¿Qué nadie gobierna en Oaxaca de Juárez?

+ La Ciudad, abandonada a su suerte por la fiebre electoral

Mientras los partidos y los grupos políticos en Oaxaca entran a la última fase del proceso electoral, la ciudad, los servicios públicos y la atención gubernamental se encuentran en un completo estado de abandono. No se equivocan quienes dicen que la capital oaxaqueña, y su zona conurbada, se encuentra convertida en un enorme antro de vicio; pero también falta crítica —y autocrítica— para asumir que la nuestra también es una capital sin gobierno, sin autoridad, sin servicios, y por si fuera poco, convertida en un muladar.

No debería sorprendernos, aunque sí provocarnos una profunda tristeza, el estado de abandono en el que se encuentra la ciudad en que vivimos. En el contexto, sendas masas de trabajadores del gobierno estatal, y de funcionarios municipales, se encuentran laborando —legal o deliberadamente— en la campaña proselitista por la gubernatura, y los demás cargos que se disputan. Tan sólo al comenzar la labor electoral, hace dos meses, ocurrió una interminable cascada de renuncias, licencias temporales y desvío de actividades, en cientos de servidores públicos que decidieron dejar el trabajo gubernamental para otro momento, y meterse de lleno en los temas electorales.

Podrían contabilizarse por decenas, los trabajadores municipales y estatales que, por cada una de las dependencias, dejaron sus labores formales para asumir compromisos de campaña. El caso de la capital oaxaqueña, no fue la excepción. Porque junto con la licencia temporal del edil José Antonio Hernández Fraguas, también se dio la baja temporal o definitiva de un importante grupo de trabajadores del Ayuntamiento, que conformaban la “primera línea” de trabajo y responsabilidades del ahora Munícipe con licencia. En el municipio de Oaxaca de Juárez, sólo se quedaron a continuar con sus responsabilidades, aquellos que tenían encomendadas tareas de mediana categoría, o quienes resultan ser necesarios ahí, para cuidar los intereses y “las espaldas” de todos aquellos que ahora son parte de la campaña priista.

El problema, para todos, es que Oaxaca de Juárez es una ciudad a la que no le pueden presionar un botón de “pausa”, para que todos sus problemas, carencias y necesidades de atención por parte de la autoridad, aguarden para después que terminada la fiebre electoral. Nadie entendió que la ciudad es una necesidad apremiante para cualquier gobierno o grupo político. Y por eso dejaron encargado el gobierno, a quienes no tienen ni voluntad, ni voz, ni decisión, ni compromiso para hacerlo. El resultado está hoy a la vista.

Oaxaca no necesita traducción: basta con salir a las calles para corroborar que la nuestra, es nuevamente una ciudad abandonada a su suerte. Las arterias viales, y los parques más importantes del Centro Histórico están no sólo ocupados por los profesores de la Sección 22 del SNTE que se manifiestan; también son hoy espacio libre para la comisión de todo tipo de delitos, sin importar la hora y el lugar donde ocurran. El espacio público es albergue de la basura, de las protestas de los trabajadores de limpia, y los ciudadanos que, ante la falta de autoridad e incluso de elementos policiacos, hacen y deshacen a placer.

No debíamos sorprendernos. ¿Alguien ha tenido, en las últimas semanas, la necesidad de acudir al Ayuntamiento citadino a realizar algún trámite? El estado de abandono y vacío humano en el que se encuentra el mismísimo Palacio Municipal, da cuenta de ello.

Pero, ¿cómo recriminar que hoy sea más difícil que de costumbre, hallar en sus oficinas, y en sus funciones, a directores, coordinadores, e incluso a los regidores, si fue el mismo edil Hernández Fraguas quien puso el ejemplo de cómo se abandona no un cargo, sino una responsabilidad, en aras de saciar —con apuestas y espejismos—, sus nuevos caprichos y ambiciones políticas? ¿Cómo querer tener una ciudad en orden, cuando la gran mayoría de quienes recibieron esa encomienda, hoy están invadidos por las calenturas electorales?

NADIE ES RESPONSABLE

Así, la situación en que se encuentra nuestra capital, y zonas aledañas, debería preocuparnos. No sólo es el problema de la basura, o del crecimiento exponencial de la delincuencia común, lo que debería preocuparnos. Mientras todos se pierden en sus batallas electorales, en la zona conurbada a la capital, silenciosamente ha venido creciendo la presencia de giros negros… desde cantinas hasta prostíbulos, pasando rigurosamente por la presencia de sustancias prohibidas, que son comercializadas sin mayores complicaciones.

Esto hoy no le preocupa a nadie. Porque así como Oaxaca de Juárez es hoy una zona libre para la incidencia de todo tipo problemas y desatenciones por parte de la autoridad, algunos municipios como Santa Cruz Xoxocotlán se encuentran en situaciones similares o aún peores. Esto ocurre, en realidad, porque las autoridades se sienten no sólo sin compromisos reales de trabajo, sino tampoco conminadas por la misma ciudadanía a que cumpla puntualmente con sus labores.

