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PRI: institucionalidad y, ahora sí, la operación cicatriz

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+ Unidad: no una concesión, sino una garantía de triunfo

La tarde de ayer, el senador Adolfo Toledo Infanzón asumió la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. Se anunció también que el edil José Antonio Hernández Fraguas se integrará a la coordinación de la campaña priista en la capital oaxaqueña, e incluso se dejó ver la posibilidad de que el secretario José Antonio Estefan Garfias se sume al trabajo proselitista, una vez concluida la negociación con el Sindicato de Burócratas del Gobierno estatal. Con esto habría quedado prácticamente consolidada la suma de los factores determinantes del priismo, a la campaña del aspirante Eviel Pérez Magaña.

La llamada “operación cicatriz”, y la institucional suma de factores, era una condición indispensable, que también era previsible en el priismo. Es evidente que aún cuando el Jefe Político es uno solo, y que su decisión es el elemento determinante, la fuerza electoral real del tricolor se compone de múltiples factores a los que era necesario sumar. Pensar lo contrario, evidentemente, equivaldría a suponer que todo se reduce a estructuras de promoción del voto, y que la operación electoral efectiva no es más que una pantomima.

¿Por qué era necesario sumar a los priistas que se quedaron en el camino de la candidatura a Gobernador? Porque, por separado, cada uno de los aspirantes abreva ciertos capitales políticos que eran imposibles de menospreciar. Sin duda, con esto se consolidan las dos vertientes de aquella “institucionalidad” a la que tanto se ha apelado en el priismo, y que —desde fuera— ha sido tan poco comprendida y sí tantas veces cuestionada.

¿Por qué hablar de dos vertientes en la institucionalidad del priismo? Porque, en la primera de las vertientes, es evidente que un sector determinante del tricolor institucional se volcó hacia su virtual candidato, independientemente de quién fuera éste o las implicaciones políticas o de grupo que éste tuviera.

Todo eso quedó de manifiesto, cuando el diputado federal con licencia, Eviel Pérez Magaña fue registrado como precandidato único a la gubernatura del Estado por el tricolor, y recibió el apoyo incondicional de los sectores y organizaciones más representativos de la fuerza tricolor que, por su institucionalidad, desde el primer momento lo entendieron como su abanderado y le manifestaron su adhesión.

Sin embargo, hacía falta la manifestación de la segunda vertiente de la institucionalidad priista, que es la menos comprendida por quienes observan —observamos— desde fuera los procesos que ahí se desarrollan. Una visión aventurada consideró que las condiciones en que ocurrió el proceso interno para la designación del candidato a Gobernador, llevaría a la ruptura en las filas y la cúpula del priismo.

Más bien, en este espacio consideramos que finalmente habría de prevalecer la institucionalidad —es decir, la suma final de todos los factores a quien resultara candidato a Gobernador—, pero que ello no era óbice para que en la posibilidad del arreglo político, se utilizaran los momentos, las condiciones y los canales adecuados, que privilegiaran la concertación, por encima de cualquier otra circunstancia.

Esto finalmente parece haber ocurrido, no como una derrota y premio de consolación a quienes se quedaron en el camino de la candidatura priista a Gobernador, sino como un rasgo esencial del priismo. Al final, el arreglo político parece haberse consolidado prácticamente en los mismos términos que como lo escribimos en este espacio el lunes 9 de noviembre pasado. En aquel entonces, dijimos que al final la victoria no sería de uno solo: Los seis personajes ventilados como aspirantes a la gubernatura, trascenderán al próximo gobierno, si el PRI gana los comicios. Hoy, cinco de esos seis personajes están sumados de lleno a los trabajos del priismo.

SUMA DETERMINANTE

¿Por qué era importante sumar a todos los factores? Porque, como lo apuntamos en líneas anteriores, cada uno de los personajes priistas que manifestaron su deseo de ser Candidato a Gobernador, representa un capital que ahora es necesario incluir en el trabajo proselitista y, eventualmente, en las tareas de la próxima administración gubernamental estatal.

¿Por qué incluir, por ejemplo, al edil José Antonio Hernández Fraguas? En primer término, porque la capital oaxaqueña es uno de los territorios en los que será más compleja la labor proselitista, y porque el priismo no tiene una mejor carta para encarar tal empresa. Su presencia e interlocución, hará mucho más fluida la posibilidad de capitalizar el proselitismo y la labor política que realice el priismo en la capital del Estado.

Más allá de los desaciertos comunes de todo gobernante, es evidente que el Edil citadino ha realizado un trabajo importante en la ciudad, que bien puede diferenciarse de las aversiones que ciertos sectores de la sociedad de la capital oaxaqueña le tienen al priismo, pero que en sus orígenes mismos rebasan a cualquier cosa que hiciera, o dejara de hacer, el munícipe Hernández Fraguas.

Del mismo modo, era indispensable sumar al senador Toledo Infanzón. Pues al igual que el edil Hernández, más allá de sus éxitos y desavenencias, es evidente que él representa una de las sumatorias más importantes para el tricolor, no sólo en cuanto al voto y el apoyo popular, sino también en cuanto a la experiencia administrativa y de gobierno, que es necesaria en todo proyecto político. En esa misma lógica se inscribe la situación del secretario Estefan Garfias. Es, sin duda, uno de los priistas que abreva mayor experiencia en las tareas de gobierno, y que será un determinante factor de equilibrio en el trabajo político que aún le espera al priismo.

Así, podría suponerse que con esto queda integrado lo que hacía falta en la sumatoria del inminente Candidato a Gobernador. Finalmente, será el propio trabajo y capitales políticos que sume Eviel Pérez Magaña, los que marcarán la pauta de la campaña que se avecina. Sin embargo, en las condiciones actuales —que no podían ocurrir ni antes ni después del momento en que se dieron—el sustento priista se hace más sólido que nunca.

DISCIPLINA SINGULAR

En esa demostración de disciplina —a la que algunos, eufemísticamente, llaman “madurez política”— el priismo oaxaqueño demostró más de lo aparente: un proceso como este, que hoy consolida el tricolor, con la suma de Toledo, Estefan y Hernández Fraguas, no lo habría soportado otro partido. Ante algo así, entre los azules o amarillos sí habría habido cismas, rebeliones y hasta conflictos violentos. Esa es la pequeña gran diferencia entre unos y otros.

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Oaxaca de Juárez: la otra pugna entre fuerzas políticas

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Triunfo tricolor en capital: punto que genera más dudas

Hasta hoy, parece en realidad poco lo que se ha considerado respecto a la concurrencia de los comicios estatales de julio próximo. Junto con la competencia política por la gubernatura, se librarán también sendas batallas por las presidencias municipales y las diputaciones locales. Puede preverse que cada escenario tendrá sus propias particularidades. Y, en esto, Oaxaca de Juárez habrá de ser la pauta de esa otra guerra electoral de la que hasta hoy se ha dicho muy poco.

La capital oaxaqueña ha sido, quizá, el territorio más disputado por los partidos políticos en los procesos electorales. En un periodo de menos de 15 años, el gobierno municipal ha estado en manos de tres fuerzas políticas distintas (Partido Acción Nacional, Convergencia, y Revolucionario Institucional) que, sin embargo, han carecido de la consistencia necesaria para afianzarse como predominantes en la demarcación.

En efecto, en 1996 el candidato panista Pablo Arnaud Carreño obtuvo uno de los primeros triunfos realmente importantes para la oposición, al arrebatarle el gobierno de la ciudad al PRI, que entonces había postulado a David Palacios García. Tres años después, y gracias a una imagen favorable que había trabajado la primera administración municipal de alternancia, el panismo repitió la fórmula al postular al locutor Alberto Rodríguez González.

No obstante, hubo diferencias notables entre el gobierno de Arnaud Carreño y el del llamado “Güero” Rodríguez. Mientras el primero era un citadino de cepa que supo explotar con inteligencia su imagen de opositor que, al llegar al poder, pretendía hacer ver que se podía hacer más por la ciudad de lo que hacían los priistas, Rodríguez marcó una administración plagada por la improvisación y las frivolidades. Ello, combinado con las intrigas que se gestaron en su contra desde el gobierno estatal priista, y el pésimo manejo que el entonces Edil hizo de ellos, lo llevaron a ni siquiera concluir su trienio.

