Juanito: precedentes de Oaxaca, rebasados por PRD

+ Democracia, de nuevo en entredicho por Iztapalapa

El conflicto magisterial y popular de Oaxaca, ocurrido de mayo a diciembre de 2006, dejó importantes precedentes en cuanto a lo que debe entenderse por ingobernabilidad. Más allá de las causas y las motivaciones políticas y partidistas, aquel episodio sirvió a los poderes del Estado para determinar con mayor precisión cuáles son los límites en la actuación de un gobierno, y en qué forma y medida deben utilizarse los mecanismos que establece la propia Constitución Federal para determinar la desaparición de los poderes públicos en una entidad. Nada de esto parece estarse hoy tomando en cuenta, en el Distrito Federal, ante la crisis en Iztapalapa creada por el hasta ayer delegado, Rafael Acosta López, “Juanito”.

Es necesario, en primer término, recordar qué fue lo que, a grandes rasgos, ocurrió en Oaxaca durante 2006. En aquel año, una pugna salarial de los profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE fue mal conducida por el Gobierno del Estado. Lo que parecía una jornada más de inconformidad, pronto se convirtió en un asunto delicado, cuando la Administración Estatal determinó utilizar a la fuerza pública para disolver la invasión a la vía pública que entonces existía, y obligar a los profesores a regresar a las aulas. Los errores de cálculo tanto en el operativo policiaco como en los efectos políticos que esto tendría, desencadenaron una crisis social y política nunca antes vista.

¿Por qué? Porque aún cuando ésta no era ni la primera ni la más prolongada ni la más radical de las protestas magisteriales, sí fue la primera que generó un desbordamiento social capaz de generar reiterados brotes de violencia. Por primera vez, las fuerzas estatales de seguridad fueron puestas contra la pared y superadas en número y capacidad por los grupos inconformes, que durante meses tomaron el control de las calles y establecieron sus propias normas de conducta a los ciudadanos.

En aquellos meses, había en la capital oaxaqueña un exacerbado sentimiento de polarización social y política, y los grupos inconformes tomaron diversas previsiones para generar una percepción de ingobernabilidad que, según ellos, llevaría a los poderes federales a decretar la desaparición de poderes en la entidad, y lograr así la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Para ello, sólo en la capital y su zona conurbada, los grupos de manifestantes bloquearon las sedes de los tres poderes del Estado; interrumpieron la actividad de los juzgados de primera instancia y de las dependencias de la administración estatal; sin embargo, aún con ello los poderes siguieron funcionando: el Poder Legislativo continúo con su actividad en sedes alternas, el Poder Judicial remitió su actividad más apremiante a los juzgados de los distritos aledaños. Y el más mermado fue el Ejecutivo, pues se vio impedido para otorgar todos los servicios que le marca la ley.

Sin embargo, ante las solicitudes planteadas por los grupos inconformes y por el propio Partido de la Revolución Democrática, respecto a la urgencia de indagar y dictaminar la desaparición de poderes en Oaxaca, una comisión del Senado de la República se apersonó en la capital para evaluar la situación y establecer los parámetros necesarios a través de los cuales pudiera determinarse si, en efecto, aquí habían desaparecido o no los poderes.

El resultado es, de todos, conocido: el Senado admitió que había ciertas interrupciones en la prestación de algunos servicios públicos; pero que de ninguna manera podía considerarse que eso era sinónimo de ingobernabilidad. Al no darse tal situación, dijeron, era imposible continuar legalmente con un proceso de desaparición de poderes, porque por esto último debía entenderse que toda la actividad de los tres poderes se encontraba entorpecida de modo permanente.

CANIBALISMO

Uno de los principales promotores de la desaparición de poderes preconcebida fue el Partido de la Revolución Democrática, en conjunto con sus fuerzas hermanas (el Partido del Trabajo y Convergencia): ellos pugnaron porque en Oaxaca se determinara esa situación aún antes de que se apersonara aquí una comisión que corroborara los hechos y las circunstancias, y de que los representantes de los poderes del Estado presentaran sus propias pruebas y alegatos como garantía de defensa. Eso que no pudieron hacer tres años atrás ante el conflicto magisterial de nuestra entidad, ahora sí lo consiguieron en Iztapalapa. ¿Por qué?

Porque el caso de Rafael Acosta López fue resuelto exactamente del modo en que los perredistas hubieran querido que concluyera la crisis magisterial de Oaxaca: con una negociación oscura y antidemocrática; con la simulación de la legalidad; y con un manotazo que dejara satisfechos a los grupos de poder aún cuando esto fuera totalmente carente de legitimidad. Veamos por qué.

Acosta López ganó los comicios en Iztapalapa, ciertamente, por la disposición de López Obrador de apuntar a su favor todas las estructuras electorales con las que cuenta en esa demarcación. Sin embargo, como en todos los procesos del sector público, la verdad que vale es la verdad legal. Y Rafael Acosta fue electo no sólo legal, sino constitucionalmente como Jefe Delegacional. Nadie objetó la legalidad y legitimidad de su triunfo. Y por tanto, cualquier maniobra para destituirlo atacando su persona era no sólo infundada, sino abominable.

