+ Consejeros, con denuncias penales pendientes, carecen de legitimidad
El pasado jueves el Senado aprobó la Ley General de Transparencia que dota de mayores facultades al IFAI, y fortalece el quehacer de los institutos de transparencia en los estados. Se supone que una ley como ésta debería traducirse en grandes beneficios para Oaxaca, al garantizar un efectivo ejercicio del derecho a la información y sentar el precedente del Gobierno Abierto… de no ser porque la Cotaipo atraviesa por una crisis que la tiene herida de muerte y le impide estar a la altura de los retos actuales.
En efecto, si después de todo lo que se ha dicho y escrito de la Cotaipo, quedara pizca de dignidad en los consejeros ya hubieran presentado su renuncia al cargo, para no obstaculizar la auditoría que está por iniciar y por ética personal se someterían a la acción de la justicia. Con ello por primera vez en dos años estarían rindiendo cuentas a los oaxaqueños que demandan una explicación a las camionetas de lujo que estrenaron, a los boletos de avión, al tráfico de influencias y a las facturas apócrifas con las cuales justificaron gastos en el 2013 y 2014.
Pues con el desprestigio a cuestas que enfrentan los tres consejeros Esteban López José, Eréndira Fuentes Robles y Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, quienes en un dudoso proceso de selección y contra todos los augurios fueron impuestos en el cargo en noviembre del 2012 a propuesta de la LXI Legislatura local, impulsados por los tres principales partidos políticos PAN, PRD y PRI, respectivamente, que hoy lamentan la precipitada decisión y buscan enmendar los errores con distintas iniciativas para renovar el Consejo General.
En la tierra que impulsó la transparencia en el país con el activismo y aportaciones del llamado “Grupo Oaxaca” integrado por personajes del medio político, jurídico, académico y periodístico, la sociedad civil se anticipó a los poderes establecidos para garantizar un derecho de avanzada como el de acceso a la información, y logró impulsar la legislación en la materia.
Pero lejos de honrar el antecedente inmediato, los partidos políticos menospreciaron la transparencia y la rendición de cuentas al enturbiar un pretendido procesos democrático de selección, y jugar con cartas marcadas que favorecerían a tres advenedizos carentes de la ascendencia, prestigio y conocimientos mínimos en la materia, a quienes en dos años demostraron con toda claridad que el puesto les quedó grande, y que a su vez el presupuesto de la institución les quedó pequeño para satisfacer sus ambiciones personales, y para saldar deudas añejas.
LAS DENUNCIAS PENALES
El desprestigio que llevan a cuestas no es gratuito. Amén de la opacidad y la parálisis en la que han sumido a la institución, así como las disputas por poder y dinero que existen entre los consejeros López José y Ramírez Ricárdez, resulta que ambos enfrentan procesos judiciales que se empeñan en negar, aunque éstos sean del dominio público.
Pues resulta que aún cuando la mayor fuerza de un órgano (como el de transparencia) para sostener y hacer cumplir sus resoluciones radica en la integridad moral y ética de sus integrantes, en Oaxaca existen denuncias penales por enriquecimiento ilegítimo, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones, que atañen nada menos que a los tres titulares del órgano garante.
Ahora mismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debiera estar investigando las presuntas conductas ilícitas por parte de los funcionarios. En la Averiguación Previa 1166/ AEI/ 2013, se denunció a López José, Eréndira Fuentes y Ramírez Ricárdez por el delito de abuso de autoridad y demás delitos cometidos por servidores públicos.
Más escandalosa aún es la conducta personal de una de las Consejeras —Gema Sehyla Ramírez, solapada hasta ahora por un sector importante del priismo en la LXII Legislatura—, quien suma cuatro denuncias en su contra por parte de ciudadanos, tres de ellas datan de varios años atrás, cuando aún no ocupaba ningún cargo en la administración pública, lo cual contradice la versión que ofrece a los diputados, argumentando que acumula esos procesos por “haber defendido a su partido en los procesos electorales”.
Peca de soberbia o de ingenuidad al creer que ese argumento es verosímil cuando ha tenido disputas con particulares que han parado en los tribunales por temas de amenazas, robo simple y fraude, las cuales hasta el momento permanecen en reserva. Pues ante la PGJE se presentó la denuncia número 583/CH/2007 en contra de Gema Sehyla Ramírez Ricárdez por el delito de amenazas.
Otra denuncia ante la Procuraduría es la número 87/PJ/1999 en contra de la misma Consejera por el delito de robo simple, y una más identificada con el numeral 1299/SC/2003, también en contra de Ramírez Ricárdez por el delito de fraude, mismas que siguen archivadas en la PGJE. Semejantes antecedentes la llevarían en una democracia representativa a ser destituida del cargo por falta de probidad para el servicio público y por carecer de buena fama pública.
Dado el momento histórico para la transparencia en México no se pueden pasar por alto las tres solicitudes de juicio político contra Ramírez Ricárdez que duermen el sueño de los justos en el Congreso local y que al ponerse en marcha concluirían con la destitución inmediata del cargo que le fue conferido por seis años. Al cabo de dos años los consejeros provenientes de los tres principales partidos se caracterizan por los nulos los resultados, por ocultar con artilugios de principiantes el manejo discrecional del presupuesto, por repartir culpas y ocultar los malos manejos debajo de la alfombra a cargo de una consultoría externa que ofrece servicios de contabilidad y asesoría fiscal. Por eso, se puede afirmar categóricamente que ese conjunto de antecedentes está aún lejos de terminar de ser repasado.
AUSTERIDAD, SÓLO EN LA CASA DEL COMPADRE
Eso es lo que les acomoda muy bien a los diputados de la LXII Legislatura, que sin ningún pudor en diciembre de 2013 hicieron hasta principio constitucional el de la llamada “irreductibilidad” del presupuesto del Poder Legislativo. En el fondo, un buen comienzo sería que se hiciera público si en realidad se llevó a cabo la auditoría que la ASE prometió realizar a inicios del año pasado al ejercicio presupuestal del Congreso, y cómo ejercieron esos recursos. Esto serviría al menos para saber por qué los diputados necesitan tantos millones para simular que legislan.
