Comed: reiniciar lucha por eperristas desaparecidos

+ Derechos Humanos: condena a gobierno para 2010

Casi a la par de las dos sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición de personas y violaciones probadas a los derechos humanos, se anunció la posibilidad de que la Comisión de Mediación reactive sus gestiones e interlocución ante el gobierno federal, a fin de esclarecer lo ocurrido con los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario que desaparecieron en la ciudad de Oaxaca, en mayo de 2007. Así, tal parece que el año próximo será también complicado para el gobierno federal en cuanto al respeto y protección que brindan sus instituciones a los derechos humanos.

El pasado 11 de diciembre, la CIDH emitió un fallo condenatorio en contra del Estado mexicano, en el caso denominado “Algodonero vs México”. En dicho expediente, fueron analizados los asesinatos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cadáveres fueron encontrados con signos de tortura.

De acuerdo con información del periódico Excelsior, el reporte llegó al tribunal luego de que Benita Monárrez, una de las quejosas, cuya hija fue asesinada, acusó al Estado de encubrir a los culpables. Además de que hace dos años, la CIDH emitió recomendaciones al gobierno federal, las cuales fueron ignoradas.

En su resolución, la CIDH ordenó que las autoridades mexicanas tenían el deber de reconocer, en un acto público, su responsabilidad y ofrecer disculpas a las madres de las mujeres que perdieron la vida. La responsabilidad que recayó sobre el gobierno mexicano radicó no en que el autor de dichos crímenes hubiera sido un servidor público, sino en sus omisiones para investigar los asesinatos, para tratar de esclarecerlos y dar con los responsables.

Apenas ayer, fue dada a conocer una segunda sentencia que, por sus alcances, habrá de ser trascendental. La CIDH condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, y la violación de la integridad personal de sus hijas, Tita y Andrea Radilla. Según lo establecido en el propio fallo del caso, los hechos se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Radilla, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México.

Según la sentencia de la Comisión Interamericana, “las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, [a] más de 33 años de los hechos, existe total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.

Además de la condena expresa al Estado mexicano por la desaparición forzada de personas —independientemente de que estos hechos hayan ocurrido hace tres décadas—, en el llamado “Caso Radilla” la CIDH condenó a México a modificar los códigos Penal Federal y de Justicia Militar, para adecuarlos a las normas internacionales sobre justicia penal y militar, derechos humanos, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

México, al haber aceptado la jurisdicción de la CIDH, está obligado a acatar los fallos de dicho tribunal, tanto en lo que refiere a los hechos denunciados y probados por los que se le condena, como en lo que toca a las modificaciones legales que debe hacer para adecuar el marco jurídico nacional al internacional. Ese es el alcance actual y real de la protección continental a los derechos humanos, que rebasa la esfera y las resistencias que pudieran existir dentro de los países.

COMED, DE NUEVO

En un comunicado que emitió el EPR desde la ciudad de Oaxaca de Juárez el pasado 13 de diciembre, solicita a la extinta Comisión de Mediación reactivar sus funciones ante el gobierno federal, para dar con el paradero de sus militantes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ambos desaparecieron el 25 de mayo de 2007 en esta capital, según lo han establecido las propias comunicaciones e investigaciones del grupo insurgente.

¿Por qué es trascendental este hecho? Porque el pasado 18 de diciembre, los integrantes de la extinta Comisión de Mediación establecieron como plazo la primera semana de enero, para reunirse, deliberar y dar a conocer sus consideraciones respecto a la posible reactivación de su trabajo de diálogo e interlocución con el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Aunque estos llamados al diálogo parecieran ir en contra de la vocación armada y violenta de dicho grupo guerrillero, tal parece que sus llamados a la mediación con el gobierno federal tienen propósitos de mayor alcance que los actos de sabotaje iniciales. Tal pareciera que el EPR pretende primero esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó con sus integrantes desaparecidos, quién y cómo fueron capturados y cuál fue su destino final, para después dar paso a la justicia internacional en materia de derechos humanos.

Han pasado casi 31 meses desde el momento de la desaparición de los eperristas. Aunque las posibilidades de encontrarlos con vida son cada vez menos probables, es evidente que de todos modos habrá de prevalecer la exigencia de una investigación clara por parte del EPR y de los grupos periféricos que, aunque con modos y cauces que no rebasan la legalidad, tienen los mismos fines que ellos.

La reactivación de la Comisión de Mediación ayudaría no sólo a reactivar las indagatorias relativas a este asunto, sino que también conminaría al Estado mexicano a no dejar de lado este asunto que, a mediano plazo, podría convertirse en una nueva sentencia condenatoria por parte de la CIDH.

CONDENA, ¿POR QUÉ?

Porque justamente, en los dos referentes inmediatos —es decir, el caso algodoneros y el Radilla— la condena en contra del gobierno mexicano partió de la negativa y las omisiones habidas en las investigaciones sobre casos de desaparición forzada de personas. Con los dos eperristas ha ocurrido exactamente lo mismo: el gobierno se ha negado a emprender una averiguación seria sobre el asunto, y ha preferido dar largas y evasivas al asunto. Las referencias condenatorias dadas por los dos fallos, serán el punto de referencia tanto para el reinicio de la mediación como para las investigaciones sobre los desaparecidos. Sea como sea, por esas y otras razones, 2010 será un año complejo para el gobierno en materia de derechos humanos.

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Juventud: ¿de verdad existe el trabajo partidista?

+ Partidos: mala opción, reeditar viejos esquemas

 

Apenas arranque el año 2010, los partidos y fuerzas políticas comenzarán en Oaxaca a desplegar todos sus potenciales para tratar de atraer simpatizantes y votantes para los comicios del mes de julio. Unos y otros desempolvarán sus propuestas, plataformas y eslóganes de campaña. Buscarán, como siempre, impactar en los sectores más fecundos de la población votante: los más pobres, los más jóvenes, y los menos preparados. Es decir, los grupos sociales política y electoralmente más vulnerables. ¿En el caso de la juventud, el trabajo político habrá de ser ahora sí real? ¿O se seguirá simulando la inclusión y democracia, que en realidad son estafas y demagogia? Vayamos por partes.

A pesar de lo escasas que son las juventudes partidistas en nuestro estado y país, parece claro que a los institutos políticos no les interesa ni un ápice promover una verdadera educación y cultura política entre los sectores más jóvenes. En ninguno de los partidos, ni de las fuerzas, existen verdaderas representaciones que busquen un trabajo extensivo para dicho sector de la sociedad, que hoy en día es uno de los más abundantes, pero de los menos identificados con el partidismo, con el gobierno y con la práctica del servicio público y la representación popular.

