Reelección de legisladores: ¿por qué no?

+ Situación actual, para concentrar el poder

Hace una semana, el presidente Felipe Calderón Hinojosa conmemoró los tres años de su gestión al frente del gobierno federal. Luego de hacer un recuento de las metas y de los fracasos de su gobierno, anunció que enviaría al Congreso de la Unión una propuesta de reforma en materia electoral, a través de la cual los legisladores federales y los ediles tuvieran la posibilidad de reelegirse sin las limitaciones constitucionales actuales. ¿Sería favorable una reforma en ese sentido? Y sobre todo: ¿Por qué provoca tanta inquietud e incomodidad social, política y hasta emocional en los mexicanos, una propuesta como esa? Vayamos por partes.

Por principio de cuentas es necesario acudir al Texto Constitucional para comprender la situación actual. En este sentido, la Constitución General de la República establece en su artículo 59 que “Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el período inmediato. Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio…”

Esto es, que existe un principio denominado “de irregibilidad relativa” para los legisladores federales, debido a que ninguno puede acceder a la misma posición en el periodo inmediato al en que desempeñó el cargo. Un diputado federal que culmina su gestión sí puede ser senador inmediatamente, y viceversa. Pero para acceder al mismo encargo (es decir, repetir como diputado federal o senador) debe dejar pasar por lo menos una Legislatura, y así poder ser constitucionalmente elegible. Esta prohibición, sin embargo, no aplica cuando se tuvo el carácter de suplente y nunca se estuvo en funciones.

El principio de la no reelección en los cargos políticos del país, tiene una larga tradición y antecedentes históricos. En México, hasta el periodo postrevolucionario, prácticamente todas las guerras internas tuvieron como motivo o punto de partida la urgencia de remover a un gobernante de su encargo. Si revisamos la historia, podremos darnos cuenta que desde Agustín de Iturbide, la mayoría de los gobernantes mexicanos trató de perpetuarse en el poder presidencial, y en la mayoría de los casos su deposición se dio en el marco de un alzamiento armado, una revuelta popular o una amenaza velada de las fuerzas armadas para sostener el orden o sus privilegios.

México no pudo sostener sólidamente un principio de la no reelección, sino hasta la promulgación de la Constitución federal de 1917. En la publicación original del Texto Constitucional se señalaba, en el artículo 83 que “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre, durará en él cuatro años, y nunca podrá ser reelecto…” estableciendo un principio de no reelección relativa a quienes desempeñaran el cargo presidencial bajo la figura de interno o sustituto. Antes de que eso se plasmara como norma constitucional, hubo una sangrienta guerra que duró seis años. Luego del establecimiento de esa norma hubieron intentos por modificarla en términos de regresión al principio de la reelección. Finalmente, el constitucionalismo tuvo uno de sus grandes triunfos en el país ante la consolidación de la no reelección presidencial, que tanto defendemos y nos da identidad a los mexicanos. De hecho, así como la privatización del petróleo o la separación de la Iglesia y el Estado, ese es uno de los grandes temas que no está, ni estará, a discusión entre los ciudadanos, los partidos políticos o los poderes de la República.

Pero, ¿Qué historia está detrás de la reelección de los legisladores? ¿Esta historia es o fue similar a la de las cruentas batallas que ocurrieron para consolidar lo relativo al Presidente de la República? Analicemos el caso.

VIEJA HISTORIA

Contrario a lo que pudiéramos suponer, en el texto original de la Constitución federal de 1917 no aparecía el principio de la no reelección relativa de diputados y senadores. De hecho, lo único que establecía el numeral eran algunos requisitos de edad para que un ciudadano pudiera ser electo para desempeñar alguno de los cargos legislativos en las Cámaras federales. Tal principio se estableció el 29 de abril de 1933. ¿Para qué?

El académico e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Lorenzo Córdova Vianello da la explicación suscita de las razones. En un texto publicado el pasado 2 de diciembre en el periódico El Universal, editado en la Ciudad de México, da cuenta de lo siguiente: “Esa prohibición (…) en vez de tener una justificación democrática, buscó entonces fortalecer el poder de la omnímoda figura presidencial, incrementando las capacidades de decisión y de control que le daba el ser el ‘jefe nato’ del partido oficial y por ello la prerrogativa de ‘palomear’ a los candidatos a cargos electivos postulados por el mismo. En efecto, la imposibilidad de reelección sucesiva, además de inducir un forzado recambio en la élites gobernantes, permitía al presidente controlar el destino de prácticamente todos los políticos que, lejos de deberle el encargo a sus electores, se debían a la generosa y magnánima voluntad presidencial (detrás de la que se escondía un férreo control político).”

Es evidente que, ante todo ello, nos encontramos frente a una situación que debe ser no sólo comprendida sino modificada: esa bien podría ser una de las razones por las que en México existe una élite legislativa poco vinculada, conocedora y eficiente en sus funciones. Se necesita que exista más estabilidad, experiencia y preparación en los legisladores. El argumento negativo, en todo esto, sería el de la consolidación de los grupos impreparados y ruidosos que hoy aturden mucho y aportan muy poco al país desde el Congreso federal.

Estas posibilidades deben analizarse con más detenimiento, con más frialdad y con menos prejuicios. Habría que ver si de verdad la clase política está preparada para abrir un principio de esta naturaleza a mayores posibilidades. La falta de madurez ha sido manifiesta en ellos. Esto podría dar cuenta de sus avances, o de la voracidad que les caracteriza, al tener enfrente un suculento botín del cual podrían seguir medrando deliberadamente.