Sin embargo, en los comicios de 2001 las cosas salieron mal al PRI y al PAN. Los priistas, que habían postulado a Javier Villacaña Jiménez, consideraron que sería posible capitalizar los numerosos errores cometidos por el gobierno panista saliente, para retomar el poder luego de seis años que éste permaneció en manos de la oposición.

Los panistas impulsaron a Miguel Ángel Guerrero Gutiérrez, quien poco tenía que hacer ante el desorden que había dejado la administración municipal a la que él perteneció y que ahora pretendía encabezar. Al paso salió el ex priista, y entonces neo convergente, Gabino Cué Monteagudo, quien gracias al respaldo —y la operación electoral y económica— de un importante grupo de priistas no identificados con el entonces gobernador José Murat, venció a Villacaña de manera contundente.

A Gabino Cué, la alcaldía citadina —y un marcado discurso anti oficialista que, en realidad, poco se tradujo en hechos y formas de gobierno distintas a las que tanto criticaba— le fue suficiente para catapultarse como candidato a la gubernatura en 2004. Así lo hizo, y estuvo a muy poco de obtener el triunfo. Sin embargo, una vez derrotado, su partido no pudo conjuntar los elementos necesarios para retener el gobierno de la ciudad. Esa derrota opositora se repitió tres años después, en 2007. ¿Cuál fue el factor definitorio de esas victorias y esas derrotas?

DIVIDE Y VENCERÁS

El PRI ganó los comicios municipales de 2004, impulsando a Jesús Ángel Díaz Ortega. Dicho personaje se alzó con el triunfo, no por contar con un trabajo político sólido ni por tener una imagen política envidiable: su triunfo se logró gracias al trabajo eficiente de la estructura electoral priista, pero sobre todo por la fragmentación de la oposición. Si analizamos a detalle, esa es la causa no sólo del triunfo priista en el municipio citadino en 2004, sino también de la repetición de la victoria tres años después, cuando postularon a José Antonio Hernández Fraguas.

Quizá a algunos les escape a la memoria. Pero en 2004, el priista Díaz Ortega compitió en un escenario mucho más favorable que el habido apenas unos meses atrás en la elección de Gobernador. Cuando ocurrió ésta, todos los partidos de oposición habían participado en Coalición. Pero una vez pasado ese proceso electoral e iniciado el municipal, los partidos opositores (PAN, PRD y Convergencia) hicieron públicas sus diferencias y agravios, y todos decidieron participar por separado.

La división de fuerzas, no llevó a la oposición más que a la derrota. Díaz Ortega ganó por un margen de votación apenas superior a lo obtenido, cada uno por separado, por el convergente Alberto Esteva Salinas y por el panista Pablo Arnaud Carreño. Si las fuerzas opositoras hubieran acudido a los comicios en coalición, fácilmente habrían arrasado al priismo.

Eso mismo ocurrió tres años después. La administración municipal del priista Díaz Ortega estuvo marcada por el desaseo evidente, en temas tan importantes como el de la instalación de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad, y por una falta de compromiso del entonces edil Díaz con sus responsabilidades, que quedó manifestada en el total abandono (hasta físico) en que éste dejó a la capital oaxaqueña durante los meses que duró la fase violenta del conflicto magisterial y popular, ocurrido en 2006.

Sin embargo, en los comicios de 2007 el PRI nuevamente salió triunfador. Hernández Fraguas pudo combinar a la perfección tanto la pulcritud de su imagen como político de arraigo en la capital, como las desavenencias de la oposición. Ni el panista Guillermo Zavaleta ni el perredista Lenin López Nelio, tuvieron la capacidad de igualar al entonces convergente Humberto López Lena, que hizo una campaña basada en sus radiodifusoras.

Éste último, fue quien finalmente dio la batalla por el triunfo al priista Hernández, aunque no con el suficiente sustento como para ganarle. De nuevo, si la oposición hubiera ido junta, habría arrasado al priismo. No fue así. Pero ello tampoco significa que los tricolores tengan, para los comicios municipales de este año, el triunfo en la bolsa.

RIESGOS IMPORTANTES

Por primera vez, los comicios estatales y municipales serán concurrentes. Los dos triunfos priistas consecutivos no equivalen a que la capital está pintada de rojo. Y si los partidos de oposición van juntos de nuevo, ¿el PRI optará por jugar un auténtico “volado” postulando a personas sin trabajo político por la ciudad, sin arraigo y sin posibilidades potenciales de triunfo? Deberían pensarlo dos veces. Para no engañarse. Y para no dar las pautas de su propia derrota.

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PRI: el “antialianzas” no fue único pacto oculto

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+ Aborto: no hay convicciones, sino conveniencias

Como envueltos en una moral incuestionable, priistas y panistas se dicen engañados y defraudados respecto al acuerdo firmado en la Ciudad de México, en octubre del año pasado, en el que los primeros se comprometieron a apoyar la reforma fiscal del gobierno federal, a cambio de que los segundos no erigieran alianzas electorales en el Estado de México, y otras entidades federativas, incluyendo Oaxaca. Tomando en cuenta los antecedentes, lo que puede verse es que en más de una fuerza política no son las convicciones, sino solamente los intereses lo que determina su actuar.

En primer término, habría que tomar en cuenta la realización de otros “pactos” oscuros, de los cuales nadie sabe su contenido —aunque existen fundadas sospechas— y las fuerzas partidistas y personajes que los firmaron. El más reciente de esos acuerdos inconfesables, ocurrió hace apenas unos meses: entre los años 2008 y 2009, con el impulso y aprobación, en 18 entidades de la República, de sendas reformas constitucionales a nivel local, quedó momentáneamente cancelada toda posibilidad de que se legislara cualquier nueva forma de legalización del aborto.

Este asunto tiene aristas harto parecidas a las del llamado “acuerdo antialianzas” firmado en octubre pasado entre el PAN, el PRI y el gobierno federal. Si bien se recuerda, en abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó modificaciones legales que abrieron la posibilidad, en la capital del país, de que cualquier mujer se realizara voluntariamente la extracción del producto de un embarazo, cuando éste tuviera menos de 12 semanas de gestación.

Dicha reforma abrió un debate intenso entre diversos grupos de la sociedad, los ámbitos de gobierno, y los grupos eclesiásticos y proclericales, e incluso la controversia llegó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una Acción de Inconstitucionalidad.

Los grupos defensores de la reforma ocurrida en el Distrito Federal, ponderaban el derecho de toda mujer a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida; quienes se ubicaron en la posición contraria, aseguraban que la vida existe desde el momento de la concepción, y que nadie tiene derecho a decidir sobre un tercero. Y, en todo esto, la Corte declaró como constitucionales, en agosto de 2008, las leyes que despenalizaban el aborto en la capital del país.

¿Qué ocurrió entonces? Que, al tener agotada la posibilidad de las acciones constitucionales para invalidar normas de esa naturaleza, comenzó a darse un proceso de contrarreformas en diversas entidades de la República Mexicana. El objetivo, como es evidente, era el de cerrar la puerta a la reproducción de ese modelo de despenalización del aborto establecido en el Distrito Federal, al establecer en las Constituciones de las entidades federativas que dichas normas protegen y garantizan la vida de las personas, desde el momento de su concepción.

¿Y quiénes se aliaron para emprender ese camino de las contrarreformas? En efecto, se unieron PRI y PAN, junto con la Iglesia, para lograr que, hasta ahora, las Legislaturas locales de 18 entidades de la República —gobernadas por esas dos fuerzas políticas— establecieran ese principio constitucional, a través del cual cerraban toda posibilidad de reformas legales que favorecen el aborto voluntario.

¿QUÉ TRANSIGIERON?

Cuando comenzó el proceso de contrarreformas, el gobierno del Distrito Federal acusó, en voz de Marcelo Ebrard, de la existencia de un pacto entre el PRI y la Iglesia Católica para el impulso de reformas constitucionales locales que limitaran la despenalización del aborto en las entidades federativas. En ese mar de sospechas, continuaron las reformas que hoy se cuentan en 18 estados de la República, y los proyectos de modificación en ese sentido que se preparan cuando menos en otras cuatro entidades federativas.

