+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Comicios: ¿Sección 22 querrá seguir negociando luego de boicot?

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Quema de casillas

+ Un error, que Segob asuma que nada pasó y reinstale negociación


 

La incógnita no era sólo qué iba a ocurrir ayer domingo ante la llegada de fuerzas federales para resguardar los comicios en Oaxaca, sino qué pasará a partir de hoy lunes, cuando todo vuelva a la normalidad y se intente recuperar la mesa de negociación establecida en la Ciudad de México entre la Sección 22 y la CNTE, con el gobierno federal. Pareciera que la presión ejercida por el magisterio la última semana marcó un punto sin retorno en su relación con el gobierno federal. ¿De verdad podría ocurrir esto?

En efecto, toda la semana pasada la Sección 22 ejerció acciones de sabotaje sin precedentes. Como nunca antes lo había hecho, cerró por completo las instalaciones de Petróleos Mexicanos que sirven para el abastecimiento de combustibles en la región de valles centrales; tomó las 11 sedes del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca; anunció el boicot total a los comicios de ayer domingo; y en más de un caso saqueó las oficinas donde se resguardaba la papelería y material electoral, expulsó a los elementos castrenses que cuidaban la paquetería, y provocó un verdadero caos al involucrar directamente a la ciudadanía en sus acciones.

Los oaxaqueños nos sentimos, durante todos esos días, en el abandono. El gobierno de Oaxaca asumió una actitud totalmente pasiva frente a los hechos; el gobierno federal continuó negociando —incluso hasta la ignominia— para tratar de contener la beligerancia magisterial; pero mientras la Sección 22 endurecía cada día más sus acciones y posiciones, llegando al grado de querer ser ellos quienes decidieran qué estaciones de servicio de la ciudad y la zona conurbada sería surtidas de combustible por Pemex, y en qué momento se abrirían y cerrarían las puertas de la Terminal de Abastecimiento y Reparto ubicadas en Santa María del Tule.

La pasividad federal se terminó el viernes. Sin anunciar directamente que la movilización de tropas del ejército y fuerzas federales se hacía por la extrema beligerancia magisterial, la tarde del viernes Gobernación emitió un comunicado firmado directamente por el Secretario de Gobernación. En el boletín, se señalaba que el Gobierno de la República había iniciado un operativo a nivel nacional “con el objetivo de garantizar a los ciudadanos las condiciones que les permitan ejercer su voto de manera libre y pacífica en todo el país”.

“El despliegue, en el que participan elementos del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y de la Policía Federal, se enfocará especialmente en la región sur-sureste, y en particular, en el estado de Oaxaca. Estas acciones se llevan a cabo en el marco de los esfuerzos que desde octubre del año pasado, se realizan en coordinación con las autoridades electorales y los gobiernos locales, con la finalidad de que todos los mexicanos puedan acudir a las urnas en condiciones de tranquilidad”.

Como puede verse, en ese breve comunicado de tres párrafos no se hizo ninguna referencia a la vertiente política que tenían esas amenazas a la jornada electoral, y tampoco a la capacidad de fuerza desplegada.

Gobernación no dijo, específicamente, que al menos en Oaxaca la principal amenaza a la jornada electoral no estaba en la delincuencia organizada, en las autodefensas, o en la propia y espontánea irritación ciudadana —todas, manifestaciones que sí ponían en riesgo la jornada electoral en otros estados—, sino específicamente en un grupo denominado Sección 22 del SNTE, que no amenazaba los comicios sino que ya tenía montado todo un despliegue táctico para impedir la elección.

Y en el comunicado, Gobernación tampoco informó que el despliegue policial y militar desplegado, era de casi el triple de elementos que arribó a Oaxaca cuando se decidió restablecer el orden luego de seis meses de conflicto magisterial y popular, a finales de octubre de 2006. En aquel momento fueron cinco mil elementos los que vinieron a la capital oaxaqueña a recuperar calles y oficinas públicas. En esta ocasión fueron más de 14 mil elementos los desplegados en la entidad, porque los brotes de violencia podrían darse en varias regiones de la entidad.

 

EL JUEGO DE LAS PERCEPCIONES

Con el solo hecho de ver la cantidad de fuerza desplegada por el gobierno federal, la Sección 22 anunció la misma noche del viernes un “repliegue táctico” abandonando voluntariamente las instalaciones de Pemex que tenía tomadas, así como algunas de las sedes distritales del INE que mantenía en su poder. ¿La razón? La expresión de fuerza mostrada por el Estado frente a quienes intentaban impedir la jornada electoral.

Luego vino la respuesta. El sábado hubo enfrentamientos entre elementos federales e integrantes de la Sección 22 en Miahuatlán, Tlaxiaco y Tuxtepec. Solos o combinados, esos hechos no fueron suficientes para suspender la jornada electoral, pero sí para generar una percepción de caos que le convenía mucho a quienes querían boicotear los comicios.

Ayer mismo, en la capital oaxaqueña hubo una marcha de la Sección 22, en la que atacaron una casilla electoral y quemaron papelería electoral en un mitin que realizaron en el zócalo de la capital oaxaqueña. De nuevo, lo hecho no era suficiente para generar la suspensión de la jornada. Pero el eco, el amarillismo y el morbo que generaron esas acciones —y su difusión descontrolada, en varios casos convirtiendo a algunos medios en aliados ¿involuntarios? del magisterio— alimentaron el miedo de mucha gente, que prefirió no salir a votar.

Con ello se consumó una especie de boicot parcial a la jornada electoral, generada no por expresiones de violencia generalizada ni por un repudio de la mayoría de los ciudadanos a los comicios, sino simplemente por las percepciones que se generaron y por las acciones específicas para generar incertidumbre e inhibir la participación en la jornada comicial.

Por eso hay una duda fundada de qué pasará a partir de hoy: ¿Luego de todo eso, Gobernación volverá a recibir a la 22 y la CNTE para seguir negociando? Si lo hace, pierde. Y si no, parece que también.

 

DE LUTO

Desde este espacio enviamos un abrazo solidario y nuestras condolencias los deudos de don Samuel Gómez, fallecido el pasado viernes en esta capital oaxaqueña. Sempiterno reportero de El Imparcial de Oaxaca, Gómez fue siempre un reportero dinámico, que marcó todo un estilo en algunos géneros periodísticos hoy en peligro de extinción, como la crónica. Descanse en paz, don Samuel. Respetuosamente.

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