+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

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2010: Asonadas por pobreza, no por bicentenario

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+ Rebelión: por agotamiento de sistema democrático

Uno de los temas más recurrentes durante el año que comienza a transcurrir, sin duda será el de un posible alzamiento armado. La llegada de 2010 trae consigo una sensación de incertidumbre por las posibilidades de que, como hace 100 y 200 años, éste sea el principio de un nuevo alzamiento armado, para tratar de cambiar al régimen y al modelo político que actualmente gobierna al país. Es aventurado y poco exacto suponer que por la sola llegada de 2010 algo de eso pudiera ocurrir. Pero si se toma en cuenta el complejo contexto social, económico y político del país, las cosas cambian radicalmente. ¿Podría ocurrir, en el futuro inmediato, una asonada importante en el país?

La pregunta no es ociosa, y va más allá de la sola explicación cíclica de por qué sí podría haber una nueva rebelión en 2010. En realidad, si únicamente se tratara de intentar explicar hechos presentes o futuros, en base a la incidencia de acontecimientos similares en tiempos pasados que ocurrieron en lapsos más o menos parecidos de tiempo, estaríamos frente a argumentos altamente vagos e imprecisos, que nunca han podido ser sustentados a través de métodos e instrumentos comprobables.

Así, no sería extraño llegar a dos conclusiones sobre la explicación “cíclica” sobre las posibilidades de una nueva rebelión armada. La primera de esas conclusiones tendría que ver con el hecho de que si la independencia de México inició en 1810 y la Revolución 100 años después, fue porque en esos momentos ocurrieron hechos determinantes —muchos de ellos meramente circunstanciales o de absoluta praxis política generada en el momento— para definir los alzamientos, y que cada uno de ellos tuvo sus propias circunstancias y derivaciones. Prácticamente nada de eso tuvo que ver con los ciclos.

En esa lógica, nada tendría de raro considerar que si el contexto para el inicio de la guerra de Independencia se hubiera dado en otro momento, éste podría haber ocurrido una década antes o una después de cuando fue, y no necesariamente en 1810; lo mismo, exactamente, ocurriría con el inicio de la Revolución Mexicana. Fueron las circunstancias y no los ciclos los que determinaron esos alzamientos armados.

La segunda de las conclusiones, en esa lógica, tiene que ver con la llegada de 2010. Del mismo modo, nada relativo a este año se encuentra, o tendría por qué encontrarse, determinado por los ciclos históricos. Hoy el entramado institucional del país es mucho más sólido que hace 100 ó 200 años; las condiciones políticas son distintas; y el contexto internacional es diametralmente opuesto al del pasado. Es decir, que si fuera sólo por los ciclos no habría motivación alguna para que éste año tuviera que ocurrir algo excepcional respecto a los potenciales alzamientos armados.

Sin embargo, esta explicación que parece desvirtuar la posibilidad de una asonada en 2010, también da pie a considerar que, al contrario, algo de esa magnitud sí puede ocurrir. Es cierto que México tiene una solidez nada comparable con la del pasado; pero vemos también que continúan existiendo importantes circunstancias que hacen posible que la inconformidad social escale, y que eso pueda llegar a convertirse en un movimiento de magnitudes hasta ahora poco visualizadas.

2010 Y SUS CONDICIONES

Más allá de los ciclos, tenemos que ver que 2010 presenta dos problemas graves que pueden desencadenar una insurrección popular o armada. El primero de ellos, es el de las gravísimas condiciones de desigualdad social, pobreza e injusticia que existen en el país; y el segundo de esos problemas, consiste en el profundo desgaste que presenta el modelo político y democrático del país.

La nuestra, al llegar a su fin la primera década del siglo XXI, es una sociedad lastimada por dolorosos flagelos sociales como la pobreza, y también agraviada profundamente por un sistema político, democrático y electoral que no ha alcanzado a tener la suficiente transformación y evolución, como para dar garantías a la sociedad de que está verdadera y correctamente representada, y de que tiene un gobierno eficaz y legitimado.

En este sentido, no deja de llamar la atención que dentro y alrededor de las principales fuerzas insurgentes, haya una claridad —hasta deslumbrante— de mucho de lo que ocurre en el país, y de las adversas circunstancias propias de nuestro tiempo, que cultivan la inconformidad y que podrían dar pie a un alzamiento más o menos similar a los ocurridos hace 100 y 200 años, respectivamente, en nuestro país.

Las siguientes, son consideraciones de la ex dirigente del ERPI, Gloria Arenas Agis, expuestas en una entrevista concedida a un diario guerrerense, y reproducida por el sitio www.cedema.org; vale la pena comprenderlo y no echarlo en el saco del desperdicio. “El concepto de democracia en este sistema se reduce a las elecciones, la democracia consiste en que haya partidos y entre ellos se elija quién va a gobernar, y el papel de la demás gente es escoger a uno entre esa clase política. Ese concepto de democracia es un distractor para que la sociedad no vea que ella puede construir otra cosa, otro tipo de poder, lo que nosotros llamamos poder popular o poder desde abajo, que no consiste en elegir a alguien de una clase política que ya es corrupta.

“Entonces ese concepto que conocemos de democracia es la parte política que sostiene al capitalismo, si queremos otra cosa diferente y si nos consideramos izquierda anticapitalista, ese concepto de democracia tiene que cambiar. Tiene que ser otra cosa en lo que pueda participar la sociedad, que no esté excluida, porque ahora se llama democracia pero se excluye a la mayoría de las decisiones.”

COCTEL PELIGROSO

Su concepción es importante no porque justifique un alzamiento, sino porque establece lo que debería ser, pero no es, dentro de nuestra sociedad y nuestro sistema democrático. Ahí es donde se encuentra, y donde se ha encontrado, uno de los más grandes y recurrentes males de nuestra nación. Revisemos la historia, sólo para corroborar que México siempre ha “cojeado” de ese mismo pie, independientemente del tiempo y los momentos históricos. Así, es cierto que el modelo político da reiteradas muestras de agotamiento; pero también es palpable que si en ese contexto se combinan la inconformidad por motivos políticos y la incertidumbre por el crecimiento exponencial de los problemas sociales, lo que tendremos enfrente, es un coctel explosivo para una potencial nueva rebelión.

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Conspiración de fuego, Oaxaca y el eco del 2006

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+ Bicentenario: temor por guerrilla ¿y anarquismo?

 

Al arrancar el presente año, ocurrieron varias explosiones con petardos y materiales explosivos de fabricación casera, en una decena de puntos dispersos de varias entidades de la República mexicana. La acción fue reivindicada por una organización anarquista denominada “Conspiración de fuego”, que dice tener presencia en algunas regiones del país, entre ellos Oaxaca. Casi de inmediato, comenzaron las especulaciones sobre el impacto que podría tener nuestra entidad en todo ese asunto, y de nuevo se agudizaron algunos de los fantasmas de la insurrección social que rondan sobre el año que transcurre. Es necesario comprender a cabalidad esta situación.

Oaxaca ha tenido una presencia destacada en cuanto a la insurrección social. De aquí han surgido líderes sociales históricos, que en su momento emprendieron la lucha no sólo por la vía política, sino también por la vía armada y también por el anarquismo. No es casualidad que de Oaxaca emergieran algunos de los más acendrados cuadros de los grupos subversivos que existieron en los años de la llamada “guerra sucia”, ni de que el anarquismo aquí tenga una figura icónica en los hermanos Flores Magón, a principios del siglo XX. Incluso, el referente más próximo se encuentra en el conflicto magisterial y popular de 2006, en el que todos esos grupos tuvieron presencia física, y contribuyeron de modo importante en la determinación el rumbo de la revuelta y la agitación social.

