Eufrosina: el dilema de los usos y costumbres

+ Derecho indígena, como paradigma y debate

Es innegable que la ahora diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eufrosina Cruz Mendoza, ha sabido construir su liderazgo e imagen a partir de la adversidad. Alrededor de ella, se ha creado una figura más bien mítica, en la que lo mismo es la encarnación viva de la marginación que sufre la mujer indígena en el ejercicio de sus derechos políticos, que una lúcida luchadora social que buscará representar a las minorías étnicas en la Cámara de Diputados. Ahora que se encuentra ahí en donde se crean las leyes, deberá demostrar que esas dos cualidades, de mujer e indígena, son componentes y no disolventes de una verdadera convicción política.

¿Qué hace particularmente llamativa, en política, a Eufrosina Cruz? En primer término, que es una mujer que ha sabido remontar sus propias adversidades, y que ha convertido la desgracia en éxito. Hace tres años, en su natal Santa María Quiegolani, Yautepec, pretendió participar en el proceso de designación de autoridades municipales, pero fue impedida por los usos y costumbres que, en esa comunidad, negaban la posibilidad de que las mujeres pudieran votar.

Hábil como pocas, Eufrosina Cruz vino hasta la capital oaxaqueña para inconformarse públicamente, y ante los poderes del Estado. El Congreso le restó importancia a su argumento, y fue sólo cuando se presentó ante los medios de información, que su historia resultó llamativa para todas las fuerzas políticas. Investida en su calidad de mujer, e indígena, argumentó que había sido marginada del proceso de elección de autoridades en su comunidad.

Utilizando palabras que no mentían, pero que tampoco decían verdades completas, dijo que se le había impedido ser presidenta municipal de su comunidad, sólo por el hecho de ser mujer. Esto no era totalmente cierto, ni totalmente falso, porque en efecto, se le había impedido participar como candidata; y ello le negaba la posibilidad final de acceder al cargo. Ante tal denuncia, no hizo falta hacerse una pregunta que podría haber sido clave: si de haber participado libremente, ella pudiese haber ganado o no la alcaldía.

A partir de entonces, Eufrosina abanderó la causa de muchas mujeres, por un tema al que ha sido políticamente incorrecto cuestionar: los usos y costumbres. Antes y después de Eufrosina, hay quienes defienden hasta la muerte las formas que denominan “milenarias” de organización política. Una de esas formas, es la del asambleísmo. Otra, inmaculada, intocable, e incuestionable, es la de los usos y costumbres.

Habría sido un mayor escándalo de trascendencia nacional, e internacional, el hecho de que fuera un partido político el que le hubiera negado la posibilidad a Eufrosina de competir como candidata a una alcaldía. Un velo mayor de antidemocracia se hubiera posado sobre el sistema político del país, y México se habría hecho acreedor a todo tipo de críticas en el concierto de las naciones.

Sin embargo, lo que tendríamos que comenzar a ver con mayor claridad es este punto: si se deben seguir manteniendo intocados los usos y costumbres en Oaxaca, aún cuando éstos han demostrado que, en muchas de sus aristas, son violatorios de las garantías constitucionales de las personas.

La mejor muestra de ello —porque en nombre de los usos y costumbres se le impidió ejercer sus derechos políticos a votar y ser votada, se le discriminó por ser mujer, y se atentó contra su esfera jurídica y su dignidad humana— es precisamente Eufrosina Cruz Mendoza.

 

¿CONTRADICCIONES?

Lo lógico sería suponer que una representante de los grupos indígenas de Oaxaca en el Congreso del Estado, tendría como principal misión justamente la de luchar por la preservación de las culturas étnicas, así como sus formas tradicionales de determinación. En ese sentido, parecería una contradicción que una mujer indígena como la diputada Cruz Mendoza, esté luchando por defender a las de su género de los abusos y transgresiones a las garantías individuales que se cometen a partir del ejercicio de los usos y costumbres.

Ahí es justamente donde la diputada Eufrosina Cruz tendrá que comenzar a demostrar el basamento real de sus pretensiones. Suponer que debe impulsar cambios a la ley, para que a las mujeres indígenas se les respete el voto bajo el sistema de usos y costumbres, es algo más que un error: tanto la Constitución General de la República, como la particular del Estado, y la ley electoral estatal, establecen que las comunidades indígenas tienen el derecho de utilizar sus formas tradicionales de organización y determinación política, pero sin transgredir el marco mínimo de derechos y obligaciones que otorga la misma Ley Fundamental.

