Transparencia: El gobierno de Gabino la engulle

+ IEAIP: el desprecio oficial los desacredita a todos

Desde la tarde del pasado miércoles, la oficina de prensa del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, hizo circular un comunicado en el que anuncian la presentación de un Juicio de Garantías en contra de una solicitud hecha por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, para que les sea devuelto el inmueble en el que desarrollan su labor.

Este parece ser el principio del fin de un órgano, y de una garantía constitucional, que en Oaxaca ha sido sistemáticamente soslayada y menospreciada no sólo por quienes en el régimen anterior se resistieron a ella, sino también por quienes dicen defenderla y honrarla en esta supuesta transición democrática.

Lamentablemente, en nuestro estado ha quedado fielmente demostrado que la actividad política sólo ha enturbiado, revuelto y despreciado cualquier posible voluntad real por la transparencia. Independientemente de cualquier trabajo —bueno o malo— que haya realizado el Instituto de Acceso a la Información, es claro que ninguna de las decisiones tomadas desde el poder ha sido en su beneficio. ¿De qué hablamos?

En términos sencillos, de que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz sólo honró la transparencia en los límites mínimos del decoro y las apariencias, pero sin demostrar nunca una voluntad real por fortalecer un órgano autónomo que, en estos tiempos, representa uno de los faros que alumbran y dan guía a los regímenes democráticos, y que bien pudo ser una bandera eficaz contra sus detractores.

Quedó siempre claro que a Ulises Ruiz lo último que le importaba era la transparencia. Por eso, no fue sino hasta cuando tenía encima el movimiento magisterial y popular de 2006, que forzado por las circunstancias impulsó una primera ley de transparencia que, sin haber entrado en vigor, fue sustituida por la que actualmente rige.

A la par de ello, creó un órgano (el IEAIP) al que él mismo desacreditó no necesariamente por la calidad moral o profesional de quienes lo integraron (Genaro Vásquez Colmenares, Raúl Ávila Ortiz y Alicia Aguilar Castro), sino porque éstos tenían inocultables relaciones de cercanía y compromiso con el poder gubernamental al que, se supone, iban a acotar.

Esa ha sido, esencialmente, la razón por la que el Instituto de Acceso a la Información en Oaxaca, nunca ha tenido la credibilidad y aceptación ciudadana que requiere un órgano de esa naturaleza. Aunque el trabajo formal del Instituto ha sido reconocido a nivel nacional por su estructuración y alcances, es claro que ni con eso el oaxaqueño promedio tiene confianza en él.

Todo eso pone en claro que el trabajo del IEAIP siempre ha sido cuesta arriba. Sus integrantes no sólo han tratado de que los sujetos obligados cumplan con lo que dice la ley de transparencia, sino esencialmente han luchado porque les crean que de verdad están haciendo el trabajo y la labor de contención democrática que dicen que hacen.

En todo esto, lo peor es que si en algún momento el antiguo régimen (de Ulises Ruiz) creyó posible “heredar” este órgano a sus sucesores, como una especie de cuña para contenerlos y desde ahí controlarlos, en los hechos no hizo sino todo lo contrario. ¿Por qué?

Porque quién sabe si antes de ser gobernador, Gabino Cué tenía algún grado de confianza en el Instituto. Pero con lo hecho por el entonces gobernador Ruiz en los últimos días de su gobierno, le dio la estocada final a la credibilidad y permanencia del IEAIP:

Nombró, a través de vías aparentemente democráticas, a Soledad Rojas Walls como comisionada en sustitución de Alicia Aguilar. Esa designación tuvo un fuerte cuestionamiento porque está basado más en razones personales, que en una verdadera ponderación del perfil profesional, la experiencia y el aporte a la transparencia que pudiera hacer la nueva Comisionada.

 

TRANSICIÓN, ¿ASÍ?

Todas esas maniobras de boicot a la transparencia, dejaron en claro que el futuro del IEAIP sería algo más que incierto frente al nuevo régimen del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Aunque éste prometió honrar la transparencia y todo lo relativo al derecho a saber, más bien decidió tomarlo como una cuestión de su gobierno, desdeñando cualquier posible reforzamiento al órgano autónomo encargado de la materia.

Incluso, desde que ocurrió el proceso de entrega-recepción, aquí lo señalamos: tanto el gobierno de Ulises Ruiz, como el equipo de transición de Gabino Cué, ignoraron por completo al Instituto de Acceso a la Información, incluso como un mero actor testimonial de lo que estaban haciendo. A unos y a otros, les importó un comino la existencia de ese supuesto órgano legitimador de las democracias contemporáneas.

Luego, al tomar posesión Gabino Cué del gobierno, incluyó en las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría, todo lo relativo a la transparencia gubernamental. Prometió que a través de ella, el pueblo de Oaxaca podría estar al tanto de lo que hiciera y decidiera el gobierno, y podría asimismo tener certeza sobre su honorabilidad, legalidad y legitimidad. Y nuevamente soslayó la existencia tanto del mandato constitucional, como de la ley, y el órgano de transparencia.

Su razonamiento, para ello, ha sido sencillo: para el nuevo régimen, los tres comisionados responden al interés del gobierno anterior, y por esa razón deben ser ignorados y excluidos. Puede que tengan razón. El problema es que el gobierno de Gabino Cué, hasta hoy, ha hecho nada por abonar su propia credibilidad, y por demostrar que ellos sí tienen voluntad real por la transparencia.

