Oaxaca representa uno de los mayores retos para el gobierno federal, por la necesidad impuesta en la ley, y la resistencia de miles de profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE, a la aplicación de la evaluación docente. Este es un proceso que emana de la Constitución y tiene sus bases en la Ley General del Servicio Profesional Docente. De esto, sin embargo, existe un posicionamiento político en contra por parte del sindicato magisterial, que ha establecido como una política el rechazo a la evaluación. Ante esa realidad, vale la pena entender bajo qué mecanismos la Sección 22 presiona y mantiene a miles de sus trabajadores en una resistencia obligada frente a la evaluación.
En efecto, la Sección 22 mantuvo diversos mecanismos de control que fueron ampliamente conocidos y documentados. Desde 1992, cuando el Gobernador Heladio Ramírez López le entregó a la dirigencia magisterial la posibilidad de que éstos nombraran a prácticamente la totalidad de la estructura administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se establecieron las bases para establecimiento de un control disciplinar y clientelar de los más eficaces que se conozcan en nuestro país.
A los trabajadores de la educación se les sujetó desde entonces a un régimen bajo el cual la mejora de cualquier situación administrativa estaba supeditada a la participación en actividades sindicales y, además, la participación sindical condicionaba la estabilidad laboral. A esa simbiosis se acostumbraron los integrantes de la Sección 22, y esa era una de las causas más de fondo por las que el sindicato magisterial se negaba a perder el control que ejercía sobre las cuestiones administrativas en el IEEPO.
En 2006, hubo un primer intento del entonces Gobernador Ulises Ruiz Ortiz por desmantelar esa estructura administrativa emanada de la Sección 22 y enquistada institucionalmente en el IEEPO. Eso motivó, en gran medida, la profundización del conflicto y la revuelta magisterial que había surgido por razón del desalojo del 14 de junio; y finalmente, en aquel entonces en las mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación se estableció la devolución del Instituto a la Sección 22, a cambio de que ésta se separara y desmovilizara para darle cauce a la revuelta que ya era desbordante en la capital oaxaqueña durante los últimos meses de aquel aciago año 2006.
Así, el control clientelar continuó y esto se profundizó cuando, inicialmente, el Gobernador Gabino Cué reconoció la preponderancia de la Sección 22 al interior del IEEPO y prácticamente le terminó de entregar el control administrativo del instituto educativo. La 22, ante la rendición voluntaria de Cué, enloqueció y endureció todos sus controles respecto a los trabajadores, a quienes además obligó a continuar movilizándose pese a que el gobierno les había dado —literalmente— todo. Ello terminó el 21 de julio de 2015, cuando por un decreto —y el respaldo del gobierno federal— el mismo Gabino Cué le expropió el IEEPO a la Sección 22 y estableció nuevas figuras administrativas.
¿Qué ocurrió a partir de entonces? Que la 22 ingenió nuevas formas —la mayoría de ellas, por la vía de la fuerza— para mantener el control de su membresía y seguirlos obligando a cumplir sus determinaciones, a pesar del reiterado llamado del gobierno a los trabajadores de la educación, de que no se dejaran intimidar ya que la Sección 22 había dejado de tener injerencia en las decisiones y trámites administrativos de los trabajadores como condicionante a su participación sindical. Ello lo hacía para invitarlos a la evaluación. ¿Cómo ha sido este proceso de presión y cesión?
CASO REPRESENTATIVO
Los investigadores en materia educativa no han sido ajenos a este fenómeno. Oscar Hugo Faustino Zacarías, investigador de la UAM Xochimilco ha descrito algunos detalles de este control cuasi castrense de la 22 sobre sus agremiados, en un interesante texto denominado “Los retos políticos de la evaluación docente en Oaxaca” (https://educacion.nexos.com.mx/?p=696), y publicado en octubre pasado en el blog Distancia por Tiempos de la edición electrónica de la Revista Nexos.
Al respecto, apunta que el caso más representativo de la oposición a la evaluación docente es el de la sección 22. Dice que en el caso específico de Oaxaca, la etapa actual de los procesos de evaluación está marcada por tres variables que parecen entorpecer la implementación de las evaluaciones: 1) los bajos niveles de participación en los procesos de evaluación; 2) el acoso a profesores que se han evaluado; y 3) las limitantes organizacionales de la autoridad educativa para poder garantizar el cumplimiento de la evaluación.
Respecto al primer punto, los bajos niveles de aceptación de la evaluación se deben a la forma en cómo se edificó la reforma educativa, poniendo en tela de juicio su legitimidad e incluso su legalidad. Asimismo, la inestabilidad en la situación contractual que pudiera derivar de la evaluación es otro factor que incentivó la no participación en los procesos de evaluación, pues participar implicaba aceptar la “derrota” frente a la reforma. La resistencia a dichos procesos hace que no se cumpla con las metas cuantitativas por año que se ha planteado el INEE, al menos en Oaxaca. El hostigamiento a los maestros disidentes de la sección 22 es otro factor que inhibe la participación de los docentes en los procesos de evaluación. Si bien muchos profesores no comulgan con las acciones/decisiones de la dirigencia sindical, continúan en la dinámica sindicalista posiblemente por dos razones: una, debido a la fortaleza que aún ostenta la sección 22 en determinadas regiones y zonas escolares; otra, dado el acoso al que se han enfrentado algunos docentes que se han evaluado. Dicha dinámica se ha encargado de provocar en los espacios dominados por la S-22 un ambiente laboral tenso hacia los evaluados, basado en exclusión, ley del hielo y entorpecer sus trámites administrativos, bajo el entendido de que son charros sindicales. La situación del acoso va de la mano con las limitantes organizacionales del IEEPO que no siempre puede garantizar espacios laborales adecuados para los evaluados. Aunado a lo anterior, estas limitantes se ven reflejadas en que no logran que todos los profesores convocados a evaluarse participen en los procesos de evaluación y tampoco consiguen instrumentar todas las disposiciones legales derivadas de la reforma en términos de ascensos y cambios, pues la inercia y costumbre sindicalista sigue impregnada y dominante a nivel regional, sectorial y de zona escolar, orillando al IEEPO a “adaptar” las reglas del juego.
FELICES FIESTAS
Deseando a nuestros lectores y amigos una Feliz Navidad y un Próspero Año 2018, esta columna toma unos necesarios días de descanso. Nos volvemos a leer el 4 de enero próximo. A todos, les enviamos nuestros mejores deseos junto con un fuerte y afectuoso abrazo. ¡Hasta muy pronto!
