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Copala: salida fácil es culpar a gobierno estatal por todo

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+ Responsabilidad conjunta: todos ayudan a incendiar la zona

Errónea y precipitadamente, organizaciones disidentes como la Sección 22 del SNTE, se apresuraron a responsabilizar al Gobierno del Estado por la emboscada que sufrieron, hace tres días, los integrantes de una misión humanitaria, y en las cuales por lo menos dos de ellos perdieron la vida y varios más se encuentran desaparecidos. El error inicial no consiste en culpar a un inocente, sino en confundir —y evadir— los señalamientos de fondo sobre la violencia que desde hace varias décadas azota a la región triqui.

Evidentemente, en un primer momento resulta ilógico considerar que un gobierno es responsable por las acciones que ejecutan particulares. En este caso, la micro región de los triquis ha padecido una disputa histórica entre tres organizaciones de lucha social —la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI)— que pretenden hacerse del control social, político y económico de una región que se ha batido en interminables divisiones y enfrentamientos.

Ante esa circunstancia tan identificable, parecería que el gobierno no tendría por qué cargar con responsabilidad alguna por las disputas históricas, que todavía hoy se dirimen violentamente entre la Ubisort, el MULT y sus diversas escisiones. Podría pensarse, incluso, que si son esas organizaciones las generadoras de la violencia, entonces tendría que ser con una respuesta implacable por parte del Estado, como se le podría dar solución a los excesos, las vejaciones, y las agresiones cometidas en contra de los indígenas, que han cometido esas organizaciones.

Sin embargo, esto es tan erróneo como el tratar de considerar que el gobierno está lejos de todos los señalamientos. Si bien es cierto que éste no puede tener el control de las disputas y las decisiones que toman y ejecutan las organizaciones en conflicto, lo es también que la responsabilidad de fondo para el gobierno estatal se encuentra en el hecho de haber desatendido por completo la zona, y permitir que entre las mismas comunidades, y las organizaciones que las manejan, ocurrieran hechos tan abominables como las matanzas, la persecución, los actos de segregación y hostigamiento en contra de los habitantes de esas comunidades, y la aparición de células paramilitares que tomaron el control de la zona.

En ese punto es donde se encuentra, en realidad, uno de los problemas más graves que enfrenta la zona triqui, y por los que su problemática social y política nunca ha podido resolverse: porque el gobierno ha asumido que las disputas entre las poblaciones y grupos no tienen remedio; y porque, al asumir esa idea como válida, fomentaron una desatención social que terminó de sumir a las comunidades en la marginación, la pobreza y el abandono, que hoy se hace patente, ante el marcado rechazo que esas comunidades manifiestan en contra de unos representantes gubernamentales, que hasta ahora se acordaron de la existencia de la región triqui.

Antes y ahora, sería imposible una solución de fuerza. El gobierno estatal ha fracasado recurrentemente en su pretensión de llamar al diálogo a las partes en conflicto, porque es fácilmente previsible que, entre ellas, posiblemente jamás haya entendimiento. Empero, independientemente de la concertación política, los conflictos pueden desactivarse, emprendiendo acciones concretas de desarrollo social, que pusieran remedio a la inconformidad de los habitantes.

Es cierto que, en gran medida, las disputas por la región triqui tienen actores y motivos  perfectamente identificables. Pero esas desavenencias son alimentadas por miles de personas que tienen hambre, que nacieron y crecieron en medio de la confrontación y la marginación, y que aún cuando desean la paz y gustosos recibirían una oportunidad, saben que ahí no existen opciones sociales para hacer a un lado la violencia.

TODOS, RESPONSABLES

Así, si bien el gobierno estatal carga con responsabilidad en este asunto, por la incapacidad de quienes tienen en sus manos el control de la gobernabilidad y los asuntos políticos del Estado, también es cierto que las organizaciones sociales y gremiales que hoy nuevamente pretenden erigirse en mártires, no están exentos de ser parte de las causas de estos enfrentamientos.

¿Qué ha hecho, efectiva y palpablemente, la Sección 22 del SNTE para desactivar la violencia que impera en la zona? Evidentemente, muy poco. Es cierto que el sindicato magisterial no tiene el deber de desactivar conflictos sociales o políticos. Sin embargo, es innegable que éste es uno de los organismos con mayor presencia e influencia política en todas las regiones del Estado, y que por tanto pudo haber sido uno más de los factores que, por medio de una atención social tan básica como la educación y la concordia, habría contribuido a desactivar las posibilidades de violencia.

Sin embargo, la Sección 22 ha preferido ser parte de las discordancias políticas que ahí se viven. San Juan Copala se erigió en municipio autónomo a principios de 2007, gracias al respaldo político que recibieron de diversas organizaciones sociales que un año antes habían participado de la revuelta magisterial. La creación de esa autoridad paralela y el establecimiento de una ley y justicia particular, no hicieron sino crear un icono de la rebelión social, a cambio de someter a todo un pueblo a condiciones aún más profundas de miseria marginación, y acentuar las discordancias que ya existían entre los pueblos.

Por eso, varios de los grupos que ahora se sienten martirizados, en realidad cargan con parte de la responsabilidad por esa disputa, debido a que no fueron a tiempo un factor de paz; y porque ellos mismos intervinieron para profundizar las disputas y azuzar la violencia.

DESORIENTADO

Tuvo que intervenir el gobernador Ulises Ruiz para conjurar la potencial huelga que estaba a punto de estallarle al director del Cobao, Cándido Coheto Martínez. Éste no lograba entenderse, en la mesa de negociación, con el dirigente del Sutcobao, Tomás Matus. Hubo una razón: Coheto atendió más las negociaciones del PRI en las que se repartieron las candidaturas a presidentes municipales, que su responsabilidad con la institución que dirige. ¿Qué tal?

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Violencia en zona triqui: nadie se espante; es la impunidad

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+ Problema real: la violencia, y no las disputas entre grupos

La tarde del martes, un convoy fue emboscado mientras se dirigían, en una misión humanitaria, al municipio autónomo de San Juan Copala, ubicado en la región mixteca de Oaxaca. Según los reportes dados a conocer hasta la tarde de ayer, fueron dos activistas los que perdieron la vida; uno de ellos era de origen finlandés; las tres organizaciones que se disputan el control territorial y político de la zona, se deslindaron de los hechos; algunas organizaciones internacionales de paz condenaron enérgicamente la agresión; y el Gobierno del Estado, una vez más, se limitó a lamentar los hechos y prometer resultados en sus investigaciones ministeriales.

Es indispensable, en primer término, comprender a cabalidad el contexto en el que se origina este hecho. La triqui, es una zona indígena que a lo largo de más de tres décadas, ha vivido azotada por los conflictos y las disputas territoriales entre grupos políticos y de reivindicación indígena. En los últimos años, ese nivel de violencia no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado. Esto, a pesar de los aparentes intentos del gobierno estatal por lograr acuerdos de paz.

Esto, como es evidente, no ha ocurrido. Y, al contrario, la región triqui nunca dejó  de ser un territorio icónico para los movimientos sociales y políticos. Prueba de ello, es la declaración, anunciada en enero de 2007, de que San Juan Copala se erigiría como el primer municipio autónomo del territorio oaxaqueño. Esta era apenas una de las tantas consecuencias desatendidas, que tuvo el conflicto magisterial y popular ocurrido un año antes en la entidad.

Sin embargo, la violencia en esa zona apareció mucho tiempo antes, y no ha cesado. Antes y después de la declaración de autonomía de San Juan Copala, en la zona se han vivido feroces enfrentamientos entre tres organizaciones que intentan tener el control de la región, de sus habitantes, y del mundo de dinero que ellos representan. Una de esas organizaciones, es el Movimiento Unificador de Lucha Triqui; otra es la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui; y una tercera, que es una escisión de la primera: el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente. Por las manos de esas tres organizaciones, recurrentemente han corrido ríos de sangre inocente, que a nadie le ha interesado saldar, y mucho menos investigar para hacer justicia.