Por citar un ejemplo, ¿a caso la Secretaría a cargo de Perla Woolrich ya aclaró por completo, y tomó las medidas pertinentes, para sancionar y ajustar al marco del derecho, todo lo relativo a la acreditación de los estudios profesionales de los miembros del gabinete de gobierno? ¿De verdad tienen ellos un proyecto real de transparencia, cuando esencialmente ésta debe ser garantizada por órganos autónomos y ajenos a las estructuras formales del poder?

 

HOSTIGAMIENTO INNECESARIO

Si el nuevo gobierno no confía en los integrantes del IEAIP, debería iniciar ya el proceso para sustituirlos. Dejarlos a la deriva, y hostigarlos, es tanto como ningunear el imperativo democrático relativo a la transparencia y el derecho a saber. En el fondo, el gobierno de Gabino Cué está tratando de esconder, con ese supuesto desprecio, el verdadero talante autoritario y antidemocrático que en su momento tanto denunció de sus adversarios políticos.

 

Eviel: ni en derrota hay diagnóstico real del PRI

+ Replanteamiento priista: un imperativo inminente

El 4 de diciembre de 2010, en entrevista con TIEMPO, el ex candidato a la gubernatura y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Eviel Pérez Magaña, atribuyó la derrota electoral de su partido a tres factores: el abandono de su dirigencia nacional; la pugna entre Ulises Ruiz y Jorge Franco, y la conformación de la Alianza PAN-PRD-PT-Convergencia. Es claro que, ni entonces ni ahora, la dirigencia priista comprende, y comparte con su militancia, las razones que los llevaron a entregar el poder.

Esto es lo que, hace casi dos meses, dijo textualmente en entrevista el diputado Pérez Magaña a nuestro compañero Juan Carlos Medrano: “Nuestro error fue no haber tenido el apoyo, ni los acuerdos necesarios, tanto con la cúpula nacional que se generó producto de esta confrontación, porque estamos hablando de confrontaciones de Ulises con los ex gobernadores, luego de un cruzamiento de muchos personajes…”

“Yo esperaba ver a la presidenta de mi partido, Beatriz Paredes Rangel, poniendo una denuncia ante las instancias correspondientes, por la intromisión del presidente de la República en la elección, pero hasta el día de hoy, no sé por qué no ocurrió así…”

Ante el cuestionamiento de si había influido el rompimiento entre el entonces gobernador Ulises Ruiz y el diputado Jorge Franco Vargas, Pérez Magaña señaló: “¡Claro que pesó; todos son cuadros valiosos, pero pues se llevó una confrontación a un terreno en el que no tuvo por qué darse; hoy, hay que decirlo: ¡ya ni se hablan!”

Hoy, cuando los más importantes grupos políticos al interior del priismo oaxaqueño velan armas para iniciar una pugna política por la renovación de la dirigencia estatal, particularmente vale la pena recordar esas palabras del Líder priista, para entender las razones por las que cada vez más grupos exigen no sólo una nueva directiva, sino el replanteamiento total de los grupos y prácticas que confluyen al interior del tricolor.

La importancia de las palabras dichas por Pérez Magaña a inicios de diciembre, radica en el hecho de que por lo menos demuestran la existencia de un análisis inexacto y extraviado  sobre el estado en que se encuentra el priismo oaxaqueño, y sobre el rumbo que debe tomar ahora como fuerza de oposición.

En el primero de los puntos, ¿Cómo poder asegurar que hubo un supuesto abandono de las figuras nacionales de su partido, cuando no hubo un solo personaje de talla nacional del priismo, que no estuviera volcado en Oaxaca durante las campañas proselitistas?

Más bien, si se recuerda, fueron por lo menos tres ocasiones en las que estuvo la dirigente nacional Beatriz Paredes Rangel; al menos otras tres, las que vino exclusivamente a realizar labor proselitista el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Y era a los representantes y líderes partidistas estatales con legitimación, y no a Paredes, a quienes les correspondía encabezar la defensa legal, y las denuncias ante la opinión pública por las presuntas intromisiones de funcionarios federales, o de otros gobiernos, en la operación electoral de estos comicios.

Así, en un primer momento, el dirigente Pérez Magaña debía cuestionarse seriamente si fue en realidad el abandono de la dirigencia y figuras nacionales lo que se convirtió en un factor para su derrota, o si, por el contrario, fueron las “grandes figuras” locales quienes de verdad lo abandonaron, lo traicionaron, o hicieron un trabajo tan deficiente que finalmente redundó en su derrota.

No parece creíble el argumento del abandono del priismo nacional. Y si todo esto se ve así, las otras razones dadas para explicar su derrota son aún mucho menos verosímiles.

PLEITO MAGNIFICADO

Suponer que el pleito entre el entonces gobernador Ruiz y el diputado Franco Vargas, fue uno de los tres factores fundamentales para su derrota, es tanto como:

a) magnificar a una figura de por sí desgastada, deslegitimada y rechazada como lo es Franco, que sólo fue poderoso y eficaz en la medida que tuvo de su lado el aparato y los recursos gubernamentales para hacer las tareas que se le encargaban; y,

b) negar que la derrota priista tiene una connotación mucho más profunda y explicable en los errores, la frivolidad y los excesos cometidos por toda una administración estatal que gobernó al margen de la credibilidad, cercanía y aceptación ciudadana, y debería ser explicada, comprendida y analizada a la luz de factores de verdad reales, y no de reyertas cupulares que en realidad fueron intrascendentes.