Como oaxaqueños, es urgente que pongamos atención a cuestiones como esta, y que exijamos que la autoridad cumpla con sus cometidos, independientemente de que este sea o no un momento electoral determinante para las fuerzas políticas y sus respectivos intereses. Al final de cuentas, resulta inadmisible e insostenible, desde cualquier perspectiva, que quienes aspiran a confirmarse, o a obtener el poder gubernamental, hablen de grandes promesas y de grandes resultados a sus electores, pero que lo hagan, orgullosamente, en medio de una ciudad maloliente, sucia y francamente desatendida.

El encargado del despacho de la presidencia Municipal, Miguel Ángel Bustamante Underwood, y quienes colaboran con él, deberían mostrar más compromiso con su trabajo: si a ellos los dejaron encargados de la ciudad, deberían ayudar a su partido al menos atendiendo sus tareas en el Ayuntamiento citadino. Que no sea mucho pedir.

¿QUIÉN INVESTIGARÁ?

Es patético el modo en que, en el PRI y en el Gobierno del Estado, asumen los señalamientos hechos por la ex coordinadora de Transporte, Aurora López Acevedo. Si ella dice la verdad, o si miente, es algo que se debe corroborar en base a investigaciones por parte del Ministerio Público. Es decir, por parte de la Procuraduría estatal. Al final, más allá de los intereses políticos, lo verdaderamente grave es la acusación por el presunto ataque sexual. Al hallar la verdad de eso, encontrarán la verdad de todo.

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EPR: desaparecidos, una causa política ahora condicionada

+ Confusión de delincuencia con guerrilla, ahora en caso DFC

La tarde del pasado lunes, el EPR emitió un nuevo comunicado, en el que reitera la afirmación de que ellos no son los responsables del secuestro o retención del ex senador del PAN, Diego Fernández de Cevallos. Establecen importantes directrices sobre los intentos del gobierno federal por crear confusión, entre lo que es un grupo de guerrilla y uno de delincuentes; y lanzaron una fuerte advertencia sobre la tregua decretada a favor de la presentación con vida de sus propios desaparecidos.

Ayer martes se cumplió un mes de la desaparición del ex senador Fernández. En este tiempo, el constante silencio y la falta de información oficial y fidedigna, ha permitido la construcción de todo tipo de afirmaciones, señalamientos sin sustento, y especulaciones.

Una de esas teorías no corroboradas, y que además fue de las primeras en “popularizarse” —gracias a “manos” federales—, fue la relativa a que éste secuestro pudo haberse realizado por alguna célula del EPR, en base a motivaciones políticas y económicas, y para negociar el “intercambio” de Fernández de Cevallos por Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los dos eperristas que desaparecieron en Oaxaca la noche del 24 de mayo de 2007, y sobre los cuales el eperrismo continúa exigiendo respuestas al gobierno federal.

Una vez lanzada la acusación, los constructores de dicha teoría dieron algunos elementos para reforzar la idea de que el eperrismo era el responsable del plagio: Diego Fernández de Cevallos es un personaje de primer nivel en el escenario político nacional; el panismo gobernante se vería fuertemente desacreditado por un secuestro de alto impacto político como ese; el EPR es un grupo armado que tiene una afrenta abierta y declarada contra el gobierno federal por sus desaparecidos; el secuestro es una de las más viejas y perfeccionadas formas de reivindicación política y de “recuperación” de recursos económicos para los grupos subversivos; y el eperrismo habría sido el único grupo con la experiencia y capacidad logística y operativa como para realizar limpiamente una acción de esa magnitud.

El gobierno federal se negaba a aceptar, y aún hoy silenciosamente lo sigue haciendo, que un grupo criminal fuese el responsable del plagio del ex senador Fernández. Aceptarlo equivalía a tanto como también reconocer que, aún con sus estrategias anticrimen, éste podía golpearlos en la integridad de uno de los personajes más emblemáticos y respetados para el partido gobernante. Por eso desde el primer momento se lanzó la versión de que habría sido responsabilidad de la guerrilla el secuestro del panista.

Apenas tres días después del secuestro, el EPR —ya entendido como principal señalado por la acción— salió al paso para negar la versión. Ellos aseguraron que el secuestro está descartado en su organización armada desde hace una década como forma de obtención de recursos, y sobre todo que ellos no tendrían por qué reproducir las acciones del enemigo (el gobierno federal), quien sí ha lastimado y desaparecido a personas con fines políticos. Incluso, la Comandancia General se aparta de toda responsabilidad, porque asegura que ellos también conocen el dolor que provoca la desaparición de seres apreciados.

Sin embargo, de entonces a la fecha, la tendencia a responsabilizar a grupos subversivos, escisiones del EPR, no ha cesado. Se ha buscado, insistentemente, insertar el tema de los grupos armados en un asunto que, por todas sus características, es un hecho perpetrado por un grupo profesional de criminales. Ahí es donde se centra este nuevo capítulo de confusión deliberada, entre la delincuencia organizada y los grupos subversivos.

