Juanito: ejemplo de una izquierda impresentable

+ Oaxaca, otro espacio crucial para López Obrador

 

La controversia por la titularidad de la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, es paradigmática para los llamados “partidos de izquierda” en el país, pero también para las entidades federativas en las que se acercan los procesos electorales. Es posible prever que, independientemente del desenlace que tenga la controversia entre Rafael Acosta Naranjo, Clara Brugada, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, todo esto debería convertirse en un parteaguas para comprender de modo distinto los conceptos tradicionales de representación, legalidad y legitimidad, entre quienes buscan detentar el poder.

La historia de Rafael Acosta, el popular “Juanito” de Iztapalapa es, quizá, una de las más conocidas en este momento. Hasta antes de figurar como el “plan B” de López Obrador para aquella demarcación del Distrito Federal, dicho personaje era conocido por su activismo político, y por su prestancia a participar en las ruidosas manifestaciones que encabezaba el ahora diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Acosta, pues, no contaba con capital, credibilidad como posible gobernante, o proyecto político alguno.

Fue el dedo divino de López Obrador el que lo puso en el sitio que ostenta. El tabasqueño fue quien propuso a Acosta como la alternativa ante la degradación de Clara Brugada como candidata a delegada por el lopezobradorismo. Fue AMLO quien, en nombre del pueblo bueno y la democracia, llamó a los electores a votar por Acosta. Éstos respondieron y crearon el Frankenstein que es hoy el pintoresco Juanito.

Sin embargo, junto con Acosta Naranjo existen una serie de problemas graves que no sólo lo afectan a él y a López Obrador, sino a la democracia misma que se ejerce en México. Nadie hubiera considerado que una cadena de razones de hecho, generara tantas tentaciones e inducciones al quebranto de la ley y las normas que rigen a los procesos electorales, a la representación política, y a la democracia. Eso es lo que seguramente ocurrirá con Juanito.

¿Por qué? Porque pase lo que pase, cualquier maniobra para derrocar a Acosta Naranjo de la titularidad de la delegación Iztapalapa, estará afectada lo mismo por la ilegalidad que por la ilegitimidad. ¿Por qué? Porque por increíble que parezca, la constitucionalidad y la ley, en este caso, están del lado de Juanito. Y no se puede determinar, aún, si la legitimidad también lo acompaña o si, por el contrario, está del lado de sus oponentes.

En el caso de la Asamblea Legislativa y el Gobierno de Marcelo Ebrard, tienen argumentos para pensar en su destitución “legal”. Sólo que ninguna de esas explicaciones es legítima. ¿Por qué? Porque hasta ahora, Acosta no ha quebrantado la ley. Y el pensar en el desastre que será su “gobierno” en Iztapalapa, en la deslealtad a AMLO, o en el cisma que generó en el PRD y PT, no son razones suficientes para legitimar su destitución, y pasarlas con éxito por la criba de la democracia. Hacerlo, en cualquiera de los escenarios, sería tanto como agredir abierta y veladamente la legalidad que tanto dicen defender.

Lo mismo ocurre frente a las intenciones de Brugada y López Obrador. La primera, no demostró tener un esquema de gobierno eficaz, o mejor que el de Juanito. Ella iba a ser la figurilla manipulable de López Obrador, que pronto se negó a ser Acosta. Por eso, nadie le cree —ni a ella ni al tabasqueño— que la lucha política que comenzarán a dar por la titularidad de esa demarcación está dotada de la legitimidad que tanto divulgan.

El problema no se encuentra en el hecho de que Iztapalapa sea o no lopezobradorista, o que la mayoría de sus ciudadanos esté de acuerdo en las maniobras para detener o impulsar al locuaz Juanito. El problema es que todos juntos no tienen argumentos ni bases sólidas para hacer a un lado legal y legítimamente, a un personaje al que ellos mismos le dieron acceso al poder, lo empoderaron y lo dotaron de las herramientas legales suficientes para resistir largamente a toda posibilidad de ser destituido.

La gente de esa demarcación votó por Juanito. Es delegado cons-ti-tu-cio-nal. Y no ha violado ninguna ley. Las ambiciones, las traiciones y la ignorancia, son todo menos un delito. Por eso, si lo dejan, Iztapalapa (y AMLO y Ebrard y todos los demás) pierde. Pero si lo dejan, también.

 

MUCHOS “JUANITOS”

Es casi seguro que López Obrador no se encuentre en su camino con otro Juanito. Las circunstancias en las que apareció Rafael Acosta fueron no sólo particulares, sino extraordinarias. Sin embargo, si alguien ha sido el promotor de los candidatos aparentemente manipulables y hechizos —que son “Juanitos” en potencia— para ocupar altos cargos en ámbitos de gobierno como los municipales o estatales, ese ha sido el propio López Obrador.

El tabasqueño parece lejos de estar protagonizando una gesta democrática. En el caso de Iztapalapa, el clientelismo y el manejo feroz de las estructuras electorales por parte de los grupos obradoristas, han sido un factor determinante para sus reiterados triunfos. La intención del arribo de Brugada a esa delegación, era hacerse de los recursos públicos y los capitales políticos de esa demarcación, para impulsar su segunda carrera presidencial en 2012. Todo eso, a la luz de los hechos, no tiene sustento democrático real alguno: es una simple ambición de poder.

