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Renaut: Fracaso al otro lado de la línea

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Uno de los principales resolutivos del Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Justicia y la Seguridad, celebrado en agosto de 2008, fue el de la creación de un registro nacional de líneas de telefonía móvil. La razón, era que la mayoría de los ilícitos que se cometían a través de las telecomunicaciones, se realizaban a través de llamadas provenientes de teléfonos celulares. Todos, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión, estuvieron de acuerdo en establecer ese registro, ponerle plazos fatales y establecer sanciones ejemplares a quien no cumpliera con la ley.

Han pasado 20 meses desde entonces, y estamos en el umbral del fin del plazo dado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, para que las más de 80 millones de líneas de telefonía móvil que existen en el país, completaran su registro. Hasta ayer viernes, y de acuerdo con datos oficiales del propio Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), no habían sido más de 54.7 millones de números los que habían sido incorporados al padrón. Así, alrededor de un 34 por ciento del total de usuarios en el país (algo así como 25 millones de líneas celulares activas) se quedarían irremediablemente sin el servicio, a partir de las cero horas de mañana domingo.

¿Por qué tanto problema, por algo aparentemente tan sencillo? Primero, porque el plazo fatal dado por el gobierno federal y la Ley, para el registro de las líneas, dejaría sin servicio a más de 25 millones de usuarios, que una vez cumplido el plazo no tendrían ni comunicación ni tampoco la posibilidad de recuperar su número o de registrar extemporáneamente su línea. Es decir, que un número no registrado hasta hoy habría de desaparecer definitivamente.

Pero hay más. Ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la Comisión Federal de Telecomunicaciones, expidieron en tiempo y forma, ni han explicado con claridad, quién, cómo y bajo qué condiciones se resguardarán las bases de datos de lo hasta ahora recopilado por el Renaut.

Desde el pasado 16 de marzo, en su columna Plaza Pública de Reforma, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa alertaba sobre la ausencia de un reglamento específico para el almacenamiento, conservación y protección de los datos del Renaut. Y, también, se hacía partícipe de la desconfianza ciudadana que prevalecía sobre dicho registro. Apuntaba que “Si no hay reglamento, no puede haber confianza. El Grupo Reforma realizó el 11 de marzo una encuesta nacional telefónica entre quienes no han registrado su celular, y encontró que el mayor porcentaje de quienes están en ese caso ha sido movido por la desconfianza. Yo no fui interrogado pero figuraría en esa porción de los usuarios morosos y desconfiados. Me preocupa que el mal uso, doloso o culposo, de esa información sirva al propósito contrario al que llevó a establecer el registro, y que delincuentes tengan a su alcance el más completo directorio de usuarios a los cuales agredir.”

Incluso, basado en datos fidedigno, el columnista Granados Chapa fue más allá al señalar que “el Grupo Reforma no sólo realizó la encuesta. Hizo comprar cinco celulares en el DF y Guadalajara. Supongo que de modo inocente y no sarcásticamente, los adquirió a nombre de Genaro García Luna, el secretario federal de Seguridad Pública. Sin cumplir los requisitos establecidos por la ley los aparatos fueron registrados a pesar que no los compró la persona cuyo nombre fue citado. De no ser porque se les desactivó una vez concluido el experimento periodístico, esos aparatos hubieran podido servir para llamadas de cualquier índole atribuibles a García Luna. Lo mismo pude ocurrir con aparatos robados no reportados inmediatamente.”

Esta es, sin duda, apenas una parte del potencial fracaso que podría ocurrir en el Renaut si no se buscan mecanismos sólidos para complementar la confiabilidad de los datos hasta ahora establecidos, y la certeza que debería existir sobre los mismos. La otra parte del problema, ocurre frente a las disposiciones legales. La SCT ha reiterado que cancelará todas las líneas que a partir de mañana no cuenten con registro. Las compañías telefónicas han comenzado el desafío legal, esgrimiendo razones y argumentos nada despreciables. Y al final, nadie sabe bien a bien qué ocurrirá con el combate a los ilícitos que se cometen a través de las líneas telefónicas, que es el origen de todo este asunto que tiene entrampado a un sector importante de la economía nacional.

TELEFONÍA MÓVIL,

SIN CONFIABILIDAD

Desde que apareció el servicio de prepago en la telefonía móvil, y se redujeron los precios del mismo para hacerlo más accesible al gran público consumidor, en México se volvió extremadamente fácil tener una línea de telefonía móvil y usarla libremente para cualquier fin, lícito o no.

Hasta antes del establecimiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, adquirir una línea tenía un costo no mayor a 120 pesos; la compañía operadora de la misma, no tenía el requerimiento de solicitar al cliente algún dato de identificación. Algunas empresas, como Telcel, sí llevaban a cabo ciertos registros, pero eran únicamente para sus archivos internos, y sin tener la posibilidad de verificar que los datos que proporcionaba el usuario de la línea fueran fidedignos. Así, en este contexto, fue como proliferó una galopante industria ilícita de la extorsión telefónica.

Hoy, no es exagerado afirmar que en la gran mayoría de las familias mexicanas que habitan en zonas semirurales y urbanas, ha habido por lo menos un caso de extorsión telefónica en tentativa o consumada. La gran mayoría de estos ilícitos, según tiene detectado la autoridad, se cometen desde las prisiones y utilizando teléfonos celulares que eran introducidos ilegalmente. Era imposible dar con los usuarios reales de las líneas, porque no existía un registro confiable de en manos de quién se encontraban las mismas. Y por esa razón, aún con la actuación de la autoridad, los delincuentes tenían carta libre para continuar utilizándolas sin ninguna cortapisa.

Por esa razón, este fue uno de los acuerdos a los que se llegó en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que se firmó en agosto de 2008, ante la conmoción nacional por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, y las evidencias notables de que en ese hecho habrían participado elementos policiacos federales y de la capital del país. La disposición, en un primer momento, dejó satisfechos a todos los participantes del acuerdo, que consideraron que esa sería una salida viable al problema de la mala utilización de las líneas de telefonía celular.

REGISTRO

CUESTIONADO

Una vez puesto en marcha, y hasta hace unas semanas, no eran ni 40 millones de líneas las que se habían inscrito en el Renaut. Una fuerte campaña de promoción del registro, y de alerta a los usuarios, fue lo que llevó a éstos a elevar el nivel de registro, hasta los casi 55 millones que había hasta este fin de semana. Hubo quien no registró su línea por desconfianza o por otras razones, que pronto veremos que se esgrimen ante las autoridades, si las compañías telefónicas cumplen con su decisión de no cancelar el servicio a sus clientes incumplidos con esta obligación legal.

Ayer viernes, a través de un comunicado, Telefónica Movistar anunció que “no cancelará las líneas de sus clientes que no se hayan dado de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) dentro del plazo legal establecido y que vence mañana (hoy) sábado.

Telefónica argumentó que pese a que se trata de un mandato de ley, “las telecomunicaciones son un servicio de interés público protegido por la Constitución que no puede ser negado a la población, y que por ello, “Movistar no perjudicará a la clientela que no registró su celular. Una cantidad significativa de personas de menores ingresos no se registró porque no cuenta con la CURP (Clave Única de Registro de Población) y en algunos casos no tiene siquiera acta de nacimiento. En otros casos, el grado de ignorancia digital que desafortunadamente existe le impide a algunos usar el método de registro a través de mensajes cortos”, sostuvo.

EL ATRASO, EN TODO

El Renaut, así, está topándose con una dura pared que podría llevarlo al fracaso. Si, como dice Granados Chapa, es posible que cualquier persona registre una línea a nombre de otra, y que esta pueda ser la referencia de la autoridad para perseguir delitos, el registro será un fiasco; si, como lo dice Telefónica, ellos mantendrán su servicio a quienes no cumplan, porque éste tiene limitaciones como el de la heterogeneidad de la CURP, entonces la exigibilidad del registro estará en entredicho, y con ello, también la finalidad misma de la disposición.

