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Alianzas y presupuesto: el desgaste es para México

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A partir de la próxima semana, irán creciendo aceleradamente los debates, y la presencia en medios, de todo lo que tiene que ver con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el año 2011. De nuevo, el tema se verá inundado por otros asuntos periféricos que, sin embargo, habrán de determinar el rumbo que tenga tanto el gasto público como el país, para el próximo año. Las mezquindades partidistas de nuevo serán parte aguas para los asuntos de Estado.

Como contexto, es necesario apuntar que en nuestra entrega de ayer viernes, dimos cuenta de cómo una lucha por el poder, se puede tornar en una guerra contra el poder. Apuntamos que uno de esos ejemplos, reciente, era el de la lucha proselitista, que luego se convirtió en una auténtica guerra postelectoral entre el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal —sin entrar en consideraciones de quién tenía la razón en aquel entonces— terminó poniendo en riesgo no sólo las posiciones políticas que estaban en juego, sino que provocó un desgaste intenso, y en algunos puntos irreparables, al conjunto de instituciones y certezas que dan vida al Estado Mexicano. Dijimos, pues, que ese era un grave ejemplo de cómo un asunto partidista (que, se supone, luchan en el marco de la institucionalidad por acceder al poder) confundía la lucha por el poder, por una lucha contra el poder.

Y, en ese sentido, también apuntamos que “Otra de ellas [de esas batallas], que es menos estruendosa, pero a su vez más riesgosa, es aquella que año con año se libra por el Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Qué pasó hace un año? Que el Congreso de la Unión decretó un alza a los impuestos, en la que los priistas apoyaron una propuesta del PAN. Había dos explicaciones posibles: primera, salvar al país del colapso económico; y segunda, hacer una serie de concesiones e intercambios de tipo político o partidista.”

En efecto, si bien lo recordamos, hace exactamente un año, ante la recesión económica estadounidense, y la crisis financiera global, en México se discutió la necesidad urgente de darle viabilidad a las finanzas públicas a través de un incremento de impuestos. El gobierno federal manejó la posibilidad de establecer un gravamen del dos por ciento al consumo, que no tuviera exención alguna ni en alimentos, medicinas, u otros productos que hasta ahora están gravados con tasa cero de Impuesto al Valor Agregado.

Los priistas afirmaron, frente a esa propuesta, que lo que el gobierno federal intentaba era realizar una generalización disfrazada del IVA, y que además, ese impuesto del dos por ciento, que el gobierno federal había etiquetado exclusivamente para el combate a la pobreza, y que sería manejado por la Secretaría de Desarrollo Social, no era sino una herramienta para fines electorales, a través de la manipulación de los programas sociales. Independientemente de cuál fuera la explicación final, lo cierto es que los priistas decidieron no aprobar ese incremento de impuestos, y salvaguardar además su propuesta de campaña en la que aseguraron que ellos no aprobarían incrementos a los impuestos que paga la población.

Luego vinieron los arreglos. Desde la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público se confeccionó el llamado “Plan B” a la negativa de incrementar los impuestos, y se le entregó al PRI a cambio de una negociación política. ¿Qué ocurrió? Que a los diputados federales identificados con los gobiernos de Oaxaca, Estado de México, y algunas otras entidades federativas, se les hizo un jugoso ofrecimiento:

Apoyar la iniciativa de incrementar el IVA un punto porcentual general, a cambio de ganancias económicas y políticas. Económicas porque particularmente los presupuestos de las entidades cuyos legisladores federales priistas apoyaron la iniciativa, fueron beneficiados con fuertes incrementos; y políticas, porque pactaron también la no realización de alianzas electorales entre las fuerzas de derecha e izquierda para los comicios venideros.

TERROR A ALIANZAS

En los primeros meses del presente año, de nuevo el tema presupuestal hizo crisis. El PRI denunció el incumplimiento del pacto antialianzas, cuando Acción Nacional y el PRD anunciaron que irían juntos a varios comicios estatales. Todos respingaron. La razón era obvia: al PRI no le importaban las razones de Estado, sino que más bien acordó el alza de impuestos a cambio de preservar sus propios intereses. Por eso, todo se descompuso cuando unos incumplieron un supuesto pacto partidista.

¿Qué pasó entonces? Que, de nuevo, por un asunto partidista la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, que fácticamente es influenciada de modo determinante desde el Estado de México, declaró la guerra política al gobierno federal. Luego de los comicios, en los que Acción Nacional, en alianza con el PRD, PT y Convergencia, arrebató tres gubernaturas esenciales para los tricolores, éstos decidieron asumir el control del Poder Legislativo federal a costa de lo que fuere. Desoyeron pactos. Hicieron valer su mayoría. Y accedieron a la presidencia de las dos cámaras federales para tratar de hacerle la guerra presupuestal al Presidente.

Para 2011, dice el gobierno federal que no hace falta más impuestos. El PRI, en contraparte, pide que se elimine el uno por ciento que ellos mismos impulsaron y aprobaron el año pasado. Han esgrimido que ésta es la consecuencia del incumplimiento de los pactos, pero lo matizan asegurando que la emergencia económica ya pasó, y que por tanto es innecesario continuar con su política de que el pueblo mexicano pague más impuestos.

De las anteriores, ninguna es razón de Estado. ¿Y si el PAN hubiera cumplido a cabalidad los pactos, y se hubiera echado a los brazos del PRI para cogobernar abiertamente, entonces los priistas no habrían dispuesto nada de esto? ¿Si ello hubiera ocurrido, y la federación quisiera más recursos, ellos lo habrían aprobado?

RESPUESTAS EN SILENCIO

No escucharemos contestación a ninguno de esos cuestionamientos. Son igual de inexplicables los argumentos de panistas y priistas, que no saben cómo explicar que conducen este país sin una visión de Estado, y sin un verdadero proyecto de futuro. Este gobierno es sólo “para irla pasando”, y ellos y sus contrapartes, se la pasan “trabajando” para cuánto ganan mientras ven cómo sobrellevan al país.

Partidos: ¿lucha por, o contra el poder?

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+ Presupuesto: un arma electoral de riesgos

Teóricamente, la lucha por el poder político se da desde al menos tres vertientes: la lucha desde el poder, la que se libra por el poder, y la que se endereza contra el poder. Aunque esto pareciera un mero juego de palabras, son claras las distinciones que existen entre cada una de esas acepciones. La lucha desde el poder la encabeza quien ya lo ejerce y se dedica a preservarlo; las que se libran por el poder, se dan entre quienes desean acceder a él; pero la lucha contra el poder se da entre quienes pretenden destruirlo. En el México actual, tendríamos que ver qué tipo de lucha libran nuestros representantes políticos, porque de esa visión depende fundamentalmente nuestro porvenir como nación.

Ocupémonos, muy a grandes rasgos, de la distinción entre la lucha por el poder, y la lucha contra el poder. La primera es la que se libra institucionalmente, entre entes legitimados que pugnan por llegar a los altos espacios del poder para tratar, desde ahí, de instaurar cierta visión o plan ideológico o de gobierno, pero siempre entendiendo que más allá de las batallas políticas existe un marco fundamental que no debe ser cuestionado ni trastocado.

Mientras tanto, la lucha contra el poder entraña diferencias sustanciales con la primera, porque en ésta sí existe un intento claro por dinamitar las estructuras políticas, se opta por luchar al margen de la institucionalidad, y se tiene como objetivo desarticular todas las bases de legitimidad, credibilidad y fuerza del Estado, para luego reconstruirlas pero con fundamentos distintos a los establecidos. Como puede verse, mientras la primera de las acepciones se refiere a una lucha democrática, como la que teóricamente libran los partidos políticos y sus representantes que buscan acceder al poder, en la segunda lo que se busca es un rompimiento institucional.

