“No cacería de brujas”: ¿Y entonces… la impunidad?

+ Nuevo gobierno: no venganzas; sí, cambio de actitud

En los rejuegos comunes entre los grupos que abandonan y toman el poder, se hacen cotidianos ciertos discursos que, sin embargo, siguen teniendo algo más que insatisfecha a la sociedad. El gobierno saliente, asegura —aunque ciertamente nadie le cree— que actuó con la mayor pulcritud posible, y que sus funcionarios utilizaron correctamente los recursos sin enriquecerse a costa del erario estatal. Por su parte, el gobierno entrante asegura que no tolerará actos de corrupción presentes o pasados, pero sin embargo dice también, casi como parte de sus lugares comunes, “que no habrá cacería de brujas”. Todo esto, sin duda, intenta ser una gran tomadura de pelo, y también una afrenta, para la ciudadanía.

Llevado a los dos extremos visibles, este asunto de los posibles actos de corrupción podría terminar o en la impunidad, o en la más hostil de las persecuciones. Es lo que, en varios círculos de poder —en los que las expectativas políticas se han construido a partir de los rencores y las ambiciones— desearían ver:

Cuando existe continuismo en el grupo gobernante, ver que todos los actos indebidos son solapados y encubiertos por los sucesores; o, en el otro extremo, cuando existe un proceso de alternancia —como es el caso actual—, ver que todos los ex funcionarios, honestos o no, son perseguidos hasta ser encarcelados, no necesariamente por los posibles actos de corrupción cometidos, sino como un verdadero ajuste de cuentas entre grupos de poder.

Sin embargo, es claro que el verdadero sentir ciudadano —el de la cotidianidad de la gente que simplemente se encuentra interesada en dar seguimiento a los temas públicos— tiene una perspectiva diferente de lo que es la “honestidad” de unos, las promesas de justicia de otros, y las prevenciones sobre la abstinencia de realizar “cacerías de brujas” entre unos y otros. ¿De qué hablamos?

De que, para el ciudadano de a pie, simplemente resulta simplemente inadmisible que un servidor público presuma públicamente de tener antecedentes pulcros como parte de la administración pública, cuando en un sexenio transformó por completo sus hábitos, bienes, posesiones, actitudes y modo de vida.

Del mismo modo, resulta impensable para ese mismo ciudadano de a pie, que frente a la comisión de todo tipo de excesos evidentes en cuanto al trabajo público, un nuevo régimen —que ganó las elecciones precisamente por las promesas de cambio y castigo a las injusticias— diga que sólo verá para delante, que evitará las “cacerías de brujas” y que, en términos sencillos, deje ver que dejará en el olvido esas acciones que tanto daño provocaron a la credibilidad y el buen manejo de los dineros y demás recursos del Estado.

Eso es, precisamente, lo que ocurre en Oaxaca. A pesar de que un grupo importante de servidores públicos que están a punto de entregar sus respectivos cargos, cambió por completo su modo de vida, hábitos y posesiones en el presente sexenio, todos hoy aseguran que hubo pulcritud en el manejo de los recursos; y el nuevo gobierno ha dado señales poco sustentadas de que irá verdaderamente en contra de todos aquellos que han cometido excesos en la administración pública.

¿LEGALIDAD O LEGITIMIDAD?

En todo caso, lo que hasta ahora ha habido en la comprobación de los recursos, es cierto grado de legalidad. Hasta el final de la presente administración, es realmente poco o nada lo que se sabe sobre servidores públicos sancionados administrativamente, o procesados ante los tribunales judiciales, por haber incurrido en alguna causal de responsabilidad en su gestión administrativa.

Poco o nada se sabe de ese tema, en realidad, porque las instancias de fiscalización de la gestión pública estatal —Secretaría de la Contraloría, Auditoría Superior y demás— han servido como órganos que revisan y corrigen las irregularidades, mas no han tenido una voluntad real por sancionar a los servidores públicos estatales que hubieren incurrido en algún tipo de ilegalidad en el desempeño de su cargo, independientemente de su rango o jerarquía política.

Por esa razón, sencilla pero de gran peso, e independientemente de lo que digan, hoy por sus propios actos y antecedentes, a los funcionarios estatales salientes nadie les cree sobre sus dichos y promesas de pulcritud y legalidad. Más allá de las componendas entre grupos de poder, o de sus arreglos particulares, es el ciudadano de a pie —que el cuatro de julio pasado votó, mayoritariamente por un cambio en el ejercicio del poder y el gobierno— quien se siente no sólo incrédulo sobre todo eso, sino también agraviado y con el ánimo de ver que se haga justicia. Y para ese ciudadano, que lo último que desea es venganza, parece hasta un insulto que el nuevo gobierno asuma sus responsabilidades diciendo que no habrá “cacería de brujas”.