Aunque no lo parezca, ese desinterés mutuo —de los partidos hacia los jóvenes, y de éstos hacia aquéllos— es un problema grave. En el primero de los casos —es decir, de la apatía partidista por la verdadera juventud—, la situación parte de la negativa de los partidos a transformar sus viejas formas del pasado, por otras menos “institucionales” y, por tanto, menos antidemocráticas, menos autoritarias y menos verticales.

La razón parece sencilla: todos los que nacimos hace menos de 30 años, ya no fuimos parte ni testigos de las mejores verticalidades e institucionalidades del priismo. Al joven de hoy —menor de treinta años— ya no le tocó ver las glorias y el poder avasallador del partido hegemónico; más bien, ha sido espectador del comienzo del verdadero debate nacional y la oposición al poder público. Fue ya testigo de la alternancia de los partidos en el ejercicio del poder, y de las certezas de que en cada proceso electoral, el valor del voto público se fortalece y se hacen menos posibles las manipulaciones de resultados electorales, que en otro momento eran moneda corriente en la política nacional.

Es decir, que para los más jóvenes la institucionalidad ya no necesariamente es tomada como un sinónimo, a pie juntillas, de disciplina y acatamiento de cualquier determinación política, sea ésta democrática o no. La institucionalidad, más bien, es hoy entendida como el apegarse y respetar las reglas que cada proceso de la vida conlleva, y ceñirse a los límites que esto establezca. Si comprendemos bien esa visión, podremos darnos cuenta que dicho término no es condición para la disciplina.

Hoy son pocos los jóvenes que se identifican y entienden a la institucionalidad como un sinónimo de obediencia libre de cuestionamientos. Por eso los partidos políticos tienen exiguos grupos de jóvenes que, en su mayoría, se pierden en disputas internas por los espacios; que consideran que el ejercicio correcto del poder es el actual o pasado; y que, en el fondo, aspiran a convertirse no en nuevos políticos, sino en nuevos dinosaurios.

Las diferencias parecen sustanciales: en el ideal, un nuevo político habría de ser quien considerara a la política como una forma y fondo distinto —y más pulcro, ético y civilizado—, a cómo se ejerce hoy la representación popular, el partidismo y el servicio público.

Pero en la realidad, en todos los partidos existen mini dinosaurios que todos los días aspiran a convertirse en los mismos —y peores— que a quienes observan en la práctica del poder, porque consideran que eso es lo conveniente, lo provechoso y lo correcto. Al prevalecer esta visión, también lo hace el verticalismo y los demás vicios que afectan a la democracia y alejan a los grandes bloques de la juventud, del trabajo y el interés por el partidismo.

APATÍA COMÚN

¿Por qué, en todo esto, los partidos políticos se han negado a cambiar y a abrir sus puertas a formas distintas a hacer política y acceder al poder? Porque éstos, sin duda, se han afianzado como los representantes incuestionables de la democracia, independientemente de que en realidad sean o no delegados de esa voluntad popular que tanto llevan y traen. Sus prácticas así lo demuestran.

Por ejemplo, las secciones juveniles del priismo en Oaxaca, están deshechos. El membrete juvenil —nada menos que un sector partidista, el Frente Juvenil Revolucionario, que tiene representación partidista, acceso a cargos de elección y presupuesto público— hoy se encuentra sometido a una disputa permanente por dos o tres grupos diminutos de personas que dicen ostentar los intereses de los jóvenes.

¿Esos grupos en disputa, son en realidad representantes de la juventud? A la luz de los hechos, no. Y es así porque ninguno de esos “bloques”, ninguno, aglutina y convoca efectivamente —es decir, sin coacción ni acarreo ni compra de conciencias y apoyos— a más de cien jóvenes. El sector juvenil del PRI, ha servido como agencia de colocaciones, premio de consolación; e incluso como refugio de fracasados. ¿A quién, de sus cuadros, pueden hoy presumir?

La visión obtusa, lleva a esos grupos a suponer que con la elección de un dirigente afín, ya está todo ganado. Vean el tamaño de su error: el actual dirigente lleva más de cinco años en el cargo, sin poder hacer algo para la formación política de las “juventudes priistas” que, para variar, lejos de crecer, hoy están más disminuidas que nunca.

Así, podrá esperarse que la maquinaria electoral funcione con la juventud bajo los esquemas de siempre. Pero seguro que si no compran, coaccionan o condicionan el voto, poquísimos jóvenes votarían y se identificarían con los partidos políticos.

 

SOBRE LOS NOTARIOS

Aseguran que por lo menos 10 de las alrededor de 30 patentes de Notario Público que se han entregado durante la presente administración, fueron vendidas o sometidas a algún esquema de falsificación de documentos o firmas. Cada una de ellas fue vendida en montos que van de los 3 a los más de 12 millones de pesos, y que nos nuevos fedatarios —que compraron su Fiat— están renuentes a reconocer esta escandalosa corrupción, por temor a que les revoquen la patente y pierdan su millonaria inversión. Esto huele muy mal. Abundaremos.

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Comparecencias: mucha discusión… sin resultados

+ Educación: ejemplo de preocupación e inmovilidad

 

El viernes pasado concluyó el periodo en el que comparecieron diversos funcionarios estatales ante el Congreso del Estado, para explicar y detallar los avances logrados en el último año en sus respectivos ámbitos de trabajo. Con excepción del secretario Martín Vásquez Villanueva, todos los demás servidores públicos que intervinieron en la glosa del informe fueron, paradójicamente, aprobados por el oficialismo pero reprobados por la oposición. ¿Qué es eso?

Dice el principio lógico de la contradicción que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Sin embargo, tal parece que las maravillas políticas del Congreso y la política partidista en Oaxaca rompen con ese esquema. Los responsables de la educación, desarrollo e infraestructura, seguridad pública, procuración de justicia, obras, gobernabilidad y demás, fueron duramente cuestionados por los legisladores de oposición; pero la mayoría priista calificó de responsables todas las actuaciones.

Nada de esto parecería raro, si se observa desde la “tradición” parlamentaria de Oaxaca en la que el oficialismo priista manda, y la oposición simulada sostiene su dignidad como tal… aunque en realidad hace poco —o nada— para verdaderamente afianzarse como el bloque fiscalizador y de contención a los errores, deficiencias y excesos que pudieran cometerse desde el Poder Ejecutivo.

Sólo que esta visión, aunque perdurable en nuestro entorno, es errónea, dañina e ineficiente para una democracia y un Estado que pretenden elevar sus niveles de eficiencia. Suponemos, en todo esto, que Oaxaca tiene una clase política y una sociedad que en general buscan esos anhelos. Suponemos. Empero, a la luz de los hechos, es muy poco lo que se hace para lograrlo. ¿Por qué?