Así pues, una vez establecidas esas dos vertientes, tendríamos que preguntarnos qué tipo de lucha se libra en México entre los partidos y facciones políticas. Teóricamente, lo que ocurre en el país es una civilizada y nutrida lucha política, que tiene como objetivo que grupos e individuos identificados con ciertas corrientes políticas o ideológicas, luchen democráticamente, y dentro del marco de las instituciones, la equidad y los equilibrios políticos, por conseguir las investiduras que se renuevan periódicamente a través de la voluntad popular.

Lo cierto es que, sistemáticamente, esta lucha —que tendría que ser eminentemente institucional y desprovista de otro tipo de alcances más riesgosos para la estabilidad nacional—, deja de ser por el poder, y se convierte contra el poder. Es decir, que en lugar de establecer un marco democrático en el que se privilegie el debate, la contrastación de opiniones, e incluso la confrontación de las mismas, lo que se pone bajo todo tipo de cuestionamientos, son a las mismas instituciones democráticas, de justicia y de gobierno mismas.

Por eso, en México hemos visto tan reiterados intentos por transformar las instituciones y los órganos ejecutivos y garantes de la democracia, la justicia y el gobierno mismos — supuestamente para hacerlos más creíbles y confiables a la vista de la población. Lo que hemos logrado, también sistemáticamente, es perfeccionar ciertos órganos que, sin embargo, no han tenido el suficiente sustento (porque no depende de ellos, sino de quienes interactúan con éstos) como para lograr que la sociedad tenga confianza y verdaderamente se convenza de que las instituciones sí representan la visión democrática que tantas veces ha hecho falta en quienes tienen en sus manos el deber de materializarla.

PRESUPUESTO EN JUEGO

Esta visión de lucha por y contra el poder, la hemos visto sistemáticamente plasmada en las competencias electorales. En 2006, un candidato presidencial llegó al extremo de mandar al diablo a las instituciones, y a manifestar todas las formas posibles de desconfianza no sólo en contra del órgano autónomo encargado de organizar y conducir los procesos electorales, sino también del gobierno y el Estado mismo.

Puede decirse que Andrés Manuel López Obrador sólo evitó —y qué bueno— la vía armada; pero es también evidente que con sus protestas —en gran medida fundadas, por los ataques sistemáticos que se enderezaron en su contra durante toda la campaña presidencial— finalmente no logró ninguno de sus objetivos, pero sí consiguió un doloroso desgaste que puso en tela de juicio el sistema de partidos, la democracia, las instituciones garantes de la legalidad y la constitucionalidad, y los poderes mismos. ¿Los poderes? Sí. Y si no, como ejemplo recuérdese aquello del “gobierno legítimo” y también aquello del “presidente espurio”.

El caso es que ese no es el único ejemplo que existe sobre las luchas que se tornan contra el poder en México. Otra de ellas, que es menos estruendosa, pero a su vez más riesgosa, es aquella que año con año se libra por el Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Qué pasó hace un año? Que el Congreso de la Unión decretó un alza a los impuestos, en la que los priistas apoyaron una propuesta del PAN. Había dos explicaciones posibles: primera, salvar al país del colapso económico; y segunda, hacer una serie de concesiones e intercambios de tipo político o partidista.

Los tricolores, teniendo la oportunidad de asumirse como garantes de la visión de Estado, asumiendo el primero de los argumentos, se decidieron por el segundo. De ahí derivó todo un escándalo por las alianzas electorales que se trabaron en entidades como Oaxaca, Puebla o Sinaloa. El PRI había pactado incrementar impuestos a cambio de un tema partidista. Y para bien o para mal, la población fue quien pagó esos pactos que, por su justificación, resultaron ser a todas luces inmorales.

¿BAJAR IMPUESTOS?

Hoy van en reversa. Aún cuando la economía del país sigue colapsada, y los signos de mejoría son mínimos, hoy los priistas, también por una revancha partidista, van por una baja a los impuestos. En 2010 decidieron tener a un gobierno rico frente a un pueblo pobre; y ahora pretenden ellos seguir teniendo recursos a cambio de rasurar presupuestos y programas, motivados también por una revancha que nada tiene que ver con las razones de Estado. Ciertamente, bajar impuestos es muy popular. ¿A cambio de qué, o a costa de qué lo están haciendo? Más allá de la popularidad, ¿esto será viable para el país? Al actuar así, no luchan por el poder, sino en su contra.

Gabino y S-22: una relación anunciada

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+ Aliados de oportunidad: algo inmutable

Elba Esther Gordillo, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, y líder indiscutible del SNTE, hace cuatro años fue una de las más decididas impulsoras de la causa política del entonces candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Al haberse convertido éste en Presidente de México, el SNTE no ha tenido un papel convulso ni exageradamente voraz que algunos vaticinaban. La más grande ganancia de la profesora Gordillo, fue el sostenimiento y la tolerancia federal íntegra a su sindicato —con todos los privilegios personales y colectivos que previamente ya habían conquistado—, y la cesión de ciertos espacios para incrementar la influencia de Nueva Alianza, el partido político de Gordillo y el magisterio.

Eso que ocurre en el ámbito federal, es un reflejo de lo que seguramente pasará en Oaxaca en la relación entre el gobierno de Gabino Cué y la Sección 22 del SNTE. Al igual que en el ámbito federal —y guardadas sus debidas proporciones— es evidente que en la entidad se ha vivido un proceso político similar, que ha dejado en claro que, al menos electoralmente, el magisterio sí tiene un peso específico determinante, y que, por tanto, ellos sí tienen la posibilidad de asumirse como factor de cambio. Claramente se puede percibir que la alternancia política en la entidad no hubiera sido posible sin el apoyo de esos grupos que previamente ya se habían declarado como contrarios al régimen gobernante.

Sin embargo, como ocurre en todos los procesos políticos, ningún apoyo político se otorga a cambio de nada. Los profesores de la Sección 22 se asumieron como parte de esa fuerza que buscaba desterrar al priismo del gobierno estatal, por al menos tres razones. La primera razón, más o menos ideológica, radica en que sus postulados son diametralmente opuestos a la práctica de gobierno del priismo. La segunda razón, eminentemente práctica, radica en la declarada enemistad y los agravios que ya se acumulaban entre el gobierno priista de Ulises Ruiz y su gremio, como causa del conflicto magisterial de 2006.

Y la tercera razón, que es la más importante, se explica en el nada extraviado instinto de conservación, como organización política, de la Sección 22. ¿De qué hablamos? De que, según lo visto, hasta hoy lo que ocurre entre el gobierno estatal y el llamado “magisterio democrático” es una lucha mutua por sobreponerse uno al otro; por restarse poder, por hacerse demostraciones de contundencia y, en el último de los casos, por tratar de acotar, desde el poder estatal, la influencia y fuerza política que tiene la Sección, en contraparte a las pretensiones de entrega total del sector educativo estatal a la dirigencia política del magisterio. Hasta ahora, pues, el gobierno y la 22 se aparecen ubicados como adversarios. Y de seguir así, algún día, uno de ellos tendría que derrotar al otro.

Ahí es donde radica el instinto de conservación de los profesores democráticos. Saben que una realineación a favor de sus adversarios, en el corto o mediano plazo, los llevaría a perder sus privilegios y los cotos de poder que hoy manejan a sus anchas. Y por eso, siguiendo la lógica de que “los enemigos de mis enemigos, son mis amigos”, trataron de ubicarse en el ámbito de apoyo de quienes querían derrotar al régimen que los quiso militar y contrarrestar.