¿Cómo enmendar estos escollos? La autoridad tiene que plantear soluciones de mediano y largo plazo que hagan exigible la identidad real de todo aquel que tiene un teléfono celular, y que hagan confiable todo lo relativo a la seguridad de los datos proporcionados. El problema de las excesivas libertades que se han prohijado en el sector, no será remediado en un solo año ni con una sola medida legal. Independientemente de cuál sea el desenlace de esta historia, que parece condenada al fracaso, se debe pensar en qué sigue. Sin eso, toda esta discusión no será más que una mentira.

Derechos humanos: a pesar de todo, más vigentes que nunca

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+ Reformas constitucionales: por una salvaguarda más efectiva

A pesar de que en los cursos clásicos del derecho constitucional básico, se menciona siempre que la parte del Texto Constitucional en el que se establece el capítulo de las garantías individuales tiene el nombre de “dogmática”, lo cierto es que aquel es un conjunto de derechos que se encuentran en constante dinamismo, y que, a pesar de las resistencias de la práctica del poder, tienen un desarrollo ascendente. Prueba de ello son las recientes modificaciones a la Constitución federal, que están en proceso de ser aprobadas y adquirir el carácter de norma vigente.

¿De qué hablamos? De que, apenas el pasado jueves, el Senado de la República aprobó con 96 votos a favor las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, para elevar a rango constitucional la defensa, protección y promoción de los derechos humanos así como su salvaguarda, incluso en una declaratoria de estado de excepción. De hecho, el dictamen aprobado modifica el nombre del capítulo primero de la Constitución Política, el cual se denominará “Los derechos humanos y sus garantías”, con lo que, por primera vez en la historia constitucional del país habrá un reconocimiento expreso de lo que conocemos por garantías individuales, pero que más bien tienen el nombre contemporáneo de “derechos humanos”.

Esta reforma habrá de ser trascendental. Aunque nuestra Constitución mexicana fue una de las que marcó la pauta a nivel mundial en la práctica del constitucionalismo, al contemplar de manera específica los derechos sociales (o de “segunda generación”, como los refieren en el mundo académico), hoy nuestra Carta Fundamental presenta diversos rezagos que necesariamente deben ser modificados para prever mejores mecanismos ante posibles casos en los que los derechos fundamentales pudieran estar en riesgo.

Uno de ellos, que es el que esencialmente el que se protege con esta reforma, tiene que ver con la posibilidad de que el Presidente de la República, en uso de sus facultades, declare un estado de excepción. ¿Qué es eso? El artículo 29 constitucional actual, da la pauta. De acuerdo con el numeral, son “los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Dicho Estado de Excepción, sólo puede ser declarado por el Ejecutivo Federal para “suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”, estableciendo como única limitación, que dicha suspensión sea por un periodo corto de tiempo.

Sin embargo, tal y como se encuentra en su redacción actual, las garantías que pueden ser suspendidas pueden ser las mínimas, pero también todas; esto, porque la decisión y el alcance de ésta queda al arbitrio y a la discrecionalidad del Jefe de la Nación, pudiendo con ello ocasionar perjuicios a la población, si dichas facultades se exceden o suspenden también garantías que se encuentran protegidas por el marco jurídico internacional sobre derechos humanos, al que se ha adherido nuestro país en las décadas recientes.

LA REFORMA,

¿Y QUÉ SIGUE?

De acuerdo con información del periódico La Crónica, difundida ayer viernes, “las reformas establecen un paquete de garantías que no podrán ser suspendidas aún ante una declaratoria de estado de excepción: el derecho a la no discriminación, el respeto a la vida, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, al nombre, a la protección de la familia, la nacionalidad, los derechos e los niños, los derechos políticos, la prohibición de la esclavitud, las libertades de conciencia y de religión. Tampoco podrán ser suspendidas garantías como la protección a la persona, la libertad de pensamiento, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición a la desaparición forzada de personas y la prohibición a la tortura.”

¿Eso qué significa? Que sólo podrán establecerse ciertas limitaciones que no implicará la suspensión de las garantías que son inherentes al ser humano, a la libertad y a la dignidad humana. Por eso, se establecen limitaciones a la personalidad jurídica, a la integridad, a la libertad de pensamiento, al principio de legalidad y debido proceso, y la prohibición expresa de toda forma de discriminación, desaparición forzada, esclavitud y tortura.

Este es, sin duda, un triunfo de los derechos humanos y de la legislación internacional sobre la materia. Aunque el Senado de la República inició este proceso como parte de la Reforma Política que actualmente se impulsa en el país, lo cierto es que estas reformas son parte de una presión internacional para que México continúe adecuando sus normas internas a la legislación internacional, que otorga mayores beneficios y protección a los derechos humanos.

Esto es más que evidente. Diversos tratados, acuerdos y pactos internacionales establecen, por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte; en el Pacto de San José, México se adhirió a esa disposición, y también se comprometió a eliminar de su Constitución dicha penalidad y a no volverla a estipular nunca. Algo similar ocurre con las reformas al sistema penal y al de justicia para adolescentes. Éstos tampoco podrán tener regresiones, sino adecuaciones para su perfeccionamiento.

Así, estas reformas potenciales a la Constitución son parte de ese mismo proceso. Las libertades y garantías que estarán garantizadas aún ante un posible estado de excepción, están ya protegidas por normas internacionales que tienen aplicación y fuerza en nuestro país. Por eso, para estar en concordancia, la Constitución federal paulatinamente ha comenzado a hacer registro de dichos avances, y ha cumplido con sus acuerdos al hacerlos parte del derecho interno.

DERECHOS HUMANOS

Así, ¿Cómo negar la importancia actual de los derechos humanos? Esto no es parte de un dogma sino de una realidad que es plenamente visible y perceptible, y que debe de continuar en una evolución que, como tal, debe ser ascendente. Se debe buscar una salvaguarda cada vez más efectiva a los derechos fundamentales. Y, aunque eso parezca un idealismo, todo debe comenzar por la ley.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Señalamientos sobre Elección de Estado: todos tienen razón

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+ Oaxaca seguirá siendo el referente nacional sobre comicios

Conforme pase el tiempo, arreciarán los señalamientos de que en Oaxaca ocurrirá lo que denominan como “una elección de Estado”. ¿Qué significa eso? Y, sobre todo, ¿por qué unos y otros lo aseguran? La respuesta a esas dos preguntas, necesariamente debe llevarnos a comprender por qué nuestra entidad es y seguirá siendo un referente obligado sobre los procesos electorales en el país. Lo que aquí ocurrirá, en ningún sentido tiene algo para presumir.

¿Qué es una elección de Estado? En la construcción de un concepto más o menos teórico, tendremos que entender que ello ocurre cuando, en un territorio, el conjunto del gobierno y el partido de Estado, ponen a funcionar los mecanismos aparentemente democráticos para legitimarse durante un periodo más en el poder. Una elección de Estado implicaría la ausencia total de competencia, y la simulación en el cumplimiento de los principios democráticos más básicos, para la consecución de los objetivos.

Así, podemos ver, de entrada, que ni en Oaxaca ni en el país, ocurren hoy elecciones de Estado, porque no existen gobiernos homogéneos, porque las fuerzas de oposición no son decorativas, porque no existen partidos de Estado, ni las competencias democráticas no son simuladas. Deberíamos, por tanto, ubicar con mayor exactitud qué es lo que ocurrirá en un territorio tan emblemático como Oaxaca en relación al proceso electoral que se desarrolla.

Históricamente, el Revolucionario Institucional no fue un partido de Estado, sino que más bien, el PRI fue el ente emblemático del régimen de partido hegemónico, que prevaleció en el país desde los años 30 hasta casi finalizar la década de los 90s, en el siglo pasado. Al acentuarse la competencia electoral y los triunfos por parte de fuerzas de oposición, el sistema político comenzó a pluralizarse; y eso fue lo que, en el ámbito federal, permitió la alternancia de partidos en el poder a partir del año 2000.

Tal parece que Oaxaca no pasó por dicho proceso. Aquí, hasta ahora y desde que el priismo —o sus antecesores— obtuvieron el poder por primera vez, no ha habido un gobernante de filiación partidista distinta, como tampoco mayorías legislativas. Lo más que llegó a haber, en algún momento, fueron los triunfos opositores en algunos de los gobiernos municipales más importantes del Estado. Pero nada más. ¿Qué significa todo esto?