Nadie sabía bien a bien cuál era el pacto. Lo que sí era evidente, es que este tema logró hacer una comunidad de intereses entre el Revolucionario Institucional, los grupos conservadores y el Partido Acción Nacional. Aquí mismo en Oaxaca, fue la diputada Perla Maricela Woolrich Fernández, de la fracción parlamentaria del blanquiazul, quien en septiembre de 2009 presentó, como suya, una propuesta de reforma a la Constitución del Estado, para garantizar, en su artículo 12, el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Esa propuesta, según pudo establecerse en consulta con varios legisladores que participaron de ese proceso, fue elaborada por los asesores del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional. Y como era previsible, en un grosero acto de mayoriteo, como los que abundan en el Poder Legislativo del Estado, el 10 de septiembre pasado la fracción completa del priismo avaló tal modificación a la Constitución del Estado. A partir de entonces, coincidentemente, se apagaron casi por completo las tradicionales críticas que se vertían desde el seno de la Grey Católica a la actividad gubernamental local.

Ningún diputado priista, ninguno, en Oaxaca y en las demás entidades donde se ha aprobado esa prohibición tácita del aborto voluntario, ha podido explicar con razones sustentables cuál es la razón de su decisión, y por qué impulsaron una reforma que atenta contra la naturaleza política y la ideología del priismo. A nadie le importó entrar en esa discusión, porque obviamente era nada rentable emprender un debate en el que de antemano sabían que no podrían salir bien librados.

Pero además había otra razón: el pacto que es evidente, pero del que nadie conoce sus detalles, que permitió que el PRI impulsara una reforma ampliamente conservadora, en las entidades que gobierna. Esa tarea los hermanó con el PAN, de quien ahora reniegan. Juntos transgredieron todos los principios morales, políticos e ideológicos por los que, ahora, unos y otros se rasgan las vestiduras.

SÓLO CONVENIENCIAS

Al inicio de la semana, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel se pronunció, personalmente, a favor del aborto, y dejó ver que las reformas impulsadas por su partido que contravienen sus ideas personales, se habían realizado en el marco del pluralismo que reina en ese partido. ¿A poco? Deberían preguntar si ha existido pluralidad y debate, a todos aquellos legisladores priistas que en las entidades federativas han manifestado su rechazo personal a las reformas anti aborto. Todos han actuado, al final, en base a consignas, intereses y pactos anteriores al “antialianzas” por el que ahora se escandalizan azules y tricolores.

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Transición a la democracia: ¿podemos esperarla?

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+ Candidatos: el que gane, habitará la misma casa

Entre los partidos de oposición, se habla con insistencia de que al ganar la gubernatura del Estado comenzará un proceso de transición a la democracia en Oaxaca. En el priismo, por su parte, se ha establecido como prioridad la de la transformación y la infraestructura. Pero en ambos frentes, hasta ahora, es prácticamente nada lo que se ha dicho respecto al andamiaje democrático de la entidad, y de las condiciones en las que, cualquiera de los candidatos, arribará al gobierno estatal. Al final, más allá de la lucha por el poder, es muy poco lo que podemos esperar, en el aspecto democrático, de los partidos y candidatos.

Las exigencias de democratización, y de reformas constitucionales y legales que permitan una vida política más democrática en Oaxaca, están lejos de ser nuevas. Sin duda, esa fue una las razones fundamentales por las que miles de personas tomaron las calles durante el movimiento magisterial y popular de 2006.

Al hacer la distinción entre los grupos que participaron de ese acontecimiento, podemos encontrar que por un lado se hallaban quienes buscaban intereses particulares (como los profesores con su incremento salarial, o las organizaciones sociales respecto a los apoyos económicos); y por el otro estaban los ciudadanos comunes que, desorganizadamente, en medio del conflicto salieron a exigir cambios sustanciales en la forma de ejercer el poder y los recursos con los que cuenta el Estado.

En aquellos momentos, si se recuerda, algunas de las organizaciones más representativas del movimiento magisterial y popular, tales como la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, se comprometieron a llevar hasta sus últimas consecuencias todas aquellas exigencias de democratización, que ellos mismos hicieron propias.

¿Cuál fue el resultado? Que, llegado el conflicto a un punto de algidez importante, el gobierno federal y el estatal, comenzaron a transigir posiciones y concesiones con esos grupos visibles (la Sección 22 y la APPO) para desarticular su participación en la crisis social. Y cuando finalmente cada uno de ellos consiguió sus objetivos particulares, decidieron concluir su participación real en el movimiento, dejando al aire todas aquellas exigencias de democratización que, genuinamente, habían planteado sectores importantes de la sociedad oaxaqueña.

¿Qué ocurrió entonces? Que el oficialismo, desde el PRI, el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo local, hicieron propias esas banderas, y simularon un proceso democratizador que, según dijeron, reformaría las más importantes estructuras políticas del Estado. El resultado de esa tarea supuestamente transformadora, hasta ahora, ha sido parcial y meramente representativo en un actuar y en unas disposiciones legales y constitucionales que han cambiado muy, pero muy poco.

Quienes exigieron la democratización estructural del Estado, a través del conflicto magisterial y popular, perdieron la oportunidad de lograrlo en 2006. Ese era el momento idóneo para aprovechar el alto grado de sensibilidad que había en las estructuras locales y nacionales del poder, y de presión que ello ejercía sobre los poderes locales, para empujar reformas importantes que cuando menos iniciaran un proceso de transición a la democracia, que no necesariamente debe comenzar por la alternancia de partidos en el poder.

Evidentemente, el gobierno estatal y el priismo, no estuvieron a favor —ni lo estarían nunca— a favor de empujar, ellos, reformas constitucionales que les limitara el poder que aún hoy ejercen. Por eso, sólo accedieron a realizar algunos cambios parciales en los mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización. Pero dejaron para después (indefinidamente) la discusión y aprobación legislativa, de las herramientas más importantes con las que se podría hablar de una verdadera democratización del Estado en Oaxaca.

LA MISMA CASA

Por ello, ni la democratización de las estructuras del poder, ni la transición a la democracia, están garantizadas con la alternancia de partidos en el gobierno estatal. Nadie puede asegurar que el solo arribo del candidato de la coalición PAN-PRD-PT-PC, Gabino Cué Monteagudo, equivaldrá a comenzar un proceso de revisión de los mecanismos democráticos; en contraparte, la reiteración del Revolucionario Institucional en el Ejecutivo estatal, será una confirmación de todo lo que hasta ahora existe y se ha resistido a cambiar.

El inminente abanderado de la Coalición opositora, hasta ahora es nada lo que se ha comprometido con la transición a la democracia. Él mismo, y las fuerzas políticas que lo arropan, fueron incapaces de hacer algo por las reformas que se quedaron pendientes a raíz del conflicto magisterial y popular de 2006.

No hubo sustento y voluntad, ni en el PAN, PRD o cualquiera de las fuerzas de izquierda, para tomar las banderas más sentidas de democratización, esgrimidas, en el movimiento magisterial, para llevarlas como propuestas serias y razonadas, a las respectivas tribunas legislativas de Oaxaca o la Federación. Por esa razón, ahora parece poco creíble que se ufanen de un sentido democratizador auténtico. Y quizá, también por ello, tal discusión ni siquiera aparece en su ideario o los esquemas políticos que hasta ahora han presentado como propuestas de gobierno.

Y, en el triunfo del PRI, tampoco hay garantías de que algo cambie. En el tricolor, se pretende vender eficazmente la idea de que lo único que hace falta incrementar, y remozar, es la infraestructura y la obra pública en el Estado. No existen en ellos compromisos tangibles por la transformación de las estructuras democráticas, y ni siquiera por la revisión de algunos de los esquemas de organización del poder público que datan de hace más de medio siglo.