Quizá por eso, al final los grupos de poder perredistas del Distrito Federal decidieron atacarlo por la vía de la declaración de ingobernabilidad en el territorio que hasta ayer gobernaba. Ningún señalamiento fue elocuente y, mucho menos, afianzado a través de probanzas. Todos supusieron que por su poca capacidad intelectual y problemas de salud, era incapaz de gobernar; las protestas populares que generó la crisis política en esa demarcación fue comprendida como legitimidad. Y derivado de una negociación política en la que se puso sobre la mesa la constitucionalidad de su encargo, ayer fue forzado a presentar su licencia definitiva al cargo.

¡VAYA DEMOCRACIA!

En el caso de Iztapalapa, a nadie en la Asamblea o el Gobierno del DF nadie le interesó apoyarse en los precedentes de lo que exactamente debe entenderse por ingobernabilidad, que se generaron a partir del conflicto magisterial de Oaxaca. Ahí les bastaron sus suposiciones para establecerlas como una verdad legal, y a partir de eso actuar en consecuencia para satisfacer a los grupos de poder que dominan. Era lo que les interesaba. ¿Pero qué tal que eso lo hubiera hecho un gobierno panista en contra de ellos?

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Evencio: nada está resuelto en PGJEO

+ Aprehensiones: otro botón de muestra

La comparecencia del procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, tuvo como característica principal el desgano y el desinterés de los diputados sobre el tema. Contrario a cómo ocurrió con otras comparecencias, éste no recibió mayores cuestionamientos, y su exposición fue simplemente una perorata que transcurrió sin mayor contratiempo. ¿Ello significa que su actuación es aceptable, o que el silencio y la sorna de los legisladores es sinónimo de aprobación?
Evidentemente no. Y es así porque, en realidad, la gestión del procurador Martínez Ramírez ha estado enmarcada lo mismo por las ineficiencias que por los desengaños. En los casi dos años y medio que lleva al frente de la dependencia, el común denominador ha sido las justificaciones, el aval a las mañas existentes en la Procuraduría, e incluso la reproducción de las mismas. Todo esto, claro, enmarcado por la impunidad profesada, y por la negativa sistemática del Procurador —y su equipo de trabajo completo— a involucrarse en verdaderos temas de fondo relacionados con el cumplimiento exacto de su deber.
Vayamos a dos señalamientos específicos, que ilustran de buen modo el lamentable estado en que se encuentra la Procuraduría. El primero está relacionado con las funciones esenciales de la figura del Ministerio Público (MP); y el segundo con el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la persecución de delitos, la integración de averiguaciones previas, el establecimiento de las responsabilidades probables; y la captura y presentación de los señalados ante el órgano que imparte la justicia. Pero vayamos por partes.
Teóricamente, la Procuraduría de justicia es el órgano en el que se materializa el MP, como una figura indivisible. Como tal, el MP se erige como representante de la sociedad ante el Estado, para ejercer la acción penal. Entre sus funciones esenciales derivadas de esa representación, se encuentran las de investigar hechos que constituyan delitos, y establecer el grado de responsabilidad de quienes los cometieron. Es decir que, por ejemplo, ante un cadáver hallado en la vía pública, la PGJE debe determinar el tipo de delito que se cometió, así como el móvil y la identidad de quienes lo protagonizaron.
Todo eso, que en el ideal parece tan sencillo y hasta de la “romántica” acción de la justicia, es un imperativo que en Oaxaca no se cumple. Aquí, el Ministerio Público es, y ha sido, un ente obeso en el cual se encuentran pocas posibilidades de procurar la justicia, en las que las “investigaciones ministeriales” se limitan a la sola recopilación de datos, y a la realización de consignaciones basadas en los señalamientos directos, pero no en investigaciones reales, comprobables y concretas.
Los ejemplos están a la vista. Mientras la Procuraduría funge como un órgano de hostigamiento y de persecución a modo, que favorece a unos en detrimento de la mayoría, hay una lista larguísima de crímenes que no han tenido solución alguna. Éstos van desde los homicidios inexplicables que comúnmente ocurren en la capital y el interior del Estado —que malamente se consideran “irrelevantes” por no involucrar a personas o hechos de relevancia social o política—, hasta los “importantes” que se han cometido en contra de jefes policiacos activos y en el retiro, periodistas, dirigentes de zonas rurales y de mercados, como los ocurridos recientemente.
Un caso emblemático es el del camarógrafo norteamericano Bradley Rolland Will, cuya investigación fue entregada a la Procuraduría General de la República, ante la incapacidad del órgano de justicia estatal ya no de establecer una investigación exhaustiva, sino incluso de generar las certezas mínimas sobre su actuación.