Que, en el ámbito estatal, el priismo tiene un control casi total de las definiciones partidistas y de los procesos políticos. Esto es lo que casi siempre podemos ver: aquí, hasta ahora, existe un gobernante políticamente fuerte, que además cuenta con el respaldo incondicional —o la sumisión— de los poderes Legislativo y Judicial, y que controla estructuras electorales importantes a las que puede manejar a través de los recursos del Estado que, por la vía que sea, canaliza para esa causa.

Este nivel de control, por lo tanto, le permite influir de modo decisivo en las definiciones políticas tanto de su gobierno, como de los demás poderes y, sobre todo, de su partido. Así, más allá de los nombres, el gobernante local tiene la posibilidad holgada de ser el fiel de la balanza, el gran elector y el árbitro último, asimismo reprendedor que benefactor, de todos aquellos que comulguen o no con sus intereses, con su proyecto, y con su causa política.

DESEQUILIBRIOS

COMPARTIDOS

Sin embargo, aún con esto estamos lejos de poder llegar a una situación de un partido o de una elección de Estado. ¿Por qué? Porque, nos guste o no, en el ámbito federal ocurre algo parecido. Veamos.

Al menos ahora, fue desde las más altas esferas del gobierno federal que se construyó la alianza de partidos de oposición, en la que participan lo mismo fuerzas de derecha, de izquierda, y de falsa izquierda. La importancia que reviste esta alianza poco o nada tiene que ver con la unión formal de las fuerzas políticas. Éstas, en el ámbito nacional son irrelevantes para unos comicios locales, y en el ámbito local, esas fuerzas partidistas son meramente representativas.

Por ello, su importancia electoral radica en otros puntos no menos importantes. ¿Cuáles? Todo se basará en que unos pondrán amplios presupuestos de dinero obtenido de las arcas federales, o derivados del producto de las compras que hace a particulares el gobierno de la República; y que otros, con menos dinero pero con más conocimiento de la operación electoral, habrán de venir a hacer el trabajo de estructuras electorales, compra de voto y demás, que las fuerzas partidistas formales que integran la alianza, no saben, no pueden o no quieren hacer.

Esto, a la luz de los hechos, equipara a las dos fuerzas que habrán de enfrentarse. Si se niega la intervención de uno de los dos ámbitos de gobierno en el proceso electoral, necesariamente tendrá también que negarse la presencia del otro. Esto mismo, en sentido contrario, significa que si un gobierno estará presente e interviniendo activamente en el proceso y las definiciones políticas, también estará el otro tratando de hacer la contraparte. Y, en ese escenario, habrá de ganar no quien tenga la mejor oferta democrática o de gobierno, sino quien haga la mejor uso de los recursos a su alcance, y de la operación de ingeniería electoral que será el factor definitivo.

Así, es imposible hablar de una elección de Estado; o más bien, podría decirse que esta será “una elección de Estados”. O de gobiernos. En la que se enfrentarán no dos fuerzas partidistas únicamente, sino dos entes superiores que tratarán de hacer, aquí, el primer ensayo de lo que buscarán en los comicios federales de 2012.

El PRI, por razones “morales”, y por su propia supervivencia, está obligado a no perder Oaxaca. El PAN, hoy aliado con el PRD, vienen a luchar electoralmente bajo la lógica de que juntos superan numéricamente con amplitud a los tricolores. Y como en los comicios federales el enemigo a vencer será el PRI, para ellos éste será el preámbulo de sus retos futuros.

ENCUESTAS

Las encuestas no son un método fiable para prever resultados electorales. ¿No sabían de antemano en el PRI que habían postulado a un candidato que tiene otras cualidades, pero no la de haber sido el mejor posicionado electoralmente? Lo acepten o no, respecto a los números tienen ante sí un problema mayor que en muy poco tiempo tendrán que revertir. Aguas.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Transporte: excesos no se resuelven con endurecer las penas

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+ Ante incrementos, nadie ha cumplido con acciones pactadas

En México, es una práctica común que, ante la alta incidencia en la comisión de algún delito o práctica indebida, se anuncie el “incremento de las sanciones penales” como medida de disuasión. Este remedio siempre funciona, porque de ese modo la autoridad apacigua a los ciudadanos inconformes. Pero al final, este tipo de acciones siempre van encaminadas al fracaso. Eso es exactamente lo que habrá de ocurrir en el anárquico e impune sector del transporte público en Oaxaca.

Veamos el asunto con detalle. ¿Qué hace el conductor de una unidad del transporte urbano, cada que daña otro vehículo, un inmueble, o cuando atropella y mata a una persona? Decide abandonar el autobús y huir del lugar. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que se convierte en un prófugo del que, en la mayoría de las ocasiones, la autoridad desconoce hasta su identidad. Cuando algo así ocurre, los asesores jurídicos de las líneas camioneras acuden casi de inmediato ante el Agente del Ministerio Público que conoce del hecho, únicamente para rescatar la unidad —que se encuentra retenida sólo como objeto afecto—; y de ahí en adelante todos los involucrados se olvidan de lo que debería ser lo más importante: la víctima.

¿Qué pretendemos decir con esto? Que mientras en el Poder Legislativo y la autoridad del Gobierno del Estado, se considere que con el solo endurecimiento de sanciones administrativas y penales este problema se resolverá, seguirán estando en la equivocación y en la ignominia. Ese tipo de medidas, que indirectamente ya existen en la actualidad, han demostrado no tener efecto alguno en el ánimo, la honestidad y la prudencia de operarios y concesionarios del transporte público.

Veamos si no. De acuerdo con el Código Penal vigente se establece un tratamiento y penalidades especiales para quien cometa homicidio culposo siendo operado de unidades del transporte público de pasajeros o escolar. En realidad, no son las penalidades sustantivas las que se ven incrementadas, sino más bien, lo que se establece son medidas para evitar que el responsable de un homicidio de estas características obtenga su libertad a través del pago de una caución. En otro numeral de dicho Código, también se establece que el bien lícito con el que se comete el delito, sea o no propiedad del sujeto activo del delito, quedará afecto para garantizar la reparación del daño ocasionado.

¿Esto ha servido? De nada en realidad. Y hay una razón lógica para asegurarlo: el conductor de una unidad del transporte público, en su andar cotidiano, nunca va pensando o considera que la norma penal establece duras sanciones en su contra si atropella y mata a un peatón. Más bien, su pensamiento se encuentra centrado en otros problemas que no son ese. Y sólo toma en cuenta este último punto en el indeseable caso de encontrarse en el supuesto previsto en la ley. Antes no. Por lo que no lo considera como un límite o una amenaza.

¿Y por qué huye del lugar del accidente? Primera, porque todo conductor de un autobús de pasajeros sabe que de ser aprehendido no podrá recobrar su libertad; que la empresa para la que trabaja sólo responderá por la unidad, pero no por él —y ni siquiera le brindará la ayuda básica, como el sostenimiento de un salario fijo del que no goza, o asesoría jurídica—; y porque ante una autoridad permisiva, es mucho más fácil evadir la ley y adherirse a la impunidad —que casi siempre le gana a la justicia—, que enfrentar las consecuencias de su imprudencia al conducir.

¿Y LAS VÍCTIMAS?

Por esa razón, si de verdad desean responder con soluciones de fondo a este problema, tanto los diputados del Congreso del Estado, como los representantes del Gobierno del Estado y los mismos concesionarios del transporte público, deberían ir más allá. El solo hecho de incrementar las penalidades para el transporte incumplido o riesgoso para la sociedad, resolvería lo mismo que cuando, en el ámbito del derecho penal, se decidió incrementar las penas a los violadores, a los pederastas o a los distribuidores de pornografía infantil para tratar de disminuir la incidencia de esos delitos. No se resolvió nada.

