Heriberto Pazos: mil posibilidades sobre un crimen

+ Impunidad y conflicto: ingredientes perfectos

El lugar común podría llevarnos a pensar que como buen sembrador de vientos, Heriberto Pazos Ortiz finalmente cosechó sus propias tempestades. Habiendo sido el líder absoluto de del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), tuvo también una historia llena de claroscuros, acusaciones y violencia, que siempre estuvo aderezada por sus relaciones —confesables o no— con el gobierno estatal en turno. De ahí que su ejecución, ocurrida el pasado sábado a plena luz del día, sea no sólo una señal inequívoca del resurgimiento de la brutalidad entre las comunidades triquis en conflicto, sino también una demostración implacable de cómo la impunidad es el ingrediente social más nocivo que existe en nuestro entorno.

A un hombre como Heriberto Pazos Ortiz, nunca le hicieron falta ni enemigo ni, seguramente, razones para ser ejecutado. Más allá de los postulados teóricos de la lucha social o indígena, es evidente que la fortaleza de organizaciones como el MULT, o la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) —sus rivales históricos—, e incluso la escisión de ese primer grupo, conocida como Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), siempre ha radicado en la manipulación de las necesidades y aspectos de marginación de las comunidades que representan, en el manejo electoral de los grupos indígenas, y en la corrupción que envolvió a la entrega de recursos económicos para supuestas obras de desarrollo comunitario, infraestructura y atención social, que finalmente terminaban, o terminan, en manos de los funcionarios y líderes involucrados, pero no de quienes verdaderamente lo necesitan ahí en las comunidades.

En esa dinámica, y no sólo en las “discordancias ancestrales”, es como debe entenderse el largo conflicto armado que existe en la región triqui. Independientemente de las pugnas históricas entre grupos étnicos, es evidente que la violencia que hoy prevalece en la zona tiene un origen distinto, que más bien se ubica en las organizaciones sociales, en los recursos económicos, en la manipulación política y los intereses electorales, en la guerra por el control territorial, y en la forma en cómo esos grupos fueron armados, violentados, azuzados y solapados por el propio gobierno.

Organizaciones sociales como las antes citadas, existen en todas las regiones y grupos étnicos en la entidad, sin que ello implique que en todos los casos las disputas deban ser a muerte, o que todo tenga que ser resuelto a través de la violencia. Particularmente, en el caso de la región triqui, las organizaciones sociales —como el MULT, MULTI y Ubisort— casi siempre han desdeñado las vías pacíficas, y han ejercido la brutalidad en la misma proporción de los intereses que se disputan. De ese tipo de prácticas se han valido por igual todos los líderes y organizaciones para obtener, mantener o arrebatar la administración de la pobreza y los cotos de poder que existen en la región triqui.

Por esa razón, siempre ha quedado claro para todos —menos para las organizaciones sociales y el gobierno, que deliberada y mañosamente se autoengañan— que los indígenas triquis continúan viviendo en la misma situación de miseria y marginación que desde hace décadas… o siglos. Pero que las organizaciones sociales son las que han crecido, se han desarrollado y ensanchado, y son las que se han convertido en las grandes beneficiarias —económica, social, política y hasta electoralmente hablando— de la explotación de la pobreza y el drama de la región en que emergieron.

¿CUÁNTOS ENEMIGOS?

Teniendo claro ese contexto, entonces tendríamos que hacernos esa pregunta en relación a un personaje como Heriberto Pazos Ortiz. ¿Cuántos enemigos podría tener un hombre que obtuvo y ejerció su poder siempre a través de caretas sociales, indígenas y democráticas, pero que ocultaban otros intereses relacionados con el poder, el dinero y las relaciones —no siempre afines, pero sí permanentes— con las esferas de gobierno, y en la que siempre se valió lo mismo del diálogo que de la presión social, e incluso recurrentemente de la violencia?

Desde hace meses la región triqui es un polvorín, que lejos de ser neutralizado o desactivado, ha sido alentado por el gobierno por acción y omisión. La creación del municipio autónomo de San Juan Copala fue, es cierto, un desafío al poder en turno, que sin embargo fue tomado como un motivo de pugna violenta, y no como un foco rojo que era necesario desarticular a través de acciones sociales concretas.

Copala, entonces, se convirtió en el pretexto para continuar con la añeja afrenta violenta entre comunidades y grupos de lucha social. De entonces a la fecha, la violencia se agudizó hasta llegar a niveles inusitados. Activistas, inocentes y dirigentes indígenas han sido asesinados en la más completa impunidad. Y en todo esto —raro que no fuera así—, el gobierno estatal ha estado más interesado en acusar a sus oponentes políticos y electorales, de manipulación y entrometimiento en un conflicto añejo en aras de enrarecerlo, enturbiar el panorama y fomentar la mala imagen del régimen, que en verdaderamente asumir los hechos con participación, y tomar acciones efectivas para desactivar la violencia.