POLÍTICA, HOY

A partir de este día, el semanario POLÍTICA editado por este diario, aparecerá los sábados. De este modo nos veremos en la posibilidad de plantear de mejor modo nuestra oferta informativa y de análisis. Agradecemos como siempre, a usted amable lector, por su preferencia.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

https://almargenoaxaca.wordpress.com

Mercado de Abasto: todas son cuentas millonarias

+ Líderes de comerciantes: manipulación por doquier

La ejecución de uno de los dirigentes populares del Mercado de Abasto, en la capital oaxaqueña, causó conmoción pero, sobre todo, especulaciones. Casi desde el momento en que se supo del homicidio violento de Roberto Mendoza López, comenzaron a correr versiones que vincularon el hecho a motivos políticos, a disputas internas o incluso, a un ajuste de cuentas, al mejor estilo de la mafia o el crimen organizado. Más allá de las teorías a través de las que se pretende “aclarar” el crimen, no está de más echar un vistazo a los obesos intereses, al modo en cómo la autoridad fue totalmente rebasada por la ley del más fuerte, a las redes de protección y a las millonarias cantidades de dinero que todos los días se manejan ahí en el Mercado de Abasto.

Roberto Mendoza López era uno más de los más de 40 líderes que tiene el Mercado de Abasto. Así como en algún momento Marcos Villanueva Serrano fue el máximo manejador de locatarios, vendedores semifijos, ambulantes y grupos de choque, hoy las actividades de la plaza comercial más grande de la entidad —y el manejo político y económico de las mismas— se encuentran perfectamente separadas y delineadas entre los diferentes dirigentes y grupos de vendedores.

En efecto, hace ya un buen tiempo que el otrora liderazgo total de Villanueva Serrano, fue superado dentro de la Central de Abasto. Éste, paulatinamente, comenzó a desarticular, y a ser despojado, de varios de los rubros que manejaba en ese Mercado, para luego dar paso al manejo de los espacios, la protección y las transacciones económicas a otros personajes. Uno de los más importantes es Israel Ramírez Bracamontes. Otro, sin duda, era Mendoza López, e incluso también se cuenta entre ellos a Gonzalo Rodríguez Cortés.

Tal parece que cada uno de ellos buscó diversificarse; pareciera que, incluso, llegaron a establecer ciertos equilibrios y márgenes de respeto para que los agremiados a cada una de las organizaciones tuviera sus propios espacios de trabajo y zonas de influencia. Ello, sin embargo, no significa que con la “masificación” de los dirigentes y las actividades económicas, la manipulación, las afrentas y las cantidades millonarias de dinero dejaran de circular entre los líderes y sus organizaciones. Al contrario.

Marcos Villanueva Serrano conserva aún el manejo de los varios miles de locatarios establecidos dentro y en los alrededores del Mercado de Abasto. Roberto Mendoza López tenía el control casi total de los principales mercados sobre ruedas que se instalaban de manera temporal o intermitente en ese y otros puntos de la ciudad; Israel Ramírez Bracamontes ha sido el manejador principal del comercio de aparatos eléctricos, electrónicos y demás, que popularmente se conoce como “fayuca”. Quienes conocen la Central de Abasto, saben que particularmente este personaje ha buscado la diversificación de sus actividades, a través de la venta de protección a mototaxistas a través de la organización “Lazcar”, bajo la que éstos operan en diversos municipios conurbados a la capital oaxaqueña.

El comercio establecido dentro del Mercado de Abasto alcanza a unos catorce mil locatarios; todos los no establecidos —entre semifijos, ambulantes y demás— alcanzan una cifra de 12 mil en los llamados “días de plaza”; independientemente de las cantidades de dinero que legalmente le cobra el Municipio de Oaxaca de Juárez a cada uno de ellos, éstos entregan, diariamente, cantidades diversas a sus dirigentes para poder mantener sus negociaciones en operación.

LA RUTA DEL DINERO

Dentro del Mercado, aseguran que un comerciante establecido debe pagar a su líder una cuota que oscila entre los 20 y 30 pesos diarios; la cuota que pagan al Municipio por el uso de suelo y servicios, apenas rebasa los 100 pesos mensuales. Igualmente, un comerciante ambulante, o quien tiene un espacio en alguno de los tianguis que se instalan en esa plaza o en algún punto de la ciudad, debe pagar inicialmente por él una cantidad superior a los 30 mil pesos. Evidentemente, ese pago se queda en las arcas del líder de los mercaderes o en la organización que él controla; además, por cada día de trabajo debe pagarle una cuota superior a los 70 pesos. Casi lo mismo que le cobra mensualmente el Ayuntamiento por el mismo concepto.

¿Para qué pagar cuotas todos los días a la organización o al dirigente? Para que éste le provea gestiones ante la autoridad, protección de un posible desalojo o redada —cuando venden productos como contrabando o piratería—; y “seguridad” para no ser molestado por ladrones o extorsionadores mientras realiza sus ventas. De ese modo, se tiene perfectamente controlado un jugoso negocio que se encuentra al margen de toda regulación de la autoridad.