¿Cuál es la solución? Primero, que todos los involucrados cumplan al pie de la letra tanto las leyes como los acuerdos que se han tomado. En diciembre de 2008, cuando el Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Transporte, determinó autorizar un incremento a la tarifa, los transportistas se comprometieron a tener, como una de sus más altas prioridades, la de la capacitación a sus conductores para brindar una mejor atención a los pasajeros y para tener más pericia en la realización de su labor, la contratación de seguros para las unidades y para los usuarios, y la renovación de sus unidades. Quizá ha ocurrido esto último parcialmente. Pero los muertos, heridos y daños ocasionados por los autobuses urbanos de pasajeros, siguen siendo los mismos, y continúan estando en el mismo marco de impunidad que antes.

Poco o nada es lo que unos y otros han pensado respecto de las víctimas del transporte público. Con nada se restituye un daño o lesión permanente; nada paga la vida de una persona que muere bajo las ruedas de un autobús de ese tipo. Y mientras, todos ven por sus propios intereses.

Ayer mismo, en una nota publicada por el periódico Noticias, el empresario Erasmo Medina Ángeles ¡acusaba al Gobierno del Estado de ser quien ha incumplido los acuerdos pactados! Decía que ellos sí cumplieron al renovar las unidades y pasar las revisiones correspondientes (lo cual contradice a José Luis Bustamante, quien hace una semana dijo a TIEMPO que sólo 6 de las casi mil unidades han acudido a las verificaciones), pero que desde 2008 el sector oficial no les ha autorizado los incrementos anuales de 50 centavos al precio del pasaje, como lo habían pactado.

DESFACHATEZ

Ante esto, tenemos que preguntarnos si también la impunidad y la anarquía eran parte del trato. El gobierno estatal jamás informó públicamente que, como lo dijo Medina, habían pactado incrementar el costo del pasaje en 50 centavos cada año, a partir de 2009. Y si ellos no cumplieron, los concesionarios tampoco. ¿Eso lo van a remediar con leyes? Por favor. Necesitan voluntad, arrestos y autoridad. Pero, está visto, nada de eso tienen.

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Transporte público: ¿Quién gana y quién pierde de verdad?

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+ Cotran: ¿Cuándo dejará de ser cómplice de concesionarios?

El pasado fin de semana ocurrió el cuarto incremento a los combustibles, en lo que va del presente año. Ante esta alza, nuevamente los concesionarios del transporte público —autobuses del servicio urbano y taxis— exigieron al Gobierno del Estado un incremento en la tarifa autorizada. Aducen pérdidas por el alto costo de los insumos, e incluso pretenden asustar con el fantasma de la quiebra en el sector. ¿Quiénes son los que verdaderamente está pagando este aparente golpe al transporte público?

El asunto, aunque parece irrelevante, no es menor. Porque por un lado, el transporte público concesionado tiene un margen muy amplio de actuación, que bien puede resumirse en dos palabras: anarquía e impunidad. La primera porque tal parece que no existe autoridad ni ley que sea capaz de meterlos en cintura y verdaderamente regularlos; y la segunda, porque nadie parece tener la fuerza suficiente como para hacerlos pagar por sus excesos, y por los daños irreparables que ocasionan al usuario y al público en general.

En el otro extremo, los dueños del transporte público se han vuelto expertos en la exposición de argumentos martirizantes, y en el uso de un doble discurso que engaña sólo a los ingenuos. En los últimos días, ha sido recurrente escuchar de viva voz de los concesionarios, que les resulta urgente un incremento a la tarifa del transporte ante el alza en el costo del combustible e insumos, pues de lo contrario están condenados al estancamiento, a la posible quiebra, y a la pérdida de fuentes de empleo. Además, aseguran que ellos también contribuyen al desarrollo de Oaxaca. ¿A poco?

Estos argumentos son ridículos. En realidad, no son los dueños del transporte público quienes han asumido los costos de estos incrementos. ¿Entonces? Han sido, indirectamente, los choferes-cobradores de las unidades. Y, en última instancia, los usuarios. La respuesta de todo esto se encuentra en el esquema de trabajo y entrega de cuentas que los concesionarios han impuesto “tradicionalmente” a sus trabajadores. Veamos a qué nos referimos.

En el común de los concesionarios, éstos imponen una cuota diaria a los conductores de las unidades, e independientemente de lo que ocurra, aquellos tienen que entregar el monto de dinero pactado. Es también costumbre, que al finalizar la jornada, sea el operador de la unidad quien, como parte de la cuenta diaria, entregue la unidad con la carga completa de combustible. Y que sea éste quien cubra, en porcentajes variables, los insumos, servicios o reparaciones que requiera el autobús. Todo esto, ocurre bajo la lógica de que tanto se beneficia el conductor como el concesionario.

Si esto es así, ¿entonces quién cubre, por ejemplo, los incrementos al combustible? Los cubre el conductor, que diariamente debe entregar su cuenta y obtener, además de su ganancia, el dinero suficiente para llenar el tanque de la unidad. El concesionario no pierde. Y él tampoco. Pero debe trabajar más, conducir a mayor velocidad y tratar de subir al mayor pasaje posible para cubrir todas sus necesidades.

¿No es, entonces, el usuario el que financia en todo momento el encarecimiento de los insumos relativos al transporte público? ¿Y no es también el usuario quien resiente el incremento de los incidentes de tránsito, atropellamientos y muerte que provocan los conductores de los autobuses urbanos al tratar de incrementar sus ingresos a partir de la velocidad y la imprudencia?

Los concesionarios no pierden. Pero cómo se lamentan y exigen incrementos a la tarifa —como si de sus bolsillos saliera el dinero para costear el encarecimiento del combustible—, cada que el oportunismo les permite presionar al Gobierno del Estado que, además, nada hace para regularlos.

LOS DESENTENDIDOS

Algo similar ocurre con el servicio citadino de taxis, que incrementa sus tarifas ante la displicencia de la Cotran, que ni los regula, ni los sanciona por exceder los cobros establecidos, ni les autoriza un incremento a los mismos. Es decir, que “entiende” a los taxistas por el incremento de los combustibles y les permite cobrar más de lo debido por sus servicios, pero que también tolera que a ellos mismos los hagan quedar como peleles.

Pareciera que no, pero el servicio de taxis de la capital oaxaqueña, es uno de los más caros del país. En muchas ocasiones, los oaxaqueños no consideramos la magnitud de la voracidad de los ruleteros, porque éstos resultan ser habilidosos en el cobro de tarifas diferenciadas a quienes tienen facha de locales, y a quienes ellos observan como posibles turistas.

Un ejemplo perfecto de esos abusos, se puede corroborar cuando se solicita un servicio de taxi desde el aeropuerto y se pide el traslado a cualquier punto de la ciudad. Por el solo hecho de provenir de la terminal aérea, el costo del viaje se incrementa hasta en más de un cien por ciento. Ese sitio se encuentra a no más de diez kilómetros de la capital oaxaqueña, pero resulta ser uno de los puntos en los que el servicio de alquiler para pasajeros tiene un costo desproporcionadamente alto.

En esto, ¿qué hace la Cotran? Del mismo modo, los ruleteros se dicen víctimas de los incrementos en los insumos, de las autoridades viales que los extorsionan, y de la instancia encargada del transporte “que no les cumple”. Nunca aceptan, porque no les conviene, que ellos son parte del problema, y que aún con esos supuestos abusos, es mucho más lo que la autoridad les permite hacer, que lo que los condiciona.

Finalmente, unos y otros, concesionarios del transporte urbano y de taxis, son parte de una larga tradición de impunidad y anarquía, en la que cada que pueden obtienen provechos a través de la lamentación como discurso, la connivencia y complicidades con la autoridad, y los abusos que cometen en contra de la ciudadanía. Pero ahora, y ante cada aumento, no se cansarán de exigir mejoras a sus tarifas. Y la autoridad, tampoco se cansará de hacerse la desentendida.