Habría, en ese sentido, que regresar al origen de ese término. El apotegma sobre la “cacería de brujas”, fue acuñado en los tiempos del priismo para prevenir que, si bien no había arreglos completos entre los grupos que se transmitían el poder —tradicionalmente emanados del mismo partido político, aunque diferente grupo—, tampoco habría revisiones a fondo sobre las posibles irregularidades o excesos cometidos en el pasado, y mucho menos la posibilidad de ejercicio de acciones administrativas o penales para sancionar a quienes hubieran incurrido en ilegalidades.

Evidentemente, eso es lo que pareciera que más incomoda a quienes, desde la sociedad no involucrada con el ejercicio del poder, escuchan las promesas sobre la “no cacería de brujas”. El ciudadano de a pie hoy se pregunta: ¿La no “cacería” significa una promesa estricta de legalidad, o es la señal sobre un arreglo entre quienes ejercieron, y quienes van a ejercer el poder?

EXPECTATIVAS ¿IMPOSIBLES?

La ciudadanía común tiene expectativas sencillas pero importantes. Desea justicia, desea orden y desea un cambio de actitud en el ejercicio del poder. Contrario a las expectativas fantásticas, e imposibles de cumplir en el corto plazo, que fomentan erróneamente los gobernantes, la ciudadanía pretende ver que las promesas de cambio se reflejan verdaderamente en la realidad. Una de esas promesas, es que el gobierno se ejerza de un modo menos excesivo. Pero otra tiene que ver no con venganzas, sino con el cumplimiento de ciertos estándares de legalidad y honestidad, que inician por demostrar que no hubo pactos de impunidad entre las dos administraciones.

 

Reabrir caso 2006: GCM jugará con fuego

+ Impunidad no debe ser imperativo cotidiano

El gobernador electo, Gabino Cué, debe estar seguro de lo que ofrece. Prácticamente desde que ganó los comicios, ofreció a los oaxaqueños una revisión a fondo de los posibles crímenes cometidos durante el conflicto magisterial y popular de 2006, para castigar a todos aquellos funcionarios que pudieran haber incurrido en responsabilidades administrativas o penales, y abatir la impunidad que, es innegable, tanto ha lesionado a la ciudadanía. Si esto llega a ocurrir, por donde se le vea, tendrá un efecto boomerang respecto a varios de sus aliados.

Hoy es más claro que nunca que Gabino Cué ganó la gubernatura un tanto por su trabajo político, otro por las buenas lides de la ingeniería electoral que lo acompañaron, pero también, en buena parte, por los errores y excesos cometidos por el gobierno saliente. Fue, por así decirlo, un triunfo electoral que en parte se construyó por exclusión. Y es que una de las actitudes que más lastimó a diversos sectores de la ciudadanía, fue que un episodio como el del 2006 hubiera quedado en la más aberrante de las impunidades.

En ese sentido, la ciudadanía cuestionó sistemáticamente al gobierno de Ulises Ruiz. Había razón innegable para ello: luego de concluida la fase violenta de la revuelta magisterial y popular de 2006, las partes directamente involucradas en la problemática decidieron sentarse a negociar lo que, en términos sencillos, fue un arreglo de impunidad. El gobierno estatal, por un lado, y la APPO junto con la Sección 22 del SNTE, por el otro, decidieron que el conflicto terminara a través de la subsistencia de todos los actores y de todas las demandas sociales y políticas, pero —paradójicamente— cancelando toda posibilidad de que se hiciera justicia.

¿Por qué? Porque sólo quien no vivió y padeció el día a día del conflicto magisterial, ni le dio seguimiento más allá de los fanatismos que abundaron, pudo darse cuenta que los excesos y los delitos se cometieron en todos los frentes; y que, por tanto, de hacerse justicia tendría también que hacerse no sólo investigando y persiguiendo a los de un bando, sino a todos.

Quien vio la revuelta social más allá de los apasionamientos, pudo corroborar que en nombre de la paz y el orden social, el Gobierno del Estado se ensució las manos de sangre, corrupción y abusos; pero que, también, en nombre de la lucha social y los postulados que se esgrimieron en el conflicto, los grupos que encabezaron la revuelta magisterial cometieron todo tipo de tropelías en contra de la ciudadanía, que se encontraba en medio de esa guerra civil, sin tener a nadie que le procurara el orden y la legalidad que tanto se deseaba recobrar.

Hoy, a la distancia, es evidente que lo único que parece haber subsistido de aquellos episodios negros de la historia de Oaxaca, es el propagandismo sobre la represión, y las verdades a medias sobre quién cometió delitos, y quién resintió todos los daños y las tropelías que se cometieron en aquel entonces.

