+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Una visita presidencial no salda el adeudo histórico que la Federación tiene con Oaxaca

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La presencia del presidente Enrique Peña Nieto ayer en Oaxaca, no salda el adeudo histórico que la Federación tiene con nuestra entidad. A estas alturas, es importante considerar que al margen de los partidos en el poder, las circunstancias han sido determinantes para que el gobierno federal omita atender a Oaxaca de la forma que sería quizá merecido, pero sobre todo, necesario. Los hechos de ayer, dan la pauta para considerar seriamente que no existe ninguna razón para sentirse aliviado, ni para creer que es suficiente, con la presencia del Presidente en la entidad.

En efecto, la inauguración del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) fue la razón para que el presidente Enrique Peña Nieto estuviera, por primera vez en su administración, en visita oficial a la capital oaxaqueña. Había estado en alguna ocasión previa, pero había sido con el objeto de grabar anuncios de televisión para su administración, o por cuestiones de orden social. En un par de ocasiones, quizá tres en toda su gestión, había visitado algunas regiones del Estado para inaugurar obras. Pero no había venido al corazón de la entidad a refrendar el pacto federal, que es la razón política por la que un Presidente visita las entidades federativas, que son partes integrantes de la federación.

No lo había hecho, porque tampoco lo hizo Vicente Fox como presidente, desde el momento en que él mismo alimentó la predominancia de la Sección 22 como un factor de gobernabilidad, y mucho menos lo hizo Felipe Calderón, que sólo al final de su administración —en febrero de 2011— se atrevió a venir a Oaxaca a un evento de la Sedesol en el Palacio de Gobierno y, sobre todo, para inaugurar las instalaciones del campus de la Universidad La Salle, ubicadas en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

De hecho, el presidente Vicente Fox vino en muchas ocasiones a la entidad; e incluso parecía que al inicio de su gestión, Ulises Ruiz lo tenía seducido con las visitas constantes a Oaxaca. Sin embargo, pronto quedó claro que cuando tuvo que llegar el momento de las definiciones políticas respecto a Oaxaca en el contexto nacional —la sucesión presidencial de 2006—, Fox decidió que nuestra entidad se jodiera entregándole definitivamente el control de la gobernabilidad a la Sección 22 del SNTE.

Ese fue, en realidad, el golpe final y no el inicial de una larga historia de indolencia federal frente a Oaxaca. Fox venía constante a Oaxaca pero siempre en visitas rutinarias, igual que como lo hizo Ernesto Zedillo como Presidente. Ninguno de ellos tuvo interés o predilección particular con la entidad. Acaso, el único que hizo algo importante por la entidad en los últimos tiempos fue el presidente Carlos Salinas de Gortari, que impulsó obras como la súper carretera que conectó a Oaxaca con la capital del país a un tercio menos del tiempo en que se recorre la carretera federal.

Sin embargo, eso tampoco era suficiente porque Oaxaca estuvo largamente castigada, primero por la negativa federal a impulsar la inversión constante a niveles como lo hizo en otras entidades federativas; y luego porque cuando se decidió a dizque rescatar a Oaxaca en términos presupuestales, lo hizo en medio de un enorme clima de hostilidad en el que, por un lado, la gobernabilidad estaba en manos de la Sección 22, y por el otro había una enorme permisividad frente a la corrupción. Por eso, aquellas descomunales inversiones federales para la entidad sirvieron para enriquecer a algunos funcionarios de las dos últimas administraciones, pero no para paliar las condiciones de atraso en infraestructura, servicios, combate a la pobreza, y otros rubros en la entidad.

ENTONCES, ¿CUÁNDO?

Hay diversas versiones que intentan explicar las razones por las que Oaxaca quedó excluida del desarrollo nacional. Desde aquella leyenda urbana relacionada con una especie de pacto secreto entre los grupos de poder para evitar que otro oaxaqueño llegara al poder luego de las complejas experiencias de los gobiernos de don Benito Juárez y del general Porfirio Díaz —razón por la que incluso, dicen sin ninguna base comprobable, que el presidente Gustavo Díaz Ordaz se dedicó a negar su origen oaxaqueño e incluso cambió su registro de nacimiento al estado de Puebla—.

Otra versión, más convincente, es la que sostiene que Oaxaca quedó definitivamente marginada del proyecto revolucionario, y post revolucionario, desde el momento en que la clase política local se negó a reconocer y apoyar al Ejército Constitucionalista y a su Primer Jefe, don Venustiano Carranza, y que por esa razón Oaxaca ni tuvo una relación fluida con los gobiernos post revolucionarios, ni atendió de inmediato los mandatos constitucionales que establecían la necesidad de que el Constituyente oaxaqueño confeccionara y emitiera una Constitución local, acorde con la federal de 1917.

Incluso, esa es una razón que puede explicar por qué existe un desfase de cinco años entre la promulgación de la Constitución federal, y la emisión de la Constitución del Estado que hoy nos rige, y que data de 1922, lo que refleja que hubo resistencias y vicisitudes políticas que impidieron la emisión inmediata de una nueva Carta Constitucional local inmediatamente después de establecida la federal.  

Así, al margen de las razones, lo cierto es que la visita presidencial de ayer deja en claro que el gobierno federal sigue siendo timorato frente a Oaxaca. El propio gobierno federal debería reconocer que en gran medida, hechos como los de ayer —enfrentamientos, descalabrados, vialidades cerradas, autobuses quemados, y un deplorable espectáculo protagonizado por las fuerzas de seguridad y los integrantes de la CNTE— son consecuencia de la excesiva permisividad que se ha tenido frente al conflicto magisterial. El gobierno federal ha sido quien, con sus omisiones, en otros momentos entregó la gobernabilidad de la entidad a la Sección 22, y ahora no hace lo necesario para recuperarla.

Por eso, no se trata sólo de si hay una o varias inversiones importantes en la entidad, o si se inaugura una obra de gran envergadura como el Centro Cultural y de Convenciones, sino sobre todo del establecimiento de las condiciones mínimas para que ese, y todos los espacios públicos, puedan operar en un marco de normalidad y respeto a las normas de convivencia. En las condiciones actuales no se puede más que esperar que el CCCO se convierta en uno de los protestódromos favoritos de la 22, y de todas las organizaciones que asumen que pueden hacer lo que sea en Oaxaca, sin ninguna consecuencia.

PREOCUPANTE

No es común que en una actividad oficial, una aeronave sea atacada. Menos que dicho ataque ponga en riesgo un sobrevuelo, e incluso al mismo Presidente de la República. La última vez que un helicóptero federal fue atacado, fue cuando intentaron aprehender a un Jefe de Cartel en Jalisco. Por eso, el cohetón que impactó ayer a uno de los helicópteros de la comitiva presidencial, está lejos de ser una anécdota; y más allá de que sea la 22 la aparente responsable, el hecho debe ser investigado a fondo y sancionado hasta sus últimas consecuencias.

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