ENREDADOS

Por momentos parece hasta ociosa la supuesta “rebatinga” por las postulaciones a diputaciones locales y presidencias municipales. Lamentablemente —por la democracia, que aquí no existe— en el PRI todo está repartido y “cantado”. Y lo demás, es faramalla. No necesariamente serán candidatos los mejores cuadros ni los mejor posicionados. El ejemplo implacable, está puesto desde febrero pasado.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Iglesia: del antisemitismo a la molestia, por acusaciones

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+ La pederastia debe castigarse; el encubrimiento, también

El Viernes Santo, en la Catedral de San Pedro, en El Vaticano, El predicador Raniero Cantalamessa comparó los ataques a la Iglesia Católica, y al papa Benedicto XVI, con el antisemitismo que se practicó en la Alemania nazi, previo a la Segunda Guerra Mundial. En la habitual rueda de prensa dominical, el arzobispo José Luis Chávez Botello calificó como una “campaña orquestada en contra de la Iglesia” las acusaciones de pederastia que se han ventilado públicamente en contra de clérigos católicos, y que indirectamente han alcanzado al Sumo Pontífice. Todo esto es consecuencia de una manipulación artera de quienes se dicen víctimas.

En efecto, de entrada el calificativo de “manipulación artera” podría parecer excesivo. Sin embargo, esto es apenas lo que se alcanza a equiparar con los intentos de la cúpula católica, en sus jerarquías altas y bajas, por esconder la realidad y tergiversar hechos, señalamientos y responsabilidades. Nada es más alejado de la realidad, que considerar que los señalamientos por pederastia se asemejan con el antisemitismo; o que todo se debe a una campaña de desprestigio. Es necesario poner cada uno de los conceptos en su dimensión real.

México es uno de los países en los que más se han señalado casos impunes de pederastia. Resulta revelador, y hasta paradigmático, el conjunto de acusaciones en contra del sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Desde 1997, algunos medios informativos de la capital del país —la revista Proceso, el periódico La Jornada y la Televisora hoy desaparecida CNI Canal 40— dieron cuenta a la opinión pública, de diversas acusaciones hechas desde Estados Unidos y México en contra del Clérigo.

La respuesta a esos reportajes, fue una brutal represión, y los no menos graves actos tendientes a lograr la censura de esa información. ¿Por parte de quién? De un poderoso grupo de empresarios fuertemente ligados a la organización religiosa que encabezaba el padre Maciel, que emprendieron una campaña de ahorcamiento financiero particularmente en contra de la empresa televisiva entonces propiedad de Javier Moreno Valle.

En diversos momentos, el periodista Ciro Gómez Leyva ha relatado cómo primero recibieron amenazas de boicot financiero si Canal 40 continuaba transmitiendo la información que involucraba al líder de Los Legionarios de Cristo, y luego cómo vieron cancelados sus contratos publicitarios más importantes, como consecuencia de la difusión de las acusaciones de pederastia.

Finalmente, el tiempo dio la razón a quienes desde entonces sostuvieron los señalamientos. En 2006, el jefe de la Iglesia Católica, Joseph Ratzinger, determinó el retiro de la vida pública del padre Maciel. Y aún cuando éste falleció en 2008, hace apenas unas semanas la organización Legionarios de Cristo se vio obligada a reconocer tanto a los hijos procreados por su Fundador y líder espiritual, como los casos de presuntos abusos sexuales en los que se le involucró y responsabilizó.

Sin embargo, aunque este podría ser el caso de mayor trascendencia —por el calado del padre Maciel tanto en el catolicismo, como la innegable influencia social, económica y política de la organización que fundó y encabezó—, hoy la Iglesia Católica se ve copada por las docenas de acusaciones sobre la comisión de delitos sexuales, que han surgido en diversos países de Europa. Sólo en Alemania, los señalamientos hoy rebasan el medio centenar. Y, en todo esto, se acusa también que Ratzinger tuvo conocimiento oportuno de los hechos, pero que se negó a indagar. Por lo que también le acusan corresponsabilidad en la comisión de esos delitos.

¿ANTISEMITISMO?

Sin embargo, esas acusaciones bajo ninguna lógica se pueden considerar como una práctica discriminadora, fomentadora de odio, o incluso como una campaña de desprestigio en contra de institución alguna. Lo que se conoce como antisemitismo, es la inducción al prejuicio y la hostilidad que se fomentó en contra de los judíos. Esos prejuicios no sólo tenían que ver con su procedencia geográfica, sino que más bien era un conjunto de factores que incluía las aversiones por motivos religiosos, políticos, raciales, culturales y étnicos. Esa fue la base de la brutal persecución y aniquilamiento de que fueron objeto previo y durante la Segunda Guerra Mundial.

Evidentemente, en las acusaciones actuales en contra de algunos integrantes de la Iglesia Católica —incluyendo al Papa— no existe rasgo alguno de antisemitismo. De hecho, las acusaciones nada tienen que ver con las características personales, religiosas, morales o políticas de los mismos integrantes. En todo caso, el pederasta pudo haber sido el más modesto de los clérigos católicos, que el jefe de una poderosa organización religiosa —que también involucra intereses económicos o políticos de primer orden—, y la acusación sería exactamente la misma.

El problema, en sí, radica en cómo la Iglesia Católica se ha visto orillada a aceptar los errores y los delitos cometidos por algunos de sus integrantes. Por las reacciones personales e institucionales de los integrantes del apostolado católico, tal pareciera que para ellos el mejor escenario habría sido el del ocultamiento de las acusaciones y la simulación de que nada grave ocurre. Sólo han aceptado las cosas, cuando esto resulta ser algo francamente irremediable. Y esa, sin duda, sí es una actitud reprochable no sólo al catolicismo, sino a cualquier organización que pretende encubrir a sus integrantes en la comisión de ilícitos.

Señalar a las personas, no necesariamente equivale a descalificar a las instituciones. Es imposible descalificar, como organización, a Los Legionarios de Cristo, cuando ellos, en sus formas, han contribuido de modo importante a la transformación social de diversas naciones. Lo mismo ocurre con el catolicismo. Pero es inaceptable tratar de manipular ventajosamente los hechos. La presunta comisión de delitos sexuales, al ventilarse públicamente, nada tiene que ver con una persecución o campaña de odio en contra del catolicismo. Decir eso, es negar las responsabilidades.

MUY SUFRIDOS

Ahora aguanten a los camioneros: ante el incremento de los combustibles, de nuevo se erigen en mártires de la economía, y exigen aumento a la tarifa del pasaje. ¿Por qué no imploran con la misma vehemencia cuando sus unidades provocan daños, heridos y muertos? La desfachatez, en su máxima expresión.

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Desarrollo político en entidades federativas: va para atrás

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+ Rezago democrático tiene su origen en composición federal

Antes del año 2000, muchos tenían la percepción de que con el fin de los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional y la consolidación de la alternancia partidista en el poder federal, ocurriría casi en automático la transición a la democracia y la transformación de las estructuras del Estado. No fue así. Y lo que, más bien, parece haber ocurrido, es una regresión que se puede apreciar en toda su magnitud en la forma en cómo se ejerce el poder en las entidades federativas.

Hoy, no es extraño que a los Gobernadores de los estados se les llame —no se sabe si peyorativamente o en tono de alabanza— “virreyes”, “señores feudales” o “encomenderos”. Estas denominaciones tienen fuertes cargas históricas, pero también amplias explicaciones en el presente. En la última década, el país entero se ha negado a generar los contrapesos necesarios para hacer más equilibrado el poder. Y la figura de los gobernantes estatales, es la mejor prueba de cómo la posibilidad de transición a la democracia se quedó en una ilusión inalcanzable.

¿Por qué? Porque si bien en el ámbito federal el otrora omnímodo poder presidencial se decantó para dar peso a los órganos legislativo y judicial, ahí mismo no ocurrió la transformación democratizadora de las estructuras del Estado; y todos se olvidaron de que ese ejercicio avasallador del poder también se repetía en las entidades federativas. El resultado de todo esto, es que hoy se encuentran pospuestas indefinidamente las grandes reformas que necesita el país, y que los mandatarios estatales ejercen una influencia, poder y control sobre sus territorios, que no corresponde a las características de la democracia plena que aparentamos ser.

Así, esta se aparece como una desgracia doble. En el ámbito federal, la idea de que la alternancia de partidos llevaría a la transición democrática y al ejercicio de un mejor gobierno, simplemente fracasó. Diez años después de haber conseguido esa aparente primer gran victoria democrática, podemos darnos cuenta que de todos modos la sola alternancia no sirvió para mucho.