En este marco, se puede asegurar que ninguna instancia estatal tiene cifras exactas de cuántas personas han muerto en esa interminable lucha por las aversiones étnicas y políticas habidas en la zona triqui; parece claro que los altos índices de violencia rebasaron por mucho, y desde hace bastante tiempo, cualquier posibilidad de mediación o pacificación a través de la sola invitación al diálogo. Esta última política ha tenido tanto eco, como la de los llamados a misa.

Lo más lamentable de todo, es que mientras la cifra de indígenas triquis muertos violentamente por esas disputas políticas se incrementa casi todos los días —independientemente de que los caídos tengan o no que ver con las organizaciones o los conflictos que ahí se dirimen a balazos—, todas las autoridades siguen perdidas en un mar de evasivas, justificaciones y deslindes sobre toda esa violencia, que debía ser dimensionada de manera distinta, y que debía generar una profunda preocupación a un gobierno que, sin embargo, ve esos odios casi como un asunto “normal”.

LOS CAÍDOS SON PERSONAS

Desde que ocurrió la emboscada de la misión de paz, hace dos días, todas las instancias y grupos involucrados, han buscado el modo de evadir sus responsabilidades, y han tratado de sacar ventajas políticas sobre el hecho.

Ahí está, por un lado, el Gobierno del Estado, que se ha mostrado más preocupado por deslindarse del hecho, que por emprender acciones concretas para indagar el hecho y para dar garantías de paz en la zona. Por su parte, la Sección 22 del SNTE —que fue uno de los principales impulsores políticos del municipio autónomo de San Juan Copala— resolvió, sin más, que es el gobierno estatal el responsable de la masacre. Y las tres organizaciones sociales con presencia en la zona, disimuladamente, han buscado también el modo de tomar distancia de los hechos, y condenarlos.

Estas posturas son, por decir lo menos, aberrantes. Todos los pronunciamientos tienen como preocupación de fondo, el hecho de que en la emboscada murió un activista europeo; que el hecho motivó el pronunciamiento a nivel internacional de organismos como Amnistía Internacional. Y que ahora la presión política para dar cauce a los problemas de violencia que ocurren en la región triqui, no sólo se centrarán en contra del gobierno estatal, sino que ésta también alcanzará al gobierno federal. Y que, por si fuera poco, las tres organizaciones de lucha social indígena con presencia en la zona, serán indagadas y señaladas por una violencia que, hasta ahora, unas y otras han ejercido libremente.

Hasta ahí, nadie parece preocuparse por lo verdaderamente importante: que los caídos el martes pasado son, al igual que los centenares de muertos habidos en la zona durante las añejas hostilidades, personas que colateralmente se convirtieron en víctimas de las disputas políticas que nadie ha querido ni ha podido remediar. Y que, mientras las balas deciden el presente y futuro de la región, docenas de miles de indígenas ven cancelados hasta sus derechos y garantías más básicas como las de la paz, la salud, educación y demás.

Quizá ahora que la violencia abatió a personas extrañas a la región, y que la mirada internacional se puso nuevamente en Oaxaca, comience a haber la voluntad (hasta ahora extraviada) de atender la zona. Propios y extraños deberían abandonar la obtusa idea de que esta es una guerra entre buenos y malos, entre derecha e izquierda, o entre socialismo y capitalismo. Los muertos son personas, a las que también mató la dejadez y la impunidad. Y eso es lo realmente preocupante.

¿DINERO SUCIO?

Ayer, en su columna de Milenio Diario, el periodista Joaquín López-Dóriga señalaba que la investigación federal al despacho Álvarez Puga y Asociados, tiene preocupados a varios gobernadores que tenían contratados sus servicios, y no precisamente de outsourcing. Todo apunta, entonces, al gran negocio que algunos hallaron, en la forma legaloide, de convertir el dinero público en privado. Por eso, aquí y allá, hay algunos que tiemblan.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Alcaldía de Oaxaca de Juárez: todos los intereses se enlazan

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+ Priistas, tras su “disciplina”; en oposición, disputa emerge

Sin mayores aspavientos, en apariencia, el Partido Revolucionario Institucional definió a quien será su candidata a Presidenta Municipal por Oaxaca de Juárez. En la coalición de partidos de oposición, como se esperaba, la definición por esa misma candidatura entró ya en la ruta de las inconformidades, las desavenencias y las disputas. Habrá que ver con detenimiento cómo se suman, en cada una de las fuerzas electorales, los apoyos e intereses reales para sus respectivos abanderados; y, sobre todo, qué grupos son los que finalmente se imponen en la definición coalicionista por la capital oaxaqueña. Veamos cada uno de los escenarios.

Se señalaba al principio que, aparentemente, la definición de la candidatura priista para la capital del Estado, ocurrió sin mayores complicaciones. Desde los primeros días de marzo, el priismo cupular abrió su juego político a la vista del público, y en él mostró las cartas con las que finalmente jugaría. Esto, para que todos los actores del priismo que albergaban aspiraciones por Oaxaca de Juárez, acusaran recibo del mensaje enviado y vieran cuál sería el desenlace final de su “democracia interna”.

Así, desde el mismo día en que Beatriz Rodríguez Casasnovas renunció a la titularidad de la Secretaría de Turismo (7 de marzo), se dejó ver, desde el poder, que ella sería la abanderada por la capital del Estado; y que, de ahí en adelante, lo que tendría que ocurrir serían reacomodos internos, declaraciones de disciplina, o posibles (aunque no esperados) rompimientos. Finalmente, ocurrió lo que se esperaba: luego de un periodo prudente, todos los involucrados declinaron en sus aspiraciones, y se mostraron dispuestos a “sumarse” al trabajo político del PRI.

¿Por qué no hubo complicaciones? Porque tal parece que la gran mayoría de los involucrados han sido parte de una cadena de beneficios, de la que nadie querría deshacerse. El único personaje con quien sí se entabló una negociación, fue con Martín Mathus Alonso, a quien le fue ofrecida la candidatura a una diputación local a cambio de declinar sus aspiraciones por la alcaldía citadina. Fuera de él, un ejemplo representativo se encuentra en Javier Villacaña Jiménez, quien decidió nuevamente esperar mejores tiempos, y continuar con la labor de gestión social, a través de la cual sostiene su presencia en ciertos sectores de la capital y que, valga decirlo, le permite subsistir sin mayores complicaciones.

¿Por qué nadie rompió abiertamente? Porque la lógica actual del priismo establece que, si es el Jefe Político quien le ha dado todo a quienes ahora se sienten con posibilidades de alcanzar una candidatura, es él quien fundamentalmente tiene la potestad para decidir, por encima de la conciencia y las aspiraciones de cada uno de ellos. Así, nadie rompió porque a ninguno le conviene alejarse del esquema cuasi burocrático en el que casi todos han vivido en los últimos años.

Ahora, lo importante tendrá que hacerse en la suma real de todos esos factores que, en las palabras, ya declinaron a favor de quien el Jefe Político decidió. Hoy, en ese sentido, la suma del priismo ha sido sólo aparente. Y, poco a poco, el Revolucionario Institucional comienza a resentir los primeros estragos de haberse enfrascado en una democracia interna que tiene todo menos eso en su esencia. La capital podría convertirse en un fuerte dolor de cabeza no por las rupturas, sino por la naturaleza misma de quien fue electa como candidata, y por las grietas que está creando ese método de centralizar las decisiones, suplir las conciencias, y generar “unidad” a partir del dilema en el que los hacedores de esa unidad, no tienen otra alternativa.