En razón de ello, aunque trataron de conservar su decoro en el ámbito de lo público —porque uno de sus postulados radica en asegurar que para ellos ninguno de los partidos políticos garantiza cambios o mejoras sustanciales, y que por eso ellos como gremio no apoyan a ninguno—, lo cierto es que en el ámbito particular, la Sección 22 apoyó sin denuedo la causa del cambio político en Oaxaca, a través del voto y el activismo de sus agremiados a favor de la causa del candidato opositor, Gabino Cué Monteagudo.

¿QUÉ BUSCA LA 22?

Hoy, cuando es un hecho que a partir del mes de diciembre gobernará un personaje que recibió fuertes apoyos de la Sección 22, y que éste mismo ha reconocido que sólo reconocerá y trabajará con los democráticos, pero no con su disidencia de la Sección 59, tendríamos que preguntarnos qué buscarán los sectores magisteriales que ganaron los comicios junto con Gabino Cué.

La pregunta no parece ociosa. Porque aún cuando los catastrofistas aseguran que el triunfo de Cué fue algo así como la puerta de entrada para un predominio implacable de los democráticos, y el punto de inicio para una escalada de demandas llenas de voracidad y ansias de poder, lo cierto es que el establecimiento de un panorama político serio, resulta ser mucho más modesto. ¿Por qué?

Porque es evidente que, al igual que como ha ocurrido en el ámbito federal con el apoyo y las relaciones entre el gobierno del presidente Calderón y la profesora Gordillo, los profesores que se asumen como parte de la dirigencia real de la Sección 22, y que definen su rumbo político, tendrán que buscar la supervivencia de su gremio, de su grupo político, y de sus privilegios, en medio de un ambiente político que justamente reclama lo contrario. Es decir, cambios.

En efecto, de 2006 a la fecha, el gobierno federal y el SNTE han buscado —sin éxito— modificar la imagen que se tiene de la educación pública, y de los maestros, a través de programas como la Alianza por la Calidad en la Educación, que contemplan una serie de cambios y mejoras en la impartición de la educación, pero que no tocan los privilegios del Sindicato. Se dice que la educación tiende a mejorar. Pero cualquier reforma real y profunda, necesariamente tendría que pasar por el acotamiento del poder sindical. Eso no ha pasado. El SNTE ganó, al aliarse con el calderonismo, no beneficios desmesurados, sino mantener a su favor el estado de cosas, la opacidad, las cuotas sindicales, y los privilegios que hoy tienen ella y su sindicato.

S-22, UN REFLEJO

Esa podría ser la lógica de la Sección 22: mantener una relación más o menos cordial con el nuevo gobierno de Oaxaca, para impulsar cambios de forma —que demuestren la voluntad de cambio del gobierno de alternancia, y que mitiguen la imagen negativa que tienen los democráticos entre diversos sectores sociales—, pero evadiendo cualquier reforma que trastoque sus privilegios. El nuevo gobierno necesitará estabilidad. Y la 22, teniendo desde ahora en sus manos el control total de la educación, buscará no perder sus privilegios.

Ayuntamiento: Oaxaca no se merece tanta inestabilidad

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+ Calderón, pieza clave para Hernández Fraguas

Ayer se consumó un acto más de desprecio hacia la ciudad de Oaxaca de Juárez, sus habitantes, su importancia como capital del Estado, y sus problemas: en una acción previamente determinada, el Cabildo del Ayuntamiento citadino aceptó una nueva licencia por 120 días al edil José Antonio Hernández Fraguas, y ahora nombró como encargado del despacho de la Presidencia Municipal al hasta ayer síndico Procurador, Irineo Pablo Calderón González. Miguel Ángel Bustamante Underwood salió por la puerta de atrás. Y lo único que siguen demostrando quienes manejan el Municipio de la capital oaxaqueña, es que seguirán viendo no por el interés público, sino por sus intereses particulares.

En efecto, aunque durante toda la primera parte de su gobierno, el edil Hernández pareció —y demostró— ser un hombre comprometido con la política y la administración municipal, para hacer un buen gobierno, hoy sus acciones demuestran que o no sabe qué hacer con el final de su administración, o simplemente dejó de tener importancia para él. Es lamentable que una gestión de la que se tenían altísimas expectativas, esté terminando su periodo de una forma por demás tambaleante.

Tendríamos que comenzar a entender el actuar de Hernández, pero ya no de cara a sus aspiraciones políticas, y de sus triunfos y fracasos partidistas de los últimos meses, sino en función del control que ha pretendido seguir sosteniendo en relación al Municipio citadino. Cuando se separó de su cargo, en el mes de marzo pasado, el Edil pareció enviar el mensaje de que seguiría siendo el factor determinante de los problemas y la administración municipal, al nombrar como encargado del despacho —y no edil interino— no a la persona más capaz, sino a la que parecía tener más afecto y confianza personal dentro de la Comuna. En razón de ello, dejó en su cargo al hasta entonces regidor de Salud, Bustamante.

Parecía, ante ello, que la separación de Hernández sería transitoria y, en buena medida, sólo como un mero trámite de formalidades políticas y jurídicas. Había dos razones para suponerlo. La primera, porque la Ley Municipal señala que sólo cuando el Munícipe solicita una licencia a su cargo mayor a 120 días, entonces el Cabildo debe llamar a su suplente o, en su caso, nombrar de entre sus miembros a quien deba concluir el mandato. Hernández parecía decidido a seguir teniendo el control, y mandando en el Ayuntamiento, a través de un encargado del despacho, y no de un interino, al que nadie sabe si podría controlar una vez asumiendo el cargo. La segunda razón, era que entre Hernández y Bustamante, había la suficiente cercanía como para que el primero pudiera seguir actuando y decidiendo a través del segundo.

Sólo que las cosas no le salieron a Hernández como lo había calculado. Tanto en sus aspiraciones políticas como para el rumbo que deseaba para el Ayuntamiento que él encabezaba. En el terreno político, su candidato a la gubernatura perdió los comicios, la bancada que iba a encabezar le dio la espalda, y sus propios compañeros de partido lo han fustigado hasta la saciedad, aprovechándose de su posición o tolerancia.

Pero en lo administrativo tampoco consiguió todo lo que esperaba. A pesar de que él estaba decidido a hacer una administración municipal que pasara a la historia como la más eficiente y eficaz de los últimos años, Bustamante resultó ser un pésimo ejecutor de las decisiones que él siguió tomando; ni uno ni otro pudieron demostrar el liderazgo que era necesario para encabezar el trabajo municipal en el último tramo del gobierno; y el Encargado de la Presidencia Municipal fue señalado, fundadamente, de tener poco interés en atender de tiempo completo los problemas del Ayuntamiento.

Al final, lo que uno y otro demostraron es desprecio por la ciudad y su preponderancia social y política. Bustamante por no haber puesto todo lo que estaba a su alcance para hacer un trabajo cuando menos decoroso. Y Hernández por empecinarse en seguir teniendo el control del Ayuntamiento a través de encargados, a costa de lo que fuere, sin asumir con valor y determinación la decisión de regresar a concluir —o reencauzar— su mandato, o separarse definitivamente de su cargo. Las consecuencias, evidentemente, están a la vista.

NUEVO ENCARGADO

Así, tendríamos que preguntarnos con serenidad quién es Pablo Calderón González. Es, como bien debe saberse, un abogado litigante que llegó a la administración municipal como otro de los cercanos de Hernández Fraguas. Sólo que éste, más que por amistad, arribó al Municipio por los intereses en común que tiene con el Edil con Licencia.