La prueba de todo eso, se encuentra en el hecho de que los gobiernos del Partido Acción Nacional no han sido mejores que los del PRI; que éste, a su vez, ha fracasado en su misión de ser una oposición firme y responsable, que lleve a los hechos aquel discurso de que lo que verdaderamente importa es el país; que la visión de los partidos de izquierda se encuentra extraviada por completo; y que, en general, la nación no ha encontrado ese estadío de bienestar, concordia y acuerdo, enmarcado por la democracia, que tanto se anhelaba.

El problema no es menor. En el más alto nivel —Presidente de la República, Congreso y Poder Judicial— siguen pendientes los cambios más sustanciales para darles viabilidad hacia el futuro. Así, sin transformaciones democráticas, la única diferencia en el ejercicio del poder antes y después del año 2000, es la del color del partido que lo detenta.

Nadie, ni en el oficialismo ni en la oposición, tuvo la visión de emprender esa misión democratizadora que, luego, tendría que haberse trasladado a las entidades federativas. Nada de eso ocurrió. La transición democrática se quedó en un impasible “para luego”. Y las reproducciones del poder presidencial en las entidades federativas se dejó en completa libertad. Por eso, no deberíamos sorprenderlos que hoy los gobernadores hagan con sus territorios, prácticamente cualquier cosa que se les venga en gana.

CONSECUENCIAS FUNESTAS

¿Cuál es el resultado de todo esto? Que hoy los gobiernos de las entidades federativas sean los “virreinatos” que tanto se señalan. Y este es un rasgo sintomático que se revela en toda su magnitud ante las definiciones políticas que ocurren en cada una de ellas. ¿No ha sido una práctica recurrente en los últimos años la de los gobernadores por imponer, a costa de todo, a la persona que lo sucederá en el cargo?

El problema no es sólo del ejercicio del poder o de la ética o la moral democrática. En realidad, eso parece ser lo de menos. La cuestión real se encuentra en la ausencia total de mecanismos de control —formales y fácticos— que equilibren el poder de los gobernadores, dentro y fuera de sus partidos y los grupos de poder sobre los que tienen influencia.

Por lo menos en el presente año, en todas las entidades federativas donde se renovarán sus respectivos gobiernos estatales, han existido fuertes señalamientos por la intervención directa y avasalladora del gobernante por imponer a su sucesor. En los años previos fue exactamente lo mismo. Pero esto resulta ser algo natural: cualquier político medianamente inteligente y entendedor del ejercicio del poder, sabe que si nadie tiene la posibilidad de presentarle una oposición real a sus pretensiones, él puede hacer lo que más le convenga.

Eso es lo que ocurre en las entidades federativas. Es una reproducción fiel y exacta de lo que ocurría hace tiempo en el poder presidencial. Y lejos de que, en los estados, esta práctica se eliminara con la alternancia de partidos en el poder federal, sus efectos se acentuaron. Esto, debido a que antes el Presidente de la República —jefe de Estado, jefe del Gobierno y jefe del Partido predominante— era el dique y el “filtro” de los gobernadores. Esa muralla del ejercicio del poder desapareció. Y como no hubo sustitución, los mandatarios estatales —que antes estaban subordinados al Presidente—, ahora sí pudieron ejercer su poder a plenitud, aunque después con desproporciones.

DOBLEMENTE MAL

Uno de los problemas, en todo esto, es la calidad de gobernantes que esos Mandatarios omnipotentes, están heredando a los territorios que gobiernan, y que a partir de terceros pretenden seguir controlando. Hoy, los “figurines” de poca capacidad de gobierno, se reproducen aceleradamente. Y la otra cuestión no menos grave, es que quienes hoy prometen “cambio” y un mejor gobierno, llegarán a sentarse exactamente a la misma silla que hoy ocupan quienes ellos descalifican. Y una vez sentados, ejercerán el poder como sus adversarios. Para que haya democracia, deben primero ocurrir cambios de fondo. Nada se resuelve con esperanza e, incluso, con la sola alternancia.

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Oaxaca: turismo noble; ciudad, de cabeza

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

Las evocaciones al 2006 hoy no parecen más que una pesadilla que nadie desea que se repita. En aquel año, un conflicto social y político empañó por completo la tranquilidad y la vida cotidiana en la entidad. Uno de los sectores más golpeados por aquella crisis, fue el que da sustento económico y estabilidad a miles de familias: el turismo.

Sin embargo, eso es pasado. A diferencia de entonces, hoy el turismo desmemoriado parece no tomar en cuenta los antecedentes. Aunque hace apenas cuatro años la industria se encontraba en pleno estado de devastación, hoy nuevamente ocurre un periodo de florecimiento en el que lo mismo se puede apreciar una alta afluencia turística, que hoteles al límite de su capacidad, restaurantes atestados y miles de personas provenientes de otros sitios, que caminan y disfrutan una ciudad que, a cada momento, se impone a cualquier problema o inestabilidad social, por su belleza, colorido y la capacidad de sorpresa que genera recurrentemente a propios y extraños.

Esta era la postal que se podía apreciar el Jueves Santo —anteayer— por la tarde, en el Centro Histórico de la capital: una Plaza de la Constitución atestada de turistas y paseantes, bares y restaurantes casi al límite de su capacidad, vendedores ambulantes por doquier, y diversas arterias viales del primer cuadro de la ciudad prácticamente obstruidas por completo, por peatones que se dirigían a visitar los templos de la zona, los parques o los comercios circunvecinos.

Todo esto ocurre a pesar de que las obras viales, que se realizan desde hace más de un año en el primer cuadro de la capital oaxaqueña, se continúan ejecutando con aparente normalidad; ocurre también, a pesar de que por momentos, la ciudad parece un embudo interminable, en el que el caos vial es una constante que cada vez el desorden se reproduce con mayor intensidad y frecuencia.

Así, Oaxaca era, como en los últimos meses, un territorio plagado de bellezas, dudas y contradicciones, en el que la interrogante común es si la autoridad puede, tal como no parece, hacer frente a los problemas cada vez mayores que enfrenta nuestra capital.

Esto parece ya haberse convertido en la suma de varios males. Hasta hace unos días, la capital oaxaqueña parecía estar invadida por un torbellino de basura, contaminación vial, visual y auditiva, y por un caos recurrente de congestionamientos vehiculares, protestas, y propaganda que había sido colocada sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad municipal. Si antes el lío común de los oaxaqueños era porque nuestras calles del primer cuadro de la ciudad eran demasiado angostas —lo cual parece imposible de remediar—, ahora el problema es que varias de esas calles están cerradas. Y esos cortes a la circulación provocan un problema que ya ha resultado harto difícil resolver.

CRECIMIENTO,

A PESAR DE TODO

El encargado del despacho de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, Oscar López Palacios informó a diversos medios locales sobre los resultados obtenidos en beneficio de la industria turística de Oaxaca y de la población en general. Dijo, de acuerdo con lo publicado por la prensa oaxaqueña, que a pesar de que algunos años fueron difíciles para la entidad y para la actividad turística nacional, por cuestiones como las crisis financiera y sanitaria, el aumento en afluencia de visitantes fue constante y significativo, pasando de  dos millones 892 mil 991 de visitantes en 2004 a 4 millones 494 mil 271 visitantes en el 2009, lo que representa un 55 por ciento de aumento, superando así cualquier pronóstico.  Asimismo la derrama económica creció  de 5 mil  451 millones 696 mil 013 pesos en 2004 a 7 mil 432 millones  622 mil 647 pesos  en el 2009, lo que representa un 36 por ciento de incremento.

Estas cifras revelan no sólo la importancia del turismo para la economía de Oaxaca, sino el hecho mismo de que nuestro Estado tiene una fortaleza turística incomparable, incluso a pesar de él mismo. ¿Por qué decir eso? Porque Oaxaca está lejos de ser una ciudad tranquila y apacible para los que aquí vivimos. Independientemente de los problemas recurrentes que se dan respecto al ambulantaje, al caos vial, a las interminables obras de remodelación y acondicionamiento de calles, a las inconformidades sociales que se manifiestan recurrentemente, y a los niveles de inseguridad que se niegan a ceder, nuestro estado continúa siendo un imán imparable para el turismo nacional e internacional.