Veamos si no. El diputado Franco Vargas es un personaje político eficaz, sólo en la medida que tiene los elementos del poder para ejecutar las tareas que se le encomiendan. Como Secretario de Gobierno le tocó jugar el papel de villano e implacable, porque era lo que el momento requería.

Después, como líder priista reforzó las estructuras electorales, gracias no a su carisma o talentos personales, sino a los elementos —económicos, de coacción política, clientelares y hasta de violencia— que pusieron a su alcance para “unificar” a la estructura priista. Sin embargo, nunca ha demostrado algo sustentable como político, como hombre con visión de Estado, e incluso como un personaje con perspectiva de sociedad en relación a lo que necesita Oaxaca. Y es, por si fuera poco, el más apático e improductivo legislador federal que tiene el priismo y nuestra entidad.

Pero además, reducir la derrota priista del 4 de julio a un pleito entre dos personajes, es tanto como querer tapar el sol con un dedo respecto a lo que fue el ulisismo en Oaxaca. ¿A poco la visión maquiavélica de un personaje logró volcar a la sociedad a favor de su adversario (Gabino Cué) para darle más de 100 mil votos de diferencia?

Eso, ni cercanamente, fue así. El PRI perdió por los excesos de Ulises Ruiz y quienes lo acompañaron en el gobierno; perdió por la mala operación electoral que realizaron; por las traiciones y el abandono de que fue objeto el entonces Candidato por parte de sus propios compañeros; y perdió porque, les guste o no, la mayoría de los electores los rechazaron implacablemente en las urnas.

PRI SIN RUMBO

El PRI, a juicio de sus corrientes, debe dejar los maniqueísmos y chovinismos con los que quieren maquillar, o culpar a otros, de sus errores y su derrota. La disputa, en el fondo, debía ser no sólo por la dirigencia o las candidaturas, sino por construir la verdadera oposición en Oaxaca, que hoy simplemente no existe.

Mario Emilio se confunde o se engaña con su dimisión

+ Responsabilidad política, la otra carga de funcionarios

El derecho administrativo mexicano establece claramente que todos los servidores públicos pueden enfrentar, por el ejercicio de sus funciones, responsabilidad administrativa, judicial y política.

Esto lo debería comenzar a entender el ahora ex director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, Mario Emilio Zárate Vásquez, para evitar las amenazas sin sentido, los intentos manipulación y las autoinculpaciones que ha lanzado recientemente.

¿Cuál es el motivo de su molestia? Todo se centra en la reciente aprehensión en una comunidad rural de Oaxaca, del presunto integrante de un grupo criminal, de nombre Flavio Méndez Santiago, y apodado “El amarillo” o “El armadillo”.

Éste, al ser presentado por las autoridades federales ante los medios de información de la capital del país, relató buena parte de sus actividades delictivas, pero también aseguró haber sido nada menos que director de la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán.

Cuando ello ocurrió, aquí en la entidad surgió la interrogante de para qué administración, y autoridad municipal, había trabajado Méndez Santiago. Pronto se supo que éste había fungido como mando policiaco en el trienio que constitucionalmente le correspondía al doctor Roberto Efrén Molina Hernández.

Y en ese punto fue donde, también, se desató una serie de señalamientos sobre la responsabilidad por la contratación del presunto criminal como agente policiaco.

En términos sencillos, Mario Emilio Zárate —que había fungido como síndico Procurador en esa administración— acusó a Molina de haber tenido como escolta a Méndez Santiago. También dijo que éste había sido contratado por la alcaldesa interina, Sandra Eugenia Ramírez Flores.

Sólo que ambos, Molina y Ramírez, se defendieron asegurando que la Dirección de Seguridad Pública, y la Policía Municipal de esa demarcación, se hallaban bajo el mando y responsabilidad de Zárate Vásquez. Luego aparecieron documentos oficiales de esa administración, en poder de varios medios informativos, que parecían probar ese hecho.

El fondo del asunto es este intento de manipulación, que para Zárate Vásquez ya se convirtió en una amenaza abierta, e incluso cuantificada para varios medios informativos, incluido TIEMPO: que sepamos, al ex Director Jurídico de la General de Gobierno, nadie lo responsabilizó o señaló por tener vínculos con un grupo criminal, sino por ser presuntamente el responsable de la contratación de El Amarillo.

La diferencia entre uno y otro señalamiento, es sustancial: en el primero de los casos, podría haber ocurrido que los medios informativos, o sus adversarios políticos, o quien fuere, acusara públicamente a Zárate Vásquez, con o sin pruebas, de pertenecer o tener vínculos con un grupo criminal.

En el segundo de los casos, que es el que corresponde a lo que verdaderamente ocurrió, la prensa oaxaqueña hizo eco de señalamientos asimismo públicos, de que él habría sido el responsable de la contratación de Flavio Méndez Santiago. Nada más. Sería temerario, ilegal, y hasta absurdo, que oficiosamente un medio informativo hiciera señalamientos, sin contar con las probanzas correspondientes, de que tal o cual persona pertenece o tiene nexos con un grupo criminal.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Formalmente, todo servidor público puede ser sujeto de tres tipos de responsabilidad por el desempeño de las funciones que le confiere la ley: la primera, es la administrativa; la segunda es la penal; y la tercera, es la política.