OPOSICIÓN DESHECHA

¿Y qué ocurre en la oposición? Que su idea inicial de “repartir” equitativamente las diferentes candidaturas en juego, ahora está desmantelada por completo. En un primer momento, los impulsores de la coalición opositora plantearon que, partiendo del modo en que definieran a su Candidato a Gobernador, habrían de repartir las demás posiciones entre los partidos que apoyaran la decisión. Así, el convergente Gabino Cué Monteagudo fue impulsado por todas las fuerzas políticas opositoras. Y por esa razón, ahora la disputa por posiciones como la alcaldía citadina parece ser entre el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática.

En el blanquiazul, inicialmente, consideraron que la candidatura a la alcaldía citadina sería para ellos. En razón de ello, desde el principio impulsaron a Luis Ugartechea Begué como su potencial abanderado, e incluso lo mostraron como el seguro elegido como candidato a Presidente Municipal. Luego, ya metidos en eso, el perredismo mostró como una opción al ex magistrado del Poder Judicial del Estado, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, y anunciaron la realización de encuestas para determinar sobre quién recaería la candidatura. En ese escenario, era previsible que Bolaños Cacho tuviera mayor aceptación ciudadana que el prospecto del panismo.

Sin embargo, en el perredismo no se tomó en cuenta que algunas de las tribus estaban quedando en el descobijo. Una de esas tribus, precisamente, es la de los herederos del extinto líder istmeño Daniel López Nelio. Su hijo y sobrinos —Lenin López Nelio López, Jesús Romero, y demás— intentaron participar en algunos de los procesos definitorios por la capital del estado. Ninguno de ellos, hasta ahora, ha tenido éxito en sus aventuras electorales. Y por eso, buscan desesperadamente posiciones —o percepciones— a partir de las cuales puedan negociar mayores espacios en el sector público.

Primero, y como lo apuntamos hace unos días, los López trabaron una alianza con el regidor del Ayuntamiento citadino, Geovany Vásquez Sagrero, para tratar de hacer contrapesos y obligar a la cúpula coalicionista a negociar la candidatura del ex rector de la UABJO, Francisco Martínez Neri; hoy, buscan hacer exactamente lo mismo en relación a Bolaños Cacho, a través de la figura de Humberto López Lena.

¿QUÉ BUSCAN?

López Lena busca inclusión en un reparto al que no había sido invitado; su cercanía con el oficialismo, lo hace entrar en una ruta en la que, por donde se le vea, resulta más un lastre que una ayuda a la causa de la coalición opositora; y él, junto con los López, buscarán minar todo si no se benefician con algo. Son de la patética idea de que hasta perdiendo, ganan.

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Fuero civil vs fuero militar: disputa, en todos los frentes

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+ EPR: meses de silencio roto, por intervenir en el debate

Han pasado más de tres años desde que el gobierno que encabeza el presidente Felipe Calderón, decidió enviar al Ejército a encabezar la lucha contra el crimen organizado. De entonces a la fecha, el panorama nacional ha cambiado diametralmente, tanto en el grado de violencia como en la actuación misma de las fuerzas armadas. Hoy, uno de los debates centrales sobre la lucha anticrimen y la actuación de las fuerzas castrenses, recae en un tema trascendental: ¿Debe reforzarse el fuero de guerra o, por el contrario, los miembros del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, deben someterse a los tribunales civiles por su actuación en las calles y frente a los civiles?

Este asunto ni es ocioso ni es menor: por una decisión presidencial, se quebrantó el principio constitucional de que en tiempos de paz, las fuerzas armadas deben permanecer en sus cuarteles. Además, esa decisión fue tomada por el gobierno federal sin tomar en cuenta que, tal como se encuentra ahora, el marco legal de las fuerzas armadas no les otorga las atribuciones y facultades suficientes como para realizar labores de seguridad pública y persecución de delitos. Y, sobre todo, que en una campaña militar como la que ahora ocurre en el país, la interacción directa del Ejército se da directamente con civiles, y no con otros grupos similares a ellos. Esta situación, en conjunto, implica una serie de problemas importantes no sólo para el presente, sino para la imagen y sustento futuro de las fuerzas castrenses mexicanas. Veamos el asunto a detalle.

Es claro, en primer término, que lo que formalmente ocurre en México no es una guerra, sino un asunto grave de inseguridad pública. Al enviar al Ejército a las calles, el propio gobierno federal fue quien tomó la determinación de calificar esta serie de acciones como “guerra contra el crimen organizado”. Una guerra, para todos los efectos legales y políticos, se declara entre dos entes que tienen la misma categoría, y se enfrenta con sus respectivas fuerzas armadas, que tienen un mismo grado de legitimidad y respaldo en sus acciones. Si esto se observa como un asunto de fuerza, fue el propio Estado quien le dio el carácter de similar, y legitimidad, a un grupo amorfo e ilegal, como el del crimen organizado.

Sin embargo, más allá de la fuerza, el imprimir el calificativo de “guerra” a un asunto que no es tal, tiene otras implicaciones: existen diferencias sustanciales entre la actuación de las fuerzas de seguridad pública (es decir, las corporaciones policiacas) y lo que realizan los militares. Los primeros se encargan preservar la seguridad y el orden, y los segundos de defender a la nación ante invasión exterior, agresión por potencia extranjera o trastorno interior. Y, por estas razones, el Ejército no está preparado para realizar labores relativas a la seguridad pública.

¿Por qué es importante esto? Porque, en los últimos tres años, ha habido una incidencia constante de excesos y agresiones, por parte de miembros del Ejército, a civiles. Se han violado gravemente los derechos humanos de muchos mexicanos y, actualmente, éstos no tienen la posibilidad de que un militar se someta al fuero civil, y reciba de éste un castigo por sus acciones indebidas.

Hoy, subsiste el fuero militar, con el que todo miembro de las fuerzas armadas que comete delitos o faltas en su actuación, es sometido a la jurisdicción de los tribunales castrenses, para ser procesado, enjuiciado y castigado. ¿Por qué eso no es suficiente? Porque de acuerdo con la propia Constitución, y con la legislación internacional, las fuerzas armadas deben tener una regulación específica en sus actuaciones; y porque, en todo caso, cuando existen civiles involucrados en faltas cometidas por militares, éstos deben ser sometidos a la jurisdicción civil y no a la militar, como ocurre ahora.

PRONUNCIAMIENTOS

¿Por qué es eso trascendental? Porque, pase lo que pase, las normas no tienen efectos retroactivos. Y, de cualquier manera —es decir, se den o no las reformas a la legislación castrense para ampliar el fuero civil o reforzar la jurisdicción militar—, prevalecerá la posibilidad de que, en el futuro, el presidente Calderón, y los actuales mandos militares, puedan ser llevados a juicio ante tribunales internacionales, acusados de la comisión de delitos de lesa humanidad.

Esto es lo que, como puede verse, hace trascendental la discusión, las medidas y las propuestas que hoy en día se ventilan públicamente en el ámbito nacional. En el gobierno federal ha habido importantes resistencias a aceptar la ampliación de la jurisdicción civil para los militares; al contrario, se busca reforzar el marco legal y constitucional para asegurar que éstos sigan respondiendo ante su propia jurisdicción por las faltas cometidas.

Sólo que tienen en su contra a la legislación internacional que también es exigible para México y, sobre todo, la exigencia ciudadana de que los militares sean más responsables en sus actuaciones en contra del crimen organizado, que como una medida importante para afianzar su prudencia se permita a los tribunales civiles juzgar su actuación.

Así, importantes grupos han comenzado a pronunciarse. Uno de ellos, que llama la atención, es el Ejército Popular Revolucionario, quien por más de una década ha buscado castigo a los crímenes que, en su visión, ha cometido el Ejército y que han quedado impunes por la negativa del Estado a revisar su actuación.