Como puede verse, en el estado actual de la ley, existe la obligación de no impedir el ejercicio de derechos políticos a cualquier ciudadano de la República —como Eufrosina— que no tiene impedimento alguno para hacerlo efectivo. El problema, en realidad, se encuentra en cuestiones prácticas, que no serán remediadas a través de modificaciones legales que de todos modos serían ignorados por las comunidades en las que, habiendo o no Constitución y leyes, eligen bajo los mismos esquemas a sus autoridades políticas.

En la posibilidad de hallar coincidencias reales sobre ese tema, es donde se encontrará el quid del posible trabajo político-legislativo de la diputada Cruz Mendoza. Tendrá que quedarle claro que una cosa es la sola denuncia pública por agravios que son innegables, inocultables y condenables, y otra encontrar la fórmula adecuada para llevar a los hechos las ideas que tanto ha promovido.

No parece fácil armonizar los usos y costumbres con el respeto a todas las garantías constitucionales de los ciudadanos. Más bien, pareciera que donde termina el garantismo e inician las violaciones a derechos humanos, comienza también el costumbrismo. Qué bien si Eufrosina logra hacer algo para que las mujeres sean respetadas y tomadas en cuenta en comunidades donde se utilizan las formas tradicionales de determinación. La verdad es que ese reto, más bien parece una misión imposible.

 

DE LUTO

El autor de este espacio, envía un abrazo solidario y cariñoso a sus entrañables amigos Juan Pablo y Rubén Vasconcelos Méndez, así como a toda su apreciable familia, por el sensible fallecimiento de su hermano Darío. Nos unimos a este dolor profundo, y manifestamos nuestras más sentidas condolencias. Descanse en paz.

LXI Legislatura: el reto de construir una agenda posible

+ Reproducir errores y frivolidades, el riesgo

Una vez que asumieron su responsabilidad política y legislativa, los integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado deben dejar de lado idealismos, frivolidades y posturas políticamente correctas, para dar paso y contribuir a la construcción de una agenda democrática posible para Oaxaca.

Es evidente que a partir del pasado sábado, la nueva clase política comenzó a abandonar la situación de las altas promesas, para entrar formalmente en la etapa de los contrastes, las exigencias de cumplimiento de las expectativas, y los consiguientes riesgos de desencanto. La nueva Legislatura del Estado, no es ajena a este nuevo escenario en el que, políticamente hablando, se espera mucho, bien hecho, y en muy poco tiempo. Por eso, los nuevos diputados deben tener toda su atención fijada en qué harán y cómo lo conducirán, para verdaderamente constituirse como un factor de cambio.

Hasta hoy, ninguna de las agendas políticas presentadas por las distintas fuerzas políticas que componen la nueva Legislatura, parece haber atinado por completo a lo que la ciudadanía espera de sus diputados. Junto con las grandes transformaciones políticas, institucionales, democráticas y funcionales que posiblemente procuren para el poder público en Oaxaca, la ciudadanía espera respuestas concretas para temas igualmente concretos, que necesitan ser analizadas más allá del discurso de las simples promesas de campaña, o los revanchismos y ataques propios de los procesos electorales.

La ciudadanía oaxaqueña espera, por ejemplo, que el gobierno de Gabino Cué procure la claridad y honestidad que, a juicio de muchos, no se cuidó en los años recientes. La misión que, en ese sentido, tienen los diputados de la LXI Legislatura, no sólo tiene que ver con las promesas de “procurar” en temas como la transparencia, el acceso a la información, o la fiscalización “escrupulosa” de los recursos públicos, sino con acciones y decisiones concretas que permitan construir una mejor democracia.

Hasta hoy, en ese sentido, es prácticamente nada lo que se ha dicho al respecto. Hoy, las agendas legislativas de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, o ni siquiera han sido presentadas, o aún habiéndolas, éstas no han pasado de ser meras declaraciones de trabajo y buenas intenciones que, sin embargo, hasta el momento no están determinadas en base a alguna programación, articulación o método para ser llevadas a la realidad. Si eso hoy se encuentra incompleto, qué decir sobre la idea real que pudieran tener sobre cuál será el impacto positivo real —comprobable— de esas acciones en cuanto a la democracia, el buen gobierno o la preservación de las garantías constitucionales de los gobernados.

Es cierto que el momento político está determinado por la euforia. No les falta razón a todos aquellos que sobreponen a cualquier argumento relativo a las insuficiencias desde ahora visibles de los nuevos diputados, la realidad innegable de que esta Legislatura vendrá A romper una inercia de varias décadas en cuanto a la sumisión que le profesaba el Congreso al Poder Ejecutivo.

Es cierto. Pero lo es, tanto como que esa sola circunstancia no necesariamente habrá de ser sinónimo o referente de eficiencia, de concertación y acuerdo, o de la realización del trabajo legislativo de vanguardia que tanto le urge a Oaxaca, y que en una u otra medida tendrán que cumplir los nuevos diputados.