Por eso hoy la zona triqui es, por completo, un sinónimo y un ejemplo de incertidumbre. Ahí nadie puede estar seguro, ni puede haber paz, y qué decir sobre las nulas posibilidades de que haya justicia. Si eso se combina con las confrontaciones y los agravios añejos entre las organizaciones, y se remata con la impunidad que prevalece en la entidad, lo que podía esperarse, en cualquier momento, es la ejecución libre de cualquier dirigente como Pazos Ortiz.

ADIÓS A LA PAZ

El gobierno, frente a todo ese panorama, debería hacer algo más que indignarse. Debía dejar de ser parte del conflicto, para convertirse en un factor de solución —cosa que, en las circunstancias actuales no ocurrirá. Del mismo modo, tendría que despegarse de la soberbia que lo lleva a suponer que es el centro del universo, y que por tanto todo lo que ocurre en el estado es para desprestigiarlo. Y al menos por una ocasión tendría que demostrar que sus promesas de justicia son algo más que mera demagogia. El drama real de los triquis va mucho más allá de Copala, del MULT y las demás organizaciones sociales. Pero lo real, y grave, es que la ejecución de Pazos aleja cualquier posibilidad de la paz y la concordia que tanto urgen en la zona.

Oaxaca: “Soluciones”… que nunca llegaron

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La ciudad de Oaxaca de Juárez es del tamaño de sus problemas y complejidades. A pesar de que la gran mayoría de los rezagos y asuntos pendientes de resolver, están a la vista y han sido objeto de supuesto estudio y remedio por los últimos gobiernos, es evidente que las soluciones han sido largamente aplazadas, y las responsabilidades eternamente evadidas.

Temas como el ambulantaje, el procesamiento de la basura, los medios de transporte, el mantenimiento de las vialidades, y la seguridad pública, son de la preocupación cotidiana, de una ciudadanía que espera respuestas y sólo recibe pretextos, disculpas y justificaciones por lo que no se hace. Aún cuando los temas son muy concretos, prácticamente todos siguen siendo una costosa y nociva herencia que se transmite de administración en administración, en los gobiernos municipales.

En este asunto, es imposible justificar la inacción de la autoridad en base a la ausencia de recursos económicos, ni tampoco achacar esta inmovilidad a una posible falta de coordinación institucional entre las diversas esferas de gobierno, y mucho menos por la ausencia de personal capacitado para enfrentar los problemas.

En realidad, Oaxaca de Juárez tendría que estar pasando por un momento excepcional, al tener en el Ayuntamiento a un conjunto de mujeres y hombres capaces de enfrentar las labores que la comunidad les encomendó, por existir los recursos y las posibilidades mínimas para poder realizar las tareas públicas decorosamente, y porque hoy en día el gobierno estatal y municipal son emanados del mismo partido y del mismo grupo gobernante, e incluso entre la administración del edil José Antonio Hernández Fraguas, y la Federación, tampoco existe una relación lejana o discordante. Al contrario.

EL CONTEXTO

De hecho, cuando inició la actual administración existía una expectativa altísima de lo que podría hacerse. La capital oaxaqueña, en cuanto a su gobierno, venía dando una serie de tumbos que inició prácticamente con la década que está a punto de terminarse. Desde el gobierno del ahora ex panista Alberto Rodríguez González, arrancó un periodo lúgubre para el gobierno de la capital oaxaqueña, en aquel momento, debido a que éste personaje carecía totalmente de experiencia administrativa y de gobierno, y porque lejos de atender los problemas más importantes de la ciudad, decidió enfrascarse en disputas de todo tipo con los grupos políticos que le presentaban cierta oposición. Así, preocupado más por nimiedades, y despreciando los grandes problemas de la ciudad, su gobierno fue inconcluso, de poca movilidad, y de nulos resultados.

Luego vino la administración convergente de Gabino Cué Monteagudo. Cuando éste inició su gestión, era clara su idea de aspirar a cargos públicos más elevados, y de convertirse en el más fuerte adversario electoral de quienes entonces detentaban el poder en el Revolucionario Institucional. De este modo, además de las fallas naturales que tienen todos los gobernantes al momento de ejercer sus funciones, también fue afectado por la nula coordinación entre esferas públicas, y por la predominancia de los temas políticos sobre los administrativos. Esas disputas, de las que todos en su conjunto fueron responsables, llevaron a la ciudad a dejar nuevamente pendientes muchos de los problemas que ya desde entonces urgía resolver.

Al culminar ese periodo, en 2004, vino el desastroso gobierno de Jesús Ángel Díaz Ortega. La expectativa, entonces, era importante debido a que concluía el primer periodo de alternancia política habida en la entidad. Desde el gobierno de Pablo Arnaud, en 1996, hasta entonces, en 2004, el oficialismo priista había estado ausente de la ciudad. Sólo que las cosas no fueron tan esperanzadoras como parecían. La identidad del gobierno estatal y municipal fue utilizada para emprender grandes negocios, como el de los parquímetros, que fueron realizados a espaldas de la ciudadanía. Todo se descompuso cuando, en medio del conflicto magisterial y popular de 2006, el entonces Edil prácticamente abandonó la ciudad, clausuró temporalmente la mayoría de los servicios y actividades municipales, y dejó a su suerte al espacio territorial que gobernaba, para esperar pacientemente a que cambiara el estado de cosas.

