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Martínez Moreno: su inocencia y las injusticias

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+ Caso Brad: el móvil aclarado; ¿Y su homicida?

 

La tarde de ayer, el Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia Penal y Administrativa de Oaxaca, ordenó la liberación inmediata de quien hasta ahora aparecía como presunto responsable material del homicidio del camarógrafo estadounidense, Bradley Roland Will. Para mal de la justicia, y bien de la impunidad, por segunda ocasión este asunto volvió a su punto de inicio. Algo excepcionalmente grave para los sistemas de justicia de Oaxaca y del gobierno federal.

Por principio de cuentas, es necesario recordar el contexto de este asunto. Brad Will, camarógrafo de la agencia alternativa estadounidense de noticias e investigación, Indymedia, cayó abatido de un disparo de arma de fuego la tarde del 27 de octubre de 2006, en medio de un enfrentamiento que ocurría entre activistas de la APPO y policías municipales de Santa Lucía del Camino. Ese hecho significó un parteaguas en el tratamiento gubernamental al movimiento magisterial y popular que entonces ocurría en Oaxaca.

Sin embargo, más allá de los efectos políticos y policiacos que provocó aquel homicidio (como el envío, por parte del gobierno de la República, de 5 mil elementos de la PFP a reestablecer la gobernabilidad en la capital de Oaxaca), de inmediato se acusó que los elementos municipales habían sido los responsables de ese crimen. Una circunstancia, particularmente, daba indicios sobre la veracidad de los señalamientos: en imágenes de ese enfrentamiento, publicadas en medios informativos del Distrito Federal, se daba cuenta de la portación de armas por parte de los efectivos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino.

No obstante, más allá de las suposiciones, dos eran los ejes fundamentales sobre los que tendría que versar cualquier investigación sobre ese crimen: el primero, relativo al móvil del disparo; y el segundo, respecto de la identidad de quien disparó el proyectil que mató al Reportero de Indymedia.

En un primer momento, las inconsistencias habidas en esos puntos, derribaron las acusaciones realizadas por la Procuraduría de Oaxaca en contra de los efectivos de la Policía Municipal… y hoy, casi tres años y medio después, también hicieron sucumbir la investigación y las imputaciones formuladas ¡por la Procuraduría General de la República!

¿En dónde ha fallado la “investigación”? Hoy, según las circunstancias, más allá del peritaje, las autoridades fallaron en todo. Porque, sin duda, lo único que parece haber quedado más o menos claro (porque aún existen quienes disienten), es que el disparo que recibió el Cámara estadounidense fue realizado a corta distancia, y no a más de 35 metros. Fuera de ese punto, todo podría resumirse en la palabra “incertidumbre”.

Los Policías Municipales que inicialmente fueron aprehendidos como posibles autores del homicidio, fueron liberados semanas después ante la comprobación, entre otras cuestiones como el inexistente ángulo de tiro, de que ninguno de ellos portaba un arma del calibre y características similares al disparo recibido por Brad Will.

Meses después, cuando la PGR atrajo la investigación, sus peritajes coincidieron con los de la Procuraduría de Oaxaca, en lo relativo al modo en cómo fue disparada el arma homicida. Tras un señalamiento directo, Martínez Moreno fue detenido el 16 de octubre de 2008. Con ello, la Procuraduría General de la República pretendió dar por terminada una investigación que, hoy, nuevamente se desmanteló para volver a su punto de inicio.

¿CUÁL JUSTICIA?

Esta debería ser una preocupación importante para la PGR. La orden dada por un Tribunal Colegiado de Circuito, de liberar inmediatamente a Martínez Moreno, deja ver por qué, más allá de los peritajes, la verdadera investigación ministerial está por los suelos. Si se quiere ver de otro modo, la PGR tendría que estar preocupada por esta demostración de cómo no se deja de fomentar la impunidad, y el daño a particulares inocentes.

Cuando Martínez Moreno sea liberado, quedará en claro —por segunda ocasión— que ninguna instancia ministerial del país ha podido establecer la identidad del homicida del camarógrafo. En esas condiciones, de poco sirve que existan estudios periciales tan sofisticados, si finalmente las instancias van a fallar de manera escandalosa al momento de fincar responsabilidades.

¿Cómo explicar que, por segunda ocasión, esta investigación vuelve a su punto de inicio? ¿Cómo justificar que, de nuevo, se acusó y encarceló a una persona, que ayer fue declarada judicialmente inocente? ¿Cómo no decir, ante todas esas evidencias, que aquí la verdadera investigación de los delitos, y la persecución de los criminales son una tomadura de pelo, y un auténtico peligro para la sociedad?

Lo que parece claro, en realidad, es que ante algo como esto no sólo tendríamos que cuestionarnos sobre el verdadero móvil y los verdaderos responsables del homicidio del camarógrafo de Indymedia, sino sobre todo corroborar lo profundamente ineficiente que es el sistema de justicia. Sus peritajes son lo más sustentable que tienen, aunque en realidad no generan la confianza suficiente ni siquiera entre organismos de la misma naturaleza. Y si eso está mal, sus hechos consumados son todavía peor. La prueba está en que Martínez Moreno ya fue declarado inocente.

El asunto, al final, deja en una posición muy cuestionable a la justicia local, pero también a la federal. La Procuraduría de Oaxaca prefirió desentenderse del asunto, antes que continuar resintiendo el desgaste que este asunto le generaba. Y la procuraduría federal, según parece, “resolvió” el asunto en base a criterios políticos y la urgencia de legitimarse como un órgano investigador eficaz, y no a investigaciones reales y sustentables con las que pudiera señalar culpables.

Hoy, de nuevo las cosas vuelven a su punto de inicio. Nadie está en prisión por el homicidio del camarógrafo. Sin duda, de nuevo arreciará la crítica internacional no por la liberación en sí de Martínez Moreno, sino porque ello demuestra que aquí se investiga, consigna y juzga por interés o conveniencia, pero no en estricto apego a la justicia. Qué grave.

 

“USTED DISCULPE”

¿Cuántas veces al año, al mes, o al día, le dicen eso las autoridades que persiguen o juzgan la comisión de delitos, a ciudadanos inocentes que son acusados y procesados judicialmente sin responsabilidad? El caso de Martínez Moreno es uno de muchos. Y si esos errores ocurren en un asunto tan controvertido, ¿qué no pasará con delitos y acusados que no revisten trascendencia política alguna?

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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PRI-Gómez Mont: la negociación por nada

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+ Reforma fiscal e IVA: todo benefició a PRI

 

Hasta parecería que la inconformidad manifestada en septiembre pasado por los diputados federales del PRI por Oaxaca, en contra de la potencial formación de una alianza opositora en la entidad, es un tema agotado. Sin embargo, nada parece más novedoso, ante la aceptación expresa tanto del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como del coordinador de la bancada priista en la Cámara baja, Francisco Rojas, de que para la negociación del paquete económico federal del presente año, sí se negoció el tema de las alianzas opositoras en entidades como la nuestra. El asunto, nuevamente, cobra relevancia por las particulares condiciones políticas y económicas que prevalecen en Oaxaca, y en el ámbito nacional.

De entrada, es necesario ver en retrospectiva qué fue lo que pasó en septiembre de 2009. Si bien se recuerda, fue a finales de ese mes, cuando por primera vez los dirigentes nacionales del PAN y PRD, César Nava y Jesús Ortega, aceptaron que sostenían pláticas en las que exploraban la posibilidad de coaligarse para algunos procesos electorales estatales que se realizarían en 2010. Mencionaron, particularmente, las altas posibilidades de ir juntos a la elección de Gobernador en Oaxaca.

Cuando esto ocurrió, un importante grupo de diputados federales por Oaxaca, encabezados por Eviel Pérez Magaña, convocaron a conferencia de prensa en la Cámara baja del Congreso de la Unión, para condenar la posible conformación de una alianza opositora, y por esos mismos días hicieron trascender la versión, supuestamente desmentida días después, de que rechazarían el paquete económico propuesto por el presidente Felipe Calderón, si el PAN no declinaba a ir en comunión con las fuerzas de izquierda para los comicios estatales que se avecinaban.

