Es cierto que, en uno de los polos, comenzar a judicializar una de las garantías del debate parlamentario podría llevar a entorpecer la labor de las cámaras federales mexicanas; pero que, en el otro, continuar con la vieja usanza que llevaba a entender el fuero como un sinónimo de inmunidad e impunidad, no haría más que permitir la continuación de una práctica excesiva de los legisladores que atenta no sólo contra la honra o la reputación de personas o grupos, sino sobre todo contra su propia responsabilidad y decoro como representantes populares.