muy superior a las demás, debido a su postura favorable al enriquecimiento, muestra de lo que la persona será en la otra vida. Así los países colonizados por Países Bajos o Alemania serían naciones desarrolladas y los colonizados por Francia o Bélgica serían países subdesarrollados.

Sin embargo, el racismo nunca alcanzó a ser una explicación suficiente para apuntalar la versión de que el color de la piel, la procedencia o las características físicas hacen a una persona superior a la otra. En realidad, las circunstancias de colonización y de éxito de unas sociedades sobre otras, y su posterior superación o fracaso económico, con los adelantos tecnológicos, con las armas, con el belicismo, y con los conocimientos que hasta entonces se habían adquirido. Pero no estrictamente con las razas.

Sin embargo, el racismo fue una característica estadounidense. Hace apenas unas décadas, los afroamericanos lograron su reconocimiento pleno como personas iguales a los blancos, y se les dejó de separar abiertamente de los blancos, eliminando muchas de las barreras de discriminación que hasta entonces existían. Sin embargo, este proceso ha sido mucho más lento en relación a los latinos, los asiáticos, o todos aquellos que no comparten características físicas con los estadounidenses promedio.

Así, en un primer momento podría suponerse que el origen de la norma que criminaliza a los indocumentados tiene que ver con ese talante discriminatorio y racista que afecta a los estadounidenses blancos. Sólo que, ante otras circunstancias que detallaremos más adelante, podremos corroborar que hay mucho más que intolerancia étnica en la aprobación de dicha norma.

¿UN ASUNTO RELACIONADO

CON LA SEGURIDAD NACIONAL?

En Arizona, los defensores de aquella norma aseguraron que ésta buscaba proteger no sólo al empleo y la economía local, sino también contribuir con los asuntos de seguridad nacional que, ahora, están afectando recurrentemente a los estadounidenses. Los defensores de las políticas republicanas de repudio a los migrantes y a la legalización de los mismos, aseguran que el relajamiento de las normas federales migratorias, están propiciando huecos a través de los cuales se están colando diversos riesgos tanto para la seguridad nacional, como para otros aspectos tales como la inseguridad o el crimen organizado. Sólo que algunas cifras simplemente no cuadran con sus cálculos ni con las justificaciones que ellos dan para sostener sus argumentos en contra de los migrantes, particularmente los indocumentados, y para decir que el incremento de éstos no sólo afecta la economía sino también alimenta a tendencias como la del terrorismo.

En este sentido, el periodista Andrés Oppenheimer daba algunas cifras sólidas al respecto, en un artículo publicado en el Diario Reforma el pasado 7 de mayo. En él señalaba que “hay muchos terroristas nacidos en Estados Unidos. Sólo basta recordar el atentado de 1995 contra un edificio federal de Oklahoma City por Timothy McVeigh, que dejó un saldo de 168 muertos y más de 500 heridos, o el caso del ‘Unabomber’ Ted John Kaczynski, quien llevó adelante una campaña de letales ‘cartas-bomba’ en las décadas de 1980 y 1990. Incluso entre los terroristas islámicos y los simpatizantes de la jihad hay muchos nacidos en Estados Unidos.

“Tal vez recuerden a José Padilla, un joven nativo de Nueva York que fue declarado culpable de intentar detonar una ‘bomba sucia’, o de los ‘Seis de Lackawanna’, de Buffalo, Nueva York, en su mayoría estadounidenses de familias yemenitas arrestados en el 2002 y luego declarados culpables de estar vinculados a Al-Qaeda. O la mayoría de los cinco hombres de Liberty City, Miami, acusados el año pasado por planear atentados terroristas con Al-Qaeda, o de ‘Jihad Jane’, la rubia de ojos azules de Pennsylvania que fue recientemente acusada de intentar reclutar militantes para la jihad por internet.”

¿Qué significa todo esto? Que la migración, o el relajamiento en los controles habidos por el gobierno estadounidenses, no son directamente responsables, o con posibilidades sólidas de ser relacionados con el terrorismo. Incluso, en otra parte de su texto, Oppenheimer refiere datos del diario LA Times, en el que se establece que el crecimiento de la migración latina a Arizona es directamente proporcional a la disminución de sus problemas relacionados con la delincuencia.

