Home Blog Page 431

2006: las cuentas pendientes, también para gobierno estatal

0

+ Flavio Sosa, candidato; ¿Qué y quiénes lo dejaron “llegar”?

En medio de las campañas proselitistas, están a punto de revivir algunas de las más añejas rencillas derivadas del conflicto magisterial y popular de 2006. El anuncio de la postulación de Flavio Sosa Villavicencio a una diputación local por el principio de representación proporcional, por parte del Partido del Trabajo, reactivó de inmediato aquella acusación —que en su momento se vertió desde el sector oficial—, en el sentido de que había una plena comunión entre los agitadores que encabezaron la revuelta popular, y el grupo opositor encabezado por Gabino Cué Monteagudo. Más allá de las discusiones estériles y las verdades a medias, en este asunto todos salen mal librados.

En efecto, la noche del pasado martes se dio a conocer que uno de los principales dirigentes visibles de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, Flavio Sosa, encabeza la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal, propuesta por el Partido del Trabajo. Ayer mismo, en conferencia de prensa, el diputado Héctor Pablo Ramírez Leyva, reaccionó a nombre del Revolucionario Institucional, señalando que la postulación del Dirigente appista, “muestra que es obvia la alianza que había desde 2006 entre Gabino y la franja de agitadores que comandó Flavio Sosa”,

Ante ello, es necesario preguntarnos si esta discusión es tan bipolar como se pretende hacer ver. Aunque pareciera que, en efecto, los tricolores tienen razón en su señalamiento, es claro que, indirectamente, la postulación de Sosa tiene más causas y responsables de los que ahora se enumeran y satanizan. Si volteamos la mirada al pasado, encontraremos que no sólo fueron la agitación y la violencia dos de los comunes denominadores del conflicto popular del 2006. Hubo otro factor, esencial, que es responsabilidad de quienes hoy gobiernan y que ellos mismos prohijaron de modo abominable en todo lo concerniente a la revuelta popular. Ese factor, se llama impunidad.

Así, hoy parece muy sencillo para el priismo, alzar escandalizado la voz para señalar que la postulación de Sosa Villavicencio demuestra los vínculos que permanentemente ha tenido con el ahora candidato a Gobernador por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo; a partir de ello, los tricolores deducen que éstos dos personajes tuvieron vinculación estrecha para organizar las acciones de inestabilidad y violencia que caracterizaron a la revuelta social ocurrida hace cuatro años en Oaxaca.

En ese planteamiento, seguramente a los priistas no les falta razón. Fue desde siempre perceptible la existencia de un claro entendimiento entre varios de los principales dirigentes de la Asamblea Popular y la Sección 22, con los de las fuerzas partidistas que encabezan la oposición en Oaxaca. Unos y otros, en 2006, buscaron el objetivo común de derrocar a Ulises Ruiz Ortiz del cargo de Gobernador del Estado.

Así, los grupos de lucha social buscaron cumplir con ese objetivo a través de la presión popular y la revuelta, mientras que los partidos de oposición, lo hicieron por medio de la acción política y legislativa, y el impulso a acciones como la desaparición de poderes en el Congreso de la Unión.

Luego, en 2007, el Partido de la Revolución Democrática postuló al también dirigente y vocero de la Asamblea Popular, e integrante de la dirigencia seccional de la Sección 22 del SNTE, Zenén Bravo Castellanos. En aquel año, el PRD también impulsó la candidatura por la vía plurinominal de la profesora Carmen López Vásquez.

Ambos personajes, de modo abierto, y tanto en el frente popular como en la lucha magisterial, habían luchado por conseguir la salida del gobernador Ruiz, a través de la revuelta popular de hace cuatro años, para luego unirse a fuerzas políticas opositoras y acceder así a cargos de elección popular. De este modo, hoy uno de ellos, Bravo Castellanos —adherido a la fracción de Convergencia, pero también miembro de la APPO—, es integrante de la LX Legislatura del Congreso del Estado.

GOBIERNO, RESPONSABLE

A diferencia del diputado Bravo, y de la profesora López Vásquez, Flavio Sosa sí enfrentó un proceso judicial, sí estuvo en prisión… y sí fue absuelto por la justicia federal, al corroborar que las acusaciones promovidas en su contra no habían sido fundadas y probadas fehacientemente por la Procuraduría y el Poder Judicial de Oaxaca, y que, al contrario, éstos órganos había actuado deficientemente en la conducción de los procesos penales por los que estuvo casi dos años en prisión.

Ese es, en realidad, el punto cuestionable de su postulación. Nadie duda que él y otros personajes pudieran haber cometido delitos durante la revuelta magisterial de 2006. El mismo Sosa, así lo aceptó públicamente en una entrevista concedida hace unos meses a Milenio Televisión. Pero también dijo que si él cometió alguna falta, ya la pagó en prisión. Y no le falta razón al asegurarlo. Sólo que, en ese sentido, también habría que ver si lo que Sosa pagó metido en la cárcel, fue lo que correspondía a los delitos verdaderamente cometidos.

El asunto no es menor: Sosa Villavicencio obtuvo su libertad absoluta en abril de 2008, no porque hubiera cumplido la totalidad de las penas impuestas por un juez, sino porque sus defensores pudieron acreditar ante los tribunales de amparo, que las causas legales no tenían el sustento suficiente como para comprobar los delitos que se le imputaban. Así, éste abandonó definitivamente la prisión, quedando cancelada toda posibilidad de que se definiera si cometió o no delitos, y si tendría que pagar por ellos ante los tribunales jurisdiccionales.

IMPUNIDAD, IMPUNIDAD

¿Y quién fue el responsable de la libertad, y ahora la elegibilidad de Sosa? Los órganos ministeriales y jurisdiccionales locales, que integraron y condujeron deficientemente las averiguaciones que luego fueron declaradas como inconstitucionales por la justicia federal. Es decir, que la Procuraduría de Justicia, y el ahora secretario de Gobierno, Evencio Martínez, se convirtieron en cómplices de no sólo de la impunidad que impera sobre la revuelta de 2006, sino también de que personajes a los que el mismo gobierno, y el partido gobernante —el PRI— ha tachado de delincuentes y agitadores, hoy aparezcan, legal y legítimamente, como candidatos a diputados. Toda una incongruencia.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

PRI: el trabajo sectorial, sólo en el campo de lo aparente

0

+ Dejar todo a ingeniería electoral: riesgo y sobreestimación

El pasado lunes, con motivo de la visita a Oaxaca del aspirante a la dirigencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Emilio Gamboa Patrón, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Toledo Infanzón enfatizó, a través de un comunicado, que “es el sector popular una de las fortalezas del Revolucionario Institucional, porque en ellos radica la fuerza y el intenso proselitismo a favor de los candidatos priístas.” ¿Será cierto eso que dice el líder del tricolor en Oaxaca?

La interrogante parte no de la imaginación, sino del doble discurso que es perfectamente perceptible entre lo que dice y lo que hace la dirigencia y los grupos de decisión al interior del PRI oaxaqueño. Aunque a la menor oportunidad unos y otros pregonan unidad y trabajo político de todos sus sectores, lo cierto es que todas sus expectativas están volcadas al trabajo y la efectividad de las estructuras electorales. Ello, evidentemente, ha dejado a los otrora poderosos sectores del tricolor, como meras entelequias que sólo sirven para continuar cubriendo las necesidades, los aparadores y las apariencias en la clase gobernante.

En el mismo comunicado al que hacemos alusión, el senador Toledo aseguraba que “es el sector popular el que realiza proselitismo casa por casa, colonia por colonia, manzana por manzana, para posicionar el proyecto de gobierno que el PRI tiene para lograr consolidar la transformación de Oaxaca.” ¿Es eso real? ¿O no será todo esto parte de un mero discurso para justificar la existencia de ese y los demás sectores priistas? Para contestar estas preguntas, es mejor hacer a un lado las palabras, e ir a los hechos.