GOBIERNO, IGUAL

Al final, y en un ánimo que pudiera parecer pesimista, lo que es previsible es que independientemente de quién gane los comicios de julio próximo en Oaxaca, las formas de gobernar y ejercer el poder seguirán siendo las mismas. El próximo Gobernador del Estado llegará a habitar una casa que no se ha transformado en nada, y mandará en ella con base a las prácticas y costumbres que han prevalecido por décadas. Si en algo avanza el proceso de democratización del poder, será por la voluntad del gobernante que se manifieste en el momento mismo. Ahora, es más que un idealismo suponer que con un triunfo oficialista u opositor, la democracia avanzará. Eso no se lo creen ni ellos mismos.

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2010: disputas y el agotamiento del sistema de partidos

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+ Abuso de choque electoral: no es práctica, sino tiempos

 

Más allá de la especulación y los chismes que abundan en el ambiente político actual, tanto en Oaxaca como en el ámbito nacional debía haber una preocupación genuina: todos —partidos políticos, facciones, dirigentes formales, jefes políticos y candidatos— deberían comenzar a preocuparse por las importantes señales de agotamiento que comienza a presentar nuestro sistema democrático. El abuso de las prácticas nocivas, del choque violento, de las inmoralidades políticas y acuerdos inconfesables, y de las descalificaciones entre competidores electorales, están en vías de provocar un colapso del que nadie parece percatarse.

Por principio de cuentas, pareciera que el escenario —y la arena— electoral de 2010, es en nada distinto a los del pasado. Ahora, como antes, las fuerzas políticas definieron sus estrategias y a sus abanderados, de acuerdo a sus prácticas antidemocráticas de siempre; están preparándose para ir al proceso electoral formal, valiéndose de recursos y fuentes de financiamiento indebidas pero con posibilidades de ser “legalizables”; afinan, cada una desde su trinchera, los obuses, escándalos mediáticos y revelaciones que harían caer de las preferencias electorales a sus oponentes; e incluso, en Oaxaca y en el ámbito nacional, hoy se sabe cierta la existencia de un acuerdo escrito y formal entre las dos fuerzas políticas más importantes del país —PRI y PAN— para la no realización de alianzas electorales.

Cualquier político avezado podría asegurar que es errado hablar de un agotamiento del sistema democrático, porque las prácticas antes descritas han prevalecido desde siempre, sin provocar un desgarramiento del tejido que sustenta a la democracia electoral en México. Lo que no parece tomarse en cuenta, es que 2010 no es 1988, 1994 e incluso el año 2000; que la sociedad de hoy no es la misma que la de hace una década y media. Y que hoy, como nunca antes, el ciudadano común comienza a cuestionar con energía la existencia de prácticas que son nocivas para cualquier democracia.

Es evidente que hoy los partidos políticos, y sus dirigentes, no parecen tomar en cuenta esas variantes. Por esa razón, desde hace más de medio año, el PAN ha buscado alianzas con sus otrora enemigos recientes; por eso el PRI se ha encargado de descalificar esas coaliciones aduciendo razones morales e ideológicas de las que tampoco ellos han sido un modelo a seguir. Y todos juntos han entrado en la ruta de las descalificaciones mutuas, los amagues sobre la revelación de escándalos de corrupción, y los señalamientos encaminados a que el elector desestime la entereza política o la moralidad de una u otra fuerza partidista.

El problema, en realidad, es que esa vorágine de prácticas nocivas, se presenta hoy ante una sociedad que cuestiona mucho más que antes. Lo verdaderamente preocupante de toda esta situación, es que mientras las fuerzas juegan a la descalificación y ponen en práctica las estrategias duras de siempre, el ciudadano hoy ha optado por cuestionar no sólo a los partidos o sus candidatos, sino al sistema mismo que ya mira con desconfianza, y con la idea de que más allá de los colores y las descalificaciones, todos incurren en la misma práctica.

¿Cómo asegurar lo contrario, si en una u otra medida hoy el PRI, PAN y las fuerzas de izquierda (PRD-PT-PC) son parte del mismo juego de espejos, verdades a medias y descalificaciones? ¿Cómo creer que, en todo eso, uno es menos responsable que otro, si todos han participado de lo mismo? ¿Cómo dejar de entender al ciudadano que no vota, que anula su boleta electoral, o que deja en blanco la papeleta, por una fundada desconfianza al partido y los candidatos que, según ellos, lo “representan?

Lamentablemente, el escenario —local y nacional— deja ver que ese es el rumbo que lleva, en su conjunto, el sistema de partidos. Poco pueden hacer los defensores de la democracia electoral, frente a la ola de afrentas y descalificaciones que han puesto en práctica —y que preparan— las fuerzas políticas como estrategias de campaña. Si esto no cambia, dentro de no mucho tiempo nuestro sistema democrático comenzará a agotarse. Y sin una transformación efectiva en la práctica política, las reformas legales seguirán, como hasta ahora, sirviendo sólo para el autoengaño de quienes las promueven.

 

¿Y LAS PROPUESTAS?

Otro de los grandes problemas, en este sentido, es que las fuerzas políticas no han dejado de privilegiar la descalificación, por encima de la propuesta efectiva de gobierno y, en su caso, de Estado. En el caso de Oaxaca, los partidos en disputa paulatinamente comienzan a arreciar el choque y el encono electoral, sin que hasta ahora se haya presentado, más allá de la declaración demagógica coyuntural, un solo viso del proyecto de gobierno que le urge a la entidad, entre quienes pretenden erigirse en Gobernador del Estado.

Lo mismo ocurre en el ámbito nacional. A nivel de partidos, éstos han comenzado su configuración estratégica rumbo a los dos años que siguen. El PAN, por ejemplo, sabe que el enemigo a vencer ya no es el PRD, sino el PRI; así, perredistas y panistas insisten en su unión, porque saben que ese es el único camino para hacer un papel decoroso en los procesos electorales que se avecinan. Y los tricolores hoy apuestan todo a la estrategia mediática y electoral que les permita conservar el poder donde ya lo tienen, y hacerse de él donde son oposición.

Todo esto parece lógico. Sin embargo, los mexicanos hemos corroborado una y otra vez el altísimo costo que paga un país —o una entidad federativa— por tener un gobierno sin proyecto y, por lo tanto, sin rumbo. El problema es que, hasta ahora, eso es lo que menos les preocupa a quienes tienen en sus manos la parte activa de los procesos democráticos. En su lógica, primero hay que obtener el poder, para después ver qué se hace con él. Y esa visión demagógica, es la que ha llevado a improvisar estrategias, programas y “rumbos” del gobierno, que al final terminan siendo fiascos de altos costos para el territorio y la sociedad en que se ejecutan.

 

MUCHOS PREMIOS

Evencio Martínez Ramírez hoy tiene bajo su control, cuando menos, la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría de Justicia del Estado, y la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca. ¿Necesitará de todas esas apéndices para desempeñar sus funciones, mientras la gobernabilidad se descompone rápidamente? Esa concentración no habla de su “poder”, sino de cómo ante la falta de capacidad, ni con la bendición divina es posible hacer un buen trabajo.

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Eviel-Gabino: las cartas están echadas

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Esta semana, en el Partido Revolucionario Institucional ocurrió el registro de un precandidato único, que de modo inminente se convertirá en abanderado priista a la gubernatura del Estado. En el otro frente, el opositor, todos los partidos integrantes de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, ratificaron al senador con licencia, Gabino Cué Monteagudo como su candidato a Gobernador. Así, las cartas de las fuerzas políticas en el estado son hoy visibles y se aprestan a librar una batalla electoral que se antoja como una de las más competidas y trascendentales que hayan ocurrido en el Estado.

Oaxaca, por su ubicación estratégica dentro del mapa electoral del país, ha sido siempre un referente de lo que ocurre en el país, y particularmente en el priismo. Como uno de sus principales bastiones, es una de las pocas entidades federativas en la que el tricolor sigue siendo una fuerza hegemónica, independientemente de las circunstancias de atraso o democracia por las que ha atravesado el país.

Es esa misma razón, la que recurrentemente ha tentado a las fuerzas opositoras a tratar de lanzar ofensivas electorales determinantes, para tratar de arrebatar no sólo un gobierno estatal, sino sobre todo uno de los puntos neurálgicos y emocionales en los que se determina el empuje del priismo.