DEBATE DE CLAROSCUROS

Aunque la de apoyar las políticas antiinmigrantes estadounidenses parece una postura francamente indefendible, es claro que esto deja ver dos cuestiones: por un lado, que la sociedad norteamericana está transitando nuevamente hacia el conservadurismo, a través del cual busca proteger su economía y sus intereses, sin importar el precio que otros tengan que pagar por ello. No parece raro que otros estados gobernados por el Partido Republicano vean no sólo bien, sino hasta con recelo y envidia, el hecho de que Arizona ya hubiera podido concretar su ley antiinmigrante.

Sin embargo, en el otro polo, esto también habrá de acelerar la discusión sobre una reforma migratoria que dé más apertura, y no que cierre las puertas a los inmigrantes indocumentados. El presidente Obama ha dicho que ese tema será discutido el próximo año en el ámbito federal. Esto daría la pauta para presionar en la posibilidad de que ese debate se emprenda antes del 2011.

Ley antiinmigrante: los colonizadores se sienten colonizados

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+ Autocrítica: nada ha hecho México por sus propios migrantes

Hace quince días, la gobernadora del estado norteamericano de Arizona, Jan Brewer, promulgó una ley estatal que criminaliza la sola presencia de personas extranjeras que no cuenten con documentos migratorios en regla. Esto desató una importante secuencia de protestas e inconformidades dentro de Estados Unidos, tanto por los simpatizantes del Partido Demócrata, como por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esas protestas tienen que ver no sólo con el racismo o la discriminación que ahora se oficializa en contra de los indocumentados. Bien a bien, parece ser que no se alcanza a comprender por qué ahora se busca perseguir a quienes han dado mano de obra y desarrollo a la Unión Americana.

Esta discusión, en realidad, ha transitado por todos los polos. En un primer momento, existen importantes grupos dentro mismo de Estados Unidos, que consideran, con razón, que medidas como ésta transgreden gravemente los derechos fundamentales de los inmigrantes, y que reeditan viejas prácticas como la del racismo y la discriminación, que tanto han luchado por erradicarse.

En ese sentido, es innegable que el autorizar a la fuerza pública a que requise y detenga a cualquier persona por su solo color de piel, o sus características físicas, constituye una grave regresión en materia de derechos humanos a todos los niveles, pues tal disposición equivale a negar las declaraciones de derechos civiles existentes en el marco constitucional estadounidense, así como las garantías mínimas que contempla la legislación continental e internacional de la que Estados Unidos es parte, y que por tanto es para ellos de observancia obligatoria.

¿De qué hablamos? De que, en ese sentido, declaraciones como el Pacto de San José, en su artículo 1, establece que “los Estados Partes en esta Convención [es decir, todos los que ratificaron dicho instrumento internacional] se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

Así como ese, existen otros instrumentos internacionales que establecen expresamente la imposibilidad de castigar o perseguir a alguien por cualquier característica inherente a su persona, tal como el color de piel o la procedencia. De ahí que, una de las medidas tomadas por el gobierno federal estadounidense ante la promulgación de dicha ley por la gobernadora Brewer, fue la de presentar una controversia ante la Corte Suprema de Justicia, para tratar de invalidar la norma por las vías legales conducentes.

Sin embargo, tal parece que más allá del racismo, esta es una medida que comienzan a tomar diversos sectores de Estados Unidos para frenar un proceso gradual de reconquista. Arizona era originalmente territorio mexicano, y sólo dejó de serlo formalmente luego de la guerra de 1847. Los colonizadores estadounidenses se quedaron con grandes porciones de tierra que ellos poblaron y desarrollaron. Sólo que en las últimas décadas, ha habido un acelerado proceso de reconquista silenciosa y pacífica por parte de los conquistados.

La de inmigrantes mexicanos, está muy cerca de convertirse en la primera minoría en la Unión Americana. Y los cuatro estados que hoy comparten frontera con México, y que antes fueron parte de nuestro país (es decir, Texas, Nuevo México, Arizona y California) son hoy gobernados por republicanos. Y tanto texanos como californianos y los de Nuevo México, se relamen los bigotes de envidia con Arizona, porque éste ya pudo tomar medidas importantes para frenar este proceso de invasión y recolonización, por parte de los mexicanos.