ACTUACIÓN
DISCRECIONAL

Todo eso ha ocurrido mientras el procurador Martínez Ramírez justifica su ineficiencia, y la ineficacia de la institución que encabeza, con el argumento de que la tarea de procurar justicia “no es fácil”. Si la percepción de impunidad hoy es alta en Oaxaca, mucho tiene que ver que la población vea y corrobore reiteradamente que cualquiera es libre de cometer un delito —de la magnitud, en el sitio y a la hora que sea—, sin que exista la posibilidad de que se establezca su identidad y se le presente para que responda ante la justicia.
Mientras esto ocurre, sobre quienes encabezan la Procuraduría pesan señalamientos sobre su enriquecimiento aparentemente inexplicable; sobre los lujos y comodidades con las que viven desde que accedieron a sus respectivos cargos; y sobre la actitud de soberbia y desdén que tienen respecto al señalamiento popular de que ellos no están haciendo correcta y satisfactoriamente su trabajo. ¿Puede haber, además de esto, un señalamiento aún más grave?
Parece que sí. Porque nadie en Oaxaca ha tenido a bien cuestionar al procurador respecto al uso que le da a la única corporación policiaca que materialmente quedó bajo su mando. Esta es la llamada Fuerza Policial de Alto Rendimiento, que encabeza el comandante Pedro Hernández Hernández. Pareciera que la actuación de ese grupo pasa desapercibido. Pero cualquiera que tiene interés en que se ejecute una orden de aprehensión bajo circunstancias específicas, sabe que en esas siglas se encuentra la clave de todo.
En ese sentido, podría pensarse que ciertas prácticas policiacas excesivas, relacionadas con el cumplimiento de órdenes de aprehensión (tales como las detenciones violentas, el “sabadazo” y la “negociación” de esos mandamientos judiciales) habían quedado en el pasado. Tendría que revisarse con detenimiento qué tipo de órdenes ejecuta la AEI, y cuáles la FPAR. Dentro de las mismas corporaciones policiacas es bien sabido que ésta última se encarga de resolver los asuntos que directamente le interesan al Procurador, que tal corporación no se encuentra integrada al llamado “mando único” de la SSPE, y que por tanto no entrega cuentas a nadie más que no sea Martínez Ramírez.

¿SIN CUESTIONAMIENTOS?
Los diputados oaxaqueños manifestaron su desacuerdo con el Procurador de la peor forma: ignorándolo casi por completo. Hicieron mal. Parte de la responsabilidad por su arribo y permanencia a dicho cargo, es de ellos. Su ratificación fue determinante para que éste se terminara de acomodar en un cargo que, a todas luces, le queda grande. Lo peor, es que esas incapacidades se traducen en un riesgo real para la población, que no cuenta con suficientes garantías de seguridad y de que, en caso de necesitarlo, se le procure la justicia.
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PRI: El futuro, bien explicado en el pasado

+ Sucesión: imposiciones siempre acaban mal

Para explicar de un modo más ilustrativo el escenario sucesorio actual de Oaxaca, habría que echar un vistazo al pasado. Sin duda, una referencia directa, que además constituyó una fuerte lección para el PRI, fueron los comicios presidenciales de 2006. Particularmente, hoy esos episodios tendrían que ser revisados con cuidado por quienes, desde el priismo oaxaqueño, apuntalaron la estrategia y los manotazos con los que el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado se hizo de la candidatura presidencial de su partido, y hoy pretenden repetir la dosis.
¿Por qué traer esos episodios a la memoria? Porque, sin duda, la forma en cómo el grupo de Madrazo se hizo de la candidatura priista hace tres años, bien podría ser equiparable al modo en que hoy, en Oaxaca, un grupo de tricolores está tratando de imponer a uno de los suyos en la candidatura al Gobierno del Estado.
La historia de la unción presidencial priista de 2006, para quien no lo recuerde, tuvo, entre sus características principales, las de los manotazos, las estrategias duras, la división y los rompimientos. Fue así como un grupo logró imponerse sobre los demás, pero a costa de una serie de escisiones que derivaron en una feroz confrontación interna y, por ende, en la más dolorosa derrota del priismo en el país.
Veamos si no. En aquel momento, entre 2004 y 2006, había por lo menos tres aspirantes presidenciales importantes al seno del tricolor. El entonces senador, Enrique Jackson, el gobernador del estado de México, Arturo Montiel, y el presidente del CEN del PRI, Roberto Madrazo, encabezaban las posibilidades de convertirse en el abanderado priista. Para entonces, Madrazo había dejado ya en el camino, aparentemente avasallada, a la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.
En 2005 ocurrieron dos hechos importantes. El senador Jackson declinó sus aspiraciones presidenciales a favor del gobernador Montiel. Éste y un grupo nutrido de gobernadores, legisladores y militantes priistas de relevancia (Tomás Yarrington, Enrique Martínez, Enrique Jackson, Manuel Ángel Núñez Soto, Eduardo Bours, Miguel Alemán y José Natividad González Parás, entre otros) denunciaron las inequidades habidas en el proceso interno para elegir al candidato presidencial.
Razones para realizar y explicar esas denuncias, había de sobra. Madrazo fungía al mismo tiempo como líder del PRI, y como aspirante presidencial. El proceso interno, evidentemente, sería conducido por el Partido; y éste se encontraba totalmente bajo la tutela y mando del tabasqueño. Sus disidentes formaron un grupo denominado “Tucom”, para contrarrestar el avasallamiento de que serían objeto. Y cerraron filas a favor del gobernador Montiel.
Empero, al abrirse el proceso interno (una elección abierta) para escoger al Abanderado presidencial, un escándalo mediático —sustentado en filtraciones sobre el dudoso origen de una abultada fortuna económica—, desdibujó al Mandatario mexiquense como precandidato presidencial. La sospecha sobre el origen madracista de la filtración nuevamente cimbró al priismo. Finalmente, en una batalla prácticamente en solitario (su único adversario fue Everardo Moreno), Madrazo Pintado se convirtió en Abanderado presidencial priista.
Hizo una campaña aparentemente holgada. Pero el retiro de los apoyos de todos los gobernadores del Tucom —con la posterior negociación de sus apoyos electorales al PAN y la candidatura de Felipe Calderón—, la feroz venganza y persecución que desató en su contra la Dirigente nacional del magisterio, y la fermentación de los enconos y frentes de guerra que abrió en el afán de obtener la candidatura presidencial, llevó a Madrazo y al tricolor, a sufrir la peor y más vergonzosa derrota de su historia en una elección presidencial.