Hasta este momento, cuando la campaña proselitista por la gubernatura del Estado está completando su primer tercio, y parecen estar definidas las candidaturas a diputaciones y presidencias municipales, es prácticamente nada lo que verdaderamente se ha demostrado sobre la aportación de los sectores al trabajo político de ese partido. Tanto la CNOP, como el sector juvenil y el popular, han invertido cantidades cuantiosas de tiempo —tiempo electoral—, en estructurar sus respectivas bases y organizaciones de apoyo a la labor proselitista.

Así, tendríamos que preguntarnos no sólo si los sectores y las organizaciones adherentes al Revolucionario Institucional son, de verdad, entes que aportan fuerza y legitimidad a ese partido, sino también cuál es la causa por las que cada una de ellas están en esos niveles tan primarios de organización y fuerza aparente.

La revisión de cada uno de los sectores, revelaría que su capacidad de organización y convocatoria ya no son las del pasado, que los corporativismos y clientelismos que representaban —particularmente los sectores campesino y popular, que antes eran dos de las fuerzas más pujantes de ese partido— hoy están desmantelados pero también desatendidos. Y que, en la idea de grupos políticos como el de Oaxaca, éstos fueron completamente superados por la eficacia de las estructuras electorales.

Así, este no es sólo un asunto de posible desatención y desapego por parte de los dirigentes sectoriales o las organizaciones, sino de la voluntad habida para confinar a esos sectores a la posición de representatividad sin fuerza, e incluso al bloqueo de todos los esfuerzos encomiables que desde cada uno de ellos se pretende hacer para fortalecer los fines del partido.

Por esa razón, nadie mejor que quienes dirigen e influyen en las determinaciones de ese partido, deben saber qué, por qué y quiénes son los que han hecho todo para restar la importancia que deberían tener los sectores de aquel partido. Los discursos no son más que retórica. Y el poner todas las expectativas a un mero trabajo de estructuras electorales —que trabajan en base al dinero, y no al convencimiento efectivo del elector sobre la opción política que se representa—, es tanto como dejar el destino de todo un pueblo, en manos de mercenarios.

TRABAJO OLVIDADO

Aunque hoy exista una vocación de desdén hacia sectores partidistas —que en el pasado fueron factores esenciales del tricolor— por la imposibilidad de que éstos funjan como sendos imanes de atracción del voto corporativista de las organizaciones agrarias, sindicales y de trabajadores y obreros, nadie debería pasar por alto que su minimización equivale a negar también muchos de los postulados ideológicos que, se supone, le dan sustento y legitimidad como fuerza social y política al tricolor.

¿Cómo explicar, por ejemplo, que las acciones más visibles de los sectores priistas, sean hoy meramente representativas? Al acudir a lo tangible, podremos corroborar que organismos como la CNOP existe y se deja ver, en acciones tan poco influyentes, como el supuesto apoyo corporativo de algunas organizaciones de transportistas —todas las que no están afiliadas y que, por tanto, “pertenecen” a la Confederación de Trabajadores de México—, tales como taxistas, algunos grupos de transportistas de pasajeros y otros grupos; o que el sectores como el juvenil hubiera sido objeto de tantos y tan prolongados bloqueos que, hasta hace apenas unas semanas, hacía parecer al Frente Juvenil Revolucionario como un auténtico organismo fantasmal.

¿Qué representación de los verdaderos sectores sociales, puede explicar el PRI con unos sectores políticos en esas condiciones? El Frente Juvenil, por ejemplo, ha rescatado algunos nichos de presencia, e incluso ha mostrado, con discreción, algunas propuestas positivas para la campaña proselitista que ahora se desarrolla. Sin embargo, hasta donde se puede observar, es poco el apoyo y la atención recibidos, y son muchas las trabas a las que se han enfrentado para atraer al sector más numeroso de la población votante, pero también uno de los más desdeñados, que es el de los jóvenes.

TRIUNFO SIN SUSTENTO

En esas condiciones, el PRI está construyendo sus propias posibilidades de triunfo, en medio de un profundo mar de cuestionamientos por la inconsistencia de su trabajo político, y por la escasa legitimidad que están aportando a sus bases ideológicas y sociales. Todo esto, se supone, deberían estar estimulando fuertemente en estos tiempos electorales. Pero los sectores partidistas, sólo están vivos en discursos como el del senador Toledo.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Jefe Diego: líneas de desinformación apuntaron a guerrilla

2

+ Festinar su desaparición, equivale a legitimar a criminales

La tarde del pasado sábado 15 de mayo, el gobierno federal reconoció oficialmente que, desde la noche previa, el controvertido político y abogado, militante del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, se encontraba desaparecido. De inmediato, corrieron por lo menos cuatro versiones sobre el hecho. Y mientras tanto, la sociedad mexicana se volcó en actitudes que, por lo menos, resultan ser contradictorias y contraproducentes en relación al momento crítico que vive hoy el país.

Pero vayamos por partes. La misma tarde del sábado, la PGR dijo que, ante la desaparición de Fernández, había iniciado una Averiguación Previa, en la que se tenían varias líneas de investigación. La primera de ellas, tenía que ver con un posible ajuste de cuentas por motivos profesionales. La segunda, que el hecho se hubiera derivado de motivos personales. Una tercera apuntaría a un secuestro de tintes políticos, ejecutado por alguna célula subversiva. Y la cuarta, que se tratara de una acción perpetrada por el crimen organizado, ya fuere como parte de una venganza en contra del gobierno federal, o para exigir una suma de dinero por su rescate.

Así, una vez establecidas las líneas de investigación, tanto la PGR como la Procuraduría de Querétaro (ya que Fernández desapareció en esa entidad) se cerraron a cualquier intercambio de información con los medios de comunicación. Esta decisión —que en la explicación oficial fue tomada para dar oportunidad de diálogo con los posibles captores—, de inmediato se convirtió en un vacío informativo. Y éste, en la ocasión perfecta para las especulaciones.

Además de la posibilidad de que éste fuera un secuestro como tal, fue la propia percepción ciudadana la que apuntaló dos versiones a partir de la sola utilización de la lógica: la primera de esas versiones, establece que el gobierno federal encabeza una guerra contra el crimen organizado que ha costado miles de bajas y daños a las estructuras criminales. Y que así, siguiendo esta lógica, la desaparición del llamado Jefe Diego, podría ser un ajuste de cuentas por parte de criminales, no sólo para causar daño a un connotado panista, sino también para demostrar a la comunidad nacional e internacional que ellos son tan poderosos como para ejecutar libremente una acción de esa magnitud.

La segunda de las versiones apuntó hacia la guerrilla. Y es que, por la sola concatenación de referencias, esta posibilidad también resultaba lógica: la próxima semana, se cumplen tres años de la desaparición de los militantes del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Y si esto es así, ¿no podría pensarse entonces que el EPR pudo haber tomado como secuestrado o rehén a un personaje de la talla de Fernández de Cevallos, para presionar al gobierno a que dé respuesta en cuanto a los dos desaparecidos?

Ayer mismo, esta versión —que sólo fue aceptada por quienes no entienden la lógica y las acciones de reivindicación de los grupos armados— fue desmantelada por el propio EPR. A través de un comunicado, negaron cualquier relación con los hechos y, como era de esperarse, incluso se solidarizaron con los familiares de la víctima, dejando claro que si ellos mismos han sido objeto de la desaparición forzada de sus militantes (particularmente los levantados en Oaxaca el 25 de mayo de 2007), y conocen el dolor y la pena que eso provoca, no le pagarían al gobierno con la misma moneda.

En realidad, la versión que apuntaba al grupo armado, e incluso la que señala una acción de fines políticos por parte del crimen organizado, tienen poco sustento: Fernández de Cevallos no es integrante y, al contrario, aún siendo panista, ha sido un feroz crítico de la forma de gobernar del presidente Felipe Calderón.

Así, su desaparición y posible secuestro, es impactante por la relevancia que, nos guste o no, ha tenido en la vida política de este país en las últimas décadas; y porque esto deja ver que cualquier mexicano —independientemente de su condición social, posición económica o preeminencia política— puede ser blanco de la comisión impune de cualquier tipo de delito.