Particularmente, en la Central de Abasto todo es un negocio. Aseguran que diariamente muchos de esos líderes hacen un negocio extra con el dinero que obtienen del manejo de locatarios y vendedores ambulantes. Ese negocio se llama “agio”. En efecto, hay personas que tienen otorgadas “líneas de crédito” ante esos líderes. Esos préstamos les sirven para adquirir los productos que van a vender. Pero el negocio es harto redituable: si a las 5 de la mañana les prestan mil pesos para iniciar sus operaciones, al final del día los acreedores deben devolver la cantidad más altísimos intereses, que a veces llegan a duplicar la suma. En ese tipo de operaciones, circulan entre seis y ocho millones de pesos en préstamos y pagos, todos los días.

De ahí en adelante todo es un negocio: los “diableros”, los baños, los pasillos, el agua potable, la protección contra asaltos y robos a las negociaciones y compradores, los indigentes, el escuadrón de la muerte, los estacionamientos, las banquetas, la prostitución, el narcomenudeo, la piratería, la fayuca… todo. Y, en el manejo de estos millonarios negocios, líderes como Villanueva Serrano, Ramírez Bracamontes, Mendoza y demás, son todo menos la Madre Teresa de Calcuta.

¿CRIMEN POLÍTICO?

Así, es posible que la ejecución de Roberto Mendoza tenga que ver con motivaciones políticas. Pero también es evidente que siguiendo la ruta del dinero —y de los intereses nada confesables que se mueven alrededor de la actividad que éste y otros líderes realizaba— se puede encontrar una explicación lógica y posible de las razones por las que fue ultimado. El Mercado de Abasto es un enorme negocio legal e ilegal por el que todos pelean. Más allá de la satanización o santificación del líder caído, es muy posible que en algo de eso se encuentre la explicación a lo ocurrido.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

https://almargenoaxaca.wordpress.com

UABJO y Torres: ¿Cómo defender lo indefendible?

+ Buenas intenciones: choque frontal con la realidad

Hoy parece más claro que nunca que la UABJO vive en una doble realidad: por un lado, se enfrenta a la cada vez más complicada preservación de una situación académica nada envidiable; y por el otro, a un proceso largamente ventilado de inestabilidad y descomposición política. ¿Cómo sostener argumentos medianamente alentadores de una Casa de Estudios que todos los días revela sus atrasos y su caótica cotidianeidad?

Este es, pues, el claro choque entre las buenas intenciones y la realidad: enalteciendo el espíritu universitario, se puede asegurar que independientemente de cualquier viso de inestabilidad, atraso o violencia, la UABJO ha dado a Oaxaca más glorias académicas, científicas y culturales que ninguna otra institución. Se puede asegurar que a pesar de lo complicada que es su situación política, existen ciertos avances académicos que reiteran su vocación por la educación. Se puede decir todo eso, hasta que los argumentos chocan con las circunstancias, con el ejercicio implacable del poder, y con las disputas que todos los días se viven en la Universidad.

¿Ser un “buen universitario” es negar la realidad? Evidentemente no. Del mismo modo, parece claro que tener una vocación universitaria no necesariamente parte de haber egresado de la UABJO. A pesar de ello, este espacio ha tratado de conservar como parte de las causas que todo espacio periodístico debe tener, la defensa no de las personas, sino de los valores y las instituciones que trascienden a la sociedad. Por eso ha quedado claro que la crítica va siempre encaminada al modo tan cuestionable en cómo en la Universidad se desarrolla la educación pública.

Sin embargo, eso no es óbice para señalar la dolorosamente deficiente gestión del rector Rafael Torres Valdez. Su administración ha estado enmarcada, como nunca, por la inestabilidad, las disputas por el poder, el porrismo y el daño a la instrucción de nivel superior, que ahí debería impartirse como no se hace. Para muestra existen botones de sobra: en los últimos meses, prácticamente no ha habido semana en la que la Universidad se libre de cierres, toma de instalaciones, enfrentamientos y protestas en contra de la administración o las facciones que subsisten o acumulan poder, al amparo de una pluralidad y tolerancia, que son simuladas y mal comprendidas dentro de la Universidad.

En ese mismo sentido, es claro que la Universidad se ve constantemente amenazada por la voracidad de muchos de sus manejadores, por la codicia que les genera un presupuesto universitario que es permanentemente utilizado bajo un amplio esquema de opacidad; por una administración universitaria que sólo le rinde cuentas a un Consejo Universitario controlado y domado por ellos mismos. Que todos van tras una rectoría que, en realidad, no le rinde cuentas a nadie. A nadie.

Así, la disputa permanente es por una Universidad que es vista como un botín, y no como una auténtica tabla de salvación de la siempre disminuida educación pública que existe, en todos los niveles, en la entidad. Aquí hemos señalado en diversos momentos que los problemas de la Universidad van más allá del rector Torres Valdez; pero también hemos señalado oportuna y reiteradamente que el actual Rector es un dique que contiene y contribuye a preservar muchos de los vicios que se han anidado y consolidado en la Máxima Casa de Estudios.

Es decir, que la salida de Torres de la UABJO no resolvería sus problemas; pero si ésta ocurriera en un marco político favorable —y no en la guerra de poder actual—, sí sería un factor que contribuiría enormemente a la concertación política, a la academia, a la honestidad, y la verdadera democratización de la Universidad.