VOZ EPERRISTA

Este grupo, rompiendo el periodo de silencio más prolongado desde su fundación, apuntó en un comunicado, fechado el 20 de abril, que “se debe exigir juicio y castigo a los militares y su respectiva cúpula por tribunales civiles nacionales e internacionales porque en nuestro país no existe la justicia, ésta se vende al mejor postor y está al servicio de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. La exigencia de ‘garantías jurídicas’ y la demanda de mantener el fuero militar es una pretensión anticonstitucional y retrógrada que busca plena impunidad, así como borrar de la memoria colectiva los derechos constitucionales y las conquistas sociales…”. Esta es una más de las voces que se unen por el fuero civil a los militares. Finalmente, la responsabilidad de fondo recaerá en el comandante supremo de las fuerzas armadas. Es decir, en el presidente Calderón.

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Intervención y espionaje: ¿Todo debe quedar en impunidad?

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+ Vera Salinas: desaparecido y protegido por sus cómplices

Han pasado 11 días desde que un grupo del Ejército mexicano descubrió, en Cancún, Quintana Roo, un centro clandestino de espionaje y escucha telefónica presuntamente a cargo del teniente de navío José Manuel Vera Salinas. Conforme pasan los días, disminuye el impacto mediático sobre el hallazgo; y la gravedad de ese asunto, pretende ser disimulada con los entuertos legales y el olvido. Esta podría convertirse en una muestra más, de cómo la impunidad juega un papel eficaz —aunque aberrante— en nuestra sociedad y, sobre todo, entre los grupos de poder.

Parece necesario, en un primer momento, recapitular brevemente para comprender mejor el contexto. Luego de su destitución como jefe de la Policía Preventiva, José Manuel Vera Salinas mantuvo una presencia discreta en Oaxaca porque se decía que realizaba trabajos de información e inteligencia para el Gobierno del Estado. En 2007 fue nombrado como director de Tránsito Municipal en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, que es el asiento de la ciudad de Cancún. A partir de entonces, en dicho Ayuntamiento, ocupó diversos cargos, entre ellos el de director de la academia de policía, jefe de tránsito y asesor de la Presidencia Municipal.

Esa era la responsabilidad que ostentaba hasta hace un par de semanas, cuando fue descubierto un primer centro de operaciones, ubicado en el departamento 401 de los Condominios Xcaret de la supermanzana 20, a escasos doscientos metros del Palacio Municipal de esa demarcación; días después, fueron localizados al menos otros dos centros de características similares. La segunda de las casas de espionaje, según información periodística, se encuentra ubicada en la privada Venezuela 18 en residencial Las Américas, y la tercera en Barrio Maya región 517. Y se asegura que se rastrean por lo menos otros tres o cuatro centros relacionados con éstos tres primeros, que se encontrarían localizados en Chetumal y Playa del Carmen.

De estos tres aseguramientos, sólo en el primero hubo un detenido, de nombre Juan Ramírez Ramírez. Siguiendo lo publicado en los últimos días por medios de información del Distrito Federal, al ser presentado este individuo ante el Agente del Ministerio Público Federal, no sólo aceptó expresamente ser un empleado del gobierno municipal de Benito Juárez, y estar comisionado a las labores que realizaba el teniente Vera Salinas, sino que además reconoció “que se espiaba a jefes militares y policíacos, además de funcionarios, políticos y líderes de opinión”. En la información, se detallaba que “en la averiguación previa 193/2010-III se establece que el espionaje incluía a altos mandos: el comandante de la 34 Zona Militar, general Anastasio García Rodríguez; el secretario de Seguridad Pública, Almirante Miguel Ángel Ramos Real y el comandante de la V Zona Naval Militar, Vicealmirante Carlos Octavio Angulo entre otros.

Estas revelaciones, necesariamente, tendrían que hacer dar un vuelco completo a la investigación, para extenderla no sólo a los potenciales autores materiales, sino en contra de todos los posiblemente implicados. Sin embargo, tal parece que los verdaderos interesados en que se haga justicia y se castigue a los responsables de estos ilícitos —es decir, todas las personas que fueron vigiladas, seguidas, espiadas y a las que se les vulneraron todos los derechos fundamentales relativos a su privacidad e intimidad— podrían llevarse un nuevo fiasco con la acción legal y de los órganos de justicia.

NORMAS BLANDAS

El párrafo décimo segundo del artículo 16 de la Constitución federal señala que “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas…” ¿De verdad son inviolables y, sobre todo, de verdad la ley es tan severa como para sancionar eficazmente a quienes incurran en esta práctica indebida, ilegal e inconstitucional?

Para responder a esta pregunta, necesariamente debemos atender una prevención inicial. Son dos ordenamientos distintos los que sancionan, por un lado, la intervención ilegal de comunicaciones, y por el otro, el espionaje. El primero de esos delitos es, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el que comete cualquier servidor público que accede a comunicaciones privadas sin la autorización judicial correspondiente, o en términos distintos al dispuesto por el juez. En el caso del espionaje, éste resulta, de acuerdo con el artículo 177 del Código Penal Federal, cuando un particular interviene ilegalmente dichas comunicaciones.

En el primero de los casos, es decir, en el de los servidores públicos, la sanción establecida va de los seis a los doce años de prisión, y multa de entre 500 y mil días de salario mínimo; y en el segundo, relativo al espionaje sancionado por el Código Penal Federal, la sanción aplicable es asimismo de seis a doce años de prisión, y el pago de una multa oscilante entre los 300 y los 600 días de salario mínimo.

Sin embargo, llegado hasta este punto, podemos seguir afirmando que, de todos modos, podría seguir ganando la impunidad. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos delitos, se encuentra previsto en el catálogo de delitos graves que establece el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Es decir, que aún con lo elevadas que son las penalidades y lo grave que resulta la comisión de este tipo de delitos, mencionados incluso en el Texto Constitucional Federal, cualquiera que sea responsable de éste tiene acceso a todos los beneficios legales, comenzando por la libertad bajo caución.

IMPUNIDAD PREVALECIENTE

La intervención de comunicaciones y el espionaje, ponen en peligro la seguridad y privacidad de las víctimas directas. Ponen, además, en grave riesgo la seguridad del Estado. La información es poder y, ante esto, la información se encuentra en manos desconocidas. Sin embargo, Juan Ramírez podrían obtener su libertad provisional en cualquier momento, o incluso ya lo habría logrado; Vera Salinas está prófugo y protegido por sus jefes y/o cómplices. La norma es blanda. Y, de todos modos, la impunidad es lo que está ganando en este asunto por demás grave.

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Fuerzas armadas: Guerra antinarco… en la ilegalidad

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Uno de los reclamos fundamentales que han sostenido diversos sectores de la sociedad mexicana, en contra de las formas en cómo se ha manejado la guerra contra el crimen organizado, es el de la utilización discrecional y excesiva de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Con la intensificación de la violencia criminal, y los choques entre la autoridad y la delincuencia organizada, también se incrementó la presencia de efectivos militares en las calles de prácticamente todas las ciudades del país. Y con ello, también se incrementaron las acciones ilegales, los abusos y las actuaciones por parte de las fuerzas castrenses que no tienen respaldo alguno en el marco legal del país. Esto constituye un problema de varios frentes, en el que la sociedad y la justicia pierden por diversas razones. Y el remedio, lamentablemente, no se ve aún cerca de que sea una realidad.

Por momentos, parece hasta trillado rememorar el contexto histórico de esta guerra. Sin embargo, no está de más atender a algunas líneas generales. En primer término, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, no había hecho menciones importantes sobre el problema de la inseguridad en el país, hasta que días después de haber tomado posesión como mandatario, anunció que iniciaría una cruzada nacional en contra de las bandas delincuenciales que predominaban y que asolaban a amplias regiones del país, con actividades relacionadas con el narcotráfico pero también con el secuestro, la extorsión y otros delitos que se encuentran tipificados como delincuencia organizada.