SOCIEDAD DESBOCADA

Un hecho de esa magnitud, rápidamente se convirtió en tema de conversación y debate en todos los niveles. Mientras propios y extraños se enfrascaban en hondos o superficiales análisis sobre las posibles vertientes de esta desaparición, muchos otros dejaron ver muestras de satisfacción, e incluso de alegría por el posible secuestro de Fernández de Cevallos.

Así, tanto en las redes sociales, como en los foros de discusión de todos los medios en los que se ventiló la noticia, no faltaron expresiones que trataban de decir que un secuestro o una ejecución, era lo menos que se merecía el llamado Jefe Diego, por todo lo que ha hecho en su vida profesional; que ojalá que las autoridades no lo localizaran con vida; o que éste sufriera tanto como padecen las cientos de víctimas que todos los días se enfrentan a la comisión de delitos como el que Fernández de Cevallos ahora vivía en carne propia. Así, en esa vertiente, abundaron las expresiones en los últimos tres días.

¿Es eso válido? Tal parece que, en el marco de la libertad de expresión, sí. Sin embargo, todos aquellos que han festinado, o que se han alegrado por la desaparición de Fernández de Cevallos, están también convalidando una afrenta que no está encaminada en contra del PAN, del gobierno federal o de los abogados postulantes de dudosa reputación. No. La afrenta, en realidad, es contra México.

¿Por qué? Porque lo que se festina, o por lo que se alegra, es la comisión de un delito que se llama secuestro, y posiblemente de otro llamado homicidio. Así, cada ciudadano que por equivocadas razones “políticas” se alegra de la desaparición de Fernández, está también convalidando acciones incalificables del crimen organizado. Pero eso, aunque nos sorprenda, es lo que hoy está pasando.

GAMBOA EN OAXACA

Ayer estuvo Emilio Gamboa en Oaxaca. Vino a asegurar el apoyo oaxaqueño, ahora que pretende ser dirigente nacional de la CNOP. Hubiera sido interesante que alguien le dijera que aquí, ese y los demás sectores del PRI tienen presencia y trabajo político arrinconados. Los operadores confían todo a la ingeniería electoral. Y, por decisión propia, a los organismos del PRI los tienen en el más completo de los abandonos.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Oaxaca: delincuencia y ¿errores? de la Policía, en aumento

0

+ Inseguridad: no todo tiene que ver con “motivos políticos”

A diferencia de prácticamente todo el país, en el que las corporaciones policiacas estatales y municipales deben enfrentarse a la delincuencia, en Oaxaca los cuerpos de seguridad pública deben hacerlo en dos frentes: por un lado, el de la criminalidad común; y, en el otro frente, a la violencia que emerge por motivaciones sociales, étnicas, políticas o electorales. Hoy, cuando los tiempos marcan una intensa actividad político-electoral en el Estado —que también incluye a la seguridad—, no deberíamos dejar de poner atención a lo que ocurre en el campo estricto del control y combate a la delincuencia.

Tal parece que las últimas semanas no han sido fáciles tanto para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, como para las corporaciones policiacas. El pasado 28 de abril, una caravana de observadores de derechos humanos, fue atacada en las inmediaciones del municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui del Estado. Ante ello, los cuerpos de seguridad estatales desplegaron importantes operativos para resguardar una zona que ha sido azotada por andanadas intermitentes de violencia.

Días después de ese hecho —que se incrustó como un foco rojo en la contienda política que hoy se desarrolla—, el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, aseguró en sendas declaraciones a la prensa local, que la seguridad para los comicios del próximo cuatro de julio está garantizada; que existe también vigilancia permanente en la zona triqui para evitar nuevos enfrentamientos. Y, particularmente, que solicitaría al Instituto Nacional de Migración la expulsión del país, en base al artículo 33 de la Constitución federal, que se encontraran inmiscuidos en asuntos políticos del país, en los que sólo se pueden involucrar ciudadanos de la República.

Sin duda, todo esto deja ver que, en efecto, para las corporaciones policiacas estatales es un asunto de primer orden el de la manutención de la paz y la seguridad, respecto al proceso electoral que ahora se desarrolla en Oaxaca. Hoy, para la administración estatal, la paz es una condición determinante para la imagen de buen gobierno que están tratando de hacer percibir a los ciudadanos, y a la opinión pública nacional que tiene puestos los ojos en Oaxaca.

No obstante, al margen de los acontecimientos que, directa o coyunturalmente se encuentran relacionados con la efervescencia electoral, es claro que también ocurren hechos enmarcados en la delincuencia común, que deberían ser motivo de atención no sólo para las corporaciones policiacas o las instancias públicas de las que dependen, sino también de los altos círculos del poder estatal, y de la sociedad que exige seguridad en su vida cotidiana.

Veamos si no: en la última semana, ocurrieron al menos dos hechos que revelan la facilidad de desplazamiento y operación que tienen algunos grupos de delincuentes bien organizados, y los fallos de las corporaciones policiacas a la hora de hacer no labores de altos vuelos, sino de cumplir con las funciones más básicas de su misión de proteger y servir a la sociedad.

Así, la noche del pasado viernes fue asaltado un lote en el que se realizaba la compraventa de vehículos usados, ubicado en las inmediaciones de un centro comercial al sur de la capital oaxaqueña. De acuerdo con reportes de la prensa local, en la operación los delincuentes hurtaron libremente una docena de vehículos apenas unas horas después de concluidas las operaciones cotidianas de la negociación, y señalaron la posibilidad de que también pudieran haberse llevado consigo a tres personas, en calidad de rehenes o secuestrados.

El segundo hecho es no menos grave: ese mismo día viernes, un recluso en el Penal de Santa María Ixcotel, que había sido ingresado al Hospital Civil para recibir atención médica, se fugó del nosocomio ante las sospechas, los errores, y, por decir lo menos, el exceso de confianza de quienes ordenaron su traslado, permitieron su salida del reclusorio, y lo custodiaron mientras recibía la atención médica.

DELINCUENCIA LIBRE

Pero vayamos por partes, en cada uno de los hechos. En primer término, respecto al hurto en el lote de vehículos usados, el hecho resulta grave en cuanto a las corporaciones policiacas, porque una operación de esta magnitud conlleva la movilización de más de una docena de personas, un número similar de vehículos y, sobre todo, el accionar de maniobras violentas a horas de la noche, en las que aún había un tránsito de personas más o menos fluido, y que por tanto la presencia policiaca debería de ser más constante y sensible.

Además de todo eso, también se debía estar poniendo atención a las posibilidades que se desprenden de ese hecho. Así, el robo de una docena de vehículos debe llevar también a preguntarse qué finalidad tenía respecto a los propios dueños de la negociación (por la posibilidad de un autorobo); también debía ser motivo para accionar las instancias de información e inteligencia que ya debería tener bien armada una corporación como la Policía Estatal. Esto, con el objeto de determinar si este fue un indicativo claro de que grupos relacionados con la delincuencia organizada nuevamente hicieron presencia importante en la entidad, y están haciéndose de pertrechos para sus operaciones.

El segundo de los hechos no es menos grave. ¿Cómo decidir el traslado de un reo de alta peligrosidad —si se toma en cuenta que se le sigue un proceso penal por secuestro, y se sabía perfectamente de sus ligas con corporaciones policiacas estatales de élite, e incluso con el Ejército mexicano— solamente resguardado por un par de elementos? ¿Cómo haber terminado, con tanta simpleza, que no intentaría escapar? Y, sobre todo, ¿Cómo explicará el comisionado Quezadas Jiménez, que por negligencia o complicidad de sus agentes, un secuestrador altamente peligroso está nuevamente suelto en la entidad?

DOS POLOS

Ahora que comenzará el traslado de dependencias del gobierno estatal a Ciudad Judicial, parece haber entendimiento pleno entre el Sindicato de Burócratas que encabeza Víctor Hernández, y el secretario de Administración, Francisco Márquez Méndez. A ellos debería recurrir Evencio Martínez para pedir consejo, pues no da una en su relación con la Sección 22 del SNTE. A éste sí, y pronto, le van a estallar los problemas. No hay duda: el cargo no hace necesariamente eficaces a los funcionarios.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Sección 22: la lucha sindical, extraviada

1

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hace 30 años, los trabajadores de la educación en Oaxaca iniciaron una lucha por la democratización de su sindicato, que aún hoy sigue teniendo repercusiones importantes en diversos rubros locales y nacionales.

