Avilés alienta la presunción sobre activismo electoral desde Sedesol

+ Viola la Constitución al hacer propaganda institucional con su nombre

Acostumbrado a ser un individuo que no guarda las formas, Alejandro Avilés Álvarez asumió la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, y menos de una semana después él mismo está reviviendo sus fantasmas sobre actos indebidos. Por un lado, ya sostuvo, en oficinas y con logotipos del gobierno federal, una reunión —de trabajo o social, da lo mismo— con delegados del PRI en la entidad; y desde el inicio emprendió una inexplicable —y poco útil— campaña de promoción personal utilizando recursos institucionales. Avilés viola la Constitución, quizá pensando equivocadamente que en este regreso ya nada puede perjudicarlo.

En efecto, la noche del lunes el autor de este espacio dio a conocer a través de su cuenta de Twitter (@ortizromeroc) una imagen en la que se ve al delegado Alejandro Avilés Álvarez acompañado de un grupo de personas que son ampliamente conocidos como delegados del PRI, pero que carecen de vinculación institucional como empleados, integrantes de organizaciones, o gestores ante Sedesol. Uno de los que aparece en la imagen es Orlando Acevedo, quien fue director de Gobierno durante el breve paso de Avilés por la Secretaría General de Gobierno, y que antes había sido uno de sus operadores políticos precisamente en el PRI. Luego del cese de Avilés, Acevedo regresó a sus antiguas labores políticas dentro de su partido, y hasta ahora no ostenta responsabilidad pública alguna.

En esa lógica, el problema no es que Avilés se reúna con sus amigos, colegas o compañeros de partido, o que lo haga fuera del horario de trabajo. El problema, en realidad, es que lo haga en instalaciones con logotipos del gobierno federal, y que lo haga en medio del cúmulo de sospechas y cuestionamientos —que han alcanzado a toda la clase política estatal, incluyendo al Titular del Poder Ejecutivo en Oaxaca— derivados del reciclaje de un personaje políticamente tan cuestionado, por haber sido un operador electoral acostumbrado a tomar cualquier ventaja posible de las labores que ha tenido bajo su responsabilidad, y precisamente por haber sido colocado en el espacio institucional en el que la entrega de apoyos sociales y de combate a la pobreza, los puede hacer susceptibles de manipulación o coacción, en los periodos de campañas electorales.

Bajo esa perspectiva, parece claro que Alejandro Avilés parece seguir sin entender que la función pública no se conduce de la misma forma que los liderazgos de partido, a los que él está acostumbrado. En los temas políticos, él estuvo acostumbrado a generar una percepción compleja de sí mismo, y a llevar su actuación a los límites con tal de que todos advirtieran sus capacidades y sus alcances como dirigente y operador político. El problema, en este caso, es que la conducción de un servidor público no puede ser la misma de la de un líder político; éste último no está anclado al cumplimiento de ninguna norma ni a la vigilancia de los órganos administrativos de control. El servidor público, en cambio, sí lo está. Y máxime cuando se trata de responsabilidades como las que ahora encabeza.

Por si eso fuera poco, todo servidor público debe estar dotado de legitimidad, que parte del hecho mismo de no tener ni generar cuestionamientos derivado de sus funciones, y de las apariencias. En este último caso, queda claro que Alejandro Avilés no ha aprendido nada. Pues en el entrelazamiento de sus antecedentes como operador político y los cuestionamientos surgidos desde el mismo día que fue nombrado delegado de Sedesol, con las reuniones —sociales, de trabajo, políticas, da igual— que sostiene con los delegados de un partido político, da como resultado el abono al descrédito que tanto debería estar cuidando de evitar para poder sostenerse en el cargo, si es que de verdad algo quiere hacer en beneficio del desarrollo social y de la dependencia que representa en nuestra entidad.

AVILÉS VIOLA LA CONSTITUCIÓN

Hay una especie de moda entre muchos políticos, líderes partidistas y, lamentablemente, también servidores públicos, que los ha hecho tener fotógrafos personales y community managers que se dedican a alimentar permanentemente sus redes sociales con imágenes de sus actividades. En muchos de los casos, esas imágenes son intervenidas para agregarle logotipos oficiales, descripciones y, en el caso de Alejandro Avilés, también su nombre al mismo nivel que los logotipos e identificadores de la Secretaría de Desarrollo Social y del Gobierno de la República.

En su cuenta de Twitter, por ejemplo, Alejandro Avilés tiene, en su calidad de funcionario federal, imágenes de eventos en la costa oaxaqueña, el Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales, entre otros, en las que aparecen los logotipos e identificadores antes mencionados, e incluso el sello alusivo a los 25 años de existencia de la Sedesol, y al lado de ello aparece su nombre completo y una leyenda que dice “Delegado de Sedesol en Oaxaca”.

¿Qué nadie le habrá advertido a Alejandro Avilés que eso puede constituir un delito electoral pero que, además, ello significa una violación franca a lo que establece el artículo 134 de la Constitución federal en materia de propaganda gubernamental? Puede ser una cuestión accidental.

Sin embargo, como es bien sabido, nadie puede alegar el desconocimiento de la ley para justificar su inobservancia. Y en este caso, los tres últimos párrafos del precepto antes mencionado señalan lo siguiente: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”

Es muy probable que nadie le haya dicho a Avilés que ya no es ni líder partidista ni tampoco legislador local, como para seguir siendo ajeno al régimen que establece la Constitución para los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en materia de comunicación social o propaganda gubernamental. Pudiera ser entendible que esté muy contento de volver a la escena política, y que esté tratando de que todos se enteren de su regreso. El problema es que, de nuevo, está haciendo a un lado las normas, y está poniendo en riesgo la ya de por sí desgastada legitimidad con la que asumió el cargo hace apenas unos días.

EL MISMO ERROR, DOS VECES

Al final, las muestras de desdén hacia una actuación personal e institucional correcta y moderada, y la irresponsabilidad en su propia conducción, fue lo que ya lo llevó a perder uno de los cargos más importantes de su carrera política. Quizá esté empeñado en repetir esa misma “hazaña”.