+ Ahora gobierno debe ser también aliado de afectados por el conflicto magisterial
Cualquier concertación con la Sección 22 es permanentemente compleja, porque dentro de sus bases fundamentales de negociación radica en nunca dar pasos atrás. Ello implica que no sólo que el magisterio siempre verá como parciales e insuficientes los ofrecimientos gubernamentales, sino además que en la siguiente negociación querrá ir por más. Eso queda claro hasta en sus consignas. Y en eso radica un problema grave como el que ahora ocurre con el gobierno de Oaxaca, que se asume como traicionado y defraudado por la beligerancia y el chantaje magisterial, a pesar de que en los meses recientes les cumplió a cabalidad sus exigencias.
En efecto, a lo largo de las últimas semanas hemos visto cómo la Sección 22 ha desplegado toda una batería de acciones tendientes a presionar al gobierno. Su intención ha sido no sólo la de lograr que el Gobernador acuda a cada una de sus mesas de negociación, sino también a que el gobierno siga respondiendo al desorbitado y desproporcionado pliego de demandas que presentaron el año pasado como condicionante a un diálogo civilizado con la nueva administración estatal.
El gobierno lo ha hecho en gran medida —cualitativamente más, incluso, de todo lo que la administración de Gabino Cué les dio a lo largo de seis años— y sin embargo la respuesta magisterial no ha sido la esperada. La Sección 22 ha seguido presionando —cada vez con mayor beligerancia—, en una actitud que el gobierno ha considerado que no es proporcional a lo que se ha conseguido; por ello, a partir del fin de semana el discurso gubernamental viró, de la actitud prudente, a la de resaltar todo lo que los integrantes de la Sección 22 han recibido en los últimos meses pero que a pesar de eso siguen presionando al gobierno para que cumpla sus demandas.
Ante ese panorama, parece que la actitud gubernamental es comprensible pero poco eficaz. Comprensible, porque independientemente de que los maestros de la 22 sigan diciendo que las respuestas son “mínimas e insuficientes” y que por eso siguen protestando, lo cierto es que cuando se revisa todo lo que el gobierno estatal, y la SEP, les han dado en los últimos meses el resultado es nada despreciable.
Sin embargo, aún con eso el resultado es poco eficaz al menos por dos razones: primera, porque a estas alturas los oaxaqueños sabemos que no sólo ahora, sino siempre, a los de la 22 les han dado todo y aún así nunca han dejado de protestar; y segunda, porque también ha quedado siempre claro que la Sección 22 es impermeable al rechazo ciudadano y que de no haber alguna acción más contundente para obligarlos a asumir una actitud más civilizada, ellos pasarán por alto la indignación ciudadana y gubernamental para continuar con su agenda de protestas, chantajes y presión social.
De hecho, antes de haber tomado cualquier decisión, el gobierno estatal debió considerar al menos dos lecciones dadas públicamente por la Sección 22 en el pasado, de cómo ellos no se sacian ni cuando reciben todo, y cómo esta política de ofrecerles para calmarlos resulta una dolorosa y costosa estratagema en la que finalmente todos —sociedad y gobierno— terminamos sufriendo y padeciendo las consecuencias.
ANTECEDENTES IGNORADOS
En 2005, cuando recién había asumido Ulises Ruiz como gobernador de Oaxaca, su secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, no sólo encabezó la primera negociación del entonces nuevo gobierno con la dirigencia de la Sección 22 sino que, por primera vez en mucho tiempo, logró que ese año el “tradicional” paro de labores del mes de mayo —mes en el que se llevaba a cabo la negociación con el gobierno estatal, que era independiente a la que el SNTE realizaba con el gobierno federal, para anunciar las nuevas conquistas en el marco del día del maestro— fuera prácticamente imperceptible.