AGENDAS INCOMPLETAS

Hace dos semanas, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presentó una agenda de trabajo en la que pretendieron dar la idea d que serán una oposición responsable y proactiva. Delinearon una serie de puntos que parecen metas idealizadas para una entidad como la nuestra, pero que sin embargo también parecen tan complejas de alcanzar, como lo fueron todos los años que ellos mismos tuvieron al Gobierno del Estado en sus manos y tampoco pudieron arreglarlas.

Habría que comenzar a ver su agenda de trabajo desde una perspectiva más serena. Será un hito que el PRI impulse reformas relativas a la democracia, tales como la que contempla su agenda de trabajo sobre reglamentar la aplicación del plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Pretende hacerlo, aún a sabiendas de que su receso en el poder estatal puede ser únicamente de seis años.

Será asimismo positivo y detonante de nuevas pautas para la gobernabilidad, el hecho de que los tricolores logren consensar y aprobar dos leyes que son prioritarias para gobernabilidad del estado. Esas normas, son la Ley Estatal del Transporte, y la de Sociedades de Ahorro y Crédito. Terminar con la total anarquía que existe en esos dos rubros, sería tanto como eliminar también las constantes perturbaciones a la paz y los derechos de terceros, así como los fraudes y quebrantos de que han sido objeto quienes luego exigen la atención del gobierno estatal cerrando calles y tomando oficinas.

Empero, el priismo también debería ir —en otros rubros, y al igual que sus adversarios de la oposición—, más allá de los lugares comunes. Temas como el de la transparencia, la fiscalización de recursos y la modernización administrativa —no el autoengaño que fue ese rubro en este sexenio, por falta de interés y voluntad política— deben ser construidos y perfeccionados conjuntamente. Decir que van a revisar la administración y la honestidad, es tanto como decir que harán mucho sin resolver nada. Es, reiteramos, un mero lugar común dotado de un simple “qué”, que no viene acompañado ni de un “cómo” y mucho menos de un “cuándo”.

Lamentablemente, las fuerzas de oposición no tienen una condición muy alejada de los tricolores. Por sí solo, Acción Nacional no ha establecido con precisión una agenda de trabajo propia, y el PRD, PT y algunos sectores del PC han dejado ver que entienden “transición” como sinónimo de “venganza”, y desean actuar en consecuencia.

SENSIBILIDAD

Los partidos opositores, le dan amplia relevancia a las reformas relativas al ámbito estrictamente electoral. Sin embargo, es evidente que las necesidades de Oaxaca van mucho más allá de ese solo aspecto. De ahí que sea necesario, y ahora urgente, que amplíen su visión, y vean que los problemas de Oaxaca tienen muchas más implicaciones que los estrictamente electorales, y que por eso deben tener una visión más amplia. Más alejada de los discursos políticamente correctos, y más cercana al conocimiento y la sensibilidad real sobre todo lo que hace falta.

IMSS: Fantasma de la corrupción y la quiebra

+ Garante social en riesgo, por el estancamiento

Como casi siempre ha sido, el Instituto Mexicano del Seguro Social se volvió tema de interés, sólo cuando el gobierno federal puso sobre la mesa las alarmantes cifras sobre su grave estado de salud financiera. Poco se había atendido el pasivo económico que enfrenta la institución, pero es menos aún lo que se ha entendido sobre la importancia que tiene ese Instituto para el país, y lo grave que puede costarnos a todos los trabajadores del país, el seguir teniendo una economía deprimida a la que le es imposible crecer.

Por lo menos desde hace quince años, el Seguro Social enfrenta una situación caótica. Fue a mediados de la década pasada, cuando se hizo ver con alarma que la situación de esa institución era ya insostenible en las condiciones en que se encontraban. Su ley, que databa de la década de los setentas, contemplaba una serie de garantías y derechos para los trabajadores afiliados al IMSS, que ya para entonces no podían seguir siendo costeadas frente a una masa laboral que crecía exponencialmente, y que lejos de inyectar recursos se los absorbía al hacer uso de los servicios médicos y todas las prestaciones sociales que otorgaba la institución.

Hasta entonces, por ejemplo, un trabajador podía tener derecho a jubilación al haber cotizado únicamente quinientas semanas al IMSS (algo así como unos diez años de trabajo con prestaciones sociales); y era éste, directamente, quien a partir del retiro del trabajador otorgaba una pensión que erogaba de su presupuesto; para mediados de los años noventas, sostener el régimen de jubilaciones en estas condiciones, haría inviable la posibilidad del coste de las mismas en el corto plazo.