En aquel entonces, el presidente Calderón dijo que utilizaría toda la fuerza del Estado para acabar con esas calamidades, y anunció que sería el Ejército mexicano uno de los pilares fundamentales de esas tareas. Casi en el mismo momento del anuncio, se desplegaron operativos militares en diversas regiones del país, con el objeto de disuadir a la delincuencia y hacer frente a los grupos criminales que pretendían tomar el control de los territorios. Ahí fue donde se desató una guerra que ahora nadie sabe cómo detener.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el propio gobierno federal, de entonces (diciembre de 2006) a la fecha, esta guerra ha dejado un saldo de más de 22 mil mexicanos muertos. Según el presidente Calderón, más del 90 por ciento de los caídos en esta cruzada, han sido integrantes del crimen organizado. Esto, aunque sus dichos no se encuentran avalados por estudio o medición confiable, sino los simples cálculos mentales del Primer Mandatario. Mientras todo esto ocurre, el Ejército mexicano ha tomado el control de amplias regiones del país, a las que, sin embargo, no ha podido pacificar.

El problema, en todo esto, es que a las fuerzas armadas se les envió a una labor para la que no están preparados. Se les giraron instrucciones para encabezar acciones relacionadas con la seguridad pública, cuando ésta no es su función. El marco jurídico en el que desplegaron sus acciones no era el adecuado y nunca fue reformado. Y la propia naturaleza de las fuerzas castrenses, pronto la llevó a cometer errores y excesos en contra de la población civil, que ahora los podrían llevar a formularles en su contra acusaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad. Esta es una cuestión y un riesgo del que nadie, y menos el gobierno federal y el Presidente de la República, pueden sustraerse.

A LA GUERRA SIN FUSIL

Una vez desplegadas las acciones por parte del gobierno federal en contra de la delincuencia organizada, todos se dieron cuenta que el poder del narco era mucho mayor que el inicialmente calculado. Los criminales contaban con una capacidad numérica nunca soslayable, y con un poder de fuego que en cualquier momento podía ponerlos en riesgo. La acción del Estado provocó, por si fuera poco, una guerra entre grupos delincuenciales que convirtió estas acciones en un auténtico baño de sangre que hoy se aparece como incontrolable.

Sin embargo, parece claro que el Ejército fue enviado a esta guerra no solamente sin fusiles físicos, sino que también se les envió sin las herramientas legales adecuadas para hacer su labor con eficacia y sin cuestionamientos. ¿De qué hablamos?

De que, por mandato del artículo 89 de la Constitución General de la República, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el Comandante Supremo de las fuerzas armadas. En uso de esa atribución, el presidente Calderón ha utilizado discrecionalmente a las fuerzas armadas, ha dispuesto también de su presencia, el número de efectivos desplegados y también la temporalidad en que realicen sus acciones. Y si bien está legitimado para esas acciones, la misma Constitución prohíbe que en tiempos de paz las fuerzas armadas tengan despliegues en los que fácticamente suspendan garantías a los ciudadanos; o simplemente en los que se encuentren casi de modo permanente en el territorio nacional, fuera de sus cuarteles.

Ese, sin embargo, no es el único problema. En realidad, las labores del Ejército siempre resultan incompletas, porque éste no se encuentra dotado de todas las herramientas jurídicas necesarias como para hacer frente a las tareas que encabeza. Es decir, que no cuenta con diversos elementos que le permitirían, como a las fuerzas policiacas, perseguir con todas las seguridades jurídicas la comisión de delitos, testificar, presentar probanzas, tener fe pública respecto a lo que encuentra y lo que realiza, y tener, en resumen, la legitimación necesaria como para combatir al crimen con la seguridad de que ninguna de sus acciones “se caerá” una vez confrontada con el marco legal y las reglas de seguridad jurídica fundamentales que éste señala para la realización de esas labores.

Por ello, no parece descabellado afirmar que el Ejército sí fue a la guerra sin fusil. Al gobierno federal, y a los poderes de la unión, les faltó adecuar el marco legal no sólo para que las fuerzas armadas tuvieran la legitimación constitucional en sus actuaciones, sino también para que estuviese normada su disposición, temporalidad y tareas, y sobre todo para que ellos mismos estuvieran también conminados a realizar sus tareas cuidando entre sus formas, la protección de los derechos fundamentales, la ponderación de los derechos de los civiles, y la posibilidad de que, como lo manda el artículo 13 de la Constitución federal, cuando éstos perturbaran los derechos de un ciudadano común, fuesen sometidos a la jurisdicción civil, y no a la militar como hoy ocurre.

REFORMAS LENTAS

La discusión a este respecto, en el Senado de la República, presenta hoy algunas aristas interesantes: los senadores propusieron modificar el artículo 89 constitucional, para obligar al Presidente a informar al Legislativo sobre el uso de las fuerzas armadas, y que sea mediante solicitud de los gobernadores o presidentes municipales, que se disponga el uso temporal y determinado de las fuerzas militares para preservar la seguridad interior; del mismo modo, se previó hacer efectiva la disposición del artículo 13 constitucional, en la que se señala expresamente que cuando un civil se ve involucrado en la comisión de un delito cometido por un militar, deben ser los tribunales civiles, y no los castrenses, los que deban conocer del asunto. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

Sobre México existe, además, una fuerte presión internacional. En diciembre del año pasado, tras encontrar culpable al Estado Mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó modificar el artículo 57 del Código castrense para facilitar los juicios a militares que cometan delitos contra la población civil.

En su sentencia del caso ocurrido en el contexto de la Guerra Sucia en 1974, el organismo internacional ordenó al Estado Mexicano a continuar con las investigaciones y localización del líder social quien fue desaparecido en un retén militar en presencia de su hijo.

Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien llevó la defensa de la familia Radilla, reconoció que ese ordenamiento es uno de los más trascendentes por la realidad que vive actualmente el País, respecto a la violación de derechos por parte de militares.

Debe tomarse en cuenta que México se encuentra obligado, en ese sentido, por legislación internacional a la que se adhirió y que, por tanto, le es obligatoria de cumplir. En el ámbito exterior, ven con malos ojos que aquí se someta a un fuero discrecional la comisión de violaciones a los derechos humanos por parte de militares. Éstos asuntos, dicen, deben ser conocidos por tribunales civiles y no por la justicia militar, que por ese solo hecho, corre el riesgo de verse cuestionada por la posibilidad de favorecer a los responsables castrenses de esos ilícitos.

Lo cierto es que, en todo esto, el proceso reformista ha sido lento. Al finalizar la semana, aún se discutía en el Senado de la República lo relativo a esas leyes; sin embargo, se prevé que sea hasta el próximo periodo ordinario de sesiones (es decir, después de septiembre próximo) cuando esta reforma sea analizada por las dos cámaras y, eventualmente, aprobada.

Mientras, el Ejército y la Marina continuarán encabezando una lucha cuestionada y parcialmente ilegal contra el crimen organizado. Nadie, en esto, puede acusar a sus semejantes. Han sido tan irresponsables en el gobierno federal por improvisar esta guerra que hoy parece imparable, como las fuerzas de oposición representadas en el Congreso, por privilegiar la diatriba y el inmovilismo, por encima de las necesidades urgentes del país. Mientras, las cifras de muerte y de transgresión a los derechos humanos, continuarán creciendo sin control y sin oposición alguna.

Reforma Política: ¿por qué son insuperables los enredos?

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+ Reducción del Poder Legislativo jamás será solución viable

Han pasado casi cinco meses desde que el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó un decálogo en el que resumió su proyecto de reforma política. Esa iniciativa de ley, que fue presentada a destiempo y sin cuidar las formas políticas básicas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, ha transitado por el camino que desde el principio se trazó. Es decir, el del fracaso. Mientras tanto, el Congreso de la Unión ha seguido haciendo alarde del inmovilismo y los vicios que lo han caracterizado desde hace tiempo, y se mantiene en un nivel de discusión intrascendente, improductiva y bizantina que resulta hasta preocupante.

¿De qué hablaba el famoso decálogo de la reforma política propuesto por el presidente Calderón? Proponía, entre otros aspectos, la reelección de gobernadores, alcaldes, y jefes delegacionales del DF, lo cual permitiría ejercer proyectos a largo plazo y un periodo de 12 años.