Porque en realidad, mecanismos como el de las comparecencias ante el Poder Legislativo, de los servidores públicos encargados de las principales actividades de un gobierno, busca establecer fiscalización, cuestionamientos y controles, justamente para que éstos tengan el deber de realizar un mejor desempeño. Sólo que en Oaxaca —y en el país— la estipulación de las comparecencias de funcionarios ante los legisladores rápidamente se ha degenerado y, sin duda, se ha convertido en un circo que únicamente simula la democracia. Veamos si no.

A lo largo de las dos últimas semanas, vimos cómo los diputados de oposición cuestionaron duramente la labor del secretario Javier Rueda Velázquez, independientemente de los resultados positivos y los fallos que éste reconoció en su comparecencia. Cómo prácticamente ignoraron al procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, cuando su comparecencia era una de las más trascendentales ante los graves problemas de impunidad que se viven en Oaxaca.

Y cómo, sospechosamente, el coordinador de Coplade, Bulmaro Rito Salinas se ganó el silencio de la oposición y la sorpresa del oficialismo, en el manejo de una importante instancia gubernamental a la que sólo atiende como actividad complementaria a sus labores de campaña anticipada. Y cómo a todos éstos, como a varios otros funcionarios, los “reprobaron”, mientras que la fracción parlamentaria del tricolor les dio, a todos, una salida holgada que les permitió hacer balances positivos finales de la glosa del V Informe del Gobernador del Estado.

Al final, parece que nadie se toma en serio las comparecencias. Prácticamente todas, fueron seguidas por los legisladores del tricolor como una mera formalidad democrática en la que tenían el deber de “cuidar” a los colaboradores y los resultados entregados por el Gobernador del Estado.

Y, en todas, los diputados de oposición encontraron la ocasión perfecta para descalificar, vociferar y llevar asuntos y afrentas personales a la tribuna legislativa. Pero nadie, hasta ahora, ha hecho señalamientos precisos acompañados de propuestas de solución, para los problemas más graves por los que, según ellos, los funcionarios están reprobados.

 

¿Y LA EDUCACIÓN?

Pongamos un ejemplo en específico: durante su comparecencia ante el Congreso local, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Abel Trejo González, fue acusado por la oposición de no resolver el conflicto entre la Sección 22 y la 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; de no hacer lo suficiente por satisfacer las demandas de profesores, padres de familia, normalistas y demás que casi a diario se manifiestan en la capital oaxaqueña por cuestiones educativas.

Lo descalificaron, además, por utilizar en forma deficiente los recursos destinados a la educación; y hasta le recriminaron por no haber aplicado aún la Alianza por la Calidad de la Educación, que impulsa el gobierno federal y la líder nacional del Sindicato, Elba Esther Gordillo Morales. Sólo faltaba que le reprocharan la venta de comida chatarra en las cooperativas escolares. Y también lo hicieron.

Es evidente que Trejo González no ha sido, ni será, el mejor director que ha tenido el IEEPO. Varios de los temas que le plantearon los legisladores son de su entera responsabilidad. Sin embargo, pareciera también que la crítica legislativa fue más bien protagónica y de simple retórica, porque ningún legislador estableció al menos una ruta de solución a los problemas que plantean.

Lo que parece es que, al final, a los diputados les interesan poco las soluciones de fondo de los problemas públicos que se presentan en el Estado. Y si a unos les provoca sorna, tal parece que otros simplemente no sabrían cómo plantear las soluciones a los problemas que sí identifican. Un círculo vicioso.

 

INDAGAN CORRUPCIÓN

En absoluta confidencialidad, desde la semana pasada la PGJE inició una investigación por posibles actos de corrupción, falsificación de documentos y firmas, y tráfico de influencias, en el otorgamiento de patentes de fedatario público. Las órdenes de indagar el asunto fueron emitidas, aseguran, desde el más alto nivel, al tener conocimiento de que los “Fiats” habrían sido vendidos en cantidades millonarias de dinero. En esto podrían estar involucrados por lo menos dos altos funcionarios del Gobierno del Estado, que desde el pasado 15 de diciembre fueron “invitados” a presentarse ante un Agente del Ministerio Público, para declarar sobre el asunto. Entre los notarios, dicen, este era un secreto a voces que varias veces pretendió ser denunciado. Sin embargo, los intentos se frenaban ante la amenaza de esos dos funcionarios, de revocar las patentes a los fedatarios revoltosos.

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Reelección de alcaldes: la otra polémica

+ Usos y costumbres: ¿riñe con la reforma?

 

El presidente Felipe Calderón decidió cerrar el presente año dando a conocer su propuesta de reforma política, que envió al Congreso de la Unión para su discusión y posible aprobación, al inicio de esta semana. El paquete fue de 10 reformas políticas, que pretenden transformar profundamente la correlación de fuerzas y los mecanismos de control entre los poderes federales.

Una de las propuestas que hasta ahora ha sido más desatendida, pero que en un estado como Oaxaca es igualmente trascendental, es la de abrir la reelección de Presidentes Municipales hasta por cuatro periodos consecutivos, hasta completar el término de 12 años en el cargo. Es necesario ver esta discusión con sensibilidad e inteligencia para evitar la emisión de juicios errados que en nada contribuirían al debate claro de las ideas.

La propuesta de reforma en el ámbito de los presidentes municipales, sostiene lo siguiente: “Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para establecer la elección consecutiva, con un límite máximo de doce años, de alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como jefes delegacionales, en los Estados, Municipios y Distrito Federal.” ¿Qué significaría esto?

Que, formalmente, en el ámbito de los poderes municipales hubiera más posibilidad de que un proyecto de gobierno se concretara más allá de los tres años con los que actualmente cuentan constitucionalmente los ediles para realizar su trabajo y proyectos de gestión pública. Han sido ampliamente discutidas, a nivel internacional, las ventajas de tener una posibilidad de reelección constitucionalmente controlada: en periodos tan cortos es imposible la consolidación de casi cualquier proyecto trascendental. Y los ejemplos de todos los esquemas que se han prometido y, por simple falta de tiempo se han dejado sin concluir, están a la vista por todos los rincones del país. De esto último, prácticamente cualquier edil en México puede dar cuenta puntual.

En este sentido, vale la pena leer con detenimiento lo que apunta al respecto, el doctor Raúl Ávila Ortiz en el semanario POLÍTICA, que hoy se publica en estas mismas páginas. Porque, según su visión, lo que establece dicha propuesta de reforma es abrir, en el marco constitucional federal, la posibilidad de que las Legislaturas de las entidades federativas y el Distrito Federal, puedan estipular la reelección de los alcaldes en sus territorios, cada una bajo sus propios criterios; o que incluso tengan la posibilidad de optar por dejar sus marcos jurídicos locales como hasta ahora. Es decir, sin reelección consecutiva para los integrantes de los Ayuntamientos.