En 1980, un importante grupo de líderes surgidos de la inconformidad espontánea dentro del gremio magisterial, se manifestaron en contra de la manipulación, los abusos y las imposiciones de que eran objeto por parte de la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entonces controlados por la corriente sindical denominada “Vanguardia revolucionaria”.

Hasta entonces, el rumbo de la Sección 22 era decidido desde la Ciudad de México, y transmitido según un orden que establecía la dirigencia nacional, y a la cual tenían que acatarse todas las fuerzas internas de aquel sindicato. 1980 fue el año que marcó el fin de esas prácticas, y el surgimiento de una serie de postulados que inicialmente pugnaron por la democratización, por la verdadera inclusión de todos los trabajadores de la educación en las decisiones trascendentales de ese sindicato, y por la posibilidad de decidir bajo qué esquemas sociales, políticos e ideológicos, inclinarían su lucha social.

En aquel momento, las corrientes democratizadoras de la Sección 22 del SNTE recibieron un respaldo popular amplio por parte no sólo de otros sindicatos, que saludaron la lucha emprendida, sino sobre todo de la sociedad oaxaqueña, que vio con buenos ojos el ánimo habido en ese gremio por lograr la posibilidad de ser ellos quienes decidieran el rumbo, las decisiones y las prácticas en su gremio.

Así, luego de una larga jornada de lucha, lograron la democratización de su gremio y un importante incremento salarial; unos años después, en 1986, nuevamente emprendieron acciones de presión en contra del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato magisterial, para que se realizara un Congreso seccional de acuerdo a las bases y métodos democráticos que ellos mismos habían establecido; y en 1992, ocurrió una tercera acción importante, cuando se decretó la descentralización educativa, y ellos lograron que en Oaxaca se incluyera formalmente la disposición de que la Sección 22 del SNTE sería quien propondría a profesores sindicalizados, para ocupar puestos directivos dentro del entonces naciente Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

En este sentido, uno de los episodios más importantes en la historia reciente de la entidad, tiene que ver con el conflicto magisterial y popular ocurrido hace apenas cuatro años, en el que la Sección 22 fue protagonista y factor determinante de aquel episodio. Si bien se recuerda, una exigencia salarial derivó en una acción policiaca y el surgimiento de una crisis social de grandes magnitudes, en la que el magisterio tuvo una participación definitoria y que, en muchos sentidos, marcó un cambio de rumbo para diversos factores sociales y políticos de Oaxaca.

De este modo, podría suponerse que con el logro de todos sus objetivos —es decir, en un primer momento la democratización y la toma de control de su sindicato, el logro de importantes incrementos salariales, y la nada despreciable posibilidad de que el Sindicato Magisterial pudiera acceder a cargos directivos dentro de la estructura gubernamental de regulación y administración de la educación—, hoy la educación pública en la entidad goza de mejor salud que hace treinta años.

Sin embargo, claramente podemos ver que la situación en todos los rubros relacionados con la educación y el sindicato magisterial, no están mejor que antes. Hoy sobre la estructura magisterial pesan importantes cuestionamientos que no sólo tienen que ver con sus prácticas de intolerancia y avasallamiento en cuanto a sus determinaciones, sino sobre todo con el estado que guarda la educación en el Estado. Repasemos brevemente algunos de esos aspectos, ahora que la lucha magisterial está a punto de cumplir tres décadas de existencia.

APROVECHAMIENTO,

POR LOS SUELOS

Los profesores de la Sección 22, utilizaron como principal argumento de justificación para acceder por medio de su sindicato a la estructura formal del Instituto de Educación, que nadie mejor que ellos conocía las necesidades básicas tanto de profesores como alumnos, y que sería a través de ellos como se lograrían abatir muchos de los problemas y rezagos que entonces existían.

Nada ha cambiado. Hoy la educación pública en Oaxaca continúa siendo una de las menos provechosas, y de las peor calificadas en el ámbito nacional. Los niveles de aprovechamiento lejos de incrementarse, se han visto disminuidos. Los profesores, al convertirse en juez y parte de la educación pública, se convirtieron en solapadores y no en correctores, de muchos de los excesos y desatenciones en la educación. Hoy, Oaxaca es la única sección magisterial en el país que no admite la realización de la prueba ENLACE, a través de la cual el gobierno federal busca establecer ciertos parámetros del estado que guarda la educación en cada una de las entidades federativas que integran la nación.

De acuerdo con cálculos hechos a partir del 2006, apuntan que las movilizaciones, paros y acciones de lucha del magisterio, han dejado sin clases a los alumnos por el equivalente a siete ciclos escolares completos, siendo éstos de 200 días cada uno. Sólo durante la revuelta magisterial y popular ocurrida hace cuatro años, los profesores abandonaron las aulas desde el mes de mayo y no reanudaron labores sino hasta el mes de diciembre de 2006. Antes y después de aquel acontecimiento, las suspensiones de clase son cosa de todos los días.

MAESTROS, AGITADORES

Y MAL PREPARADOS

Oaxaca y Guerrero, son las dos únicas entidades de la República, en las cuales sus gobiernos sostienen, por presión de sus secciones magisteriales, la disposición relativa a la contratación automática de todos los egresados de las escuelas normales para maestros. En el resto de la República, las plazas educativas que cada año ofrecen los gobiernos estatales, son sometidas a diversos procesos de asignación, a través de evaluación de promedios, exámenes de oposición y satisfacción de requisitos.

Aquí ocurre nada de eso. La Sección 22 tiene en los estudiantes normalistas, a un nutrido grupo de jóvenes dispuestos a realizar todo tipo de desmanes, con tal de tener una buena ascendencia con el gremio al que pertenecerán; se utilizan mutuamente: la Sección, para agitar, y ellos para que ésta los beneficie una vez egresados, con ubicaciones cercanas a los centros urbanas y buenos salarios, a cambio de su participación incondicional en las acciones sindicales.

Sólo que los normalistas en Oaxaca tampoco se caracterizan por ser profesionales bien preparados. Ellos mismos, por años, se han negado al concurso de plazas, a la realización de exámenes como el aplicado por el Ceneval, y cualquier forma de medición de su calidad y aprovechamiento como estudiantes. Lejos de eso, cada que algún directivo pretende incrementar el nivel de exigencia, éstos cierran calles, presionan y hacen todo para hacerlo cesar en sus pretensiones, por la fuerza de la intolerancia y el chantaje de que hacen objeto a las autoridades educativas.

SINDICATO “DEMOCRÁTICO”,

PERO TAMBIÉN INTOLERANTE

Hace 30 años, la disidencia magisterial luchó por la democratización de su vida sindical. Lo logró. Pero luego, la figura de los líderes o caudillos fue sustituida por las corrientes sindicales moderadas y radicales, que son las que hoy controlan al gremio en Oaxaca. Si en 1980 se levantaron en contra de la manipulación, las imposiciones y las presiones de que eran objeto, hoy ellos realizan prácticas aún más democráticas en contra de sus integrantes.

¿De qué hablamos? De que los profesores, hoy, no tienen la posibilidad de discernir libremente respecto a la participación en la lucha sindical. Todos los trabajadores de la educación se encuentran sujetos a un férreo control sindical, a través del cual logran beneficios o se hacen acreedores a fuertes sanciones. Un mentor normal, sólo puede conseguir mejoras salariales o a su ubicación o condiciones de trabajo, a través de la anuencia sindical. Y ésta se logra, únicamente con una participación decidida y alejada de cualquier cuestionamiento, en las actividades sindicales.