Si, en ese sentido, el gobierno de Gabino Cué desea hacer justicia e investigar a fondo todo lo que ocurrió hace cuatro años durante la revuelta magisterial, entonces debe revivir todos los episodios y no sólo los que ahora le parezcan “políticamente correctos” o útiles sólo para quienes son sus aliados. Si las tropelías las cometieron todos, entonces todos deben enfrentarse a la justicia. Y al menos en este caso, quién sabe si eso le convenga ahora al nuevo gobierno.

EXPECTATIVA DE RIESGO

Fundamentalmente, el gobierno de Gabino Cué recogió de los grupos de lucha social, y del magisterio de la Sección 22, la demanda de reabrir los expedientes del 2006 y hacer justicia a fondo. El objetivo, claramente visible, es ir con todo en contra de aquellos que desde las responsabilidades del Gobierno del Estado cometieron abusos y represión en contra de quienes encabezaron el movimiento magisterial.

En ese sentido, también el objetivo parece perfectamente claro: Si los profesores de la Sección 22 constituyen una de las fuerzas políticas más influyentes de la vida pública de Oaxaca; y, junto a ellos, y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, representa una de las voces a las que —desde México y el extranjero— más se les toma en cuenta cuando se habla de la lucha social en la entidad, entonces la nueva administración estatal pretende sostenerse como principal aliada de esos grupos.

Esto, por al menos dos razones. En la primera de ellas, porque al ser esos grupos determinantes para la estabilidad social de la entidad, y para la legitimidad de un gobierno de alternancia, lo peor que podría hacer la administración gabinista es abrir un frente de batalla con esos grupos. Sin duda, dadas las condiciones sociales en que vive Oaxaca, de una disputa de ese tipo el gran perdedor sería el gobierno estatal.

En esa lógica, la segunda razón —no menos importante— tiene que ver con el grado de credibilidad que pretende construirse el régimen de Gabino Cué, como una administración progresista que recoge y encabeza las exigencias más sentidas de la población. Al menos por ello, buscaría ir tras de quienes han cometido delitos desde el poder público, en contra de los luchadores sociales.

¿Pero por qué esto sería un bumerang? Porque los agravios no sólo los sufrieron los integrantes de la Asamblea Popular o los de la Sección 22. Junto con ellos, fueron cientos o miles de oaxaqueños que padecieron los horrores de la sinrazón, y que fueron víctimas de los excesos que también, e innegablemente, se cometieron en nombre de la lucha social.

Así, al buscar hacer justicia, tendría también que procurar hacerlo parejo. Más de uno exigiría —no por defender a un gobierno insostenible e impresentable como el que terminará su gestión el próximo 1 de diciembre, sino por una simple cuestión de lógica—, que si se constituye una comisión de la verdad, se persiga a unos, pero también a los otros.

MANOS SUCIAS

De algún modo, todos los que participaron del conflicto salieron con las manos sucias. Es cierto que gran parte de ellos, aparecen aún hoy, o aparecieron, como funcionarios de la administración que termina; pero otros, invariablemente, hoy aparecen como parte del grupo que gobernará la entidad. Ojalá, por el bien de la justicia, que Gabino Cué termine con la impunidad que prevalece en general, y particularmente respecto al 2006. Pero ojalá que no sea, como lo ha prometido, faccioso a la hora de revisar las responsabilidades.

Procuración de justicia: Pésimas cuentas

Para cualquier gobierno democrático, uno de sus imperativos fundamentales —si no es que el más importante— es que los ciudadanos crean en sus instituciones, y en las instancias encargadas de velar por el cumplimiento de los fines del Estado. Una de esas finalidades esenciales, es la de la procuración de justicia, porque es la base de todas las nociones sobre la seguridad jurídica de que —se supone— gozan los ciudadanos. Ante los resultados, es evidente que en este rubro la ya agonizante administración estatal saliente entregará pésimos resultados.

Bien dicen que en la política, como en la administración pública, e incluso en la vida, no sólo hay que ser, sino también parecer. Y lo que es evidente, es que la administración del gobernador Ulises  Ruiz falló en cuando menos en uno de esos imperativos… si no es que en ambos.

La mejor evidencia de todo, se encuentra en el hecho de que la Procuraduría General de Justicia del Estado no sólo ha fallado en la tarea de perseguir los delitos y esclarecer ciertos hechos delictivos que revisten particular relevancia para la sociedad oaxaqueña; lo más grave es que hoy, independientemente de que esa instancia investigue o no, o tenga o no la capacidad de llegar a resultados concretos, de todos modos la sociedad lo que le profesa es incredulidad y descrédito.