De ahí que prácticamente desde que ocurrió la alternancia de partidos en el poder federal, los gobiernos del Partido Acción Nacional, y de la Revolución Democrática que hicieron presencia en otras entidades de la República y el Distrito Federal, hayan tratado de emprender estrategias para lograr el ansiado cometido de convertir un territorio eminentemente tricolor en azul, amarillo o de los colores de alguna otra fuerza política distinta al priismo.

Eso es lo que ha ocurrido alrededor de Oaxaca. Si se mira con objetividad, la nuestra no es una entidad que tenga una representación determinante en los márgenes de votación, que sea esencial por su número de votantes o por su empuje político o electoral hacia el priismo. Más bien, al ser una de las pocas entidades en las que recurrentemente se refrenda la hegemonía priista, se ha convertido en un espacio en el que se pretenden, además de las victorias electorales, los triunfos morales que tienen un valor agregado para las fuerzas políticas.

 

EL CONTEXTO

Oaxaca representa varias paradojas. Luego de haber sido un actor decisivo en las batallas revolucionarias, y en la democratización del país en el siglo XIX y principios del XX, es hoy una de las pocas entidades en las que la fuerza disciplinada del priismo continúa ganando todo.

Eso habla, es cierto, de la construcción de una estructura electoral sólida que ha podido traspasar a los hombres y las generaciones, y se ha mantenido como un eje sólido en el que convergen la mayoría de los intereses políticos fundamentales para la entidad. Sin embargo, esa situación denota también un atraso en cuanto a la evolución de la democracia y la manutención de una forma de gobierno vertical y rígida, que paulatinamente se ha ido superando en otras regiones de nuestro país.

A Oaxaca no llegó con una fuerza determinante la fiebre de la alternancia en el año 2000. Para entonces, ya algunos gobiernos estatales y municipales se encontraban gobernados por fuerzas de oposición al PRI. Incluso, la capital oaxaqueña fue ganada y retenida por el Partido Acción Nacional, que se convirtió en punta de lanza para los primeros intentos por derrocar al priismo.

No pudieron hacerlo en los comicios de 1998, cuando José Murat ganó, para el PRI, la gubernatura del Estado. Tampoco en 2001, cuando la capital oaxaqueña fue ganada por el convergente Gabino Cué Monteagudo, pero todas las posiciones legislativas retenidas por el priismo. Tampoco pudieron en 2004, cuando la oposición se juntó en una sola causa, sin poder arrebatar la gubernatura y ni siquiera lograr una presencia importante, o equilibradora, en el Congreso del Estado.

2006, sin embargo, fue la punta de lanza para la reactivación de los intentos opositores. El contexto particular de ese año fue determinante: cuando ocurrieron los comicios, aquí se desarrollaba uno de los conflictos sociales más álgidos de que se tenga memoria en Oaxaca y en el país. Todo se desató ante una mala decisión del gobierno de Oaxaca, de emprender una intervención policiaca a un plantón del magisterio que entonces se encontraba en el zócalo.

El repudio popular a esa medida fue enorme, y el voto de castigo no se hizo esperar, y al priismo le arrebataron las senadurías por mayoría relativa, y 9 de las 11 diputaciones federales que entonces estaban en disputa, y que quedaron en manos del Partido de la Revolución Democrática y las fuerzas políticas que lo acompañaban. El resultado estatal de los comicios presidenciales, fue arrolladoramente favorable al candidato Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, los malos resultados y los malos candidatos propuestos por el PRD, que ganaron en la vorágine del 2006, pronto hicieron que el electorado retornara a las preferencias anteriores. En 2007, al año siguiente del conflicto, el PRI arrasó nuevamente en los comicios estatales; y en 2009, recuperó las 11 diputaciones federales que se disputaron en la elección federal intermedia.

Esto último, junto con la implacable victoria del priismo en la mayoría de los distritos electorales del país, llevó a decidir una alianza electoral que hoy está representando altos costos para todas las fuerzas involucradas. El PAN se alió nuevamente con el PRD, PT y Convergencia para impulsar, de nuevo, a Gabino Cué como candidato a la gubernatura.

 

PUJA EN EL PRIISMO

En el priismo pesó de manera determinante la institucionalidad que los caracteriza. Aunque en noviembre pasado comenzó un proceso interno en el que aseguraron que habría democracia, al final pesaron más las decisiones del priismo tradicional, y finalmente el elegido como candidato a Gobernador, fue el diputado federal con licencia, Eviel Pérez Magaña.

Sobre él pesan cuestionamientos y confianzas importantes. En el primero de los casos, porque es un personaje con poca ascendencia y experiencia dentro de la clase política tricolor, y porque no había tenido un desempeño que le permitiera posicionarse con antelación ante el electorado. Sin embargo, y en contraparte, el proviene de una casta priista que, a pesar de las circunstancias, lo ha ganado todo. Todos podrán cuestionar lo que sea al gobierno de Ulises Ruiz. Pero nadie puede argumentar en contra de que ésta ha sido una clase política que se ha podido imponer a todas las adversidades y retos que le han presentado las circunstancias.

Los números, como se ha apuntado en otros espacios, no mienten. Independientemente de los resultados de las últimas votaciones, lo que queda claro es que aquí triunfará quien emprenda la mejor estrategia electoral, independientemente del posicionamiento de cada uno de los aspirantes, o su ascendencia política. La confianza priista radica en que su inminente candidato a gobernador es un personaje alejado de las cargas políticas que podrían tener otros de los aspirantes, y es también un elemento perteneciente al núcleo más cercano al actual gobernante.

LAS CARTAS, ECHADAS

Hoy puede verse, ya, en toda su magnitud lo que será la elección de julio próximo. El priismo se jugará no sólo las batallas morales o la gubernatura del estado, sino un proyecto político que pretende tener alcances nacionales. La oposición, por su parte, pretende arrebatar al priismo uno de sus bastiones morales más importantes, para ir abonando la causa del 2012, en la que la consigna fundamental parece ser la de impedir que el PRI regrese a la Presidencia de la República.

Poco es, en realidad, lo que puede confiarse a la fuerza en sí de cada uno de los candidatos. Cada uno de ellos, en el priismo y la oposición, representa una porción apenas de lo que será esta batalla, en la que estarán presentes no sólo las fuerzas políticas o los abanderados, sino también los recursos y los operadores tanto del gobierno federal, como de los gobiernos perredistas y panistas en las entidades federativas, y lo más granado del priismo en las lides electorales que, valga decirlo, de Oaxaca se exportan al resto del país.

Aquí se enfrentarán la innovación de Eviel Pérez, con el segundo intento por ganar la gubernatura de Gabino Cué. Nadie, evidentemente, querrá venir a Oaxaca a hacer el ridículo o a perder arrasadoramente los comicios. Más bien, este será el ejemplo de cómo se ha perfeccionado la maquinaria de los procesos electorales, y de cómo los mecanismos electorales tienen aún la posibilidad de ser el elemento determinante para la democracia en México.

A Oaxaca vendrán a jugarse las primeras batallas políticas que se avecinan para el futuro. Los antecedentes dan pautas. Pero nadie puede asegurar que tiene la partida en la bolsa.

Apuesta a inestabilidad ¿y desmovilización social?

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+ Zozobra proporciona márgenes de gobernabilidad

Se equivoca cualquiera que suponga que la lucha contra el crimen organizado, anunciada y emprendida por el gobierno federal en los últimos días de diciembre de 2006, fue una simple estrategia policiaca y militar que no tenía más objetivos que los visibles. Se equivoca, también, quien pretenda asumir hoy los primeros signos de inestabilidad social en Oaxaca, como parte de una estrategia emprendida por los grupos opositores —o beligerantes— ante el proceso electoral que se avecina. Ante este escenario, es necesario comprender qué efectos tiene la inestabilidad social, y a quién beneficia en realidad.

