+ El federalismo, derrotado por el chantaje presupuestal de Segob
El llamado “mando único” es una de esas cosas de las que todo el mundo habla, pero nadie sabe exactamente qué es. El año pasado, al proponer un decálogo de acciones para recuperar el Estado de Derecho en el país, el presidente Enrique Peña Nieto propuso fusionar a las corporaciones municipales y estatales de cada entidad, para crear una sola Policía Estatal en cada entidad federativa. La medida era intransitable por el quebranto al federalismo que esto significaba. Y sin embargo, el gobierno federal va nuevamente a la carga a través del chantaje presupuestal para que se cumpla su capricho centralizador.
En efecto, hace un año, luego de la crisis generada por la desaparición de los normalistas, y del escándalo que ocurrió por la revelación del origen y detalles de la mansión que habita la familia del Presidente, éste anunció una serie de medidas para, según, rescatar el Estado de Derecho y que la ciudadanía recobrara la confianza en las instituciones. Así, anunció que el 1 de diciembre de 2014, Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de reforma para crear policías estatales “más confiables, profesionales y eficaces” que sustituirían a “más de mil 800 policías municipales débiles”.
Asimismo, el Presidente envió otra polémica iniciativa para crear una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales. Ambas iniciativas sí fueron presentadas pero, concretamente, ambas resultaron intransitables en las cámaras legislativas que ni siquiera las establecieron como prioridad para su discusión y análisis, a pesar del énfasis que el Presidente les había puesto como asuntos prioritarios para la recuperación de la seguridad pública. Nada se supo de ello, hasta que esta misma semana el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong retomó el tema pero ya no en un sentido propositivo sino desafiante.
Concretamente, Osorio Chong, advirtió que el gobierno federal retirará su apoyo y respaldo a los estados que no cumplan y no integren el mando único policial, a los estados que no demuestren, comprueben y evalúen el mando único. “Se trata de articular esfuerzos en torno a un objetivo primordial, contar con policías más profesionales y contar con la confianza ciudadana en sus autoridades. Se trata de tener corporaciones efectivas, de acompañar a este convenio de esquemas de formación y evaluación permanentes para cada uno de sus integrantes, para lograr nuestro gran objetivo que es contar con policías profesionales y plenamente confiables”, dijo el secretario Osorio.
¿Qué significa esto último? Que el gobierno federal decidió utilizar su recurrido “botón de pánico” presupuestal para obligar a las entidades federativas a crear, de iure o de facto, los mandos únicos; y para —asimismo de hecho o de derecho— tratar de tomar el control fácticamente de las corporaciones policiacas estatales a través de los esquemas que lo que buscan en el fondo, es centralizar la seguridad para que sean las corporaciones federales las que tengan el control de la fuerza pública y, según ellos, puedan realizar una mejor labor de seguridad pública.
ADIÓS FEDERALISMO
La crisis de seguridad que ocurre en varias regiones del país, es eso que teóricamente se conoce como Estados fallidos. Pues de acuerdo con un estudio sobre el concepto y los alcances de los Estados fallidos, editado por la Cámara de Diputados (http://bit.ly/1t3rHcs), lo que se quiere decir, es que un estado “tiene éxito” si mantiene un monopolio en el uso legítimo de la fuerza física dentro de sus fronteras. Cuando este monopolio está quebrantado, por ejemplo, por la presencia dominante de señores de la guerra, de milicias o de terrorismo, la misma existencia del Estado llega a ser dudosa, y se convierte en un Estado que ha fallado o Estado fallido.
El término, dice el estudio aludido, también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha vuelto ineficaz. Es decir, un estado que tiene control nominal militar y policial sobre su territorio, solamente en el sentido de no tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, pero que no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado negro y/o informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley, la ley misma y el interés general, situaciones culturales en las cuales los líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas aunque no compitan con el Estado, y otros factores.
Ahora bien, confrontemos esto con el anhelo vacío del presidente Peña Nieto sobre el federalismo. Pues la pregunta no es si quiere o no promover un federalismo renovado, sino cómo va a hacerlo si las condiciones económicas, sociales, políticas, de debilidad y de inseguridad que prevalecen en el país son alarmantes. Cada municipio, cada estado y hasta la propia federación, demuestran reiteradamente no poder ser capaces de mantener su situación mínima de gobernabilidad y predominancia institucional frente a las calamidades.
Y si a todo esto se le suma ya no una voluntad de colaboración, sino una abierta amenaza a las entidades federativas, entonces el resultado será el desastre que hoy vemos. El gobierno federal tiene razón en reconocer que hay debilidad en las corporaciones policiacas del país. Pero ésta no se arreglará aglutinando todas las corporaciones en un solo mando. De hecho, ésta figura existe en la mayoría de las leyes de seguridad pública de los estados, pero no se ocupa con mayor fuerza, porque hacerlo implicaría romper los límites entre los distintos ámbitos de gobierno. No obstante, parece que la intención no es recuperar la seguridad sino continuar con el ánimo recentralizador que ha caracterizado a la administración federal presente. Debieran primero reconocer sus fallas: concentraron la seguridad pública federal en Gobernación. Y el país sigue siendo un caos, con el añadido de que hasta el Chapo Guzmán está nuevamente en las calles.
UNA “NOTICIA”
En Oaxaca el mando único ya existe desde hace mucho. La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca claramente dispone (artículo 48 y siguientes) que las autoridades municipales tienen el control de las corporaciones municipales sin perjuicio de que el Gobernador pueda asumir libremente el mando de las mismas cuando lo juzgue conveniente.