Al final, parece claro que el problema, en todo esto, es que, al igual que en lo relativo a los diputados y senadores, ante cualquier planteamiento de esquemas de reelección para Ediles, de inmediato salta a la vista el referente histórico sobre los problemas que enfrentó el país en su primer siglo de historia, justamente por la reelección constitucionalmente permitida para los hombres y cargos que detentaban el poder.

No están del todo equivocados quienes aseguran que abrir la reelección a los legisladores y los alcaldes, sería tanto como dar un primer paso hacia una regresión histórica que tarde o temprano nos llevaría a nuevos conflictos por la democratización del poder. Pero establecer hoy como un referente lo ocurrido en el siglo XIX y principios del XX, es tanto como negar que la institucionalidad y el marco constitucional en México hoy tienen fortalezas ni siquiera equiparables con las de hace un siglo.

REELECCIÓN EN OAXACA

Hace unos días, el diputado Presidente del Congreso del Estado, Herminio Manuel Cuevas Chávez, en entrevista con algunos medios informativos locales, expresó su preocupación por la propuesta de reforma en ese sentido, planteada por el presidente Calderón, y señaló que en Oaxaca tendría que estudiarse con detenimiento dicha reforma para no afectar el reconocimiento constitucional que se hace en el marco local, de la autodeterminación en materia política, de los pueblos que se rigen por el sistema de usos y costumbres. Consideramos que uno y otro argumento no se contraponen. Veamos algunas razones.

En primer término, el sistema de elección por usos y costumbres debemos entenderlo en estricto apego a la realidad: es el reconocimiento constitucional a la autodeterminación y formas de organización de los pueblos indígenas, aunque muchas veces esas formas violen hasta los principios y garantías más básicas que, en materia de derechos políticos, tienen los ciudadanos de la República. En eso confluyen, cada uno en sus propios términos, los marcos constitucionales de Oaxaca y de la federación.

¿Qué significaría, en ese sentido, la reforma propuesta por el Presidente? Que, como ya se dijo, se modificaría el artículo 115 constitucional, pero que se dejaría a las entidades federativas legislar en lo particular las formas de reelección que podrían existir. Sin embargo, en esas normas los pueblos que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres no tendrían la obligación de ceñirse o de acatar a pie juntillas tal determinación. Estarían, en todo caso, en su derecho de no hacer sin violar precepto alguno. Y de todos modos continuarían rigiendo los principios que ellos mismos delinearon en sus sistemas de elección particulares.

En todo esto los avala tanto el marco jurídico local —que fue el primero en el país en reconocer la facultad de autodeterminación de los pueblos en materia de sus respectivos municipios—. Pero también los avala el artículo 2 de la Constitución federal que, a la letra, dice: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas…”

¿Y ESO, QUÉ?

Que, en términos sencillos, a los municipios en Oaxaca les daría exactamente lo mismo que esa reforma ocurriera o no, porque ellos tienen sus propias formas de determinación política, en las que ocurren relativamente pocos conflictos. El único problema preocupante, es el de los cacicazgos —los reales— que regularmente son los que dominan a los Ayuntamientos regidos por el sistema de usos y costumbres. Sin embargo, sería ideal que los diputados discutieran el tema sin prejuiciarse.

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Reforma política: el idealismo de fortalecer al Estado

Raúl Ávila Ortiz

En días pasados, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión un conjunto de propuestas de reforma en el ámbito del sistema político. Lo hizo, en sus palabras, en seguimiento a los diez puntos que había enunciado el 2 de septiembre anterior con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, y en particular en relación con el punto diez, en que propuso una profunda reforma política para pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva.

Las diez propuestas “calderonistas” deben ser analizadas cuidadosamente y, desde luego, debatidas en forma amplia. Lejos de representar una “cortina de humo” que le permita distraer a la opinión pública respecto a otros problemas graves que enfrenta el país, sean estos la crisis financiera, el desempleo o la inseguridad, en mi opinión se trata, en efecto, de planteamientos que tocan nervios sensibles del sistema de toma de decisiones y persiguen fines específicos. Veamos por qué.

De entrada, dejemos en claro que las instituciones son relevantes para la vida pública: política, económica, social o cultural. Y es que hoy están superados, por mucho, argumentos tales como el de la raza o la religión en tanto factores exclusivos que harían la diferencia entre buen gobierno o mala economía de unos y otros países. En particular, las instituciones políticas, tales como el voto, la representación política, el sistema de gobierno o los partidos políticos, además de la cultura política, resultan decisivas no sólo para garantizar la estructura y funcionalidad del Estado democrático sino también a efecto de generar condiciones para el desarrollo. Así, una combinación atinada de instituciones electorales y partidistas puede producir competencia política, transparencia electoral y pluralidad en la representación, pero, al mismo tiempo, esta misma pluralidad y desajustes en el sistema de gobierno respecto a aquella combinación pueden generar falta de efectividad en su funcionamiento.  Esto está ocurriendo en México pero no es exclusivo de nuestro país. Basta con ver la enorme dificultad y los costos políticos que está teniendo que pagar el presidente Obama, en los Estados Unidos, para concretar su histórica y generosa reforma al sistema de salud.

Luego, el sentido de las reformas propuestas por Calderón es doble: por un lado, pretende fortalecer la legitimidad del sistema político ensanchando y acercando las vías de participación ciudadana respecto a los políticos y la política, de tal forma que sus opiniones y decisiones tengan más peso en la acción de los políticos y en las políticas públicas; por el otro, intenta aumentar la efectividad y calidad de los gobiernos propiciando mayor concentración o menos dispersión entre actores para la toma de decisiones, en el marco de la pluralidad democrática y los llamados gobiernos divididos que el sistema electoral ya genera.

 

REFORMAR ALCALDÍAS

Y EL PODER LEGISLATIVO

Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para establecer la elección consecutiva, con un límite máximo de doce años, de alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como jefes delegacionales, en los Estados, Municipios y Distrito Federal. En este punto, “libertad” debe significar, en una correcta interpretación del federalismo, que la correspondiente reforma constitucional debe permitir a las 32 entidades federativas regular o no la elección consecutiva y darle el alcance que decidan sin más límite que el periodo de cuatro trienios. Así, cada entidad federativa tomaría la decisión más conveniente, incluida la de dejar las cosas como están. Pero, en esto hay que ser enfáticos, esa reforma no debería aparecer aislada.