RIESGOS DEL
AVASALLAMIENTO
Roberto Madrazo hizo una campaña presidencial basada en el avasallamiento. Al final, la mayoría de los gobernadores y factores de poder en el priismo, le negaron su apoyo por una razón elemental: no le darían la posibilidad de llegar a la Presidencia de la República, a un hombre que los coaccionó, que trató de pasarles por encima, y que provocó conflictos irreconciliables.
Esto porque lejos de ponderar cualquier beneficio político o económico por tener un presidente priista, darle ese poder a Roberto Madrazo habría significado empoderarlo, consolidar la validez de sus manotazos, y darle las pautas para la repetición del avasallamiento y prácticas duras que les aplicó en la lucha interna de 2005 y 2006. Por eso todo, prácticamente todo el priismo del norte del país le dio la espalda a Madrazo, y éste perdió los comicios estrepitosamente.
Ese, sin exagerar, podría ser uno de los escenarios del priismo en la sucesión gubernamental de Oaxaca para 2010. Nuevamente, como entonces, al inicio los grupos de poder manifestaron su disposición para emprender un proceso interno enmarcado por la democracia, por las reglas claras y por la equidad; pero en la práctica, es evidente que unos están tratando de avasallar y aplastar a los demás, y que eso está generando una tensión que llegaría al grado de las traiciones, las componendas y las rupturas.
¿Por qué? Porque parte de la naturaleza del poder, es la de la supervivencia y la negociación. Si dentro del tricolor no se establecen los márgenes necesarios de negociación, equidad y concertación, y más bien se fragua una imposición donde debería existir una elección, entonces es más probable que los damnificados busquen depositar su poder y sus posibilidades de triunfo, en fuerzas distintas a las iniciales. Es decir, entre sus antiguos adversarios con quienes, paradójicamente, sí encontrarían voluntad de negociación.
En 2006, las divisiones que generó la imposición de Madrazo fueron irremediables. El Tucom fue un adversario silencioso del madracismo. El gordillismo y el SNTE también. Y lo mismo todos a los que antes ya había atropellado. Eso se podría repetir ahora, si lejos de conciliar y competir, de nuevo se prefieren la descalificación, los manotazos y la imposición.

EL PASADO, HOY
Eso lo deberían saber todos los que impulsan, hoy, una precandidatura —la del diputado federal Eviel Pérez Magaña— que rompe con todas las reglas del proceso interno en el priismo de Oaxaca. Se equivocan los que piensan que pueden pasar por encima de todo y de todos, y que luego la “institucionalidad” de los priistas hará su trabajo mágico para que los avasallados se sumen. Al contrario: con eso generarán traidores y enemigos que sobrevivirán. Aún a costa de ellos.
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Proceso interno tricolor: la legitimidad en riesgo

+ Contienda o avasallamiento: dilema de aspirantes

 

Hace poco más de un mes, los aspirantes priistas a la gubernatura dieron muestra de una voluntad democrática y de equidad, que hoy se encuentra en grave riesgo. El 4 de noviembre pasado, la cúpula del Partido Revolucionario Institucional presentó a quienes considera como los seis personajes con posibilidades de alcanzar la postulación a la gubernatura. Ahí, todos refrendaron promesas de respeto, igualdad y pluralidad que no se han cumplido.

El asunto no es menor. A 34 días de distancia de ese encuentro, es visible que el priismo se encuentra en un grave riesgo de fractura, y que la intención de que la contienda interna fuera abierta y civilizada, hoy está cancelada. Es claro que las reglas mínimas de equidad fueron violentadas sin ninguna discrecionalidad. Y que más allá de las fobias, filias y “apoyos manifiestos” a los aspirantes, es el proceso mismo el que se está sometiendo a un cuestionamiento dañino e innecesario. Veamos por qué.

Cuando el 4 de noviembre se reunieron en una comida con el delegado del CEN del PRI, Carlos Jiménez Macías, José Antonio Hernández Fraguas, José Antonio Estefan Garfias, Eviel Pérez Magaña, Adolfo Toledo Infanzón, Jorge Franco Vargas y Martín Vásquez Villanueva, unos y otros manifestaron que el proceso de elección del candidato a Gobernador sería democrático, civilizado y equilibrado. Justamente, esa reunión pretendía dejar en claro que en dicho partido se respetarían los tiempos, y que la competencia se daría en un escenario de equidad en el que todos tendrían las mismas oportunidades de posicionamiento ante el electorado.