SECUESTRO ATÍPICO

Hasta ahora, lo que se ha establecido es que por la devolución de Diego Fernández de Cevallos, sus captores exigen la cantidad de 50 millones de dólares. Se dice que ha habido una comunicación pausada entre los secuestradores y los negociadores; que existe un alto nivel de organización en el grupo responsable del plagio; y que se tiene identificado que este grupo ya realizó otros secuestros también de larga duración, en los que obtuvieron montos igualmente millonarios, pero que fueron perpetrados sobre personajes de poca ascendencia política incluso en la región queretana.

A dicho grupo, el periodista Raymundo Riva Palacio lo ubica con tintes guerrilleros, y según fuentes gubernamentales, asegura que éste tiene como nombre “Ejército de Liberación Nacional”, y que es una escisión del EPR que opera en toda la zona huasteca del país. Por eso, Riva Palacio y otros informadores de la capital del país, ubican a los probables responsables como “una guerrilla”, y no como un grupo que realiza acciones de delincuencia organizada.

Nuevamente estamos frente a una confusión, que bien puede ser accidental aunque también puede ser intencional y deliberada. Desde que el EPR se alzó a la escena nacional, luego de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, y después frente a los actos de sabotaje con los que volaron ductos de Petróleos Mexicanos en varias entidades del centro del país, el gobierno federal trató de presentarlos como delincuentes, como criminales y, sobre todo, como terroristas.

Ninguna de estas apreciaciones tiene sustento en la realidad. Incluso, el hecho de que hoy se responsabilice a una posible escisión del EPR por el secuestro de Diego Fernández, no tendría que ser motivo suficiente como para considerar nuevamente que la guerrilla perpetra este tipo de acciones; más bien, no pocos grupos criminales han buscado imitar los métodos y la eficacia de la guerrilla en cuanto a la ejecución de sus acciones. Confundir a quienes buscan meros fines económicos (la delincuencia) con quienes tienen motivos políticos en el ejercicio de la violencia (la subversión armada), parece más bien un intento más por legitimar la persecución y los excesos, en contra de algunas formas de la lucha política.

FIN DE LA TREGUA

El último párrafo del más reciente comunicado del EPR, dice lo siguiente “Ratificamos el compromiso hecho con la Comisión de Mediación desde un principio de mantener la tregua (…) No obstante, hacemos de su conocimiento que el gobierno debe dar muestras claras para la presentación de nuestros compañeros, el tiempo no puede ser de manera indefinida.” Los actos de sabotaje pueden reactivarse en cualquier momento.

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Lucha magisterial: sólo inocentes creyeron en negociación

+ Juanito, PRI y el dizque “war room” desastroso de campaña

Ayer, la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, dio un paso más no en sus negociaciones, sino en su plan de acción electoral. Quienes consideran que en estos días puede haber “solución” a las demandas económicas, sociales y políticas que plantean, están equivocados. Los profesores democráticos oaxaqueños no hacen hoy más que seguir sus propios métodos de lucha electoral. Sería inaudito creer en la no participación del magisterio en las definiciones  políticas del Estado.

Desde hace un mes y medio, cuando comenzó la jornada anual de lucha de la Sección 22, por la revisión del pliego petitorio que entregaron a los gobiernos federal y de Oaxaca, la dirigencia del magisterio democrático reiteró, en el ámbito de lo formal, que ellos no tendrían participación en el proceso electoral, por considerar que ninguno de los partidos o candidatos representan soluciones reales a los problemas y necesidades magisteriales y del pueblo oaxaqueño. Sin embargo, también desde entonces, ellos mismos reiteraron que este año sus jornadas de lucha serían prolongadas, y que no descartaban el estallamiento de un paro indefinido de labores, para lograr el cumplimiento total de sus demandas.

¿Por qué hacer esas dos determinaciones? Porque, como ha venido quedando claro, la Sección 22 sí tiene una participación determinante en el proceso electoral, aunque no por los métodos ortodoxos que comúnmente conocemos, o que esperaríamos ver. ¿Qué significa eso? Que, en sus propios métodos, modos y justificaciones, los “democráticos” sí jugarían, y ya lo están haciendo, su papel particular en el proceso electoral que ahora ocurre.

Parecería un planteamiento trillado. Pero hoy, ante las circunstancias, nuevamente vale la pena preguntarnos el por qué de nuestra afirmación, relativa a que los profesores de la Sección 22 sí participan del proceso electoral, si ellos mismos resolvieron no participar en el proceso electoral.

Esto parecería una contradicción, aunque en realidad no lo es. En realidad, el magisterio reiteró una no participación abierta y formal en el proceso electoral, a favor de un partido o candidato. Esto, para no tener que involucrarse en activismos, ni en apoyos incondicionales. Al final de cuentas, sea quien sea el próximo Gobernador del Estado, éste pronto se convertirá en adversario de la Sección 22.