UN FACTOR SOCIAL

…DE CONVULSIÓN

El Sindicato magisterial fue el factor esencial para la profundización del conflicto del 2006. Éste, nuevamente, recibió un importante apoyo por parte de sectores sociales, que respaldaron su lucha. Pero, a la larga, la Sección 22 siempre le ha dado la espalda a quienes lo apoyan. El episodio de la revuelta magisterial, pasó de ser una mera inconformidad magisterial, a un problema de toda la entidad. Ellos contribuyeron a crearlo, pero no a concluirlo y mucho menos a sentar las bases para que ese sacrificio de cientos de miles de oaxaqueños, valiera la pena.

El conflicto magisterial fue un episodio desperdiciado, porque aún cuando todavía se estudia como un fenómeno social y de organización y transformación de la ciudadanía, lo cierto es que éste nunca fue encausado realmente como un factor de transformación. No se logró la transformación del poder; tampoco ocurrió nada en las reformas constitucionales y legales de las que tanto se hablaban; el magisterio no supo aprovechar el momento histórico y la altísima sensibilidad que había en relación a su lucha, como para lograr cambios de fondo que, más allá del incremento salarial que ellos consiguieron, modificaran el estado de cosas y satisficieran las demandas de esa lucha social en la que se convirtió el conflicto de ese año.

Así, hoy es complejo hablar de que este proceso inicial de democratización y consecución de mejores prestaciones sociales y económicas, haya sido un sinónimo de avance en la educación. La Sección 22 continúa teniendo el control de su gremio, y continúa sosteniendo su connivencia con el poder, para lograr beneficios mutuos. Aunque la educación pública de nuestro estado esté peor que hace treinta años. Es decir, por los suelos.

México: los espectros del “federalismo”, 200 años después

0

+ Visión de futuro: promover la homogeneidad social en México

En la mayoría de las ocasiones, se entiende como un cliché aquello de que “el primer paso para solucionar cualquier problema, es reconocerlo”. En realidad, la solución de cualquier problema está implícita en su propio planteamiento. En México, hay que reconocerlo incluso con dolor, reiteradamente nos hemos dado cuenta que buena parte de nuestro sistema gubernamental ha fracasado. Luego de un periodo de paz relativa y estabilidad, de más de 80 años, hoy México no ha alcanzado a superar buena parte de los mismos problemas que lo aquejaban desde su surgimiento como nación. Pobreza, desigualdades, analfabetismo, desempleo y marginación siguen siendo la constante… aunque nuestro país está en vísperas de cumplir 189 años como nación independiente —esto, si tomamos en cuenta que México logró su independencia en 1821, no en 1810, como común y erróneamente se considera.

¿Qué es lo que ha fracasado? ¿Hemos sido las personas, el gobierno, los gobernantes, o el modelo mismo de gobierno y distribución del poder que impera en el Estado mexicano, lo que ha fallado? La respuesta es que, acaso, la responsabilidad cae en todos los factores de la sociedad de manera conjunta. Particularmente, en lo que toca a la parte del modelo gubernamental y del ejercicio del poder, es donde recaen dos de las aristas más sensibles de nuestros problemas nacionales actuales.

México adoptó desde sus orígenes un sistema de gobierno que hasta entonces le era desconocido —por estar fuera de su tradición jurídica y política—, y a la par de ello se enfrascó en interminables disputas por el poder que, al final, no hicieron más que debilitar al país y al poder mismo. Cada peso que se gastaba en comprar armas o municiones, en financiar ejércitos regulares o grupos armados, para las decenas de asonadas y cuartelazos que ocurrieron en el siglo XIX mexicano, era un peso que se dejaba de invertir en los entonces casi inexistentes servicios básicos que tenía obligación de prestar el Estado a sus ciudadanos.

Con el paso del tiempo las circunstancias cambiaron pero la constante no: fuera con Antonio López de Santa Anna, don Benito Juárez, Lerdo o Porfirio Díaz, prevaleció la circunstancia de tener, pretender o lograr ejercer totalmente el control político desde el centro del país, y desde la persona misma de los gobernantes. Esto, a pesar de que desde la Constitución de 1824, se estableció al federalismo y la división de poderes, como dos de las piedras angulares de la conformación política y administrativa de nuestro país. A pesar de ser manifiesto, no hubo federalismo en México ni antes, ni como consecuencia de la Revolución Mexicana de 1910, que derivó en la promulgación de la Constitución de 1917.

Quizá por eso, hace seis décadas, el poeta mexicano Octavio Paz escribiría en su libro El Laberinto de la Soledad, lo siguiente: “La permanencia del programa liberal, con su división clásica de poderes —inexistentes en México—, su federalismo teórico y su ceguera ante nuestra realidad, abrió nuevamente la puerta a la mentira y la inautenticidad. No es extraño, por lo tanto, que buena parte de nuestras ideas políticas sigan siendo palabras destinadas a ocultar y oprimir nuestro verdadero ser”.

¿FEDERALISMO REAL?

Esa era la realidad nacional en los albores de la década de los cincuentas, en el siglo XX; en gran medida sigue siendo la constante ahora que estamos en vísperas de finalizar la primera década del siglo XXI. ¿Por qué?

Porque a nivel jurídico-político, nuestro federalismo tiene apenas unos años de —medio— haberse logrado en cuanto al acotamiento —también relativo— del poder presidencial; pero también porque todos los días podemos darnos cuenta de que, en diversas materias, sigue predominando el centralismo que –según- tanto hemos luchado por combatir. Nuevamente: ¿Por qué?

Más del 30 por ciento del total de la población nacional, vive en las tres o cinco ciudades más importantes de la República Mexicana. A diferencia de un federalismo como el estadounidense, en México sólo tenemos como centros económicos potenciales a tres ciudades; al norte de nuestra frontera, ese potencial no sólo se reduce a Nueva York o Washington. Tanto del lado del Océano Atlántico, como del Pacífico, tienen potencias económicas (Illinois o California, por citar dos ejemplos) Estados Unidos tiene potencias económicas que no son consecuencia más que de una distribución presupuestal más igualitaria, honesta y equitativa.

Pero no sólo eso. En México existen 32 entidades federativas, en las que abundan las desigualdades en cuanto al reparto del dinero público. Lo mismo ocurre con los 2440 municipios habientes en México: el gobierno federal —que es quien reparte la riqueza pública— sólo se encarga de “tener contentos” a los cien municipios más ricos, repartiéndoles grandes cantidades de dinero; y de hacer más o menos lo mismo con los 100 más pobres, por razones políticamente correctas de apoyo a las zonas más marginadas. Sólo que, en medio, deja en la total desatención a la gran, gran mayoría de las demarcaciones territoriales básicas.

Se puede argumentar a favor del federalismo en México, quizá como la opción más viable para atajar las concentraciones de poder que tanto daño le han hecho al país. Pero no se puede decir que ese federalismo sea exitoso cuando existen abundantes problemas de orden social que no han sido resueltos. No puede ser así, tampoco, cuando el propio federalismo mal entendido en el otro extremo, ha convertido a los gobernadores en auténticos virreyes que pueden hacer y deshacer a discreción dentro de los territorios que gobiernan, o cuando los municipios se aparecen ya como meras figuras administrativas, que no gozan de la importancia, el sustento jurídico y el potencial suficiente como para detonar el desarrollo de las demarcaciones. Situaciones similares se derivan en cuanto a la imposibilidad de generar empleos, educación de calidad, servicios suficientes y competentes de salud, o un sistema de distribución de la riqueza que causara menos estragos o desigualdades sociales.

TAREA INACABADA

Es un gran logro haber comenzado a dar los primeros pasos en cuanto al federalismo visto desde la lógica del ejercicio del poder. Debe ahora “aterrizarse” a los múltiples rubros en los que, como decía Paz, sigue predominando la inexistente división de poderes en el país, el federalismo teórico y una dolorosa ceguera –o negación- de nuestra realidad actual.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Notarías: discrecionalidad, abusos y corrupción, se quedan

1

+ Las leyes cambian; encubrimientos oficiales son los mismos

Nada ha hecho mella para remediar el delirante descrédito que, por unos cuantos, envuelve a todos los que ejercen la actividad notarial en Oaxaca. A pesar de que apenas hace unos meses se dejó entrever lo que tendría que ser un escándalo de corrupción y complicidades oficiales al más alto nivel, por la presunta venta, tráfico y otorgamiento irregular de fíats notariales; y que hoy se cuestiona sin ningún rubor entre los mismos fedatarios, la subsistencia de normas legales que privilegian la discrecionalidad y los abusos en el nombramiento de nuevos notarios, nada se ha hecho para modificar la situación actual. Para explicarnos de mejor modo, es necesario ir por partes.