En ese sentido, parece claro que, en el mejor de los casos, una instancia de procuración de justicia debería de tener la capacidad de perseguir y esclarecer todos los delitos que ocurriesen en la demarcación en la que tiene competencia. Evidentemente, como la sociedad perfecta no existe, tampoco hay razón para suponer que existiera una Procuraduría con esas características. No obstante, entre ese estadio ideal, la realidad de una instancia de procuración eficiente, y lo que la desgracia que ha sido ese rubro en Oaxaca, existe un trecho seguramente insuperable.

¿Por qué? Porque en Oaxaca nunca ha existido —y seguramente nadie espera que exista—, una Procuraduría ideal. En ese sentido, con el inicio de cada administración se renueva cierta expectativa de que las tareas de procuración de justicia y persecución del delito mejorarán a favor de las personas. Pero, entre esos dos extremos se encuentra el caso de Oaxaca, en el que la PGJE difícilmente tiene la capacidad de investigar a fondo un caso y llegar a resultados concretos; e independientemente de que eso se lleve a cabo, de todos modos la sociedad tiene poca capacidad y confianza para creer que la Procuraduría está haciendo su trabajo.

Esto —como lo decimos en líneas iniciales— para cualquier gobierno democrático sería gravísimo. ¿Cómo pensar en un gobierno que presume de cumplir con sus funciones, cuando tiene una instancia nada menos que de procuración de justicia, a la que nadie le cree? ¿Cómo presumir de sus buenos resultados, cuando lo que está a la vista es que ha sido incapaz de resolver desde los más mínimos delitos comunes, hasta los crímenes de más alto impacto que han ocurrido en la entidad?

Por si esto fuera poco: ¿Cómo querer convencer a la sociedad de un trabajo eficiente, cuando lo que se han vertido son sólo promesas de “no fallaré”, y lo que se han entregado son sólo justificaciones respecto a “lo difíciles” que son las tareas de procuración de justicia? De estos últimos argumentos, sin duda, puede dar particular cuenta puntual el incompetente ex Procurador, que hoy funge como Secretario General de Gobierno.

 

INCREDULIDAD JUSTIFICADA

Coincidentemente, con sólo una semana de diferencia fueron ejecutados en diversos puntos de la entidad oaxaqueña, el líder del Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda, y el dirigente máximo del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Heriberto Pazos Ortiz. Por la naturaleza de esos delitos, de los respectivos homicidios tomó conocimiento y ha conducido las investigaciones la PGJE.

Pareciera también coincidencia, que prácticamente al mismo tiempo las dos organizaciones sociales que respectivamente encabezaban los personajes ultimados a tiros, manifestaran expresamente sus dudas sobre las investigaciones que conduce la Procuraduría Estatal. Por un lado, y de acuerdo con información de la Agencia Quadratin, el nuevo dirigente del MULT, Uriel Díaz Caballero consideró que la diligencia de reconstrucción de hechos en el sitio donde fue Pazos fue ultimado “es una faramalla de la Procuraduría, otra más”, y cuestionó la falta de interés de la PGJE al no citar a los testigos y la falta de elementos en la escena del crimen como una motocicleta similar a la que usó el sicario.

Casi en el mismo sentido, a través de un comunicado, el Codeci manifestó sus dudas sobre las investigaciones de la Procuraduría, y cuestionó la “coincidencia” de que el mismo día que organizaron una manifestación masiva en la región de la Cuenca del Papaloapan para exigir celeridad en las investigaciones, la PGJE presentara a un sospechoso de haber fungido como el autor material de dicho crimen.

En ambos casos, que son meros ejemplos tomados de entre tantos otros que existen, el común denominador es la resistencia a creer que la Procuraduría Estatal realiza tareas apegadas a derecho y que tienen posibilidad de llegar a resultados concretos. Aunque la PGR está hoy encaminada a otras labores, el MULT dijo que solicitaría la intervención de esa instancia federal para reforzar las investigaciones, y el Codeci manifestó su confianza en que la próxima administración estatal sí dará con los responsables del homicidio de su compañero.

Lamentablemente, en todos los casos anteriores la PGJE ha sido incapaz de ofrecer resultados concretos, no sólo que demuestren que tienen verdaderas capacidades para hacer su trabajo, sino también para generar que la ciudadanía crea en ellos. Por eso, el descrédito que hoy enfrentan se acumula no sólo en el ser, sino también en el parecer. Nadie cree en ellos. Y eso es grave, para un gobierno que se califica como “democrático”.

DESÁNIMO

Quienes integraron las mesas de trabajo para elaborar el plan de gobierno de Gabino Cué, se encuentran en un estado de incertidumbre que ya se equipara al desánimo. ¿La razón? Que el gobernante electo sólo les dio las gracias, y les dijo que “hará llegar” las propuestas a quienes se encarguen las tareas del nuevo gobierno. Así, si sólo los utilizaron, qué mal. Y si no, deberían enviar las señales respectivas a quienes ya se sienten desplazados.