Aún con ello, José Antonio Hernández Fraguas, un priista de arraigo y con gran presencia en la capital, ganó los comicios, en 2007, con un gran respaldo social y con una cantidad de votos entonces histórica por encima de sus oponentes. Su experiencia administrativa daba pauta de lo que podría realizar a favor de la capital oaxaqueña, y la existencia de rezagos tan evidentes y urgentes de resolver, daba cierta luz sobre cuáles serían los asuntos que se abocaría a revisar en primera instancia. Así fue como comenzó a desarrollarse una administración municipal que, para mal de Oaxaca, ha ido de más a menos.

ASUNTOS URGENTES

Hoy, pueden establecerse en por lo menos cinco ejes los problemas fundamentales que necesitan solución, y que sólo han recibido largas. Uno de ellos, es el del manejo y depósito de la basura. El segundo, el del tratamiento urgente que debe darse al ambulantaje y el comercio informal. El tercero, el de la seguridad pública. El cuarto, relativo al mantenimiento y atención a las vialidades. Y el quinto, y más importante, de dar atención a las agencias municipales y colonias populares que hoy no encuentran salida a sus problemas. Independientemente de los temas políticos o partidistas que deba resolver el nuevo gobierno, es evidente la existencia de una agenda meramente administrativa y de atención a la ciudadanía, que debe ser abordada cuanto antes.

Acaso el más recurrente y caótico, en apariencia, es el de la basura. Desde hace años, existe la necesidad apremiante de establecer un nuevo tiradero de los desechos sólidos que genera la capital. En las últimas administraciones se ha hablado de la urgencia de generar un relleno sanitario, un nuevo depósito, de tecnificar el manejo y procesamiento de la basura, y de emprender procesos de reciclaje tanto de los desechos, como de la energía que pudiera generarse y aprovecharse a partir de los residuos.

Nadie ha dado una solución concreta. En términos sencillos, el basurero de la Villa de Zaachila continúa abierto a pesar de las advertencias y multas de las autoridades federales. No existe coordinación entre las autoridades municipales y estatales para emprender las tareas que a cada uno le corresponden. Y, de hecho, la administración de Luis Ugartechea comenzará teniendo ese como uno de sus retos pendientes de mayor apremio. Hasta hoy, la nueva administración municipal no se ha pronunciado al respecto.

AMBULANTAJE Y MOTOTAXIS

Éstos dos rubros no sólo crecieron por voluntad o corrupción. Tanto el ambulantaje como los mototaxis son también expresión y signo de la falta de oportunidades de empleo e inversión que existen en el sector formal. Aunque el orden en cuanto al transporte y el comercio ambulante fueron dos de las premisas básicas del nuevo gobierno, hoy todo está fuera de control. Los tianguistas, que en algún momento se habían retirado del Centro Histórico y los parques que ocupaban, hoy se valen de cualquier pretexto para volver a esas áreas en las que antes ya habían acordado respetar.

Por otra parte, los mototaxis crecieron sin control, derivado del contubernio de algunos funcionarios con grupos sociales que vieron en ese vacío un gran negocio, pero también por las debilidades propias de una autoridad municipal que tampoco supo imponerse a tiempo, e institucionalmente, frente a las calamidades que la amenazaban.

Así, hoy prácticamente todas las colonias y zonas populares se encuentran infestadas de ese tipo de transporte que verdaderamente es riesgoso y caro para la ciudadanía. A pesar de que cobran lo mismo por pasaje que una unidad de transporte público concesionado, los viajes que realiza un mototaxi son normalmente más cortos.

Aunque los autobuses urbanos no son precisamente un ejemplo de rectitud y prudencia, los mototaxis se encuentran en un estado aún peor de anarquía: nadie regula sus rutas, no están sujetos a normas firmes sobre el transporte, y mucho menos se les exigen medidas mínimas de seguridad para cumplir con su cometido. Quien se sube a un mototaxi lo hace bajo su cuenta y riesgo, porque éstos no cuentan con seguro de viajero que los respalde en caso de algún accidente o eventualidad.

 

“CIUDAD BACHE”

Las autoridades electas, afirman que el Gobierno de Oaxaca de Juárez tiene firmado, desde hace décadas, un convenio con Petróleos Mexicanos, para que anualmente éste provea una cierta cantidad de asfalto, gratuitamente, para la manutención de las vialidades y los programas de bacheo. Si de verdad existe tal facilidad, entonces nadie se explica por qué la ciudad se encuentra, desde hace meses, llena de hoyancos y fosas que todos los días descomponen las unidades de motor, provocan problemas de salud a los conductores, y dan un aspecto pésimo a una ciudad que se caracteriza por su pulcritud y belleza colonial.

Por si fuera poco, existe un grave rezago en cuanto a la modernización del sistema de señales de tránsito y semáforos. En diversos puntos de la capital oaxaqueña, pueden apreciarse esos artefactos descompuestos total o parcialmente, descoordinados y, en algunos casos, con ausencia total de señalización para el control del tráfico.