En el ámbito federal, el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, comenzó en un riesgoso marco de inestabilidad, y con una falta indiscutible de legitimidad frente a amplios sectores de la población. Si bien se recuerda, después de los comicios federales de julio de 2006, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox vio desdibujadas todas sus posibilidades de diálogo y concertación con los partidos de oposición, y la transmisión de poderes —ocurrida el 1 de diciembre de ese año— se dio en un contexto excepcional de incertidumbre, en el que nadie podía asegurar si quiera que el Mandatario entrante podría rendir la protesta constitucional correspondiente ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Aunque en esos momentos la inestabilidad parecía encontrarse en la sede de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en realidad los riesgos se hallaban en otros lados. La toma de la tribuna de la Cámara baja, la manifestación y el plantón emprendido por Andrés Manuel López Obrador durante varias semanas en el Paseo de la Reforma, y los llamados a la resistencia civil, eran apenas un reflejo de la inestabilidad social que sufría el país. ¿De qué hablamos?

De que, entonces, como nunca antes en las últimas décadas, se vivió un riesgo inminente de estallido social por conflictos político-electorales. Existía una percepción, no del todo errada, de que el entonces recién ungido “gobierno legítimo” de López Obrador, los grupos más radicales que daban fuerza a dicho movimiento, y amplios sectores de la población civil inconformes con el resultado de la elección, pudieran en cualquier momento transformar la lucha política en inestabilidad, o confrontación armada, para tratar de deponer por la vía de la fuerza al gobierno recién instituido.

Existían razones fundadas para considerarlo. Fueron los grupos más representativos de la izquierda nacional, un importante sector de la ciudadanía, e integrantes de los grupos de lucha social más duros, los que apoyaban la causa del derrotado candidato presidencial tabasqueño del PRD-PT y Convergencia. Había, por esa y otras razones, posibilidad de que la efervescencia social se desbordara, y entonces se generara un caos político en el país.

Esa fue una de las razones de fondo por la que el gobierno federal emprendió la lucha contra el crimen organizado. Si se revisa el discurso y las promesas del entonces candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, éste nunca sostuvo como uno de sus ejes de campaña, o sus propuestas de gobierno, la de la seguridad pública y el combate al crimen organizado.

¿Para qué, entonces, asumir una tarea que no figuraba entre sus planteamientos iniciales? La respuesta está en la desmovilización ciudadana que esto creó: a partir del lanzamiento de la lucha anticrimen, el Ejército salió a las calles, la fuerza policiaca se incrementó, y se tornó en un riesgo la posibilidad, en amplias regiones del país, de erigirse en grupos ciudadanos inconformes con el gobierno.

Es cierto que, en todo esto, a la distancia el gobierno parece estar perdiendo más de lo que ganó. Su victoria consistió en desmantelar un riesgo de inestabilidad social que lo aquejaba y que cuestionaba su legitimidad en los momentos de mayor debilidad. Su derrota, en que esa guerra se tornó en una carnicería que hoy le ha cobrado facturas electorales. Aunque en realidad, lo “importante” radica en que la población sigue aterrorizada, y continúa prefiriendo la vía política o electoral, que salir a las calles.

CASO OAXACA

Existe la posibilidad de que en la entidad pudiera estar ocurriendo algo equiparable. Con el inicio del proceso electoral, comenzó también un oleaje de zozobra e intentos de atemorización de la ciudadanía, a través de la extorsión, las amenazas de bomba, e incluso la colocación calculada de artefactos explosivos para que la autoridad los localice antes de provocar algún daño.

La lectura corta de los hechos, ha pretendido achacar este asunto a los opositores que, en 2006, incendiaron Oaxaca. Es posible que esto pueda ser así. Sin embargo, más allá de las especulaciones sin sustento, lo que es evidente es que si esta es una estrategia política o electoral de las fuerzas opositoras o de grupos beligerantes, que buscan lastimar las posibilidades de triunfo del partido y el grupo en el poder, tal estrategia sería no sólo equivocada sino incluso contraproducente.

¿Por qué? Porque en una entidad en la que el voto la determinan las estructuras electorales disciplinadas, por encima del voto ciudadano (llamado “voto volátil” o “útil”, según sea el caso), lo que más conviene al partido que maneja esas estructuras, es precisamente que quienes representan el voto volátil, no salgan a votar. Así, en una lógica sencilla, las estructuras aseguran márgenes de votación superiores, que no encuentran competencia o equilibrios frente al sufragio común, y así pueden obtener ventajas irreversibles en los procesos electorales.

No tiene lógica alguna, como estrategia, que sean los opositores quienes se aventuren a generar la inestabilidad como un factor electoral benéfico a su causa. Más bien, en la mayoría de los periodos de incertidumbre, ganan los que la saben manejar a su favor. Y es evidente que hoy no es el momento excepcional para la oposición que fue 2006, en el que arrasaron electoralmente Oaxaca. Más bien, esta posible estrategia de inestabilidad, parece estar ligada con una intención de lograr la desmovilización ciudadana.

¿MANO DURA?

Como ocurre cada que las manifestaciones, el cierre de calles y las marchas se desbordan en la capital, la IP exige al gobierno que atienda los problemas y que, de ser necesario, aplique la mano dura en contra de quienes lastiman los derechos de la mayoría. La primera exigencia tendría que ser a la Secretaría General de Gobierno para que busque los mecanismos efectivos de concertación. Evencio Martínez, en este sentido, comenzó mal su gestión. Lo cual, frente a sus antecedentes en la PGJE, no es una novedad.

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UABJO: tragedia de la que nadie se responsabiliza

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Autoridad y gremios: soluciones, sólo de corto plazo

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es, en sí, un problema de grandes dimensiones que a nadie parece interesarle. Como cada año, la Máxima Casa de Estudios entró nuevamente en su dinámica de negociaciones, huelgas y arreglos parciales, aunque hasta el momento ninguno de sus problemas de fondo ha sido, cuando menos, parcialmente resuelto. Parece que, a la Universidad, todos pretenden dar por desahuciada, antes que intentar corregir cualquiera de sus males.

El panorama actual de la UABJO no es distinto al de todos los años. Como siempre, al comenzar el año, la administración universitaria inició también los procesos de negociación con cada una de las organizaciones gremiales que integran sus trabajadores. Al igual que cada año, esas negociaciones implicaron peticiones, ofrecimientos, rechazos y reiteraciones, que luego devinieron en amagos, llamados a la conciencia, y finalmente en huelgas y posteriores arreglos económicos parciales.

Esta es, sin embargo, apenas una de las aristas del lamentable círculo vicioso en el que se encuentra inmersa la vida académica de la Universidad. A todo esto, debemos de sumar las discordancias propias que se generan por la actuación de la autoridad universitaria, los problemas propios de las facultades, y la mancha indeleble que, reiteradamente, deja el porrismo en el rostro de la UABJO. ¿Cómo resolver todo esto?

Sin duda, en la primera línea de la responsabilidad se encuentra la administración universitaria. Sin embargo, sería corto y limitativo considerar que todos los males de la Máxima Casa de Estudios son deber de atender de un solo grupo, o que éste tiene todas las potencialidades para resolver los problemas que la aquejan. Junto a la autoridad universitaria se encuentran los propios trabajadores, los académicos, los alumnos y, sin duda, las autoridades del orden estatal y federal. Así, la UABJO lleva un rumbo bien definido —que, sin duda, es nocivo—, ante la indolencia y el desinterés de todos los involucrados, que sólo se cruzan de brazos ante las circunstancias.

¿Cuál ha sido el sello de la actual administración universitaria? Si hubiera que resumirlo en unas cuantas palabras, éstas serían dos: “pasividad” y “derrotismo”. En los casi dos años que lleva de gestión el rector Rafael Torres Valdez, él y sus colaboradores se han caracterizado por el inmediatismo y por las soluciones de corto plazo que, de antemano lo afirman, no resuelven los problemas de la Universidad.

¿De qué hablamos? De que, no sólo ante las presiones sindicales, sino frente el mar de problemas que significa la Universidad, sus autoridades asumen como una realidad infranqueable el hecho de que la Máxima Casa de Estudios implica inestabilidad y controversias, y que todo esto es “propio” y natural de una institución educativa como la UABJO.