En una de las vertientes de ésta última, y no en las dos anteriores, es justamente donde se inscribe el embrollo en que hoy está envuelto no sólo Zárate, sino todos los ex funcionarios del gobierno municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, que entre 2005 y 2007 tuvieron a su cargo las funciones administrativas y de gobierno de esa demarcación que se relacionan con lo dicho por El Amarillo.

¿Por qué? Porque aún cuando pareciera que los ex munícipes Molina y Ramírez Flores —uno constitucional, y la otra interina— se eximieron públicamente de responsabilidad al señalar a Zárate Vásquez, es claro que, en todo caso, los tres tendrán que responder ante la sociedad por la presencia de El Amarillo en Xoxocotlán, así como participar en la misma medida en el deslinde de responsabilidades.

Hasta donde se sabe, ninguno de los tres tiene requerimientos pendientes por parte de autoridad alguna. Quizá sea después —cuando como consecuencia de las investigaciones que realice la PGR se arroje algún resultado que involucre a alguno de ellos— que Molina, Ramírez Flores o Zárate Vásquez sean llamados a declarar o se instaure algún proceso penal en su contra.

Sin embargo, la responsabilidad política permanece. Hoy, esos tres personajes —que ya son simples civiles— deben dejar de lado los amagues inicuos e innecesarios, para estar dispuestos a responder por sus actos frente a la sociedad.

Aunque quizá no amerite que alguno de ellos sea sujeto de juicio político o de responsabilidad, su carga política ante los oaxaqueños de todos modos prevalece, y es a partir de ello que Zárate y los demás involucrados deben estar prestos a aclarar este asunto ante la instancia que los requiera.

Es claro que amenazando a la prensa, Zárate ni gana algo y, al contrario, exhibe por completo su alto grado de intolerancia e incapacidad para analizar las situaciones en las que se encuentra involucrado.

Los medios informativos estatales, dan cuenta todos los días de hechos públicos y señalamientos de los actores sociales y políticos. En ese sentido, tratar de culpar al mensajero de los asuntos de fondo, revela un peligroso talante antidemocrático y autoritario que no corresponde a un gobierno democrático y abierto como el que encabeza el gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Por ello, Zárate debe revisar con cuidado quiénes son sus acusadores reales, e incluso si no ha sido él mismo quien se ha señalado con sus amenazas. La prensa oaxaqueña ha dado cuenta de lo que corresponde a su responsabilidad política como funcionario. Pero nada más. Pero eso, al parecer, le queda claro a todos, menos a él.

TEMA PRIORITARIO

En la asamblea plenaria del PRI, se resolvió atender como un asunto de la más alta prioridad, el de la situación de inseguridad y abusos que viven los migrantes centroamericanos en la frontera sur. Este importante acuerdo, fue consecuencia del trabajo legislativo y las gestiones realizadas por el diputado federal oaxaqueño, Jorge González Ilescas.

Puerto Escondido: los criminales tienen manga ancha

+ Ahí, caso de abusos e impunidad en la Policía Estatal

 

El pasado fin de semana, unas mil personas salieron a las calles de la ciudad de Puerto Escondido, para exigir que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con sus respectivas responsabilidades en la salvaguarda de la seguridad pública. Esto ocurre, mientras que en la Policía Estatal se dan abominables casos de abusos e impunidad, ahí mismo, que lejos de abonar a lo que los ciudadanos exigen, reiteran el clima de zozobra y vulnerabilidad en que vive la población.

De acuerdo con reportes del periódico Milenio dados a conocer el fin de semana, dicha manifestación fue convocada por empresarios de Puerto Escondido, y fue encabezada por familiares y amigos de Ramiro Núñez Cervantes, joven ejecutivo de cobranza y ventas de una empresa ubicada en esa comunidad porteña, que fue arteramente asesinado en días pasados en una carretera de la costa chica oaxaqueña.

Este, que es uno de tantos hechos delictivos que de un tiempo a la fecha ocurren en ese concurrido centro turístico oaxaqueño, necesariamente habrá de llamar la atención de Eduardo Rojas Zavaleta, nuevo edil del municipio (San Pedro Mixtepec) al que pertenece Puerto Escondido; pero también, y de forma ineludible, todas estas reacciones ciudadanas tendrían que ser escuchadas y atendidas por los mandos policiacos estatales. Sólo que lejos de estar mostrando eficiencia y sensibilidad, más bien la Policía Estatal es objeto de escarnio y abusos, que en nada ayudan a su credibilidad y eficacia en la contención de la seguridad pública.

¿De qué hablamos? De una historia negra de abusos e impunidad que es ampliamente conocida en Puerto Escondido, pero que prácticamente es desconocida en la capital oaxaqueña, y que es la siguiente:

Hace apenas unos días, el domingo nueve de enero, el comandante de la Policía Estatal destacamentada en este puerto, Gustavo Castellanos Castellanos arribó al bar “La Tormenta” aproximadamente a las 21 horas, acompañado de dos elementos más, entre ellos el chofer de su patrulla, Giludio Gómez Martínez, quienes uniformados empezaron a ingerir bebidas embriagantes sin importarles denigrar a su corporación.