¿CIUDAD APACIBLE?

Pongamos un ejemplo de por qué Oaxaca es todo menos una ciudad tranquila: Hasta hace unos años, la decisión de cualquier grupo social o político de bloquear un crucero o glorieta importante de la capital oaxaqueña, constituía toda una osadía y desafío a la autoridad, y al mismo tiempo parecía ser sinónimo de que la demanda tenía importancia trascendental para el futuro de la entidad.

Hoy, a diferencia del pasado, prácticamente todos los días existe un corte a la circulación a alguna vialidad importante. El famoso y codiciado “Crucero de la VolksWagen” hoy es un escenario recurrente de protestas y cortes a la circulación. Los oaxaqueños hemos comenzado a asimilar la cotidianeidad de los bloqueos, y hemos también aprendido a encontrar las vías alternas sin perder la calma. La nuestra, bien podría denominarse “Ciudad Bloqueo”.

Pero hoy no sólo es eso. Las interminables obras viales que se ejecutan en diversos puntos del Centro Histórico, desde hace varios meses vinieron a llenar de caos al primer cuadro de la capital. Bien pareciera que no. Pero la anarquía que se vive en el Centro Histórico desalienta a la población a acudir a ese sitio a hacer compras, arreglar asuntos o simplemente a buscar un momento de esparcimiento. Así, esta situación no parece ser agradable al turismo; aunque, según los resultados, tampoco ha resultado ser un obstáculo importante. Si bien la nuestra no es una ciudad complicada para quien no la conoce, hoy la situación en la que se encuentra la hace compleja hasta para los que vivimos aquí. Es cuestión sólo de hacer la prueba: llegar a un sitio, encontrar un cajón de estacionamiento o poder caminar con tranquilidad, son misiones cada vez más complejas para propios y extraños.

OAXACA: EL

TURISMO ES NOBLE

Seguramente, el gobierno de Oaxaca, y el federal, tratarán de adjudicarse este incremento al turismo. Es cierto que una parte tiene que ver con la promoción que ellos realizan de los destinos nacionales en México y el extranjero. Sin embargo, en el caso de Oaxaca —sus playas, ecoturismo, el llamado turismo cultural y hasta el denominado “de mochila”— todo tiene un origen en la singularidad de nuestro propio entorno.

Si un episodio como el del conflicto magisterial de 2006 hubiese ocurrido en cualquier otra entidad, el estado de devastación económica habría prolongado sus efectos por varios años. En Oaxaca no fue así, debido a que la propia entidad tiene una amplísima variedad de oferta turística que lo mismo atrae a los más jóvenes que a los de mayores recursos económicos. En este aspecto, nuestro estado parece tener un valor agregado fundamental que radica en sí mismo, y que se encuentra más allá de momentos, de conflictos, de obras urbanas y de administraciones gubernamentales.

En Oaxaca, más del setenta por ciento de la economía gira alrededor del turismo. Esta actividad, por tanto, ha sido para los habitantes del Estado una auténtica gallina de los huevos de oro que, a pesar de todo, continúa produciendo y entregando resultados nobles a todos los que, de uno u otro modo, dependemos directa o indirectamente de la captación de divisas por concepto de actividades de recreación.

Sin embargo, todos los que vivimos en Oaxaca deberíamos considerar que no porque esta es una actividad lucrativa que se sustenta en sí misma, debemos dejar de lado los deberes propios de todo buen anfitrión. Otra sería la cara de la ciudad, si no existiera tanta inestabilidad y tanta propensión a cuestiones como la contaminación, el desorden o el ambulantaje. Del mismo modo, otro sería el resultado —es decir, mucho mayor— si hubiera mayores avances en temas como el de las obras viales y el control de la seguridad que, nos guste o no, no ha dejado de ser un tema recurrentemente pendiente para las autoridades que prometen resultados, pero que no pueden lograr que las cifras frías revelen mejorías.

Es cierto que todo esto da para mucho. Pero es también irrefutable que no se ha hecho lo suficiente, que puede hacerse más; y que todo parte de un asunto de voluntad, en el que tiene que participar conjuntamente el gobierno y la sociedad. Para no matar, en el mediano plazo, a esa gallina de los huevos de oro, que es la actividad turística.

Censor, sin duda es el peor, peor, peor trabajo del mundo

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+ Censura: antes y ahora la prensa se atiene a serios límites

No debería sorprendernos que hoy los medios de información, en cualquier rincón de nuestro país, sigan sometidos a diversos tipos de censura. Aunque en teoría parecerían haber quedado atrás aquellos tiempos en los que desde el sector oficial se imponían severos cánones sobre lo que se podía, y lo que no, publicar, hoy nos encontramos con nuevas formas de presión hacia los medios de información, respecto a su labor. Nadie que conoce bien las entrañas de la prensa, podría dar como válida que hoy, a diferencia del pasado, este oficio se ejerce con plena libertad.

No es difícil suponer que la censura como la conocemos actualmente, se generó desde el momento mismo en que se inventó la imprenta, e incluso que ésta existe desde antes. Históricamente, la censura se estableció como un medio de control a la actividad periodística y a la creación artística.

Incluso en México, existen numerosas historias de cómo, en el siglo XIX, existían representantes del gobierno en los talleres en los que se elaboraban e imprimían los periódicos, para revisar, previo a su publicación, cuál era el contenido del mismo y vetar lo que resultara inconveniente a los intereses del gobernante en turno. También existen historias, no menos numerosas, de cómo ante cualquier sublevación o intento de motín en contra del gobierno, o cuando se quería dar un golpe de timón, una de las primeras acciones que se tomaba era la de ir a clausurar los diarios y confiscar las máquinas con las que se imprimían los diarios.

A raíz de esa práctica, fundada esencialmente en la censura, fue que el Constituyente de 1917 estableció las bases sobre la libre expresión y publicación de ideas. En estas garantías fundamentales se establece la libertad de todas las personas a pensar y expresar sus opiniones sin más cortapisas que el orden y la paz pública, y la salvaguarda de los derechos de terceros.

Asimismo, impuso la prohibición al Estado del ejercicio de la censura previa, el secuestro de cualquier maquinaria relacionada con la prensa por considerarla como el objeto de la comisión de algún delito, así como el encarcelamiento de los operarios, papeleros y los empleados de dichos establecimientos. Es decir, que fueron candados a las viejas prácticas de censura institucionalizada, que ocurrían hasta entonces.

Sin embargo, esto no terminó, ni mucho menos, con la censura. Aunque la libertad de pensar y escribir opiniones libremente, fue entonces coartada fundamentalmente por dos vías: la cooptación o la violencia. Oficialmente la censura estaba desterrada. Sin embargo, en la historia contemporánea del país existen incuantificables casos de agresiones contra periodistas como consecuencia de su trabajo e investigaciones. Y son mucho mayores, las de aquellos que ante las ofertas tentadoras del Estado asumieron una posición orgánica y de dependencia, a cambio de dinero, prebendas y favores conducidos desde el poder.

Por lo menos en el último siglo, contando entre ese tiempo el presente, la censura se ejerce a través del “no te pago para que pegues”, que hizo célebre el presidente José López Portillo. ¿Qué significa? Que los gobiernos controlan a la prensa a través de la compra de publicidad. Si la crítica es desfavorable al poder, entonces dejan de comprar. Y como, en su mayoría, los medios tienen una capacidad económica limitada, la falta de ingresos por concepto de la publicidad oficial se convierte en una merma insalvable.

El problema, en todo esto, es que no es el gobierno o el gobernante quien “paga”, porque éstos cubren las pautas publicitarias a los medios nada menos que con dinero público. Es decir, con recursos económicos del pueblo. Por lo que son ellos los que administran, pero no los que pagan.

Sin embargo, esta es una práctica aceptada por todos los involucrados. Pocos parecen haber reparado en que el presupuesto público destinado a la compra de espacios publicitarios debería tener una regulación estricta, y no seguir siendo todo lo censora y discrecional que es ahora. Nadie toca el tema, porque parece que a nadie le conviene cambiar el estado de cosas.