En esas condiciones, ¿Cómo no querer que la ciudadanía se sienta defraudada? Ninguna justificación es suficiente, cuando a diario uno se topa con esos problemas que deberían ya estar en proceso de superación. Y si las autoridades municipales no dicen ni hacen algo al respecto, tampoco las estatales, que asumen como responsabilidad municipal todo lo relativo a las vialidades.

CIUDADANÍA OLVIDADA

Es poco lo que, en ese sentido, se puede apelar favorablemente a la ciudadanía. Independientemente de la imagen y las aspiraciones políticas, lo que el público desea es un gobierno eficiente que pueda cumplir con su cometido. Esgrimir justificaciones, evasivas o dilaciones, es tanto como aceptar el fracaso. Sólo que en Oaxaca ese fracaso, plagado de tareas pendientes, lleva ya una década sin ser abordado. La administración municipal que asumirá el 1 de enero próximo, tiene el compromiso patente, y la exigencia, de hacer valer sus condiciones políticas y dar soluciones de verdad, a quienes ya estamos cansados de la simulación y los fiascos.

 

Fuero constitucional: debate real, desdeñado

+ Tema coyuntural, como varios más en México

Si dentro de dos o tres días, la nota principal de los principales medios de información del país, fuera que el Presidente de la República se ausentó del país más tiempo del que le permite la Constitución federal, entonces se iniciaría un largo debate sobre la necesidad de hacer efectiva la obligación del Primer Mandatario de ceñirse a la Ley Suprema o, por el contrario, y según la circunstancia y la justificación habida, de hacer más flexible dicho precepto, para dotar al Jefe de Estado de un mayor radio de acción en sus funciones. Esa, como puede verse, sería una mera discusión coyuntural, con un asunto que tiene más de fondo que un simple hecho aislado. Algo más o menos similar ocurre con la discusión relativa al fuero constitucional.

Vayamos al primer ejemplo. En la publicación original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fechada el 5 de febrero de 1917 en el Diario Oficial de la Federación, se establecía, en el artículo 88, que “El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión.” Luego, en el año de 1966, una primera reforma estableció que debía ser sólo el Senado de la República, o la Comisión Permanente, en el caso de que la primera se encontrara en receso, quien tenía la facultad de recibir la solicitud presidencial para ausentarse del país, y concederla.

Así permaneció la redacción del artículo 88 hasta el periodo presidencial de Vicente Fox Quesada. En aquellos primeros años de la alternancia de partidos en el poder federal, llevó al Congreso de la Unión a tener una inusitada influencia sobre la vida política del país. particularmente, el Senado de la República no tenía una presencia fuerte de legisladores del Partido Acción Nacional, para respaldar al Presidente.

Y mientras el poder se trataba de ejercer a plenitud desde la Presidencia de la República, en el Congreso trataban de hacerse contrapesos no siempre bien enfocados. Así, el presidente Fox cometía excesos como el de hacer solicitudes de ausencia del país reiteradamente, o sin respetar los tiempos prudentes con los que debían realizarse esas solicitudes. Si eso se combinaba con la fuerte polarización política que existía en el país, y las confrontaciones casi insalvables entre fuerzas políticas, el resultado de las revanchas podría materializarse en cualquier asunto. Y uno de ellos, fue negando dos permisos de ausencia al presidente Fox.

En efecto, con el voto en contra de la oposición, la Cámara de Diputados negó al presidente Vicente Fox, en noviembre de 2006, lo que sería su último viaje al extranjero, por considerar que el país se encontraba en crisis por el conflicto en Oaxaca y otros hechos de relevancia nacional. De acuerdo con información difundida en su momento por el periódico El Universal, el permiso de Fox para viajar a Australia y a Hanoi, Vietnam, a la reunión de la APEC, se desechó por 258 votos en contra del PRI, PRD, Convergencia, PVEM, PT, Nueva Alianza y Alternativa, contra 187 a favor, del PAN, y seis abstenciones.

El pleno desechó además por mayoría simple el dictamen, por lo que éste no podrá volverse a votar y fue devuelto al Senado. El proyecto de decreto pedía autorización para que el jefe del Ejecutivo se ausentara del 10 al 19 de noviembre, para realizar una visita de trabajo a Australia del 12 al 16 de noviembre, y participar en la 14 Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Hanoi, Vietnam, del 16 al 19.

En el sexenio de Fox, antes sólo un viaje le había sido negado por el Senado. Fue en abril de 2002, cuando en protesta por los constantes viajes del primer mandatario se le rechazó un permiso para viajar a Calgary y Vancouver, Canadá, y a San Francisco y Seattle, en Estados Unidos. Lo que ocurrió en ese caso, polémico de sí, fue una reforma ocurrida en 2008 que ensanchó la facultad del Presidente para ausentarse hasta por siete días del país sin solicitar permiso al Senado.

 

¿Y EL FUERO?