Fue entonces que se impulsó una nueva Ley del Seguro Social, en la que se fijaban nuevas reglas para, entre muchos otros tópicos, hacer viables y costeables los derechos a futuro de los trabajadores. Se abandonó el régimen de las quinientas semanas, y se sustituyó por otro en el que se estableció la necesidad de haber aportado al Seguro Social durante mil quinientas semanas (algo así como treinta años de trabajo) para poder tener derecho a un haber por retiro, que sería costeado por los fondos personales que cada trabajador acumulara en su Administradora de Fondos para el Retiro. Con ello, se suponía, el IMSS haría viable su existencia en el largo plazo.

A la par de ello, se establecieron otras modificaciones en cuanto a los seguros que otorga a los trabajadores, y las prestaciones que incluye en cada uno de ellos. Esto fue trascendental para las millones de personas que cotizan al IMSS, o que son beneficiarias de sus servicios a través de sus familiares trabajadores, porque sólo así fue como esa institución pudo salvarse de la quiebra. Aunque en muchos sentidos, los usuarios soslayamos al Seguro Social por su recurrente atención médica poco humana, o por la masificación en sus hospitales, clínicas y centros de atención, es evidente que éste representa la materialización de una de las garantías sociales más necesarias e indispensables para todas las personas, que tiene además su origen en las exigencias del sector obrero que dieron vida y fundamento ideológico y político a la Revolución Mexicana. El IMSS representa, sin duda, la materialización de una de las garantías sociales más anheladas por los mexicanos, independientemente de nuestra condición social.

 

IMSS, POR QUÉ EN QUIEBRA

Hace más o menos una semana, el presidente Felipe Calderón reconoció que el IMSS se encuentra en una situación crítica, que hace necesaria una nueva reforma de fondo. Para el gobierno federal, la responsabilidad de dar viabilidad social y económica al Instituto tiene que ver con una serie de reformas que dependen de quienes conforman el Poder Legislativo. Para éstos, a su vez, el problema se encuentra en otros rubros como la corrupción. Una corrupción que, si se denuncia, es porque parece ser asimismo vista por todos; pero sobre la cual nadie hace algo efectivo para eliminarla de verdad.

Ante esa realidad, tanto diputados del Partido Revolucionario Institucional, como del PRD y otras fuerzas políticas distintas al PAN, dejaron ver la consideración de que, para ellos, primero se debe limpiar al IMSS de la corrupción, para después pensar en una nueva cadena de reformas que restrinjan aún más los derechos de los nuevos trabajadores. Incluso, esa fue la dinámica en la que “manos extrañas” hicieron llegar al noticiero nocturno de la cadena Televisa, unas grabaciones en las que supuestamente se escucha a un alto funcionario del IMSS haciendo una negociación ilegal con un ejecutivo de una firma farmacéutica, para que se le compraran medicamentos de bajo costo a cambio de compartir las ganancias de esas facturas infladas en cuanto a los costos reales de lo vendido.

¿De verdad el problema está en la corrupción? Seguramente una parte importante sí. Estudios internacionales han revelado que los mexicanos perdemos cantidades exorbitantes de dinero en la manutención de la corrupción, y que ésta se encuentra incrustada firmemente en la gestión pública que no puede abandonar sus vicios de corrupción y extorsión.

Pero evidentemente, esa no es la única arista de dicho problema. El conflicto más grave a que se enfrenta el IMSS, más que la corrupción que le desvía recursos que bien podrían utilizar para mejorar la calidad de la atención que prestan, se encuentra en la necesidad de que el país y el empleo crezcan a un ritmo más acelerado.

Hasta hoy poco se ha dicho al respecto. De eso, sin duda, son responsables tanto el gobierno federal, como el Congreso de la Unión, porque en ambos recae el señalamiento por no poder procurar los acuerdos y las medidas necesarias que hagan crecer al país. Por eso, todos en conjunto pretenden responsabilizar a la corrupción —que es infame— por otros vicios que más bien tienen que ver con la falta total de impulsos reales a la economía.

 

CRECIMIENTO NEGADO

El país necesita crecer a un ritmo más acelerado y consistente para poder dar viabilidad al IMSS. Apretar a quienes ya cotizamos, es tanto como querer tener una mayor recaudación sin extenderse antes a ampliar la base de contribuyentes, y por tanto seguir cobrando todavía más a los mismos que ya pagan. Algo así ocurre aquí. Mientras no haya honestidad en esa visión y afirmación por parte de quienes integran los poderes públicos, se seguirán diciendo las mismas verdades a medias de siempre.

 

Oaxaca: los escollos de la transparencia

+ Integración: ¿legitimidad y permanencia?