 

EPR: presencia mediática, su objetivo

+ Contradicciones ideológicas, lo oculto

Como periódicamente lo hace, la semana el EPR emitió un comunicado que, pareciera, lanzaba varias amenazas en contra de integrantes de los gobiernos saliente y entrante de Oaxaca. En ese sentido, hoy queda claro que la presencia que busca dicho grupo armado es fundamentalmente mediática y de presencia política. De no ser así, las contradicciones ideológicas, políticas e incluso con los grupos de poder que son sus adversarios principales, serían poco más que escandalosas.

Fundamentalmente, el último comunicado eperrista, fechado el 15 de noviembre pasado, pero dado a conocer un día después a través de la red de Internet y la prensa local y del Distrito Federal, se divide en tres temas fundamentales: la condena al homicidio del dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Heriberto Pazos Ortiz; la denuncia sobre los probables autores materiales e intelectuales de ese crimen, y la aseveración de que éstos pudieran ser los mismos que detuvieron y desaparecieron a sus compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; y la manifestación expresa a través de la cual le conceden el beneficio de la duda al gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

¿Debemos entender dicho comunicado, por cualquiera de esas tres vías, como una declaración de guerra, una afrenta o la revelación de un misterio? Pareciera que no. Desde mayo de 2007, la Comandancia General del EPR ha sostenido como su principal demanda la de la presentación con vida de sus compañeros y la de todos los desaparecidos políticos que se cuentan en el país.

Al denunciar la detención de sus militantes, la dirección eperrista responsabilizó al gobierno del presidente Felipe Calderón, y al del gobernador Ulises Ruiz, a quienes sistemáticamente señala como los responsables de la violencia y los actos de represión que ocurren en Oaxaca y el país; y a través de las misivas mediáticas, ha encontrado un vehículo eficaz —mientras se mantiene en la tregua unilateral, que ellos mismos decretaron respecto a cualquier acto de sabotaje o violencia— para mantener sus demandas y su presencia en la atención de la opinión pública nacional e internacional.

Junto a todo ello, es claro que el momento político que vive Oaxaca es excepcionalmente complejo. La entidad se encuentra a unos cuántos días de que ocurra la transmisión de poderes, que marcará la primera alternancia de partidos en el poder; el triunfo electoral de Gabino Cué Monteagudo ocurrió en medio de una altísima expectativa ciudadana sobre el cambio positivo en la forma de gobernar; y frente a ello, es claro que con el solo anuncio de la conformación del gabinete de gobierno, y las primeras decisiones que se tomen en el ejercicio de la administración pública, marcarán el rumbo que tome este proceso que aún parece titubeante entre la alternancia y la transición.

Por si algo hiciera falta, es también claro que hoy el nuevo gobierno de Oaxaca está también marcado por otras expectativas en el terreno estrictamente electoral: Cué ganó el gobierno estatal a través de una coalición partidista que conjuntó a las principales fuerzas políticas de derecha e izquierda del país. Algo que no sólo es políticamente inédito, sino también estrictamente contradictorio, y altamente pragmático; pero que fue justificado en el hecho de comenzar a desmantelar una estructura de poder —el gobierno priista de Oaxaca— que había dominado la entidad por varias décadas.

Así, en el éxito o fracaso que tenga en el corto plazo un gobierno de coalición como el de Cué, estarán determinados los triunfos o derrotas que tengan los gobiernos emanados de las fuerzas partidistas que impulsaron las alianzas. Pero por principio de cuentas, es lo que tiene puesta la atención nacional sobre todo lo que pase en Oaxaca respecto a este gobierno entrante que promete transición y democracia.

 

¿ATENCIÓN O

CONTRADICCIÓN?

Hoy, no es raro que hablar polarizadamente de Oaxaca —es decir, muy bien o muy mal de los gobiernos entrante o saliente— capte tantas atenciones. En este marco, es donde parece incrustarse los objetivos de fondo de la dirección eperrista con su último comunicado.

En un primer momento, el EPR captó la atención nacional, y se presentó como una auténtica amenaza para el gobierno federal, cuando a partir de junio de 2007 reivindicó cuatro acciones distintas de sabotaje a instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos. Con ello demostraron su alto nivel de organización y eficacia, así como la presencia que mantiene en varias entidades de la República. Empero, desde mayo de 2009, ellos mismos decretaron una tregua unilateral, como muestra de voluntad, para que la Comisión de Mediación pudiera realizar las gestiones necesarias ante los gobiernos e instancias posiblemente involucradas, y pudiera hallar a sus desaparecidos.