TEORÍA VS PRAXIS

Lo peor de todo sería que junto a los graves problemas políticos y de ingobernabilidad que ocurren en la Universidad, no hubiera un solo viso de academia, estímulo a la educación, a las ciencias o a las artes. El problema es que todo eso palidece, de nuevo, frente a una Universidad que todos los días demuestra ser un caos.

¿Cómo hablar de avances y logros, cuando prácticamente todas las preparatorias, escuelas y facultades tienen interrupciones permanentes en su vida académica; cuando el ausentismo, la venta de calificaciones, las extorsiones, y hasta la inseguridad y los robos, son cosa de todos los días en las instalaciones universitarias?

¿Cómo poder hablar de progreso académico y político, cuando los procesos internos de prácticamente todas las escuelas y Facultades para elegir a sus directivas, ha terminado en disputas, enfrentamientos y mayores niveles de inestabilidad? ¿Cómo defender los innegables logros de la academia, cuando todo eso choca con una realidad implacable que dice mucho más que cualquier recuento de avances que, ante ella, resultan ser lo mismo nimios que parciales, aunque no por ello menos importantes?

¿Cómo poder hablar de una universidad de primer nivel, cuando sólo algunos de sus edificios han sido remozados, pero otros siguen teniendo condiciones inaceptables? ¿Cómo argumentar algo a favor, cuando en varias facultades siguen reinando atrasos tan básicos: uno de ellos es, por ejemplo, el hacinamiento en los salones de clase; los baños que son una desgracia, o los profesores universitarios que, en muchos casos, tienen niveles de preparación superior tan indignos como los salarios que perciben?

A lo largo de meses, y años, diversos grupos de personas han hablado del cierre de la Universidad, como una “alternativa” al problema de caos que vive la UABJO. Esa, sin duda, sería la peor medida que alguna persona, gobierno, Congreso o Consejo podría tomar para darle un “remedio” a la Universidad. No harían más que coronar las intenciones de quienes quisieran repartir el presupuesto universitario en otros fines, aviesos todos, que en nada contribuyeran al avance de Oaxaca.

¿CÓMO AVANZAR?

Así, el rector Torres Valdez y su administración podrán decir misa. Pero la realidad es una. Sólo faltaría que quisieran fanfarrias y cohetes por hacer apenas una parte, en lo académico, de lo que es su obligación. Una defensa verdaderamente eficiente e irrebatible podría darla no con las palabras, sino con los hechos. ¿Cuándo hablarán de la nueva Ley Orgánica de la Universidad? ¿Cuándo harán lo propio por la reorganización de sus esquemas administrativos, democráticos y de rendición de cuentas? ¿Cuándo se dignarán a abrir verdaderamente sus cuentas? Todas estas son preguntas que también atañen a los poderes locales, que sospechosamente se sienten ajenos al problema universitario.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

https://almargenoaxaca.wordpress.com

Cajas de ahorro: ahora comienza caída de las grandes

+ Diputados: “comisiones especiales” con más apremios

Justo cuando el pasado lunes el suplemento Política de TIEMPO puso sobre la mesa de la discusión en Oaxaca, la necesidad de legislar y terminar con la manipulación de que están siendo objeto las organizaciones populares de ahorro y crédito, la financiera InverOax cerró silenciosamente sus puertas y canceló sus operaciones.

Este hecho no debe tomarse a la ligera: InverOax es una de las cajas de ahorro más grandes de la entidad, por lo que el número de ahorradores defraudados habrá de multiplicarse, y sumarse a los quebrantados por otras organizaciones que recientemente se han ido a la bancarrota. Y mientras todo eso ocurre, ni en el gobierno estatal ni en el Congreso del Estado, parecen comprender la apremiante lógica de este asunto o mucho menos plantear una solución eficaz a este problema que crece casi cotidianamente.

Es claro que hoy, el problema de las cajas de ahorro se ha vuelto redituable políticamente. En este y otros espacios, hemos dado cuenta de cómo la inestabilidad de esas organizaciones se ha convertido en un botín político lo mismo para quienes siembran las dudas y especulaciones entre los ahorradores, como en los que se convierten en sus manipuladores una vez que éstos adquieren la calidad de “defraudados”. Mientras miles de oaxaqueños pierden sus ahorros, unos y otros están obteniendo ganancias económicas y políticas de tales desgracias.

Repasemos algunos números que, según información interna del Congreso del Estado a la que tuvo acceso este espacio, dan cuenta del tamaño del problema: hay en Oaxaca más de 300 cajas de ahorro; sólo una de esas 300 se ha sometido a las certificaciones y revisiones de la CNBV. Las demás, se encuentran al margen de esa regulación, lo mismo porque les es imposible cumplir con los requisitos que exige la autoridad federal, que por preferir mantener en la discrecionalidad su funcionamiento (lo cual les permite amplias posibilidades de realizar operaciones ilegales).

Mientras todo eso ocurre, se calcula que alrededor de un millón de oaxaqueños son socios de alguna organización popular de ahorro y crédito, en el que se encuentran invertidas cantidades exorbitantes de dinero que —por la misma discrecionalidad en su manejo— ni siquiera pueden ser cuantificadas por la autoridad gubernamental o el Congreso. Así, el tamaño de este problema es, según esas apreciaciones, de alrededor del millón de ahorradores que potencialmente pueden convertirse en defraudados.