A pesar de la insistencia de la encargada, en el sentido de que no podía proporcionarles el servicio por su indumentaria oficial y por prohibirlo las ordenanzas municipales, los agentes permanecieron y obligaron a que se les atendiera, e incorporándose a la mesa donde se encontraba Ismael Frías Cruz, agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduria de la Costa, funcionario cuya responsabilidad era la investigación del robo de vehículos.

Sin recato alguno permanecieron conviviendo hasta las once de la noche en que se retiró del lugar el comandante Castellanos ya en completo estado de ebriedad, quedándose el suboficial de la Policía Estatal, Andrés Herrera Estrada, el representante social y otros sujetos de mala facha, entre éstos, uno que en la población es conocido como “el Tito”.

Pero resulta que ya enajenados por el alcohol, todos discutieron violentamente en el interior de la cantina, para inmediatamente desplazarse hacia afuera, desatándose una riña entre sí, lo que aprovechó “el Tito”, ya en la calle, para jalonear y desarmar al suboficial Herrera, disparándole con su propia arma de cargo, e hiriéndolo con tres impactos en diferentes partes del cuerpo.

Con esa misma arma, dio muerte al agente ministerial Díaz Cruz, dándose a la fuga. Ante los hechos, la encargada del lugar solicitó la presencia de la Cruz Roja, y telefónicamente dio aviso de lo sucedido a las autoridades, lo que originó que a los cinco minutos se apersonaran en el citado negocio, más de cinco patrullas de la Policía Estatal, increíblemente al mando del comandante Castellanos, quien apenas momentos antes había convivido con los rijosos, salió del bar en completo estado de ebriedad, y por esa razón estaba claramente impedido para atender ese tipo de responsabilidades.

 

HISTORIA DE ABUSOS

A pesar de todo eso, detuvieron sin ordenamiento legal alguno, y sin facultad para hacerlo, a la propietaria del bar y a una de sus empleadas, quienes con lujo de violencia fueron subidas a una de las patrullas tipo camioneta, conduciéndolas a la cárcel municipal, e internándolas en una celda por alrededor de media hora.

Transcurrido este tiempo, el comandante Castellanos nuevamente se presentó ante la propietaria, sacándola de esa celda preventiva para llevarla a las oficinas de la Policía Estatal. Ahí, junto con otras personas, fue torturada físicamente con golpes, intentos de asfixia, choques eléctricos en partes sensibles, colocándoles el cañón de una pistola en la sien, y demás procedimientos que ordenaba el ebrio Jefe de Plaza de la Policía Estatal.

Sin embargo, todas esas agresiones, y abusos que atentan contra la dignidad humana de esas personas, fueron consignadas en diferentes instrumentos legales. Así, todas esas violaciones constan en los certificados médicos expedidos por la Dirección de Servicios Periciales de la Subprocuraduría, y por el Centro de Salud Urbano de la Jurisdicción Sanitaria 04 de la Costa, los que obran en la averiguación previa 15 (PE) 2011 y en la queja CDDHO/004/RC(11)OAX/2011, admitida por la Visitaduría Regional de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, estos abusos quedaron asentados en una denuncia penal interpuesta por los afectados contra el comandante Castellanos.

No obstante, vale la pena preguntarse si a alguna de estas personas injustamente detenidas, se le comprobó responsabilidad alguna en el homicidio del representante ministerial Díaz Cruz, o de las lesiones graves que sufrió el suboficial Herrera Estrada. La respuesta, tajante, es “no”. Lo peor del asunto, es que aún cuando es del dominio público quién fue el autor material de estos hechos, hasta ahora no existe ningún detenido.

 

ENCUBRIMIENTO

Lo lamentable de esta situación, es la falta de control y supervisión por parte del comandante Regional de la Policía Estatal, Felipe Gómez Julián, quien trató de ocultar los hechos, aduciendo que todos los agentes implicados realizaban tareas encubiertas de investigación en el espacio físico del asesinato, y tratando con dinero de acallar lo sucedido. ¿Estará enterado de todo esto el comisionado César Alfaro? ¿Si sí, por qué no pone orden? ¿Y si no, es que sus agentes le están jugando chueco en Puerto Escondido? Son preguntas.

 

Xoxocotlán, “El Amarillo” y Mario Emilio: ¿ninguna relación?

+ Desvío de atención, para apartar de escándalo a GCM

Flavio Méndez Santiago, alias “El Amarillo”, sí trabajó como agente de la Policía Municipal en Santa Cruz Xoxocotlán; sí le fue conferida la titularidad de la Dirección de Seguridad Pública de esa demarcación; y, según sus propias declaraciones, y las presunciones de la PGR, sí fue fundador de un temido grupo delictivo que opera en todo el país. Sin embargo, esos hechos, personas y momentos hoy son objeto de un intento claro de manipulación, en aras de proteger al gobierno de Gabino Cué de un nuevo escándalo.

El pasado 21 de enero, el periódico Noticias señalaba lo siguiente: “Flavio Méndez Santiago (…) trabajó como guardia personal del ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Roberto Efrén Molina Hernández, quien luego lo nombró como jefe operativo de la policía de ese municipio.