Sin embargo, así como nuestra entidad se aparece como un potencial foco rojo en las advertencias de los grupos anarquistas que desde septiembre del año pasado se hicieron presentes en el país, es necesario comprender que anarquismo no es lo mismo que guerrilla, ni que tampoco es una condición indispensable que la ejecución de actos de propagandismo convierta a toda una entidad, o a todo un país, en un inminente escenario de riesgo para las acciones de los grupos armados. Es necesario, pues, ubicar las cosas en sus dimensiones justas y no en incertidumbres infundadas.

A grandes rasgos, los grupos subversivos como los conocemos en México, tienen no sólo finalidades armadas, sino que más bien sus objetivos y sus estructuras son de tipo político, pero contando con brazos ejecutores que adquieren la calidad de “ejército”, “milicias insurgentes”, “comandos” o “brigadas”. Además de ello, todo grupo armado tiene una estricta formación militar, pero sobre todo ideológica, fines políticos, postulados ideológicos bien delineados y encaminados, elementos de investigación e inteligencia, y relaciones de fraternidad y camaradería con núcleos sociales y con sus propias estructuras políticas y de acción armada.

En ese sentido, es necesario comprender al anarquismo no con descalificaciones y mucho menos con contrasentidos, sino como grupos que tienen una estructura política, ideológica e incluso de organización para fines de propagandismo y autodefensa armada, mucho menos elaborados que los de la guerrilla.

A diferencia de los grupos subversivos —que buscan instaurar un modelo de Estado y una forma de gobierno distintas a las existentes, tomando el poder por la vía violenta y no a través de las vías institucionales—, los grupos de anarquistas simplemente buscan extinguir al gobierno, pero sin plantear formas o esquemas específicos que pudieran regir a la sociedad en el momento en que ellos alcanzaran sus objetivos.

Así, en lo general, podría pensarse que, con los alzamientos que cada uno de esos grupos propone, esas dos tendencias buscan el mismo objetivo, que es el de declararle la guerra al Estado. En lo particular, es evidente que, independientemente de las relaciones que pudieran existir entre la guerrilla y el anarquismo, sus objetivos son ampliamente distantes entre sí.

 

Y OAXACA, ¿QUÉ?

La pregunta es pertinente. Porque aquí manifiestan tener presencia importantes grupos subversivos, y ahora también la organización anarquista de la que ahora hacemos mención. Para nadie es oculto, que esas dos tendencias tuvieron presencia en Oaxaca durante el conflicto magisterial del 2006, y que fueron las principales estrategas de las acciones de autodefensa que entonces emprendieron —y, en muchos casos, lograron con éxito— los grupos que encabezaban la revuelta.

Es evidente que independientemente de sus diferencias y afinidades, esos grupos tenían fines paralelos. Podría decirse, incluso, en un sentido más específico, que los anarquistas que se apersonaron en Oaxaca durante el conflicto magisterial —junto con los profesores radicales, algunas organizaciones de defensa de los hechos humanos que participaron activamente, y otros núcleos sociales como los panchosvillas o los atencos— eran algún tipo de grupos periféricos de la guerrilla.

¿Por qué? Porque dichos grupos buscaron, por distintas vías y con distintos métodos, un mismo resultado. Dicho resultado, era en primera instancia lograr el derrocamiento del gobernador Ulises Ruiz, y después buscar la instauración de un régimen afín a sus intereses. Evidentemente fallaron. Y fue así no sólo porque, todos juntos, no lograron la caída del gobernador Ruiz, sino porque tampoco fueron capaces de conducir su esquema de lucha más allá de la momentánea confrontación violenta, y porque no tuvieron la capacidad suficiente para sostener sus bases más allá del momento excepcional de insurrección que fue el 2006 en Oaxaca.

Nadie puede negar que grupos como el EPR tienen presencia en Oaxaca; del mismo modo, sería imposible sostener que Conspiración de fuego, u otras organizaciones están ausentes del Estado. Sin embargo, tales circunstancias no necesariamente deben llevar a pensar que su presencia tiene potencial para convertirse en una nueva cuna de la insurrección.

 

SENSACIONALISMO

Sin duda, alguno de esos grupos podría, en cualquier momento, manifestar su presencia en el Estado a escalas importantes. Sin embargo, los antecedentes más bien apuntan a que aquí su presencia es disimulada, o de acciones de orden político pero no de sabotaje o propagandismo. Desde agosto de 2007, no ha habido en la entidad manifestación física alguna (petardazos, bombazos o algo similar) por parte de la guerrilla. En el inter, se les ha querido responsabilizar por la ejecución de algunos ex jefes policiacos (Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez) aunque éstos han negado toda relación con los hechos. Así, Conspiración de fuego debería ser entendida como lo que es, pero sin ser convertida en vehículo de especulaciones o sensacionalismos que no tienen fundamentos sólidos sobre nuestro Estado.

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Gasto familiar, bajo las ruedas del transporte

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+ Voracidad, no necesidad: razón de incremento

 

Dice el refranero que cuando el río suena, es porque agua lleva. Si desde hace semanas se ha venido anunciando disimuladamente la posibilidad de un incremento a la tarifa del transporte urbano, es porque, en efecto, está podría estar en vías de ocurrir. La razón es la de siempre: el alza en el costo de los insumos, los altos precios del combustible y la incosteabilidad de las operaciones de las unidades.

Entre los quejosos, nadie se acuerda de las jugosas ganancias, intocadas, de los concesionarios; del pésimo estado en el que se ha prestado el servicio a los usuarios; ni mucho menos de la situación real de inseguridad e incertidumbre que prevalece en todos los aspectos que se relacionan con el transporte urbano. Pero vayamos por partes.

Hace dos años, en diciembre de 2007, el transporte público concesionado de Oaxaca —autobuses urbanos y suburbanos de pasajeros, taxis citadinos y foráneos, y demás— se vieron beneficiados con un incremento sustancial a sus tarifas, que casi alcanzó el 30 por ciento. En aquellos momentos, tanto los concesionarios como el Gobierno del Estado justificaron ese incremento, en dos circunstancias particulares: la primera, los más de cinco años que llevaba vigente la tarifa de tres pesos con cincuenta centavos por viaje; y segunda, por los daños y pérdidas que había resentido el sector durante el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca en 2006.

En aquellos momentos, si se recuerda, algunos grupos estudiantiles fueron los únicos que intentaron oponerse al incremento. Sólo unas organizaciones de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca —que buscaban otros fines, y que tomaron esta bandera como un mero pretexto para generar inestabilidad— emprendieron la lucha aunque luego se diluyeron. La Coordinación de Transporte, encabezada por Gonzalo Ruiz Cerón, decidió autorizar dicho incremento justo en la víspera de las fiestas decembrinas. Cuando en enero de 2008 el grueso de la población reaccionó del letargo navideño, las decisiones estaban consolidadas y no tenían posibilidad de que se les diera marcha atrás.

Entonces, ante los cuestionamientos, la Cotran actuó como defensora y tuteladora del interés de los concesionarios, pasando por encima del interés de los usuarios. Para justificar la medida, el coordinador Ruiz Cerón aseguró que los concesionarios se habían comprometido a realizar una serie de mejoras al servicio, las unidades y el medio ambiente, a cambio de verse beneficiados con el incremento a la tarifa. Se habló de seguro del usuario y las unidades, capacitación de los conductores, retiro de la circulación de las unidades que rebasaran la antigüedad que ellos mismos fijaron, y mejoramiento de rutas y la atención al usuario. Absolutamente nada de eso ha ocurrido.

Nada ha dicho la autoridad de esto, por dos razones: ninguno de los servidores públicos de alto nivel —y tampoco los concesionarios— son usuarios regulares del servicio de transporte urbano. Nadie de ellos, ni siquiera por una actitud “políticamente correcta”, sabe en qué condiciones se transportan todos los días decenas de miles de oaxaqueños. Así, no tienen ni la calidad moral, ni la experiencia, para asegurar que el transporte se ha enmendado o no luego del incremento. Y la población —a la que nadie le ha pedido su opinión—, seguramente podría dar un amplio diagnóstico, aunque negativo, de lo que han sido las “mejoras” al servicio en los últimos dos años.