AUTOCRÍTICA, AUSENTE

Aún cuando este tema afecta a millones de nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana, es evidente que en México también tenemos un problema grave con la migración. Por nuestro territorio transitan cada año cientos de miles de transmigrantes centroamericanos que no buscan quedarse en el país, sino que intentan llegar a los Estados Unidos. Si los mexicanos vemos con malos ojos a los estadounidenses que a través de su patrulla fronteriza persiguen y cazan a nuestros connacionales, los centro y sudamericanos abrevan el mejor de sus odios en contra de las policías mexicanas, que cometen delitos y abusos abominables en contra de ellos, cuando se encuentran en nuestro país.

En México carecemos de autocrítica. Es bien sabido, porque recurrentemente es “nota” de la prensa, que aquí ocurren todo tipo de abusos en contra de los migrantes que ingresan a nuestro país por la frontera sur desde Centroamérica. Las mujeres son objeto de todo tipo de explotación sexual y laboral, los hombres son perseguidos, maltratados, extorsionados, secuestrados y hasta masacrados, por integrantes de policías corruptas que, tengan o no competencia legal para hacerlo, persiguen y aterrorizan a los indocumentados que se encuentran en nuestro país.

Sólo que, aquí, a muy pocos les importa ese tema. Hasta hace muy pocos años, la Ley General de Población establecía un catálogo de delitos que criminalizaba a todo aquel que estuviera en el país en una situación migratoria irregular. Y los abusos cometidos en contra de los inmigrantes no se han podido frenar. Se han tomado algunas iniciativas importantes, como la presentada hace unos días en San Lázaro por el diputado Jorge González Ilescas, en el sentido de que los grupos beta de protección al transmigrante, tengan sustento no sólo en reglamentos, sino en la misma ley que regula la migración, y que esta responsabilidad sea compartida por el gobierno federal y los estatales, para salvar las garantías básicas de nuestros propios indocumentados, a los que nos negamos a ver.

TOMAR CONCIENCIA

Mientras México no tome medidas firmes y eficaces para combatir la violencia y la persecución en contra de los migrantes, habrá poca calidad moral para exigir esas mismas actitudes a Estados Unidos. Aquí los migrantes sufren horrores y agresiones, que no ocurren al otro lado de nuestra frontera norte. Así, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

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2006-2010: distorsión tricolor de los conflictos sociales

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+ Conspiración vs PRI: ahora ven fantasmas por todos lados

Junto con el periodo formal de campañas electorales, inició también un importante intento por enredar los antecedentes y las causas de hechos ocurridos en el pasado reciente. Temas como el conflicto magisterial y popular, la presencia de la guerrilla en la entidad, las reyertas entre partidos y grupos políticos, y las luchas electorales, son temas que hoy pretenden ser cocinados y mezclados en una sola olla. El objetivo, según parece, es el de establecer la existencia de una competencia electoral sin matices, en la que sólo se enfrentan buenos contra malos.

Hoy, son evidentes las estrategias políticas y mediáticas de las dos principales fuerzas políticas que se disputan la gubernatura del Estado. Por un lado, los partidos de oposición encontraron un motivo perfecto en el hecho de San Juan Copala, ocurrido hace unos días. En su lógica favorable, aquel hecho de violencia revela no sólo la deficiente labor oficial para garantizar la seguridad y la paz entre los pueblos, sino también un talante autoritario que hoy nuevamente se revela, pero que se mostró tal cual en las acciones de represión y persecución a grupos disidentes, antes, durante y después del conflicto magisterial de 2006.

En el otro extremo, el priismo pretende defenderse asimismo a través de la manipulación del pasado. En la lectura de la realidad que pretenden hacer pasar como válida, sostienen que las fuerzas opositoras que hoy le disputan la gubernatura, fueron las mismas que fabricaron el conflicto magisterial de hace cuatro años, que perversamente provocaron la represión y la violencia, que buscaron derrocar a un gobierno priista a través de la presión magisterial y la presencia de la guerrilla del EPR, y que ahora están tratando de revivir esos capítulos con hechos —también provocados— como el de Copala, para capitalizarlos electoralmente, a través de la confirmación de que aquí existe un gobierno que propicia, que tolera, o que cuando menos es incapaz de frenar la violencia.