Para Calderón, esa reforma aumentará la calidad del gobierno municipal pues tendrá más tiempo para planear a largo plazo en cuanto a obras o infraestructura, o bien, “…reformas integrales a los cuerpos policíacos de esas demarcaciones”; se fortalecerá la rendición de cuentas pues los gobernantes querrán ser reelectos y los votantes podrán premiarlos o castigarlos, de modo que los ciudadanos tendrán más poder para influir en el desempeño de sus gobiernos locales. Para los críticos, si la reelección no está rodeada de condiciones de transparencia y equidad en la contienda o no se acota a los poderes fácticos, o no se prohíbe ser candidato de un partido distinto para la reelección, entonces los efectos podrían resultar contraproducentes.

Reelección de legisladores federales hasta por doce años o cuatro períodos dejando a las legislaturas locales libertad para decidir sobre la reelección y el número de períodos. Nuevamente, aflora el positivo sentido federalista de la propuesta; el propósito de transferir poder a ciudadanos, medios y actores políticos para monitorear y premiar o castigar los desempeños legislativos; y profesionalizar y especializar a los legisladores en trabajo parlamentario y en determinadas materias. Sin embargo, los críticos sostienen que en México existe ya una carrera parlamentaria informal pues un buen porcentaje de legisladores cuentan con experiencia; que en realidad se favorecerá a los poderes fácticos y las oligarquías, así como a los gobernadores y líderes partidistas que reproducirán a sus propios representantes y grupos; y que el papel de los legisladores no es de técnicos especializados sino de líderes políticos, además de que se bloqueará el acceso a los cargos a líderes jóvenes, en particular a las mujeres.

 

AJUSTE AL

CONGRESO DE LA UNIÓN

Reducción del número de integrantes en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En el Senado, no sólo se eliminarían los 32 legisladores de representación proporcional (lo que tendría un efecto positivo en el carácter federalista del Senado) pero afectaría a las dirigencias y liderazgos de los partidos, sobre todo de los medianos y pequeños, sino que se introduciría el llamado voto preferencial para elegir a tres senadores por Entidad Federativa (es decir, que el elector podría decidir el orden de su preferencia sobre tres candidatos de cada partido) y se entiende que se mantendría la primera minoría. En la Cámara de Diputados, se suprimirían 40 diputados (y distritos) de mayoría y 40 de representación proporcional, de modo que quedarían 240 y 160. Se argumenta a favor que estas medidas reducen el costo de la democracia y aumentan la capacidad de decisión legislativa en beneficio de los ciudadanos. Se critica que se elimina a los partidos medianos y pequeños, y se concentra la representación en los más grandes (excluyendo representantes populares en tiempos de tensión social), sin que el impacto en el costo sea relevante y tampoco se garanticen acuerdos firmes.

Incrementar de 2% a 4% el porcentaje de votos que un partido tendría que alcanzar   para conservar su registro. En el mismo sentido, la propuesta argumenta que se garantizaría mayor representatividad social de los partidos que reciben cuantiosos recursos del erario. En su contra se afirma que se excluirán partidos medianos y pequeños que, con todas sus deficiencias, representan minorías sociales y políticas activas que podrían operar riesgosamente por fuera del sistema.

Iniciativa legislativa ciudadana. Según la propuesta, se abre la puerta para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos y coloquen en la agenda temas que son de su interés y no hayan sido considerados por los políticos. En general, sobre este tema las críticas son mínimas pero resalta el hecho de que, si se le colocan muchos requisitos o no se obliga a que sean consideradas por el Congreso, entonces las iniciativas resultan intrascendentes.

 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Candidaturas independientes para todos los cargos. Se pretende ampliar los derechos ciudadanos; que incidan más en la representación; que los partidos cumplan mejor sus funciones y se responda más a los intereses ciudadanos. Se critica que, sin la debida regulación, se abre la puerta a intereses oscuros y hasta ilícitos; se ocultan las verdaderas identidades partidistas que luego afloran coyuntural y costosamente; o bien, se debilita en lugar de fortalecer el sistema de partidos. En todo caso, habría que comenzar por el ámbito municipal y con sólidas garantías para la transparencia y equidad en la contienda, pues así se fortalecería el sistema de partidos desde abajo al mantenerse activos para generar liderazgos y evitar el triunfo de opciones no partidistas.

SEGUNDA VUELTA Y

REFUERZO A INICIATIVA DE LEY

Elección presidencial con mayoría absoluta en primera vuelta.  Se propone que si en primera vuelta ningún candidato alcanza más del 50% de los votos, entonces los dos primeros lugares pasen a una segunda elección, durante la cual también tendría lugar la elección legislativa. Se argumenta que debe ganar quien tenga más apoyo popular; que su mandato sea más claro; que los ciudadanos puedan tener más opciones para seleccionar entre propuestas viables y más cercanas a sus intereses; y que  se tome una decisión más consciente sobre si se otorga mayoría legislativa al Presidente o se divide el poder. Se critica que en la segunda vuelta la decae la participación; aumenta los costos; abre la puerta al chantaje y la negociación entre las élites; y que la gobernabilidad no depende de la segunda vuelta sino de la composición del Congreso, que en todo caso también debería ser integrado incluso con doble vuelta.

8. Iniciativa de ley a la Suprema Corte de Justicia de la nación en el ámbito de su competencia. Mejoraría su funcionamiento y la calidad de la normatividad, en particular sobre los medios de defensa de la Constitución. Salvo posibles conflictos entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en torno a los contenidos de las iniciativas y su gestión en las cámaras, no se advierte mayor crítica a esta posibilidad.

Iniciativas preferentes del Poder Ejecutivo. Se trata de un derecho presidencial a que se dictaminen y aprueben (o no) dos iniciativas de su preferencia en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, en el entendido de que, si no son consideradas, el Presidente pueda someter la iniciativa a consulta ciudadana mediante referéndum que requeriría dos terceras partes de los ciudadanos participantes y mas de la mitad de los ciudadanos en la mayoría de las entidades federativas. Se trataría de agilizar la respuesta del Congreso a las prioridades de una Agenda Nacional jerarquizada, que deben ser discutidas en el espacio público y que importen temas medulares e importantes para la ciudadanía y la transformación del país, y sancionar la parálisis en el Poder Legislativo. Sin negar sus bondades en términos de cooperación entre poderes, que, se critica que se trata de una opción para evadir al Poder Legislativo en la búsqueda de aprobar reformas estructurales que de otra manera no pasarían. Se critica que este tipo de medidas en lugar de fortalecer debilitan a las instituciones y favorece el personalismo presidencial.