Ese esquema es el que pretende repetir López Obrador en todo el país. Ha puesto particular atención en Oaxaca. Su intención, más allá del discurso democrático de la alternancia, la justicia y el pueblo bueno, es la de tener un nuevo trampolín que lo impulse en sus nuevas aspiraciones presidenciales, con dinero, votos y apoyos políticos. Para ello, López está utilizando a los personajes que considera más manipulables para promoverlos a los cargos que el próximo año estarán en disputa.

 

FOCO ROJO

Así, Oaxaca se convierte en uno de los escenarios principales para la potencial reproducción de “Juanitos”. Si cada uno de esos alfiles potenciales ganara y luego de ello sostuvieran sus lealtades hacia AMLO, le serían muy útiles para sus intenciones presidenciales. Lo grave está en que los principales personajes a los que impulsa el tabasqueño en la entidad, tienen antecedentes negros en la gestión pública, y también sendos historiales marcados por la simulación, la traición y el engaño. Si este escenario se reprodujera aquí, la desgracia para Oaxaca se multiplicaría.

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Cajas de ahorro: inseguridad y manipulación, a la orden del día

Una cadena de hechos aparentemente aislados, ha ocurrido de unos meses a la fecha en Oaxaca: como en un efecto dominó, decenas de organizaciones populares de ahorro y préstamo han cerrado sus puertas, dejando cada una, a cientos de socios defraudados que luego se convierten en un problema más para el Gobierno del Estado.

¿Por qué ocurre todo eso? ¿Qué, acaso, las cajas de ahorro popular dejaron de ser un buen negocio? ¿Las sucesivas quiebras de unas y otras son consecuencia de circunstancias concatenadas o de hechos aislados? ¿Con cuántos ahorradores cuenta cada una de las cajas de ahorro que fueron constituidas y que operan en territorio oaxaqueño? ¿De qué tamaño es el problema? Y, lo más importante: ¿puede esto ser objeto de algún tipo de manipulación política, partidista o incluso electoral? Tratemos de dar respuesta a algunas de estas interrogantes.

Vayamos primero al contexto. Como bien se sabe, las cajas populares de ahorro comenzaron a surgir masivamente, como una alternativa natural a la falta de oportunidades de crédito y de rendimientos competitivos para la preservación del poder económico de los capitales, que entonces ocurría en relación a la banca comercial. Muchas de estas organizaciones populares tuvieron su punto de partida en la necesidad de ahorrar, y en la posibilidad de que otorgar rendimientos mayores a quienes ahorraban.

En Oaxaca, de entonces a la fecha, se constituyeron legalmente más de trescientas organizaciones de ese tipo. Ese número, resulta ser independiente de otras organizaciones similares que tuvieron su lugar de asiento en otras entidades federativas y que luego, en calidad de sucursales, arribaron a la entidad. Así, en números redondos, existen 300 organizaciones de ese tipo aquí iniciadas, que podrían llegar a albergar a alrededor de un millón de ahorradores, que potencialmente podrían asumirse como defraudados de acuerdo con las circunstancias.

Uno de los problemas esenciales de las cajas de ahorro popular, es que no cuentan con una regulación legal específica a nivel estatal o federal, y tampoco tienen la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni de ninguna otra autoridad financiera del país. Tal pareciera que, finalmente, tanto la relación entre el ahorrador y la organización de crédito, entre ésta y los que son beneficiarios de préstamos, y entre las cajas y sus socios frente al Estado, son meros actos de buena fe y de buena voluntad que no garantizan ni manejos pulcros de los recursos ni regulación… ni nada.

Nada de esto tendría algo de extraordinario o grave para la ciudadanía, si no fuera porque de un tiempo a la fecha docenas de cajas de ahorro han venido quebrando en una dinámica que bien podría ser la de un tipo de “efecto dominó”. Esta es una combinación de factores que finalmente no ha alcanzado a ser ni bien comprendida ni bien abordada por las autoridades, pero que sí se ha convertido en una eficaz y potencial herramienta de manipulación política para quienes pretenden hacer de esta problemática, un botín de connotaciones partidistas o electorales.

ACTIVIDAD DESREGULADA

Apuntamos líneas arriba que sólo una de las alrededor de 300 cajas de ahorro que fueron constituidas en la entidad, cuenta con la regulación y vigilancia de la CNBV. Todas las demás son un ejemplo de la desregulación y la inseguridad jurídica que, en la última de las instancias, afecta a los ahorradores que de buena fe invierten ahí los montos de dinero con los que cuentan, y que en la mayoría de las ocasiones proviene de la venta de su patrimonio, del dinero que les envían sus parientes de la Unión Americana, o de lo recibido por concepto de retiro y jubilación. El “gancho” con el que comprensiblemente muchos particulares se acercan a esas instituciones, es justamente la facilidad que otorgan —mucho más flexibles que las de la banca comercial— para ser parte de la institución, para acceder en algún momento a una línea de crédito, o para recibir rendimientos mayores a los que otorgan las instituciones bancarias.

¿Por qué inseguridad y desregulación? Porque una institución financiera que no está regulada, no cuenta con las herramientas suficientes para garantizar el dinero que ahí se invierte. Es decir, que en una caja de ahorro no regulada y constituida de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades bancarias del país, no tiene la posibilidad de garantizar los servicios de ahorro y crédito que ofrece al público. Esto se convierte en un problema cuando la institución financiera comienza a tener un manejo irregular, cuando se enfrenta a una fuga masiva de recursos, o en el momento en que se da un escenario de especulación en la que los dueños de los capitales deciden trasladarlos en grandes montos a esquemas de ahorro más seguros. Mucho de eso es lo que ocurre ahora en el caso de Oaxaca.