Esas promesas no se han cumplido. La razón es hoy evidente. Pues más allá del exacerbado dinamismo que le han impregnado a la actividad legislativa del diputado federal Eviel Pérez Magaña, es claro que sus más cercanos consejeros y colaboradores, ya lo hicieron entrar en una ruta peligrosa que, seguramente, no tendrá regreso ni forma de resarcimiento.

Esa ruta, evidentemente, es la de la confrontación, la diatriba y el intento de avasallamiento. A nadie debería preocupar que manos oscuras estén costeando la compra de importantes espacios en la mayoría de los medios de información estatales y del Distrito Federal; que algunos de los que apuestan políticamente a su favor, le hayan tendido puentes para comenzar a ser mencionado de forma importante como un aspirante a la gubernatura; ni que todos los días se sumen a su aspiración personajes de la política y la administración pública local. Eso es lo de menos.

El problema, en realidad, es que la construcción de una imagen mediática, y el posicionamiento de que está siendo objeto, está rompiendo gravemente las reglas mínimas de equidad y de mesura que sí están guardando sus demás oponentes. Lo que el diputado Pérez Magaña y su equipo de colaboradores está intentando, en realidad, es generar una percepción de simpatía y decisión respecto de la candidatura a Gobernador, y a partir de ello avasallar a todos sus oponentes.

En una segunda vertiente, ellos ya entraron en una ruta sin regreso de ofensas y descalificaciones a sus adversarios que, aunado con la estrategia anterior, están generando una tensión importante entre los demás aspirantes.

 

PROCESO ENRARECIDO

La millonaria inversión que se está haciendo en la construcción de la imagen y el sustento político del diputado Pérez, sería motivo suficiente para enrarecer el proceso y la serenidad que debería prevalecer entre los demás aspirantes.

Sin embargo, hoy es claro que a todo esto se le deben sumar los intentos de “cargada”; las descalificaciones directas de las que, a través de filtraciones de prensa, ha hecho objeto a más de uno de sus oponentes; y la circunstancia irrebatible de que hoy pretenden conseguir por medio del sometimiento y la imposición lo que podrían estar construyendo a través de alianzas con los verdaderos priistas de influencia, son motivos suficientes para considerar que hoy el proceso interno del tricolor se está alejando gravemente de los anhelos democráticos y de civilidad, que los seis aspirantes hicieron patente hace apenas un mes.

Hoy, el equipo de campaña y los estrategas electorales del diputado Pérez Magaña parecen estar olvidando que el riesgo final para él, para los demás aspirantes, y para su propio partido, se llama ruptura. Es el paso previo a la derrota. Él y su equipo deberían considerar que las descalificaciones y el avasallamiento del que está pretendiendo hacer objeto a los demás aspirantes, en el futuro cercano se traducirá en inmovilidad, fracturas y aversiones.

Los cercanos al diputado Pérez han filtrado, por ejemplo, la posible “repartición” de cargos políticos entre los cinco aspirantes actuales, cuando él sea Gobernador. Del mismo modo, más de uno se siente agraviado por ciertas descalificaciones que no tienen otro origen más que el del “manejo de medios” de uno de sus oponentes. Todos, en el disimulo, manifiestan su molestia por la negativa a seguir las reglas de equidad que se habían refrendado.

Todo eso va a generar efectos adversos: muchos de los agravios y descalificaciones que ocurren actualmente, no serán olvidados ni resarcidos por intentos de “cicatrización” que se hagan en el futuro. La subsistencia de esa estrategia no hará más que terminar de llevar el proceso al cuestionamiento sobre sus propios métodos democráticos, y a los contendientes a la confrontación directa e irreconciliable.

En esas condiciones, al diputado Pérez finalmente le será imposible sumar a los verdaderos factores de poder y trascendencia en el priismo. Es decir, a los otros 5 aspirantes. Lo primero que tendría que ponderar, es si quienes hoy lo apoyan y aconsejan, son quienes verdaderamente le darán sustento a su campaña y podrán llevarlo a la victoria.

Ir a una elección sin el sustento de ninguno de los priistas que se quedaran en el camino, en Oaxaca y en cualquier sitio, sería una misión de muy alto riesgo. Quién sabe si el diputado Pérez, con sus estrategias y su equipo actual, tengan el sustento suficiente para lograr, en esas condiciones visibles y predecibles, la hazaña del triunfo arrollador que necesita.

 

¿MODERACIÓN?

Del mismo modo, quién sabe si haya aún tiempo y oportunidad para la moderación y el respeto a las reglas. Quien las rompe, es el primero que tiene que soportar las consecuencias. Nadie regatea el intento legítimo de construir las posibilidades de un aspirante; pero era innecesario meter al proceso a esta dinámica de confrontación que, finalmente, afectará el proyecto común del priismo.

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Gabino: dos condiciones para erigir la Coalición

+ Robles Montoya: asesor de doble moral para GC

Desde hace varias semanas se ha hablado con insistencia del momento en que se erigirá la llamada Coalición opositora, entre los partidos De la Revolución Democrática, Acción Nacional, Convergencia y del Trabajo. Se ha señalado de las seguridades que existen tanto en el equipo del senador Gabino Cué Monteagudo, como en las propias fuerzas políticas de que él será el Abanderado. Pero poco se ha hurgado en relación a las condiciones impuestas entre esos grupos, para afianzar la unión de fuerzas e institutos políticos rumbo a los comicios estatales del próximo año.