Algunos puntos, que en su momento fueron negados, ahora resultan ser ciertos y trascendentales en el presente: el primero de ellos, fue que el interés real de los diputados federales al rechazar las coaliciones entre el PAN y las fuerzas de izquierda, no sólo tenía que ver con Oaxaca sino sobre todo con lo que pudiera ocurrir, en 2011, en el Estado de México; otro punto que fue negado, pero que ahora se sabe que también es real, fue el condicionamiento priista al paquete económico. El más trascendental, quizá, fue la negociación que sí existió entre el gobierno federal y sectores priistas, para la aprobación de un paquete económico, que no fue el enviado por el presidente Calderón al Congreso.

Hoy, la realidad se impone por sí misma. Aún con el rechazo de la diputación federal priista a las alianzas, éstas sí ocurrieron. Los tricolores en el Congreso mintieron al asegurar que, contrario a lo que habían hecho trascender, ellos no habían condicionado el paquete económico al compromiso expreso del gobierno federal, de que el PAN no se coaligaría con el PRD para futuros comicios estatales. Y lo más revelador de todo este asunto, resulta ser el grave aprieto en el que metieron al Secretario de Gobernación, que hoy ya no es un interlocutor creíble y convalidado, gracias a un acuerdo por el que en realidad fue engañado.

Veamos en qué radica el engaño.

 

NEGOCIACIÓN FALLIDA

En agosto de 2009, el gobierno federal adelantó que, en la presentación del paquete económico para el año siguiente —que por norma constitucional debe ocurrir en los primeros días de septiembre—, propondría la creación de un impuesto general de 2 por ciento al consumo. Dicho gravamen, dijo, tendría como objetivo el combate a la pobreza y sería etiquetado expresamente para que la Sedesol incrementara la capacidad y el monto de los programas sociales, y —como en el slogan oficial— se beneficiara más a los que menos tienen.

Cuando ocurrió el anuncio de las alianzas electorales, en el Congreso se discutía la posibilidad de establecer ese impuesto general. Sobre ese punto, particularmente, fue sobre el que amagó el PRI al gobierno federal: Si el PAN insistía en las alianzas, los tricolores rechazarían cualquier incremento a los impuestos y, por tanto, cualquier posibilidad de incrementar el ingreso público.

Finalmente, el gobierno federal propuso, y el PRI hizo suya, una propuesta alternativa a la del 2 por ciento al consumo: se planteó el incrementar un punto porcentual al IVA. La justificación del gobierno federal era aceptable: así se incrementaría la recaudación. Y la del PRI era inmejorable: apoyarían un incremento a impuestos, que no tocaría el emocional gravamen a los alimentos y medicinas. Así, todos parecieron quedar contentos.

Hoy se sabe, en base a la aceptación hecha tanto por el secretario Gómez Mont, como por el coordinador de los diputados priistas, Rojas Gutiérrez, que sí hubo una negociación: el PRI apoyó el incremento al IVA, ante la promesa del negociador federal de que el PAN no entablaría alianzas electorales. Con ello, sus respectivas posiciones partidistas estarían a salvo, y el tema del gasto público —que es un asunto de Estado— también estaría resuelto.

Sólo que todos parecieron, al final, haber engañado a Gómez Mont. El PRI salió altamente beneficiado con el incremento al IVA, porque éste es un impuesto distribuible en las entidades federativas, mientras que el 2 por ciento sería manejado directamente por el gobierno federal. Por eso, entidades como Oaxaca o el Estado de México fueron de las más beneficiadas en sus presupuestos.

Pero además de ese altísimo beneficio económico para los gobiernos priistas, éstos hicieron pactar a Gómez Mont la no conformación de alianzas entre el PAN y el PRD. Si éste no pudo lograr que esas alianzas fallaran, de todos modos dejaría de ser un interlocutor válido. Sólo le quedaría renunciar a Gobernación, o renunciar a su partido. Esto último fue lo elegido. Mientras los priistas se llevaron la mayor parte del dinero obtenido del alza de impuestos, y metieron al gobierno federal en un brete, por la disposición de su Secretario de Gobernación para transigir sobre asuntos partidistas en una mesa de negociación formal entre los Poderes del Estado.

 

COMPETENCIA REAL

En un artículo publicado ayer en El Universal, Francisco Abundis, director de Parametría, explica con detalle por qué la alianza del PRD y PAN inquieta tanto a los priistas. Pone el ejemplo de Oaxaca, y dice que mientras el PRI aventaja en las preferencias del electorado, cuando a las alianzas se les pone candidato, Gabino Cué rebasa por más de cinco puntos a cualquier aspirante priista. Ese texto completo, puede leerlo haciendo clic aquí. Un análisis interesante.

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Franco, fuera del PRI; ¿se allana camino del “delfín”?

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+ ¿Y qué pasa si se judicializa proceso interno del PRI?

Esta será la semana crucial en la definición de la candidatura priista al Gobierno del Estado. Ayer ocurrió el primer hecho trascendental de esta recta final de la contienda: Jorge Franco Vargas anunció su separación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. En los corrillos políticos del tricolor, se establece como un hecho que antes del fin de semana se emita la convocatoria para el proceso formal de elección del Candidato. Y con ese solo hecho quedará en claro cuál es el destino elegido por el priismo sobre su posible abanderado. Aún con ello, subsistirán riesgos importantes que los tricolores no deberían dejar de considerar.

La renuncia de Franco Vargas a la dirigencia priista es un hecho trascendental, pero no inusitado. De hecho, esa dimisión era un requisito fundamental, que necesariamente tenía que ocurrir para la continuación de la dinámica sucesoria en el Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque, al final, tenía que prevalecer la máxima de que es imposible fungir como juez y parte, en un proceso en el que se pretende ser árbitro pero en el que también se tienen inmiscuidos intereses.

De hecho, en la lógica formal del proceso interno —es decir, más allá de las exigencias, las rebeliones y la beligerancia que tanto se acusa—, la posición de Franco Vargas como dirigente del priismo era cada vez menos sostenible. Si otras hubieran sido las circunstancias, y el proceso interno no hubiera alcanzado el grado actual de complejidad y polarización, éste tendría que haber dimitido a su cargo desde finales de 2009 o, a más tardar, en la primera quincena del mes de enero del presente año.

¿Por qué no lo hizo antes? Justamente porque las circunstancias no habían sido idóneas ni para lograr un acuerdo común que verdaderamente lograra conjuntar a todos los aspirantes en torno de una sola candidatura; ni tampoco para establecer un plazo para el desarrollo del proceso formal.

Es decir, que una cosa no pudo llevar a la otra: hasta ayer por la tarde, nadie había sido ungido como candidato realmente de unidad en el priismo oaxaqueño; y por esa razón, el tiempo para desdoblar el proceso formal para la designación de su candidato a Gobernador se vino aplazando hasta estos momentos, que ya se aparecen como los momentos límites en los que todo puede ocurrir sin transgredir los tiempos internos del priismo, y los periodos que marcan las leyes electorales.

Así, lo que parece claro es que el momento y las circunstancias en que ocurre la dimisión de Franco Vargas a la dirigencia priista, sólo es una muestra sintomática más de la incertidumbre que ocurre hoy en el grupo en el poder. Más allá de las especulaciones, queda claro que si aún hoy el PRI de Oaxaca no tiene candidato a Gobernador, no es por un asunto de estrategia o de manejo de tiempos: es porque no se ha podido lograr un consenso, y porque los manejadores reales del proceso interno están llevando el asunto al límite, para tratar de ceñirse no a las negociaciones sino a la presión y el intento de avasallamiento.

Franco Vargas, al final de cuentas, lo que está haciendo es cumplir con los tiempos. Si se tiene fresca la memoria, se habrá de tener bien en cuenta que la primer fecha límite que todos se impusieron para comenzar a desincorporarse de sus tareas en el servicio público y en el partidismo. El primero que tenía que marcar la pauta, era justamente el entonces Presidente estatal del priismo, que no podía aparecer como garante de un proceso en el que él participaría.

Así, el momento verdaderamente revelador ocurrirá cuando se dé a conocer la convocatoria para el proceso interno del priismo. Si a partir de ese documento ocurre la adhesión de la mayoría de los aspirantes a la candidatura a Gobernador, entonces todavía quedará posibilidad de consensar un abanderado de unidad. Si, por el contrario, quienes deben separarse de sus cargos no lo hacen, y declinan a participar en el proceso, entonces se tendría una precandidatura única, pero seguramente también en solitario. Es decir, que aún sin una ruptura manifiesta, la “unidad del priismo” quedaría pospuesta indefinidamente.