Y segunda, porque las mejoras que prometieron los dueños de las unidades a cambio del incremento, fueron meramente potestativas. La autoridad cayó en el garlito, deliberadamente, de aceptar simples ofrecimientos no coactivos, a cambio de extender a los concesionarios el cheque en blanco que significó para ellos dicho incremento a la tarifa.

¿Y LOS CONCESIONARIOS?

Nadie, nunca, se pregunta si en realidad el del transporte público es un buen negocio. Evidentemente lo es. Por ello, bien dice, también el refranero, que lo que se ve no se juzga. ¿Por qué entonces tantas quejas de los dueños de las unidades y, sobre todo, por qué tantos argumentos vagos de justificación para el incremento a las tarifas que hoy codician?

Vayamos punto por punto. Hace dos años, el costo del pasaje era de 3.50 pesos. Hoy es un peso más caro. En aquel entonces, el del transporte era un buen negocio. Hoy lo es mucho más. Todo esto, a pesar del incremento a los insumos, combustibles y demás. El razonamiento es harto sencillo: si ser propietario de una concesión y de un autobús de pasajeros fuera un mal negocio, o de plano no lo fuera, la ciudad de Oaxaca no estaría saturado con más de mil unidades que todos los días provocan accidentes viales, dejando a su paso muertos, heridos y millonarios daños materiales —por los que, valga decirlo, nunca responden.

Si existe la capacidad de incrementar el número de unidades, es porque éste es un negocio que se realiza siempre al margen de la regulación y auténtica autoridad de las instancias encargadas de regularlo. ¿Qué contraprestación están obligados a dar los concesionarios por el servicio que les delegó el gobierno en Oaxaca? Ninguna. Al contrario: mientras los dueños de las unidades viven como auténticos jeques y gozan de la impunidad que les da el dinero, la administración estatal no puede meterlos en cintura, no tiene capacidad de reordenar las rutas, y mucho menos tiene el peso, los recursos y la fuerza suficientes como para establecer nuevos criterios que rijan el servicio.

La Cotran ha dicho en reiteradas ocasiones, que no existen los recursos para reordenar al transporte. Esos dineros no existen, porque el concepto de “concesionario” lo han entendido como garantía de salvaguarda de la coerción de la autoridad, y no como un deber que implica derechos pero también obligaciones no sólo con el usuario final, sino también respecto al Estado.

 

CODICIA

Los concesionarios no tienen solidaridad con Oaxaca, ni con los usuarios, porque a ellos lo que les interesan son las libertades absolutas y la voracidad. El gobierno nunca les ha hecho ver —porque quienes los regulan son iguales o peores que aquellos— que el servicio que se les delegó también les implica deberes. Y mientras todos evaden dicha discusión, los dueños de las unidades están aprovechando esta avalancha alcista de precios, para sacar más provecho de los oaxaqueños. Si este del transporte es un mal negocio, ¿por qué no comenzar, ahora sí, a retirar las unidades chatarra y las que están de sobra en la ciudad? Lo que aquí reina es la voracidad, no la inflación.

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Molestia, característica de aspirantes priistas

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+ Hablar de ruptura: ¿por qué ahora sí ocurre?

 

En los últimos días, dos de los aspirantes a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, han hecho posicionamientos sobre el proceso que, hasta ahora fácticamente, se sigue dentro del tricolor para designar a su abanderado. En ese sentido, es importante descifrar y comprender los mensajes y las advertencias que, cada uno en su tono, han lanzado en los últimos días tanto el senador Adolfo Toledo Infanzón, como el presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas.

Ambos personajes han concedido sendas entrevistas a publicaciones de la capital de la República que, sin embargo, no se caracterizan por ser las de mayor circulación ni influencia en la política local o de la Ciudad de México. Eso, por tanto, coloca sus declaraciones en el marco justo no de la información, sino del “recadeo” que ocurre entre las principales fuerzas priistas desde hace algunas semanas.

En sus declaraciones, publicadas ayer en El Sol de México, el edil Hernández Fraguas establece su posición en esta carrera por la gubernatura. Asegura que el senador Gabino Cué no logrará conjuntar todos los elementos a su favor para lograr la Coalición opositora y convertirse en su abanderado; y enumera lo que, según él, son las principales virtudes y desaciertos de los otros aspirantes a la gubernatura por el priismo.

Sin embargo, eso no parece ser lo verdaderamente importante de su mensaje. La advertencia del edil Hernández sobre la tolerancia y disciplina priista en este proceso interno, es sustantiva. A saber: “(En la oposición) le están apostando al rompimiento del PRI, y si no hay condiciones de equidad, sí se puede dar una fractura y entonces pudiera darse una alianza con alguno de los aspirantes (priístas) que pudiera sentirse muy lastimado (porque) no tiene la oposición suficientes balas propias.”

La claridad del Munícipe citadino debería ser alarmante para quienes le apuestan a la “institucionalidad” a toda prueba de los priistas que participan en este proceso interno. Es la primera vez en todo el trecho que llevan recorrido, que uno de ellos habla abiertamente de una ruptura, si se continúa sin privilegiar la exigencia común de que la competencia interna se conduzca con equidad para todos los que participan.

Hoy en día, es bien sabido que el más irreverente de todos los aspirantes a la gubernatura por el tricolor, es el edil Hernández Fraguas. Y aunque al principio se notaba más bien como una actitud de cierta soberbia o intolerancia, parece ir quedando claro que, ante las circunstancias, es una actitud no sólo comprensible sino que, quizá, hasta relativamente “adecuada” para el avasallamiento del que unos están tratando de hacer objeto a los otros, dentro de las filas del priismo.

Así, si hoy uno de los participantes ya habla sin disimulos de las posibilidades de rompimiento, todos los demás —y quienes tienen en sus manos la decisión— deben entender que las disparidades del proceso interno (justificadas en los intentos por “hacer crecer” y posicionar electoralmente a todos los aspirantes, para fortalecer con esto a su partido) están generando más enconos que sustento real para el priismo. Los rasgos de enojo y molestia comienzan a ser perceptibles a simple vista. Y el enfado y las contrariedades nunca son buenos consejeros.

LLAMADO A DISCIPLINA

Hace seis días, el periódico El Financiero, también de la Ciudad de México, dio cuenta de las consideraciones del senador Adolfo Toledo Infanzón respecto al proceso sucesorio de Oaxaca, en el que él participa. No obstante el haber externado un posicionamiento mucho más mesurado, el Legislador federal no distó mucho en sus declaraciones a las del Edil de la Verde Antequera. Veamos por qué.

En las declaraciones hechas al diario mencionado, aseguró que sólo unido el PRI podrá lograr el triunfo tanto en la gubernatura, como la mayoría en el Congreso del Estado y las Presidencias Municipales. Para eso, el senador Toledo estableció que para lograr ese objetivo “sólo depende de que los órganos de dirección de ese instituto político y de que quienes, en su calidad de priistas y que al mismo tiempo tienen cargos en la administración pública estatal, se comporten con actitudes prudentes y sin ‘falsas cargadas’” (…) “Puntualiza que en el proceso de selección del abanderado del tricolor tampoco deben crearse ‘espejismos’ o expectativas para tratar de apoyar a algún precandidato, ya que —advierte— ‘mantener la prudencia y la paciencia permitirá al partido conservar este bastión histórico’”.

El senador Toledo no habla de rupturas, pero sí las previene. ¿Por qué hablar, por un lado, de los espejismos y las falsas cargadas; y por el otro exigir que quienes tienen cargos públicos se abstengan de participar del proceso? Obvio, porque los señuelos lanzados desde uno de los frentes de la competencia interna, provocó justamente que personas ligadas al servicio público se ligaran a precampañas proselitistas, que se generaran los primeros intentos de apoyar “en cascada” a uno de los aspirantes, y generar la perspectiva de que, con ello, había ya una determinación oficial sobre quién sería el Candidato a Gobernador por el PRI.