AHORRO, SIN GARANTÍAS

En el caso particular, el casi millón de usuarios de las cajas populares no reguladas, carecen de un esquema equiparable al del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que podría garantizar sus inversiones aún cuando la institución financiera quebrara, se descapitalizara o se enfrentara a una contingencia financiera ajena a su funcionamiento. En el caso de la banca comercial, que cuenta con la regulación de la autoridad financiera y el aval del IPAB, todas sus operaciones financieras cuentan con garantías: el crédito otorgado por la institución, proviene en gran medida de las inversiones hechas por los ahorradores. En el caso de que los primeros no paguen, los segundos no pierden sus inversiones, ya que éstas cuentan avaladas y protegidas por el Estado, debido a que las operaciones —en teoría— no son consecuencia de fraudes sino de circunstancias propias de la actividad bancaria.

Esas seguridades no existen en las cajas de ahorro. Ahí todo depende de los balances y equilibrios que procure la institución sobre sus montos de ahorro y préstamo. Si uno de los dos aspectos se desequilibra, pone en riesgo al otro. El problema es que al descapitalizarse el dinero que desaparece es el de los ahorradores, que no tienen garantía alguna sobre sus inversiones. Ahí es donde, formalmente, comienzan los fraudes.

Además de todo esto, la discrecionalidad conlleva algunas preguntas que no parecen tener respuesta. Según datos confiables de los que se tiene noticia en el Congreso del Estado, de cada 20 millones de pesos que las cajas de ahorro popular captan en Oaxaca por concepto de préstamo, sólo son vueltos a poner en circulación tres por concepto de préstamos. Eso es lo que deja en duda la confiabilidad de muchas de las operaciones, y de las razones por las que quiebran esas organizaciones. La discrecionalidad en el manejo de esos recursos, es lo que impide el otorgamiento de garantías por parte del Estado al ahorro de los usuarios; pero esa discrecionalidad, es también la causa por la que las mismas cajas de ahorro se resisten a acceder a cualquier tipo de regulación por parte de las autoridades bancarias del país.

MANIPULACIÓN POLÍTICA

Nadie sabe en realidad en qué estado se encuentran las cajas de ahorro que continúan en funcionamiento. Los propietarios o responsables de muchas de ellas, saben que en cualquier momento la situación puede variar y ellos enfrentarse a la quiebra de sus organizaciones. Al cerrar cada caja, deja una estela de damnificados, que no son más que los ahorradores defraudados que ya no pueden recuperar sus inversiones. Ante esa imposibilidad, éstos últimos se acercan al gobierno del estado para que cree fondos a través de los cuales se compense —con dinero público— el quebranto que ellos sufren por haber invertido su dinero en instituciones poco confiables.

Sin embargo, todo esto también se presta para la manipulación política. Existen denuncias serias, en el sentido de que muchas de las cajas de ahorro han quebrado por la manipulación de ciertos datos y la especulación de que las han hecho objeto. Señalan, por ejemplo, que ante el quiebre de algunas cajas, algunos personajes cercanos al Partido Convergencia o al ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, tienen la tarea permanente de acudir a docenas de comunidades del interior del Estado, a “poner en alerta” a los pobladores para que retiren sus inversiones de las cajas de ahorro. Les dicen que éstas se encuentran en vías de quebrar, o que su dinero será utilizado para campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional.

En muchos de los casos, ese es motivo suficiente para que los ahorradores retiren sus inversiones en masa. Ante la descapitalización, las instituciones se quedan sin la posibilidad de garantizar las inversiones de quienes sí confían en ellas. Al final, esto se les vuelve un problema mayor que los lleva a la inestabilidad y a la quiebra.

NEGOCIO POLÍTICO

Ahí no termina la “rentabilidad” política de todo esto. Al irse a la bancarrota estas instituciones, esos mismos grupos buscan organizar a los ahorradores defraudados para que vengan a la capital oaxaqueña a protestar ante el gobierno estatal, y a que éste les garantice las inversiones que perdieron. Mientras ello ocurre, esos grupos políticos negocian canonjías y privilegios particulares ante el gobierno, al declararse como “representantes” de los defraudados. De todos modos, en el caso de no lograr nada, ganan también al venir a provocar inestabilidad y conflictos a sus adversarios oficiales, con los bloqueos y la manifestaciones que encabezan los defraudados.

Ejemplos de todo eso existen. En 2008, los defraudados por la Caja Sacriputla protagonizaron innumerables protestas y bloqueos con tal de que el gobierno estatal les pagara por los quebrantos que ellos habían sufrido. Este año, los defraudados por varias cajas populares han hecho lo mismo. Han bloqueado Ciudad Administrativa, carreteras y cruceros importantes de la capital oaxaqueña.

También existen ejemplos de la manipulación política y las mentiras que se dicen para alimentar las especulaciones relativas al uso indebido que se le da a los recursos de esas cajas populares. La semana pasada, el portal Libertad Oaxaca publicaba lo siguiente, que reproducimos textualmente:

“El vacío legal y el contubernio que existe entre las autoridades estatales y los ‘vivales’ ha generado que cientos de oaxaqueños sean víctimas de los fraudes ejecutados por los dueños de las cajas y cooperativas financieras, acusó el ex legislador Othón Cuevas Córdova.