 

La transparencia, ha sido en Oaxaca un ejercicio de claroscuros. A pesar de haber sido una de las últimas entidades federativas en emprender las tareas propias para garantizar el libre ejercicio del derecho a la información por parte de los ciudadanos, en poco tiempo se integró un órgano que ha comenzado a dar certidumbre sobre los resultados que puede dar en el mediano plazo. Sin embargo, queda claro que el principal obstáculo para legitimar tanto el trabajo del Instituto de Acceso a la Información, como los principios y derechos que consagra la ley respectiva, se encuentra en las decisiones que se toman desde el poder.

Desde este espacio, se ha tratado siempre de estar al tanto de saber y reseñar, más allá del chisme cotidiano, qué ocurre con la transparencia. Consideramos que esa es una causa de avanzada entre los ciudadanos, que además debe ser ejercida con responsabilidad y energía por todos los que deseamos un gobierno más eficaz y claro en su ejercicio, y que por tanto debe ser vigilada y analizada con detalle para evitar distracciones que afecten la estabilidad de ese derecho, así como las vías para ejercerlo.

Esa atención al rubro, nos ha llevado recurrentemente a asumir posturas críticas. Así lo establecimos, desde el momento en que se aprobó la ley vigente de Acceso a la Información, y sobre todo cuando se dio a conocer la integración inicial del órgano de transparencia. Denunciamos aquí, desde mayo de 2008, que no era correcto ni legítimo, que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, se hubiera integrado en base a criterios estrictamente políticos, y que con ello se hubieran dejado de lado los perfiles profesionales y la posibilidad de dejar en manos de expertos el funcionamiento de ese instituto autónomo, que es fundamental para la vida democrática actual. Aseguramos incluso, que ello ponía en una situación de sometimiento al ejercicio de la transparencia en Oaxaca.

Una vez que, en julio de ese año, entró en vigencia tanto la reforma constitucional al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ella la Ley Estatal de Acceso a la Información, comenzó también a funcionar el Instituto de Transparencia (IEAIP), que nació con el objeto de servir como puente entre los sujetos obligados (órganos del Estado) y los ciudadanos (solicitantes), para garantizar que los primeros entregaran la información que les solicitaran los primeros, y que ante una negativa de acceso, hubiera no intolerancia, sino equidad y razones legales para hacerlo.

Quien quisiera ver fatalismos en ese ejercicio, se equivoca. Del mismo modo, quien pretendiera decir que de entonces a la fecha todos los sujetos obligados (dependencias estatales y municipales, así como todos aquellos que reciben recursos económicos por parte del erario estatal) han cumplido cabalmente con sus funciones, también está equivocado.

En los últimos dos años, los funcionarios estatales encargados de las unidades de enlace y comités de información, más que garantizar el derecho a la información y de verdad vincularse con los ciudadanos, se han vuelto expertos en el “chicaneo” de todas las solicitudes que de algún modo exigen información de carácter público que, sin embargo, puede poner en riesgo o exhibir a algún funcionario. Su labor ha sido la de “cansar” o desanimar al ciudadano en cuanto a seguir ejerciendo su derecho de preguntar a la autoridad o solicitar información para corroborar que la función pública se lleva a cabo de manera legal y correcta.

MALAS DECISIONES

Sin embargo, hubo total firmeza para denunciar que la integración inicial del IEAIP no era la más adecuada. Dejar la conducción de un órgano de tal magnitud e importancia para la vida democrática del estado, en manos de tres personajes (Genaro Vásquez Colmenares, Alicia Aguilar Castro y Raúl Ávila Ortiz) estrechamente vinculados con el grupo gobernante estatal, era tanto como negar la trascendencia tanto del órgano, como de ese valor poco asumido respecto a la autonomía de sus funciones. En el peor de los casos, con esa integración pro gobiernista, desde el poder se trató de engañar a la sociedad… corriendo el riesgo de que más bien todo pudiera quedar en un autoengaño.

Poco a poco se fue clarificando que esa integración inicial no era ni totalmente buena, pero tampoco totalmente inadecuada. Emprender las tareas relativas a la transparencia, así como estructurar el Instituto a partir de nada, seguramente no debió haber sido una tarea fácil. Hoy, en aspectos como el funcionamiento de su portal de Internet, y la posibilidad de presentar solicitudes, darles seguimiento y ahora también hacer valer los recursos de defensa, así como en el establecimiento de criterios y puntos de referencia en cuanto al ejercicio del derecho a la información, el IEAIP ha sido reconocido nacionalmente por sus avances.

Empero, tal pareciera que desde el mismo poder se siguen empeñando en soslayar los avances que, de algún modo, ellos mismos han procurado. Todo lo bueno que hasta ahora se hubiera podido lograr con el IEAIP —y que además constituye un reposicionamiento positivo luego de los fuertes cuestionamientos iniciales que generalizadamente se le hicieron desde la opinión pública—, nuevamente quedan en entredicho con la designación de su nueva integrante, Soledad Rojas Walls.