El debate sobre el fuero debía ser mucho más amplio, y no coyuntural, como hasta ahora lo es en México. De hecho, nadie se había acordado en los últimos años de la polémica inmunidad constitucional —desde 2006 cuando, de hecho, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador fue desaforado para ser procesado judicialmente por el desacato en el procedimiento judicial relativo al predio El Encino—, y poco se había discutido la necesidad de transformarla o eliminarla.

Todo lo trajo de nuevo a la picota, el caso del diputado federal Julio César Godoy Toscano, a quien se le sigue un proceso penal federal por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue su antiguo partido, el de la Revolución Democrática, quien lo protegió y le dio la pauta para que asumiera su cargo. Fue la filtración a la prensa de unas grabaciones telefónicas, lo que puso en evidencia que éste no parecía ser tan inocente como se creía. Y fue entonces cómo, en medio de la vorágine, que resurgió este añejo debate sobre la modificación o transformación del fuero constitucional.

Ésta figura, sin duda, debe ser replanteada. El caso de López Obrador dio todas las pautas sobre la urgencia de eliminar los términos actuales de la inmunidad constitucional, y volverla a apegar a los principios que le dieron origen. Esto es, la necesidad de proteger a los legisladores y servidores públicos de primer nivel, de las revanchas de que pudieran ser objeto, a través de los procesos judiciales, por el ejercicio de sus funciones. Teóricamente, esa inmunidad debía operar para protegerlos a partir de la protección que éstos le brindaran a la nación. Pero hoy ocurre, que éstos buscan cargos de ese tipo para protegerse, durante el tiempo de sus funciones, de cualquier acto judicial de molestia.

 

DISCUSIÓN MOMENTÁNEA

El caso López Obrador dejó en claro que, en el caso de los diputados, y los políticos en general, cuando ellos así lo desean, entonces se materializa aquella frase de Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre. Por esa razón, el fuero constitucional debía merecer un debate mucho más amplio y profundo de lo que ocurre, y tendría que ser algo más que una simple discusión momentánea o de moda que, cuando pase la polémica de este caso en particular volverá a quedar reservada… para cuando haya otro político en problemas, que busque protegerse en el amplio manto del fuero constitucional.

 

Caso MAO: Golpe político ya está asestado

+ Investigación pasó a linchamiento mediático

En efecto, la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Margarita Liborio Arrazola, no solicitará licencia a su cargo. Por lo menos no lo hará en el futuro cercano. Porque independientemente de que sean ciertas o falsas las acusaciones que hoy se vierten en contra de su suplente, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Ortega Habib, por la posible comisión del delito de realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o algún otro que se le pudiera imputar, de todos modos el golpe político al gobierno de Ulises Ruiz, y la alerta dentro y fuera del PRI, ya quedaron perfectamente asestados por sus adversarios políticos.

Este asunto, como bien parece, tiene una arista judicial, y otra política, ambas perfectamente definidas. De acuerdo con el periódico La Jornada, en los tribunales competentes, quedó ya establecida la presunta responsabilidad de Martha Ortega Habib, Daniel García Teruel Ortega y Rosa Elvia Orozco Santiago —hermana y sobrino del funcionario estatal, además de la empleada doméstica de los dos detenidos—, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de depositar —en territorio nacional— recursos procedentes o que representan el producto de una actividad ilícita. Por esa razón, hace unos días se les dictó un auto de formal prisión, y se encuentran recluidos en el Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco.

No obstante lo anterior, lo que parece claro es que la línea con mayores posibilidades de ser explotada es la política. Aunque hasta el momento no existe un dato fehaciente sobre la presunta participación del Secretario de Finanzas en este asunto, era lógico que por el tipo de delito y el millonario monto de dinero del que la PGR investiga su procedencia, de inmediato surgiera la duda, y la intriga, sobre la posibilidad de que el secretario Ortega Habib sí se encontrara involucrado. Todo se reforzó cuando algunos medios informativos hicieron eco a una filtración en la que, presuntamente, uno de los detenidos reconocía la participación de funcionarios del Gobierno de Oaxaca en las actividades que se encuentran bajo investigación.

Todo eso convirtió un asunto judicial, en un auténtico lío político en el que, de nuevo, el gobierno de Oaxaca no supo cómo reaccionar. Es cierto que los directamente señalados son los familiares de un servidor público de alto nivel; es cierto que, derivado de esas acusaciones, también el secretario Ortega Habib resulta ser un sospechoso tanto para las autoridades como, sobre todo, para la opinión pública; es evidente que esas sospechas, y las intrigas, se reforzaron frente al cúmulo de excesos, frivolidades y presunta corrupción cometidas no sólo por uno sino por la mayoría de los funcionarios de primer nivel en el actual gobierno. Pero lo cierto, en el fondo, es que el verdadero objetivo que tiene todo este escarnio público, es el gobernador Ulises Ruiz y su administración.

En ese sentido, como quiera que sea el gobierno estatal de nuevo reaccionó medroso, y mal, frente a una situación que no deja de ser, y parecer, un evidente obús de intereses políticos. Diversos medios informativos de la Ciudad de México, han reseñado en los últimos días detalles sobre el procedimiento penal que se les sigue a los parientes del Secretario de Finanzas.