Largamente se anunció la intención común tanto de Acción Nacional, como de los grupos que apoyan al senador Cué, de anunciar formalmente la conformación de la Coalición opositora, una vez que en el Congreso de la Unión concluyera la discusión sobre el Presupuesto del próximo año. Cuando dicho anuncio no llegó, se dijo que el CEN panista había impuesto una condición al Senador por Convergencia para hacer válido el anuncio.

Dicha condición era —según reportaron diversos medios de Oaxaca y la capital del país como eco de los comentarios hechos por los propios involucrados— que Cué Monteagudo realizara un deslinde abierto de las acciones, ideas y discursos del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien continúa sin reconocer al gobierno del presidente Felipe Calderón, y realiza una intensa actividad proselitista por territorio oaxaqueño.

Esa condición, hasta ahora, no se ha cumplido. Sólo que en realidad ya se sabe entre quienes están trabajando en la conformación de la Coalición, que dentro de no pocos días comenzará a darse un nuevo viraje en el discurso del senador Cué, en relación no sólo a López Obrador sino también a la viabilidad de ir hombro con hombro con AN a los comicios. No será, dicen, una ruptura y seguramente tampoco un deslinde: Cué tratará de disimular del modo más “terso” posible la distancia que tome de AMLO, para así cumplir con la condición que le impuso el panismo.

Sin embargo, hoy se sabe que hay una condición más que impuso no sólo el panismo, sino que habría salido directamente de Los Pinos: que el senador Cué aparte de toda relación con AN al diputado local convergente, Benjamín Robles Montoya. ¿Por qué? Aunque pareciera una exageración que el PAN le tomara esa importancia a un personaje de segundo nivel como Robles, aseguran que en la Casa Presidencial tienen referencias exactas de sus intrigas, mañas y “métodos de trabajo”.

En efecto, aseguran que la aversión del presidente Felipe Calderón hacia Robles Montoya es añeja, y data de hace más de una década. En 1995, el hoy Presidente de México fue candidato a la gubernatura de Michoacán. Esos comicios los perdió ante el candidato priista, Víctor Manuel Tinoco Rubí. Robles Montoya, según consta en abundantes reseñas periodísticas que se encuentran disponibles en Internet, era uno de los operadores más eficaces del entonces Senador por el tricolor, en cuestiones de espionaje y recopilación de información sobre sus adversarios políticos. Estaba bajo el mando del veracruzano Juan Benito Coquet Ramos.

Coquet y Robles Montoya, durante la campaña proselitista de ese año, hicieron objeto de todo tipo de intrigas, vigilancia e investigaciones a los adversarios de Tinoco Rubí, para determinar sus movimientos, estrategias y acciones. Aseguran que uno de sus vigilados —y éste lo sabía— era Calderón Hinojosa.

Luego, durante el gobierno del priista, Robles fue parte de un grupo de espionaje conocido como “La Legión Extranjera”, que se encargó de hostigar y atemorizar a todos los opositores del régimen gubernamental. Todo eso siempre fue sabido, vivido y padecido por el ahora presidente Calderón Hinojosa, y por eso quiere a Robles Montoya fuera de toda relación con Cué Monteagudo, y de cualquier responsabilidad en la Coalición opositora de Oaxaca.

DOBLE MORAL

Esa parte de la historia de Robles Montoya, la de su pasado priista y su estrecha vinculación con el gobierno de Tinoco Rubí en Michoacán. Las “actividades” poco decorosas que entonces realizaba, los antecedentes que ahí dejó, y la reputación nada decorosa que se ganó por todo ello, hoy contrasta con la imagen de demócrata y opositor firme que hoy pretende arrogarse. En su paso por Oaxaca, es uno de los que más ha ganado con la imagen del senador Cué.

Hoy, su propia actuación en el Congreso del Estado puede dar cuenta puntual de todo eso. A lo largo de los poco más de dos años que lleva en funciones la LX Legislatura, es quien ha demostrado de mejor modo que se puede transigir con el oficialismo en aras de sostener una imagen de opositor que amague, pero sin convertirse en una incomodidad real para los detentadores del poder. Los hechos hablan por sí mismos.

Un ejemplo. Hace cinco semanas, cuando la Legislatura del Estado en pleno viajó a la ciudad de Puerto Escondido para realizar allá la ceremonia con la que se elevaría dicha población al rango de Ciudad, Robles Montoya prometió no sólo sabotear la ceremonia a la que asistirían los representantes de los Tres Poderes del Estado, sino incluso gritar —y “escupir” si fuera posible— a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. Tal amenaza nunca se cumplió.

¿Por qué? Porque no fueron razones políticas las que motivaron y cancelaron su fervor como representante de la oposición. En realidad, el Diputado convergente se encontraba molesto porque “algo” había ocurrido por esos mismos días en relación al proceso judicial que se le sigue a su hijo por un homicidio culposo. Un día antes, afanoso, Robles Montoya se encontraba transmitiendo su amenaza lo mismo al Procurador de Justicia que al Secretario General de Gobierno. Aseguran que ambos funcionarios atendieron algunas de sus peticiones, y éste apaciguó por completo su ánimo reivindicador de las causas opositoras.