En efecto, desde el 3 de enero de 2008, en este espacio señalamos algunos detalles sobre las  cercanías e intereses políticos del entonces recién asumido Síndico Procurador del Ayuntamiento citadino. Dijimos entonces, que Calderón había accedido a la política municipal, llevado de la mano de dos personajes: Alfonso Gómez Sandoval Hernández, y el fiscalista Sergio Castro López. El primero por amistad, y el segundo por haber sido cliente de su despacho de abogados.

En efecto, desde aquellos momentos advertimos que Calderón había sido el gestor de Castro ante el Ayuntamiento, cuando éste impulsó la creación de lujosos antros de vicio, y el otorgamiento de los permisos respectivos para consumo de alcohol, evidenció los intereses y la corrupción que, para complacer a Castro, envolvió a la administración citadina que inició Jesús Ángel Díaz Ortega, y concluyó Manuel de Esesarte.

Y advertimos entonces que “su objetivo [de Calderón González], bisoño pero nada desdeñable ante el poderío económico del grupo al que pertenece, habría de ser el de promoverse como uno de los candidatos a sustituir al actual Munícipe [Hernández], cuando éste se separara del cargo para buscar la postulación de su partido como candidato a Gobernador.”

¿INTERESES PROTEGIDOS?

Como lo previmos, Pablo Calderón llegó a la Presidencia Municipal para tratar de enderezar, en nombre de Hernández Fraguas, todo lo que está chueco en el Ayuntamiento. Dentro de esos asuntos que atenderá, estará el seguimiento al caso Chedraui. Ese es, lo acepten o no, otro de los intereses que les quita el sueño. No es gratis, seguramente, todo el desprestigio, los cuestionamientos y el costo político que ellos están pagando aparentemente a cambio de nada. Por eso, no podían seguir dejando a la deriva estos “delicados” asuntos municipales.

Congreso: ahí también se notan los cambios

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+ Resistencias internas, constante mal conducida

Ayer, mediante una carta, la diputada Carmelina Cruz Silva anunció su separación de la bancada priista en el Congreso del Estado. Independientemente de que éste parezca un acto de mero berrinche, tardío y cargado de posibles motivaciones personales, también deja ver dos cuestiones que habrán de ser trascendentales para el priismo oaxaqueño en los años que le esperan como fuerza opositora. La primera tiene que ver con el necesario rescate de las correctas formas políticas que deben existir entre quienes componen las representaciones partidarias; y la segunda, con la recuperación de los espacios de tolerancia y pluralidad que hoy, por sus mismos rasgos pedestres, los tricolores tienen extraviados por completo.

¿Por qué hablar hoy del rescate de la tolerancia y las correctas formas políticas dentro del priismo? Evidentemente, no es su obligación reparar en esas cuestiones. Sin embargo, si la misma cúpula tricolor hiciera un desapasionado ejercicio de autocrítica, podría darse cuenta que, a nivel interno, esas fallas se les convirtieron en flagelos, y que ello ha derivado en fuertes disputas que, hasta ahora, se habían contenido ante las exigencias de disciplina coercitiva dictadas desde el poder. El problema es que, si ahora que están a punto de dejar las alturas para convertirse en una fuerza política más, pretenden seguir arraigando esas prácticas, no pasará mucho tiempo antes de que presenciemos una auténtica guerra civil, por motivos hasta tontos, entre los tricolores.

¿Por qué resulta revelador el anuncio de la separación de su bancada, de la diputada Cruz Silva? Porque independientemente de los asuntos personales, y de su conocida rebeldía y actitudes de soberbia que luego convertía en disputas frente a sus compañeros legisladores, este es uno de esos pequeños destellos que antes no ocurrían en el priismo. Era así, de hecho, hasta hace un par de meses, cuando los actos de indisciplina, las discrepancias de pensamiento y posiciones políticas, e incluso los desacatos más simples, eran fuertemente penados y recriminados por su coordinador parlamentario.

En efecto, todo aquel que conoce el funcionamiento del Congreso local, y particularmente de la bancada tricolor, sabe que entre ellos estaba prácticamente prohibida la posibilidad de tener criterios propios, de discrepar, o de generar propuestas o argumentos distintos a los que previamente se dictaban desde la coordinación parlamentaria que, a su vez, recibía las líneas generales de actuación, desde la oficina del Jefe Político.

Era, y ha sido, en buena medida, una equiparación casi precisa de la forma en cómo, a través de eficaces métodos coactivos, se tiene el control de los trabajadores de la Sección 22, quienes deben actuar sin preguntar, y acatar incondicionalmente los dictados de su dirigencia. Los diputados locales del PRI, ante los ojos del público, actúan igual que los profesores democráticos. Es decir, disciplinadamente, acatando órdenes y ejecutando, sin tener al menos la posibilidad de preguntar.

Sin embargo, ello no significa que no hayan existido resistencias internas, y discrepancias fuertes, en algunos debates. El problema es que, hasta ahora, el priismo se había negado toda la posibilidad de permitir posturas particulares de sus legisladores, y la manifestación pública de sus desacuerdos con las posiciones de la bancada. En las ocasiones que en algunos legisladores se han negado a acatar ciertas órdenes, o a respaldar ciertas decisiones, han sido marginados de la actividad política y las responsabilidades más importantes dentro del Congreso o su partido.

¿DISCIPLINADOS O PEDESTRES?

La sola idea de que en las representaciones legislativas, las decisiones se toman en cada bancada de forma consensada y unánime, expresa ya la necesidad de que en ella haya uniformidad y cierto grado de disciplina. Sin embargo, para lograr eso, también se necesita liderazgo, formación y capacidad de razonamiento y convencimiento. Tendríamos que preguntarnos si en una bancada tricolor de tan bajo perfil, como la que ahora representa al PRI en el Congreso del Estado, se dan esas condiciones.

La respuesta, según los hechos, es negativa. Es también una inconformidad reprimida, la relativa a que la conducción tanto de la bancada priista, como de la Gran Comisión y los trabajos del Congreso, han seguido la misma lógica del grupo gobernante de evadir toda posibilidad de diálogo, y preferir el avasallamiento, las imposiciones, y los castigos severos para quienes decidan insubordinarse.

No resulta muy extraño, en ese sentido, que hoy las inconformidades sean muchísimas más que las concordancias en la bancada priista, cuando se tiene el antecedente de que las principales decisiones e “ideas democráticas” emanan de personajes de tan cuestionables antecedentes y formación política, como Antonio Amaro Cancino, Jorge Guerrero Sánchez, o el mismo Herminio Cuevas Chávez. Éstos se han encargado de ejercer un poder que les fue conferido arbitrariamente, a través no de las formas más o menos decorosas, sino acentuando el modo de actuar “tradicional” de los principales representantes del grupo gobernante.

Podría alegarse, en descargo de esos personajes, que las formas políticas no han sido distintas en las anteriores legislaturas. Sólo que en el pasado, a diferencia del presente, y el futuro que está próximo, el PRI ostentaba un poder que ejercía a sus anchas. Uno de los aspectos que les ha generado más problemas a los jerarcas tricolores actuales, es que han querido actuar tan avasalladoramente, como si fueran políticos en funciones hace dos o tres décadas.

Parece claro que, para el futuro inmediato, quienes representen al tricolor tendrán que variar sustancialmente sus formas y grados de tolerancia. Ahora sí tendrán que comenzar a convencer, y a dejar de lado las imposiciones. Ahora sí tendrán que demostrar, pues, que tienen liderazgo, que tienen experiencia y formación política, y que tienen la capacidad de conducir una bancada sin los eficaces métodos coercitivos de los que, hasta ahora, se han valido.

¿SERÁ?

