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Fábrica de delincuentes

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Fábrica de delincuentes

Carlos R. Aguilar Jiménez.

México, como uno de los países clasificado de los más corruptos del mundo, no solo lo es, sino que en consecuencia se está convirtiendo en una fábrica de delincuentes, porque al no haber autoridad que se respete, aplicación de las leyes por jueces, magistrados y policías, quienes trabajan no para hacer justicia, sino en función de intereses políticos, gremiales o al mejor postor, como resultado cualquiera que tenga un poco de dinero de sobra, influencias o no tenga nada que perder, en total impunidad se puede dedicar a delinquir individualmente o ingresar al crimen organizado, porque sabe que jamás nunca será perseguido por la ley enjuiciado, encarcelado o, como sucede en EU  con criminales y delincuentes peligrosos, condenado a muerte.

La realidad de México supera la fantasía y las mentes más desquiciadas porque las fábricas de delincuentes son muchas, están en las casas o cuartuchos paupérrimos de muchas colonias marginales, en departamentos o residencias donde los padres jamás se interesan por sus hijos, donde hay niños y jóvenes con casa pero sin hogar, encontrándose también en las escuelas sometidas por la Gestapo 22 donde todo se vale, no hay reglas, todos hacen lo que quieren, donse se puede robar y no sucede nada, se puede engañar y lo mismo, se puede secuestrar, bloquear calles o carreteras, saquear tiendas o camiones de reparto, y todo entre mentiras, trampas y abusos sin consecuencias, lo que excluye como fábricas de delincuentes a los antros y cantinas, donde a diferencia de las familias que son fábricas de delincuentes, se tiene que pagar por el consumo de bebidas, lo que significa que hay una consecuencia, no así en las calles o el mismo gobierno, donde se puede hacer lo que sea en total impunidad. porque en nuestra vida diaria nos damos cuenta que muchos jóvenes y adultos corrompen fácilmente su conciencia moral y son capaces de todo delito con tal de obtener un beneficio, abandonando escrúpulos, fallandole a amigos, recurriendo a la mentira con tal de salirse con la suya y así lograr lo que quieren, tal y como hace el magisterio de oaxaca, conformado por profes que no les importan los niños aprendan a secuestrar, robar, bloquear y llenarse odio y resentimiento social, en vez de dedicarse al estudio para así llegar a ser gente honesta, adultos sanos y funcionales con conciencia moral incorruptibles, individuos a quienes nadie les puede llegar al precio porque su valores éticos no tienen precio, no así todos esos niños y niñas de la calle que sin tener nada que perder su destino inexorable es ser delincuentes, porque desde siempre saben que en México no hay consecuencias viviendo entre fábricas de delincuentes que trabajan 24 horas del día todos los días del año

Operativos contra vehículos con placas foráneas: algunas coordenadas sobre el fracaso de esta medida

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Operativos contra vehículos con placas foráneas: algunas coordenadas sobre el fracaso de esta medida

En el último bimestre de 2017, el gobierno estatal presentó un programa emergente de regularización para los vehículos emplacados en Oaxaca, que tenían adeudos en el pago del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos. Al iniciar el año 2018, la administración estatal puso en marcha un segundo programa a partir del cual, quienes estuvieran al corriente en el pago de los impuestos de sus vehículos de motor, recibirían un beneficio que disminuiría sensiblemente la carga fiscal sobre los mismos. Todo parecía ir bien, hasta la reciente implementación de operativos policiacos —ilegales— para hostigar a quienes circulan en la entidad, pero tienen emplacados sus vehículos en otros estados.

En efecto, durante la semana previa se denunció sistemáticamente en redes sociales, que en diversos puntos de la entidad se realizaron operativos, encabezados por la Policía Vial Estatal, para verificar la concordancia entre la procedencia geográfica de las placas de circulación de los vehículos de motor, con el origen de la licencia del conductor del vehículo. La laxitud de los operativos permitía que, en medio de esas verificaciones, prácticamente por cualquier motivo el conductor fuese sancionado con la imposición de infracciones, e incluso la retención del vehículo por la falta de portación de placas, licencia, tarjeta de circulación, entre otros.

A partir de ello, de inicio deben quedar claros algunos puntos. El primero, y más importante, es que en realidad la expedición de las placas vehiculares y tarjeta de circulación, es una facultad que de forma originaria tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que desde hace años delegó a las entidades federativas en el marco de la coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas. Por eso, igual que como operó la tenencia vehicular hasta su desaparición como impuesto federal —que era materialmente cobrado por los estados, y el ingreso se acreditaba contra los recursos que la federación debía transferirle a la entidad federativa—, la expedición de placas quedó en manos de los estados a pesar de ser un asunto originalmente federal.