Los notarios son aquellos hombres y mujeres a los que el Estado dota de fe pública para dar certeza sobre la autenticidad en la celebración de actos, o sobre el acontecimiento de ciertos hechos, a los que las personas o la ley dispongan que se le deba dar el carácter de públicos. La asignación de esas patentes notariales se encuentra regulada por una norma estatal, aunque esta es una facultad materialmente discrecional del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Si ello es lo que debe entenderse en teoría, lo cierto es que la actividad notarial resulta ser no sólo lucrativa en términos de ganancias económicas, sino que, por la sola investidura de la fe pública, un notario abreva el poder para dar formalidad y legalidad a una cantidad infinita de actos y hechos. Por esa razón, son privilegiados aquellos que, cada sexenio, se hacen acreedores de una patente notarial. Es un modo de asegurar la subsistencia, pero también de tener un poder que no siempre se ejerce con honestidad y responsabilidad.

Señalamos en líneas anteriores, que el otorgamiento de los fíats se encuentra regulado por una norma denominada “Ley del Notariado de Oaxaca”. Esta ley, en apariencia, pretendió normar, transparentar y equilibrar la otrora facultad discrecional del Gobernador del Estado en cuanto al otorgamiento de estas patentes. Para ello se estableció la participación del Colegio de Notarios y del Gobierno del Estado en la aplicación de exámenes a los aspirantes a notarios, y también se determinó para éstos el cumplimiento de ciertos requisitos para acceder a los concursos mediante los cuales se entregarían las patentes.

Se pretendía, con ello, que sólo los profesionales del derecho que demostraran más probidad y mejores conocimientos sobre la actividad notarial, fueran quienes accedieran al notariado; teóricamente, ello mejoraría la actividad y eliminaría paulatinamente el desprestigio que en otros tiempos pesaba sobre quienes ejercían esa actividad, y que eran sólo considerados como “amigos del Gobernador”, y como quienes de verdad se habían ganado la calidad de fedatarios.

Todo eso, sin embargo, no se logró. Hoy es ampliamente conocida la pésima fama de no pocos fedatarios en Oaxaca. Esos pillos con licencia de fe pública, hoy tienen la completa posibilidad de emprender todo tipo de acciones legales, pero no legítimas, para beneficiar a quienes así se lo solicitan y pagan, a través de la manipulación de actos y hechos en los que su fe pública resulta ser determinante para la formalización de los mismos.

En razón de eso, no es raro que, en su mayoría, los notarios sean hoy conocidos por tener la capacidad de volver a la vida a personas fallecidas; por lograr que ausentes realicen actos jurídicos, transmisión de derechos, cesión de bienes, y demás, con todas las formalidades legales para que dichos documentos sean presentados, reconocidos y validados legalmente por y ante cualquier autoridad; por regresar el tiempo y enmendar, en un pasado que siempre tiene huecos en sus protocolos y libros de registro, actos jurídicos que nunca ocurrieron pero que, como por arte de magia, resultan realizados y validados por un fedatario público. En resumen, que venden las consecuencias de su investidura legal, independientemente de los fines, a todo aquel que tienen dinero para pagar por su complicidad y sus servicios.

LEGITIMIDAD,

POR LOS SUELOS

En diciembre, en este espacio, dimos a conocer en este espacio, que en la Procuraduría General de Justicia del Estado, se había iniciado una Averiguación Previa por la presunta venta de varios fíats notariales.

El asunto, por sí mismo, resultaba escandaloso. A diferencia de las anteriores administraciones, en las que se otorgaban alrededor de cinco patentes notariales por sexenio, en la actual se han repartido más de treinta, en su mayoría a personajes ampliamente ligados con el grupo gobernante. Todas las fíats, además, se entregaron sin que se hiciera público ningún tipo de proceso de selección, concurso, o detalles sobre los resultados de los exámenes teóricos y prácticos que, según la ley, debieron haberse realizado, y que necesariamente debieron aprobar todos aquellos nuevos notarios.

Por si eso fuera poco, en más de una decena de casos, las patentes notariales se habrían no otorgado, sino comercializado. Fuentes que en aquellos momentos tenían fuertes vínculos con dicho proceso irregular, aseguraron a este espacio que los fíats habrían sido vendidos, cuando menos, en unos tres millones de pesos cada uno, a través de un complejo entramado de complicidades entre particulares y servidores públicos de primer nivel, que ya fueron cesados de sus funciones.

A pesar de lo evidente de estas irregularidades, y que desde el mismo Gobierno del Estado se emprendió una investigación, es nada lo que se ha hecho para terminar con tanta discrecionalidad y corrupción que envuelve a los notarios. Lejos de preocuparse por esos aspectos, la administración estatal envió una iniciativa de reforma ¡para disminuir la edad mínima requerida para aspirar a obtener un fíat notarial!

TODOS CÓMPLICES

Nadie se preocupó —desde el poder y desde el gremio notarial—, por terminar con ese aberrante negocio que existe en el otorgamiento y actividad relacionada con la fe pública. Nadie se interesó en el asunto, por la obvia razón de que a nadie le gustaría terminar con esa mina de oro. Por eso, tanto la indagación ministerial a que hacemos referencia, como las reformas que terminarían con la discrecionalidad absoluta en que hoy se da el nombramiento de nuevos notarios, parecen ser temas irrelevantes para el sector público y para los fedatarios.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Propuestas de campaña: “lo que electores quieren escuchar”

0

+ Populismo: concepto tergiversado pero aprovechado por todos

Hoy, parecen sinónimos los conceptos de populismo y demagogia. En uno y otro, creemos poder englobar todo lo que los líderes políticos, candidatos, gobernantes o legisladores, hacen o prometen para mantener en paz al pueblo, aunque esas acciones sean engañosas, insuficientes o sólo eficaces en el corto plazo. Aunque es común saber y entender que esas son prácticas nocivas para cualquier democracia, nadie parece tener voluntad para desterrarlas de nuestro sistema político y de gobierno, y de cada uno de los procesos electorales —municipales, estatales o federales— que ocurren en nuestro país.

Aunque parezca un asunto meramente teórico, tendríamos que comenzar por comprender qué entrañan los principales conceptos que se engarzan con la democracia y con el ejercicio del poder, y particularmente con su antítesis, que se enmarca en la demagogia. Así, comúnmente entendemos que la democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales, y en la que todos deciden someterse a ciertas reglas bajo las cuales lograrán tener un gobierno estable y legitimado, que decisiones en beneficio de la mayoría.

¿Y qué es la demagogia? Sin entrar en conceptos académicos, se entiende que la demagogia es la práctica opuesta a la democracia. Es decir, que es aquella en la que se apela no a las necesidades reales de los gobernados y ciudadanos, sino simplemente a las emociones o a los elementos discursivos en los que, aún cuando los argumentos sean imposibles de llevar a la realidad, se establece exactamente lo que el pueblo desea escuchar.

Así, ejemplos de demagogia abundan en nuestro país y, por qué no reconocerlo, también en Oaxaca. El problema es que, a sabiendas de que la demagogia existe y se hace presente prácticamente en todos los procesos políticos y electorales, nadie ha podido —ni ha querido— poner fin a su práctica indiscriminada. Hoy, aunque parezca increíble, los oaxaqueños somos nuevamente testigos de ello.

¿No es demagogia cuando, por ejemplo, se asegura desde una de las fuerzas políticas que contienden por la gubernatura, que el hartazgo es un motor de cambio, y que este cambio habrá de ser sinónimo de bienestar? ¿No es demagógico llevar deliberadamente al elector a la confusión, cuando se le asegura que con la sola alternancia de partidos en el gobierno se logrará la transición democrática?