¿Y por qué advertir, desde entonces, sobre lo prolongada que sería esta jornada anual de lucha? Porque desde entonces necesitaban una justificación puntual para sus acciones. Digámoslo de otra forma: Los profesores de la Sección 22 anunciaron, desde el 1 de mayo, que en Oaxaca “habría bronca”, independientemente de las ofertas o respuestas que le diera el gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación, a cada una de sus demandas.

¿Alguien sabe, por ejemplo, qué están negociando la 22 y los dos ámbitos de gobierno ahora mismo? Salvo algunos directamente involucrados, es evidente que no. Y es que el proceso de negociación alcanzó ya un nivel de alta complejidad, pues las resistencias magisteriales a aceptar las ofertas oficiales, ya no se inscriben en el puro ámbito del acuerdo, sino en un objetivo político.

Aunque, por ejemplo, hoy la Sección 22 asegura que el gobierno federal se niega a entregar los recursos para la rezonificación salarial, es evidente que este es un esquema ya previamente etiquetado y presupuestado, que ni siquiera tendría que estar hoy sujeto a ninguna negociación. Pero como no existe claridad ni apertura sobre los puntos que se están negociando, todo se queda en el ámbito de la especulación. Y eso permite que los profesores digan verdades a medias, oculten información, o se valgan de meras justificaciones sin sustento, para continuar con sus jornadas de lucha.

LUCHA POLÍTICA

La Sección 22, por tanto, tiene ya definido un calendario de acciones que irá respetando conforme se den los tiempos. Ahora mismo, por ejemplo, se negó a estallar el paro indefinido de labores, como una más de sus tácticas de dilación. Bajo el argumento de la consulta a las bases, y la continuación de las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, decidieron únicamente incrementar el número de trabajadores con presencia en el plantón establecido en el primer cuadro de la capital oaxaqueña. Así buscan ganar tiempo, para seguir empatados en el tema electoral que, contrario a lo que dicen, sí les ocupa.

¿Por qué se negaron a estallar ahora mismo el paro indefinido? Porque una decisión de esa naturaleza habría acelerado el final, o por lo menos el punto en el que fuere insostenible la falta de justificación, de sus jornadas de lucha actuales. Se negaron al plantón masivo y paro indefinido, y sólo decidieron incrementar la presencia, para una intensificación gradual de sus acciones. El objetivo es llegar al umbral del proceso electoral, es decir, a la víspera de los comicios, con el anuncio del paro indefinido de labores.

Será entonces cuando, seguramente, ellos decidan desplegar todo el potencial de su membresía, para tratar de influir en el resultado de la jornada electoral. Ahora mismo, ya están anunciando algunas de las directrices que habrán de seguir antes, durante y después de la jornada electoral. Es decir, que desde ahora están previendo que a lo largo de la quincena restante del mes de junio, no habrá arreglo con las instancias negociadoras locales y federales.

Todo esto debe entenderse en un estricto sentido político y electoral. Nos guste o no, la 22 es un factor determinante en la gran mayoría de los procesos políticos que ocurren en la entidad; y por tanto, sería absurdo considerar que no se involucrarían en los comicios. No lo hacen con banderines y promoviendo a partidos y candidatos. Pero sí lo hacen, y puntualmente, a través de sus propios mecanismos de lucha.

“VERGÜENZA ROOM”

La tarde del sábado, Rafael Acosta, Juanito, esperaba a hacer su debut como priista, afuera del restaurante Colibrí, dentro de una lujosa camioneta tapizada con propaganda priista. “Manos invisibles” llamaron a los reporteros al encuentro. Y como vieron la reacción adversa de la opinión pública, ayer recularon deslindándose de aquel personaje. ¿Todo esto es obra de un “war room”? Por favor. Más bien, ¿Saben en el PRI lo que es un “war room”? Tal parece que no. Le queda grande, enorme, el término, a esa cofradía tricolor en la que toman decisiones en base a ocurrencias.

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Cuatro años de crisis magisterial, y Oaxaca carece de una agenda legislativa para la transición

+ Juanito, ahora priista; ¿Esperan ganar algo con lastres?