RUPTURA FÁCTICA

La no participación en el proceso interno de la mayoría de los seis aspirantes a la gubernatura por el PRI, sería el equivalente inmediato a una fractura no declarada, pero sí materializada. ¿Con qué grado de legitimidad asumiría la candidatura, un aspirante único, que primero compitió con cinco o siete contendientes, pero que al final se quedó solo? La respuesta estaría, mejor que en ningún otro sitio, en la carencia de respaldo político sólido de todos los que, les guste o no aceptarlo, representan eso que denominan “unidad del priismo”.

En esta dinámica, se tendrían que comenzar a vislumbrar otros escenarios. ¿Qué ocurre ahora mismo en el proceso interno priista de Puebla? Que el tricolor, dominado por la decisión del gobernador Mario Marín Torres, negó la posibilidad de participar en el proceso interno a un aspirante que no es su favorito. Enrique Doger, el perjudicado, acudió a las instancias jurisdiccionales en materia electoral federal, para defender sus derechos político electorales con amplias posibilidades de obtener una victoria legal.

Aquí no ha ocurrido nada de ello, simplemente porque el proceso interno del priismo no ha iniciado formalmente. ¿Podría ocurrir? Dependiendo de los términos en que sea emitida la convocatoria, y de las resoluciones que tome la Comisión de Procesos Internos de ese partido, probablemente sí.

¿Por qué asegurarlo? Porque ni el edil José Antonio Hernández Fraguas, ni los secretarios José Antonio Estefan Garfias y Martín Vásquez Villanueva, han decidido moverse de sus cargos. Esperan a la emisión de la convocatoria, justamente para conocer los términos de la misma, y decidir en consecuencia. El riesgo no calculado, hasta ahora, es el de las impugnaciones que pudieran terminar en los tribunales federales; pero también el relativo a que todo se reduzca a una precandidatura única, pero que no tenga los consensos necesarios para que la unicidad pueda ser sinónimo de unidad.

EVENCIO, A SEGEGO

Evencio Nicolás Martínez Ramírez, en la Procuraduría estatal, fue sinónimo de justificaciones sobre sus malos resultados, e inoperancia infinita. Ahora asume la responsabilidad de Secretario General de Gobierno. Habrá que ver quién ocupa su lugar y cómo se realizan los enroques que sigan en los próximos días. Ese también será un signo del rumbo que decida el priismo sobre su candidato.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Laicidad: innecesaria en Constitución de Oaxaca

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+ Congreso del Estado: un ente sin rumbo definido

 

Los diputados de la LX Legislatura del Congreso del Estado, bien podrían ser como aquel personaje de la televisión que “como dice una cosa, dice otra”. Hace apenas cinco meses, el bloque de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, y Acción Nacional, movidos no se sabe por qué grupo fáctico de poder, votaron una reforma constitucional que “consolidaba” el derecho a la vida. Hoy, sin embargo, pretenden modificar otro artículo de la Constitución local, el 29, para establecer entre los principios de la organización política, que Oaxaca es un estado “laico”, y hacer enmendar su “casta” juarista.

Esas decisiones, tomadas desde el Congreso y respaldadas por el Ejecutivo, lejos de dar muestra de patriotismo, laicismo, de vocación por la vida o de preocupación por la reafirmación del principio histórico de la separación de la Iglesia y el Estado, lo único que denota es su falta de sustento como legisladores, la dominación de decisiones “políticamente correctas” como esa y muchas otras que han tomado en los últimos dos años, y la ausencia de un rumbo definido —que por el momento se encuentra en sus manos— para el Estado. Sus incongruencias, y su desfachatez, no tienen límites.

Hace apenas cinco meses, el 9 de septiembre de 2009, la LX Legislatura del Estado aprobó, por una amplia mayoría, una reforma al artículo 12 de la Constitución local, en la que se estableció que en Oaxaca “se protege y garantiza el derecho a la vida”, y que “todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural”.

¿Qué significaba esa reforma? Fue, sin dudas, el establecimiento de un candado para que en la entidad no se legisle en materia de despenalización del aborto; y también fue un claro mensaje de rechazo a diversas políticas y proyectos legislativos a través de los cuales el PRD y las fuerzas de izquierda, han tratado de cambiar algunos de los paradigmas más conservadores en entidades como el Distrito Federal, y que podrían reproducirse en el interior de la República.

Sin embargo, es bien sabido dentro del Congreso del Estado, que dicha reforma al artículo 12 constitucional, fue lograda gracias al arreglo habido entre el grupo gobernante y ¡la Iglesia Católica!, no sólo para tratar de atajar el camino a las fuerzas de izquierda, sino también —en el caso del grupo gobernante— para congraciarse con los grupos eclesiásticos que antes habían criticado duramente las decisiones del Gobierno del Estado, y habían simpatizado con los grupos políticos y de lucha social, opositores al PRI y al gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

El problema es que el encargado de materializar dicho pacto, fue el Congreso del Estado. Eso fue lo que hicieron el miércoles 9 de septiembre, cuando la diputada panista Perla Woorlich Fernández presentó en tribuna, una iniciativa de reforma constitucional que había sido elaborada por los asesores de la bancada priista. Esa propuesta contenía la modificación del artículo 12 en los términos antes señalados. Y al votarse, en la fracción priista no aceptaron ninguna disidencia, y todos, azules y tricolores, se pronunciaron a favor de esa modificación que, en realidad, fue pactada entre el Estado y la Iglesia Católica.

¿MUY JUARISTAS?

Así, ¿cómo queda quien ayer pactó con Dios, y ahora quiere refrendar su vena juarista? Queda, por decir lo menos, como un mentiroso. Y, sobre todo, como un obtuso. Son los mismos diputados, de la misma Legislatura que ayer coronaron un deseo de la Iglesia Católica, los que hoy pretenden “consolidar”, de nuevo, una reforma que refrende el laicismo del Estado en Oaxaca y que haga manifiesta la separación de la Iglesia y el Estado.

¿Cómo puede tomarse esto? Primero, como la más absurda de sus incongruencias, dados los antecedentes inmediatos de lo que ha realizado, en ese sentido, la presente Legislatura. Y, segundo, como una reiteración meramente coyuntural, que es innecesaria, y que revela la mezquindad de los legisladores y del grupo político al que pertenecen. Veamos por qué.

Hace unas cuantas semanas, las fracciones parlamentarias de los partidos de izquierda en la Cámara de Diputados federal, presentaron una iniciativa de reforma al artículo 40 de la Constitución de la República, para establecer la laicidad del Estado mexicano; para sustentar su propuesta, argumentaron la excesiva injerencia que hoy tiene la Iglesia en los asuntos políticos del país, y la necesidad de remarcar los límites que el Estado impone a las organizaciones y grupos religiosos. Citaron como ejemplo, justamente la injerencia católica en las reformas constitucionales antiaborto, que han ocurrido en por lo menos 18 entidades federativas, incluyendo Oaxaca.

Es evidente que, si tomamos en cuenta esto, lo que hoy están tratando de hacer los diputados oaxaqueños, es seguir un asunto meramente coyuntural. Sólo que carecen de toda calidad moral para siquiera abordar un asunto de ese tipo: ellos mismos, parecen estarse imponiendo candados y reprobaciones, por lo que hicieron hace cinco meses. ¿Muy laicos? Digan lo que digan “a favor de la vida”, esa laicidad no la demostraron hace cinco meses, cuando atendieron el interés de la Iglesia por reformar el artículo 12 de la Constitución local.

Además, una reforma de ese tipo sería innecesaria: la laicidad, aún en la Constitución federal, está garantizada por los artículos 3, 24 y 130, que tienen observancia en toda la República mexicana, que garantizan la no injerencia de la religión en los asuntos del Estado, y que imponen a al poder público como un ente superior a cualquier organización de tipo religioso. Además, la legislación de esa materia es exclusiva del orden federal.

Así, los diputados de Oaxaca podrán establecer, si quieren, la laicidad entre los principios en que se funda la organización política del Estado. Sólo que ni eso, ni ningún otro acto de simulación, será suficiente para garantizar la independencia del Estado, mientras ellos mismos sigan respondiendo con sumisión a intereses y decisiones que, sólo demuestran lo disminuido de su juarismo e independencia como legisladores.