En la contraparte: ¿No es sinónimo de una demagogia perfectamente definida, el asegurar que con la sola construcción de caminos y ciertas obras civiles de relumbrón, cambiará la situación de pobreza y marginación en la que viven cientos de miles de oaxaqueños? ¿No es parte esencial de esa apelación a las emociones, el pretender construir una candidatura y una opción válida de gobierno a través de la sola acción de la publicidad y el impacto mediático?

Más bien, todo eso resulta ser parte de una perversa misión, en la que unos pretenden engañarse solos, pero también en la que ciertos sectores del electorado permiten que se les mienta deliberadamente, y otros —la mayoría— terminan yéndose con la finta de ciertas ideas y discursos que terminan siendo engañosos.

¿TAMBIÉN EL POPULISMO?

Aunque parezca mentira, esencialmente el populismo no es lo que hoy creemos. Formalmente, este es un término que engloba una corriente de pensamiento político, en la cual se pretende que el poder público sea ejercido con más apego a las causas del pueblo y, evidentemente, con menos apego a las corrientes elitistas (ya fueren económicas o políticas) que predominan en las sociedades, en los grupos de adinerados o en los grupos de poder.

Así, un ejemplo perfecto de lo que es fundamentalmente el populismo en su sentido social auténtico —sin las cargas negativas que hoy caracterizan al término—, podemos encontrarlo en las normas de protección a los trabajadores, o en el agrarismo en su sentido original, que contenía la Constitución federal mexicana de 1917. El populismo, en el trance de la historia contemporánea, vino además a colocarse como una de las corrientes alternativas al choque habido entre socialismo y capitalismo, a lo largo de buena parte de la segunda mitad del siglo XX.

Sin embargo, hoy el populismo es no sólo un sinónimo de la demagogia que hemos definido líneas arriba, sino también un riesgo para el gobierno y para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el sentido actual del populismo, es el que apunta a que un gobernante, o un aspirante a serlo, para ganar legitimidad o simpatías electorales, comience a tomar medidas o a plantear promesas que son bien recibidas por la población, pero que sólo generan beneficios en el corto plazo, o que incluso son contrarias a los requerimientos básicos de cualquier democracia.

Parece evidente que aún cuando pudiéramos sentirnos ajenos a esto, los oaxaqueños estamos más próximos de lo que parece, de caer en las engañosas manos de la demagogia y del populismo en su aspecto negativo. Hoy, los tiempos electorales no deben llevarnos a suponer que, en efecto, el estado de cosas puede cambiar con el solo resultado de una elección; tampoco deben confundirnos con el hecho de que un candidato, o una fuerza política, puede tener todas las soluciones a unos problemas sociales o políticos que son ancestrales. Sólo quien sea de verdad ingenuo, o quien gusta de engañarse solo, puede creer que un solo individuo puede tener todas las respuestas.

Cualquier cambio democrático en Oaxaca habrá de depender no de la victoria de una sola persona, sino de la voluntad política que tengan las fuerzas que lo rodean, para comenzar a modificar el estado de cosas. ¿Cómo logrará la transición quien hoy la promete, si no obtiene una mayoría legislativa en la próxima legislatura local? ¿Cómo habrá transformación si no se logra el llamado “carro completo”? Cualquier prueba de democratización ocurrirá sólo cuando alguien tenga ya el poder en sus manos, y se anime —este sí— a transformarlo. Lo que dicen hasta ahora, son sólo pruebas de demagogia, populismo, y falacias.

INEPTITUD

Ayer, por enésima ocasión la UABJO fue cerrada por uno más de sus sindicatos. ¿Sus demandas? Asignación de terrenos para viviendas, vehículos, un bono y ser integrados al programa de calidad y eficiencia. Es decir, nada que no se resolviera a través del diálogo. Pero a Rafael Torres Valdez, de nuevo le estalló la huelga.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Campañas: Civilidad se pierde; hostilidad, real y fabricada

0

+ El enrarecimiento destruye; nadie ganará a través de pugnas

Hasta hace no mucho tiempo, era común que en las elecciones internas de los partidos políticos, y en los procesos electorales formales, los participantes firmaran acuerdos llamados “pactos de civilidad” en los que se comprometían a no recurrir a estrategias y declaraciones indebidas, ofensivas o que alimentaran la confrontación o el encono frente sus adversarios y las fuerzas políticas participantes. Como bien se debe recordar, dichos acuerdos nunca se cumplían, y seguramente por eso dejaron de proponerse y firmarse. Así, hoy en la entidad, y según los hechos, podemos esperar cualquier cosa, menos civilidad en el proceso electoral.

En Oaxaca, particularmente, este problema tiene diversos frentes. Porque si inicialmente pudiera suponerse que los ataques, la polarización y el enrarecimiento dentro del proceso electoral, tendrían que ser necesariamente obra del gobierno, o del partido gobernante que desea golpear a sus adversarios para no perder el poder, aquí en la entidad parece claro que el ánimo de enturbiar el proceso electoral pudiera venir de cualquiera de los frentes.

Así, en un primer momento, la civilidad parece estarse perdiendo en la batalla frente a frente de los candidatos, y sus equipos de campaña. Aunque hace apenas unas semanas, en todos los frentes hubieron promesas de emprender trabajo proselitista de propuestas, y sin voltear a mirar a los adversarios, hoy los hechos apuntan a que no pasará mucho tiempo antes de que se desborden las pasiones y comiencen las ofensas, los cuestionamientos sobre el pasado, los antecedentes o las relaciones personales de cada uno de los adversarios, y las acusaciones directas entre ellos.

En este sentido, no parece extraño que sea por ese ánimo de confrontación —que los mismos candidatos propician para darle “sabor”, y para “prender” los tiempos electorales— se haya inaugurado desde el mismo día en que arrancaron las labores proselitistas. En uno de los frentes, se atizó al lanzar propuestas de debates e invitaciones a someterse al detector de mentiras, cuando de antemano se entiende que ese tipo de cuestiones son políticamente irrealizables para sus adversarios. En el otro frente, sin embargo, respondieron con poca diplomacia, argumentando que sí debaten pero no con incongruentes.

Paulatinamente, los choques han ido subiendo de tono. En todos los frentes, unos y otros designaron a sus respectivos voceros para realizar las tareas de confrontación directa. Pero lo cierto, en todo eso, es que ninguno de los argumentos hasta ahora vertidos, ha sido verdaderamente útil a la sociedad, para reflexionar de modo distinto el sentido de su voto, para abundar en la información disponible sobre las campañas, o para reforzar las razones por las que los abanderados o sus fuerzas políticas, hacen ese tipo de proselitismo electoral.

¿De qué sirve al ciudadano, más allá de las fobias entre grupos políticos, que el candidato a gobernador de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, aclare hoy su relación con el ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano? ¿O, en esa misma lógica, de qué sirve que hoy se abone por “terminar por el continuismo”, cuando las fuerzas de oposición han sido tolerantes, durante años, de todos los rezagos, corrupción y prácticas antidemocráticas que ahora denuncian?

HOSTILIDAD FABRICADA

Sin embargo, más allá de los choques comunes entre candidatos y fuerzas políticas, hay aspectos que deberían ser preocupantes. En las últimas semanas ha ocurrido una escalada feroz de hechos, que ha intentado enturbiar el ambiente político y atemorizar a todos los que participan. Si esta es una estrategia emprendida desde el oficialismo para horrorizar a sus adversarios, es una pésima estrategia. Y si es un intento de autoflagelación por parte de las fuerzas de oposición, el asunto es todavía peor.

¿De qué hablamos? De que casi a diario desde que inició el proceso electoral, se han denunciado docenas de agresiones en contra de grupos de personas que de algún modo se encuentran ligadas a las fuerzas de oposición, amenazas o acciones concretas. Si, la violencia o los intentos de intimidación son condenables por sí mismos, éstos se vuelven mucho peores cuando lastiman a cambio de conseguir objetivos y consecuencias de muy poca claridad.