NEGOCIADOR

Esa es la misma estrategia —la de llevar asuntos personales a las arenas políticas para darle a todo un matiz de persecución por parte del Estado, pero capitular por completo cuando llega a un buen arreglo— que ha ocupado a lo largo de los años que ha figurado en el escenario político de Oaxaca. Sólo sabe hacer ruido, pero nunca ha podido acabar —porque no es su intención— con las prácticas corruptas de quienes detentan el poder en Oaxaca. Veremos qué hacen él y el senador Cué ahora que es condición que se alejen, para que se conforme la Coalición.

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Oaxaca, edén de la violencia y la impunidad

Pasaban apenas de las siete de la noche, cuando el 1 de diciembre pasado fue acribillado, en el restaurante de un hotel a las afueras de la capital oaxaqueña, el dirigente de mercaderes, Roberto Mendoza López. Un homicida solitario ingresó al lugar cubierto de un pasamontañas, se acercó a su objetivo y disparó en más de seis ocasiones un arma de fuego calibre 22. En el ataque, Mendoza perdió la vida y su esposa resultó lesionada. El atacante pudo escapar tranquilamente, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero, ni de las razones que lo llevaron a cometer el crimen.

Esta es la historia que, en los últimos años, se ha repetido hasta el cansancio en la entidad oaxaqueña. Desde hace por lo menos un lustro, una serie de homicidios han ocurrido sin que hasta el momento existan avances en la investigación, determinación de hechos concretos o captura de presuntos responsables. En prácticamente todos los hechos, tanto los cuerpos de seguridad pública, como las instancias de procuración de justicia, han prometido realizar indagatorias exhaustivas, pero sólo han entregado impunidad, violencia y silencio que se convierte en complicidad. Así, Oaxaca es hoy un auténtico paraíso para la violencia y los ajustes de cuentas que nunca son aclarados ni perseguidos por la autoridad.

En este sentido, es imposible justificar la violencia como también lo es justificar la impunidad. Una y otra vez, han ocurrido hechos graves relacionados con ajustes de cuentas, en los que no sólo han ejecutado a posibles personajes relacionados con problemas sociales, políticos o incluso con el crimen organizado, sino que también han atacado a personas inocentes que por una causa circunstancial se encontraron en un mal momento, en el sitio equivocado. Hasta el momento, el común denominador es el mismo: la impunidad galopante.

Mientras, la autoridad ministerial y de seguridad pública asegura que este tipo de problemas son “normales”. Señala que el fenómeno criminal tiene sus altas y sus bajas, y que ni el mejor trabajo de inteligencia tiene la capacidad de anticiparse a los hechos. Por su parte, en la Procuraduría General de Justicia, se justifican argumentando que las investigaciones ministeriales no son sencillas de realizar, que ellos se enfrentan a innumerables retos y riesgos que complican y retrasan la entrega de resultados. Incluso, en más de una ocasión pretenden evadir sus responsabilidades a través de señalamientos infundados y anticipados con los que buscan explicar hechos sobre los cuales ni ellos saben cuál fue el móvil y los motivos reales.

El problema es que, al no detener la ola criminal, esta se sigue reproduciendo. Hace apenas unos años, aquí no ocurrían hechos violentos en la magnitud que actualmente suceden. La autoridad no era retada y vulnerada con tanta facilidad como lo hacen ahora. Así, es evidente que la propia permisividad y pasividad de quienes tienen en sus manos la tarea de velar por la justicia, ha estimulado la reproducción de esos hechos inadmisibles, que día a día se siguen reproduciendo ante la certeza de los criminales de que la autoridad no tiene la capacidad de investigar; que tiene miedo, o que simplemente no se quiere meter en problemas. Mientras, las ejecuciones y demás hechos de violencia continúan ocurriendo, ante el silencio cómplice de quienes deberían pero no procuran ni la seguridad ni la justicia.

¿Qué o hasta cuándo habrá que esperar para que el esclarecimiento de un ilícito tan grave como una ejecución, sea cuestión de hechos y no de discursos y promesas a las que ya nadie cree? ¿Cuándo habrá la posibilidad de tener certeza de que las autoridades darán con los autores materiales e intelectuales de hechos de ese tipo? ¿Llegará algún día el momento en que la justicia sea una certeza y no un anhelo aparentemente imposible de realizar?

 

HOMICIDIOS VIOLENTOS

El asesinato de Roberto Mendoza López viene a sumarse a una cadena de hechos violentos que nunca fueron aclarados. Hace menos de un año, el 23 de enero pasado, fue asesinado en condiciones más o menos similares el ex coordinador de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, Aristeo López Martínez.

Al igual que en la ejecución de Mendoza, el homicidio de López ocurrió no en un despoblado ni en una zona de difícil acceso, ni a una hora de muchas dificultades. En el primero de los casos, el hecho ocurrió apenas entrada la noche en un sitio medianamente concurrido que no se encuentra lejos de la capital oaxaqueña, ni fuera del alcance eficaz de las autoridades y corporaciones policiacas. En el segundo, ocurrió en una transitada calle a plena luz de las primeras horas de la tarde.