La diputada Cruz Silva, es cierto, tomó tarde una decisión que, por las mismas circunstancias, resulta ser ya intrascendente, insustancial, y seguramente cargada de enojos personales. Pero en el fondo, eso ocurre ahora, y no antes, porque ahora sí algunos priistas ya se están dando cuenta que ante la inminente falta de Jefe Político, ahora sí podrán actuar con un poco más de autonomía y libertades.

PRI: en Oaxaca, sus estatutos valen lo mismo que nada

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+ Capacidad política: ya deben constatarla

Para nadie es un secreto que, en la práctica política, los documentos estatutarios del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, sirven para lo mismo que las telarañas: en ellos, los insectos políticos pequeños se quedan atrapados, y los grandes las rompen. En efecto, quien ha seguido con detalle la forma y los tiempos en que han sido sustituidos los más recientes dirigentes de ese instituto político, sabe que, salvo excepciones, ninguna pasaría satisfactoriamente por el tamiz de la legalidad interna, y mucho menos por el de la revisión y juicio de los órganos jurisdiccionales de control de legalidad, y constitucionalidad competentes.

¿De qué hablamos? Específicamente, de que si revisamos la forma en cómo accedieron al poder los últimos ocho dirigentes estatales del PRI, seguramente nos encontraremos con más de una sorpresa. Así, en primer término, es necesario remontarnos al antecedente más remoto de los líderes tricolores que ha habido en los últimos años. En ese primer momento, habremos de toparnos con el nombre de Bulmaro Rito Salinas. Curiosamente, él fue quien legó a casi todos sus predecesores, la última dirigencia estatal legal y legítimamente conformada. ¿A qué nos referimos?

A que por ahí del año 2003, fue Rito quien buscó la dirigencia estatal, y la consiguió, a través de todo un proceso interno del tricolor, en el que resultó legalmente electo. Hagamos memoria: él accedió al cargo, luego de que se emitiera una convocatoria para elegir al Presidente estatal del tricolor, luego de que feneciera —y se prolongara por más de seis meses— la gestión del entonces senador Ulises Ruiz.

Rito se inscribió en dicho proceso interno, llevando como compañero de fórmula a Germán Espinoza Santibáñez. Ante la ausencia de contendientes, Rito y Espinoza ganaron la presidencia y secretaría General del CDE del PRI. Así, Rito fue líder priista hasta mediados de 2004, cuando fue postulado, y ganó la diputación local por la vía de representación proporcional, para convertirse en presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado. El cargo partidista lo asumió, por primera vez por vía de la prelación, Héctor Anuar Mafud Mafud.

Mafud entregó la dirigencia estatal, también por prelación, en febrero de 2005, a Jorge González Ilescas; éste, en marzo de 2006, hizo lo propio, por la misma vía, con Héctor Pablo Ramírez Leyva, quien, a su vez, le dio posesión en diciembre de ese mismo año, y asimismo por la sucesión de cargos, a Heliodoro Díaz Escárraga.

Luego de esa poco clara transmisión de la dirigencia, fue Jorge Franco Vargas quien, a principios de 2008, se generó una nueva elección ya no por prelación, sino estatutaria, para asumir el cargo de Presidente del CDE del PRI. Aunque esto último hace menos tiempo del que parece, ya pocos registros parecen quedar de ello en la memoria colectiva. Así, Franco, al igual que Rito, contendió en un proceso interno en el que no tuvo contendientes; realizó proselitismo, giras de trabajo y reuniones con consejeros políticos y la militancia. Documentalmente, su elección fue legal; y, políticamente, en su momento también fue legítima.

En este punto debíamos preguntarnos por qué si todas las elecciones anteriores a ésta, aquí reseñadas, y las posteriores (de Adolfo Toledo, y Eviel Pérez Magaña), podrían tener algún vicio de legalidad, no hubo cuestionamientos a las mismas. La respuesta está en que, la militancia priista, asumió como tal la disciplina y los mandatos de su Jefe Político, que por eso nunca cuestionó si la forma en que sus dirigentes accedían al cargo era legal. Con la legitimidad política que les daba la decisión del Jefe Político —entiéndase, el Gobernador del Estado— era suficiente. Ante la falta de impugnaciones, esos actos se convalidaban. Aunque los estatutos del tricolor fueran violentados en la misma proporción que hubo cambio de dirigencias en el último sexenio.

DESTERRAR VERTICALISMOS

¿Por qué traer todo esto, que estaba archivado en la memoria, al presente? Porque según se ve, la dirigencia actual del priismo —la formal, que se encuentra en el Presidente del Partido, y la fáctica, que está en manos del aún Jefe Político— no está entendiendo el momento y las circunstancias que le están tocando vivir. A partir de diciembre próximo, la dirigencia tendrá que convalidarse a partir de las verdaderas demostraciones de liderazgo, y deberán abandonarse las “líneas” y los verticalismos que, ante la ausencia del poder gubernamental, serán imposibles de sostener y convalidar, con una militancia que ya no tendrá la coerción del Jefe Político.

Una primera demostración de ello, ocurrió el viernes pasado, en la reunión de Consejo Político. En más de una ocasión, la dirigencia estatal, y el grupo que la rodea, había dispuesto la conformación de las comisiones internas, que tenía que convalidar la militancia, y al momento de votarlas, ocurrió exactamente lo contrario.

¿Qué demuestra todo eso? Que a partir de ahora, la forma en que se tomen las decisiones que se tomen al seno del PRI tendrá que variar. Es de obtusos pretender seguir imponiendo decisiones no consensadas, a una militancia que se siente agraviada por el grupo al que consideran como responsable de la derrota del pasado mes de julio, y que ahora pretende seguir teniendo el control del tricolor sin tomar en cuenta a la militancia.

El problema es que, a partir del próximo mes de diciembre, la “legitimidad política”, y los verticalismos, ambos emanados del Jefe Político, serán nada frente a las necesidades de legalidad estatutaria y, ahora sí, aceptación y convencimiento de la militancia. Será simplemente imposible —y ya comienza a constatarse— seguir actuando en base a simples verticalismos y conveniencias de una camarilla. De seguir así, enfrentarán más riesgos que beneficios, de una dirigencia que se queda vulnerable, y sin los respaldos políticos y económicos que la han sostenido hasta el momento.

LIDERAZGOS A COMPROBAR

Según parece, los líderes tendrán que demostrar que verdaderamente tienen sustancia, y que no son puramente consecuencia —como varios de ellos, hasta ahora— de la decisión del Jefe Político. Las violaciones estatutarias reiteradas, no deberán seguir siendo la constante entre quienes pretenden conducir los procesos del tricolor en los próximos años. Si no asumen esas lecciones de integridad y congruencia, los pretendidos colonizadores actuales del tricolor, serán los primeros que saldrán por piernas.

Informe presidencial: ¿Para qué hacerlo volver al pasado?

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+ Día del Presidente, luego del Congreso… y ahora de nadie

Cómo cambian las cosas. Hasta hace unos años, el 1 de septiembre de cada año, era considerado en México como “el día del Presidente”. Esta idea se arraigó gracias a la práctica política, consagrada constitucionalmente, que indicaba que el día en que arrancaban los trabajos legislativos del periodo ordinario correspondiente, el Presidente tenía que acudir a dicha sesión para presentar un informe por escrito del estado que guardaba la administración pública federal. Esta obligación constitucional —que es, además, un deber republicano de rendición de cuentas—, pronto se convirtió en un culto a la personalidad. Y finalmente fue retirado del texto constitucional. Hoy, por meras revanchas políticas, y no por el eco ciudadano, los mismos que hace apenas unos años repudiaron el formato del informe presidencial, hoy pretenden revivirlo de varias maneras.

