+ Antes eran las organizaciones; hoy, la bandera la tiene el magisterio
Pasaron las campañas, y en el prolongado ayuno de ideas hubo varios temas a los que los candidatos a las diputaciones federales definitivamente no le quisieron entrar. Nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia, habló por ejemplo de la impunidad, ni de la corrupción, y mucho menos de la llamada “industria del chantaje”. No lo hicieron, a pesar de que Oaxaca es una entidad invadida por esos males sociales históricos, de los cuales el magisterio ha hecho faro para continuar su lucha.
En efecto, nunca va a sobrar insistir: mientras el propio gobierno, la clase política y la sociedad no traben una alianza bien afianzada para combatir la corrupción va a continuar siendo moneda corriente en nuestro estado. A todos nos consta que mientras ese tipo de males no se ha tocado, los daños que eso le provoca a la ciudadanía se han ido ahondando. Pareciera que en la inmediatez de las circunstancias, propios y extraños le han apostado a la prebenda como una forma de apaciguar las pasiones y las ambiciones. Sólo que el resultado ha sido multiplicador en los efectos y divisor en los resultados.
¿De qué hablamos? De que hoy la llamada “industria del chantaje” se encuentra ya no únicamente en sus depositarios tradicionales, como lo fueron en otros tiempos las organizaciones sociales. Todos recordamos que hace varios lustros, la caja grande del gobierno hacia las organizaciones se encontraba no en el otorgamiento de obra pública o en la asignación de proyectos productivos —que en buena medida hoy están depositadas en las instancias de “desarrollo social” y de infraestructura— sino en el chantaje abierto.
Es por eso que la Secretaría General de Gobierno fue por mucho tiempo la instancia encargada de mantener quietas a las organizaciones, en una connivencia de chantaje que, con el paso de los años, evolucionó y se perfeccionó, pero con ello no sólo no disminuyó los daños a la ciudadanía sino que los ahondó. Pues hoy en día, la llamada industria del chantaje sentó sus reales en temas como la asignación y ejecución de obra pública, o el otorgamiento de los llamados “proyectos productivos”, que lejos de beneficiar a las comunidades en realidad han servido para hacer codiciosas a muchas organizaciones, y millonarios a decenas, o cientos de líderes sociales.
Acaso por eso, hoy se desdeña el modelo de gobierno a partir del cual la dependencia encargada de la gobernabilidad y la política interna es la interlocutora entre las expresiones de la sociedad, y las instancias que se supone que deben regular las actividades relacionadas con recursos públicos. Es lo que actualmente se plantea que haga la Secretaría General de Gobierno, pero es lo que los mismos demandantes de un trato legal y democrático en las organizaciones sociales, desdeñan.
¿Por qué? Porque en el fondo todos los que tienen puestos los ojos en el presupuesto público quisieran que las cosas se siguieran arreglando como en el pasado, a partir de simples acuerdos políticos sin sustento y a partir de la práctica del chantaje velado para la obtención de canonjías políticas y económicas.
De ahí que muchas veces sean los mismos servidores públicos de otras áreas —y evidentemente con ciertos afanes políticos— quienes desdeñen la actividad de concertación que se realiza desde la Secretaría de Gobierno, y prefieren participar de la corrupción ganando clientelas y organizaciones sociales, a las que creen que “tripulan”, aunque finalmente terminan provocando muchos más problemas y daños a la ciudadanía, cuando la ambición termina pudiendo más que el supuesto control político que se ejerce sobre éstas.
A estas alturas, habría que entenderlo con claridad: la complicidad entre funcionarios y luchadores sociales se va a acabar, sí, cuando haya mejores leyes e instituciones autónomas que persigan y castiguen los actos de corrupción. Pero también se terminará cuando se caiga en la conciencia de que querer tener gobernabilidad a través del chantaje o las prebendas, es tanto como querer apagar un incendio utilizando combustible.
CORRUPCIÓN, ACEPTADA
Hoy, por la persistencia de prácticas de chantaje, a la población en general se le hace ya muy difícil distinguir cuándo se trata de organizaciones, problemas y demandas legítimas, y cuándo es un abierto acto de corrupción. Tan es así, que hoy en día la misma ciudadanía se sigue preguntando —a pesar de lo evidente de las circunstancias— si las acciones de organizaciones como la Sección 22 del SNTE son legítimas o no. En otra sociedad eso no tendría que pasar, porque cualquier persona, a simple vista, tendría que ser capaz de distinguir entre demandas legítimas y actos de chantaje.
Preguntémonos, por ejemplo, por qué la posibilidad de reprobar las acciones de chantaje de la Sección 22 ha sido tan pobre, mientras el magisterio ejerce verdaderos actos de presión en contra de los tres ámbitos de gobierno para que les satisfagan demandas que no son a favor de toda la ciudadanía. Lo mismo ocurre con quienes abiertamente realizan actos de chantaje para obtener recursos económicos en obras, en proyectos productivos y en programas sociales.
Al final —y eso es lo grave—, nosotros como ciudadanos ya ni siquiera somos capaces de sensibilizarnos con ese tipo de demandas, porque en gran medida puede más la desconfianza —fundada— de si eso que exigen es verdaderamente lo que las comunidades necesitan, o si son mentiras bien defendidas para llenarse los bolsillos de dinero. Ese es un daño colateral que ha traído aparejado el ominoso perfeccionamiento de la industria del chantaje, que además del sentido de la legalidad ya perdió cualquier tipo de vergüenza.
En el fondo, habría sido importante que quienes aspiraban a un cargo de elección popular se pronunciaran sobre ese tipo de cuestiones, y establecieran puntos de referencia sobre su posible actuación frente a esas prácticas. No lo hicieron, porque paradójicamente muchos de los candidatos surgieron justamente de esa lucha social que tanto ha corroído a nuestra sociedad, pero que paradójicamente hoy pareciera que vive sus mejores momentos.
SALARIOS ÍNTEGROS
Lo dicho: el gobierno federal le dio dos nalgadas a la Sección 22, pero nada trascendente. La primera, fue enviarles a la fuerza pública para que se desmovilizaran durante los comicios. tLa segunda, retenerles su pago. Ambas, terminarán en disculpas recíprocas. Y juntos seguirán con el chantaje de siempre. Ya lo veremos.