Contemplaba también la elección consecutiva de legisladores federales hasta por 12 años. La reducción del número de legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados para dar “mayor eficiencia y evitar uso dispendioso de recursos”. Así, el Senado constaría de 3 senadores por cada entidad, para quedar en un total de 96. En el Congreso se reduciría a un total de 400, 240 por mayoría relativa y 160 por representación proporcional.

Además, proponía elevar a 4 por ciento obligatorio el registro nacional de votos para que un partido político pueda registrarse y mantenerse. Ampliar la participación e iniciativa ciudadana para que incidan en los procesos legislativos y puedan proponer puntos en la agenda. Ampliar derechos de ciudadanos para incorporar candidaturas independientes a todos los cargos de nivel popular. Sistema de elección presidencial por mayoría absoluta, habría segunda vuelta de no obtener más del 50% de los votos y se realizaría junto con las elecciones legislativas. Dotar de mayor poder a la SCJN para que presente iniciativas de ley en el ámbito de su competencia.

Facultar al Ejecutivo para presentar al inicio del Periodo de Ordinario de sesiones, dos iniciativas preferentes, las cuales se discutirían y votarían antes de concluir dicho periodo. En caso de no cumplir esto, se considerarían aprobadas. Establecer de manera expresa el proceso de legislación que permita el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, figura de reconducción presupuestal. Es decir, todo un rosario de buenas intenciones que, valga decirlo, de entrada sólo provocó un enredo en la discusión legislativa de la reforma, y que hasta hoy ha sido un proyecto fracasado.

Pues bien, al terminar la semana un grupo de diputados federales del Partido Acción Nacional optaron por darle una vuelta más a este enredo. En voz del ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, propusieron eliminar completamente la figura de la representación proporcional, para dejar únicamente a 300 legisladores federales en la Cámara baja, y 64 senadores en la Cámara alta. Con esto, según ellos, pretendían eliminar los problemas de la masificación del Poder Legislativo, se atendería el reclamo de la sociedad y se reportaría un ahorro importantísimo de recursos económicos. Lo cierto es que, como siempre, hicieron más grande un problema que no se resuelve ni tiene como tema de fondo la reducción del Congreso federal.

TODOS, ENREDADOS

Dos son los cuestionamientos fundamentales e identificables de la figura de los legisladores locales y federales en el país: la sociedad les reprocha, fundadamente, su falta de productividad y eficacia. Y sobre todo, les reprocha el alto costo que ellos le generan al país, a cambio de una productividad deplorable. Como puede verse, de entrada, estos reclamos ciudadanos no se resuelven con la sola disminución numérica de ese poder. Veamos por qué.

El primero de los reproches tiene que ver con un asunto estrictamente delimitable. Los diputados y senadores responden siempre tarde y mal a los problemas del país, y pierden cantidades importantes de tiempo discutiendo temas partidistas, de coyuntura, y los llamados “políticamente correctos”; pero es, en realidad, muy poco lo que hacen por cumplir en tiempo y forma con los reclamos de fondo planteados por la sociedad, y con los asuntos urgentes que demanda la nación.

El segundo de los reproches, es también delimitable. Si un diputado o senador produce poco, aporta poco, discute mucho, debate poco; y, sobre todo, resuelve casi nada a favor de la nación, entonces el salario que devenga, cualquiera que éste sea, es demasiado para su baja productividad. A esto se suma que, en efecto, los diputados y senadores no sólo tienen un salario altísimo, sino que además gozan de innumerables privilegios, ayudas y prerrogativas, que mensualmente le genera, a cada uno, ingresos superiores a los 150 mil pesos, haciendo un cálculo por demás mesurado.

Si esto es así, ¿entonces la solución es reducir el número de diputados y senadores? Evidentemente no. Achicar el tamaño de las cámaras en el Poder Legislativo, lo único que generaría es que las mismas discusiones bizantinas, las mismas pérdidas de tiempo y la misma baja productividad, ahora recayeran en la responsabilidad de menos legisladores. Y, al contrario, la reducción del Legislativo sí provocaría una deslegitimación de las decisiones que se tomaran en las cámaras federales. 364 personas, por mucho que sean representantes electos democráticamente, son insuficientes para tomar las decisiones de un país que tiene más de 100 millones de habitantes.

¿Y una reducción resolvería el problema del dispendio? Evidentemente no. Reduciría el gasto, pero el problema real no es ese, sino que así fuera un solo diputado y un solo senador, éstos ganan demasiado para el deplorable desempeño y productividad que reportan. Así, la solución no es reducir el número de legisladores, sino más bien reducir sus privilegios. Si están en las cámaras como parte de un compromiso por el país, que lo demuestren desproveyéndose de la imagen patrimonialista y de privilegios que hoy ostentan.

EQUIVOCADOS

Sin embargo, nadie parece verlo así. Y más bien, todos se apuntan a nutrir la demagogia que pretende resolver los problemas… pero sin resolverlo. Si estos temas no se discuten con seriedad, lo único que se logrará es justamente engrandecer los males que ya afectan a la nación.

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Outsourcing, y la estafa legal al Estado y a trabajadores

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+ ¿Cómo erradicarlo? Al desterrar el inmovilismo legislativo

Nuevamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emprendió acciones en contra de uno de los pioneros del llamado outsourcing en México. En efecto, de acuerdo con lo publicado por TIEMPO en su edición de ayer, empresas de consultoría legal y contable, relacionadas con el fiscalista oaxaqueño Sergio Castro López, fueron cateadas y aseguradas por representantes de la autoridad tributaria federal, como parte de una investigación relacionada con el no pago de impuestos al fisco. Esta parece ser una primera acción importante que, sin embargo, no resuelve un problema que tiene mucho más de fondo.

Para nadie es un secreto la forma en cómo trabajan las empresas contables y jurídicas que ofrecen el servicio de outsourcing. Éstas surgieron como una dudosa alternativa al incremento en las obligaciones que el fisco local y federal, le impuso a las empresas en el país. El gran negocio de esos despachos de abogados y contadores, se centró en la elusión de las obligaciones mediante el aprovechamiento de la falta de regulaciones específicas en las normas fiscales aplicables.

¿De qué hablamos? De que, en un primer momento, los prestadores del servicio de outsourcing, innovaron esquemas laborales en los que ellos creaban empresas que sólo existían en la ficción jurídica, pero que no contaban ni con capital ni presencia física. Al ofrecer el servicio del manejo de nómina a los patrones, hacían que éstos obligaran a sus trabajadores a aceptar la terminación de la respectiva relación laboral con la empresa real, e iniciar una nueva con la empresa ficticia. Una vez ahí, dichas empresas controladas por los despachos de outsourcing, sólo reportaban tanto a Hacienda, como al Infonavit, IMSS y demás, que los trabajadores ganaban el salario mínimo. Y así, “legalmente”, tanto la consultoría como el patrón, ganaban.

¿Por qué? Porque, físicamente, los trabajadores continuaban laborando en el mismo centro de trabajo y en las mismas condiciones que antes; sin embargo, el patrón no sólo había transferido el manejo de su nómina a un tercero, sino que también le había transmitido las obligaciones laborales correspondientes. Al hacer el “manejo de nómina”, la consultoría hacía disminuir drásticamente los impuestos, y en la medida que lograba reducir esos pagos ellos lograban incrementar sus ganancias. Y, en esto, los grandes perdedores eran tanto los trabajadores como el Estado.

Los trabajadores perdían, porque aún cuando en apariencia siguieran percibiendo su mismo salario, éste ahora se desglosaba de modo distinto. Sólo el mínimo le era reportado a las instancias tributarias; y éste era nivelado a través de ayudas y compensaciones que, para efectos legales, no constituyen salario. Este era un agravio múltiple. Ante el IMSS, Infonavit y demás, su derecho a jubilación, pago por incapacidades y acceso a créditos inmobiliarios, se veía reducido drásticamente.