“Aunque dicha situación no es nada nueva, el impulsor de la  iniciativa de Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Leyrascap), sostuvo que ante la falta de interés por hacer justicia los ahorradores de Sacriputla y Coofia desconocen en dónde están sus ahorros y los ‘delincuentes de cuello blanco’.

“Hay tanta impunidad que no podemos dejar de sospechar que efectivamente los vivales han encontrado en el vacío legal existente la oportunidad de hacerse del dinero de la gente más pobre. Es tal el contubernio con las autoridades que los ahorros de la caja Sacriputla fueron utilizados para cubrir las campañas del Partido Revolucionario Institucional en el 2006”, acusó.

GOBIERNO REBASADO

El gobierno estatal no ha sabido manejar ese problema. Ha sido blanco fácil de los manipuladores que buscan ganancias políticas a partir de la quiebra de las cajas: en más de un caso, han pagado sumas millonarias de dinero para resarcir a los ahorradores. No ha tenido la voluntad de regular la actividad de las cajas de ahorro. Ni siquiera cuenta con un padrón confiable de éstas. Y tampoco ha podido frenar o combatir la manipulación y especulación que, con argumentos de orden partidista, político o electoral, hacen los adversarios del PRI a costillas de los ahorradores. Todo un problema.

Aspirantes a la gubernatura: los riesgos del “ahora o nunca”

+ Cercanías: ninguna lealtad; todos le apuestan al 2016

Aunque en apariencia el proceso interno para elegir al Candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional entró en un impasse, en realidad las cosas son distintas. Hoy, puede apreciarse que la guerra intestina de bajo perfil se ha intensificado; que propios y extraños están “arropando” hasta la cooptación a algunos de los aspirantes. Y que, a estas alturas, quien no se dé cuenta del costo/beneficio que significan en este momento las declaraciones y los silencios de afanes electorales, podría salir más raspado que fortalecido de este lapso de aparente inmovilidad.

Hoy basta con asomarse a la estrategia de cada uno de los aspirantes priistas a la gubernatura, para corroborar sus diferentes niveles de entendimiento de la situación por la que atraviesan. Existen contrastes sustanciales entre los modos de operación seguidos, respectivamente, por el diputado federal Eviel Pérez Magaña, por el edil citadino José Antonio Hernández Fraguas; por el senador Adolfo Toledo Infanzón; e incluso por los secretarios de Salud y Administración, Martín Vásquez Villanueva y José Antonio Estefan Garfias. En sus fortalezas, cada uno de ellos está mostrando sus propias debilidades.

El caso del diputado Pérez Magaña se aprecia como el más controversial. Hasta hace cinco meses nadie lo distinguía en la perspectiva sucesoria. Fue una orden del Jefe Político del priismo en el Estado, la que lo incluyó en la lista de posibles aspirantes y la que le brindó las primeras herramientas para generarle lo que común pero vagamente se conoce como “crecimiento político”. Así, en el mes de julio pasado, y aparentemente de la nada, emergió como un potencial aspirante priista a la gubernatura.

Hoy, ese “crecimiento político” hoy resulta innegable. Sólo que, en esa lógica, faltaría primero determinar qué puede y debe entenderse por eso. En una primera acepción, crecimiento político significaría la suma de apoyos, voluntades y lealtades por parte de personajes y grupos importantes de la política y el priismo en Oaxaca. Una segunda acepción, es la que necesariamente llevaría a cuantificar y cualificar su presencia política y capacidad de generar apoyos a ras de suelo en todas las regiones de la entidad. Evidentemente, uno y otro planteamiento implican diferencias sustanciales.

¿Por qué es innegable el “crecimiento político” del diputado Pérez? Porque, al menos en la primera de las acepciones antes planteadas, éste ha conseguido hacerse de los apoyos de una parte importante del actual grupo gobernante. Casi todos los días se sabe de la suma de servidores públicos, legisladores federales e integrantes de la “clase política” del priismo en el estado. Muchos de esos nombres que hoy se suman a sus apoyos, sin embargo, son los mismos de quienes le han dado espontáneamente la espalda a las lealtades que juraban hace apenas unos meses a otros de los aspirantes.

En todo esto, es claro que el priismo tendrá que comenzar a tasar con mucha más seriedad la suma no sólo de apoyos políticos, sino también de capitales. Esos capitales son los que se encuentran en el segundo de los rubros, de lo que debe entenderse como “crecimiento político”, y son los que deben traducirse en una efectiva multiplicación de la presencia y las simpatías que se generan entre la población no comprometida ni con causas ni con proyectos, sino entre la que verdaderamente se tiene que hacer trabajo político para generar identidad y arraigo.

Hasta hoy, el crecimiento real de los seis aspirantes a la gubernatura en este segundo rubro, es un auténtico espejismo. Como no se sabe en realidad quién es el que tiene mayor peso político entre los votantes y más allá de los apoyos copulares, hasta ahora todo parece ser un simple juego de percepciones con el que se están tratando de generar expectativas. Quien crea que con eso puede hacerse de la candidatura a Gobernador por el tricolor, está equivocado.