Al igual que con la integración inicial, para designar a Rojas no prevalecieron los criterios técnicos, profesionales o de conocimiento de la materia, sino únicamente una decisión pura y llanamente política y de facción. La ahora ex Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado se ganó el puesto gracias a su cercanía con el poder, y no por sus conocimientos o experiencia en materia de transparencia.

 

¿DESMANTELAMIENTO?

Las fuerzas de oposición que ganaron los comicios en julio pasado, han lanzado fuertes cuestionamientos tanto al IEAIP como a la ASE, por considerar a sus integrantes justamente como “gobiernistas”. Lo más saludable sería que el nuevo gobierno, y la nueva Legislatura pusiera a prueba esos órganos, antes de descalificarlos y desmantelarlos. Sin embargo, es claro que este tipo de decisiones en nada ayudan a la estabilidad del órgano de transparencia, y tampoco a sus integrantes, aún cuando pudieran tener una verdadera convicción —como seguramente es— de cumplir cabalmente con sus funciones.

 

Cambio de administración: todos los argumentos están rebasados

Dicen quienes saben del ejercicio del poder, que casi siempre al final de una administración —sea trianual o sexenal— el gobernante está harto del gobierno, y los gobernados hartos del gobernante. Esto ocurre por una razón natural: en el último momento de cada gestión, ya las razones objetivas dejan de valer, subsistiendo sólo las buenas o malas impresiones que el grueso de la población pueda tener de su autoridad, y todo se acelera por la expectativa de quien está a punto de asumir la siguiente gestión. Tal parece que eso exactamente es lo que ocurre en Oaxaca.

Hoy —cuando faltan 19 días para la transmisión de poderes— esa circunstancia parece perfectamente visible. Por un lado, se encuentra la administración del gobernador Ulises Ruiz, que está haciendo un último intento por incrustar en el ánimo de la opinión pública los resultados que, más allá de los acuerdos o desacuerdos, ha tenido su gobierno.

Así, previo a su último informe de gobierno, se ha desplegado una intensa campaña publicitaria que, en otro momento, e independientemente de cuál fuera el mensaje, no tendría nada de polémica; la polvareda que ésta ha levantado entre la sociedad que la ve polarizadamente con agrado o completa aversión, tiene que ver con el momento en que ocurre.

En la esfera opuesta, se encuentra expectante el gobierno de Gabino Cué, que ya se apresta a tomar las riendas del gobierno. Como suele ocurrir frente a cada cambio de administración, el nuevo gobierno tiene un cúmulo importante de expectativas que, independientemente del acuerdo o discordancia política, hacen que toda la opinión pública tenga la mirada y la atención puestas en el inicio de la gestión, en los posibles golpes de timón que dé para diferenciarse y tomar distancia del gobierno saliente, y las primeras acciones que emprenda para cumplir con su plan de gobierno.

Pero independientemente de todo esto, quienes nos encontramos en medio somos los ciudadanos, que esencialmente somos quienes en este momento parecemos no entender bien muchas de las razones que cada uno de los dos bandos de poder pretenda hacernos llegar, para moderar las posiciones.

Hoy, por ejemplo, los oaxaqueños que —independientemente de la razón— siempre vieron mal y reprobaron la administración del gobernador Ruiz, hoy se encuentran en la posición de hacer radicales sus posicionamientos, y por tanto asegurar no sólo que ésta no fue una gestión eficiente o provechosa para Oaxaca, sino que fue una desgracia o una tragedia para la entidad, que tal personaje hubiera llegado a ser gobernante.

Pero también en el otro extremo, se encuentran quienes siempre tuvieron una posición contraria a las aspiraciones políticas de Gabino Cué Monteagudo, y hoy no sólo reproducen aquella aversión, sino que la puntualizan a niveles maximizados, y aseguran que sólo será cuestión de tiempo para corroborar el fracaso y las ideas ilusas de que con él en el gobierno podría haber un cambio.

Todo parece ser parte del momento político, de la expectativa, y de la urgencia porque las cosas pasen. En este momento, es claro que nadie tiene las ganas o los argumentos lo suficientemente convincentes, como para justificar un régimen de gobierno agonizante que, además, estuvo marcado siempre por la polarización, la polémica y los claroscuros.

Del mismo modo, es claro que quien hoy pretenda enaltecer o descalificar a una administración que apenas entrará en funciones, también está perdiendo su tiempo: las pautas reales comenzarán a darse a partir del 1 de diciembre, cuando se den a conocer los integrantes del gabinete de trabajo, las primeras decisiones de gobierno, y el programa de desarrollo que emprenda el nuevo gobierno.