Hoy, ante el vacío, es evidente que, políticamente, la fecha del 1 de septiembre es, en México, un auténtico “día de nadie”. En efecto, al menos en el presente año, quedó claramente comprobado que la aquella fecha que otrora era considerada como de gran trascendencia política, ahora pasó prácticamente desapercibida. No fue sólo porque éste ya no fuera el día del Presidente, sino también porque en este caso ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo, en tiempo, sobre quién recaería la presidencia de la Mesa Directiva para el presente año.

Como primer punto, debemos establecer algunos antecedentes históricos del informe presidencial. Aunque no parezca del todo creíble, en la redacción original de la Constitución federal, el Presidente de la República tenía la obligación de asistir no una, sino dos o más veces al congreso cada año, tanto a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del año correspondiente, como a la sesión inicial de los periodos extraordinarios.

A la letra, el original artículo 69 decía lo siguiente: “A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del País; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara de que se trate, las razones o causas que hicieron necesaria su convocación, y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.”

Esta disposición fue vigente de 1917 a 1923. Entonces, una primera reforma a dicho numeral, modificó los deberes del Ejecutivo para eliminar la necesidad de informar a los legisladores, sobre las convocatorias a periodos extraordinarias de sesiones. Como puede verse, tal reforma corresponde al fortalecimiento del presidencialismo, que ocurrió apenas dentro de la primera década posterior a la entrada en vigor de la Constitución vigente. Ya para entonces, no era mandato exclusivo del Ejecutivo convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, o alguna de sus cámaras; pero tampoco era ya su deber informar al Legislativo las razones por las que lo convocara.

Una segunda reforma, ocurrida en abril de 1986, eliminó el deber del Ejecutivo de asistir a la apertura de los dos periodos ordinarios, estableciendo expresamente, en el 69 constitucional, que sólo debía asistir a la apertura de sesiones del primer periodo ordinario de cada año. Así prevaleció hasta 2008, cuando se realizó una nueva modificación constitucional, para dejar el formato del informe presidencial como hasta ahora prevalece.

¿FORMATO INSERVIBLE

O “DE AVANZADA”?

Actualmente, el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, sobre el formato del informe presidencial, que “en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

“Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado (…) y rendirán informes…”

¿Qué buscó ese formato? Primeramente, darle un giro radical al anterior —que seguramente todos recordamos, en el que el punto central era el mensaje presidencial desde la tribuna de la Cámara de Diputados, así como la réplica de un diputado, lo cual cobraba aún mayor relevancia cuando uno y otro eran de partidos distintos—; y sobre todo, según, establecer un marco de debate más amplio sobre los puntos asentados en el informe de gobierno, con los Secretarios de Estado directamente relacionados con los temas a tratar.

Con esto se buscó eliminar “el día del Presidente”, o el culto a la personalidad y a la figura política que apenas hace unos años acusaban. En los hechos no fue así. En realidad, lo hecho fue un favor al Presidente, que ya para 2007, era más interpelado que aplaudido en sus intervenciones ante la Cámara de Diputados. Con esa reforma, le quitaron la obligación y el trago amargo del tenso informe presidencial, pero le dejaron abierta la puerta para que, como ocurre ahora, éste de todos modos emita su mensaje, pero ahora sin interrupciones, sin abucheos, sin recriminaciones, sin réplicas, y sobre todo, acompañado de un público selecto al que él mismo invita y escoge.

El PRI, en 2008, no se opuso a la modificación del formato del informe. Sin embargo, ahora en 2010 dicen que impulsarán reformas para que el Presidente regrese al Congreso cada 1 de septiembre. Lo que no queda claro es la razón. Más parecen motivaciones partidistas, que ánimos demócratas. Quizá sea mero revanchismo; quizá esperan revivir el adulador “día del presidente” para cuando, según ellos, haya de nuevo un mandatario priista. ¿Será?

UNA TRAGEDIA

Independientemente de que hubiese coincidencias o discordancias de orden político, para todo el ámbito político local es una pérdida trágica y dolorosa la muerte del diputado federal Guillermo Zavaleta Rojas, así como de quienes lo acompañaban en la aeronave que ayer se precipitó en Bahías de Huatulco. No existen palabras suficientes para lamentar la muerte de seis personas jóvenes que buscaban incidir positivamente en la política local. Descansen en paz.

Parálisis municipal: ¿Y los ciudadanos?

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+ Basura, muestra fiel de nuestra indolencia

El gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, que encabeza el encargado del despacho de la Presidencia Municipal, Miguel Ángel Bustamante Underwood, no sale de una cuando está ya metido en otra. En los últimos meses ha enfrentado una ola interminable de turbiedades y problemas, que han entorpecido gravemente la prestación hasta de los servicios públicos más básicos. Es cierto que es deber gubernamental del Ayuntamiento atender los rubros que les mandata la Constitución y las leyes. Pero ante tanta ineficacia, y ante la realidad misma, debíamos preguntarnos dónde estamos, y qué responsabilidad asumimos los ciudadanos.

El asunto no es menor. Porque si bien es cierto que es alarmante el nivel de insuficiencia que ha mostrado el gobierno de la capital oaxaqueña, también lo es que los ciudadanos hemos desatendido, voluntariamente, algunos de los deberes mínimos que nos deberían corresponder ante ese cada vez más evidente vacío de autoridad que impera en las calles. Así, es cierto que el gobierno no es capaz de cumplir; pero ello no es óbice para que los ciudadanos simplemente nos lamentemos de la situación, pero sin tomar parte de estos problemas en los que también deberíamos tener cierto involucramiento.

¿Qué problemas son los que ha dejado de atender la autoridad? Tan sólo en los últimos meses, la autoridad municipal ha mostrado una importante falta de capacidad para atender rubros aparentemente tan controlados, como lo son el ambulantaje, el servicio de recolección de basura, la seguridad pública en las zonas más sensibles de la capital, e incluso los servicios de atención al usuario que directamente presta la administración municipal.

Es evidente que, en algunos casos, la acción ciudadana es poco útil cuando se enfrenta a factores reales de poder. Pero sí existen acciones que los particulares podríamos tomar no para suplir o justificar a la autoridad, sino para evitar incrementar los problemas que se crean a partir de la ineptitud de quienes deberían cumplir eficazmente con los deberes públicos. Sólo que, en este caso, los destellos ciudadanos no resultan ser la generalidad, sino más bien destellos aislados que, por su atomización, no alcanzan a servir de mucho.

Hace unos tres meses, en nuestra entrega del pasado 2 de junio, dimos cuenta de un problema aparentemente menor que, sin embargo, revelaba cuán degradada se encuentra la autoridad frente a los grupos que desean ponerla a prueba, y de qué tamaño es también el desdén ciudadano.

En aquella ocasión, un presunto grupo de vándalos se dedicó a trozar, a lo largo de varias cuadras de la avenida José María Morelos y Pavón, ahí en pleno corazón del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, varias docenas de árboles tipo fresno, macuil y primavera, fueron trozados no sólo utilizando las manos, sino también, por el tipo de cortes realizados, cuchillos o machetes.

No fue uno ni fueron diez los árboles trozados. Cada uno de ellos, no valía ni uno ni diez, sino más de mil pesos, que fueron pagados por una fundación privada, para beneficio de la capital. A pesar de la consternación de quienes —comerciantes y personas que trabajan en la zona— aquella mañana hicieron el descubrimiento, y de las investigaciones que algunas personas realizaron para tratar de dar con los responsables, resulta que nadie vio nada.

En efecto, resultó que en aquella ocasión, ninguna de las personas que habitan por la zona —que no son pocas— supo dar cuenta de alguna referencia sobre lo ocurrido. Nadie vio, o quiso ver lo ocurrido. En la calle pudo haber pasado eso, o cualquier otra cosa, y de todos modos nadie se dio por agredido.