Tal parece que ninguna de las dos visiones se ajusta por completo a la realidad. Hechos como el de San Juan Copala, bajo ninguna circunstancia pueden o deben desligarse tanto de la discusión sobre responsabilidad indirecta del gobierno estatal, como tampoco del proceso electoral que aquí ocurre.

Sin embargo, es evidente que la violencia ha azotado a la región triqui desde hace décadas; que el gobierno local ha sido incapaz de detenerla, porque en ella confluyen innumerables factores hasta ahora desatendidos; y que, al contrario, ha alimentado el encono con la tolerancia y la descontrolada provisión económica a los grupos de lucha social que ahí existen.

Así, para explicar hechos como el de la emboscada y los muertos habidos recientemente en San Juan Copala, el análisis debería ir mucho más allá de la explicación simplista de que éste fue un acto de provocación por parte de la oposición; o que, por el contrario, esta fue una demostración de la violencia que ejerce y tolera una autoridad estatal que gobierna a través del terror.

Hoy, no es ni remotamente cercana la posibilidad de que las fuerzas políticas en pugna, abonen a un debate serio sobre la ingobernabilidad, sobre la represión, sobre la violencia o sobre las provocaciones. Para cada uno de ellos, los hechos se convierten en herramientas que, a través de la manipulación, las utilizan para tratar de obtener beneficios políticos o electorales. Aunque al final, en el caso particular, aún después de los comicios, nadie sepa quién, cómo o por qué ocurrió la emboscada, y tampoco se hayan esclarecido los hechos.

PASADO, REVUELTO

Sin embargo, nada de esta revoltura manipulada de hechos y causas de lo ocurrido en el pasado reciente, debería sorprendernos. Desde el sector oficial, por ejemplo, se pretende hacer ver que el conflicto magisterial fue consecuencia de una conspiración perversa orquestada desde el poder federal, con la colaboración de la cúpula de poder del entonces candidato presidencial del PRD-PT-PC, Andrés Manuel López Obrador, y con la anuencia de grupos subversivos que vinieron a generar las estrategias más violentas sobre la autodefensa urbana.

Todos esos grupos o personajes pudieron haber sido responsables de la revuelta magisterial. Pero está fuera de toda lógica —y hasta constituye un acto de egolatría y delirio político abominable, que no corresponde a la realidad— suponer que cada uno de ellos conspiró en un acuerdo colectivo para derrocar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de su encargo.

Oaxaca en 2006, por si alguien lo ha olvidado, constituyó la suma de todos los males. Aquí se vinieron a conjuntar todas las discordancias político-partidistas que se generaron a partir de la alternancia en el poder federal, y que se conjuntaron en un escenario en el que todos pudieron materializar sus respectivas estrategias aún cuando cada uno de ellos era enemigo entre sí.

Formalmente, el adversario nacional formal del Gobernador de Oaxaca en aquel año no fue López Obrador, sino el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. Éste fue quien, fundamentalmente, con su desatención permitió la profundización de un conflicto que inicialmente no tendría por qué haber alcanzado la intensidad que tuvo.

Era imposible, sin embargo, que el gobierno foxista tuviere acuerdos comunes con el magisterio de la Sección 22 del SNTE. Esencialmente, dicho gremio comulgaba con el abanderado presidencial de las fuerzas de izquierda, y por ello fue esa alianza —y no la del PAN— quien capitalizó las ganancias electorales del conflicto.

¿Podríamos pensar que la participación de grupos como el EPR se pactó en un acuerdo en el que participaban entonces archienemigos como el gobierno de Fox, López Obrador, la APPO y la Sección 22, entre otras? Esta posibilidad de acuerdo, en aquellos momentos de profunda algidez política por el escenario nacional, habría sido simplemente imposible.

NO HAY MATICES

Sin embargo, para efectos de la contienda electoral, todo está reducido a una obtusa visión —compartida por el oficialismo y la oposición— de que ésta es una competencia entre buenos y malos, en la que no existen ni los matices. Con poca imaginación, buscan aprovechar la manipulación y la desmemoria, reciente e histórica, para sus propios intereses.

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