Han pasado exactamente cuatro años, desde que el gobierno estatal realizó aquel fallido operativo de desalojo, que desató la furia magisterial y provocó un conflicto social y político de grandes magnitudes en Oaxaca. Para mal de todos, la oportunidad de cambio que significó aquella crisis, se perdió en medio de una cadena interminable de intereses que, en conjunto, buscaban el inmovilismo. Sin embargo, esa pasividad no podrá ser eterna, y desde ahora, quienes aspiran a cargos públicos, deben entenderse no sólo como representantes populares, sino como potenciales agentes políticos de cambio.
¿De qué hablamos? De que, dejando de lado los simplismos, parece claro que el conflicto magisterial y popular de 2006 significó no sólo la escalada de violencia y choque entre grupos políticos, sino también una oportunidad inmejorable, a partir de la cual se pudieron haber sentado las bases de un cambio sólido en las estructuras jurídicas y sociales en que se fundamenta el ejercicio del poder.
Sin embargo, éste último parece un tema vedado entre quienes hoy buscan cargos públicos en la entidad. Todos, hoy, en medio del proceso electoral se lanzan recíprocas acusaciones respecto a la responsabilidad por el conflicto magisterial, por las escaladas de violencia, y por los desmanes y destrozos que se provocaron al calor del enfrentamiento; todos, en realidad cargan con la responsabilidad de los cambios políticos y jurídicos que se negaron a provocar en Oaxaca.
Si se recuerda, hace cuatro años, los grupos que encabezaron la revuelta, exigieron al gobierno federal, y al de Oaxaca, el cese de las prácticas antidemocráticas, del ejercicio excesivo del poder, de la opacidad en el manejo de los recursos, y de la falta de rendición de cuentas; y argumentaron, también, que era urgente la necesidad de que las leyes locales contemplaran mecanismos más eficaces para controlar al poder y los gobernantes, y para hacer más democráticas y consensadas las decisiones gubernamentales que afectarían a la mayoría. Eran, en resumen, banderas que exigían democracia, equilibrios, transparencia, rendición de cuentas, y causas más específicas, como la inclusión del referéndum, el plebiscito y otras figuras de control, en el marco jurídico local.
Todos esos cambios democráticos bien pudieron haber ocurrido al calor del 2006. Fue entonces, como nunca antes, que la sociedad no sólo oaxaqueña, sino de todo el país, se encontraba altamente concientizada sobre la urgencia de esos cambios democratizadores en una entidad tan atrasada como la nuestra.
Habría sido ese el momento perfecto para que los grupos que encabezaban la revuelta social, se lanzaran también a consolidar esos cambios en el marco jurídico, y dejarlos no sólo como la consolidación de un triunfo presente, sino también como un legado trascendental para el futuro.
Incluso, el propio grupo gobernante en Oaxaca pudo haber sido el impulsor real de algunas de estas banderas. Y si algo como eso hubiere ocurrido, se habría consolidado en la entidad una suerte de transición democrática, que no necesariamente tendría que haber pasado —porque no es una regla, y tampoco es un requisito indispensable— por la alternancia de partidos en el ejercicio del poder.
Lamentablemente, este no fue el interés real del conflicto magisterial y popular de 2006. A pesar de todos los argumentos de la Sección 22, éste sindicato se replegó una vez que consiguió sus demandas salariales; la APPO nunca tuvo el potencial como para articular una propuesta seria de reformas legales; y el gobierno estatal no hizo más que tomar la bandera para “cumplirla” sólo en el marco de lo aparente.
Hoy, la llamada “reforma del Estado” no es sólo más que una apariencia dizque democrática, a través de la cual el grupo gobernante simplemente congeló la discusión sobre los cambios necesarios. Sin embargo, como lo apuntamos al principio, el inmovilismo no puede ser eterno. Y por eso, si los hoy aspirantes a diputados desean adquirir un compromiso verdadero con Oaxaca y dejar de lado la demagogia que los envuelve, deberían tener en su conciencia algo más que las propuestas fatuas de siempre.

¿POSIBILIDAD DE CAMBIO?
Salta a la vista, el predominante bajo perfil de quienes aspiran a integrar la próxima Legislatura del Congreso del Estado. Se ha vuelto una práctica común, que casi en la totalidad de los casos, los partidos políticos prefieren los liderazgos sociales a los cuadros preparados, en el momento de plantear sus postulaciones. Salvo unas cuantas excepciones de candidatos ordenados y bien preparados, el Poder Legislativo del Estado corre el riesgo de continuar siendo una entidad gobernada por los asesores, por las injerencias del Poder Ejecutivo, y por las estruendosas reyertas entre diputados, que son escandalosas, pero que aportan nada al verdadero debate legislativo.
Ese parece ser el caso del priismo, que tendrá mayoría en la próxima Legislatura. Porque al hacer la revisión puntual de cada uno de sus 25 candidatos a diputados locales, podremos encontrar que, salvo uno o dos casos, los abanderados tienen poquísimas posibilidades de aportar seriedad y altura al Poder Legislativo.
Seguramente, los dos polos se encuentran en César Rivera Beltrán y Martín Mathus Alonso; porque mientras el primero tiene una dudosísima reputación, y una carrera política basada en la compra de cargos y postulaciones, el segundo es, sin duda, un sólido cuadro priista —el único de los candidatos con grado de doctor, y vasta experiencia en el sector público— que ha hecho una campaña ordenada y basada en propuestas. Seguramente, ambos llegarán al Congreso aunque con distintos grados de conciencia sobre la importancia de su labor legislativa.
Todos deberían tener claridad sobre su potencial como agentes de cambio. Es lamentable que el Legislativo sea un poder domado, carente de propuesta y sentido, y predominantemente entendido como un órgano de “levantadedos”. En ellos está la responsabilidad de generar las condiciones de una transición. ¿Tendrán conciencia, o seguirán siendo parte, todos, de la demagogia? Pronto lo sabremos.