Mediáticamente, es previsible que la tregua atraiga mucho menos atención que la violencia o el sabotaje. Por esa razón, desde entonces los eperristas han ocupado únicamente los comunicados para reiterar tanto sus exigencias, como la posibilidad de que la tregua se termine. En este caso, es claro que la atención nacional que capta Oaxaca es un marco perfecto para continuar con su estrategia.

¿Por qué no podría ser entendido esto de otro modo? Porque, sin duda, entender dicho comunicado como una legitimación al gobierno de Gabino Cué, es tanto como negar su lucha, y varias de las banderas que legítimamente les han dado causas en los últimos años. ¿Cómo darle el beneficio de la duda a un gobierno que, contrario a ellos, pretende los cambios democratizadores a través de la vía institucional? ¿Cómo suponer cualquier posibilidad de respaldo —que expresamente no otorgan— a un gobierno emanado parcialmente del partido (PAN) del que también salieron a quienes acusan por represores y por desaparecer a sus militantes?

Es claro, entonces, que el objetivo es aprovechar el marco para reiterar una exigencia legítima por la presentación de sus compañeros. Todo lo demás, incluidas las amenazas, parecen meros artilugios para que se entretengan quienes no entienden sus objetivos de fondo.

DEBATE PÚBLICO

Hoy, a las 12.15 pm, inicia el programa “Debate Público”, conducido por el autor de este espacio. La transmisión será a través del portal www.rcmultimedios.mx. Atenderán a la invitación, para debatir, el investigador Felipe Martínez, el ex líder estatal del PC, Mario Mendoza Flores, y el dirigente de la CNOP, Jorge Toledo Luis.

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Tregua entre magisterio y Gabino, una fantasía

+ Jornadas de lucha, tan intensas como siempre

Ahora mismo, los órganos de dirección del magisterio aglutinado en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sesionan para buscar un consenso sobre el rumbo que tendrá su movimiento social frente al nuevo gobierno de Oaxaca. Es previsible que, independientemente de los acuerdos y resolutivos políticos que emitan, los maestros oaxaqueños decidan advertir que continuarán con sus métodos de lucha tradicionales. Aunque no sean adversarios del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, pronto quedará claro que tampoco serán aliados incondicionales.

En Oaxaca, como en el país, los ciudadanos estamos muy acostumbrados a los discursos de polarización. Es decir, a hacernos parte o asumir que los discursos y luchas políticas siempre ocurren entre buenos y malos; entre blancos y negros; o que los adversarios o aliados políticos, son incondicionales o perpetuos. En base a esa visión, muchos han asumido que al tener identidad en el adversario (el régimen y el grupo del gobernador priista Ulises Ruiz), el magisterio de la Sección 22, la APPO y la causa política de Gabino Cué eran incondicionalmente aliadas, y que así lo serían una vez alcanzada la gubernatura del Estado. Nada más alejado de la realidad que ello.

Una visión simplista, sin embargo, sí nos podría llevar a suponer lo anterior. Desde las elecciones estatales de 2004, los grupos políticos de Gabino Cué y Ulises Ruiz abrieron frentes de choque irreconciliables. De las batallas electorales, pasaron a los agravios y luego a las descalificaciones y el cobro de facturas. En esa lógica, era difícil —o imposible— suponer que llegase a existir, algún día, cierto entendimiento entre ambos bloques.

En esa misma visión, se encuentran las relaciones de la Sección 22 y la APPO respecto a la administración del gobernador Ruiz. A raíz del conflicto social del 2006, se rompieron todas las posibilidades de que hubiere un nuevo arreglo formal entre las partes; que, en el caso de la APPO, ésta pudiera al menos reconocer al gobierno estatal como un interlocutor válido. Y que, por tanto, pudiese haber cierto entendimiento entre esos grupos que también marcaron una confrontación sin puntos de retorno.

Al ser adversarios en común del mismo grupo, lo lógico sería suponer que sus intereses fueran comunes, y que éstos se centraran en derrocar al régimen actual. Cada uno por sus propios motivos, buscaría conseguir esa meta aún uniendo esfuerzos porque el fin era el mismo. Así, se pudo ver no sólo una alianza formal entre todos los partidos de oposición, aún frente a sus confrontaciones y diferencias ideológicas, sino también un cierto tipo de alianza fáctica entre los factores reales de poder que, sin declararlo expresamente, también unieron esfuerzos sobre una misma causa, que era la de derrotar al adversario en común.

Eso fue lo que llevó a más de uno a suponer que, a partir de un posible triunfo opositor, sería la Sección 22 quien buscaría “cogobernar” con el nuevo Mandatario, y que lo único “bueno” de todo eso, es que ahora sí se acabarían las marchas, los plantones y todas las acciones de presión a la que nos tiene malamente acostumbrados el magisterio de la Sección 22.