Así, parece evidente que las señales no son de sosiego ni de prudencia. Lo que más bien se deja ver, es que el forcejeo entre los posibles abanderados está subiendo rápidamente de nivel, y que si el Jefe Político de los priistas en el Estado (es decir, el Gobernador) no encuentra pronto una vía de despresurización y homogeneización de este proceso, pronto las cosas podrían salirse de control.

Finalmente la responsabilidad de todo esto no se encuentra únicamente en el aspirante que está siendo el mayor beneficiario de los intentos de cargada, el apoyo económico y de logística, sino en quienes en el intento por fortalecerlo y posicionarlo a un nivel más o menos similar al de quienes tienen las mejores expectativas (justamente Hernández Fraguas y Toledo Infanzón), quebrantaron las reglas que ellos mismos habían fijado. Ahora, los riesgos de rupturas parecen estarse aparejando a los intentos de cargada. Si las reglas no se replantean y ahora sí se respetan, cualquier cosa podrá suceder.

COLUMNA EN LÍNEA

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Guerra de guerrillas: ¿Ahora por crimen organizado?

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+ México: 2009 fue el más violento… y lo que nos falta

 

Durante toda la última semana del agonizante 2009, hubo una doble tendencia en el tipo de información que manejaron los medios de comunicación en el país, respecto a la guerra contra el crimen: por un lado, establecieron que por las acciones policiacas y militares contra la criminalidad, el año que terminaba era el más violento de la década; y vaticinaron, según reportes extranjeros, que en 2010 podría acentuarse un cambio de estrategia en las acciones de defensa y ataque por parte del crimen organizado. Se vaticina una ola de terrorismo y de guerra de guerrillas. ¿Por qué?

En el primero de los aspectos, las propias cifras oficiales dejan ver el tamaño de la violencia que se ejerce alrededor de la criminalidad. Según el periódico El Universal, de la Ciudad de México, en 2009 se contabilizaron 7 mil 724 muertes relacionadas con enfrentamientos entre criminales y fuerzas federales, y en disputas entre los propios grupos delincuenciales antagónicos. En el recuento, el diario citadino apuntaba que “en 2005 se contabilizaron mil 573 muertos; en 2006 sumaron 2 mil 221; al siguiente año fueron 2 mil 673 homicidios, y 2008 cerró con 5 mil 630”. Esto es, que la violencia criminal se ha ejercido a ritmos sostenidos de crecimiento en los últimos años.

Toda esa violencia tiene una explicación: en cuatro años, ni la autoridad ha podido imponerse sobre los grupos criminales que existen en el país; pero que, tampoco, en sus pugnas internas, ninguna de las organizaciones delincuenciales ha podido imponerse sobre las demás; por eso, esta guerra genera enfrentamientos y ajustes de cuentas que sólo en 2009 generaron más de 21 muertes violentas por día, en alguna de las distintas regiones y entidades de la República mexicana.

En todo esto, es imposible subestimar el poder de fuego y la capacidad económica que, hoy día, continúan teniendo todos los grupos criminales del país. Durante los últimos años, el gobierno federal —a través de la Policía Federal, y las fuerzas castrenses y navales— han enfrentado a la criminalidad sólo en el ámbito de la acción policiaca y las disputas territoriales. El grado de violencia que se ha ejercido entre todos los involucrados, deja ver feroces intentos —mutuos— de desmoralización.

En todo esto, las cifras oficiales dejan ver que de 2005 a la fecha, en la sumatoria de ejecutados el crimen organizado ha tenido alrededor de 20 mil bajas, y que éste se sigue reabasteciendo de elementos humanos y capacidad de fuego, gracias al enorme potencial económico que continúa ostentando. Sin embargo, todos saben que sostener indefinidamente una guerra de esa naturaleza, tendría altos costos. Por eso hoy se habla de la búsqueda de “variaciones” en los frentes de guerra de los grupos criminales.

Esas variaciones, evidentemente, tienen que ver con la “sustitución” del enfrentamiento directo, por la emboscada, el terrorismo y la manipulación social para incrementar la reprobación ciudadanas a toda acción anticrimen emprendida por el Estado. Ahí es, justamente, donde se inscriben las “nuevas estrategias” que en los últimos han venido reportando los medios informativos del país.

 

CAMBIO DE ESTRATEGIA

En una definición sencilla, citada en Wikipedia, la guerra de guerrillas “es una táctica militar de conflictos armados, que consiste en hostigar al enemigo en su propio terreno con destacamentos irregulares y mediante ataques rápidos y sorpresivos, voladuras de instalaciones, puentes y caminos o secuestros de armas y provisiones”. Es justamente lo que en otros tiempos utilizaron los grupos políticos que optaron por la vía armada, para tratar de conseguir los cambios democráticos que exigían. En buena medida fue de esas estrategias que éstos fueron motejados como “guerrilla” o “guerrilleros”.

Sin embargo, es evidente que si el objetivo es hostigar y menguar a las fuerzas del Estado, una estrategia de esa naturaleza bien podría ser utilizada por otros grupos que, teniendo propósitos distintos al de las organizaciones clandestinas de finalidades políticas, adoptaran formas de lucha armada relacionadas con la guerra de guerrillas. Esa, por tanto, podría ser la nueva estrategia de los grupos criminales. Y la más clara muestra de todo ello, son las emboscadas y ataques sorpresivos con armas de alto poder, en los que recientemente han causado docenas de bajas a las fuerzas federales.

Junto a ello, los grupos criminales bien podrían estar optando por las estrategias relacionadas con formas de terrorismo. Eso era previsible desde antes de los eventos trágicos ocurridos en Morelia, Michoacán, la noche del 15 de septiembre de 2008, en los que emisarios de la criminalidad lanzaron tres granadas de fragmentación en contra de la población que se había congregado en la Plaza Melchor Ocampo para escuchar el tradicional Grito de Independencia. El saldo final de ese ataque, fue de 8 civiles muertos y más de 140 heridos.

Esos ataques fueron perpetrados para atemorizar a la población y para intimidar al gobierno. Fue una reacción “natural” del crimen organizado, ante el incremento de la violencia y el acoso gubernamental en su contra; pero además, todo eso constituye intentos claros por parte de la criminalidad, de hacer ver a la población que el Estado ha fallado en su tarea de protegerlos y erradicar la violencia, así como de combatir eficazmente a los criminales. Es decir, que todo esto es un intento clarísimo de desmoralización, para que la sociedad deje de respaldar la lucha anticrimen y, al contrario, asuma una posición de rechazo y condena por sus fracasos e ineficacia.

Todo esto es lo que podríamos ver en este año. El peligro inminente de todo esto, es que esas nuevas formas de violencia implicarían, ahora sí, de modo importante, a la población civil. Siendo realistas, este podría ser el riesgo más alto para este 2010, incluso por encima de cualquier levantamiento armado relacionado con sublevaciones o revoluciones.

 

EN FAMILIA

Cuando a finales del mes pasado fue anunciada la designación de Ricardo Ruiz Zaragoza como nuevo Consejero Jurídico del gobierno estatal, se establecieron como sus principales datos curriculares que éste es abogado por la UNAM, y que ha desempeñado varios cargos en la PGR y el Instituto de la Defensoría Pública Federal. Pero más allá de su experiencia profesional, éste es yerno del abogado Jorge Franco Jiménez. ¿Para su designación fue determinante la trayectoria o el parentesco? Es pregunta.

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Otro año de problemas: la crisis es permanente

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+ Ciudadanía: urge fomentar más sociedad civil

 

Cuando termina el año, llega el momento de hacer los recuentos. Al revisar los archivos y las publicaciones, podemos darnos cuenta que desde hace bastantes años, todos han sido calificados como “críticos”, “fatalistas”, “caóticos” y demás. Es decir, que no sólo 2009 fue un año fatídico —pues igual, o peores, fueron los anteriores—, sino que toda la década podría haberlo sido. Incluso, este año que termina, bien podría ser nada menos que la continuación de la llamada “generación de la crisis”. Urge, por tanto, que como ciudadanos comencemos a comprender nuestro papel en este caos recurrente y casi permanente.