¿LEGISLAR POR PACTOS?

Las reformas antiaborto eran una demostración del pacto PRI-PAN a nivel nacional. ¿Estas nuevas iniciativas pro laicidad son signo del divorcio entre esas dos fuerzas políticas? Es altísimo el riesgo de legislar a nivel constitucional en base a pactos e intereses mezquinos, como los que demuestran nuestros representantes populares.

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Alianza opositora: Contradicciones de la democracia y el pragmatismo

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

La coalición entre el Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, está prácticamente concretada. Desde hace meses, las dirigencias estatales y nacionales de esas fuerzas partidistas, habían venido manifestando su “disposición” para establecer mecanismos a través de los cuales pudieran construir plataformas conjuntas de gobierno, e impulsar a candidatos comunes a los cargos de elección popular, que se disputarán en los comicios estatales a celebrarse en Oaxaca en julio de 2010. La consolidación de esta coalición, reviste cuestionamientos que deben ser fundamentales para la discusión y el entendimiento de la democracia, pues con ello queda claro que ésta se enfrenta hoy a dilemas novedosos que deben ser resueltos, antes de que esto ocasione más incertidumbre e inmovilismos, que sólo afectan al país.

LOS ANTECEDENTES

Dos puntos deben quedar claros, de entrada, en esta discusión. El primero de ellos, tiene que ver con el hecho de que las coaliciones de partidos ni son nuevas en el país; el segundo punto tiene que ver con la plena legalidad que la norma electoral federal reconoce a los institutos políticos nacionales, para que éstos postulen candidatos comunes y compartan plataformas electorales y de gobierno. Esto debe servirnos de parámetro, y también de punto de partida para un asunto que va mucho más allá de cualquier antecedente —de hecho y de derecho— que pudiera tener la democracia electoral en la historia reciente de nuestro país.

Desde hace poco más de dos décadas habían existido acercamientos importantes entre fuerzas políticas de diversos órdenes. En los comicios federales de 1988, un importante conjunto de partidos políticos de izquierda crearon el Frente Democrático Nacional, postulando a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como candidato a la Presidencia de la República.

Luego de los comicios del 6 de julio de ese año, en el que resultó ganador el abanderado presidencial del PRI, Carlos Salinas de Gortari, tanto Cárdenas Solórzano como Manuel J. Clouthier (candidato del Partido Acción Nacional) se proclamaron ganadores de la contienda comicial. Esto generó una crisis de legitimidad, en la que finalmente tanto los que se identificaban con los partidos de izquierda, como quienes lo hacían con los de la derecha, se unieron en un solo frente político para denunciar el fraude electoral y exigir la anulación de la votación en la que había ganado el candidato priista Salinas de Gortari.

Ese fue apenas un primer viso de acuerdos sólidos entre fuerzas aparentemente disímbolas. El momento histórico que fue 1988 era excepcional, y tal parecía que más allá de las ideologías, había un sentimiento superior de que el interés era la democracia en México. Nadie cuestionó, entonces, el hecho de que, al menos en ese momento, los sectores más representativos de la izquierda estuvieran compartiendo intereses con quienes representaban las banderas ideológicas más opuestas.

Luego, años después, en el año 2000, en México ocurrieron dos alianzas políticas fundamentales para los comicios federales de ese año. El Partido Acción Nacional, que había postulado al entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, se unió con el Verde Ecologista de México para formar la Alianza por el Cambio; por su parte, el Partido de la Revolución Democrática constituyó, junto con los partidos del Trabajo, Convergencia, Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista, una coalición llamada Alianza por México. La legalidad y el resultado de los comicios en los que resultó ganador el panista Vicente Fox Quesada, fue incuestionable para las demás fuerzas políticas que participaban del proceso.

Cuando eso ocurrió, pocos fueron los cuestionamientos habidos alrededor de estas fuerzas políticas. En realidad, lo que más se discutió fue la supervivencia de fuerzas políticas minoritarias, como las que se aliaron al PAN y PRD en sus respectivas coaliciones, al “colgarse” de los altos porcentajes de votos que esos partidos obtenían, para conservar sus propios registros y tener representaciones legislativas en el Congreso de la Unión.

CONTRADICCIONES

DE 2004 Y 2006

Por esos mismos tiempos se crearon diversas coaliciones en las que participaron juntos los partidos de izquierda y derecha nacionales, para comicios de las entidades federativas. Un caso paradigmático fue el de la coalición Todos Somos Oaxaca, erigida en 2004 por todas las fuerzas opositoras —con excepción del Partido Unidad Popular, que por su carácter de partido estatal de reciente creación, no podía participar en coaliciones—, y que llevaron como abanderado a la gubernatura al entonces presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Gabino Cué Monteagudo.

Dos años después, sin embargo, la historia cambiaría. Al postular a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, en 2006 el PRD, PT y Convergencia se unieron en la Coalición Por el Bien de Todos. El PRI trabó alianza con el Partido Verde para crear la Alianza por México. Y el Partido Acción Nacional —ya entonces en el poder— decidió ir solo a los comicios federales.

El choque de trenes fue brutal: el abanderado panista, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sólo pudo aventajar al aspirante de la Coalición por el Bien de Todos, por un 0.2 por ciento. Algo así como 220 mil votos, de una elección en la que participaron, según información del Instituto Federal Electoral, 41.8 millones de ciudadanos mexicanos. La inconformidad postelectoral no se hizo esperar, y lo que inició como un conflicto que debía dirimirse en los Tribunales de la materia, fue llevada a la calle a través de una inconformidad social en la que las acusaciones se convirtieron en ofensas, las ofensas en insultos, y los insultos en un riesgo fundamental para la gobernabilidad del país.

López Obrador, el aspirante derrotado, acusó de ilegitimidad al gobierno entrante, y calificó como “espurio” al entonces presidente electo, Felipe Calderón. El primero de ellos, se enfrascó en una batalla política, que por momentos pareció tener como intención la ruptura del orden social y el inicio de una lucha por el derrocamiento del gobierno en turno. Hasta hoy, no existe un reconocimiento expreso de los partidos y las facciones que secundaron en 2006 a López Obrador, al gobierno que encabeza el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, hoy, en medio de ese sinuoso y altamente contradictorio escenario político, las fuerzas políticas de uno y de otro están juntas para encarar cuatro procesos electorales estatales. Entre ellos el de Oaxaca.

“EL AGUA Y EL ACEITE”

Así calificó hace unos meses el otrora líder moral y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, la alianza que entonces se sospechaba que erigirían las fuerzas de izquierda y el PAN para varios comicios estatales. No se equivocaba: tanto en posiciones ideológicas como en planteamientos de orden político, e incluso en formas de gobernar, una y otra fuerza habían resultado ser totalmente opuestas.

Además, independientemente de esas razones —que podrían ser catalogadas como de un “purismo ideológico” recalcitrante o anticuado—, lo cierto en todo eso es que la unión en particular de esas fuerzas políticas representaba una contradicción aparentemente insuperable: en 2006, López Obrador emprendió una andanada en contra del gobierno federal y del PAN, que partió justamente del desconocimiento de la autoridad constitucional, y que tenía como objetivo romper el orden institucional del país.

Desde entonces se negó a cualquier forma de entendimiento con el oficialismo; e incluso López Obrador se negó a la posibilidad de establecer un dique opositor responsable que equilibrara las fuerzas políticas en el país, y prefirió una desestabilización de tipo callejera que finalmente le hizo perder más adeptos que cualquier capital político que pudiese haber ganado con sus inconformidades. Eso era lo que, en realidad, lo hacía ser una unión catalogada como “entre el agua y el aceite”. No tanto las razones ideológicas, sino las circunstancias de hecho que habían llegado al PAN y PRD a uno de los choques más violentos de que se tenga memoria en la historia reciente del país.

2009 Y 2010: LAS

NUEVAS CIRCUNSTANCIAS

2009 marcó la peor debacle panista desde que llegó al poder federal, en el año 2000. El presidente Felipe Calderón fue incapaz de sostener la mayoría relativa que tenía en la Cámara de Diputados, y en los llamados “comicios intermedios” fue arrollado por una maquinaria priista que, desde los gobiernos estatales, operó de una forma excepcionalmente eficiente. Eso marcó el cambio de la agenda y los intereses políticos del panismo.