¿Cómo resolver este problema? La primera solución, y la más cómoda para la autoridad estatal, es la de exigir la intervención de las autoridades bancarias federales en todo esto. El problema está en que esas organizaciones nacieron precisamente como una “alternativa” —es decir, gracias a los huecos que existen en las normas federales— al ahorro y préstamo que les estaba vedado a los estratos sociales y económicos más bajos. Por eso, hasta ahora las leyes y autoridades federales sólo pueden intervenir en las cajas populares cuando éstas se someten a sus revisiones. Y, al menos en lo que se puede ver, al gobierno federal no le provoca mucha inquietud intervenir en organizaciones de crédito relativamente pequeñas en las que, comparados los capitales con los de las instituciones bancarias, los montos de dinero que están en juego son mínimos.

PROBLEMA LOCAL

Así, es evidente que todo este problema ni será atendido por el gobierno federal, pero tampoco parece terminar de entenderse en el Gobierno del Estado, a pesar de que desde hace tiempo tienen antecedentes de este problema. Fue en 2008, cuando un primer lío de esta naturaleza le explotó en las manos al entonces secretario de Economía, Enrique Sada Fernández, con los ahorradores defraudados de Caja Sacriputla.

Si bien se recuerda, dicha instancia tuvo puntual conocimiento de cómo los ahorradores de esa organización se convirtieron en defraudados. La solución dada fue meramente dilatoria y, actualmente ante la magnitud del problema, inviable: se creó un fondo de resarcimiento —con dinero proveniente de las arcas públicas—, para tratar de reponer al menos parcialmente los montos con los que Caja Sacriputla había defraudado a sus ahorradores.

Al haber incumplimientos, ineptitud por parte de esa Secretaría para manejar ese problema y cumplir con los ofrecimientos hechos, el problema se convirtió en una disputa política que luego derivó en toma de oficinas, cierre de calles y manifestaciones por parte de los ahorradores defraudados, que ya para entonces lo mismo eran víctimas de defraudación que de incumplimientos, y también de manipulación por quienes les “recomendaron” hacer de todo esto un asunto de orden político.

Hoy, la quiebra de cajas de ahorro se ha multiplicado aceleradamente. Ante el tamaño del problema, pronto será imposible que el Gobierno del Estado pueda seguir destinando montos de dinero público para resarcir los fraudes que perpetran particulares. Sin embargo, eso no significa que el gobierno estatal tenga que desentenderse: al contrario. En el mejor de los casos, debería estarse trabajando con toda urgencia por la creación de mecanismos legales que generaran cierta certidumbre respecto a las organizaciones populares de crédito, regularlas obligatoriamente, y frenar la especulación y la manipulación de orden político que hoy las invade.

Eso mismo debería estar ocurriendo en el Congreso para actuar con inteligencia ante este problema. En nada ayudan “recomendaciones” como la dada ayer en el periódico El Imparcial por la diputada Carmelina Cruz Silva, en el sentido de que los ahorradores deben sacar sus inversiones de las cajas de ahorro. Esto, por sí solo, lo único que hará es acelerar el proceso de descapitalización de esas organizaciones y, por tanto, el cierre anticipado de varias de esas instituciones que todavía podrían tener cierta viabilidad financiera.

SOLUCIONES DE FONDO

Es cierto que los ahorradores de las cajas populares deben, en el mejor de los casos, recuperar sus inversiones con premura. Sin embargo, por ahí podría comenzar la Comisión Especial creada para ese efecto en el Congreso del Estado. No sirve de nada que ese grupo de diputados se haya constituido “para exigir justicia”, cuando podrían estarse dedicando a tareas más trascendentales. No deben seguir postergando la presentación de proyectos legislativos que propongan soluciones de fondo al problema. Si siguen simulando trabajo, pronto este asunto será incontrolable.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

https://almargenoaxaca.wordpress.com

Juanito: ejemplo de una izquierda impresentable

+ Oaxaca, otro espacio crucial para López Obrador

 

La controversia por la titularidad de la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, es paradigmática para los llamados “partidos de izquierda” en el país, pero también para las entidades federativas en las que se acercan los procesos electorales. Es posible prever que, independientemente del desenlace que tenga la controversia entre Rafael Acosta Naranjo, Clara Brugada, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, todo esto debería convertirse en un parteaguas para comprender de modo distinto los conceptos tradicionales de representación, legalidad y legitimidad, entre quienes buscan detentar el poder.

La historia de Rafael Acosta, el popular “Juanito” de Iztapalapa es, quizá, una de las más conocidas en este momento. Hasta antes de figurar como el “plan B” de López Obrador para aquella demarcación del Distrito Federal, dicho personaje era conocido por su activismo político, y por su prestancia a participar en las ruidosas manifestaciones que encabezaba el ahora diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Acosta, pues, no contaba con capital, credibilidad como posible gobernante, o proyecto político alguno.

Fue el dedo divino de López Obrador el que lo puso en el sitio que ostenta. El tabasqueño fue quien propuso a Acosta como la alternativa ante la degradación de Clara Brugada como candidata a delegada por el lopezobradorismo. Fue AMLO quien, en nombre del pueblo bueno y la democracia, llamó a los electores a votar por Acosta. Éstos respondieron y crearon el Frankenstein que es hoy el pintoresco Juanito.