2009 fue un año cargado de crisis y problemas. Desde el año previo —2008— podíamos prever que la crisis económica que entonces nos enseñaba su feo rostro, era apenas el comienzo de un periodo mayor de incertidumbre, que se dejaría ver en toda su magnitud durante este año que culmina. Desde hace más de doce meses, apuntamos que los problemas financieros reales no se verían únicamente en el momento en que la economía estadounidense —e irremediablemente la mexicana— parecía estar a punto de colapsar, sino que esto tendría efectos extensivos hacia todos los meses siguientes.

Pudimos ver que eso fue lo que pasó: a finales de 2008 el gobierno federal echó a andar un plan anticrisis que, se suponía, ayudaría a paliar los efectos de la crisis internacional. En Oaxaca —como en las 32 entidades de la República— se adoptaron sendos planes del mismo tipo para que los gobiernos estatales hicieran lo propio estimulando a la economía y el empleo.

Hoy, al finalizar el año, los silenciosos resultados de esos programas, pueden verse simplemente en el fracaso y el disimulo. Ningún gobierno —ni el federal ni los estatales, incluido Oaxaca— hizo un balance de cuáles habían sido los resultados de sus programas anticrisis. Esto porque el gobierno federal falló en su labor de sostener el empleo y la economía en medio de una crisis mal manejada y mal comprendida; y porque los gobiernos estatales —como el de nuestro estado— aprovecharon la crisis para adoptar nuevos impuestos —como el del reemplacamiento vehicular— y nuevos programas de inversión sobre los que nadie supo cuál fue su destino, ejecución y resultado. Mucho de eso, al final, más bien resultó ser de acciones coyunturales y de mera simulación.

Luego, México se enfrentó a un problema de salud pública que, desde un principio, muchos se negaron a comprender. Ese problema se llamaba Influenza porcina —luego denominada Tipo A o Humana. El pánico general por la enfermedad se propaló, y rápidamente las precauciones extremas, y las medidas sanitarias, también se convirtieron en pérdidas económicas para una sociedad que durante una semana dejó de funcionar casi por completo.

Se supone, en la explicación oficial, que el problema de la influenza vino a degenerar todos los buenos resultados que se esperaban de los programas anticíclicos emprendidos por el gobierno federal. Lo cierto, de todo esto, es que de todos modos nuestra economía se encontraba en un estado de debilidad importante, y que todos esos fueron factores que únicamente se sumaron a una crisis que de por sí habría sido desastrosa, como lo es, para la mayoría de los mexicanos.

 

SOCIEDAD CIVIL

Sin embargo, pareciera que de todo esto es responsable el gobierno. Se le culpa de las violaciones a los derechos humanos, del mal manejo de la economía, de la inmovilidad política, de la falta de acuerdos, de la corrupción, de la impunidad, del cambio climático y demás. Es decir, que para el buen mexicano, el gobierno tiene la culpa de todo, y la sociedad es la víctima eterna que resiente todos los efectos de su mal gobierno, pero nunca puede ni debe hacer algo para contribuir en la búsqueda de remedios a los grandes males del país.

Se acusa al partidismo, al yunque, a la derecha, a la izquierda, al PRI, al PAN, a Andrés Manuel López Obrador; a Estados Unidos, la Influenza, y así, seguido de un largísimo “etcétera”. En realidad, todos somos responsables. Y es así porque México es un país que tiene muy poca sociedad civil. Sí. Tiene muy poca de esa población organizada, a la que muchos tachan incluso de ser algo inexistente o un mal chiste que no contribuye en nada a mejorar al país.

Tendría que haber más personas, grupos, asociaciones u organizaciones, con o sin nombre, que —como lo hemos señalado en diversas ocasiones— pudieran tener la capacidad de organizarse y actuar razonadamente frente a los problemas del Estado. Si los entes de gobierno no tienen la posibilidad de interactuar verdaderamente con la sociedad, y ésta no tiene la capacidad de hacerle ver a los gobernantes todos o algunos de los errores que cometen, entonces es evidente que no hay posibilidades de entender globalmente los problemas nacionales, y hacer planteamientos serios para resolverlos.

Debe haber una conciencia clara de cuáles son los problemas nacionales, y la claridad meridana para dilucidar cuáles deben ser las soluciones y los planteamientos de fondo. Mientras la sociedad y el gobierno se asuman como dos entes, o bloques, que en nada pueden interactuar ni correlacionarse, todos seguiremos dando vueltas alrededor de los mismos problemas, planteando las mismas soluciones bipolares e inoperantes que hasta el momento, y viendo con desánimo que los problemas no se resuelven. Debemos terminar, entre todos, con este círculo vicioso que nos llevará a nada bueno.

Sin duda, esa es nuestra propuesta de reflexión social para el año que termina, y el nuevo que comenzará a partir de mañana. No podemos exigirnos ser un mejor país, si quienes integramos la sociedad, más allá de los partidos, los gobiernos y los grupos aparentemente “de poder”, únicamente levantamos los hombros ante los problemas y optamos por el camino fácil de las lamentaciones y la victimización. ¿Cómo hemos contribuido al mejor país que queremos? Deberíamos comenzar a hacerlo. Deberíamos comenzar a poner a prueba el sistema, para ver que desde la sociedad sí se puede hacer más de lo que normalmente se hace.

FELIZ AÑO 2010

Deseamos que a nadie gane la desesperanza, y veamos este 2010 como el inicio de un nuevo ciclo que abrirá retos y oportunidades. Agradecemos, como cada año, a nuestros queridos lectores siguieron la aventura diaria de este espacio. A todos, sin distingos, les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos de salud, paz y trabajo para la avalancha que nos espera en el año que inicia. Nos leemos el próximo lunes. ¡Felicidades!

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Alza en combustibles: golpe que comercio aprovecha

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+ Felonía de comerciantes, reetiquetar deliberadamente 

 

Hace apenas un par de días, se dio a conocer que por los recientes incrementos al precio del litro de gasolina Magna y del diesel, los servicios de transporte público de Oaxaca analizaban la posibilidad de incrementar sus tarifas de pasaje en autobús urbano, taxis y fletes para el 2010.

Casi al mismo tiempo, comenzaron a sentirse algunos efectos aparentemente proporcionales e inherentes al llamado “gasolinazo”: en los comercios y mercados comenzó la reetiquetación de productos, el incremento de precios y la improvisación de excusas para la justificación de los mismos. ¿Hasta qué punto son justificables esas acciones, y hasta dónde los comerciantes y prestadores de servicios se valen de esos incrementos para asestar golpes arteros a los bolsillos del consumidor final?

En primer término, tendríamos que analizar cómo un incremento al costo de los combustibles, únicamente impacta al consumidor, pero no a todos los intermediarios que se encuentran entre Petróleos Mexicanos y el usuario final de los combustibles. Nadie sabe, por ejemplo, qué porcentaje del costo del combustible se queda en manos de los dueños de las gasolineras; a cuánto ascienden los ingresos diarios de los concesionarios del transporte públicos; y cuánto de todo ese monto de dinero se convierte en ganancias puras que nunca se ven trastocadas por los incrementos, y que más bien son trasladadas, íntegras, al costo de los productos que pagan los consumidores.

El asunto es sencillo pero prácticamente imposible de descifrar. Nadie sabe en realidad cómo funciona, ni qué tipo de relación tiene Pemex con los franquicitarios de las estaciones de servicio donde se expenden los combustibles. Es decir, sólo ellos —y nadie más— sabe a qué costo le expende la paraestatal los combustibles a las gasolineras para que éstas las vendan a los consumidores. Se puede prever, sin embargo, que si actualmente un litro de gasolina Magna le cuesta al automovilista $7.80; un litro de diesel $8.16 y un litro de Magna Premium UBA $9.57, todos los intermediarios están teniendo ya una ganancia que nadie sabe a cuánto asciende.