TODO POR EL TODO

En este sentido, es necesario comenzar a comprender con mesura por qué cada uno de los aspirantes priistas a la gubernatura está actuando como hasta ahora. Es muy contrastante la aparente carrera contra el tiempo, y la inversión millonaria de recursos que se está haciendo alrededor del diputado Pérez Magaña, como la aparente ausencia del senador Adolfo Toledo Infanzón y el líder tricolor Jorge Franco Vargas; y estas dos actitudes con la aparente calma del edil Hernández y los secretarios Vásquez y Estefan. Aunque tienen hoy más que claras sus respectivas apuestas para el futuro, nada de esto parece ser obra de la casualidad.

Hoy el diputado Pérez Magaña está sumando a sus apoyos, a muchos de los que hoy se encuentran en la primera línea del poder y que desean trascender. La mayoría de los nombres, son de los que hasta hace poco tiempo rendían todas las pleitesías a un dirigente priista que hoy parece ausente de esta carrera sucesoria. Unos y otros saben que el diputado Pérez es a quien más le urge crecer, y saben que permanecer a su alrededor sería una garantía de continuismo que nadie más les garantiza. Por eso esa premura por tratar de que satisfaga las dos acepciones del llamado “crecimiento político” rumbo al 2010.

Los otros aspirantes, sin embargo, están jugando su juego. Todos, por causas distintas, saben que su crecimiento no depende de los golpes mediáticos o de la compra de primeras planas en los medios locales. Vásquez, Estefan y Hernández Fraguas tendrán que esperar el tiempo preciso para separarse de sus cargos gubernamentales, y “emparejarse” en la contienda política de la que ya son parte. El senador Toledo y el diputado Franco, parecen estar convencidos que hoy, la mesura construye mucho más que el desbocamiento.

Así, hoy las estrategias son más claras que nunca. Vásquez, Estefan, Hernández, Toledo y Franco, en su momento pagarán el costo de no tener una exposición mediática tan intensa como la de Pérez Magaña. Pero llegado el momento, a éste le tasarán de modo implacable la eficacia de su vertiginosa estrategia de crecimiento. Nada le garantiza que la suma de apoyos de políticos, sea proporcional al verdadero crecimiento como Candidato.

APUESTAS A FUTURO

Habrá que ver con detalle cuántos se están sumando a la campaña del diputado Pérez Magaña. Hay de todo, aunque no son precisamente de lo que más puede presumir el priismo. ¿A poco existen convicciones claras sobre el candidato? Muchos lo ven como su trampolín para buscar, ellos, la gubernatura en 2016. Es cosa de revisar los nombres hoy, y conservarlos en la memoria.

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¿Lo “democrático” sólo es en lo electoral?

+ Ponerse de acuerdo; imposible en México

Por momentos resulta hasta ociosa la palabra “democracia” y todas las acepciones y formas de comprensión que genera dicho término. A grandes rasgos, podríamos comprender que la democracia ocurre cuando el pueblo interviene directamente en la elección de sus gobernantes, en la determinación de su organización política, y en ser el titular de las garantías, derechos, servicios y obligaciones que impone y presta el Estado. Todo eso podríamos entenderlo perfectamente. Sólo que eso sería tanto como limitar los amplios alcances de la democracia, cuando ésta es comprendida en toda su magnitud.

Tradicionalmente, a pueblos como el mexicano se nos ha sembrado la idea de que la democracia comienza y termina cuando el ciudadano común se erige legítima y posiblemente como votante, emite su sufragio y éste cuenta de modo efectivo en la decisión colectiva de quiénes serán los gobernantes para los años siguientes. Es, cierto, una forma básica y efectiva de hacer valer la intervención popular en las decisiones del poder. Pero también es un concepto limitado, que lleva a naciones como la mexicana, a ciertas “irresponsabilidades” y desatenciones que redundan en atrasos.

En México, dicha idea llegó a su punto cúspide cuando el entonces aspirante opositor a la presidencia, en 1910, Francisco Madero, desafió al general Presidente, Porfirio Díaz, para tratar de hacerse de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Ese desafío tenía una carga política fundamental: México había vivido 300 años bajo la figura del colonialismo español, en el que el pueblo tenía una nula intervención en las decisiones políticas.

Luego, el anhelo de autodeterminación y democracia, fueron dos factores esenciales que movieron a los insurgentes criollos y mestizos a buscar la independencia. Una vez logrado este anhelo, la República se sumió en un proceso complicadísimo de imposiciones, golpes de Estado y avasallamientos por parte de los principales mandos militares del país. La lucha entre liberales y conservadores, de mediados del siglo XIX pospuso toda posibilidad de una democracia: ésta, fue intercambiada por las balas. Cuando parecía que la vocación democrática del poder alcanzaba cierta madurez —aunque aún con claroscuros—, hubo una elección presidencial democrática, en la que el pueblo eligió como Primer Mandatario al general Díaz. Éste, había defendido la bandera de la no reelección. Pero terminó perpetuándose en el poder por treinta años, hasta 1911.

Ese recuento, harto somero, revela que la gran vocación democrática de los mexicanos hasta entonces era justamente el sufragio efectivo y la no reelección. Sólo que luego de la revolución todo eso volvió a perpetuarse: la no reelección de personas se logró, aunque intercambiada por la perpetuidad de un partido político. Y el sufragio efectivo nuevamente pasó a ser una simulación democrática, que tardó más de setenta años —hasta principios de la presente década— en materializarse.