LAMENTABLE
¿A quién se le habrá ocurrido el disparate de traer a Rafael Acosta Ángeles, Juanito, a pronunciarse a favor del PRI y su candidato a Gobernador? Un personaje exhibido, obtuso y vilipendiado, para nadie decoroso es una buena compañía. No se ayudan.
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Tarjetas de crédito: Usuario, víctima de la crisis… y de los abusos de la banca

Hoy, es quizá más común que nunca en la última década, que millones de mexicanos tengan problemas para afrontar el gasto y la liquidación de sus tarjetas de crédito. Más allá del problema actual respecto a la creciente cartera vencida, parece claro que el origen de esta situación no sólo tiene que ver con la irresponsabilidad de quien emite una línea de crédito y del que la ocupa; también, en esto, se añaden los interminables abusos y excesos que comete la banca al momento en que uno de sus usuarios adquiere la calidad de cliente moroso.
En el último año, según reportes del Banco de México, la llamada “cartera vencida” relativa a tarjetas de crédito, llegó solamente por ese rubro, a unos 20 mil millones de pesos. Ese monto, equivale a la cantidad de pagos que la banca realizó en nombre de sus usuarios, y que independientemente del cobro de intereses y gastos de ejecución, no ha podido recuperar.
El drama, en realidad, no es para las instituciones bancarias. Aunque en realidad mucho podría cuestionarse respecto al modo tan “blando” en cómo la mayoría de los bancos emitieron, a lo largo de más de un lustro, líneas de crédito prácticamente sin realizar investigación alguna a quienes potencialmente convertiría en sus usuarios y clientes, lo cierto es que la irresponsabilidad en el manejo del crédito bancario es compartida entre quien lo usó y quien lo emitió.
Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre la situación de la banca y la situación del usuario. Ésta última tiene, en última instancia, ciertas garantías de que el dinero prestado de todos modos será recuperado. Sólo con el acumulado en el pago de intereses en las tarjetas bancarias, habría llevado a cada uno de los usuarios a liquidar los montos prestados. Sólo que, justamente, ese es el negocio del banco. Y por ello, para sus finanzas, independientemente de la cantidad de dinero que un deudor haya pagado por concepto de intereses antes de caer en mora, de todos modos la deuda subsiste.
En este sentido, la situación del usuario es la realmente preocupante. Aunque es responsabilidad de éste el usar correctamente el crédito bancario que se le otorgó, lo cierto es que la emisión de líneas de deuda en personas con dudosa capacidad de pago, y asimismo dudosa cultura y conocimiento sobre cómo funciona el sistema bancario y sus riesgos, equivale a lo mismo que dotar de un arma a un niño para que juegue.
Millones de personas enfrentan hoy no sólo sus deudas, sino también una serie de acosos y abusos que, paradójicamente, no se terminan cuando manifiesta expresamente su voluntad de arreglo y pago. La banca comercial, prácticamente ha dejado en estado de indefensión a los usuarios, que no tienen formas eficaces de evitar los abusos, el engaño y los excesos de una banca que, por su naturaleza capitalista, pretende no sólo cobrar, sino hacerlo con las mayores ventajas posibles.

CRÉDITO, SIN CIUDADO
A raíz de la crisis del sistema bancario, ocurrida exactamente a la mitad de la década anterior, la banca comercial prácticamente cerró las nuevas líneas de crédito a los usuarios, tanto de tarjetas bancarias, como a los solicitantes de créditos hipotecarios o automotrices. No fue sino hasta cuando comenzaron a ser negociables los pagarés validados que emitió el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que la banca comercial tuvo nuevamente liquidez para emitir créditos y tener capacidad de endeudamiento.
Eso ocurrió a principios de la década que está por concluir. A partir de entonces, la emisión de créditos se flexibilizó con tal de alentar el uso de las tarjetas de crédito. Cualquier persona con un empleo más o menos estable, o con formas de demostrar ingresos económicos, se hizo de los plásticos bancarios que quiso.
Las limitaciones se relajaron por completo, y por esa razón había quien acumulaba varios millones de pesos en crédito, gracias al conjunto de tarjetas de crédito que las distintas instituciones bancarias le emitían. Ahí comenzó gran parte de este problema. Durante varios años, fue regla que un banco emitía una línea de crédito, cuando el usuario presentaba otra tarjeta bancaria vigente.
Como un gancho comercial, la institución otorgante de la segunda o sucesiva tarjeta, emitía un límite de crédito mayor a la anterior, como una forma de ganar la preferencia en el usuario. No se exagera, en razón de ello, cuando se afirma que había personas con una capacidad de pago mediana, que acumulaban líneas de endeudamiento por más de uno, o por varios millones de pesos.
Y mientras la consigna fue la de gastar y promover el endeudamiento, las instituciones bancarias fueron las más satisfechas con la forma en cómo se repartió, irresponsablemente, el crédito entre los usuarios.