Hasta entonces, el PAN —con mayoría relativa en el Congreso— había necesitado del PRI para sacar adelante sus reformas y enfrentar al poder opositor del perredismo. Una vez que el panorama electoral cambió, los blanquiazules cayeron en la cuenta de que el priismo se preparaba para pelear con todo el sustento la presidencia de la República en 2012. Por eso las prioridades cambiaron, y los antiguos enemigos —PAN y PRD, que ahora estaban arrinconados— se unieron para tratar de frenar la fuerza del priismo.

Ninguna razón valió. De nada sirvieron los llamados a la cordura ni los recordatorios sobre las contradicciones ideológicas de una coalición sin sustento. Fueron desoídos todos los llamados relativos a la forma imposible de gobernar entre fuerzas que pertenecen a distintos raigambres, que tienen formas de gobierno distintas, que no comparten el proyecto nacional, y que incluso ni siquiera han demostrado fehacientemente que tienen uno y que lo pueden llevar a cabo.

En esto, Oaxaca ha sido un icono. Esta fue la tierra escogida por AMLO para establecer su resistencia al gobierno federal; aquí, las fuerzas opositoras han tenido fuertes enfrentamientos para tratar de frenar a un PRI que desde aquí parece estar impulsando un proyecto nacional que tiene rumbo en el 2012. Y por eso, aún con todo lo que los separa, tanto el PAN como el PRD decidieron ir juntos a unos comicios en los que ya están comenzando a pagar los costos.

La postulación de Gabino Cué Monteagudo ya costó las primeras renuncias. La más sentida de ellas, fue la del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y la de varios militantes del PAN y otras fuerzas políticas con intenciones de intervenir en el proceso aliancista.

Más allá de ello, lo que parece ser uno de los riesgos más potenciales, es que ese mismo pragmatismo que se está profesando en la conformación de alianzas, puede ser llevado a la forma de gobierno. Y nadie sabe cuál sería el resultado de un gobierno en el que no sólo se unen los polos de la democracia partidista, sino en el que se unen los polos más opuestos y confrontados de esa izquierda partidista.

El asunto va más allá de cómo ganar una elección: en realidad el dilema se basa en cómo gobernar un Estado cuando no se tienen coincidencias ni proyectos ni identidades sólidas. Ese es el nuevo paradigma al que se enfrenta Oaxaca.

Gómez Mont, se va pero no se va

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+ Moral política: nada nos gusta…

 

El pasado miércoles, un día después de que se hiciera oficial la coalición entre el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática y las demás fuerzas de izquierda, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo pública la decisión de renunciar a su militancia panista de más de 30 años. La decisión fue tomada, en un sentido, como un acto de congruencia personal del Funcionario ante una decisión que no compartía; fue respaldada, en algunos casos, y en otros, condenada. Algunos, incluso, calificaron la decisión como una simulación del Presidente ante las demás fuerzas políticas. Habrá que distinguir la razón entre cada uno de los planteamientos.

Sin duda, lo más sencillo de razonar y entender, tiene directamente que ver con la posibilidad de que esa fuera una decisión personal del Secretario de Gobernación, que tomó en función de preservar sus propias ideas y concepciones personales, y como parte de un instituto político en el cual no comparte las trascendentales decisiones tomadas en las últimas semanas. Así, la decisión de separarse de su militancia partidista podría considerarse, sin duda, como un auténtico acto de congruencia política que ya no es muy común de ver en un país como el nuestro.

Sin embargo, esa es una razón poco probable. Le guste o no a ciertos sectores de la población, el secretario Gómez Mont es —en primer término por su investidura política, pero también por las habilidades que ha demostrado como encargado de los asuntos políticos del país— uno de los funcionarios más fuertes del gobierno federal, que no ha desempeñado un mal papel si se toma en cuenta las complejas circunstancias políticas por las que atraviesa el país.

El secretario Gómez Mont ha demostrado, del mismo modo, ser uno de los personajes más cercanos y respetados por el Presidente de la República, y uno de los que más le ha ayudado en medio de las turbulencias que conlleva el tener un gobierno marcado por las derrotas y las contrariedades. Aunque esto no significa que, necesariamente, el actual sea el mejor, e incluso un buen Secretario de Gobernación, lo cierto es que es uno de los menos malos y uno de los que más ha colaborado con el gobierno en turno.

Siendo así, ¿el Secretario de Gobernación sería capaz de tomar una decisión tan trascendental, sin antes contar con el aval de su jefe, el Presidente de la República? Evidentemente, no. Y es así porque la figura del encargado de la política interna del país va más allá de la simple militancia partidista, e incluso rebasa al solo nombre de Fernando Gómez Mont o de quién sea.

Es decir, que aspectos políticos como esos —que se entiende que pertenecen a su vida y decisiones personales— en realidad se encuentran supeditados al cargo y al débito político que le debe a Jefe de Gobierno y de Estado a quien sirve directamente. Es decir, que en gran medida no pertenecen a la esfera privada, sino a la pública.

Si esto es así, entonces parece claro que un “berrinche” o una diferencia política real e insalvable, entre el Secretario de Gobernación y su jefe, el Presidente de la República —como la que parece haber actualmente en relación a Gómez Mont y el PAN—, no debía terminar en la dimisión de su partido, sino en la separación inmediata del cargo de quien es subalterno del Primer Mandatario. Dos hombres tan importantes para un país, no podrían dejarse llevar, en ningún sentido, por caprichos o berriches para tomar decisiones tan trascendentales. Debe haber razones y cálculos poderosos que llevaron al Presidente y su Secretario de Gobernación, a determinar que era el momento en el que el segundo tenía que presentar su renuncia —en una especie de “sacrificio” de su militancia partidista, para hacer prevalecer sus márgenes de maniobra en los asuntos del Estado—, o que podía hacerlo si de antemano éste último ya lo había considerado. En política, como siempre, no existen las coincidencias.

 

NEGOCIADOR FALLIDO

Aunque la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados federal, ha reiterado que jamás hubo una negociación parlamentaria con el gobierno de la República que incluyera el condicionamiento de aprobar el paquete económico a cambio de que el panismo prometiera no trabar alianzas en al menos cuatro entidades federativas, lo cierto es que todos los indicios apuntan a que fue justamente la consolidación de esas alianzas lo que provocó la renuncia del Secretario de Gobernación.

En su momento, en septiembre del año pasado, cuando por primera vez las dirigencias nacionales del PAN y PRD hablaron de la posibilidad de coaligarse en entidades como Oaxaca, Puebla, Veracruz y otras, fue justamente la fracción parlamentaria de Oaxaca en San Lázaro, la que dejó correr la versión de que el PRI cancelaría cualquier apoyo al paquete económico del gobierno federal, si el PAN no declinaba a unirse con las fuerzas de izquierda para futuras empresas electorales.

Antes, como ahora, el PRI negó que formalmente hubiera planteado ese asunto al PAN y al gobierno federal. La renuncia de Gómez Mont, sin embargo, pone en claro que esa negociación sí existió. Pero también deja ver que más allá de la salvaguarda de las dignidades políticas, su renuncia tiene como base la necesidad del gobierno federal de sacrificar, en cierta medida, a su Secretario de Gobernación, para hacer prevalecer los márgenes de diálogo.

Si el secretario Gómez Mont pactó con el PRI la no formalización de alianzas entre el PAN y otras fuerzas políticas, e incumplió, le quedaban dos caminos: sostener su dignidad separándose de su militancia como un signo de desaprobación a un acto que lo rebasó; o quedarse, sin ninguna reacción, en su cargo, pero cancelando todas sus posibilidades de interlocución creíble con las demás fuerzas políticas. Esa, al final, parece ser la razón más aceptable de por qué esta semana que termina, el Secretario de Gobernación dejó de ser militante panista.

 

NADA NOS GUSTA

Es razonable que se diga que esto es una farsa. Pero también es un exceso tratar de sostener que como Gómez Mont ya no es panista, debe renunciar a su cargo en el gobierno federal. Esto sería tanto como coronar lo que tantos priistas han criticado a la administración de Felipe Calderón Hinojosa: que sólo por la militancia, y por el cuatismo, se han entregado los puestos más importantes, y de mayor responsabilidad en el gobierno federal.