DISTANCIA PREVISIBLE

Esta lejanía que está marcando la Sección 22, respecto del gobierno de Cué, así como los anuncios previos de que seguramente continuarán en la lucha social y las movilizaciones, tienen un origen perfectamente previsible: las determinaciones del magisterio oaxaqueño tienen una dinámica distinta a la de los procesos y las fuerzas electorales. Por eso, aún cuando podría asegurarse que ellos también “ganaron” los comicios del pasado cuatro de julio, a partir del próximo 1 de diciembre, los seguiremos viendo en las calles haciendo todas sus manifestaciones, plantones y exigencias “tradicionales”.

Tendríamos que respondernos algunos porqués de esta decisión. En este espacio, desde el 1 de abril pasado, aseguramos que independientemente del resultado de los comicios, el magisterio continuaría con su agenda de trabajo independiente, e incluso establecimos algunas razones por las cuales el magisterio decidió no tomar parte activa, a favor de algún partido, en las campañas proselitistas.

En aquel momento nos preguntábamos: “¿por qué no participar del proceso electoral?”. Y respondíamos lo siguiente: “porque la acción política de la Sección 22 tiene límites. Pongamos el asunto en perspectiva. El llamado ‘magisterio democrático’ decidió no participar activa y abiertamente del proceso electoral porque su accionar sindical y político es distinto al de las fuerzas partidistas. Es decir, que independientemente de que apoyen o no con disimulo a tal o cual partido, alianza o candidato, ellos no generarán compromisos incondicionales o de largo plazo. Gane los comicios Gabino Cué o Eviel Pérez Magaña, la Sección 22 continuará siendo una fuerza opositora pujante, que estará dispuesta a todo —y cuando decimos que a todo, es a todo— para ver satisfechos sus objetivos de lucha.”

Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora: quien supuso que las alianzas políticas en el proceso electoral fueron incondicionales, simplemente se equivocó. Quien supuso que por apoyar a Gabino Cué Monteagudo, o tener identidad con sus causas de lucha, a partir de ahora el magisterio de la Sección 22 abandonaría sus formas y banderas de lucha, también tuvo una perspectiva errónea.

Los profesores de la Sección 22 saldrán a marchar el 1 de agosto no sólo para repudiar “hasta el último día” el gobierno de Ulises Ruiz. De hecho, su administración termina el 30 de noviembre, y al siguiente lo que ocurre es únicamente un acto protocolario de transmisión de poderes y toma de protesta.

PROTESTA PRESENTE

¿Para qué salir a marchar justamente al inicio de la nueva administración estatal? Para demostrar, y advertir, a Gabino Cué, que ellos son fundamentales para la gobernabilidad del estado, que fueron un factor decisivo que lo llevó al poder, y que ahí están presentes. Ya se verá qué tanto espacio les concede el nuevo gobierno. Pero independientemente de eso, la 22 seguirá marchando, exigiendo y movilizándose, porque su lógica es la de la lucha social y la preservación de sus conquistas laborales e intereses económicos, no la de las alianzas incondicionales y mucho menos la de los simples juegos electorales. Veremos, incluso, a una 22 más altiva que nunca.

 

Agresiones a la prensa: impunidad constante

+ Medios-Estado: la relación debe subir su nivel

Hoy, no parece más que un mero lugar común aquel que dice que la prensa es “el cuarto poder”. En los últimos años, el gremio periodístico ha —hemos— sido de los más golpeados no sólo por las agresiones físicas, de presión o de intimidación por parte del poder, sino que también la prensa ha sido presa de una de las mayores voluntades por la impunidad de que se tenga memoria. Hoy, más allá de los actos de victimización, es evidente que la relación entre el poder y la prensa está descompuesta, y que las soluciones no llegarán mientras los hacedores del periodismo nos mantengamos cruzados de brazos.

¿Por qué asegurar que existe una relación tirante? Porque hoy en día, el ensanchamiento democrático del país, trajo como consecuencia un México en el que, a diferencia de antes, ahora sí es posible hablar, denunciar y criticar con más libertad, desde los medios de información, a quienes materializan las funciones del Estado. Esa libertad parte de una de las garantías fundamentales de toda persona que se encuentre en territorio nacional: la libertad de expresión, que no tiene más límites que el ataque a la paz pública, la moral o el derecho de terceros.