A través de ello, han asegurado —a través de fuentes no reveladas, que lo mismo pueden ser reales, que utilizadas en la medida de insertar una duda o intriga, o satisfacer un interés en específico— por ejemplo, que el gobernador Ruiz Ortiz le exigió a la diputada Liborio Arrazola que solicite licencia, o que, de acuerdo con “fuentes” de la PGR, pudieron confirmar que el funcionario estatal sí se encuentra sujeto a investigación derivado de los delitos presuntamente cometidos por sus parientes.

REACCIÓN POLÍTICA

Siempre fue evidente que Margarita Liborio Arrazola asumió la posición de la curul federal, únicamente para esperar los tiempos correspondientes. El año pasado, durante el periodo de campañas en el proceso electoral federal, el secretario Ortega Habib se separó supuestamente de su cargo para hacer proselitismo y aparecer como candidato suplente a una diputación por la vía de representación proporcional.

Era público que la priista Liborio Arrazola no tenía el perfil ni la ascendencia política suficiente como para hacerse, por sí misma, de una postulación por la vía plurinominal; era asimismo público, y aceptado por la clase gobernante, que ella asumiría la curul mientras culminara el periodo de gobierno; y que esa maniobra, realizada en favor de un personaje con amplia cercanía, personal y política, al gobernador Ulises Ruiz, tenía, para él, una doble ganancia: seguir detentando el cargo de Secretario de Finanzas, y al terminar éste, el de diputado federal, con toda la posición, protección, influencia y prerrogativas que implica un cargo de esa naturaleza.

Todo eso daba pautas para suponer que, al final, habría un trato económico entre la propietaria y el suplente, para la cesión de la curul. Mucho tiempo antes de que se desatara este escándalo, pero ya a sabiendas de la derrota priista en la carrera por la gubernatura, en nuestra entrega del 21 de julio pasado apuntamos que “en los círculos priistas se preguntan cuánto costará la firma en la solicitud de licencia al cargo, de la diputada federal Margarita Liborio Arrazola. Dicen que, en las condiciones del priismo, no será por disciplina, sino por conveniencia, que dejará su curul.”

Esa duda fue la que resurgió ante el escándalo que desde hace unos días envolvió al Secretario de Finanzas. Algunos medios aseguraron que la diputada Liborio pedía 10 millones de pesos por firmar su solicitud de licencia. Aunque ésta desmintió tajantemente la versión. Y es posible prever que hoy, aunque hubiera arreglo entre uno y otro, de todos modos no podrá haber movimiento alguno en la detentación del cargo de elección popular.

NEGATIVA PRIISTA

Independientemente de que exista o no responsabilidad penal, o de que ésta sea una eficaz medida de linchamiento de los adversarios del gobernador Ruiz, lo cierto es que el PRI no querrá cargar, y pagar costos, por este escándalo. Permitir que Ortega llegue al Congreso será tanto como avalar los señalamientos que hoy mismo ellos hacen a personajes como el diputado Julio César Godoy. El llamado “MAO” no será diputado. Eso está claro.

 

Transición en el Poder Judicial va más allá de las revanchas

+ Urgen ideas de avanzada, no reduccionismos

Si de verdad existe ánimo y convicción por emprender un proceso de transición política y gubernamental en Oaxaca, sus principales protagonistas deben demostrar que tienen la suficiente amplitud de miras para conseguirlo. Pretender creer que la transición es un equivalente de la alternancia partidista en los cargos públicos, o que transición es asimismo una equiparación de las revanchas o la polarización de ideas, es una equivocación que le puede costar mucho a los partidos que integran, o que pretenden integrar, y nutrir al gobierno electo.

Esto una visión corta y sesgada de lo que es un verdadero proceso de transición, es lo que demuestran con sus afirmaciones tanto líderes panistas como del Verde Ecologista de México, con motivo de la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que restituyó una diputación local al partido albiazul que, de acuerdo con el fallo del tribunal local de esa materia, debía corresponder al dirigente estatal del Verde, Rogelio Enríquez Palma. Les guste o no, y tengan o no representación en los órganos políticos, todos deberán participar de este proceso de reacomodos políticos en la entidad. Y por tanto, este asunto les atañe.

¿Qué ocurrió? Que hace tres días el tribunal electoral federal restituyó la diputación que le había sido retirada al panista Juan Mendoza Reyes. Con motivo de ello, tanto la dirigencia panista, como la del Partido Verde, acusaron motivaciones políticas en cada una de las resoluciones involucradas. Los azules, por ejemplo, en voz de su dirigente estatal, Carlos Moreno, no dudaron en afirmar que “esta resolución es simplemente justicia y nos confirma lo que dijimos desde el principio: que hubo consigna política en la resolución del TEE y que lo único que se vio sobre representado fueron los intereses de Ulises Ruiz Ortiz en la cabeza de Porfirio Sibaja Ilescas”

El Partido Verde, en ese sentido, peligrosamente fue mucho más claridoso que los panistas, al emitir calificativos que finalmente no demeritan ni a los tribunales ni a los procesos electorales, tanto como a la democracia y las instituciones jurisdiccionales mismas.