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Desprendimientos en el blanquiazul… y lo que falta

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+ ¿Qué es lo que importa de las alianzas electorales?

La decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, de anunciar la postulación de Gabino Cué Monteagudo como su candidato a la gubernatura de Oaxaca, tuvo los efectos que ya se habían vaticinado: tanto a nivel local, como en el ámbito nacional, ocurrieron desprendimientos de militantes, que se dijeron en desacuerdo con las decisiones cupulares tomadas por Acción Nacional y las demás fuerzas políticas que integrarán la Coalición opositora en nuestro Estado. ¿Qué implicaciones tiene todo esto?

Es evidente que, en primer término, la inconformidad más trascendental se dio con la renuncia a su militancia panista, del secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. Pero también, en Oaxaca, se dieron otras recriminaciones y desprendimientos importantes en el trabajo aliancista, no sólo en figuras locales del panismo, sino también de militantes de otros grupos que integrarán la coalición.

Al día siguiente del anuncio panista sobre la candidatura de Cué Monteagudo, se hizo pública la renuncia al blanquiazul de María de los Ángeles Abad Santibáñez, y el deslinde tanto de Irma Piñeiro Arias, como del Partido Nueva Alianza de la Coalición opositora. En medio de todo eso, hubo una declinación casi unánime de todos los aspirantes a la candidatura a Gobernador —del PAN, PRD y demás—, por continuar participando en un proceso interno al que más de uno calificó como “una comparsa”.

Así, lo que parece evidente es que importantes sectores de las fuerzas opositoras se están desligando del trabajo aliancista, y que lo único que parece quedar firme son las determinaciones de las dirigencias nacionales de los partidos —es decir, las representaciones formales— por ir coaligados en una alianza. En esas circunstancias, ¿Con qué fuerzas reales irá Gabino Cué a los comicios estatales de julio próximo?

La pregunta no es ociosa, sino que más bien es parte de las previsiones que desde hace tiempo se habían venido construyendo sobre el destino que tendría una alianza conformada entre fuerzas tan confrontadas y, sobre todo, sin que en todo esto existiera un método democrático efectivo a través del cual pudiera elegirse a sus abanderados. En la perspectiva, se encontraba la posibilidad tangible de rompimientos por el modo en cómo se conduciría tanto el proceso aliancista, como la unción de su abanderado a la gubernatura.

En este sentido, hace ya algunas semanas —específicamente, el 27 de enero pasado—, apuntamos que “más allá del ánimo gubernamental (…) aquí mismo sí existen fuertes sectores del panismo que no terminan de convencerse de lo que están disponiendo tanto su dirigencia estatal, como la nacional, sobre la coalición opositora. Y mucho menos están conformes con el candidato —el senador Gabino Cué Monteagudo— que está prácticamente impuesto para encabezar la alianza.”

Y rematamos diciendo que “esas fracturas ponen en entredicho la posibilidad de ganar. No basta con que se hagan declaraciones de unidad. Y si PAN y PRD no cuidan todos los detalles para subsanar cuanto antes las fracturas, su alianza sólo será de membretes pero sin un potencial claro para dar la batalla electoral en los comicios de julio.”

Eso es lo que, a nivel partidista, está justamente ocurriendo: ante los desprendimientos y los cuestionamientos, lo que parece claro es que esta es una alianza de membretes, en las que las fuerzas reales se están minando y confrontando por el doble discurso, el pragmatismo desbordante y las imposiciones, en las que sus respectivos partidos han basado la construcción de la coalición y la designación de su principal candidato.

ALIANZA, ¿PARA QUÉ?

Sin embargo, esas fracturas no parecen preocuparle demasiado a los que están en la ruta de consolidar la coalición opositora en Oaxaca. En realidad, lo que pareciera es que Acción Nacional trató de adelantarse a todas las demás fuerzas políticas en la unción formal de Cué Monteagudo como su candidato, y que todos parecen estar apostando toda la confianza a la operación política y económica de los programas sociales y las estructuras electorales que, cada uno por su lado, maneja el PAN desde el gobierno federal, y las llamadas fuerzas de izquierda a través de las redes ciudadanas de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué efecto buscó el PAN al ser el primero en reconocer a Cué como su abanderado? Evidentemente, uno de sus objetivos habría de ser el de “adjudicarse” al ex Senador como su Candidato, y tratar con ello de convertirse no en parte de toda la negociación sobre los espacios en disputa, sino en el factor de decisión sobre el destino que siga la Coalición. En esa lógica, todas las demás fuerzas tendrían que abrazar a un personaje que ya es Candidato del PAN a la gubernatura, y no tendría que ser éste quien se adhiriera a abanderados de otras fuerzas.

Por otro lado, habría también que ver en qué se basa la confianza de Acción Nacional sobre sus posibilidades de triunfo en Oaxaca. En ese sentido, una sola es la certeza que se tiene al respecto: el blanquiazul carece de estructuras y operadores electorales importantes en la entidad, pero cuenta con el cobijo de una amplia red de cobertura social, que ha sabido utilizar en los momentos más trascendentales.

Esto es justamente lo que pretenden combinar al unir esfuerzos con las fuerzas lopezobradoristas. Éstos últimos, carecen por completo de acceso a grandes fuentes de dinero, pero tienen como capital político el haber recorrido el Estado y construido una red relativamente importante de contactos y estructuras electorales, a través de las cuales buscarán incrementar sus potenciales de triunfo.

Ambas fuerzas, además, confían en que Cué Monteagudo es un elemento sólido que por sí mismo puede capitalizar buena parte de los votos y simpatías que necesitan para ganar. El resto, según consideran, lo obtendrán de la combinación de las “fortalezas” panistas y perredistas, y del modo en cómo capitalicen el voto de los no militantes. Una apuesta por demás arriesgada, pero que nadie puede decir que es del todo equivocada.

 

¿ESCANDALIZADOS?

Propios y extraños se sintieron desconcertados —y hasta contrariados— por la renuncia del secretario Gómez Mont a su partido. A nadie debería sorprender un acto de congruencia y una medida de extrema prudencia a través de la cual, el gobierno federal busca mantener el diálogo con las fuerzas políticas. ¿Qué no siempre se exigen políticos congruentes? Ahí está una muestra. Aunque, como todo en política, esa dimisión no puede ser explicada en una sola vertiente. Hay más de fondo. Abundaremos.

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Gabino, candidato de AN: el choque con la realidad

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+ PRI: ¿no que oposición no le marcaría los tiempos?

 

La noche del pasado martes se hizo público lo que aquí adelantamos hace casi 24 meses: el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, oficializó su adhesión a la coalición opositora de Oaxaca y declaró a Gabino Cué Monteagudo como su candidato a Gobernador. Parecía que propios y extraños se negaban a esa realidad. Y el choque de los idealismos contra los hechos, tanto en el oficialismo como en la oposición, parece ser de consecuencias anímicas brutales.

Hace casi dos años, el 27 de febrero de 2008, apuntamos en este espacio que dos delegados políticos del CEN panista se habían apersonado en Oaxaca para sostener una reunión de trabajo con la militancia local y los titulares de las delegaciones del gobierno federal en Oaxaca, y que traían un mensaje en particular:

Anunciarles que en Los Pinos se había ya determinado que el candidato sería el entonces senador Cué Monteagudo, con todas las implicaciones que ello traería aparejadas. Los mensajeros, en aquel encuentro, fueron el abogado Julio Esponda y el hoy diputado federal, Roberto Gil Zuarth.

Aquella determinación tenía implicaciones importantes: la decisión de impulsar al entonces senador Cué implicaba no sólo la necesidad de dejar atrás los agravios que se habían generado entre éste y el panismo oaxaqueño a raíz de los comicios locales de 2004, sino que además dejaba ver que la dirección nacional del PAN estaría dispuesto a construir una alianza con el PRD y las demás fuerzas de izquierda.

Y si aquella fue la primera señal de una coalición y del abanderamiento de Cué que ya se vislumbraban, la pauta definitiva la dio el resultado de los comicios federales del año pasado, en los que tanto Acción Nacional como el PRD fueron relegados por un PRI que remontó sus más dolorosas derrotas del pasado, y estuvo a casi nada de ganar la mayoría simple (250+1) de los escaños en la Cámara de Diputados federal.