En este sentido, debía ponerse mucha más atención a lo que está ocurriendo del lado de las fuerzas opositoras. En nada se beneficia al electorado de Oaxaca —no al Revolucionario Institucional o cualquiera de las fuerzas de oposición— cuando se emprenden o se maquinan acciones de atemorización, o cuando se infunde miedo para tratar de influir en la contienda o en el resultado de un proceso electoral.

Veamos el caso de Copala. Independientemente de lo ocurrido, desde el oficialismo se acusó que la caravana se había organizado como un intento de provocación por parte de las fuerzas de oposición, para lograr el resultado habido y utilizarlo como una bandera de orden político. Frente a ellos, en la oposición, se acusó responsabilidad total del gobierno estatal y se dijo que esa era una muestra del terror sembrado por el PRI.

En este sentido, uno podría preguntarse si en medio de esa feroz disputa entre fuerzas políticas, y entre intereses políticos que habrán de dirimirse en las urnas, alguien reparó en que los muertos y los heridos son personas, y en que esa emboscada rebasa por muro el ámbito de lo estrictamente electoral. Hoy, para el prisma electoral, ese hecho tuvo claras implicaciones electorales de las que, finalmente, nadie puede hoy determinar quién salió ganancioso y quién no. Evidentemente, la respuesta es nadie.

Nadie podrá ganar, a través de la violencia o la intimidación, lo que no pueda hacer a través del trabajo electoral de convencimiento y movilización de los electores. Es, por lo menos, riesgoso, bajo, y poco inteligente, que cualquiera de las fuerzas políticas pueda suponer que, ante la imposibilidad de alcanzar a sus adversarios, a través del enrarecimiento del proceso electoral, pueda ganar algo.

CIUDAD JUDICIAL

Esta tarde ocurrirá la inauguración de Ciudad Judicial. Es un segundo complejo administrativo, construido bajo los mismos esquemas técnicos y de financiamiento que Ciudad Administrativa. Tendríamos que preguntarnos no cuánto costó al erario, sino cuánto y cómo se pagará en los 15 ó 20 años siguientes.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Cajas de ahorro: el Congreso aun no ha hecho lo suficiente

0

+ Defraudados, pronto será un asunto electoral contra el PRI

 

Irremediablemente, el problema de los defraudados por cajas de ahorro populares en Oaxaca, continuará creciendo sin control, para pronto dejar de ser un problema económico y de leyes, para convertirse en un asunto estrictamente político, y altamente susceptible de manipulación electoral, que necesariamente afectará los intereses del Partido Revolucionario Institucional. En ello, habrá de combinarse la incapacidad del Congreso del Estado para manejar la problemática, con la poca atención que hasta ahora se ha puesto al asunto para comenzar a darle una solución de fondo.

Necesariamente, cualquier solución a este problema tendrá que pasar por aspectos no sólo de concertación política o de procuración de justicia, sino fundamentalmente, también por la revisión integral de ciertas normas aplicables, y por la posibilidad de desincorporarle todas las connotaciones políticas y electorales que algunos grupos hoy pretenden darle a este lío que crece como bola de nieve. Si esto no avanza, al menos parcialmente en el corto plazo, pronto las consecuencias serán fatales para quienes hoy profesan desatención al tema.

¿Por qué el asunto no sólo tiene que ver con la capacidad de negociación política o con la procuración de justicia? Porque, sin duda, está plenamente corroborado que la sola desactivación de las manifestaciones de inconformidad, que recurrentemente vienen a realizar a la capital oaxaqueña las decenas de organizaciones de ahorradores defraudados que se han creado, a causa del similar número de cajas de ahorro que han cerrado sus puertas dejando en el desamparo a sus usuarios. Esta, a la luz de los hechos, ha sido sólo una medida cortoplacista que en nada ha remediado las inconformidades de fondo de los manifestantes.

En este sentido, es también evidente que el asunto tampoco se resuelve con la sola acción de la Procuraduría de Justicia. Si bien es cierto que dicha instancia ha tenido desatenciones gravísimas en cuanto a la integración y consignación de los expedientes de quienes cometieron los fraudes, y ha hecho nada para aprehender a los responsables cuando está en plena capacidad de hacerlo —y todo eso conlleva también fuertes implicaciones, intereses, complicidades y hasta protección que se profesa desde el poder a los defraudadores que libremente se sustraen de la acción de la justicia—, también es claro que es poco o nada lo que se logra cuando, en casos excepcionales, sí se logra detener y presentar ante la justicia a los presuntos vivales.

Tal y como lo señalaba a TIEMPO en la edición de ayer el jurista y presidente del Colegio de Abogados de Oaxaca, Luis Manuel Rueda Alcalá, la norma penal no prevé ni la sanción corporal ni la multa ni las garantías cautelares suficientes, como para lograr que éstos restituyan en sus capitales, daños y perjuicios, a todos aquellos a quienes quebrantaron con sus acciones fraudulentas.

En este sentido, tenemos que dejar de lado aquellas consideraciones decimonónicas que sostienen que con el solo encarcelamiento de los responsables, todo se resuelve. En realidad, una solución de esa naturaleza si bien permite que la acción de la justicia avance, también continúa dejando en el completo olvido a las víctimas, que son las verdaderamente importantes en este y cualquier otro asunto en el que ocurren perjuicios patrimoniales, personales o en los derechos fundamentales.

Así, ¿por qué ello no resuelve el tema de fondo? Porque como lo decía el mismo abogado Rueda Alcalá, y como ocurre todos los días, los dueños de las cajas de ahorro defraudadoras, pueden incluso a ser presentados ante la justicia y asegurar, sin ambages, que sirven más libres que en prisión, y que si ese es el costo para no devolver los montos, que entonces prefieren pasar un tiempo en prisión (12 años como máximo, según el Código Penal estatal). Evidentemente, la prisión hace justicia pero no restituye a nadie en lo perdido. Por eso, una solución integral necesariamente debe tener mucho más de fondo que este primer planteamiento.

 

REVISIÓN INTEGRAL

Si verdaderamente hubiera preocupación sobre este asunto, los diputados de la LX Legislatura del Congreso del Estado, ya habrían acelerado la revisión integral de las normas penales aplicables, la aprobación de la norma reguladora de las cajas de ahorro popular, y la atención real tanto a las cajas de ahorro que aún subsisten como, sobre todo, a los grupos de defraudados que hoy son blanco fácil de quienes buscan líos diversos para manipularlos y convertirlos en “conflictos sociales”.

En el aspecto estrictamente legal, es nada lo que efectivamente ha ocurrido. El año pasado se creó una comisión legislativa para atender el asunto de las cajas de ahorro. Hasta ahora, dicha instancia no ha entregado resultados concretos de su gestión, y la mayor parte de su tiempo y atención se ha ido en escuchar a las partes en conflicto, pero sin poder proveer soluciones concretas.

Mucho de ese desgano, tiene que ver con la falta de un liderazgo e interés real por parte de las instancias políticas de decisión en el Congreso y en el Gobierno del Estado. Pero también por el hecho de que los diputados locales sienten ya que cualquier cosa que hagan ahora será insuficiente ante los poco menos de cuatro meses que le restan a la actual Legislatura local. Así, en el ámbito de lo formal, ellos habrán de heredar este asunto a los próximos diputados.

¿Y esto por qué es grave? Porque es ingenuo quien considere que este asunto se mantendrá apaciguado en el tiempo que media entre hoy y el próximo 4 de julio. Así, mientras desde el oficialismo le dan largas, y evaden cualquier posible solución a este asunto, algunos grupos de la oposición preparan las inconformidades que en cualquier momento podrían comenzar a ocurrir por parte de los defraudados.

¿QUÉ ALEGARÁN?

Que el gobierno no ha pagado a los defraudados; y que tampoco ha hecho justicia ni tomado providencias para aprehender a los responsables. Estos dos últimos aspectos sí son responsabilidad del sector público; el relativo al pago, es en realidad consecuencia de la excesiva permisividad, habida en la idea de que es con dinero público como se debe remediar el asunto. Este, en su momento, explotará como un asunto de fines electorales. ¿Apuestan?

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com