 

RAZONES DE LA

POLARIZACIÓN

Seguramente nunca en Oaxaca había ocurrido una transmisión de poderes en una situación de confrontación tan abierta como ahora. Ulises Ruiz y Gabino Cué, a diferencia de todos los demás gobernantes que ha tenido la entidad en el pasado reciente, son adversarios abiertos y declarados de mucho tiempo. Todos los antecedentes que existen al respecto, apuntan a disputas internas o disimuladas entre sucesores, que difícilmente trascendían tal cual a la escena pública, o se dirimían en ésta las razones del diferendo.

Solamente de ahí puede entenderse que todo el ambiente —y no sólo las relaciones directas entre los gobiernos entrante y saliente— parezca tan turbulento. Desde principios de la presente década, fue clara la decisión de que Gabino Cué no sería la persona impulsada por el Partido Revolucionario Institucional para cargos de elección popular; también desde entonces, fue claro que el proyecto de sucesión del gobernador José Murat habría de recaer en la persona del entonces senador Ulises Ruiz Ortiz. A partir de 2004, todos esos diferendos estrictamente electorales, subieron de tono hasta niveles inusitados.

Habría de recordarse perfectamente que en los comicios de agosto de 2004, hubo una fuerte polémica por el apretado triunfo del candidato del PRI a la gubernatura del Estado. Ulises Ruiz había vencido a Gabino Cué por un corto margen de votación, que irremediablemente llevó a muchos a pensar en el fraude electoral.

A pesar de la resistencia que montó el opositor derrotado —que incluso se hizo llamar “El Gobernador moral de Oaxaca” en algunas notas periodísticas de aquel momento—, la defensa legal fue incapaz de probar en los tribunales que dicho fraude había ocurrido. Desde entonces creció el encono, que luego se siguió alimentando con el conflicto de 2006, que fue encabezado precisamente por muchos de los que ahora están a punto de acceder al poder.

Ello subió todavía más el tono de la disputa. El conflicto magisterial fue lo suficientemente álgido como para polarizar en extremo a la sociedad, y establecer que entre los dos grupos —el del gobernador Ruiz y el de Gabino Cué— no habría puntos medios. O se estaba con uno de ellos, o se estaba en su contra.

 

RUTA DE INTOLERANCIA

Eso es lo que hoy hace que independientemente de la razón o la justificación, ciertos sectores de la sociedad vean mal, y reprueben por completo, cualquier tipo de encuentro o comunicación que tengan los integrantes del gobierno entrante, con los del saliente. Aunque Gabino Cué y Ulises Ruiz son adversarios electorales, tienen muchos temas de gobierno que tratar. Pero la intolerancia ciudadana a los encuentros, es producto de todo ese pasado de confrontaciones.

 

Caso Emeterio: ¿la justicia fue una pantomima?

+ Agresores presos… y en huelga por su liberación

Desde hace varios días, un grupo de presos del penal estatal ubicado en la agencia Municipal de San Francisco Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, se encuentra en huelga. El motivo aparente de la inconformidad, radica en algo así como el incumplimiento de una promesa que “alguien” les hizo cuando fueron encarcelados, hace más de tres años. ¿Qué tiene de relevante ese asunto?

Parece necesario echar atrás la mirada para comprender este asunto que, a primera vista, parecería irrelevante para efectos de la atención pública. Regresemos la memoria hasta aquel lejano lunes 16 de julio de 2007, y ubiquémonos en el contexto de las últimas secuelas violentas del conflicto magisterial y popular, ocurrido el año previo.

Como bien debe recordarse, uno de los sitios más álgidos y emblemáticos durante toda la resistencia popular encabezada por el magisterio oaxaqueño y demás grupos inconformes, fue el Auditorio Guelaguetza. Desde 2006, una de las victorias más sonadas que tuvo la entonces recién creada APPO en conjunto con la Sección 22 del SNTE, fue la cancelación de las Fiestas de los Lunes del Cerro.

En esa ocasión, lograron su objetivo gracias a la toma y ocupación permanente de que, en semanas previas, habían hecho objeto al recinto, y de la quema y destrucción de las mamparas, los templetes y todas las adecuaciones que ya para entonces se habían realizado al Auditorio. Los maestros y grupos inconformes no se movieron del lugar, hasta lograr la cancelación definitiva de la máxima fiesta de los oaxaqueños.