Algo más o menos similar ocurrió un año antes del homicidio de Aristeo López, cuando fue ejecutado el también mando policiaco, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz. Dicho funcionario fue ultimado una mañana de enero de 2008 en la entrada del parque recreativo El Tequio. En el lugar, las ráfagas de armas de fuego de alto poder alcanzaron a dos de sus escoltas, y a otras dos personas que en ese momento realizaban sus ejercicios matutinos, pero que nada tenían que ver con el hecho.

En medio de esos hechos ocurrieron otros que tampoco fueron aclarados por la autoridad. El viernes 8 de marzo de 2008, en el Paseo Juárez, en pleno corazón de la capital y siendo más o menos las 16 horas, fue acribillado por varios sujetos que portaban armas de alto poder, el comandante de la entonces Policía Ministerial del Estado, Ricardo Rodríguez Silva.

Un año antes, en junio de 2007, nuestro compañero reportero de TIEMPO, Misael Sánchez Sarmiento fue atacado violentamente en inmediaciones de su domicilio, por un solitario sujeto que pretendió asesinarlo. El Reportero salvó la vida de milagro, pero la intención real de su atacante era la de privarlo de la vida. Meses después, tres papeleros del diario El Imparcial, fueron ultimados a balazos en una carretera de Salina Cruz, en la costa istmeña de Oaxaca. Así, la lista de ejecuciones, atentados y ataques parece interminable. Esos hechos son los que, por su trascendencia, conmocionaron a la sociedad. Pero es evidente que en esos y muchísimos otros ataques la voz cantante la ha llevado la falta de investigaciones y respuestas y, por tanto, el predominio de la impunidad.

 

AUTORIDAD, EN SILENCIO

La sociedad oaxaqueña ha clamado con irritación la urgencia de que las autoridades cambien su actitud, asuman sus funciones con el valor que se requiere, y abatan realmente la impunidad que tanto daño le hace a Oaxaca. Se han invertido cientos de millones de pesos en recursos públicos, para establecer una policía más profesional, científica y confiable que tenga la capacidad de reaccionar con eficacia ante los momentos de crisis, y que cuente con los hechos necesarios para garantizar la seguridad, para procurar la justicia y para establecer móviles, paraderos e identidades que lleven a una verdadera acción de la justicia. Es poco lo que ha ocurrido.

Eso mismo puede decirse de la Procuraduría. A pesar de que la unificación del mando policiaco le habría de permitir centrar sus funciones en la investigación y persecución de delitos, esto pareciera que ha terminado de desarticular sus funciones. Hoy los funcionarios de la Procuraduría, comenzando por su titular, Evencio Martínez Ramírez, son muestra clara de la inoperancia, los temores y la imposibilidad de cumplir con sus funciones. Antes que ofrecer explicaciones claras a la sociedad por sus nulos resultados, quienes integran la PGJE se han especializado en encontrar argumentos que justifiquen su inoperancia, sus limitaciones y las acciones fallidas que, según, han emprendido para mejorar sus atribuciones y funcionamiento.

 

IMPUNIDAD CONSOLIDADA

Tanto la Procuraduría Estatal como la ahora Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca cuentan con recursos millonarios para realizar sus tareas, y tienen a su alcance todas las herramientas legales que ellos mismos solicitaron al Congreso del Estado para la mejor realización de sus funciones. En uno y otro caso, los objetivos y planes de trabajo han sido incumplidos.

En el caso de la SSPE, los actuales mandos policiacos y funcionarios aseguraron, hace más de un año y medio que arribaron a Oaxaca, que el modelo de seguridad pública que emprenderían tendría como base una modificación integral de los esquemas tácticos de operación, y el establecimiento de rigurosos mecanismos de control de confianza, que garantizaran la eficiencia y confiabilidad de sus agentes.

Sin embargo, en lo táctico parece que se ha hecho muy poco, pues casi todos los esquemas operativos del pasado continúan aplicándose cotidianamente. En el caso de la confiabilidad de los agentes, éste es un proceso que ha avanzado con una lentitud alarmante. Con sólo cuatro polígrafos y equipos de análisis, pretenden examinar a los más de siete mil agentes que integran las corporaciones policiacas estatales.

El caso de la Procuraduría es aún peor. Es sabida y visible la lejanía entre el procurador Martínez Ramírez y los mandos de la SSPE; en todos éstos, lo primero que tendría que existir es interlocución fluida y comunicación permanente. Hoy, esos dos entes que debían estar unificados, están más distantes que nunca. ¿Qué significa esto?

Que la indagación de los delitos no es tan eficiente como debía; que los vicios de ambas corporaciones se unificaron junto con el establecimiento de un mando único; que no existe coordinación; y que, en resumen, cada uno de esos entes hace lo que quiere.

El resultado se llama impunidad. Cada uno de los hechos que —por acción u omisión— se quedan sin investigar y aclarar, son un premio para quienes actúan libremente liquidando a personas que, por alguna razón, les son inconvenientes o con las que tienen cuentas pendientes. La autoridad ha demostrado en reiteradas ocasiones su imposibilidad de cumplir con los deberes que le mandan las leyes y la sociedad. El problema es que en medio de ese fuego cruzado y riesgo permanente, se queda una sociedad oaxaqueña incrédula de las promesas de seguridad, y azorada por la violencia y la impunidad que prevalece en esos hechos.