El problema es que la Policía Municipal de la capital oaxaqueña —que tiene su cuartel general a menos de cuatro cuadras de donde ocurrieron los hechos—, tampoco vio o tuvo conocimiento del hecho, y por tanto tampoco movió un dedo para tratar de dar con los responsables. Ese fue otro pequeño ecocidio, en el que, sin embargo, nadie se interesó porque no eran grandes árboles, y tampoco era —como en el caso Chedraui— una causa que despertara de modo importante la irritación ciudadana.

DESDÉN CIUDADANO

El Estado existe, en su concepción misma, para proveer al ciudadano de ciertas garantías, derechos y servicios, que éste no podría adquirir o tutelarse por sí mismo. Para eso el ciudadano le confiere al Estado, e indirectamente al gobierno, las potestades públicas soberanas y legítimas para ejercer ciertas funciones, hacer valer ciertas normas, e incluso allegarse de métodos coactivos para que las disposiciones sean obedecidas. Esa es parte de una concepción clásica de por qué el Estado debe ser sostenido por los ciudadanos a través de los impuestos, para obtener a cambio beneficios colectivos de vital importancia para su vida y desarrollo.

Sin embargo, tal concepción no debíamos asumirla a pie juntillas. Es evidente que junto a la acción gubernamental, se encuentran las acciones ciudadanas que tienen como fin no suplir al Estado, sino evitar que las deficiencias de éste sean agravadas por los mismos particulares. Si esto lo llevamos a nuestra realidad, entonces los ciudadanos deberíamos tomar una participación más activa, por lo menos parcialmente, frente a los problemas que el gobierno no tiene capacidad de resolver.

Sin embargo, los ciudadanos no hemos asumido nuestra responsabilidad, y eso es notable. De nuevo, la capital oaxaqueña está inundada por la basura, ante los conflictos reiterados que existen alrededor del servicio de recolección de basura, y del tiradero municipal. Quienes particularmente habitan o tienen negocios en el Centro Histórico, sin embargo, no dejan un solo día de sacar su basura a la calle, independientemente de que haya o no servicio de limpia.

NO AYUDAMOS

¿Qué ganan con hacer eso? Evidentemente, sólo el no tener sus desechos en sitios determinados dentro de sus domicilios. Pero lo dejan en la vía pública, lo cual es igual de grave, o peor, no sólo por el aspecto degradante al que contribuyen, sino también porque con ello estimulan la contaminación. Y con eso, en realidad, no se resuelve nada. No existe sensibilidad para enfrentar de verdad los problemas. Asumir la actitud de desdén (“valemadrismo”, le denominan en lenguaje pedestre) no hace más que profundizar otros problemas que se podrían abordar responsablemente. No se trata sólo de exhibir a la autoridad con acciones como la de sacar la basura a la calle; se trata de asumirnos como auténticos ciudadanos. Y no lo hacemos.

PRI: presupuesto como herramienta electoral

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+ Rebeliones internas, un factor poco calculado

Algunos integrantes de la cúpula priista, están más preocupados por ver cómo se repartirán las postulaciones en la elección federal de 2012, que por lo pase en los próximos meses en Oaxaca. Con sentido de suficiencia, los legisladores locales y federales del PRI, se asumen hoy como los sobrevivientes de una hecatombe política al interior de su partido, que no tiene precedentes. Y como tales, se consideran como los seguros beneficiarios de ciertas candidaturas y cargos políticos en la próxima elección federal que, ante el triunfo priista que ellos esperan en la Presidencia de la República, los catapultaría a buscar la gubernatura del Estado, en 2016, con grandes posibilidades de triunfo.

¿De qué hablamos? De que hoy, particularmente entre los diputados federales del PRI por Oaxaca, existe una suerte de competencia interna, atroz pero hasta ahora reprimida, por ver quién, o quiénes, se quedan con las dos candidaturas de la fórmula que disputará los escaños en el Senado de la República, que representan a la entidad. Ante un potencial triunfo priista en los comicios federales de 2012, Oaxaca tendría de nuevo dos senadores tricolores; en su lógica, ganen o pierdan, quien encabece esa fórmula de todos modos tendrá un sitio seguro en la Cámara alta, así como altas posibilidades de conseguir la candidatura al gobierno estatal.

La principal herramienta que tienen —y conservarán hasta 2012— los diputados federales, y el grupo político al que pertenecen, para tratar de continuar teniendo presencia en el ámbito político estatal, es a través de la negociación del presupuesto público que le será asignado a Oaxaca desde la Cámara baja del Congreso de la Unión. Esa es la razón por la que, hasta ahora, la diputación federal priista se ha mostrado poco renuente a colaborar con el gobierno opositor de Gabino Cué Monteagudo, y por la que han manifestado —en una actitud demócrata poco creíble— que independientemente de los partidos, lo que ellos desean es el progreso de la entidad, y que por eso harán gestiones de mayores recursos aún no siendo su partido quien gobierne Oaxaca.

Sin embargo, eso mismo es lo que comienza a ser motivo de disputas. Hace apenas unos días, dentro de la diputación federal tricolor ocurrió una controversia por la disposición mostrada por el priista Manuel García Corpus a entablar diálogo y concertación con el nuevo gobierno, y por la casi inmediata negativa de su coordinador de bancada estatal, Héctor Pablo Ramírez Leyva, al asegurar que ellos no tienen prisa, ni están buscando acercamientos con el gobierno electo, y que el único que puede emitir posicionamientos de la diputación federal del tricolor es él.

¿Disputa por qué? Porque esa disposición de uno, y resistencia del otro, lo que deja ver es la bifurcación de intereses y visiones de la política entre dos personajes que comúnmente actúan en base a la institucionalidad, al dictado de su jefe político, y a la disciplina. Es decir, que mientras unos se sostienen en sus resistencias naturales de partido opositor, los otros están buscando ciertos respaldos, aún de sus contrarios, para “crecer” políticamente dentro de su partido, y reposicionarse de cara a las aspiraciones del futuro.

Ninguno de los dos está errado del todo: finalmente, ambos —y varios otros— desean llegar al mismo puerto, que es la candidatura a Senador, con miras al 2016. Sólo que por dos caminos distintos. Uno a través del sostenimiento de las posiciones y ventajas propias de su partido; y el otro, quizá, previendo que aún dentro de dos años, el gobierno de Oaxaca podría ser un factor externo que balanceará los equilibrios dentro del priismo. Lo interesante es que unos y otros, tendrán como punto de inicio la negociación del presupuesto. Esa podría ser su gloria. Pero también su infierno.

LIDERAZGOS REALES

Sin embargo, los priistas deben comenzar a aterrizar sus ideas. Existe cierta expectativa respecto a que al iniciar el año próximo, también se desatará una primera rebelión interna dentro del priismo. ¿Por qué? Porque será entonces, cuando ya no tendrán un jefe político definido e investido formalmente con el poder público. Tendrán que comenzar a gobernarse en base a reglas distintas. Y eso es lo que, justamente, a más de uno incomoda y anima a la insurrección.

Lo acepten o no, y lo convaliden o no sus mismos compañeros legisladores, el diputado federal que por obvias razones consiguió construir una presencia política más efectiva que todos en la entidad, es Eviel Pérez Magaña. Él es quien, por el momento, encabeza las posibilidades de acceder al Senado de la República, a través de la fórmula priista por Oaxaca. Si los resultados se combinan a favor de la causa tricolor, en 2012 Enrique Peña Nieto se convertiría en Presidente, creando un efecto electoral favorable para los demás candidatos priistas, para que en entidades como Oaxaca éstos ganaran las posiciones legislativas también en disputa.