Facultad expresa al Presidente para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo la opción de su reconducción. En este caso, la propuesta arguye que así el proceso de legislación y promulgación responderá al necesario equilibrio de poderes; que permita un diálogo constructivo entre Ejecutivo y Legislativo; e imprimir certeza al funcionamiento institucional evitando riesgos a la conducción de las finanzas públicas. Así, en caso de que no se aprobare a tiempo el presupuesto, se aplicaría el del año anterior, o bien, en el extremo, el que se haya enviado, en una especie de positiva ficta. La crítica aparece en cuanto a un re-desequilibrio de poderes que favorezca al Ejecutivo, pero parece no haber mayor oposición.

TRANSFORMAR A MÉXICO

Para el presidente Calderón, es posible transformar a México cerrando la brecha entre política y ciudadanía; consolidar una democracia con instituciones más sólidas; empoderar a la ciudadanía sin dejar de fortalecer el sistema de partidos; mejorar la relación entre Ejecutivo y Legislativo; evitar que la política sea equivalente a conflicto y parálisis; y que el sistema representativo y de gobierno mejore. Si hace quince años se produjeron reformas profundas al sistema electoral que generaron más democracia, hoy se requiere reformar el sistema de gobierno y alentar la participación ciudadana. Otras iniciativas, en particular en materia electoral, complementarán esas diez propuestas arriba enunciadas.

Hasta ahora, debe apuntarse que las propuestas reformistas tienen una orientación apropiada, pero su pertinencia y viabilidad dependerán de la confrontación entre el idealismo que suele embargar al enfoque sistémico y el realismo de política práctica. Si esos opuestos se tocan, entonces deberán confluir en términos y condiciones específicos de regulación virtuosa de esas instituciones propuestas. Si entre los propósitos de éstas se halla el fortalecer la ciudadanía, la política y los poderes gubernamentales, entonces aquélla y éstos deben comenzar por propiciar su debate público. Esa es la convocatoria.

Raúl Ávila Ortiz

En días pasados, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión un conjunto de propuestas de reforma en el ámbito del sistema político. Lo hizo, en sus palabras, en seguimiento a los diez puntos que había enunciado el 2 de septiembre anterior con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, y en particular en relación con el punto diez, en que propuso una profunda reforma política para pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva.

Las diez propuestas “calderonistas” deben ser analizadas cuidadosamente y, desde luego, debatidas en forma amplia. Lejos de representar una “cortina de humo” que le permita distraer a la opinión pública respecto a otros problemas graves que enfrenta el país, sean estos la crisis financiera, el desempleo o la inseguridad, en mi opinión se trata, en efecto, de planteamientos que tocan nervios sensibles del sistema de toma de decisiones y persiguen fines específicos. Veamos por qué.

De entrada, dejemos en claro que las instituciones son relevantes para la vida pública: política, económica, social o cultural. Y es que hoy están superados, por mucho, argumentos tales como el de la raza o la religión en tanto factores exclusivos que harían la diferencia entre buen gobierno o mala economía de unos y otros países. En particular, las instituciones políticas, tales como el voto, la representación política, el sistema de gobierno o los partidos políticos, además de la cultura política, resultan decisivas no sólo para garantizar la estructura y funcionalidad del Estado democrático sino también a efecto de generar condiciones para el desarrollo. Así, una combinación atinada de instituciones electorales y partidistas puede producir competencia política, transparencia electoral y pluralidad en la representación, pero, al mismo tiempo, esta misma pluralidad y desajustes en el sistema de gobierno respecto a aquella combinación pueden generar falta de efectividad en su funcionamiento.  Esto está ocurriendo en México pero no es exclusivo de nuestro país. Basta con ver la enorme dificultad y los costos políticos que está teniendo que pagar el presidente Obama, en los Estados Unidos, para concretar su histórica y generosa reforma al sistema de salud.

Luego, el sentido de las reformas propuestas por Calderón es doble: por un lado, pretende fortalecer la legitimidad del sistema político ensanchando y acercando las vías de participación ciudadana respecto a los políticos y la política, de tal forma que sus opiniones y decisiones tengan más peso en la acción de los políticos y en las políticas públicas; por el otro, intenta aumentar la efectividad y calidad de los gobiernos propiciando mayor concentración o menos dispersión entre actores para la toma de decisiones, en el marco de la pluralidad democrática y los llamados gobiernos divididos que el sistema electoral ya genera.

 

REFORMAR ALCALDÍAS

Y EL PODER LEGISLATIVO

Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para establecer la elección consecutiva, con un límite máximo de doce años, de alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como jefes delegacionales, en los Estados, Municipios y Distrito Federal. En este punto, “libertad” debe significar, en una correcta interpretación del federalismo, que la correspondiente reforma constitucional debe permitir a las 32 entidades federativas regular o no la elección consecutiva y darle el alcance que decidan sin más límite que el periodo de cuatro trienios. Así, cada entidad federativa tomaría la decisión más conveniente, incluida la de dejar las cosas como están. Pero, en esto hay que ser enfáticos, esa reforma no debería aparecer aislada.

Para Calderón, esa reforma aumentará la calidad del gobierno municipal pues tendrá más tiempo para planear a largo plazo en cuanto a obras o infraestructura, o bien, “…reformas integrales a los cuerpos policíacos de esas demarcaciones”; se fortalecerá la rendición de cuentas pues los gobernantes querrán ser reelectos y los votantes podrán premiarlos o castigarlos, de modo que los ciudadanos tendrán más poder para influir en el desempeño de sus gobiernos locales. Para los críticos, si la reelección no está rodeada de condiciones de transparencia y equidad en la contienda o no se acota a los poderes fácticos, o no se prohíbe ser candidato de un partido distinto para la reelección, entonces los efectos podrían resultar contraproducentes.

Reelección de legisladores federales hasta por doce años o cuatro períodos dejando a las legislaturas locales libertad para decidir sobre la reelección y el número de períodos. Nuevamente, aflora el positivo sentido federalista de la propuesta; el propósito de transferir poder a ciudadanos, medios y actores políticos para monitorear y premiar o castigar los desempeños legislativos; y profesionalizar y especializar a los legisladores en trabajo parlamentario y en determinadas materias. Sin embargo, los críticos sostienen que en México existe ya una carrera parlamentaria informal pues un buen porcentaje de legisladores cuentan con experiencia; que en realidad se favorecerá a los poderes fácticos y las oligarquías, así como a los gobernadores y líderes partidistas que reproducirán a sus propios representantes y grupos; y que el papel de los legisladores no es de técnicos especializados sino de líderes políticos, además de que se bloqueará el acceso a los cargos a líderes jóvenes, en particular a las mujeres.