Un año después —cuando ya había pasado la fase más violenta del conflicto, y el Gobierno del Estado, con ayuda de la Policía Federal Preventiva, había retomado el control del orden y la gobernabilidad en la capital y municipios conurbados—, el magisterio de la Sección 22 y la APPO anunciaron que irían por un nuevo boicot a las fiestas del Lunes del Cerro, y exigieron que el Auditorio ubicado en el cerro Del Fortín les fuera prestado para la realización de su llamada “Guelaguetza popular”, que se realizaría justo ese vergonzoso 16 de julio.

Pero lanzaron su amenaza con tanta anticipación, que dieron tiempo al gobierno estatal para que organizara un amplio cerco policiaco en todos los accesos al recinto. Y ante una provocación de algunos grupos radicales de la APPO y la 22, se desató un enfrentamiento que perseguirá a sus responsables (de ambos bandos) hasta el fin de sus días.

¿Qué ocurrió entonces? Que aquel 16 de julio, al mismo tiempo que se celebraba la llamada “Guelaguetza popular” —una semana antes que la también llamada “Guelaguetza oficial”— en la Plaza de la Danza, un grupo de profesores e integrantes de la APPO decidió ir a ocupar el Auditorio Guelaguetza para lograr así el boicot a la celebración. Un grupo de unas 200 personas marchó hacia el cerro del Fortín, y en el entronque con la calzada Niños Héroes de Chapultepec, se hallaron con un fuerte cerco policiaco, compuesto por elementos estatales de diversas corporaciones.

El choque violento fue inevitable. A pesar del feroz ataque de los inconformes, las fuerzas estatales los rebasaron en número y capacidad de respuesta, y lo que comenzó siendo la mera contención de un ataque, terminó siendo una desmedida acción de fuerza por parte de las fuerzas estatales. Ante lo anunciado y previsible del enfrentamiento, representantes de prácticamente todos los medios informativos locales y de la capital del país que se encontraban en la capital oaxaqueña, se apersonaron en el lugar incluso antes de que los appistas llegaran e iniciaran el ataque.

LA SOMBRA DE EMETERIO

Todos los reporteros gráficos captaron los momentos de la ofensiva, de la resistencia policiaca, y luego de la respuesta de fuerza. En medio del enfrentamiento, fue captada una secuencia fotográfica completa de un individuo perteneciente a la ofensiva appista, que fue alcanzado por elementos policiacos, para luego ser sometido y subido a un vehículo policiaco para, según ser trasladado a los separos. Horas después, ese mismo individuo fue encontrado a la orilla de una carretera federal, en el sur de la ciudad, en un grave estado de salud producto de una brutal golpiza que había recibido. Era Emeterio Merino Cruz.

La tarde de ese 16 de julio, llamadas telefónicas alertaron sobre el hallazgo de ese individuo. Aunque inicialmente la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado se deslindó tanto de su detención como de la agresión sufrida, pronto se supo que, en efecto, la persona moribunda que había sido localizada en la carretera a San Bartolo Coyotepec sí había estado presente en el enfrentamiento, y había sido detenido por fuerzas estatales. El periódico Noticias publicó la secuencia completa de imágenes, de cuando Merino Cruz fue sometido por completo a las afueras del hotel Fortín Plaza.

Fue hasta entonces, cuando ya el deslinde era ridículo e insostenible, que el Gobierno del Estado aceptó su responsabilidad por la brutal golpiza. Para tratar de “limpiar” la maltrecha imagen del gobierno estatal, el 31 de agosto de 2007 el entonces procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez anunció la aprehensión de cinco elementos de las policías Preventiva y Municipal de Oaxaca de Juárez, como presuntos responsables de la brutal golpiza que le propinaron a Merino Cruz.

Esos elementos eran Nemecio Vásquez Matus, Alejandro Franklin Ortiz, Alfredo Luis Santos, Eugenio Silva Santiago y Javier Díaz Miguel. Los mismos que hoy se dicen defraudados por la promesa de ser liberados antes de que terminara la actual administración, y que durante un tiempo recibieron privilegios y ayuda por parte del ahora extinto Aristeo López Martínez, y otros funcionarios estatales.

En nuestra entrega del miércoles 26 de septiembre de ese año, dimos cuenta de cómo el entonces Coordinador de Seguridad Pública Municipal disponía de vehículos y elementos para que estuvieran al servicio de los familiares de los efectivos de esa corporación que fueron encarcelados por la golpiza a Emeterio Merino.

¿JUSTICIA?

Sistemáticamente, Merino Cruz se negaba a acudir al llamado del Agente del Ministerio Público para dar declaraciones y ofrecer pruebas sobre el caso. Sin eso, es imposible llegar a una sentencia. Y todo se agrava ante la “revelación” de que hubo tratos entre “alguien” y los encarcelados, para ser puestos en libertad antes del fin de la administración. Parece que la simulación de justicia está a punto de aparecerse de nuevo.