Al estar garantizada esa libertad, sería de suponerse que también debería estar protegida por las leyes y las instituciones del Estado. Es decir, que tanto por mandato constitucional y legal, como también por la salvaguarda de las garantías constitucionales a que están obligadas las autoridades competentes, todo aquel que vulnerara la libertad de expresión —a través de agresiones físicas directas, chantajes, actos de intimidación o incluso de presión por medio de cualquier tipo de acciones coactivas— tendría que ser castigado con todo el peso que la misma norma jurídica señala para tal efecto.

En la realidad, el problema es que, aún cuando sí existe un amplio margen para ejercer la libertad de expresión, también existe un margen tanto o más ancho para vulnerar impunemente esa garantía. De ahí que, al hacer su trabajo periodístico de investigación, reseña y denuncia, el llamado “cuarto poder” sea también objeto de todo tipo de presiones, chantajes o agresiones que, por la vía de hecho, limitan y vulneran ese derecho a expresarse, y a escribir y publicar artículos, que se supone que tiene garantizados por la Constitución de la República.

En este sentido, la inacción de la autoridad es poco más que abominable. En los últimos años, ningún país del continente americano, e incluso prácticamente ninguno del mundo, ha sido tan violento en contra de la prensa como México. Es alarmante que, aquí, se cuenten por decenas la cantidad de trabajadores de la información que cada año son amenazados, intimidados, agredidos e incluso asesinados; y que también se cuenten prácticamente todas esas agresiones, en las dolorosas y agraviantes cuentas alegres de la impunidad.

Esto revela, pues, que a las autoridades de los tres órdenes de gobierno lo último que les importa, es investigar sobre los delitos que se cometen en contra de quienes, desde los medios de información, se dedican —nos dedicamos— a ser los mayores fiscalizadores y revisores de la función pública en el país.

Hasta ahora, ninguna de las instancias creadas por el mismo poder público para frenarse y contrarrestarse a sí mismo, ha sido tan efectiva como la acción de la prensa. De ahí que —seguramente por esa vocación excesiva en el ejercicio del poder que hay entre quienes detentan la función pública del Estado y el gobierno, y las incomodidades que recurrentemente les generan los medios de información, el último de los puntos que tienen las autoridades en su agenda para atender y esclarecer durante sus tareas públicas—, sean las agresiones a quienes hacemos la prensa.

 

RELACIÓN POLARIZADA

En México, la subcultura del caudillismo, del partido hegemónico, o de los gobernantes todopoderosos, crearon una idea equivocada sobre la relación entre la prensa y el poder público, que ha prevalecido por décadas. Movidos siempre por aquella vocación por el culto a la personalidad, y el control ejercido sobre la prensa a través del dinero o de las acciones violentas, los hombres de poder se acostumbraron a que ésta fuera condescendiente, cómplice y alabadora de una función de gobierno que, ni en el mejor de los casos, fue del todo pulcra como para no merecer ciertas críticas.

Por décadas la prensa fue sumisa al poder, por la alta concentración de potestades —todas— que tenía el gobernante en turno. Sólo que en algún momento el Estado cambió, y giró hacia formas más democráticas de determinarse. Ahí fue donde el poder tuvo que comenzar a reconocer el papel social que debía representar la prensa. Y ésta misma, paulatinamente, comenzó también a asumir su posición de fiscal y denunciador, y no de lacayo o palero del gobernante en turno.

Sólo que las formas de relacionarse entre unos y otros no varió. Si antes el Gobierno tenía el control de la prensa a través de la comercialización del papel, o de las acciones violentas de censura, hoy lo tiene por medio de los presupuestos publicitarios. El gobernante en turno, decide discrecionalmente a qué medios les compra publicidad, asimismo negocia con secrecía cuánto paga por ésta, y las condiciones de no agresión que impone para continuar ejerciendo el gasto publicitario en beneficio de ciertos medios. Es decir, que el gobernante ocupa como suyo, y en buena medida para fines personales, el dinero del Estado, que está destinado para la promoción de las obras del gobierno, no del gobernante.

Eso ocurre hoy en todo el país, y atenta contra las libertades fundamentales de todos los que hacemos la prensa. El gasto publicitario es del Estado, no del gobierno, y mucho menos del gobernante en turno. Por tanto, ese gobernante debía ejercer esos recursos basado en reglas claras, firmes y equitativas con todos los medios; es decir, que debía desaparecer, por completo, aquella antidemocrática idea del “no te pago para que me pegues”, que tanto daño le ha hecho a la democracia actual, y a la relación entre la prensa y los gobiernos que se dicen democráticos.

CONVENIO

Hoy se anunciará la firma de un convenio de colaboración entre la CNDH, la CEDH y los representantes principales de la prensa oaxaqueña, para fortalecer la legislación y las acciones que protejan a los periodistas. En ese marco, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fernando Batista, dictará una conferencia en el Hotel Fiesta Inn, a las 11 horas.