Sin embargo, junto con Acosta Naranjo existen una serie de problemas graves que no sólo lo afectan a él y a López Obrador, sino a la democracia misma que se ejerce en México. Nadie hubiera considerado que una cadena de razones de hecho, generara tantas tentaciones e inducciones al quebranto de la ley y las normas que rigen a los procesos electorales, a la representación política, y a la democracia. Eso es lo que seguramente ocurrirá con Juanito.

¿Por qué? Porque pase lo que pase, cualquier maniobra para derrocar a Acosta Naranjo de la titularidad de la delegación Iztapalapa, estará afectada lo mismo por la ilegalidad que por la ilegitimidad. ¿Por qué? Porque por increíble que parezca, la constitucionalidad y la ley, en este caso, están del lado de Juanito. Y no se puede determinar, aún, si la legitimidad también lo acompaña o si, por el contrario, está del lado de sus oponentes.

En el caso de la Asamblea Legislativa y el Gobierno de Marcelo Ebrard, tienen argumentos para pensar en su destitución “legal”. Sólo que ninguna de esas explicaciones es legítima. ¿Por qué? Porque hasta ahora, Acosta no ha quebrantado la ley. Y el pensar en el desastre que será su “gobierno” en Iztapalapa, en la deslealtad a AMLO, o en el cisma que generó en el PRD y PT, no son razones suficientes para legitimar su destitución, y pasarlas con éxito por la criba de la democracia. Hacerlo, en cualquiera de los escenarios, sería tanto como agredir abierta y veladamente la legalidad que tanto dicen defender.

Lo mismo ocurre frente a las intenciones de Brugada y López Obrador. La primera, no demostró tener un esquema de gobierno eficaz, o mejor que el de Juanito. Ella iba a ser la figurilla manipulable de López Obrador, que pronto se negó a ser Acosta. Por eso, nadie le cree —ni a ella ni al tabasqueño— que la lucha política que comenzarán a dar por la titularidad de esa demarcación está dotada de la legitimidad que tanto divulgan.

El problema no se encuentra en el hecho de que Iztapalapa sea o no lopezobradorista, o que la mayoría de sus ciudadanos esté de acuerdo en las maniobras para detener o impulsar al locuaz Juanito. El problema es que todos juntos no tienen argumentos ni bases sólidas para hacer a un lado legal y legítimamente, a un personaje al que ellos mismos le dieron acceso al poder, lo empoderaron y lo dotaron de las herramientas legales suficientes para resistir largamente a toda posibilidad de ser destituido.

La gente de esa demarcación votó por Juanito. Es delegado cons-ti-tu-cio-nal. Y no ha violado ninguna ley. Las ambiciones, las traiciones y la ignorancia, son todo menos un delito. Por eso, si lo dejan, Iztapalapa (y AMLO y Ebrard y todos los demás) pierde. Pero si lo dejan, también.

 

MUCHOS “JUANITOS”

Es casi seguro que López Obrador no se encuentre en su camino con otro Juanito. Las circunstancias en las que apareció Rafael Acosta fueron no sólo particulares, sino extraordinarias. Sin embargo, si alguien ha sido el promotor de los candidatos aparentemente manipulables y hechizos —que son “Juanitos” en potencia— para ocupar altos cargos en ámbitos de gobierno como los municipales o estatales, ese ha sido el propio López Obrador.

El tabasqueño parece lejos de estar protagonizando una gesta democrática. En el caso de Iztapalapa, el clientelismo y el manejo feroz de las estructuras electorales por parte de los grupos obradoristas, han sido un factor determinante para sus reiterados triunfos. La intención del arribo de Brugada a esa delegación, era hacerse de los recursos públicos y los capitales políticos de esa demarcación, para impulsar su segunda carrera presidencial en 2012. Todo eso, a la luz de los hechos, no tiene sustento democrático real alguno: es una simple ambición de poder.

Ese esquema es el que pretende repetir López Obrador en todo el país. Ha puesto particular atención en Oaxaca. Su intención, más allá del discurso democrático de la alternancia, la justicia y el pueblo bueno, es la de tener un nuevo trampolín que lo impulse en sus nuevas aspiraciones presidenciales, con dinero, votos y apoyos políticos. Para ello, López está utilizando a los personajes que considera más manipulables para promoverlos a los cargos que el próximo año estarán en disputa.

 

FOCO ROJO

Así, Oaxaca se convierte en uno de los escenarios principales para la potencial reproducción de “Juanitos”. Si cada uno de esos alfiles potenciales ganara y luego de ello sostuvieran sus lealtades hacia AMLO, le serían muy útiles para sus intenciones presidenciales. Lo grave está en que los principales personajes a los que impulsa el tabasqueño en la entidad, tienen antecedentes negros en la gestión pública, y también sendos historiales marcados por la simulación, la traición y el engaño. Si este escenario se reprodujera aquí, la desgracia para Oaxaca se multiplicaría.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

https://almargenoaxaca.wordpress.com

Cajas de ahorro: inseguridad y manipulación, a la orden del día

Una cadena de hechos aparentemente aislados, ha ocurrido de unos meses a la fecha en Oaxaca: como en un efecto dominó, decenas de organizaciones populares de ahorro y préstamo han cerrado sus puertas, dejando cada una, a cientos de socios defraudados que luego se convierten en un problema más para el Gobierno del Estado.