Sería ilógico, y hasta ridículo, suponer que las estaciones de servicio (es decir, las gasolineras) adquirieran a Pemex el combustible al mismo precio que el que lo expenden a los consumidores finales. Sería ridículo suponer que dichas estaciones fueran simples prestadores de servicios sin fines de lucro, o que las gasolineras son un mal negocio para quien invierte en ellas. Al contrario. Ésos son siempre negocios prósperos independientemente de las crisis o el alza de precios. Sólo que nadie sabe qué existe alrededor de ellas. (Y a esto habría que agregarle todo lo relativo a los robos hormiga que realizan, manipulando las máquinas expendedoras para que vendan litros de combustibles, de menos de mil mililitros).

Algo similar ocurre con los concesionarios del transporte público. ¿Alguien se ha preguntado por qué si los dueños de las unidades siempre dicen que el suyo es un mal negocio, en el que pierden con cada incremento al costo de los combustibles, a los insumos, a las refacciones, salarios y demás, siguen habiendo tantos autobuses y automóviles de alquiler para transporte de pasajeros, circulando todos los días por las calles de la ciudad, y todo el estado?

Obvio: porque el transporte público, así tan golpeado y degradado como dicen que está, continúa siendo un gran negocio para todos los involucrados. Los dueños de las unidades piden todos los días cuentas discrecionales a los conductores; éstos tienen que cubrir diario “la cuenta” del concesionario, el costo del combustible, parte de las refacciones e insumos de la unidad, y aparte obtener ellos su ganancia.

Todo esto ocurría, exactamente igual, cuando el costo del pasaje en los autobuses de transporte urbano era de tres pesos con cincuenta centavos, que ahora que es 27 por ciento más caro —es decir, que vale $4.50— que hasta entonces.

Todo esto nos lleva a una conclusión: que los incrementos les afectan, pero que el negocio continúa siendo igualmente próspero. Al final, los lastimados somos los usuarios finales, que irremediablemente tenemos la necesidad de utilizar el transporte, o de comprar gasolina, sin más opciones que sosteniendo las ganancias y la prosperidad, sin ningún tipo de sacrificio, de todos los involucrados en la prestación de esos servicios.

 

REETIQUETACIÓN

Durante todo 2008 hubo incrementos sostenidos a los precios de los combustibles. En menos de un año, el costo de la gasolina se elevó en más de un peso con cincuenta centavos por litro; y ese elevamiento sólo se detuvo cuando el gobierno federal decretó, a principios de 2009, un congelamiento de precios para apoyar a la economía de los mexicanos. Pero, ¿se recuerda qué ocurrió cuando en septiembre de 2007 se aprobaron los primeros incrementos a la gasolina, que serían aplicables hasta el primer día del año siguiente?

Lo que ocurrió fue una sucia maniobra de miles de comerciantes, que aprovecharon el efecto mediático del primer “gasolinazo” importante a los mexicanos, para ellos elevar sus ganancias. En efecto, aunque el anuncio del incremento al precio de los combustibles se hizo en septiembre de 2007, poco se aclaró que éstos entrarían en vigor hasta el 1 de enero de 2008. Es decir, cuanto entrara en vigor el paquete económico de la federación de ese año.

Pero entonces, todo esto fue aprovechado por muchos comerciantes para incrementar sus precios desde septiembre, argumentando un alza a los combustibles que todavía no ocurría. Muchos mexicanos, convencidos por el “gasolinazo”, aceptaron sin chistar esos incrementos, que al no tener oposición se fueron multiplicando y generalizando en casi todo el comercio. Tuvo que intervenir el gobierno federal para aclarar el momento de los incrementos y frenar la voracidad de quienes ya habían aprovechado la ocasión para reetiquetar.

De todo esto habrá que estar pendientes. Es cierto que este nuevo “gasolinazo” incrementará la inflación. Pero sería bueno no dejarnos llevar por la voracidad y la manipulación que unos cuantos hacen de las situaciones para obtener mayores ganancias.

 

¿NO QUE NO?

Lo apuntado en este espacio desde el lunes, ayer sucedió. Hablamos de la primera reunión formal de los aspirantes a la gubernatura por los partidos de oposición. No faltó uno solo de los que mencionamos. Y aunque pocos nos creyeron, también estuvo presente Irma Piñeiro Arias, representando a Nueva Alianza. Pronto abundaremos.

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Matrimonios entre homosexuales: ¿Una regresión?

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+ Iglesia: el deber (incompleto) de sostener su moral

 

Prácticamente a todos los niveles de la jerarquía social conservadora y diversos grupos ligados al catolicismo, se han escuchado palabras de condena a la aprobación de los llamados “matrimonios gays”, en la capital del país.

Esta que actualmente se escribe, es exactamente la misma historia que se acuñó hace dos años cuando, también en el Distrito Federal, se reformaron diversas normas legales, para permitir la práctica de los abortos dentro de las primeras 12 semanas de la gestación. Más allá del estruendo y los escandalizados, de los dogmas y los atavismos, con ello podemos corroborar nuestra pertenencia a una sociedad mucho más conservadora, bipolar e incluso de doble moral, de lo que imaginamos.

En primer término, habría que distinguir cuáles son las implicaciones estrictamente jurídicas que trae aparejadas la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En los códigos civiles “normales” —como el de Oaxaca—, se establece que el matrimonio es “un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida”. La reforma ocurrida en el Distrito Federal, eliminó del concepto lo relativo al hombre y la mujer, y lo que tiene que ver con la procreación.

Eso fue lo que desató la aversión de la Iglesia Católica y de diversos grupos conservadores. La eliminación del requisito del hombre y la mujer, abrió la puerta para el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. Las razones de esa apertura, evidentemente, tienen mucho más que ver con conceptos relacionados con lo que se conoce como “seguridad jurídica”, que con lo puramente relacionado con la familia y la procreación.

¿Por qué? Porque homosexuales han existido desde que la humanidad se reconoce como tal. Del mismo modo, desde siempre ha habido parejas del mismo sexo que conviven en la misma casa y comparten los mismos bienes, deberes, derechos y espacios. Y desde siempre ha habido un problema no religioso ni moral ni ético, sino estrictamente legal, por la inseguridad jurídica en que conviven dichas personas.

La inseguridad jurídica sobreviene, por ejemplo, cuando una de las personas depende económicamente de la otra; cuando al fallecer uno de ellos, el otro se ve imposibilitado para apersonarse en un posible juicio sucesorio intestamentario; o cuando se pudieran derivar responsabilidades económicas de uno hacia el otro. Esto es exactamente lo mismo que ocurriría con una pareja de hombre y mujer; sólo que en este caso, la pareja sería de personas del mismo sexo y no como “tradicionalmente” ocurre.

Así, todo esto debemos considerarlo y verlo no como una aberración, o como algo que no debería ocurrir. Todo se basa en que esta no debería ser una discusión moral o religiosa que diera pie a la homofobia o los ataques. Independientemente de que la neguemos o aceptemos, o nos escandalicemos, la realidad es una sola. Y ésta indica que más allá de las “desviaciones morales”, las personas tienen problemas de tipo legal relacionadas con su estado civil y patrimonial, independientemente de sus preferencias sexuales.

 

DEFENSA CONSERVADORA

Seguramente, al consolidarse la reforma que permitirá los matrimonios entre personas del mismo sexo, la Iglesia Católica y sus representaciones políticas conservadoras, buscarán la manera de apersonarse en Acciones de Inconstitucionalidad, para tratar de que la Suprema Corte invalide la disposición de la ALDF.