Es indudable: hoy tenemos una democracia mucho más sólida, porque no existe ya un partido hegemónico, ni las decisiones presidenciales sobre la sucesión son la ley implacable que eran antes. Hoy el sufragio efectivo vale, y la no reelección —ni de personas ni de partidos ni de facciones—, es una realidad. Sin embargo, aún con todo eso los mexicanos nuevamente parecemos sentirnos desilusionados. Pareciera que nuestra democracia no sirve. Pero el problema, en realidad, es que la mayoría parecemos no terminar de entender todo lo que implica ese término.

DEMOCRACIA Y ACUERDOS

Así, podemos decir que si alguien cree o está seguro de que la democracia comienza y termina con la sola contrición del voto, está equivocado. Aseguramos que es una “contrición”, porque muchos pensamos que ese, el de acudir a emitir el sufragio, es un medio ideal para exculparnos de todo lo mal que le va al país. Siempre, esa expiación llega a través de argumentos como “yo no voté por él”, “me equivoqué de candidato” o “yo anulé mi voto”. ¿Todo eso alimenta de verdad la democracia?

La respuesta es un sonoro “no”. La democracia apenas comienza cuando un ciudadano acude libremente a emitir su decisión sobre el rumbo político del país. Ver que, aún votando, las cosas van mal, no lo disculpa ni le da la dignidad o el mérito suficiente como para decirse ajeno a las malas decisiones.

Es cierto que pudo haber apoyado con su voto al candidato equivocado, que pudo haber anulado su papeleta electoral, o que la mayoría —pero no él— erró al elegir a un personaje poco idóneo para gobernar. Pero es también cierto e irrebatible, que mientras ese ciudadano no comprenda a cabalidad sus derechos y deberes, ni se involucre en la parte de democracia no electoral que también le corresponde, nada mejorará ni cambiará para bien en el país.

La democracia es el voto, pero mucho más que éste: democracia es que los gobernantes realicen sus gestiones públicas cumpliendo cabalmente con los requerimientos de honradez, legalidad, transparencia y rendición de cuentas; democracia es que quienes integran los Poderes Legislativos verdaderamente se dediquen a destrabar los problemas más sentidos de la nación, con sentido crítico pero también con responsabilidad, pulcritud y celeridad. Democracia es que los gobernantes y detentadores de cargos de elección popular tengan en cuenta y defiendan los verdaderos intereses de la nación, por encima de la protección de los proyectos personales, el partidismo o la intriga política que nada construye.

No obstante, democracia es también que el ciudadano se involucre en la labor del gobierno. Puede hacerse desde la opinión pública, desde la generación e impulso a la sociedad civil organizada; en la exigencia de claridad en la gestión gubernamental y en la búsqueda de que los poderes públicos cumplan con sus deberes, y otorguen y respeten los derechos y servicios que están obligados a prestar a la población.

NO INVOLUCRADOS

Por todo ello, pensar que la democracia es votar en las elecciones y ya, es corto y perjudicialmente cómodo para los ciudadanos. En la medida que la sociedad civil entiende que su único deber es votar y ya, sin luego dar seguimiento y exigir resultados a los gobernantes, es tanto como darles un cheque en blanco a quienes gobiernan sin exigirles ninguna contraprestación democrática a cambio. Mientras no seamos los ciudadanos los que exijamos transparencia, honestidad y eficiencia, las cosas seguirán como hasta ahora.

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2006: oportunidad perdida para la democracia en Oaxaca

+ APPO-AMLO: dos desgracias de izquierda inconsistente

Es evidente que junto a los incuantificables daños materiales que dejó la jornada violenta del 25 de noviembre de 2006 en Oaxaca, también existe un saldo político pendiente en el que muy poco parece haberse reparado. Es cierto que aquella jornada violenta que protagonizaron la Sección 22 del SNTE, la APPO, las fuerzas federales e indirectamente el gobierno estatal, dejó una estela de agravios, quebrantos e impunidad. Pero también, en esa jornada se consolidó la pérdida de una oportunidad única para la materialización de los cambios democráticos que sigue requiriendo con urgencia nuestro Estado. Esa, para mal de todos, parece ser la constante que están siguiendo las expresiones de izquierda en Oaxaca y el país. Vayamos por partes.

Hasta ahora, prácticamente todas las atenciones se han centrado en el modo tan poco decoroso en cómo se consiguió el pacto de paz en Oaxaca. Ése acuerdo, como bien ha quedado claro, fue logrado entre el gobierno de Oaxaca, el llamado “magisterio democrático” de la Sección 22 y la APPO, gracias a la negociación de la ley y cuantiosos recursos públicos, y al otorgamiento de incontables cartas de impunidad.

Esos acuerdos fueron los que permitieron la cancelación de expedientes judiciales, la decisión discrecional de las autoridades ministeriales de no iniciar averiguaciones previas, o no continuarlas, dejando con ello de indagar y esclarecer hechos relacionados con el conflicto, en los que hubiere participación de profesores o integrantes de los grupos inconformes, la excarcelación de quienes estaban detenidos, o el cumplimiento de demandas relacionadas con la situación laboral, salarial y sindical de los trabajadores de la educación.

Sin embargo, es claro que más allá del aspecto político, económico y “judicial” de todos esos arreglos, en Oaxaca quedó un doloroso agravio democrático que tampoco ha sido —y seguramente no será— cubierto por ninguno de los protagonistas del conflicto. Ese saldo, sin duda, es el de las reformas legales y constitucionales que pudieron y debieron hacerse a partir del conflicto magisterial, pero que dejaron de hacerse por indolencia, incapacidad, tozudez o vocación antidemocrática.