Con ese argumento —que de antemano denota su derrotismo—, el rector Torres y su administración, han tratado de justificar sus escasísimos arrestos para atender hasta las vicisitudes menos álgidas de la Universidad, y sólo se aprestan a intervenir cuando los problemas ya rebasaron, o agotaron, todos los canales de diálogo, y trascienden a los muros de Ciudad Universitaria para convertirse en huelgas, marchas o bloqueos viales que no sólo los presionan a ellos, sino que sobre todo afectan a miles de ciudadanos que nada tienen que ver con los líos de la Universidad.

PROBLEMA COMÚN

Sin embargo, los malos resultados de la administración universitaria se ven aderezados por una comunidad universitaria y gubernamental a la que tampoco parece interesarle la Universidad. Vayamos a ejemplos tangibles de ello.

Prácticamente desde que comenzó el año, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad emplazó a huelga, y detuvo las labores en varios momentos, como una muestra de presión a la autoridad para que cumpliera con planteamientos desbordantes. Sabían, de antemano, que la mayoría de sus exigencias son imposibles de cumplir.

Sin embargo, el problema no radica en lo desproporcionado de sus exigencias, sino en el hecho de que tanto los trabajadores como la autoridad, se encuentran en una dinámica de llevar, siempre, cualquier negociación, al punto de la huelga. La autoridad, en ello, se queja por la intransigencia de los trabajadores, y éstos por los incumplimientos de la autoridad. Al final, ¿quién hace algo para hacer cambiar esta situación? Nadie.

En esa misma lógica, hoy, por ejemplo, es el Sindicato de Trabajadores Académicos el que mantiene paralizadas las actividades de la UABJO. Acusan incumplimientos por parte de la Universidad, de los cuales dicen tener conocimiento las autoridades laborales. Los catedráticos universitarios exigen un programa de retabulación salarial que los equipare a los profesores de las demás instituciones públicas de educación superior del país. Pero no parecen terminar de comprender que entorpeciendo la vida académica en el modo en que lo hacen, también se boicotean ellos mismos. La autoridad debe ser presionada hasta sus últimas consecuencias. Pero si ellos son académicos, cancelando la educación debía ser menos viable de sus estrategias.

Y mientras, el gobierno estatal ve con paciencia todo lo que ocurre en la Máxima Casa de Estudios. En esa instancia tan parecen haber dado por desahuciada a la UABJO, que por eso año con año impulsan la creación de más universidades estatales. No está mal que lo hagan. Sin embargo, parecería que el avance del Sistema de Universidades Estatales es inversamente proporcional al hundimiento de la Universidad, a la que la administración estatal atiende sólo en lo indispensable, pero nunca con un interés genuino por promover su rescate.

Así, ¿cómo hablar de un futuro mejor para la Universidad? Todas las señales, y todas las actitudes indican, hasta ahora, que la solución real a los conflictos no está cerca.

¿DESTAPE “PLURI”?

La memoria no es la mejor aliada del autor de este espacio. Sin embargo, llama la atención que al director de la Comisión Estatal de la Juventud, Moisés Molina, lo estén “destapando” para ocupar una candidatura a diputado ¡por la vía de representación proporcional! Eso, normalmente, no ocurre. Dos son las particularidades: para esos cargos no hay “tapados”, sino designaciones favorables al grupo en el poder. Y segundo, si las “juventudes priistas” hablan tanto de fortaleza, lo mejor sería buscar una candidatura por mayoría relativa, y ganarla. Así sí, todos, demostrarían el trabajo político entre los cuadros jóvenes del priismo. ¿Entonces?

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Bomba e intimidación en Oaxaca: ¿obra de guerrilleros?

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+ Inestabilidad: acciones con las que oposición no se ayuda

 

El 26 de febrero pasado, un artefacto explosivo fue colocado en el margen de un río, en la zona conurbada del sur de la capital oaxaqueña. Un grupo especializado del Ejército mexicano tomó conocimiento del hecho y acudió al sitio para hacer una manipulación adecuada de la bomba, y realizar un estallamiento controlado de la misma. Ante los hechos, surgió un mar de especulación que, sin embargo, debe ser comprendido en su magnitud.

Casi de inmediato, se dijo que dicho artefacto explosivo pudo haber sido colocado por una organización social, o un grupo armado. Es evidente que, por los antecedentes habidos, y el excepcional momento político por el que atraviesa la entidad, esa podría ser una especulación no sólo válida sino también creíble.

En esa lógica, si estos son momentos determinantes para el futuro del gobierno de Oaxaca, y el grupo en el poder, entonces podría pasar como algo posible que una, o varias, de las organizaciones opositoras comenzaran a apostar por la inestabilidad, para tratar de ganar terreno en el ámbito electoral o político. Sin embargo, ante una posibilidad de esta naturaleza, es necesario tomar en cuenta más elementos que la simple especulación o las visiones sesgadas de la realidad. Pero vayamos por partes.

En primera instancia, podría ser factible suponer que una organización como la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca apostara por la inestabilidad en estos tiempos electorales, emprendiendo acciones beligerantes de gran envergadura, y que para ello se valiera de herramientas de propagandismo que, sin embargo, no le son propias.

En efecto, si ni siquiera en los momentos más álgidos del conflicto magisterial y popular de 2006, los grupos estrictamente sociales que encabezaron el movimiento, apostaron por emprender acciones que implicaran choques armados o la utilización de artefactos que pudieran significar sabotaje o terrorismo, esta no tendría por qué ser la ocasión para que sí lo hicieran. Ahora, y siempre, las acciones de la APPO y otras organizaciones de lucha social, han estado perfectamente delineadas y nunca han incluido acciones de la naturaleza que ahora nos ocupa.

Así, tratar de deducir que fue alguno de los grupos sociales relacionados con el movimiento magisterial, o con la revuelta de 2006, es no sólo inexacto sino también aventurado, e incluso tendencioso. El manejo de materiales explosivos, y la fabricación de artefactos de ese tipo, no es algo que cualquier persona pueda realizar. Y si acudimos a los antecedentes de esas organizaciones, la colocación de explosivos no es algo que haya caracterizado a los grupos inconformes propios de Oaxaca.

Ahora bien, en el segundo de los casos, se aseguró también que la colocación de dicho artefacto, era autoría de alguna organización armada, y particularmente se señaló al Ejército Popular Revolucionario. Nada hay, más que la especulación, de ligas entre tal artefacto y aquel grupo armado. Cuando el EPR ha querido hacer propagandismo a partir de explosivos, nunca ha amagado: más bien, coloca sus artefactos y los hace estallar, para después reivindicar la acción de sabotaje o propagandismo, e inscribirla dentro de sus estrategias de lucha.

En el pasado reciente, encontramos que la única ocasión en la que ha colocado explosivos aquí en Oaxaca, fue en los primeros días de agosto de 2007. Entonces, hizo detonar una bomba de fabricación casera en el acceso principal a una tienda departamental. En esa ocasión, el grupo armado reconoció la colocación de otro artefacto en una sucursal bancaria del norte de la capital que, según dijeron, no se detonó por una falla en el mecanismo de activación.

Así, dos cosas pueden entenderse: primera, que entre los grupos de lucha social no son comunes las prácticas relacionadas con artefactos explosivos; y segunda, que cuando un grupo armado pretende aplicar esas estrategias, no duda, y más bien ejecuta sus planes según lo establecido, sin dar parte a la autoridad o hacer amagues sobre su capacidad de fuego.

 

VISIÓN ERRÓNEA

Quienes de inmediato voltearon a ver a la APPO o el EPR, como probables responsables de esa acción, fundamentan sus razones en el hecho de que durante el conflicto magisterial de 2006, la Asamblea Popular fue infiltrada por la organización armada; porque ésta última fue la que estableció muchas de las estrategias de lucha; y porque finalmente el EPR ha aceptado públicamente que varios de sus integrantes participaron de la revuelta en calidad de luchadores sociales.

Tomando como posibilidad que todo esto fuera así, ¿ello sería determinante para pensar que unos y otros están en acuerdo para colocar bombas y provocar inestabilidad en Oaxaca ahora que se avecinan los tiempos electorales? Aventuradamente, podría asegurarse que sí. Sin embargo, una respuesta más razonada más bien llevaría primero a ubicar cuál fue la relación específica entre unos y otros, para luego tratar de decir si se les puede responsabilizar de lo que hoy ocurre en Oaxaca.