“Cuando le revocaron su mandato a Molina Hernández, ‘El Amarillo’ pasó a ser director de Seguridad Pública Municipal, durante el periodo que ocupó la presidencia Sandra Eugenia Ramírez Flores, según revelaron fuentes y ex funcionarios del municipio que prefirieron reservar su identidad.” ¿Por qué asegurar lo anterior?

En efecto, consta en documentos oficiales que, en efecto, Méndez Santiago sí fue agente policíaco en Santa Cruz Xoxocotlán, y que incluso sí tuvo bajo su responsabilidad no sólo la dirección de Seguridad Pública, sino que antes fue también subdirector de esa área. No obstante, lo que se pretende seguir manipulando es el tiempo y la forma, y gracias a quién en realidad se dieron estos nombramientos.

En efecto, Roberto Molina Hernández fue presidente municipal de Xoxocotlán; y es cierto que durante su periodo constitucional, ocurrieron todos los hechos que involucran a El Amarillo como agente policiaco de esa localidad.

Sin embargo, es también necesario precisar el momento exacto en que éste fue suspendido de su cargo, y las personas a las que se les encargó concluir esa administración municipal. Para ello, debemos tomar en cuenta por lo menos tres momentos precisos, para trazar con exactitud una correcta línea del tiempo.

El primero de ellos es el siguiente: Molina Hernández fue suspendido de su cargo edilicio el 17 de marzo de 2006, acusado por la LIX Legislatura de un desvío de recursos públicos por un monto 38 millones de pesos, que finalmente nunca se le pudo comprobar.

El segundo que, de acuerdo con documentos oficiales de ese municipio que obran en poder de esta columna, por acuerdo unánime de Cabildo tomado el 25 de noviembre de 2005, el mando tanto de la Dirección de Seguridad Pública, como de la Policía Municipal, se encontraba a cargo del entonces síndico Procurador, Mario Emilio Zárate Vásquez.

Y el tercero, que a partir del 18 de marzo de 2006, la presidencia Municipal quedó interinamente en manos de la doctora Sandra Eugenia Ramírez Flores, pero que todas las demás disposiciones y delimitación de funciones de los funcionarios y concejales de esa administración, continuaron siendo las mismas que hasta entonces.

 

DESVIAR LA ATENCIÓN

Cada quincena, el Director de Seguridad Pública Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, enviaba a la Dirección de Administración de ese Ayuntamiento, una relación del personal adscrito a la corporación con grado, nombre y cantidad que percibían en sus salarios.

En la relación de agentes de la primera quincena del mes de mayo de 2006, es en donde aparece por primera vez el nombre de Méndez Santiago, ya con el grado de subdirector. Dicho documento, fechado el 10 de mayo de ese año, presenta la firma del teniente coronel Lucio Mendoza Ángel ya como titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ya que junto con el edil Molina, también había sido removido su director de Seguridad Pública, Emilio Constantino Esteva Ruiz, para evitar cualquier tipo de resistencia o amotinamiento en protesta por la defenestración del Presidente Municipal.

En otro documento oficial —también en poder de este espacio—, fechado el 20 de julio de 2006, y firmado por la ya para entonces presidenta Municipal Interina, Sandra Ramírez Flores, se le conmina al ex director Esteva Ruiz que “haga entrega en el acto de recepción del presente oficio de todos los bienes, documentación y todo tipo de recursos de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio al C. Flavio Méndez Santiago, Subdirector de Seguridad Pública de este municipio, con el apercibimiento que en caso de hacer caso omiso (sic) a la presente se procederá conforme a las leyes correspondientes”.

Todo lo que ocurrió después, es ya del conocimiento de todos. El teniente coronel Lucio Mendoza Ángel fue sustituido un mes después por Méndez Santiago en la Dirección de Seguridad Pública, y se mantuvo apenas unos tres meses en ese cargo. Su separación voluntaria de la Dirección ocurrió, según refieren fuentes cercanas al asunto, justo en días previos a la realización de un examen antidoping, obligatorio, para todos agentes y mandos policiacos de esa demarcación.

Dos cuestiones quedan en el fondo de este asunto: primera, que antes y después de la suspensión del mandato del edil Molina Hernández, quien tuvo legalmente bajo su responsabilidad a la Dirección de Seguridad Pública de Santa Cruz Xoxocotlán, fue el ahora director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, y entonces síndico Procurador de esa demarcación, Mario Emilio Zárate Vásquez.

Y segunda: Que para tratar de apartar al gobierno de Gabino Cué de un nuevo escándalo por culpa de sus funcionarios, el periódico Noticias se apresuró a responsabilizar a Molina Hernández de la contratación y las responsabilidades que tuvo El Amarillo en la Policía Municipal de esa localidad. Sólo que, a la luz de la realidad, no cuadran ni las fechas, ni los tiempos ni las personas señaladas.

Es claro que, ante ello, no sólo por un deber legal, sino también por un imperativo ético y político del gobierno para el que trabaja, Mario Emilio Zárate debía solicitar su separación temporal del cargo, y ponerse a disposición de las autoridades competentes para que deslinden responsabilidades. Eso es lo que debería hacer un funcionario comprometido, en un gobierno democrático en el que de verdad prevaleciera el Estado de Derecho.

“ACOMPAÑANTES”

¿Será cierto que en varias direcciones, como la Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, han sido contratadas algunas mujeres para sólo fungir como “acompañantes” de los funcionarios? Que le pregunten a Zárate Vásquez. Alguna referencia podrá dar del asunto.