Es claro, hoy (pero también desde 2006), que en ese aspecto dejó de hacerse lo que pudo haber sido más trascendental para Oaxaca. Ese “hacer” nada tenía que ver con la resistencia violenta, ni con los enfrentamientos con las fuerzas federales, ni incluso con la posibilidad de lograr el derrocamiento del gobernador Ulises Ruiz. La Sección 22 y la APPO, aún sin lograr todo lo anterior, hace tres años sí pudo haber logrado los cambios democráticos que al final se negó, no tuvo el atrevimiento, o careció de las capacidades para impulsar. Por eso el conflicto fue una enorme oportunidad perdida para Oaxaca.

Nada se ganó con la quema de vehículos y edificios. Mucho se hubiera logrado si desde entonces, y al calor del movimiento, se hubiera logrado el impulso de iniciativas que reformaran el poder.

Nada se ganó con los enfrentamientos. Pero sí pudo haberse avanzado mucho, si el momento excepcional del 2006 hubiera sido aprovechado para impulsar instituciones de fiscalización, y transparencia más sólidas y menos dependiente de la potestad política discrecional del Poder Ejecutivo del Estado.

Nada se ganó con los pactos de impunidad y con la exoneración de todos los participantes de la revuelta; es evidente que esos pactos fueron, en realidad, un intercambio: gracias a eso, se canceló la posibilidad de que Oaxaca fuera un parteaguas del significado más trascendental que tiene una revolución: la transformación del orden jurídico y la organización política en un Estado.

Ese es un quebranto democrático gravísimo, por omisión, que resulta ser de los más dolorosos y costosos para Oaxaca. Eso es lo que da todas las pautas para asegurar que el conflicto magisterial fue la más grande oportunidad perdida para nuestro Estado.

DEBILIDADES DE IZQUIERDA

No les falta razón a quienes aseguran que el 25 de noviembre de 2006 se decidió la suerte del movimiento magisterial, y de Oaxaca. Esto fue así, en la medida en la que todos decidieron hacer una apuesta total de la razón por la fuerza. Finalmente ganó la segunda. Y todo se resolvió a base de manotazos, para que al final nada cambiara.

La Sección 22 del SNTE fue, en todo esto, la que menos perdió. El llamado “magisterio democrático” consiguió la satisfacción total de sus demandas salariales, y hasta hoy continúan teniendo un programa político perfectamente definido. Sin embargo, los grupos políticos de izquierda que lo acompañaban, fueron los que dejaron ver en toda su magnitud las inconsistencias y titubeos que sistemáticamente les ha impedido convertirse en un factor de oposición que no por ser combativos, tendrían que ser irreflexivos, poco propositivos o irresponsables.

La prueba de todo eso, está en que nadie pudo plantear un solo viso de democracia y perseverancia de un movimiento tan nutrido, como el que emergió en Oaxaca hace tres años. Esos mismos titubeos y falta de claridad en sus postulados y definiciones, son también lo que ha llevado a otros movimientos, como el del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, a verse diluidos en medio del hostigamiento que les profesan sus adversarios.

Ser una verdadera oposición política no se traduce en únicamente salir a las calles a vociferarlo. De tener más sustento y contar con más ganas de sobrevivir, trascender y aportar al escenario político, esa oposición habría echado mano de una serie de herramientas y circunstancias, que hoy ni siquiera parecen preocuparles. Al final, es una desgracia que fuerzas como esas, tengan los respectivos finales que hoy aparentan: sus debilidades, excesos y titubeos, no hacen más que fortalecer a quienes detentan el poder, y abonar al aplazamiento de las reformas democráticas que requiere nuestro estado, y nuestro país.

ESCANDALIZADOS

Ayer, escandalizados, no pocos perredistas y lopezobradoristas, acusaron de traición a la ex diputada Ruth Zavaleta, quien el día anterior renunció a su militancia en el PRD. Todos ven la paja en el ojo ajeno: tendrían que voltear y ver lo que está a punto de ocurrir en Oaxaca. Aquí, disimulados, derechistas e izquierdistas están a punto de trabar una alianza que será histórica. Sí, porque será un ejemplo claro de cómo sin renuncias o jaloneos, se pueden unir por una causa común dos enemigos jurados. Ah, pero es la democracia. Cómo no.

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Gabino: ruptura con AMLO, inevitable y previsible

+ Manipulación política de defraudados: ¿no que no?

El pasado lunes, en su encuentro semanal con los medios informativos, el edil de la capital oaxaqueña, y aspirante a la candidatura priista a Gobernador, José Antonio Hernández Fraguas, vaticinó el alejamiento político entre el senador Gabino Cué Monteagudo y el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Lejos de cualquier virtud adivinatoria del Alcalde citadino, parece claro que esa es la ruta natural que sigue el proceso de conformación de la alianza opositora.

Son al menos tres las condiciones que serán determinantes para la conformación de la alianza. Sin embargo, López Obrador jugará un papel trascendental en esos tres momentos. La primera de las circunstancias tiene que ver con la imposibilidad material de cualquiera de los partidos de oposición, para ganarle al PRI en los comicios; la segunda, tiene que ver con los acuerdos políticos que ha trabado el senador Cué para convertirse en el abanderado de la Alianza; y la tercera, por las dificultades que ha habido al tratar de generar un marco real de legitimidad a esa unión que, insistentemente, ha sido calificada como “del agua y el aceite”.