Sin duda, la guerrilla hizo presencia en la entidad, durante el conflicto magisterial. Fueron las organizaciones armadas las que determinaron muchas de las estrategias de autodefensa que fueron determinantes para los participantes del movimiento, y para el crecimiento del mismo. Sin embargo, a lo largo de ese periodo, nunca nadie del EPR hizo presencia como tal, ni llevaron la resistencia popular a la lucha armada, y mucho menos permitieron que las acciones civiles de presión se convirtieran en estrategias de confrontación similares a la de los grupos armados.

Así, de haberlo querido, el EPR —o cualquier organización armada que tuviere presencia en Oaxaca— habría llevado el movimiento popular a una verdadera lucha armada, que pudo haber sido más costosa en todos los sentidos. Hubo, sin embargo, una clara distinción entre unos y otros, y por esas razones no existen motivos fundados para suponer que hoy son los artífices de la inestabilidad, o de la colocación de artefactos explosivos como el dejado el pasado viernes en las márgenes del Río Salado.

 

DAÑOS REALES

Más bien, todos al emprender sus acciones, están dando la cara. Los del FOSDI, por ejemplo, si algo quieren ganar para su candidato, Gabino Cué, con las manifestaciones que han desquiciado la capital oaxaqueña en los últimos dos días, más bien están perdiendo mucho. La ciudadanía, harta de esas acciones, está tomando nota puntual de esas acciones y, llegado el momento, se los cobrará con intereses. Este escenario no es el de 2006. Y si creen que con la agitación ganan, están equivocados.

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Violencia, nuevo síntoma de descomposición social

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+ Ejecuciones, bombas, linchamientos: ¿Qué ocurre?

A golpe de vista, la imagen publicada ayer lunes en la portada de TIEMPO, y en los principales medios impresos en Oaxaca —de un joven asaltante atado por pobladores a un poste y a punto de ser linchado en la agencia citadina de Pueblo Nuevo—, evocaba algunos de los más negros episodios del conflicto magisterial y popular ocurrido en 2006. Sólo que, a diferencia de entonces, en esta ocasión había un espeluznante elemento adicional: ahora sí, los enardecidos pobladores estaban dispuestos a golpear y prender fuego al presunto delincuente. ¿Qué pasa en Oaxaca?

Sin duda, las autoridades estatales —o de cualquiera de los tres ámbitos de gobierno— podrían asegurar que estos son hechos aislados. Sin embargo, es evidente que todo incremento de los índices de violencia debe analizarse de forma conjunta y sistemática. Si bien es cierto que es improbable establecer relación directa entre hechos ocurridos en momentos, circunstancias y lugares distintos, es claro que entre todos ellos sí existen ciertos nexos causales que no deberían desdeñarse.

¿De qué hablamos? De que quiera o no aceptarlo la autoridad, en las últimas semanas ha habido un incremento importante en los índices delictivos, y de violencia social en Oaxaca, que no sólo refiere a una mayor actividad del crimen organizado o la delincuencia común, sino que también constituyen un cuestionamiento ciudadano importante a la autoridad, e incluso una afrenta directa a quienes, se considera, no han cumplido con su deber respecto a los delitos que se cometen.

Así, en el recuento, sólo la semana pasada hubo dos enfrentamientos importantes entre presuntos miembros de la delincuencia organizada, y corporaciones policiacas estatales y municipales. En Acatlán de Pérez Figueroa ocurrió, al iniciar la semana previa, un choque violento en el que los criminales demostraron su libertad de actuación, su superioridad, la impunidad con la que operan, y su implacabilidad a la hora de cumplir con sus objetivos. Sólo de ese hecho, resultaron muertas 14 personas. Ninguna baja fue para el comando criminal que ejecutó a civiles y policías no en cuestión de minutos, sino en un operativo que duró varias horas y se desarrolló en diversos sitios.

Casi al mismo tiempo hubo otro hecho importante. Una patrulla de elementos de la Policía Estatal fue atacada por un grupo de sujetos, en un poblado del distrito de Etla, cuando intentó hacer una revisión de rutina. En el ataque, los atacantes sacaron a relucir armas de alto poder y destruyeron la unidad policiaca presuntamente al arrojar una granada de fragmentación que, además, lesionó gravemente a dos efectivos de las fuerzas regionales de la Policía Estatal.

A esto se sumó la colocación de un artefacto explosivo el pasado viernes en la zona conurbada del municipio de Oaxaca de Juárez. El pasado domingo, un grupo de pobladores intentó linchar a un delincuente en la agencia de Pueblo Nuevo. En ese hecho, particularmente, los pobladores no sólo golpearon al presunto delincuente, sino que también agredieron hasta lesionar gravemente a dos elementos de las fuerzas estatales, que intervinieron para intentar rescatar al individuo a quien pretendían prender fuego.

Por si fuera poco, hace dos semanas antes un grupo de enardecidos pobladores del municipio istmeño de Salina Cruz habían golpeado, hasta casi matar, a un individuo que presuntamente pertenecía a una banda de asaltantes. Al tenerlo moribundo, y ante la mirada expectante de la autoridad, el supuesto delincuente fue rociado con combustible y quemado vivo. Hace menos de un año, aquí en Oaxaca de Juárez, otros taxistas por poco asesinan a otro delincuente.

Ante tantas afrentas y demostraciones desproporcionadas de fuerza, por parte de la ciudadanía y de grupos desestabilizadores o violentos, no es excesivo preguntarnos: ¿qué pasa con la autoridad?

AUTORIDAD, SIN RESPETO

Desempolvamos de la memoria los episodios ocurridos aquí durante el conflicto magisterial de 2006 en relación a la delincuencia, porque ante las imágenes, son lo más cercano que tenemos. Hace cuatro años, la ciudadanía cazaba a los delincuentes y los ataba en postes de energía eléctrica ante la ausencia de representantes del orden. Sólo que entonces no existía el ánimo de lincharlos. Y ahora sí. ¿De nuevo estamos en presencia de un vacío de autoridad?

La pregunta no es ociosa. Porque, en realidad, ante lo que estamos es frente a los primeros visos de un hartazgo auténtico, y un desentendimiento del orden, que comienza a materializarse a través de acciones desafiantes a la ley. Otro ejemplo claro de lo anterior, ocurrió al día siguiente de los hechos de Acatlán y Telixtlahuaca, cuando un grupo de individuos realizó pintas en una patrulla de la Policía Estatal, que se encontraba estacionada en las inmediaciones del hospital general del Seguro Social, aquí en la capital oaxaqueña, resguardando a los involucrados en los hechos del día previo.

A plena luz del día, y teniendo a agentes policiacos a unos metros, alguien “rayó” con aerosol una camioneta oficial. ¿No es esta una demostración directa de cómo la autoridad es cada vez más relativa en la entidad? Todo esto deberían comenzar a cuestionárselo no sólo quienes tienen a cargo la labor directa de seguridad pública, sino todos los que se encuentran involucrados en la manutención de esa entelequia que hoy entendemos por “Estado de Derecho”.

Si las fuerzas del orden no pueden cumplir con el combate a la delincuencia común y organizada; si los órganos de procuración de justicia se encuentran desmembrados y cumplen únicamente en lo representativo; si la ciudadanía siente que no se le hace justicia; y si a ésta misma se le permite la violencia y la justicia por mano propia, entonces en Oaxaca tendremos que estar preparados para vivir nuevos episodios de violencia y exceso, que antes ya hemos vivido y que tienen como punto de referencia no sólo el desdén por la autoridad, sino sobre todo la pérdida de la noción de dónde terminan las potestades de los particulares, y hasta dónde éstos se exceden ante la ausencia y la ineficacia de la autoridad. Las afrentas están ahí. Sólo las instancias involucradas saben si lo reconocen o no.

¿COINCIDENCIA?

Quienes pretenden desestabilizar, también pretenden revivir otros episodios de 2006. Habrá que tomar con muchas reservas la versión que la bomba del pasado viernes y otras acciones, tienen como origen la APPO o el EPR. Es lo que, desde el poder, quisieran hacer creer a la población, para asustarla. Abundaremos.

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