En una lectura política correcta y sin apasionamientos, todos esos antecedentes apuntaban a que, en efecto, en Oaxaca habría de construirse una alianza de partidos de oposición, que el abanderado sería el ex senador Cué Monteagudo, y que sólo tendrían que consolidarse los tiempos formales para que todo eso ocurriera. Así, la noche del pasado martes se oficializó una previsión que infundadamente había sido negada tanto por sectores reacios de la oposición, como —sobre todo— por el propio oficialismo.

¿Por qué diversos sectores de la oposición se negaban —y lo siguen haciendo— a una alianza que abanderara al Convergente? Porque al menos en el panismo local, muchas de las ofensas generadas por la secuela de los comicios de 2004, no han sido superadas; en sectores conservadores del albiazul (como la corriente que encabeza el ex dirigente nacional, Manuel Espino Barrientos) cuestionan la falta de congruencia ideológica en la alianza de la derecha con la izquierda.

E incluso, algunos panistas —y militantes de otras fuerzas políticas—, porque se resistían a creer que ahora sí existiría un proceso verdaderamente democrático para elegir al abanderado de la Coalición, y que no se repetiría el acto de imposición por el que hace seis años fue ungido Cué como candidato.

Hoy, los hechos han dado la razón a las dudas de personajes como Irma Piñeiro Arias, Carlos Altamirano Toledo y demás, que en un principio se resistían a participar en esta unión opositora, y a los que finalmente utilizaron para legitimar un “proceso interno” que nunca existió. Ahora, los respectivos partidos de los personajes agraviados, tratarán de mantenerlos cohesionados a través de ofrecimientos de candidaturas menores (diputaciones locales o alcaldías), pero no la postulación a la gubernatura del Estado.

 

PRI: CHOQUE

CON LA REALIDAD

Sin embargo, los idealismos no sólo fueron privativos de la oposición. En realidad, diversos sectores del Partido Revolucionario Institucional también anhelaban la no consolidación de la alianza opositora, para tener ellos la libertad de elegir a su candidato y hacerlo ganar a través de una estructura electoral que, ciertamente, ha dado muestras de efectividad, pero que para un proceso comicial como el que se avecina, sin duda será insuficiente.

¿En base a qué, desde el priismo, se decía que la alianza opositora no se conformaría? Había algunas razones. Una de ellas era la cooptación de dirigentes y líderes opositores; otra era la confianza en que las contradicciones ideológicas y políticas de las fuerzas partidistas que pretendían unirse, finalmente les impidieran la consolidación de la alianza. Le apostaron, incluso, a dinamitar la unión opositora a través de pactos (como el que, dicen, ocurrió entre el priismo y el Secretario de Gobernación para aprobar el paquete fiscal del presente año) y amagues (como el de la difusión de videos sobre cuyo contenido aquí se ha reseñado ampliamente) que rompieran lo que ya se había construido.

En realidad, los argumentos del priismo para negar la coalición, fueron más emocionales que respaldados por la razón. Era, en otras palabras, lo que ellos querían y no lo que fundadamente podía ocurrir. En ese camino, los tricolores ya entraron en una ruta riesgosa en la construcción de su candidatura: hoy, ellos tampoco pueden presumir de un verdadero proceso democrático para la elección de su candidato a Gobernador, y son más los ataques y acusaciones de inequidad, que las señales claras de un “cierre de filas” y competencia equitativa que todos argumentan, pero que nadie logra fundamentar.

Ahora, cualquier ruta que tome el priismo tendrá costos: con su decisión, el PAN ya dio el primer paso y, ahora sí, está demostrado que el tricolor define sus tiempos en función de la oposición, y no al revés como inicialmente lo decían. Cué les rompió el esquema del viejo PRI sobre el “tapado”. Y, sobre todo, si a estas alturas rectifican el camino sobre su candidato a Gobernador, habrá muchos agravios. Pero si no lo hacen, quedarán como discípulos de una democracia simulada, de la que ya dieron un ejemplo clarísimo los partidos de oposición.

IFE: MAL SERVICIO

La mañana de ayer, más de 200 personas esperaban realizar trámites en un módulo de atención del IFE, ubicado en Belisario Domínguez y Fray Toribio, en la colonia Reforma; sin el menor recato, los funcionarios de esa oficina les negaron el servicio y, ante las protestas, solicitaron la presencia de docenas de elementos policiacos que disuadieron la inconformidad tratando a los ciudadanos como delincuentes. Qué lamentable.

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El panismo, a conquistar gobierno de Oaxaca (Columna del 27 de febrero de 2008)

Al Margen

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Miércoles 27 de febrero de 2008

+ El panismo, a conquistar gobierno de Oaxaca

+ Candidatura de Gabino, a punto de amarrarse

Lejos de cualquier otra interpretación, el objetivo real que tuvo la reunión ocurrida el pasado domingo en un conocido hotel del sur de la capital oaxaqueña entre la dirigencia nacional del PAN y los delegados del Gobierno Federal en Oaxaca, fue el de “tirar” las primeras líneas al llamado “panismo duro” con asiento en la entidad, de lo que será el inicio de su propia carrera por la sucesión en el gobierno de Oaxaca, que habrá ocurrir en 2010.

Esa reunión tenía varios objetivos. Porque si la finalidad aparente era el echar a andar un ambicioso programa partidista de reclutamiento —reciclamiento— de algunas autoridades municipales, líderes regionales y algunas otras figuras del ámbito social y empresarial de Oaxaca, en el fondo ese encuentro tenía el objetivo de reunir a las dos vertientes del panismo —los locales y los “duros”— con la dirigencia nacional y algunos mecenas de la oposición local, para hacerles ver que la carrera por el 2010 será una guerra sin cuartel, en la que los apoyos y las alianzas ya fueron tejidas desde los altos círculos del poder federal, y necesitan ser echadas a andar cuanto antes en Oaxaca.

La presencia en Oaxaca de Roberto Gil Zuarth, director jurídico del CEN del PAN, y Luis Esponda —de quien su única “credencial” panista es la amistad personal con el presidente Felipe Calderón— no fueron fortuitas. Y no lo fueron porque el objetivo de fondo que traían era, en primer término, “regañar” a la dirigencia estatal por entreguista al Gobierno de Ulises Ruiz; y en segundo término, para hacerle saber al llamado “panismo duro” —es decir, los delegados federales en Oaxaca— que la orden dada desde el alto círculo de poder panista, es que de ahora en adelante todos los apoyos y el activismo electoral, necesitarán ser centrados de nuevo en la figura del senador Gabino Cué Monteagudo.

Esto porque, de acuerdo con fuentes del alto círculo panista en el ámbito nacional, hace apenas unas semanas habría ocurrido un encuentro personal entre el presidente Calderón y el senador Cué, en el que pactó el apoyo político necesario para que el malogrado Candidato opositor a Gobernador de Oaxaca compitiera de nuevo por el cargo en el año 2010, pero ahora sustentado firmemente por el aparato electoral y partidista con que cuenta el Gobierno Federal.

Por esa razón, aseguran las fuentes consultadas, a esa reunión ocurrida el domingo en el hotel Fiesta Inn de la capital oaxaqueña, estuvo también invitado el ex banquero, Alfredo Harp Helú, quien fue uno de los principales financiadores de las aspiraciones políticas del hoy Senador convergente durante la aventura proselitista de 2004, y podría estar de nuevo interesado en abonar una causa electoral de esa naturaleza.

Incluso, se comenta que esa fue la razón por la que el diario Noticias —que es propiedad del chiapaneco Ericel Gómez Nucamendi, quien a su vez es suplente de Cué en el Senado y uno de los integrantes incondicionales de ese círculo donde se comparten lazos, intereses y ambiciones de todo tipo— fue el único medio informativo al que se le permitió hacer cobertura y dio, en la portada del pasado lunes, amplias reseñas del evento.

Si en el fondo, el interés político de ese grupo está de nuevo en la lucha por la gubernatura, sería entendible que junto con los apoyos recibidos por parte del PAN y el Gobierno Federal, el senador Cué pudiera estar echando a andar de nuevo la maquinaria mediática que en otros tiempos fue también parte fundamental de su promoción y vocería.

CDE, FUSTIGADO

Sin embargo, en todo esto no se debe pasar por alto el hecho de que mientras la causa política del senador Cué era “destapada” por los enviados del presidente Calderón y el CEN panista, la dirigencia estatal del PAN recibía el fuerte revés político que pensaron que ya no ocurriría ante los magros resultados entregados en los dos últimos procesos electorales.