EL PEOR OFICIO

En su libro “Contra la censura”, John Maxwell Coetzee (Premio Nobel de Literatura 2003), hace una relatoría puntual en la que establece que el oficio de censor, bien puede ser el más indeseable del mundo. Señala que desde siempre existieron censores que revisaban el arte, la literatura, y después el periodismo. Pero que, en realidad, siempre existió una disyuntiva enorme entre quienes realizaban el trabajo de la censura, pues el censor resultaba ser alguien que contribuía en nada a la sociedad.

Tendríamos que preguntarnos cuál es la base de dicho razonamiento. Y parece ser la siguiente: la censura podría ejercerse inteligentemente por los hombres más cultos y entendedores de la actividad que buscarían controlar. Sin embargo, es parte de la naturaleza de todo hombre inteligente negarse a cualquier forma de censura, y menos cuando ésta tuviera que ser ejercida y aplicada por ellos mismos. Es decir, que un hombre inteligente jamás sería un censor de la actividad que él mismo realiza, por la sencilla razón de que ese tipo de personas eligen qué leer y qué discernir, sin permitir que algo o alguien les imponga prácticas, ideas o convicciones.

Por eso, la tarea del censor siempre se encuentra en hombres desprovistos de un criterio sólido, de convicciones y de una cultura importante. Es decir, que el que es censor se dedica a eso porque no le queda de otra, porque lee y piensa en la medida y características que otros —personas e intereses— le imponen; y porque éste mismo no tendría la posibilidad de ejercer otro oficio que fuera la contraparte de la censura. Y por esa razón, cargada de mediocridad, alguien que ejerce el oficio de censor es un ser que la sociedad no necesita, y al que tampoco extrañaría si en algún momento dejara de existir.

NUEVA CENSURA

Hoy, la censura se sigue dando desde el poder, desde los intolerantes que no comprenden que la crítica fortalece cuando lo que se critica está fundado en la razón. Pero también se sigue dando desde la violencia, y desde los efectos de las ondas criminales que azotan al país. Hay, como lo dice Ciro Gómez Leyva, un pedazo de la historia del país que hoy mismo está dejando de contarse, por las presiones de censura que resiente la prensa.

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Violencia en Oaxaca: no confundir al narco con la guerrilla

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+ Disputa criminal: no hay razón para hablar de narcoguerrilla

Aunque parecen perfectamente distinguibles los términos “narcotráfico” y “guerrilla”, en un ambiente como el oaxaqueño hay muchos que confunden los términos, las implicaciones y hasta la historia que envuelve a esos dos términos. En efecto, en estos tiempos de importantes acontecimientos políticos y electorales en la entidad, existe siempre la posibilidad de desbordamientos violentos. Por el momento particular que vive el país, tenemos que ser cuidadosos y claros, para no confundir —como en el refranero— “la gimnasia con la magnesia”.

En primer término, parece necesario delimitar los alcances de esos dos términos. El narcotráfico ha sido una de las actividades ilícitas más lucrativas e intensas en nuestro país, por lo menos en las últimas cuatro décadas. La violencia que trae aparejada esta actividad tiene que ver directamente con el control territorial de zonas estratégicas, con la lucha entre organizaciones criminales por las rutas de distribución y espacios de control, y, sobre todo, con la preservación y ensanchamiento de un negocio que, en global, cada año deja una derrama de más de diez mil millones de pesos.

La guerrilla, por su parte, tiene motivaciones totalmente distintas a las del narcotráfico. Si en la siembra, trasiego y comercialización de sustancias prohibidas, el interés de fondo es el de sostener un lucrativo negocio, en los grupos armados el interés final se encuentra en lograr cambios políticos, constitucionales y de gobierno, a través de la vía violenta, pues consideran que las vías políticas y democráticas se encuentran agotadas. Teóricamente, y como se puede ver, respecto a sus motivaciones no existen puntos de coincidencia entre una actividad y la otra.

En el terreno de lo práctico, y lo histórico, sólo existen dos aspectos que los relacionan. El primero de ellos, tiene que ver con la utilización de la violencia; y el segundo, con las referencias históricas de otros países en los que sí han existido relaciones intensas entre organizaciones de narcotraficantes y grupos armados. Sin embargo, en México las referencias actuales a la “narcoguerrilla” más bien parecen ser consecuencia de una inducción oficialista para descalificar a los grupos armados en la dinámica de la guerra contra el crimen organizado; y del desconocimiento de muchos de los que dan por válido ese engañoso término.

En efecto, en los últimos años, y particularmente en Oaxaca, se ha querido inducir a que el ciudadano común tenga la certeza de que el narcotráfico y la guerrilla son un solo ente. Para ello, han utilizado argumentos como que los grupos sociales que encabezaron el conflicto magisterial de 2006 fueron infiltrados por la guerrilla, y que ésta a su vez permitió la entrada de grupos criminales que tomaron el control de la entidad.

Estas percepciones se han tratado de reforzar haciendo referencia a Colombia. Establecen como una verdad irrefutable que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son un grupo criminal que tiene puesta una careta de guerrilla, para tener justificaciones sociales de la violencia. No se puede dar por válida o por errónea, totalmente, esta afirmación. Sin embargo, el posible resultado actual de “narcoguerrilla” colombiana no fue parte de su origen, sino un posible vicio arraigado en el devenir de las respectivas luchas del narco y de la guerrilla en contra del Estado colombiano.

¿Por qué es errónea esa referencia en el caso mexicano? Por razones tan simples como que, hasta hoy, los cárteles de la droga demuestran un poder de fuego y una capacidad numérica impresionante, y los grupos guerrilleros no. Que los primeros libran palmo a palmo una guerra contra el Estado, y los segundos se mantienen en sus pacientes tácticas de la Guerra Popular Prolongada. Y que, hasta hoy, las fuerzas del Estado no han aprehendido a un solo integrante de grupos criminales que tenga relaciones o sea parte de un grupo relacionado con la guerrilla.

DISPUTA CRIMINAL

Así, lo que ocurre en México es una feroz guerra entre el crimen organizado y el Estado; no entre cualquiera de esos entes y la guerrilla, o en la que los grupos beligerantes actúen como parte. Toda la violencia que día a día se contabiliza en las calles, es consecuencia de acciones que trastocan la seguridad pública, y los intereses del Estado y de los criminales. Por esa razón, los hechos que pudieran ocurrir en el marco del proceso electoral y los tiempos políticos que ocurren en Oaxaca deben interpretarse a través de lecturas correctas y mesuradas, y no por medio de frases o ideas malintencionadas que confunden sin reflexionar e informar.

En los tres meses del presente año, en Oaxaca han ocurrido algunos hechos violentos e intimidatorios que, algunos, han tratado de achacar a la guerrilla. Nada más equivocado que eso. Por citar dos ejemplos, los dos hechos violentos ocurridos en Tuxtepec recientemente, tienen un sello visible que, bajo ninguna circunstancia, debía ser confundido con acciones de “narcoguerrilla”. Sí pueden ser de los primeros (es decir, del crimen organizado), pero por su contexto y sus implicaciones, no de los segundos. ¿Qué buscaría la guerrilla con ese tipo de enfrentamientos estériles?

En el segundo de los casos, se trató de achacar a la guerrilla la colocación de un artefacto explosivo, que fue hecho estallar por expertos del Ejército. Ese propagandismo no corresponde ni a la más inexperta de las organizaciones armadas. Más bien, fue un mal intento por enrarecer el ambiente, y para tratar de involucrar a grupos que podrían ser vistos como un peligro para la sociedad.

¿Y LA TREGUA?

Debemos recordar que grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario, y un cúmulo de organizaciones beligerantes en México, se encuentran en una etapa de tregua unilateral en cualquier acción de hostigamiento. Están actuando, más bien, en el contexto de una lucha estrictamente política. El EPR porque de ese modo busca dar muestras de buena voluntad en el marco de las gestiones que realiza la Comisión de Mediación ante el gobierno federal. Y las demás organizaciones que también se adhirieron a la tregua, lo hicieron por solidaridad con los eperristas, y para lograr la localización de los desaparecidos. Sólo los que desconocen todo esto, sostienen dichos como el de la “narcoguerrilla”.

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