LA CRISIS Y LA MORA
Hasta hace algunos años, los problemas de la cartera vencida no representaban mayor relevancia en el país. Han sido, particularmente, los últimos dos años, en los que los usuarios de servicios financieros han acumulado una tendencia sostenida a caer en mora. En la gran mayoría de las ocasiones, esa fala de pago tiene que ver directamente con la falta también de liquidez, y no con la renuncia a afrontar las obligaciones financieras.
Las causas de este problema, evidentemente, son variadas. Sin embargo, para efectos prácticos todas caen en la misma situación: que el mexicano común, cada vez tiene menos capacidad económica, y por tanto, más dificultades para hacer frente a sus pagos. Ahí es cuando, en realidad, comienza el vía crucis de quien se convierte en un cliente moroso de la banca comercial.
Ante el incremento de la cartera vencida, las instituciones de crédito comenzaron a vender sus respectivas deudas, o a contratar a despachos de cobranza, para que lograran la mayor cantidad posible de créditos recuperados. Así, se volvió práctica común que cualquier deudor comenzara a recibir llamadas de todo tipo, haciendo invitaciones, o exigiendo de forma violenta el pago. Tuvieron que pasar bastantes meses, antes de que la Comisión reguladora de las instituciones de crédito, tomara cartas en el asunto y tratara de regular ese tipo de maniobras.
Sin embargo, eso no significa que los abusos se terminaron. Hoy es también una práctica común que terceros llaman a nombre de las instituciones bancarias; en las conversaciones pactan arreglos con los deudores, y los invitan a pagar directamente en la institución. Incluso, hacen valer propuestas por escrito sobre los descuentos en la liquidación de los créditos.
El problema, en realidad, no se da en esas negociaciones, sino en los engaños e incumplimientos que las mismas instituciones bancarias, hacen de los convenios que terceros signaron en su nombre, con los usuarios morosos. Hoy, es una historia que se repite todos los días, la de personas que pagan montos para liquidar deudas, y semanas, o meses después, se enteran que dichas deudas subsisten, nuevamente cargadas de intereses, y que tienen sendos reportes en el Buró Nacional de Crédito, como usuarios altamente morosos, o que incluso provocaron defraudaciones al sistema bancario nacional.

EL USUARIO, EN INDEFENSIÓN
El Buró Nacional de Crédito, es una de varias instituciones que existen para registrar el historial crediticio de los alrededor de 20 millones de usuarios de servicios financieros del país. Dicha institución privada, dice llevar el registro puntual que las instituciones crediticias les proporcionan respecto a sus usuarios. ¿Qué ocurre en realidad?
Ocurren, en la mayoría de los casos, abusos. El Buró Nacional de Crédito contempla por lo menos dos mecanismos de defensa para los usuarios que estén inconformes con sus registros. Sin embargo, lo cierto es que esa institución brinda a la banca comercial, todas las posibilidades de confirmar datos irreales, o que fueron asentados en niveles altamente negativos, como una forma de resarcimiento frente a los arreglos privados, en los que los usuarios terminaron pagando, aparentemente, montos menores a los que debían. El problema, en realidad, no radica en el Buró, sino en quienes le allegan datos que ésta no puede corroborar, pero que sí determinan los registros del usuario para el futuro, y también perjuicios que éste podría resentir.
Evidentemente, quien debe y no paga debe asumir las consecuencias. Sin embargo, aún frente a las deudas, todos deberían tener la posibilidad de aportar elementos a su favor, y defenderse conforme a las reglas mínimas del derecho. En este sentido, es también claro que las instituciones bancarias actúan arteramente en contra de quienes, en efecto, tuvieron problemas de liquidez, pero también tuvieron voluntad de pago e hicieron esfuerzos importantes por limpiar su nombre y su historial crediticio. Hoy, sin embargo, en este ambiente de aridez y posibilidades de defensa que no siempre se encuentran al alcance o la sencillez que requieren los usuarios de servicios financieros, el mayor amague y la mejor herramienta de las instituciones de crédito, se llama Buró de Crédito.

¿Por qué habría que estar a favor de la Iniciativa (Gobierno de) México?

+ La conciencia cívica supera “percepciones” presidenciales

Finalmente, esta semana fue presentada la Iniciativa México. En lo que se denominó una “cadena nacional voluntaria”, las dos empresas televisivas más importantes del país “unieron esfuerzos” para emprender una misión de aliento a favor de la sociedad mexicana. Más allá del discurso formal y los lugares comunes, es evidente que esta se aparece como una más de las estrategias que buscan cambiar la dinámica de la percepción de ciertos núcleos de la población nacional, que ahora sólo tienen ante sí una realidad desesperanzadora. No buscan arreglar los problemas más sentidos del país, sino cambiar la perspectiva. Es decir, que tratarán de sacar esperanza exprimiendo hasta a las piedras.

En un primer momento tendríamos que hacernos una pregunta básica: ¿Por qué estar a favor, o necesariamente creer en la Iniciativa México? Atendamos al discurso: porque es urgente cambiar la perspectiva del derrotismo y la desesperanza que equivocadamente inunda al país; porque muchos de nuestros males como nación, parten de la falta de conciencia cívica y de la pésima actitud que se tiene en la sociedad; porque es necesario no sólo ver lo malo, sino comprender que en el país también ocurren muchas cosas buenas, que no se ven porque son silenciosas. Porque, como dijera el Vasco Aguirre, “es necesario pasar del México del sí se puede, al México del ya se pudo”. Ajá, sí.