No debería de extrañarnos que, como consecuencia del fracaso de ese recurso de defensa constitucional, dentro de no mucho tiempo las Legislaturas de los estados comenzaran a modificar sus constituciones locales, para impedir que esa disposición se reprodujera en el interior de la República, afianzando en el concepto del matrimonio, la ideal de que éste sólo puede celebrarse entre un solo hombre y una sola mujer. Reiterando: ocurriría algo muy parecido a la guerra política silenciosa, que hoy se vive entre quienes están a favor de los abortos, y quienes dicen estar “a favor de la vida”.

Lo cierto es que nada sería suficiente para terminar con dicha tendencia, como nada ha sido suficiente para “revertir” las preferencias homosexuales de millones de hombres y mujeres que en casi todas las épocas de la humanidad, han sido señalados, segregados y condenados; y que ni con “curas” médicas, psicológicas, psiquiátricas o violentas, han podido ser “reformados” y “reintegrados” a la vida “normal”. Esto nunca ha podido ocurrir, ni ocurrirá, porque la homosexualidad no es una enfermedad o una degeneración; y porque la “normalidad” de las personas, no depende exclusivamente de si a un hombre le gustan las mujeres o sus semejantes, o si una mujer se encuentra en esa misma circunstancia.

En realidad, es el conservadurismo y las resistencias de ciertos núcleos de la sociedad, los que han bloqueado y satanizado estos intentos por plantear esquemas parecidos a los tradicionales. Con una medida así, la familia ni se reforzaría ni se destruiría, porque las parejas homosexuales han existido siempre independientemente de que estén reconocidas o no por la ley; y la legalización de ese tipo de matrimonios, ni invitará al heterosexual a cambiar sus preferencias, como tampoco generará avalanchas de homosexuales haciendo filas para casarse.

Al contrario: habrá de reconocerse una situación de hecho que no tiene sustento alguno en la ley. Es hasta cierto punto comprensible la postura de la Iglesia Católica, porque es quien se ha erigido como el más grande contenedor de la moral en México. Sin embargo, la satanización y la descalificación rayan en la intolerancia y en la manipulación, que sí afectan a la convivencia pacífica entre las personas.

 

ILEGALIDAD Y NEGOCIOS

Al final, negarse a la realidad es tanto como seguirle haciendo el juego a quienes hacen negocios cobijados por la ilegalidad: en el DF, con la aprobación del aborto, se le terminó el negocio a los llamados “espanta cigüeñas”; ¿Cuántas adopciones ilegales, por ejemplo, ocurren entre quienes tienen el legítimo deseo de ser padres pero están impedidos naturalmente para la procreación? Ese millonario y abominable negocio —que ocurre a diario, se acepte o no— también se acabaría con una regulación estricta. Como podemos ver, esto nada tiene que ver con moral o religión. Es un asunto de legalidad, de seguridad y de orden, que por atavismos morales prefiere evadirse, haciendo el favor a quienes viven de las lagunas que prevalecen en algunas las leyes.

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Alianza PRD-PT-PC con el PAN, casi un hecho

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+ Diferencias quedarán atrás; ganó pragmatismo

Quienes apostaban porque no podría conformarse la alianza entre los más importantes partidos de oposición en Oaxaca, se equivocaron. Contra todos los augurios, y frente a todos los cuestionamientos partidistas, ideológicos y hasta de práctica política, a partir de hoy comienza la cuenta regresiva para que, dentro de unos 15 días, se oficialice la alianza entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia, PT y quizá Nueva Alianza, para ir juntos a los comicios estatales del próximo mes de julio.

En efecto, prácticamente desde que se conocieron los resultados electorales de los recientes comicios federales, se pudo prever la integración de una alianza de partidos en entidades clave como Oaxaca. Hace más de cinco meses —a principios de julio pasado—, apuntamos en este espacio que la derrota panista y de los llamados “partidos de izquierda” en el proceso electoral, con el consiguiente triunfo del Revolucionario Institucional, irremediablemente los llevaría a conformar alianzas que lo mismo sirvieran para garantizar su representación como fuerzas políticas reales, que para intentar frenar el avasallamiento priista que ya se había materializado en la Cámara baja y que se habría de repetir en la mayoría de los 11 comicios estatales de 2010.

Incluso apuntamos que, ante los resultados, el presidente Felipe Calderón sería capaz de aliarse hasta con sus otrora enemigos para enfrentar a los tricolores. Más de uno dijo, o pensó, que nuestras previsiones eran erróneas. Fue en el mes de septiembre, hace más de tres meses, cuando las dirigencias nacionales del PAN y PRD por primera vez aceptaron públicamente la posibilidad de aliarse para comicios como los de Oaxaca. De inmediato, la fracción del PRI oaxaqueño en la Cámara de Diputados federal, salió a condenar esa previsión partidista, y a descalificar la unión de fuerzas de izquierda y derecha para una causa electoral.

El efecto mediático de esa condena fue inusitadamente expansivo. La descalificación de la llamada “prensa nacional” —y ni se diga de la local— a la alianza opositora, y el eco que le dieron al posicionamiento priista, tenía dos razones igualmente poderosas: dentro de Oaxaca, por las líneas que se dictan desde el poder para descalificar a sus adversarios utilizando los efectos mediáticos.

Pero fuera de Oaxaca, porque desde el Estado de México hubo una maniobra realizada a través de ciertos sectores importantes de la prensa para desacreditar esa alianza opositora, que se haría en 2010 en nuestro estado, pero en 2011 se reeditaría para la renovación de la gubernatura mexiquense. Es decir, que en esa jugada a dos bandas, el gobernador Enrique Peña Nieto buscó “curarse en salud” apoyando al PRI de Oaxaca.

Ante la condena —a la que luego se sumó Cuauhtémoc Cárdenas, asegurando que la alianza PRD-PAN era como “el agua y el aceite”—, Acción Nacional reculó, los perredistas volvieron a sus posiciones tradicionales, y comprendieron que no era aún el tiempo para hacer pública su alianza irremediable. Incluso, ante su silencio se generó cierta percepción de que la unión de partidos no se lograría, y que los panistas buscarían ir coaligados con Nueva Alianza.

Sin embargo, tal parece que los planes no cambiaron. El silencio tanto del PAN como del PRD y las demás fuerzas, fue para evitar descalificaciones anticipadas. A pesar de que desde febrero de 2008 se giraron instrucciones presidenciales al panismo oaxaqueño para apoyar al senador Gabino Cué —de lo cual dimos también cuenta puntual en este espacio—, muchos se negaron a aceptar eso como una realidad y, al contrario, éste fue sometido, desde la oposición y el oficialismo— a duros cuestionamientos por sus innegables ambiciones de poder. El objetivo era descarrilar su pretensión por la gubernatura.

Hoy, tanto la candidatura de Cué, como la alianza opositora con el PAN incluido, son dos hechos inminentes. Las señales de todo esto, fueron claras desde siempre. Sólo decían lo contrario quienes se negaban a ver la realidad.

ALIANZA, VA

Hoy comenzará formalmente el proceso por oficializar la alianza opositora. En un hotel ubicado en el norte de la capital oaxaqueña, se reunirán los dirigentes estatales del PAN, PRD y Convergencia, Carlos Moreno Alcántara, Amador Jara y Mario Mendoza, respectivamente, para afinar detalles de lo que podría ser el primer acto conjunto de la alianza entre los partidos de izquierda y el panismo, rumbo a los comicios estatales de 2010 en Oaxaca.

¿En qué consistiría ese primer acto político? En que, tentativamente, mañana martes se presentarían por primera vez, juntos, los posibles aspirantes a la gubernatura por todas las fuerzas que integrarán la alianza. Hoy lunes, los dirigentes partidistas establecerían las reglas para ese encuentro, al que asistirían por Acción Nacional, Pablo Arnaud Carreño, Gerardo García Henestroza y Huberto Aldaz; por el PRD, Carlos Altamirano y Othón Cuevas; y por el PT y Convergencia, Gabino Cué Monteagudo. Esa sería la primera señal clara, de que todas esas fuerzas políticas están trabajando en un proyecto electoral conjunto.

