El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador estableció como una de las coordenadas iniciales para el inicio de su gestión, la reducción de los salarios que percibe la alta burocracia en México. Lejos de populismos y de consideraciones superficiales, lo cierto es que esa determinación, parece en realidad un reflejo del llamado ‘síndrome del cangrejo mexicano’. Vale la pena entender las circunstancias de fondo, más allá del voto inconforme o enojado de millones personas, para ver el tamaño del riesgo que implica el —aún mayor— abaratamiento del servicio público que podría avecinarse con el nuevo gobierno.
En efecto, en términos generales esto es lo que dice la fábula de los cangrejos, de la que se extrae esa especie de síndrome que nos caracteriza en temas sensibles como la ayuda mutua, el reconocimiento y, como en este caso, en lo que tiene que ver con algo tan importante como el salario que se percibe como producto del trabajo y el despliegue de talentos y destrezas.
Dicha fábula va más o menos así: En el puesto de un mercado había tres canastas con cangrejos. Ante la curiosidad de un cliente, el encargado le explicó: “Son de diferentes nacionalidades, por eso los tengo separados. La primera canasta tiene cangrejos norteamericanos. Está tapada con una tabla porque si no trepan por su propio esfuerzo y escapan”.
Y continuó explicando: “La segunda canasta”, una más alta y tapada con ladrillos, “contiene cangrejos japoneses. Ellos se apoyan mutuamente. Forman una pirámide, y cuando la mayoría ya está afuera ayuda a salir a los demás. Por eso el cesto tiene ese tamaño y está tapado de esa forma”. “Y la tercera, ¿por qué está destapada?”, preguntó el cliente. “Ah, ahí no hay problema: son cangrejos mexicanos, y cuando uno quiere salir los demás lo jalan hacia abajo.”
De acuerdo con un texto de Enrique Martínez publicado en Milenio (https://bit.ly/2Le9ZSO), estudios como el realizado por el economista Robert H. Frank, demuestran que la inmensa mayoría de las personas preferiría ganar 100 mil dólares al años si sus vecinos y conocidos ganaran 85 mil, en lugar de 110 mil si el resto ganara 200 mil. Esto es algo que ahora cobra un sentido distinto cuando grandes porciones de la población se manifiestan a favor de deprimir los salarios de la burocracia en México, sin considerar que en muchos sentidos el Estado debe ser administrada con eficiencia, como una gran empresa que es propiedad de todos los habitantes, por personas que estén plenamente comprometidas y recompensadas por ella.
Ahí es donde surge el fantasma del síndrome de los cangrejos, porque pareciera que de nuevo, en lugar de empujar la eficiencia y la honestidad administrativa a partir decisiones correctas, se está intentando “jalar” a la precariedad a un sector –el de los empleados públicos— que de por sí hace tiempo dejó de estar en jauja, y que en la mayoría de los casos enfrenta grandes responsabilidades en la administración pública, y sus cargos requieren niveles de especialización que no son del todo comunes en el mercado del trabajo.
DECISIONES COMPLEJAS
Se dice que en los primeros años de México como nación independiente, los empleados públicos eran los peor pagados, y los que menos certidumbre tenían sobre su empleo. Esto tenía que ver mucho con inestabilidad propia de aquella época, pero también con una incorrecta valorización de lo que debe ser el trabajo gubernamental. En la circunstancia actual, el gobierno debiera tener más prudencia para evitar que, en nombre de la austeridad, regrese al pasado.
Pues resulta que más allá de la típica visión maniquea —que hoy trata de deprimir los salarios de aquellos que básicamente cometieron el pecado de servir a las administraciones pasadas—, hoy para cualquier empleado público es claro que tanto su empleo, como su remuneración, dejaron de ser atractivos y competitivos, respecto a lo que podría ganar teniendo ese mismo nivel de demanda y responsabilidad, en el sector privado.
Esto, debido a que ante la constante reducción de personal, y la negativa de la administración pública a reconocer la existencia de bajos salarios —que no corresponden al nivel de responsabilidad que implican los cargos—, resulta que paulatinamente el nivel de respuesta y preparación de los funcionarios, ha ido disminuyendo. Esto es grave para una administración que, sin embargo, necesita imprimir mayor dinamismo, competitividad y eficacia a sus resultados, como la administración federal que arrancará en diciembre próximo.
En ese sentido, parece que la confusión entre el interés laboral y el supuesto “espíritu” del servicio público hoy está más presente que nunca. Esto porque, por un lado, la administración pública aprovecha la innegable realidad de que el gobierno una de las mayores fuentes de trabajo en el país, y por esa razón oferta empleos que otorgan cierta seguridad pero en realidad, salarios bajos y un alto nivel de responsabilidad. Todo eso, además, lo enmarcan en la cantaleta moral de que todos los sacrificios son justificados, cuando se tiene “compromiso” o “vocación de servicio” con el Estado.
Sin embargo, todo esto choca con la otra parte de la realidad: que los empleados públicos, como los de cualquier tipo de giro oficial o privado, trabajan por necesidad, y lo hacen siempre en la medida de las retribuciones y condiciones de trabajo que se le ofrecen. Esto es simple: el empleado trabaja por necesidad, y rinde y entrega resultados en la medida en que es recompensado, tanto económica como moralmente, por su empleador. En esta lógica, el espíritu de servicio o la vocación, evidentemente salen sobrando.
¿Qué pasa cuando estas dos cuestiones no se encuentran equilibradas ni consideradas? Sucede que, evidentemente, lo que se agudizan son las disparidades, y con ello también se inhibe la posibilidad de mejores resultados. ¿Cómo va a trabajar mejor alguien que cada vez tiene mayor responsabilidad (porque gradualmente le incrementan la carga de trabajo respecto a los que son despedidos), y a la par se le regatean mejoras salariales justas y, al contrario, cada vez que se puede le reducen el salario?
Aquí y en China el resultado es exactamente el mismo: los empleados verdaderamente competitivos dejan de ver con atracción el servicio público, y buscan otras opciones de trabajo, en las que sí les ofrezcan las condiciones laborales y el salario que merecen. Y sólo se quedan en esos empleos mal pagados, aquellos que no alcanzaron a acceder a los puestos de trabajo de los primeros.
Es decir, que el servicio público tiende a quedarse no con las personas y los perfiles profesionales que requiere, sino con los que no tienen otras opciones; con los que simplemente se resignaron a trabajar con estabilidad, independientemente del bajo salario… o de quienes ven siempre al sector público como una plataforma para maniobras o actividades indebidas por su relación con el tráfico de influencias, de información, o con corrupción.
PRUDENCIA, PRUDENCIA…
Todo esto, sin embargo, es fuertemente contrastante con las propias expectativas que ha generado, para sí misma, una administración como la de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, deberían tomar con más reserva y cuidado la posibilidad de seguir reduciendo los salarios de la burocracia, sin basarse en un diagnóstico serio sobre el impacto en la atención, servicios o procesos que involucran a la ciudadanía y, sobre todo, con lo relacionado con la corrupción.