¿Por qué ocurre todo eso? ¿Qué, acaso, las cajas de ahorro popular dejaron de ser un buen negocio? ¿Las sucesivas quiebras de unas y otras son consecuencia de circunstancias concatenadas o de hechos aislados? ¿Con cuántos ahorradores cuenta cada una de las cajas de ahorro que fueron constituidas y que operan en territorio oaxaqueño? ¿De qué tamaño es el problema? Y, lo más importante: ¿puede esto ser objeto de algún tipo de manipulación política, partidista o incluso electoral? Tratemos de dar respuesta a algunas de estas interrogantes.

Vayamos primero al contexto. Como bien se sabe, las cajas populares de ahorro comenzaron a surgir masivamente, como una alternativa natural a la falta de oportunidades de crédito y de rendimientos competitivos para la preservación del poder económico de los capitales, que entonces ocurría en relación a la banca comercial. Muchas de estas organizaciones populares tuvieron su punto de partida en la necesidad de ahorrar, y en la posibilidad de que otorgar rendimientos mayores a quienes ahorraban.

En Oaxaca, de entonces a la fecha, se constituyeron legalmente más de trescientas organizaciones de ese tipo. Ese número, resulta ser independiente de otras organizaciones similares que tuvieron su lugar de asiento en otras entidades federativas y que luego, en calidad de sucursales, arribaron a la entidad. Así, en números redondos, existen 300 organizaciones de ese tipo aquí iniciadas, que podrían llegar a albergar a alrededor de un millón de ahorradores, que potencialmente podrían asumirse como defraudados de acuerdo con las circunstancias.

Uno de los problemas esenciales de las cajas de ahorro popular, es que no cuentan con una regulación legal específica a nivel estatal o federal, y tampoco tienen la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni de ninguna otra autoridad financiera del país. Tal pareciera que, finalmente, tanto la relación entre el ahorrador y la organización de crédito, entre ésta y los que son beneficiarios de préstamos, y entre las cajas y sus socios frente al Estado, son meros actos de buena fe y de buena voluntad que no garantizan ni manejos pulcros de los recursos ni regulación… ni nada.

Nada de esto tendría algo de extraordinario o grave para la ciudadanía, si no fuera porque de un tiempo a la fecha docenas de cajas de ahorro han venido quebrando en una dinámica que bien podría ser la de un tipo de “efecto dominó”. Esta es una combinación de factores que finalmente no ha alcanzado a ser ni bien comprendida ni bien abordada por las autoridades, pero que sí se ha convertido en una eficaz y potencial herramienta de manipulación política para quienes pretenden hacer de esta problemática, un botín de connotaciones partidistas o electorales.

ACTIVIDAD DESREGULADA

Apuntamos líneas arriba que sólo una de las alrededor de 300 cajas de ahorro que fueron constituidas en la entidad, cuenta con la regulación y vigilancia de la CNBV. Todas las demás son un ejemplo de la desregulación y la inseguridad jurídica que, en la última de las instancias, afecta a los ahorradores que de buena fe invierten ahí los montos de dinero con los que cuentan, y que en la mayoría de las ocasiones proviene de la venta de su patrimonio, del dinero que les envían sus parientes de la Unión Americana, o de lo recibido por concepto de retiro y jubilación. El “gancho” con el que comprensiblemente muchos particulares se acercan a esas instituciones, es justamente la facilidad que otorgan —mucho más flexibles que las de la banca comercial— para ser parte de la institución, para acceder en algún momento a una línea de crédito, o para recibir rendimientos mayores a los que otorgan las instituciones bancarias.

¿Por qué inseguridad y desregulación? Porque una institución financiera que no está regulada, no cuenta con las herramientas suficientes para garantizar el dinero que ahí se invierte. Es decir, que en una caja de ahorro no regulada y constituida de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades bancarias del país, no tiene la posibilidad de garantizar los servicios de ahorro y crédito que ofrece al público. Esto se convierte en un problema cuando la institución financiera comienza a tener un manejo irregular, cuando se enfrenta a una fuga masiva de recursos, o en el momento en que se da un escenario de especulación en la que los dueños de los capitales deciden trasladarlos en grandes montos a esquemas de ahorro más seguros. Mucho de eso es lo que ocurre ahora en el caso de Oaxaca.

AHORRO, SIN GARANTÍAS

En el caso particular, el casi millón de usuarios de las cajas populares no reguladas, carecen de un esquema equiparable al del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que podría garantizar sus inversiones aún cuando la institución financiera quebrara, se descapitalizara o se enfrentara a una contingencia financiera ajena a su funcionamiento. En el caso de la banca comercial, que cuenta con la regulación de la autoridad financiera y el aval del IPAB, todas sus operaciones financieras cuentan con garantías: el crédito otorgado por la institución, proviene en gran medida de las inversiones hechas por los ahorradores. En el caso de que los primeros no paguen, los segundos no pierden sus inversiones, ya que éstas cuentan avaladas y protegidas por el Estado, debido a que las operaciones —en teoría— no son consecuencia de fraudes sino de circunstancias propias de la actividad bancaria.

Esas seguridades no existen en las cajas de ahorro. Ahí todo depende de los balances y equilibrios que procure la institución sobre sus montos de ahorro y préstamo. Si uno de los dos aspectos se desequilibra, pone en riesgo al otro. El problema es que al descapitalizarse el dinero que desaparece es el de los ahorradores, que no tienen garantía alguna sobre sus inversiones. Ahí es donde, formalmente, comienzan los fraudes.