¿Qué hizo el aparentemente eficaz Secretario de Gobierno para conseguirlo? Franco Vargas utilizó una estrategia simple: para evitar el paro de labores y la mayoría de las movilizaciones magisteriales —en aquel momento esta última era una meta importante, porque recordemos que Ruiz tuvo como una de sus principales ofertas de campaña la de terminar con las marchas que ahogaban a la capital— les ofreció más recursos y prebendas de las que estaban contenidas en el pliego petitorio 2005 de la Sección 22.
En aquel año 2005, la dirigencia seccional se fue a casa con un inesperado triunfo en la negociación con el gobierno. Aunque el problema vino al año siguiente, ya que para 2006 —año de la elección presidencial, en la que Ulises Ruiz le había prometido un millón de votos en Oaxaca al candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado— el gobierno de Oaxaca ni remotamente estaba en posibilidades de volverle a cumplir a la Sección 22 la hazaña de una respuesta superior al contenido del pliego de demandas magisteriales.
No podría porque ese año el régimen de Ruiz tenía fuertes compromisos electorales. Pero aún no teniéndolos, tampoco podría cumplir la demanda magisterial, ya que para entonces la Sección 22 tenía cumplidas todas sus demandas salariales —relacionadas con el aguinaldo, bonos, prestaciones y pagos extraordinarios—, y entonces gracias a la generosidad demostrada por el gobierno de Ruiz un año antes ahora irían por la madre de todas sus demandas: la rezonificación salarial de los más de 70 mil integrantes de la 22, para homologar sus salarios con los de las zonas económicas más aventajadas del país.
No había forma —ni entonces ni ahora— de que un gobierno estatal pudiera cumplir una demanda que costaba más de 15 mil millones de pesos, y un compromiso de cumplimiento que ahogaría las finanzas de cualquier gobierno local en México. En esa imposibilidad de cumplimiento, y en la voluntad decidida de la Sección 22 de no dar pasos atrás en sus negociaciones y logros anuales, se pavimentó el camino a la revuelta magisterial que ocurrió meses después. El gobierno de Ruiz se vio ahogado por las demandas, y la Sección 22 se sintió legitimada para seguir protestando, y para elevar el nivel de las presiones y los disturbios, por la negativa del gobierno de Oaxaca de cumplir sus demandas.
Al final, ocurrió la revuelta magisterial que le costó miles de millones de pesos a los oaxaqueños; que dinamitó la paz social y la gobernabilidad; que empoderó a la Sección 22 como el factor de gobernabilidad más determinante para la entidad y el sureste del país; y que sumió a la región en una crisis que todavía una década después no puede ser superada. En todo ese amargo episodio, el único ganador fue el magisterio: a éste, el gobierno federal le concedió su rezonificación salarial; le incrementó sus prestaciones; les regaló impunidad frente a todos sus actos, y además los reparó por lo que había ocurrido con el conflicto.
Por eso, a estas alturas nadie se sorprende ni se indigna porque al magisterio se le siga dando todo —y por eso falla el gobierno en el argumento que ahora utiliza para tratar de ganar el respaldo ciudadano— ya que los oaxaqueños hemos visto durante años cómo a la 22 se le intenta apaciguar dándoles todo, y cómo ellos responden no satisfaciéndose sino pidiendo más; y cómo esa ha sido una política cíclica e ineficaz que se sigue intentando a pesar de todo.
¿Y LOS OAXAQUEÑOS?
Por eso mismo, ahora el gobierno debe buscar el respaldo de la ciudadanía, con acciones a favor de la ciudadanía. ¿Cuándo buscarán concretar una alianza de verdad con los oaxaqueños —la inmensa mayoría— que no formamos parte ni de las organizaciones sociales ni del gremio magisterial? El respaldo, finalmente, no es excluyente. Pero quizá, a la mala, estén comenzando a reconocer que erraron en su estrategia inicial de gobernabilidad, para buscar una conciliación incluyente y de largo plazo a favor de los oaxaqueños, por encima del apapacho y los fallidos intentos de cooptación a los grupos de presión.