En una declaración atribuida a Rolando Elías Wismayer, comisionado Político del PVEM en Oaxaca, el Verde aseguraba que “pese a que varios juristas coincidieron en la legalidad de los argumentos del PVEM, la sentencia fue adversa, lo que evidencia que es un Tribunal que actúa por consigna y que responde a los intereses del gobierno federal y concretamente del Partido Acción Nacional, pasando por alto los ordenamientos legales que rigen nuestra vida democrática (…) Precisó que este atropello desestima la participación ciudadana en las urnas, representa un retroceso en la vida democrática del país y se convierte en un peligroso antecedente de lo que pueden hacer autoridades sin principios ni ética en el panorama electoral de México.”

¿Esto corresponde a un ejercicio correcto de la política? Evidentemente, no. Más bien, lo que parece es que unos y otros tergiversan la actuación de las autoridades jurisdiccionales, deforman el verdadero sentido de la justicia y de las acciones legales, y buscan confundir a la sociedad a través de argumentos con poco sentido y sustento real tanto en el ámbito de lo político, como en lo estrictamente jurídico y procesal.

Unos y otros descalifican gravemente a las instituciones que juzgan, debido a que, en uno y otro caso, éstas no actuaron en base a los criterios que ellos como particulares, y para su beneficio, consideraban correctos. En ambos casos, acusaron injerencias políticas en la emisión de las resoluciones. Y en los dos, endilgaron calificativos peyorativos tanto a los funcionarios como a las instituciones.

¿Qué no se supone que las segundas instancias, y demás recursos legales, se hicieron justamente para subsanar los errores de las jerarquías jurisdiccionales menores? Si el juzgador fuera infalible, entonces no habría necesidad de acudir a otros mecanismos legales para defenderse, y tampoco existirían los medios de control de la constitucionalidad. Por esa razón, asegurar que uno y otro fallo tienen tintes políticos, es tanto como negar que la justicia es falible, que es aplicada por personas que lo mismo fallan que aciertan, y que precisamente por esa razón los particulares tenemos garantizado el derecho a defendernos de esas decisiones que podríamos considerar como injustas.

VISIÓN CORTA

En declaraciones a la prensa, el Presidente estatal del PAN aseguraba que, en razón de las fallas que ya demostraron tener los integrantes del Tribunal Estatal Electoral en el desempeño de sus funciones, los diputados electos de su partido, y los que integran la Coalición legislativa que impulsará las propuestas del gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, propondrán la creación de un Consejo de la Judicatura del Estado “para someter a la justicia a los magistrados del TEE que en el desempeño de sus funciones excedan sus atribuciones y actúen bajo consigna política.” Qué bueno y, aunque parezca contradictorio, qué mal que el líder del albiazul haga públicos razonamientos como éste.

Qué bueno porque, en efecto, al Poder Judicial del Estado no sólo le falta, sino que le urge un órgano de esa naturaleza, no sólo que someta a la justicia a quienes cometen fallas o actúan presuntamente bajo consigna política. El Consejo de la Judicatura —u otra figura administrativa de características similares o más avanzadas— debe transparentar y establecer criterios claros para el ingreso, permanencia, vigilancia y separación de sus cargos, de todos los funcionarios judiciales. Es bueno que se impulse esa figura, porque hoy todas esas cuestiones se arreglan internamente, quedando en manos de la discrecional del pleno del Tribunal Superior de Justicia.

QUÉ MAL

Sin embargo, es lamentable que una supuesta visión de cambio esté determinada por la revancha. Si, en efecto, los panistas tienen pruebas de que el TEE actuó por consigna, deben no sólo exigir el castigo ante las instancias correspondientes, sino también hacer públicas esas pruebas para que la sociedad juzgue. Pero creer que todo un Consejo de la Judicatura servirá únicamente para enjuiciar a los magistrados sospechosos, y no para regir la vida administrativa del Poder Judicial, es tanto como reducir en alcances algo que será trascendental para la vida democrática del Estado. 

 

Seguridad: resultados, no en función de la inversión

+ Reemplacamiento: ¿era para abatir criminalidad?

Desde hace unos días, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, reiteradamente ha cuestionado el estado en que se encuentran algunas tareas relacionadas con la seguridad pública, que dependen del Gobierno del Estado. Primero acusó un supuesto subejercicio presupuestal, y luego denunció rezagos importantes en el proceso de certificación de la confiabilidad de los agentes policiacos estatales. Tal parece que más allá de esos señalamientos, existen otros que el gobierno saliente debería responder sobre su posible falta de resultados, no a la nueva administración, sino a los oaxaqueños.