Además de todo esto, la discrecionalidad conlleva algunas preguntas que no parecen tener respuesta. Según datos confiables de los que se tiene noticia en el Congreso del Estado, de cada 20 millones de pesos que las cajas de ahorro popular captan en Oaxaca por concepto de préstamo, sólo son vueltos a poner en circulación tres por concepto de préstamos. Eso es lo que deja en duda la confiabilidad de muchas de las operaciones, y de las razones por las que quiebran esas organizaciones. La discrecionalidad en el manejo de esos recursos, es lo que impide el otorgamiento de garantías por parte del Estado al ahorro de los usuarios; pero esa discrecionalidad, es también la causa por la que las mismas cajas de ahorro se resisten a acceder a cualquier tipo de regulación por parte de las autoridades bancarias del país.

MANIPULACIÓN POLÍTICA

Nadie sabe en realidad en qué estado se encuentran las cajas de ahorro que continúan en funcionamiento. Los propietarios o responsables de muchas de ellas, saben que en cualquier momento la situación puede variar y ellos enfrentarse a la quiebra de sus organizaciones. Al cerrar cada caja, deja una estela de damnificados, que no son más que los ahorradores defraudados que ya no pueden recuperar sus inversiones. Ante esa imposibilidad, éstos últimos se acercan al gobierno del estado para que cree fondos a través de los cuales se compense —con dinero público— el quebranto que ellos sufren por haber invertido su dinero en instituciones poco confiables.

Sin embargo, todo esto también se presta para la manipulación política. Existen denuncias serias, en el sentido de que muchas de las cajas de ahorro han quebrado por la manipulación de ciertos datos y la especulación de que las han hecho objeto. Señalan, por ejemplo, que ante el quiebre de algunas cajas, algunos personajes cercanos al Partido Convergencia o al ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, tienen la tarea permanente de acudir a docenas de comunidades del interior del Estado, a “poner en alerta” a los pobladores para que retiren sus inversiones de las cajas de ahorro. Les dicen que éstas se encuentran en vías de quebrar, o que su dinero será utilizado para campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional.

En muchos de los casos, ese es motivo suficiente para que los ahorradores retiren sus inversiones en masa. Ante la descapitalización, las instituciones se quedan sin la posibilidad de garantizar las inversiones de quienes sí confían en ellas. Al final, esto se les vuelve un problema mayor que los lleva a la inestabilidad y a la quiebra.

NEGOCIO POLÍTICO

Ahí no termina la “rentabilidad” política de todo esto. Al irse a la bancarrota estas instituciones, esos mismos grupos buscan organizar a los ahorradores defraudados para que vengan a la capital oaxaqueña a protestar ante el gobierno estatal, y a que éste les garantice las inversiones que perdieron. Mientras ello ocurre, esos grupos políticos negocian canonjías y privilegios particulares ante el gobierno, al declararse como “representantes” de los defraudados. De todos modos, en el caso de no lograr nada, ganan también al venir a provocar inestabilidad y conflictos a sus adversarios oficiales, con los bloqueos y la manifestaciones que encabezan los defraudados.

Ejemplos de todo eso existen. En 2008, los defraudados por la Caja Sacriputla protagonizaron innumerables protestas y bloqueos con tal de que el gobierno estatal les pagara por los quebrantos que ellos habían sufrido. Este año, los defraudados por varias cajas populares han hecho lo mismo. Han bloqueado Ciudad Administrativa, carreteras y cruceros importantes de la capital oaxaqueña.

También existen ejemplos de la manipulación política y las mentiras que se dicen para alimentar las especulaciones relativas al uso indebido que se le da a los recursos de esas cajas populares. La semana pasada, el portal Libertad Oaxaca publicaba lo siguiente, que reproducimos textualmente:

“El vacío legal y el contubernio que existe entre las autoridades estatales y los ‘vivales’ ha generado que cientos de oaxaqueños sean víctimas de los fraudes ejecutados por los dueños de las cajas y cooperativas financieras, acusó el ex legislador Othón Cuevas Córdova.

“Aunque dicha situación no es nada nueva, el impulsor de la  iniciativa de Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Leyrascap), sostuvo que ante la falta de interés por hacer justicia los ahorradores de Sacriputla y Coofia desconocen en dónde están sus ahorros y los ‘delincuentes de cuello blanco’.

“Hay tanta impunidad que no podemos dejar de sospechar que efectivamente los vivales han encontrado en el vacío legal existente la oportunidad de hacerse del dinero de la gente más pobre. Es tal el contubernio con las autoridades que los ahorros de la caja Sacriputla fueron utilizados para cubrir las campañas del Partido Revolucionario Institucional en el 2006”, acusó.

GOBIERNO REBASADO

El gobierno estatal no ha sabido manejar ese problema. Ha sido blanco fácil de los manipuladores que buscan ganancias políticas a partir de la quiebra de las cajas: en más de un caso, han pagado sumas millonarias de dinero para resarcir a los ahorradores. No ha tenido la voluntad de regular la actividad de las cajas de ahorro. Ni siquiera cuenta con un padrón confiable de éstas. Y tampoco ha podido frenar o combatir la manipulación y especulación que, con argumentos de orden partidista, político o electoral, hacen los adversarios del PRI a costillas de los ahorradores. Todo un problema.