 

Frontera sur: los claroscuros de la migración en México

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La noche del pasado 16 de diciembre, en el paraje conocido como La Toma, en el municipio istmeño de Chahuites, Oaxaca, un grupo armado secuestró a alrededor de cuarenta indocumentados procedentes de naciones centroamericanas, que viajaban a bordo del tren que corre de Arriaga a Ciudad Ixtepec. Ese hecho, que ha sido documentado y denunciado por diversas instancias civiles nacionales e internacionales, dejó ver en toda su magnitud un problema transmigratorio que hasta ahora ha sido sistemáticamente negado y desatendido por el gobierno mexicano.

El tren conocido como La Bestia, tiene varias escalas, y su andar es a una velocidad no mayor a unos 30 kilómetros por hora. La primera de ellas, es la que cruza los límites entre los estados de Oaxaca y Chiapas, en un recorrido que, de día o de noche, dura alrededor de 13 horas. Al llegar a Ciudad Ixtepec, el furgón principal es removido y los vagones de carga son enganchados a otra máquina que los lleva, en un andar de las mismas características, hasta la comunidad de Medias Aguas, en el estado de Veracruz. Ahí, La Bestia, toma diferentes rutas: una corre rumbo a Tierra Blanca; otra va directamente a la estación Lechería, en la capital del país, y otra se enfila rumbo a territorio tamaulipeco. Todas, de uno u otro modo, llegan a la frontera norte de la República Mexicana.

El recorrido, en cualquiera de las rutas, dura entre tres y siete días más, luego de haber abandonado el territorio oaxaqueño. En el mejor de los casos, el tránsito entre una frontera y otra podría durar alrededor de 10 días para un transmigrante con suerte. Sin embargo, en ese camino debe sortear no sólo el hambre, la deshidratación, los riesgos propios del viaje a la intemperie, y las inclemencias del tiempo, sino que, sobre todo, debe soportar y esquivar las múltiples amenazas de la actividad criminal de grupos organizados, los abusos que cometen las autoridades, las amenazas de los grupos criminales que los secuestran, roban y extorsionan, y las redadas de los agentes del Instituto Nacional de Migración. Es un viaje aventurado y riesgoso, que no tiene garantía de un final feliz.

 

CHAHUITES,

EL PUNTO CLAVE

Los habitantes de la comunidad de Chahuites —municipio colindante con el vecino estado de Chiapas, y el primero al que se llega por carretera y tren desde el municipio chiapaneco de Arriaga— se notan molestos cuando el reportero increpa al presidente Municipal, Ahuizotl Castillo, sobre el evidente desentendimiento de la autoridad municipal respecto a la seguridad en su demarcación.

Aunque en un primer momento el Alcalde había asegurado no tener conocimiento directo de ningún hecho delictivo en la zona relacionado con los migrantes, éste asegura que los chahuitenses son gente solidaria y protectora con los migrantes. Éste asegura que los ilícitos cometidos contra los migrantes son más bien hechos aislados, que no siempre ocurren en Chahuites; y los pobladores denuncian que los abusos y secuestros son perpetrados por personas vestidas con uniformes de la Policía Federal, a quienes atribuyen la desaparición de los 40 indocumentados.

Incluso, una vecina del lugar señala que “por ahí, en El Silbato, una madrugada de julio que llovía, los federales tenían a los indocumentados en el lodo. Avisamos al Ejército y se los quitó. Hubo balazos, pero los militares desarmaron a los policías”. También asegura que en varias ocasiones, cuando la Policía Municipal de Chahuites tiene conocimiento de robos o secuestros cometidos contra transmigrantes, los criminales resuelven el problema “cruzando al otro municipio” (Tapanatepec), para evitar que continúe la persecución.

LA ESPERA

EN ARRIAGA

Desde las primeras horas de la noche, el Centro de Inmigrantes de la localidad de Arriaga, Chiapas, a cargo del padre Eiman Vázquez, comienza a vaciarse. Los centroamericanos que pretenden llegar a los Estados Unidos, necesariamente arriban a esa localidad, procedentes de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y, en menor grado, de Nicaragua. Arriaga es el punto de arranque de La Bestia. Y si el tren inicia su recorrido en las primeras horas del día, las cientos de personas que cada día viajan como polizones deben prepararse desde la noche previa.

A simple vista, las vías del tren parecen solitarias. Sin embargo, al caminar cerca de la zona de rieles, uno puede comenzar a distinguir, entre la oscuridad de la noche, a docenas de personas que, agazapadas, se encuentran entre los vagones o ya encima de ellos; otras más, muchas, esperan alertas en las bocacalles, las banquetas, o la maleza, a que alumbren los primeros rayos de sol para iniciar el viaje.

Al acercarse y mostrar algunos botes con agua purificada, los centroamericanos comienzan a salir de sus escondites y se acercan para recibir la ayuda. Ya visibles, comienzan a relatar las peripecias de un viaje que, para ellos, lleva ya varias semanas, varios cientos de dólares gastados, e innumerables precauciones para continuar burlando los cercos y la vigilancia de la autoridad migratoria.

Llaman la atención dos cuestiones en particular. La primera, que entre los migrantes que se acercan existen dos que no tienen las mismas características, lenguaje e incluso vestimenta de los demás; y segundo, que entre ellos no se encuentra una sola mujer.

