+ Guerra de lodo convertida en guerra de odio; son pequeños Trump
Qué bueno que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diera por terminada la disputa legal por la legitimidad de los candidatos a la gubernatura en Oaxaca. Una vez que el asunto legal quedó definido, es importante que la guerra de lodo, convertida en guerra de odio, entre los candidatos, también se modere. ¿No ven que lo que menos necesitamos los oaxaqueños es más confrontación entre nosotros, y que tampoco necesitamos que las ambiciones políticas suplan la decisión de la ciudadanía frente a un proceso electoral como el que ocurre en la actualidad?
En efecto, la tarde del pasado miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, por unanimidad, que Alejandro Murat Hinojosa se encuentra plenamente legitimado como candidato a la gubernatura de Oaxaca por la coalición PRI-PVEM. También, dicho tribunal estableció un criterio claro definitivo sobre la candidatura de Ángel Benjamín Robles Montoya por el Partido del Trabajo, en la que estableció que no había ilegalidad en su postulación.
En el primero de los casos, la Sala Superior del TEPJF ratificó, por unanimidad, la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca al considerar que “ser hijo de padre o madre oaxaqueño (ius sanguinis) es suficiente para cumplir con los requisitos establecidos”. El máximo órgano electoral explicó, en una tarjeta informativa emitida para clarificar los alcances de su fallo, que “considerar válida sólo la ciudadanía de los nacidos y de los residentes implicaría restringir indebidamente el derecho a ser votado del ciudadano hijo de padre o madre oaxaqueño, de ahí la importancia de realizar una interpretación pro persona para potenciar el derecho a ser votado y el principio de igualdad en la participación dentro de los procesos comiciales.”
El Tribunal Electoral reconoció la oportunidad e importancia de la interpretación pro persona de derechos realizada por el Tribunal local “a efecto de considerar nativo del estado de Oaxaca por tener la calidad de ciudadano oaxaqueño a Alejandro Ismael Murat Hinojosa, y así tener por acreditado tal requisito previsto en el artículo 116, fracción I, de la Constitución Federal, para contender al cargo de Gobernador de esa entidad postulado por la Coalición Juntos Hacemos Más en el proceso electoral ordinario local 2015-2016″.
En el caso de Robles Montoya, la Sala Superior también refrendó lo que desde el primer momento dictaminó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en el sentido de que la candidatura de Robles Montoya no era inconstitucional porque el ex perredista nunca incurrió en el supuesto prohibido por la ley, de participar simultáneamente en los procesos de designación de candidatos de dos partidos políticos.
Más bien, reconoció la Sala Superior, Robles Montoya sí participó en el proceso perredista, pero no así en el del PT, porque éste definió su candidatura después que el PRD y lo hizo a través de un mecanismo en el que hubo una designación pero sin realizar ningún tipo de competencia entre sus militantes o simpatizantes por dicha candidatura.
QUE HABLEN LOS VOTOS
Hemos advertido el riesgo que implica la tentación de algunos partidos por litigar en los tribunales lo que no quieren dirimir en las urnas, con votos. Esa tentación ha tenido como finalidad el tratar de sacar de la competencia electoral a uno o más de los aspirantes, pero no a través de la descalificación democrática, sino de la previa. Ésta vía la han buscado insistentemente a través de la acción en los tribunales.
De hecho, si repasamos la historia del presente proceso electoral encontraremos que el único candidato que no intentó esa vía fue Alejandro Murat, pero que tanto José Antonio Estefan Garfias como Benjamín Robles Montoya maniobraron de todas las formas posibles para sacarse a sí mismos de la contienda, y también de eliminar a Murat que es —o debiera ser— el auténtico adversario común de sus respectivas candidaturas. Con este fallo, el tema legal quedará superado, aunque no así la campaña de odio ampliamente desplegada, que también debiera frenar para dar paso a otro tipo de argumentos. ¿De qué hablamos?
De que durante casi toda la primera mitad de la campaña, hubo una verdadera guerra generadora de odio en el único espacio que ha escapado de la dieciochesca regulación de las autoridad electoral: el espacio virtual y las redes sociales. Ahí se desató una guerra feroz por descalificar a los candidatos respecto a su origen, su aspecto o su supuesta “clase social”. Según los abanderados, ésta era una forma de ganar terreno en la lucha electoral. Sin embargo, lo único que consiguieron fue revivir el viejo esquema del clasismo que ha sido tan traumático para los mexicanos, aderezado con otro ingrediente aún más indeseable: la xenofobia.
El gran mensaje del tribunal electoral, es que todos están legitimados para participar; que paren las campañas de odio, y que todos se preparen para la expresión ciudadana traducida en votos. Así debió ser desde el inicio. Muy a pesar de los propios candidatos.
LA FAMILIA REAL
Eduardo Bautista insiste en que su perfil académico lo avala como candidato a Rector, y no se equivoca. Justo por ese perfil, y por su nula experiencia política, es que su tío Abraham Martínez Alavés, lo eligió como posible sucesor. Pretende extender su maximato, ahora con su sobrino al que, con ayuda del gobierno, ahora pretende utilizar como Rector fachada. Abundaremos.