Ahora bien, ¿Por qué no estar a favor de la Iniciativa México? Una primera prevención apunta, y la compartimos, no a tratar de decir que estamos del lado de quienes quieren que a México se lo lleve el carajo, o de los que en todo buscan lo malo. No. El problema, en realidad, es que dicha campaña mediática no resulta ser sino más que parte de una estrategia del gobierno federal, en alianza con algunas empresas de amplio poder e influencia en la población, para buscar un cambio en la percepción no hacia el “México bueno”, sino hacia el “México apaciguado”.

En ese sentido, tendríamos que preguntarnos, y respondernos con la suficiente honestidad cívica e intelectual, si estrategias como la de la Iniciativa México tienen como finalidad real atender hasta abatir algunos de los problemas más graves del país, o si simplemente busca generar expectativas que sólo terminen en eso: en ideas que pueden ser realizables, pero que no por ello necesariamente tienen que llegar a serlo.

El momento en que esto ocurre es, evidentemente, crucial. México, nos guste o no, y compartamos o no dicha idea, se encuentra en el umbral de un momento emocional e históricamente determinante. Al igual que en los dos siglos pasados, la nación llega a una celebración trascendental en condiciones altamente complejas y desesperanzadoras: al pasar del tiempo, no se han podido atender problemas y rezagos por los que se pelearon en el país hace cien y doscientos años. Y existen núcleos sociales preocupados por la posibilidad de que esta desesperanza trascienda a otros riesgos mayores. Uno de ellos, el más extremoso, es el de un nuevo alzamiento popular armado.

Por eso, acciones como la Iniciativa México buscan incentivar, pero también buscan desmovilizar. Buscan cambiar la percepción de todos aquellos que a diario perciben las adversidades e injusticias que ocurren en el país; que no encuentran hoy muchos motivos para celebrar; que ven una nación caótica y un gobierno cerrado y atribulado, que no entiende que las mayorías sufren por las decisiones de unos cuantos; que, como dijera en su momento Luís Donaldo Colosio, continúan viendo, al correr de los años, a un México con hambre y sed de justicia.

La Iniciativa México —a la que, más bien, deberíamos calificar como la Iniciativa del Gobierno de México— busca desactivar, que no atender, ese sentimiento social, adverso pero genuino, que indica que en este país es mucho más lo que está mal, por encima de lo que está bien.

ASUNTOS SIN RESOLVER

¿Qué cambia entre “el México del sí se puede”, y “el México de ya se pudo”? En realidad, lo único que cambia es el enfoque. Porque, en realidad, tendríamos que ver qué asuntos están en manos de quién, y entonces, quién es el que dice “ya se pudo” y quién continúa diciendo “sí se puede”. Evidentemente, en un desglose completo de las dos acepciones, los promotores de la Iniciativa son quienes quedarían peor parados.

Sobrevivir en México, hoy, es una tarea del país “que ya pudo”. No necesitamos adherirnos a quienes siempre machacan al gobierno la responsabilidad de todos los males que aquí ocurren. Sin embargo, es evidente que más allá de todas las fobias y filias políticas hacia el gobierno y sus grupos detractores, la gran mayoría de las actividades económicas del país sobreviven frente a grandes adversidades. Veamos:

Somos un país de pequeñas y medianas empresas, que sobreviven frente a esquemas fiscales complejos y adversos, que siempre están dispuestos a cobrar a quien ya paga, y a preservar los privilegios de quienes están al margen de la ley. Vivimos en un México en el que amplísimos porcentajes de la riqueza se concentran en menos de 100 familias, pero en el que amplísimos sectores de la población (quizá un 70% de ella) vive en condiciones de alta marginación.

Sobrevivimos en un país que, independientemente de la causa, presenta gravísimos problemas de inseguridad, violencia y falta de cumplimiento y respeto por las leyes. Vivimos en un país en el que, en más de un caso, predomina abiertamente la ley del más fuerte, sin que éste tenga la posibilidad de ser recriminado, sancionado o acotado. Vivimos en una nación, en la que más de 20 millones de personas viven con el equivalente a menos de dos dólares diarios. ¿A poco no, seguir vivos en estas condiciones, es una tarea del México en el que ya se pudo?

¿QUIÉN NO CUMPLE?

¿Y de quién es el México del sí se puede? Es, precisamente, de todos aquellos que generan expectativas, que se valen de la esperanza, de la confianza y la ingenuidad de las personas, para hacerlas creer que podrán hacer mucho a cambio de un voto, para finalmente terminar haciendo nada. El México del “sí se puede”, es de quienes prometen y no cumplen. Es decir, del sector público que ni siquiera puede ponerse de acuerdo, y mucho menos actuar. A muchos funcionarios locales y federales, deberían sentarlos a ver día y noche Iniciativa México. Quizá así cambien la visión de su trabajo, y del país en el que viven.

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