Ante ello, la cónsul de El Salvador con sede en Arriaga, Vilma Mendoza, ofrece una explicación: que comúnmente entre los migrantes también viajan mujeres y niños, pero que ellos mismos han comenzado a tomar todas las medidas para que éstas no sean vistas o detectadas por los delincuentes sino hasta el momento en que suben al tren. Con esto, dicen, disminuyen los riesgos de secuestros y ataques sexuales en su contra. Y respecto a los dos individuos sospechosos, asegura que uno de ellos puede ser un agente encubierto de la fiscalía de protección a migrantes del estado de Chiapas; y el otro puede ser o un “enganchador” de alguna banda criminal, o una persona que recientemente habría sido deportada de los Estados Unidos y estuviera intentando reingresar a territorio norteamericano.

 

LA BESTIA

Al día siguiente, después del mediodía, el convoy de reporteros se encuentra con La Bestia, ya en territorio oaxaqueño, unos diez kilómetros antes de la zona poblada de Chahuites. Ahí, la Cónsul salvadoreña exige al conductor que detenga la marcha, para poder acercarse al tren y proporcionar agua a los migrantes. Después de unos diez minutos de espera, la Máquina se acerca y entonces preparan unos 50 botellines de agua de medio litro cada uno, para arrojárselos a los polizones.

Al pasar justo enfrente, los cálculos arrojan que sólo ese día viajan unas 150 personas en los techos de los vagones. La temperatura, a esa hora, rebasa los 30 grados Celsius. Y al tren, que ya lleva por lo menos cuatro horas de recorrido, por lo menos le hacen falta otras ocho o nueve para llegar hasta Ciudad Ixtepec.

Eso justamente es lo que le preocupa a la cónsul Mendoza: que el recorrido de La Bestia es altamente deshidratante para quienes viajan un día completo de sol, recibiendo a plomo todo su calor y sus efectos. De ahí su determinación por detener la marcha, y proporcionar agua a todos aquellos niños, hombres y mujeres —ahora sí visibles— que agradecen el líquido proporcionado.

Casi dos horas después, el tren pasa por la zona poblada de Chahuites. Tal y como aseguraba la autoridad municipal, varias mujeres se acercan a las vías del tren para aventarles algo de comida y agua. El ferrocarril, por ser de día, en ningún momento detiene la marcha.

 

MIGRANTES: ¿ATENDERLOS O IGNORARLOS?

México se encuentra en la disyuntiva entre atender los problemas que enfrenta derivados de los procesos internacionales de migración, o simplemente seguir excluyéndose de un asunto que no sólo es de seguridad interior, sino que requiere atención y una eficaz política de Estado. La frontera sur del país, representa no sólo una puerta legal de entrada al territorio nacional sino que, por su porosidad y franca ingobernabilidad, es también polo de atracción para quienes ilegalmente pretenden cruzar el país, en su intento por llegar a los Estados Unidos de Norteamérica.

El Instituto Nacional de Migración tiene detectados siete puntos de cruce fronterizo entre México y Guatemala, en territorio chiapaneco. La población, sin embargo, asegura que en la franja fronteriza, existen casi sesenta cruces carreteros, por los que libremente transitan personas de uno a otro país, sin necesidad de documentos o autorizaciones migratorias. Eso hace que la frontera sea imposible de cubrir y regular. Y es lo que da la pauta para asegurar que ésta es un límite territorial ingobernable.

Ante ese problema, del que no es responsable pero del que sí resiente las consecuencias, el gobierno del estado de Chiapas creó ya una serie de instancias para garantizar ciertas condiciones mínimas a la integridad de los transmigrantes. Aseguran que del total de los centroamericanos que se internan en su territorio, sólo es un número muy reducido el que decide quedarse en territorio nacional más del tiempo indispensable para alcanzar la siguiente frontera. Prácticamente todos van de paso, rumbo a los Estados Unidos.

El gobierno de Chiapas entendió, desde hace tiempo, que existen problemas que no se resuelven culpando al gobierno federal por su incapacidad de regular el flujo migratorio. Temas como la inseguridad, la integridad, la salud y la protección de algunos derechos de los migrantes, para ellos son una prioridad. Por ello, alejados de los debates sobre la legalidad de sus acciones, asumieron una posición garantista de los derechos humanos para brindar ciertas condiciones mínimas a los transmigrantes, independientemente de que éstos tengan una legal estancia, o no, en territorio nacional.

No es curioso que, en función de eso, desde hace algún tiempo la mayoría de los abusos contra los transmigrantes inicien a partir de que éstos se internan en territorio oaxaqueño a través del tren, de vehículos de motor e incluso a pie. El problema que hoy es visible, es que el gobierno de Oaxaca no ha tomado con seriedad un asunto que ya debía ameritar su más elevada preocupación.

Por eso, aunque no se equivocan del todo cuando señalan al gobierno federal por no atender el tema migrante de la frontera sur, sí son indudablemente responsables por toda la criminalidad, los abusos y el desentendimiento oficial en que éstos se encuentran desde el momento en que se internan en territorio oaxaqueño. Éste último, ya no es un asunto de migración, sino de humanidad y garantismo, que al gobierno de Oaxaca urgentemente le hace falta comprender.