Y, en caso de conflicto, la posibilidad de obtener una indemnización justa se hacía prácticamente imposible. Esto porque la empresa que aparecía como patrón, carecía de capital para hacer exigible el pago mediante un aseguramiento; y porque independientemente de cuál fuese el salario, finalmente un trabajador en litigio sólo podía obtener compensaciones equivalentes al salario mínimo que legalmente era reportado como su ingreso formal.

“INNOVAR” ESQUEMAS

Paulatinamente, el Estado comenzó a colocar candados a ese tipo de esquemas. Llegó el momento en el que, descubiertas esas primeras operaciones, los artífices del outsourcing optaron por las sociedades cooperativas. Esto es, que al tomar el manejo de las relaciones laborales de una empresa, constituían sociedades de ese tipo en la que convertían a los empleados en socios de la misma. Al cambiar la naturaleza jurídica de los trabajadores, cambiaban también las obligaciones que tiene la empresa hacia ellos.

Para efecto de las leyes laborales y mercantiles, un trabajador tiene derecho a un salario, a prestaciones de seguridad social, y a recurrir a los recursos que la ley les otorga para la defensa de sus derechos; en el caso de los socios de una cooperativa, éstos no son considerados por la ley como trabajadores; por tanto, la sociedad no tiene el deber ni de otorgarles prestaciones de tipo social como servicio médico, a créditos de vivienda o a jubilación; y tampoco les reconoce personalidad para entablar controversia ante los tribunales laborales. Esto se basa en que una sociedad cooperativa es de naturaleza mercantil, no relativa al derecho del trabajo.

De este modo fue como, creando sociedades cooperativas, falseando el reporte de datos a la autoridad tributaria, buscando las lagunas, y explotando los límites permisibles de la norma, como los prestadores del servicio de outsourcing han podido continuar con esas actividades.

Se han aprovechado de la casi permanente inmovilidad legislativa, que no es eficaz en la colocación de candados a través de reformas; se han aprovechado también de los millonarios montos de dinero que perciben por esas actividades, el cual les ha permitido envolver en aros de corrupción a muchos funcionarios. Y se han aprovechado, sobre todo, de que, a pesar de que las leyes laborales en México son proteccionistas en relación a los trabajadores, normas como la Ley Federal del Trabajo fueron confeccionadas cuando esquemas como el que ahora nos ocupa ni siquiera estaba en la previsión —o en la imaginación— de los legisladores, los patrones y los contadores arteros.

El gobierno federal hoy está, presuntamente, “echando el guante” a grupos como el de Casto López. Lo hace por las millonarias sumas de dinero que dejan de percibir por concepto de impuestos, cuotas de seguridad social y demás. No lo hacen por el daño permanente que el outsourcing provoca a los trabajadores en sus derechos laborales; y tampoco se han encargado de tomar medidas más drásticas, en relación a las reformas legales que le urgen a las normas fiscales, y que por la ineptitud y tortuguismo de los legisladores, desde hace años no se pueden lograr integralmente.

ES PREGUNTA

¿Alguien recuerda que hace unos meses, el director Técnico del Puebla, José Luis Sánchez Solá, dijo a la prensa que “un señor chaparrito y morenito” le había ofrecido una suma millonaria si llegaban a la final en el torneo pasado, y aseguró que él era el verdadero dueño del equipo? ¿De quién hablaba?

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Encuestas: ¿a favor del priismo o de Coalición opositora?

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+ Milenio: juega a estar con todos… y estar también con nadie

Han pasado exactamente diez días desde que Milenio Televisión presentó el resultado de unas encuestas levantadas en Oaxaca, para medir la aceptación popular y las posibilidades de triunfo de los partidos políticos y sus candidatos a Gobernador. Es curioso que luego de tantos días, ese siga siendo un tema polémico y recurrente. La controversia no sólo persiste por los resultados, sino por esa aparente aura de misterio —y de intereses políticos— que parece envolver a ese estudio demoscópico, al grupo editorial que lo presentó, y a las fuerzas políticas que se disputan la gubernatura del Estado.

¿Qué dijo en aquel momento Milenio, en voz del periodista Ciro Gómez Leyva? Que, de acuerdo con encuestas realizadas por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, propiedad de Liébano Sáenz y Federico Berrueto, el candidato de la Coalición por la Transformación de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña aventajaba con 44.3 puntos, al candidato Gabino Cué, de la coalición PAN-PT-PRD-Convergencia, que había resultado con el 39.8 por ciento de las preferencias. Este resultado, controversial en sí mismo, encendió los ánimos de todos los involucrados. Y al parecer, en medio de las acusaciones cruzadas, aquella empresa editorial logró no revelar de cuerpo entero cualquier interés extraperiodístico que pudiera tener en medio de todo esto.

Las acusaciones, sin equivocarnos, fueron homogéneas y cruzadas. Lo que en realidad dejó ver la revelación de dichos resultados, fue que los respectivos candidatos de las coaliciones PRI-PVEM y de la conformada por el PAN, PRD, PT y Convergencia, se encuentran en un empate técnico.

Esto dejó incómodos a todos. Apenas unas semanas antes, en el Revolucionario Institucional trataban desesperadamente de hacer permear la percepción de que su candidato se encontraba, incluso, 15 puntos por encima de su más cercano competidor. Y entre las fuerzas de oposición, se habían presentado estudios demoscópicos en los que su abanderado aventajaba a sus adversarios por unos 9 puntos porcentuales. De ahí —y de las propias circunstancias de la encuesta, sus realizadores y sus presentadores—, se desprendió buena parte de la polémica que aún continúa.

El primer cuestionamiento emergió de los antecedentes mismos de los encuestadores. Como bien se sabe, Liébano Sáenz fue el secretario particular del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, durante los seis años que duró su mandato constitucional. La empresa actual de dicho ex Funcionario fue duramente descalificada por otra encuestadora, María de las Heras, quien decidió suspender toda participar de cualquier publicación en el Grupo Multimedios (propietaria de Milenio) por considerar que los métodos estadísticos de aquellos no son adecuados, pero también por sentirse víctima de un posible desplazamiento profesional por parte de dicha empresa.

Así, los principales antecedentes políticos de los encuestadores, se convirtieron en el primer cuestionamiento importante a los resultados de sus mediciones. En las últimas semanas, han abundado los señalamientos no sólo por parte de los actores políticos de Oaxaca, sino de todas las entidades en las que han realizado sus muestreos. Veamos, en particular, el asunto de nuestra entidad que nos ocupa.

TODOS SE QUEJAN

Casi desde el primer momento, los dirigentes de la Coalición por la Paz y el Progreso de Oaxaca, que encabeza Gabino Cué Monteagudo, cuestionaron duramente el resultado de la encuesta, asegurando que ellos contaban con estudios realizados en un universo más amplio de personas, y avalados por empresas que cuentan con el mismo prestigio y seriedad que la de Sáenz y Berrueto.

Luego, ante los resultados, acusaron discretamente —y aún hoy lo hacen sin ningún rubor en las pláticas de sobremesa y sus análisis internos— una posible complicidad, o acuerdo comercial, entre la televisora y grupo editorial, el gobierno de Oaxaca y el Partido Revolucionario Institucional. En sus versiones, suponen que Ciro Gómez Leyva, y el Grupo Milenio, responden a intereses perversos del priismo, que los llevaron a torcer sus propios resultados y poner en juego su legitimidad y credibilidad, a cambio de “inflar” a un candidato (Pérez Magaña) que se encuentra varios puntos debajo de su Abanderado. Un ejemplo perfecto de un “sospechosismo” desbocado.