Una vez ocurrido esto, las dirigencias estatales del PRD, PT y Convergencia acudirían a la Ciudad de México a oficializar su unión ante la organización Diálogo para la Reconstrucción de México —la nueva versión del antiguo Frente Amplio Progresista— que aglutina al lopezobradorismo a través de Manuel Camacho Solís. Y antes del 15 de enero, habría ya una manifestación expresa del dirigente nacional panista, César Nava Vásquez, sobre la adhesión de Acción Nacional a la coalición opositora de Oaxaca.

Sólo yendo juntos, los partidos de oposición en Oaxaca tienen posibilidades reales de disputar la gubernatura y los espacios del poder público al priismo. Habrá que ver qué reglas fijan para elegir a sus abanderados; y luego, ellos esperarán que no surja de sus filas un “porro” que quebrante las normas, exhiba las debilidades de su democracia, y pretenda imponerse a través de un albazo. Humberto López Lena Cruz, por ejemplo, podría decirles muy bien cómo se hace eso.

FELICIDADES

Había faltado oportunidad para expresar a todos nuestros apreciables lectores, los deseos de paz, salud y trabajo, que el autor de este espacio tiene hacia ustedes. Esperamos, sinceramente, que la navidad haya sido un momento de reflexión y generosidad, que sea extensivo a todo el 2010 que está por llegar. Les enviamos, a todos, un abrazo fuerte, y nuestro agradecimiento a quienes tuvieron algún detalle con motivo de este fin de año. A todos, nuestros mejores deseos.

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Cambios en Gabinete, por indagaciones ministeriales

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+ Fiats, los peligros de caer en las manos equivocadas

El pasado martes, ya entrada la noche, a través de un escueto comunicado de prensa se dio a conocer el nombramiento de dos nuevos funcionarios en la administración estatal. Ricardo Ruiz Zaragoza fue nombrado consejero Jurídico del Gobierno del Estado, y Bernadette Rouse Mayor, fue designada como titular del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. ¿Qué tienen de trascendental esos nombramientos?

De primera vista pareciera que nada. En realidad, este pareciera ser el inicio de una cascada de renuncias y sustituciones que ocurrirán durante el primer mes del próximo año, en el gabinete legal y ampliado del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Sólo que Arturo Vásquez Urdiales y Jorge Martínez Gracida Orduña —los destituidos en la Consejería Jurídica y el Instituto Catastral, a quienes ya ni siquiera mencionaban en los comunicados en los que se dio a conocer sus remociones— no figuran en la lista de posibles aspirantes a candidatura o cargo público alguno para 2010.

El motivo de la separación del cargo de esos dos ahora ex funcionarios, tiene que ver con un delicado asunto que, en este espacio, vinimos reseñando en los días recientes.  En efecto, en nuestra entrega del pasado 21 de diciembre apuntamos que “en absoluta confidencialidad, desde la semana pasada la PGJE inició una investigación por posibles actos de corrupción, falsificación de documentos y firmas, y tráfico de influencias, en el otorgamiento de patentes de fedatario público. Las órdenes de indagar el asunto fueron emitidas, aseguran, desde el más alto nivel, al tener conocimiento de que los ‘Fiats’ habrían sido vendidos en cantidades millonarias de dinero. En esto podrían estar involucrados por lo menos dos altos funcionarios del Gobierno del Estado, que desde el pasado 15 de diciembre fueron ‘invitados’ a presentarse ante un Agente del Ministerio Público, para declarar sobre el asunto. Entre los notarios, dicen, este era un secreto a voces que varias veces pretendió ser denunciado. Sin embargo, los intentos se frenaban ante la amenaza de esos dos funcionarios, de revocar las patentes a los fedatarios revoltosos.”

Al día siguiente, volvimos al tema señalando que “Aseguran que por lo menos 10 de las alrededor de 30 patentes de Notario Público que se han entregado durante la presente administración, fueron vendidas o sometidas a algún esquema de falsificación de documentos o firmas. Cada una de ellas fue vendida en montos que van de los 3 a los más de 12 millones de pesos, y que nos nuevos fedatarios —que compraron su Fiat— están renuentes a reconocer esta escandalosa corrupción, por temor a que les revoquen la patente y pierdan su millonaria inversión.” Dijimos que este asunto olía muy mal, y prometimos regresar al tema para abundarlo. Hoy, las propias circunstancias dejan ver que no había equivocación ni exceso en los señalamientos.

Los dos funcionarios de los que hablábamos al inicio de la semana, resultaron ser Martínez Gracida Orduña y Vásquez Urdiales. Estos individuos, según información que se encuentra en poder de altos funcionarios del Gobierno del Estado y a la que tuvo acceso este espacio, habrían sido señalados como los responsables de la venta de al menos una decena de patentes de fedatario público, gestionadas ante el gobierno estatal bajo engaños, aprovechando sus cargos y traficando influencias; y que incluso podrían existir también delitos de falsificación de documentos y firmas. Al ser descubierto todo esto, hace menos de 15 días, se habría ordenado una investigación judicial exhaustiva y la separación inmediata de sus cargos, no sólo a ellos sino a todos los que resultaran involucrados. Así, Martínez Gracida y Vásquez Urdiales podrían ser no los únicos, sino apenas los dos primeros funcionarios en ser removidos por ese asunto.

FIATS, RIESGOSAS

Apuntábamos en nuestras dos entregas anteriores aquí reseñadas, que esto era un secreto a voces entre los notarios públicos de Oaxaca. Dentro de dicho gremio, se comenta que en varias ocasiones esas irregularidades pretendieron ser señaladas y denunciadas ante las instancias correspondientes. Sin embargo, aseguran que en más de una ocasión, algunos de los funcionarios involucrados amagaron a los fedatarios, argumentando que al hacer público el asunto ellos tendrían todas las herramientas necesarias para gestionar la revocación de las patentes.

En este sentido, ante las primeras investigaciones, varios de los notarios que pudieron ser copartícipes de estos actos de corrupción, al estar frente a las instancias ministeriales se habrían negado a reconocer que, en efecto, habrían comprado la patente, pues temían que el primer efecto que esto tendría, sería la revocación de sus respectivas licencias. Casi todos, habrían desembolsado sumas de entre 3 y 12 millones de pesos, cuya obtención se habría dado gracias a préstamos, hipotecas, venta de bienes, y demás. Así, el temor era no sólo el perder la patente, sino también la inversión y el patrimonio puesto en juego.

Sin embargo, esta investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, no sólo para sancionar a los funcionarios y particulares corruptos, sino sobre todo para evitar que las patentes de fedatario sean utilizadas para fines indebidos. Un Notario Público tiene la posibilidad de legalizar, reconocer y manipular un sinnúmero de actos jurídicos que son trascendentales para la vida personal y patrimonial de las personas. La mala utilización de la misma, podría desembocar en infinitos actos de corrupción que sólo multiplicarían los efectos negativos de cómo fueron obtenidas.

El Gobierno del Estado, hoy, tiene aún todas las posibilidades de apagar de tajo lo que podría convertirse en uno de los escollos más grandes del sexenio. Este primer paso que dio el gobernador Ulises Ruiz, con la destitución de los probables involucrados en todo este asunto, marca una pauta que ahora deberá llevarse hasta el final. Junto con las investigaciones judiciales, tendrá también que ocurrir el reforzamiento de los mecanismos de control, de todo lo que tiene que ver con los autorizados para ejercer la fe pública.

CAJA DE PANDORA

Del mismo modo, no es extraño que los profesionales relacionados con la industria de la construcción, la valuación de bienes inmuebles y demás, se quejaran reiteradamente de la corrupción, las complicidades y los manejos irregulares habidos en el Instituto Catastral. Ahora será tarea de la nueva titular, limpiar la casa, terminar con los negocios que se hacen ahí al amparo de los cargos públicos, y no convertirse en parte de la corrupción.

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