¿Por qué tiene “mano” López Obrador en las tres condiciones? Porque, según los hechos, es el único personaje que en Oaxaca podría agrupar un bloque capaz de darle batalla al PRI en el proceso electoral. Además, porque desde 2006 ha sido la base de apuntalamiento del senador Cué, para posicionarse nuevamente como un líder icónico de la oposición en la entidad. Y porque, a todas luces, AMLO es el único personaje de su calado político (un ex candidato presidencial con un sustento electoral que araña los 15 millones de votantes) capaz de aliarse sin cuestionamientos ideológicos —es decir, basado en el pragmatismo que lo caracteriza— con quienes hace tres años eran sus adversarios a muerte.

Pareciera que la alianza entre los llamados Partidos de izquierda rumbo a los comicios estatales del próximo año, no presenta mayores dificultades. En realidad, las resistencias iniciales de la dirigencia nacional del PRD a aliarse con otros partidos para impulsar al senador Cué, se fueron mitigando en la misma medida en que asimilaron que, les guste o no, sin un factor como AMLO en una entidad como Oaxaca y en unos comicios como los que se acercan, sus posibilidades de obtener una votación al menos decorosa, serían ínfimas.

Algo similar ocurre con Convergencia y el Partido del Trabajo. Ambas fuerzas políticas en la entidad —y en el ámbito nacional también— se han visto gananciosas, en la misma medida que han servido de partidos satélites que orbitan alrededor del ex Candidato presidencial. Saben, igual que el PRD, que sin el respaldo lopezobradorista, hoy serían nada en Oaxaca.

El problema más complejo está en la posible alianza que las fuerzas perredistas, petistas, convergentes y lopezobradoristas, logren con el PAN para impulsar al senador Cué. No existe duda alguna de que todo eso pueda ser logrado. Lo realmente interesante, será ver cómo, en efecto, todas las fuerzas tomen sus distancias entre sí para sostener sus decoros particulares, pero cómo todas actúen para tratar de impulsar al senador Cué como un candidato ganador.

DESLINDE ANUNCIADO

Luego de ocurridos los comicios federales del mes de julio pasado, se notó un cambio abrupto de actitud y discurso político en el senador Cué Monteagudo: contrario a la “tradición” convergente de avasallamiento, golpeo y albazos, el Aspirante enfocó su atención al llamado recurrente a los partidos de izquierda a olvidar los agravios del pasado, a fomentar la coordinación, y a tratar de construir una alianza política que les permitiera derrotar al partido en el poder.

Al mismo tiempo, el discurso del senador Cué moderó hasta el punto del silencio, en cuanto a las críticas a la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y al Partido Acción Nacional. Basta con echar un vistazo a su portal electrónico www.gabinocue.org para corroborar que el nivel acostumbrado de la crítica hacia el gobierno calderonista, disminuyó sensiblemente del pasado mes de julio a la actualidad, y cómo desde entonces todas sus atenciones se han enfocado al llamado a la concordia a las fuerzas de oposición.

¿Por qué ese discurso? Porque esa es una primera forma de deslinde de sus propias prácticas en el pasado, pero también de alejamiento del discurso de AMLO. Lo apuntamos aquí desde julio pasado, sin dejar de insistir en el tema en más de una ocasión: es sólo cuestión de tiempo para que esas primeras formas de alejamiento, se conviertan en acciones más visibles de alejamiento aparente entre los dos personajes que buscan alianzas con sus adversarios, o con las fuerzas políticas a las que ellos, en otros momentos, han defraudado. Incluso, el 4 agosto señalamos la cercanía de un pronunciamiento del Senador a favor de Acción Nacional.

La razón entre ellos no es una ruptura: en realidad, es el cálculo puro de un alejamiento pactado y conveniente para todos. Un posible deslinde del senador Cué respecto a López Obrador, le quitaría las cargas negativas que hoy trae también aparejadas el tabasqueño; le permitiría tener un margen de maniobra más abierto con Acción Nacional para trabar la alianza; y les permitiría a todos trabajar en un proyecto conjunto que no sólo incluiría la gubernatura del Estado, sino una estrategia política de mayor envergadura.

En un principio, e incluso allende el 2010, esa lejanía y deslinde podría ser simulado. Pero si llegara a ganar la gubernatura del Estado, pasado el tiempo, nuevamente Cué volvería a sus prácticas tradicionales: en 2012 le daría la espalda para transitar al lado de Marcelo Ebrard. Uno de sus principales aliados, Alberto Esteva Salinas, ya se encuentra incrustado en la primera línea del Jefe de Gobierno del DF. Entonces sí habría deslinde, traición y deslealtad real. Será sólo cuestión de tiempo.

DEFRAUDADOS

Y MANIPULADOS

Hemos apuntado que desde algunos sectores del PRD y Convergencia, se está tratando capitalizar políticamente la quiebra de cajas de ahorro. Aquí, un botón de muestra: el ex diputado federal perredista, Othón Cuevas, acusa sin ningún sustento que el monto desaparecido de Caja Coofía, fue utilizado para las campañas políticas priistas de 2006. Con ese y otros argumentos similares, llaman a los defraudados a la movilización, bajo la promesa de conseguir fondos públicos para resarcirlos. Al final no habrá dinero alguno. Pero sí mucha manipulación, mentiras y especulaciones.

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