El mensaje de los emisarios contenía, en el fondo, la indicación de que de ahora en adelante el llamado “panismo tradicional” quedaría rebasado por la necesidad —acaso pragmática— de espacios de decisión y poder que tiene en todo el país la dirigencia nacional calderonista de Acción Nacional.

Sobre el panismo “tradicional” oaxaqueño, que encarna la dirigencia de Jorge Alberto Valencia Arroyo, pesan al menos dos señalamientos: el primero de ellos, tiene que ver directamente con la tibieza en sus estrategias electorales y porque la mala elección de sus candidatos permitió al Partido Revolucionario Institucional obtener todos los espacios en disputa electoral en un escenario que se vislumbraba favorable al panismo.

Y el segundo de los señalamientos, es el referente a las ligas que podría haber entre el panismo que controla la dirigencia estatal con los grupos de poder antagónicos al del presidente Calderón. Y si algo ha quedado claro en todo el país en relación a las últimas elecciones —y concertacesiones— en las que ha participado el PAN calderonista en comicios estatales, es que son fundamentales las lealtades, pero lo son más el control político y los resultados favorables que arroje cada proceso electoral.

Por eso los emisarios (Esponda y Gil Zuarth, respectivamente) fueron gente cercana al presidente Calderón y a Germán Martínez Cázares. La idea de fondo era dejar en claro que ni la “línea” que tiraron a favor de Cué está a discusión, y menos que las decisiones relativas a los procesos electorales seguirán dejándose al arbitrio, la ineficiencia o el mal tino de la dirigencia estatal. El calderonismo parece venir en serio a buscar el poder político en Oaxaca. Y por eso es que las decisiones importantes relativas a Oaxaca, de ahora en adelante serán tomadas desde la Ciudad de México.

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Videos: una mala apuesta del priismo oaxaqueño

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+ Jiménez-Olivares: ¿qué es verdad y qué intrigas?

El pasado lunes, al tratar de disculparse por la trifulca que protagonizó la semana pasada en la Cámara baja federal, la diputada Margarita Liborio reiteró los señalamientos de corrupción y doble moral a su compañero legislador Guillermo Zavaleta Rojas, pero aseguró, textualmente, lo siguiente: “Para los habitantes de la entidad oaxaqueña no es un secreto que el actual diputado federal albiazul, Guillermo Zavaleta, durante su gestión como legislador local recibió recursos del entonces presidente del Congreso; es de todos conocida su desmedida ambición por lo que no pasaron desapercibidos este tipo de actos en los que también participó el actual dirigente estatal del PAN, Carlos Moreno Alcántara”. ¿Qué busca el PRI con golpeteos de esa naturaleza?

Es evidente que, en primer término, tanto de la existencia de los videos, como de la dudosa moral pública de esos dos connotados panistas locales —y otros militantes de la oposición— no queda duda alguna. El problema es que, en esa circunstancia, el priismo debería valorar con mucha más serenidad la posibilidad de abrir una verdadera Caja de Pandora, de la que ellos mismos tampoco saldrían bien librados.

Esto porque, hoy, la situación de los videos es prácticamente desconocida. Se sabe que las grabaciones han sido cuidadosamente mostradas entre los más altos círculos del priismo oaxaqueño. Sin embargo, hasta el momento no existe decisión final alguna sobre el momento y la circunstancia en que serán éstas serán difundidas. (Hasta la tarde de ayer martes, tampoco se había informado si finalmente la dirigencia nacional del PAN había solicitado los videos, si ya ocurrió una negociación sobre éstos, si todo fue un simple amague, o por qué razón tales grabaciones no se dieron a conocer).

Algo más o menos similar ocurre con el amague hacia el panismo local: los dos involucrados —el diputado federal Zavaleta Rojas, y el dirigente estatal Moreno Alcántara— prefirieron aprovechar el momento para nutrir su propio debate y tratar de que los errores priistas les favorecieran, pero ninguno de los dos, ni uno solo, tuvo la calidad moral para asegurar que tales grabaciones no existen, o que los señalamientos sobre las dádivas oficiales son un cuento con el que los pretende chantajear el oficialismo.

A esto habría que agregar otros factores. Uno de ellos es fundamental: como tal, el panismo oaxaqueño es meramente representativo. Y si con el amague relativo a los videos, el priismo pretendió provocar un efecto desestabilizador en la alianza opositora, su objetivo no se cumplió. ¿Por qué? Justamente porque el PAN de Oaxaca es quien menos influye en las decisiones sobre una alianza opositora oaxaqueña, que sin embargo se construye desde las más altas cúpulas opositoras establecidas en la Ciudad de México.

Es decir, que a las fuerzas aliancistas les saldría más “barato” separar de todas las labores partidistas a esos militantes cuestionados por los video escándalos —e incluso llegar a expulsarlos, tal y como lo hizo el PRD en su momento con Carlos Imaz, Ramón Sosamontes o René Bejarano—, que decidir, en razón de ello, no establecer una alianza que le será estratégica y trascendental para el escenario electoral nacional.

Otra razón es fundamental: en términos reales, tanto el PAN como el PRD y las demás fuerzas que pretenden integrar la alianza opositora, están prácticamente nulificados en los espacios formales de poder. Es decir: el panismo tiene un legislador federal por Oaxaca, que accedió a la curul por la vía plurinominal. Y si lo pierden, en realidad lo resentirían poco. Zavaleta era un completo desconocido —y un elemento sin aporte político real— en la escena nacional, hasta antes de la semana pasada, cuando fue increpado violentamente por las diputadas Liborio Arrazola y Sofía Castro Ríos.

Así, el priismo debería preguntarse: ¿Cómo pelear a manotazos con una fuerza electoral que —justamente por sus altísimas carencias— no tiene algo qué perder en estos comicios?

EFECTO ADVERSO

Aunque ningún priista con “calidad moral” había dicho algo al respecto sobre el contenido de los videos, son las propias declaraciones de la diputada Liborio Arrazola —que reseñamos al inicio de esta columna—, las que dan cuenta puntual de lo que podría verse en las grabaciones: al Presidente del Congreso del Estado en la LIX Legislatura local, entregando recursos a los entonces también diputados locales por Acción Nacional, Zavaleta Rojas y Moreno Alcántara.

Evidentemente, la posición en la que quedan esos personajes distinguidos de la oposición es harto cuestionable. Sin embargo, ¿Cómo queda el “entonces Presidente del Congreso”, es decir, el actual titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, Bulmaro Rito Salinas? Evidentemente, los hechos involucran de una forma excepcional a Zavaleta y Moreno. Pero, en la misma medida, lo hacen con su entonces homólogo priista, que además figura hoy como un alto funcionario de la administración estatal.

Hasta el momento, la soberbia no les ha permitido ver con claridad, que el solo amague sobre el contenido de los videos los hará pagar un costo altísimo; y que si éstos se difunden, digan lo que digan, todos estarán metidos en serios problemas. Disponer de recursos provenientes de las arcas públicas entraña graves faltas administrativas y también constituye delitos del orden común y federal.

Sin embargo, los obtusos aconsejadores del priismo, y del propio Rito Salinas, únicamente parecen ver los efectos inmediatos, pero no el certero golpe político que ellos mismos se asestarían. Seguramente las responsabilidades administrativas y judiciales estarían superadas. ¿Pero qué tal el propio juicio popular y los antecedentes políticos que quedarán de los directamente involucrados, y de los grupos de poder a los que pertenecen? Todos apelan a la desmemoria y llaman a cuidar a los “bejaranos” opositores. ¿Apoco el priismo querrá cargar con su versión local de Carlos Ahumada?

CONFUSIÓN E INTRIGAS

Carlos Jiménez Macías no fue retirado de la encomienda de fungir como árbitro en el proceso del PRI para elegir a su candidato a Gobernador. Más bien, Héctor Hugo Olivares vino a operar todo lo relativo a las diputaciones locales y alcaldías, que también se disputarán en los comicios del 4 de julio. La confusión se generó a partir de que algunos priistas, especialistas en la intriga, aseguraron que el Senador potosino había sido relevado de sus funciones por no cumplir con las expectativas del Jefe Político. El canibalismo, a la orden del día.

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