El problema es que al interior del Revolucionario Institucional, opinan más o menos lo mismo pero al revés. El primer elemento que éstos aportan para descalificar la encuesta y asegurar que ésta no refleja la amplia ventaja que tiene el priismo sobre la oposición, tiene que ver con el pasado zedillista de Sáenz, y la relación que éste debe guardar con el ex gobernador y ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano y, por consiguiente, con el candidato a gobernador por la Coalición opositora, Gabino Cué Monteagudo, que fue colaborador cercano de Carrasco cuando todos ellos eran funcionarios del gobierno federal, hace más o menos una década.

También aseguran que, más bien, Milenio trató de disimular la depresión real que sufre la coalición opositora y su candidato, y por ello contrastan las aseveraciones hechas hace apenas 50 días (2 de marzo de 2010) por el propio Gómez Leyva en su columna cuando, citando a Gabino Cué, aseguró que éste llevaba siete puntos de ventaja de ventaja sobre el PRI. La caída de la coalición opositora, dicen, está siendo atemperada por encuestas que disimulan su estrepitosa caída y la presentan apenas como un empate.

Lo cierto, en todo esto, es que Milenio parece estar jugando a un juego del que son expertos en Televisa: apostar ciertos intereses en su manejo informativo, pero dejar al aire las suficientes incógnitas como para que nadie sepa exactamente en qué bando está jugando o si, en realidad, no defiende otro interés más que el periodístico. En el fondo, el error más grave se encuentra en creer que lo que dice una sola encuesta, es la verdad absoluta.

CAMBIOS

Ayer, el secretario de Administración del Gobierno del Estado, Francisco Márquez Méndez tomó protesta a Jorge Baigts Ortega, como nuevo subsecretario de Normatividad y Desarrollo Administrativo en esa dependencia, en sustitución de José Villalobos Gallegos. Esto es, dicen, parte de la preparación para el cierre de la actual gestión, que aún tiene retos importantes que deberán resolverse a la brevedad.

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El PAN-gobierno federal perdió comicios desde octubre pasado

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+ “Transición democrática”, contradicción errática y visible

Podríamos no exagerar ante la afirmación de que el Partido Acción Nacional, el gobierno federal y todas las fuerzas de oposición, perdieron toda oportunidad de competir electoralmente en Oaxaca, desde octubre del año pasado. Si el objetivo —entonces y ahora— era el de descarrilar al priismo, arrebatarle el Gobierno del Estado, y emprender el proceso de “transición a la democracia”, las fuerzas opositoras fallaron a la vista de todos. La explicación a esto, no se encuentra en la vocación democrática ni en la conformación de alianzas, sino en la forma en cómo se repartieron los recursos públicos.

Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron los comicios federales en los que se renovó la Cámara de Diputados, se preveía que de ese resultado dependerían las estrategias electorales posteriores del panismo y el gobierno federal. Los resultados electorales arrojaron una aplastante derrota al partido del presidente Felipe Calderón, una disminución en el respaldo popular al perredismo, y un ascenso exponencial en la preferencia por el priismo. Dicho partido estuvo a punto de obtener la mayoría simple (250+1) en la Cámara baja. Y con ello, el priismo prácticamente tomó el control del Poder Legislativo federal.

Ese fue el contexto en el que el Jefe Político del PRI en Oaxaca exigió a sus nuevos diputados federales (y a los de otras entidades federativas, a los que desde aquí impulsó económica y políticamente) a buscar un presupuesto nunca antes alcanzado. En la negociación del incremento de impuestos entablada con el gobierno federal, algunas corrientes priistas (como la del Estado de México y Oaxaca) obtuvieron una propuesta inmejorable: apoyar el alza al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto sobre la Renta y demás, a cambio de obtener los recursos extraordinarios que tanto buscaban.

Estos pactos estuvieron a punto de provocar un cisma en el PRI. Esto, porque no todos los grupos del tricolor fueron invitados a esa “fiesta”, y otros porque se habían comprometido con sus electores a no elevar impuestos. Al final se impuso el acuerdo cupular y la mayoría priista (conformada mayoritariamente por las fracciones mexiquense y oaxaqueña, que controlan a más diputados que las de sus representaciones formales) impulsó dicho acuerdo. Oaxaca obtuvo una cifra nunca antes vista, que casi alcanzó los 48 mil millones de pesos en gasto público para 2010.

En un primer momento esto reveló, en toda su magnitud, cómo en un país como México puede haber un pueblo pobre con un gobierno —en sus diversas esferas administrativas— rico. Esta aseveración no constituye exageración alguna: en los momentos mismos en los que ocurría una crisis económica descomunal, en la que el gobierno federal acusaba un faltante de casi 400 mil millones de pesos en sus arcas, los poderes Ejecutivo y Legislativo pactaron como remedio, un incremento de impuestos a cargo de los contribuyentes, con el que no sólo financiaron dicho faltante, sino que además obtuvieron recursos extraordinarios para el gasto público (que repartieron entre todos los que apoyaron las disposiciones fiscales alcistas), y eliminaron el imperativo real de aplicar planes severos de austeridad para enfrentar la crisis. Así, en aquel episodio todos quedaron contentos por haber logrado su objetivo. Aunque en el caso de Oaxaca, también determinaron en rumbo que tomaría el proceso electoral que ahora está en desarrollo.

IMPULSO ELECTORAL

El hoy candidato a la gubernatura por la Coalición por la Transformación de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, elevó su presencia y ascendencia política en el Estado, a partir de la coordinación de la diputación federal oaxaqueña, y los logros obtenidos alrededor del presupuesto. Si la historia de los recursos extraordinarios obtenidos hubiera sido distinta —para mal—, éste habría enfrentado diversas contrariedades que le fueron allanadas por aquel episodio en el Congreso, y que finalmente le permitieron legitimarse como Abanderado priista en el Estado.

¿De qué hablamos? De que hasta antes de tomar posesión como diputado federal, hace menos de un año, las perspectivas de que Eviel Pérez Magaña se convirtiera en candidato a la gubernatura eran prácticamente nulas. La razón era simple: en la tradición sucesoria del tricolor él era el menos aventajado, y el que menos experiencia abrevaba en el trabajo territorial con las bases priistas. Su primer recorrido por el Estado, tuvo como leitmotiv el agradecimiento a la militancia por los triunfos del tricolor; y el segundo, fue para informar sobre los logros económicos obtenidos por la diputación federal de la entidad.

Sin embargo, esa es apenas una de las aristas de lo que, desde 2009, determinó el aventajamiento priista que hoy escandaliza y preocupa a los opositores. Más que la bandera política por los resultados, o la legitimación que obtuvo el entonces diputado Pérez Magaña en la carrera interna de su partido por la candidatura a gobernador, la ventaja real del priismo ocurrió cuando éste mismo se reveló con las alforjas llenas de dinero para enfrentar un proceso electoral sin precedentes.

Tal parece que a nadie le escandaliza esto último por las razones que deberían. Al panismo y al gobierno federal —que se juegan en Oaxaca la primera gran batalla previa al 2012— les provoca preocupación, porque ni utilizando las mismas estrategias que los tricolores, ellos con su candidato, pueden alcanzar a sus principales adversarios. Al perredismo le incomoda porque con alianzas como aquí existente, sacrificaron definitivamente el capital que le quedaba como fuerza de izquierda congruente y legitimada.

COMICIOS, DETERMINADOS

Pero a nadie le preocupa que, con descaro, todos estén ocupando —o por lo menos alardeen con ello— el dinero público para las campañas electorales. Si esto fuera cierto —y no parece una posibilidad descabellada—, el oficialismo tendría todos los elementos para hacer funcionar una máquina que funciona con dinero, y que entrega votos independientemente de quién sea el candidato o la popularidad que tenga éste. El gobierno federal, y el PAN indirectamente, fueron corresponsables de esto. Por ello, no parece lejana la posibilidad de que estos comicios estuviesen determinados desde octubre pasado, cuando se aprobó el Presupuesto del presente año. Y todavía se hacen los sorprendidos.

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