 

AJUSTE AL

CONGRESO DE LA UNIÓN

Reducción del número de integrantes en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En el Senado, no sólo se eliminarían los 32 legisladores de representación proporcional (lo que tendría un efecto positivo en el carácter federalista del Senado) pero afectaría a las dirigencias y liderazgos de los partidos, sobre todo de los medianos y pequeños, sino que se introduciría el llamado voto preferencial para elegir a tres senadores por Entidad Federativa (es decir, que el elector podría decidir el orden de su preferencia sobre tres candidatos de cada partido) y se entiende que se mantendría la primera minoría. En la Cámara de Diputados, se suprimirían 40 diputados (y distritos) de mayoría y 40 de representación proporcional, de modo que quedarían 240 y 160. Se argumenta a favor que estas medidas reducen el costo de la democracia y aumentan la capacidad de decisión legislativa en beneficio de los ciudadanos. Se critica que se elimina a los partidos medianos y pequeños, y se concentra la representación en los más grandes (excluyendo representantes populares en tiempos de tensión social), sin que el impacto en el costo sea relevante y tampoco se garanticen acuerdos firmes.

Incrementar de 2% a 4% el porcentaje de votos que un partido tendría que alcanzar   para conservar su registro. En el mismo sentido, la propuesta argumenta que se garantizaría mayor representatividad social de los partidos que reciben cuantiosos recursos del erario. En su contra se afirma que se excluirán partidos medianos y pequeños que, con todas sus deficiencias, representan minorías sociales y políticas activas que podrían operar riesgosamente por fuera del sistema.

Iniciativa legislativa ciudadana. Según la propuesta, se abre la puerta para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos y coloquen en la agenda temas que son de su interés y no hayan sido considerados por los políticos. En general, sobre este tema las críticas son mínimas pero resalta el hecho de que, si se le colocan muchos requisitos o no se obliga a que sean consideradas por el Congreso, entonces las iniciativas resultan intrascendentes.

 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Candidaturas independientes para todos los cargos. Se pretende ampliar los derechos ciudadanos; que incidan más en la representación; que los partidos cumplan mejor sus funciones y se responda más a los intereses ciudadanos. Se critica que, sin la debida regulación, se abre la puerta a intereses oscuros y hasta ilícitos; se ocultan las verdaderas identidades partidistas que luego afloran coyuntural y costosamente; o bien, se debilita en lugar de fortalecer el sistema de partidos. En todo caso, habría que comenzar por el ámbito municipal y con sólidas garantías para la transparencia y equidad en la contienda, pues así se fortalecería el sistema de partidos desde abajo al mantenerse activos para generar liderazgos y evitar el triunfo de opciones no partidistas.

SEGUNDA VUELTA Y

REFUERZO A INICIATIVA DE LEY

Elección presidencial con mayoría absoluta en primera vuelta.  Se propone que si en primera vuelta ningún candidato alcanza más del 50% de los votos, entonces los dos primeros lugares pasen a una segunda elección, durante la cual también tendría lugar la elección legislativa. Se argumenta que debe ganar quien tenga más apoyo popular; que su mandato sea más claro; que los ciudadanos puedan tener más opciones para seleccionar entre propuestas viables y más cercanas a sus intereses; y que  se tome una decisión más consciente sobre si se otorga mayoría legislativa al Presidente o se divide el poder. Se critica que en la segunda vuelta la decae la participación; aumenta los costos; abre la puerta al chantaje y la negociación entre las élites; y que la gobernabilidad no depende de la segunda vuelta sino de la composición del Congreso, que en todo caso también debería ser integrado incluso con doble vuelta.

8. Iniciativa de ley a la Suprema Corte de Justicia de la nación en el ámbito de su competencia. Mejoraría su funcionamiento y la calidad de la normatividad, en particular sobre los medios de defensa de la Constitución. Salvo posibles conflictos entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en torno a los contenidos de las iniciativas y su gestión en las cámaras, no se advierte mayor crítica a esta posibilidad.

Iniciativas preferentes del Poder Ejecutivo. Se trata de un derecho presidencial a que se dictaminen y aprueben (o no) dos iniciativas de su preferencia en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, en el entendido de que, si no son consideradas, el Presidente pueda someter la iniciativa a consulta ciudadana mediante referéndum que requeriría dos terceras partes de los ciudadanos participantes y mas de la mitad de los ciudadanos en la mayoría de las entidades federativas. Se trataría de agilizar la respuesta del Congreso a las prioridades de una Agenda Nacional jerarquizada, que deben ser discutidas en el espacio público y que importen temas medulares e importantes para la ciudadanía y la transformación del país, y sancionar la parálisis en el Poder Legislativo. Sin negar sus bondades en términos de cooperación entre poderes, que, se critica que se trata de una opción para evadir al Poder Legislativo en la búsqueda de aprobar reformas estructurales que de otra manera no pasarían. Se critica que este tipo de medidas en lugar de fortalecer debilitan a las instituciones y favorece el personalismo presidencial.

Facultad expresa al Presidente para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo la opción de su reconducción. En este caso, la propuesta arguye que así el proceso de legislación y promulgación responderá al necesario equilibrio de poderes; que permita un diálogo constructivo entre Ejecutivo y Legislativo; e imprimir certeza al funcionamiento institucional evitando riesgos a la conducción de las finanzas públicas. Así, en caso de que no se aprobare a tiempo el presupuesto, se aplicaría el del año anterior, o bien, en el extremo, el que se haya enviado, en una especie de positiva ficta. La crítica aparece en cuanto a un re-desequilibrio de poderes que favorezca al Ejecutivo, pero parece no haber mayor oposición.

TRANSFORMAR A MÉXICO

Para el presidente Calderón, es posible transformar a México cerrando la brecha entre política y ciudadanía; consolidar una democracia con instituciones más sólidas; empoderar a la ciudadanía sin dejar de fortalecer el sistema de partidos; mejorar la relación entre Ejecutivo y Legislativo; evitar que la política sea equivalente a conflicto y parálisis; y que el sistema representativo y de gobierno mejore. Si hace quince años se produjeron reformas profundas al sistema electoral que generaron más democracia, hoy se requiere reformar el sistema de gobierno y alentar la participación ciudadana. Otras iniciativas, en particular en materia electoral, complementarán esas diez propuestas arriba enunciadas.

Hasta ahora, debe apuntarse que las propuestas reformistas tienen una orientación apropiada, pero su pertinencia y viabilidad dependerán de la confrontación entre el idealismo que suele embargar al enfoque sistémico y el realismo de política práctica. Si esos opuestos se tocan, entonces deberán confluir en términos y condiciones específicos de regulación virtuosa de esas instituciones propuestas. Si entre los propósitos de éstas se halla el fortalecer la ciudadanía, la política y los poderes gubernamentales, entonces aquélla y éstos deben comenzar por propiciar su debate público. Esa es la convocatoria.