Este escenario, sin embargo, no gusta a más de un diputado federal del PRI. Rememoran ciertos episodios en los que el diputado Pérez Magaña fue favorecido por su partido, a través de “métodos democráticos” inexplicables; e incluso dicen que es inmerecida su presencia en la dirigencia priista. Si esta lógica se continúa aplicando, el objetivo de la rebelión sería el tratar de someter al Líder estatal del tricolor —que formalmente sería el jefe político de los priistas oaxaqueños—, para reavivar las posibilidades de que cualquiera de los diputados federales, pudiera llegar a encabezar la fórmula por el Senado.

El objetivo de fondo, como se apuntaba en líneas anteriores, es esperar a que los resultados les sean favorables en la elección presidencial de 2012, y que el gobierno federal priista impulsara al Senador priista que encabezara la fórmula, para ir en pos de la gubernatura.

GUERRA, GUERRA

Por eso, como su arma decorosa de presencia política, utilizarán las negociaciones y aplicaciones presupuestales, interactuando con el gobierno de Cué. Pero también, es posible que libren una guerra interna, sin tregua, por apaciguar entre ellos mismos a sus compañeros aventajados, por crecer los que hoy no tienen presencia, y por sostenerse los que se sienten con ascendencia, simpatías o abolengo, dentro de su partido —aunque quién sabe en el ánimo del electorado. Son, de nuevo, los mismos futurismos por los que tantos daños, de consecuencias funestas, se han provocado.

Equipos de transición: que nadie se emocione

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+ Funcionarios designados, sólo por obviedades

La designación de personajes como los diputados Héctor Pablo Ramírez Leyva y Martín Vásquez, o los funcionarios Miguel Ángel Ortega y Bulmaro Rito como “enlaces” para el proceso de transmisión de la administración estatal, de inmediato provocó una serie de especulaciones sobre un posible pacto, o acuerdo de impunidad, entre los gobernantes entrante y saliente de Oaxaca. Nada parece, sin embargo, más alejado de la realidad.

El pasado 23 de agosto, ocurrió finalmente una reunión entre el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo. En el comunicado que el gobierno estatal emitió al respecto, se dijo que ambos mandatarios acordaron trabajar conjuntamente en diversos temas relacionados con la entrega recepción, y se comprometieron a establecer canales de interlocución para llevar a cabo una transmisión civilizada del Poder Ejecutivo del Estado. Quedó claro, días después, que dicho acuerdo no había sido sólo una manifestación de  buenas voluntades. ¿Por qué?

Porque en los principales círculos administrativos del gobierno estatal, de inmediato se notó un incremento en la presencia de personas que fungen, o fungirán, como puentes entre las dos administraciones. Hasta antes de dicha reunión, habían ya ocurrido algunos intentos de establecer contactos en otros niveles de menor jerarquía. Sólo que no había la manifestación expresa de que tales puentes de comunicación debían establecerse. Hasta ahí, todo parecía ser parte de una transmisión más o menos normal de las funciones públicas entre ambas administraciones.

Las especulaciones surgieron a raíz de la imprudencia de ciertos personajes. Desde el mismo día en que ocurrió la reunión entre los gobernadores Cué y Ruiz, se reseñó en diversos espacios informativos sobre la actitud triunfalista del titular del Coplade, Bulmaro Rito Salinas. Éste personaje, indeseable ya en la administración estatal para muchos, pareció haber tratado de agenciarse el “punto favorable” relativo a la reunión entre los mandatarios. Como si esa reunión no fuera un acto de civilidad de ambos gobernantes, Rito hizo creer a más de uno que con esa gestión —que además no fue cuestión suya— se había ganado privilegios para los próximos años.

Esta idea no clara ni correcta, se reforzó anteayer cuando el propio Gobernador electo informó que el gobierno actual había designado como enlaces con el nuevo gobierno, para el proceso de transmisión de poderes, al grupo de personajes antes mencionados, entre los que se incluían los nombres de personajes que, por razones políticas, administrativas o partidistas, están fuertemente confrontados con el gobierno entrante, o sobre los cuales pesan cuestionamientos abundantes. Nos referimos, en el primero de los casos, al diputado Ramírez; y en el segundo, al titular de Coplade, Rito Salinas.

Se creyó, por ejemplo, que esos cuatro personajes no sólo habrían sido los “elegidos” para encabezar un proceso de entrega recepción que, en realidad, es sólo un acto administrativo, en el que no tienen nada que ver personajes, como el diputado Ramírez, que ni siquiera son parte de la administración pública estatal; se especuló respecto a que los cuatro personajes antes mencionados, podrían aparecer como parte del gabinete del gobierno entrante. Esto, según, como parte de un “acuerdo” entre los dos Mandatarios para llevar a cabo una transición tranquila, sin persecuciones al gobierno saliente, pero tampoco con hostigamientos presupuestales o políticos para el gobierno entrante.

Más de uno se fue con la finta. No se reparó en dos cuestiones esenciales: primera, que los cuatro enlaces designados por el gobierno saliente, realizan, y realizarán, las funciones esenciales de la representación gubernamental priista: Ortega Habib, como encargado de las finanzas; Rito, como encargado de la política de desarrollo; y los diputados Ramírez y Vásquez Villanueva, como representantes del priismo en los congresos local y federal.

Más allá de las especulaciones, lo que parece que se trató de cubrir fueron los flancos a través de los cuales tendrán que interactuar, les guste o no, ambos gobiernos para poder cumplir con esa finalidad, a veces poco comprensible, del bien común. Y segunda, que las mismas circunstancias no del gobierno saliente, sino del entrante, hacen prácticamente imposible un acuerdo del tipo o el contenido, del que tanto se especuló en los últimos días.

CUÉ, ¿SE ARRIESGARÁ?

La imposibilidad de un acuerdo, o pacto de impunidad, que incluyera una posible no persecución a funcionarios priistas por el nuevo gobierno, o incluso la inclusión de algunos en el gabinete del gobernador Cué, parte de un hecho lógico: el próximo gobierno, difícilmente se prestaría a ser parte de un proceso de desgaste que le traería más daños que beneficios.

Expliquémonos: si el gobernador Cué incluye a cualquiera de los personajes priistas antes mencionados, estaría enviando mensajes contrapuestos a los ciudadanos y grupos políticos que lo apoyaron para llegar al poder. Sería tanto como aceptar que el cambio sirvió para nada, y que las altas expectativas ciudadanas se diluyeron frente a un acuerdo político vacío de contenido democrático.

Difícilmente el gobierno de Cué se prestaría a eso. De entrada provocaría fuertes rupturas entre sus grupos de apoyo. Y, evidentemente, no sacrificaría tanto por tan poco. Así, Ortega, Rito, Vásquez y Ramírez, son simples enlaces. Y nada más.

MAL, MAL, MAL

La semana pasada, un grupo de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, fue blanco de una turba enardecida en Huautla de Jiménez. ¿La razón? Que, a última hora, y en un simple aviso telefónico, la directora de Participación y Vinculación Social, Claudia Martínez Sánchez, canceló una feria de prevención del delito en esa localidad, argumentando que no había condiciones para llegar hasta la población. El problema fue que todos los participantes llegaron —aún después de hasta 15 horas de un viaje tortuoso— menos ellos. Exigieron al municipio la erogación de gastos que en esos momentos habrían servido para atender a los damnificados por las lluvias. Pero lo que más molestó a la autoridad y los habitantes de Huautla, es que esta es la tercera vez que la directora Martínez cancela, a última hora, y sin ninguna consideración, ese mismo evento. El caso es que pagaron justos por pecadores. ¿Y así quieren prevenir el delito? Vaya eficiencia.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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