Es claro que en Oaxaca el problema no es sólo de seguridad, o de inseguridad, sino sobre todo de cuánto se invierte en ese rubro, y cuál es el destino que han tenido esos recursos económicos. Independientemente de que sea el adecuado o no, el actual modelo de seguridad pública que se aplica en Oaxaca tuvo el aval del gobierno federal, y uno de sus principales avances fue el de establecer mecanismos de control de confianza, tanto para los mandos como para el personal de tropa de las corporaciones estatales. Ese proceso inició desde cero, pues hasta 2008 no había mecanismo alguno de confiabilidad en las policías estatales.

Desde el principio, la puesta en marcha tanto del modelo policiaco, como de los procesos de control de confianza, fueron cuestionados por el alto costo económico y la poca claridad que existía en cuanto a su aplicación. Independientemente de lo que costara el establecimiento del Centro de Control de Confianza, y la reorganización administrativa y operativa de las corporaciones estatales, así como la conversión de la Secretaría de Protección Ciudadana en Secretaría de Seguridad Pública, todo el actual esquema policiaco fue comprado a un despacho particular, propiedad del ahora director de la Policía Federal Ministerial, Wilfrido Robledo, a un costo que nunca fue revelado —y que también implicó los cargos de primer nivel que hoy ocupan tanto el secretario Javier Rueda Velázquez, como el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, y el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, Alan Loren Peña Argueta, entre varios otros funcionarios que fueron enviados a Oaxaca desde ese despacho de asesores.

Independientemente de que ese punto inicial tuviera o no una explicación posible, el nuevo esquema policiaco comenzó a aplicarse justo cuando se desató el escándalo por el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, junto con la corrupción policiaca y la impunidad que, ante ese artero crimen, se revelaron. Cuando el gobierno federal llamó a todos los actores políticos nacionales a firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a finales de agosto de 2008, el gobierno de Oaxaca ya tomaba ciertas medidas y reformas legales para emprender sus procesos de control de confianza.

De entonces a la fecha, el gobierno de Oaxaca siempre ha dicho que se están cumpliendo en tiempo y forma las tareas de control y supervisión de la confiabilidad de sus agentes. Un problema serio, sin embargo, surge ante el cuestionamiento de la falta de depuración de las corporaciones policiacas, y los resabios que aún quedan sobre la doble función de policías y ladrones que ejercían algunos agentes, lo cual que quedó demostrado con hechos particulares, como el asalto a una terminal camionera en mayo del año pasado, el cual fue perpetrado por dos elementos —Juan Armando Medina Gutiérrez, placa 356, y Javier Martínez López, o Alejandro Lázaro, el primero armado con una subametralladora R 15 y el segundo con una pistola 9 milímetros, ambas propiedad de la corporación—, adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones, y que tenían a su cargo la custodia del subprocurador Netolín Chávez Gallegos.

Hasta hoy, es prácticamente nada lo que se sabe hacia fuera de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto a una posible “limpia” de malos elementos en las corporaciones policiacas. Todo eso deja ver que, en efecto, o no se ha realizado un proceso eficiente de selección y saneamiento entre quienes integran las fuerzas policiacas estatales; o que aún teniendo conocimiento de quiénes son los agentes con posibles vínculos criminales, o que no cumplen con los parámetros para permanecer en las corporaciones, deliberadamente se les ha mantenido en las filas policiacas estatales.

¿Y EL REEMPLACAMIENTO?

Justamente el año pasado, el Gobierno del Estado determinó que era momento de llevar a cabo un nuevo reemplacamiento del parque vehicular que circula y tiene registro en el Estado.

Las protestas ciudadanas no se hicieron esperar. Y frente a todos los argumentos ciudadanos de que esta medida no tenía fundamento en asuntos de seguridad, sino que era una mera estrategia de fines alevosamente recaudatorios, la administración estatal —a través justamente de la Secretaría de Seguridad Pública— defendió tal decisión, primero argumentando que la renovación de placas para los vehículos de motor formaba parte de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Luego dijeron, justamente, que los recursos recaudados servirían para financiar algunas medidas de fomento a la economía y el empleo, pero que también servirían para redoblar los esfuerzos en materia de seguridad pública. Se supone que si existen aportaciones federales y recursos estatales, éstos debieron nutrirse con los fondos extraordinarios obtenidos con esa medida.

Ante ello, hoy tendríamos que preguntarnos qué ocurrió con esos recursos. Es cierto que volver al tema del reemplacamiento es tanto como querer machacar el pasado. Sin embargo, todo eso adquiere legitimidad, cuando lo que se pone en juego son recursos que los ciudadanos entregaron a las arcas públicas para, según, ser bien utilizados y repercutir en el fomento al bien común, que resulta ser el fin último de todo Estado democrático.

QUE EXPLIQUEN

Si el Gobernador Electo asegura que existen rezagos, debe también decir, con datos duros, cuáles son y, lo que es lógico, cómo los va a corregir. En tanto, la administración saliente —no sólo el Secretario de Seguridad Pública, sino también los involucrados en las decisiones políticas y el manejo de las finanzas— deben informar puntualmente cómo fueron utilizados esos recursos que, sin otra explicación más que la avidez de dinero fresco, le arrancaron a la ciudadanía.