Seguridad Pública: no refuerza percepción ciudadana

+ Policía Estatal: los abusos que no tienen justificación

 

En los últimos 15 meses, los funcionarios encargados de las corporaciones policiacas y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han buscado no sólo de hacer su trabajo, sino de que parezca que se hace. Sin embargo, hace apenas unos días el secretario Javier Rueda Velázquez reconoció, ante el pleno del Congreso del Estado, que la percepción ciudadana sobre la inseguridad y la desconfianza del trabajo policiaco, no ha dejado de ser negativa. ¿Por qué esto es así?

La respuesta no se encuentra en una sola causa o en un solo ámbito. En realidad, el modelo de seguridad pública que actualmente se aplica en Oaxaca vino a ser una auténtica revolución, respecto a las formas anticuadas que, en su mayoría, eran las que se aplicaban a las instituciones de seguridad y los cuerpos policiacos en la entidad.

Sin embargo, ha sido también largo el recuento que, al menos en este espacio, hemos realizado de las inconsistencias y fallos de aplicación del esquema que encabeza en la entidad el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, y el secretario Rueda Velázquez. Es decir, que el esquema fue novedoso respecto a lo que se hacía en el pasado en materia de seguridad, pero que éste se encuentra aún lejos de generar certeza —es decir, argumentos y datos sólidos y sostenibles— de que es el remedio más eficaz para la inseguridad que existe en Oaxaca.

Así, ¿de dónde surge la sensación de inseguridad y la desconfianza que el ciudadano común continúa teniendo de la acción policiaca? Parte, precisamente, de que en Oaxaca existe todo un entramado de instituciones que combinan y comparten atribuciones para perseguir a los delincuentes y combatir la inseguridad… pero que no han sido capaces de darle a la historia constante de la impunidad, al menos un giro parcial que permita un mayor índice de esclarecimiento de hechos delictivos, detención de maleantes y desarticulación de grupos criminales.

De todo esto son responsables lo mismo la Secretaría de Seguridad Pública que la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ambas instancias, no han tenido la capacidad suficiente de coordinación y entendimiento como para ejecutar una verdadera labor conjunta. A ante esa circunstancia, la delincuencia puede desplegar todos sus potenciales sin ninguna cortapisa.

En los últimos dos años se han cometido diversos crímenes que no han tenido castigo ni una investigación clara, y ni hablar de detenidos. Además, es fundamental la presencia y acción policiaca en las calles y en la interacción continua con los ciudadanos. Pero si esto último no puede llegar a ser “bien visto” por la población, es claro que todo lo demás tampoco.

 

ELEMENTOS ABUSIVOS

Ayer, en estas mismas páginas, en la columna Con Mayúsculas, se daba cuenta de una queja ciudadana por la acción de elementos de la Policía Estatal. Particularmente se hacía mención de una situación que transcribimos textualmente de lo asentado por Juan Diego: “Seguido hay revisiones por ese rumbo [de San Jacinto Amilpas], lo raro es que los policías [estatales] piden documentos de los vehículos pero en lugar de canalizarlos a Tránsito, los mandan a su cuartel, lo cual es violatorio de las garantías.”

En al menos un par de ocasiones, el autor de este espacio ha sido testigo de la veracidad de estos señalamientos, que deberían ser indagados a fondo por el secretario Rueda Velázquez y por el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Quezadas Jiménez. Ese actual de los elementos estatales, en nada ayuda a la confianza ciudadana que los mandos policiacos buscan que la ciudadanía tenga en las instituciones y agentes encargados de la seguridad pública.

Los dos hechos que a continuación se relatarán, ocurrieron la tarde del pasado 16 de diciembre, y la madrugada de ayer 17. En el primero de ellos, en Avenida Universidad, una patrulla de la Policía Estatal —que no portaba placas de circulación ni número económico— detuvo a dos individuos que viajaban a bordo de un vehículo. A pesar de haberse identificado y de haber dejado constancia de la legalidad del vehículo al mostrar todos los documentos requeridos, sin ningún miramiento, los obligaron a bajar del vehículo, los revisaron, les exigieron desprenderse de zapatos y varias prendas de vestir, para finalmente detenerlos y llevarlos al Cuartel de Santa María Coyotepec.

Los dos jóvenes, trabajadores de un expendio de alimentos al que se dirigían cuando fueron detenidos, permanecieron dos horas en el Cuartel. Nunca los presentaron ante el agente del Ministerio Público ni les indicaron exactamente cuál era la falta administrativa o delito por el que habían sido remitidos. Finalmente, les cobraron una multa de 400 pesos a cada uno —sin expedir recibo oficial alguno—, y al filo de las 21 horas del miércoles los dejaron en libertad.

Luego, pasadas las 2 am de ayer jueves, una patrulla con las mismas características —es decir, sin placas o número económico— detuvo a un grupo de jóvenes que viajaban en un auto compacto ¡por haberse pasado una luz roja del semáforo! Unos seis agentes alcanzaron a los jóvenes en la calle Prolongación de La Noria, en Cinco Señores, para hacer exactamente lo mismo: exigirles documentación e identificaciones, catearlos, revisar el vehículo y pedir todo tipo de explicaciones que no venían al caso.

El hecho ocurrió a escasos metros —una cuadra, no más— de donde se encuentra la Dirección de Tránsito del Estado. Pero, ni por eso, solicitaron la presencia de los agentes de vialidad para que tomaran conocimiento del hecho y aplicaran la sanción correspondiente. Luego de unos 15 minutos de mantenerlos retenidos y rodeados en plena avenida, les permitieron continuar su camino.

En ambos casos, existen injustificables violaciones de garantías fundamentales, que deben ser investigadas y sancionadas. Es cierto que la seguridad exige ciertos sacrificios; pero los agentes tampoco pueden creer que la ciudadanía está a lo que ellos legal e ilegalmente dispongan. Esto ayuda en nada a la credibilidad que busca fomentar la SSPE entre los ciudadanos.

 

ARCAS MUNICIPALES

Dicen los que saben, que la razón fundamental por la que el Ayuntamiento citadino no subirá impuestos en 2010, es porque realmente está ensanchando su base tributaria, y eficientando el cobro de impuestos, que muy poco puede lograrse no sólo en Oaxaca, sino en el país. Con hechos como ese, Martín Mathus Alonso tratará de consolidarse como el más aventajado aspirante a la alcaldía citadina por el PRI. Ver para creer.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com