Ahora bien, si tomamos como referencia algunos intentos más o menos similares al actual, tendremos que entonces regresar al año 2011, cuando el gobierno estatal exploró por primera ocasión la posibilidad de configurar como evasión fiscal el hecho de que un automovilista tuviera licencia de manejo expedida por el Gobierno del Estado de Oaxaca, y condujera un vehículo de su propiedad matriculado en otra entidad federativa.

Trataron, en esencia, de aplicar de manera estricta y restringida el principio de que todas las personas tienen el deber de pagar los impuestos en el lugar de su residencia. Sólo que no consideraron que si bien ese principio es aplicable para los temas fiscales, el tema del emplacamiento vehicular de servicio particular está acompañado de otras reglas ya que, como se apuntó en párrafos anteriores, esa es una facultad del gobierno federal que desahoga a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sólo que, a su vez, la SCT delegó a las entidades federativas lo relacionado con el emplacamiento de todos los vehículos que no prestaran los servicios que la misma SCT se reservó como de competencia federal —los que son conocidos popularmente como “de servicio público federal”—, ya que desde finales de los 90s la tenencia era un impuesto federal que cobraban los estados, y se lo abonaban ellos mismos a cuenta de los recursos que la Federación debía transferirles. Por eso SCT entregó el emplacamiento a los estados, pero esto no lo tradujo en la pérdida de facultades, y de entrada por eso todas las placas expedidas en todas las entidades, tienen plena validez en el territorio nacional.

COBRO, IMPOSIBLE

Ahora bien, ¿por qué en 2011 el gobierno estatal —a través de la Secretaría de Finanzas y de Seguridad Pública— no pudo aplicar sanciones a quienes tenían emplacados sus vehículos en otro estado donde existen beneficios fiscales al cobro de la tenencia, pero portar una licencia de conducir expedida por la autoridad de Oaxaca?

Evidentemente lo intentaron, pero luego vieron los problemas que esto provocaría: intentar la configuración de la evasión fiscal a partir del origen del emplacamiento contra quién emitió la licencia de manejo que portaría el conductor, significaría algo así como cobrar un impuesto al tránsito interno, el cual se encuentra expresamente prohibido en la Constitución federal, además de que, para poder hacer punitivo el cobro, se enfrentarían a la necesidad de configurar correctamente la evasión fiscal a partir de argumentos tan endebles como los antes señalados, además de que las placas de circulación siguen siendo expedidas por los estados mediante acuerdos con el gobierno federal, vía la SCT.

Además de eso, tienen otro problema: el acto de molestia. En realidad, parece que quienes estos días han intentado generar una especie de terrorismo fiscal relacionado con el origen de las placas de circulación en los vehículos, no ven que todos sus operativos son en esencia ilegales. No tendrían forma de acreditar válidamente la forma en que ejecutaron un acto de molestia en contra de particulares, ya que no existiría ninguno de los elementos válidos para ello.

No podrían acreditarlo, a partir de que en la gran mayoría de los casos no existiría un acto previo del particular que diera pie al acto de molestia por parte de la autoridad. En un retén, por ejemplo, no se necesita ir infringiendo ninguna norma ni reglamento vial para ser de todos modos detenido y molestado por la autoridad. En el caso de los operativos para detectar conductores ebrios, las autoridades judiciales han determinado que el acto de molestia es válido ya que éste resulta ponderadamente superior frente a los riesgos que implica el hecho de que existan conductores peligrosos, por ebrios, frente al volante. Sin embargo, eso no sería ni cercanamente similar si lo que intentaran acreditar es que el acto de molestia ocurrió para una verificación administrativa o fiscal.

Lamentablemente, como la autoridad sí sabe que tendría todos esos trastabilleos jurídicos si decidiera llevar frontalmente a juicio la portación de placas de otras entidades federativas, lo que hace es utilizar rutas alternas: detiene a los conductores, los amedrenta con el origen de las placas y la licencia de conducir, y luego aprovecha para verificar que los documentos estén “en regla” para tratar de aplicar cualquier cantidad de infracciones.

CULPABLE O NO…

Al final, lo logran porque hay muchos conductores indolentes que transitan con sus vehículos sin placas, sin tarjeta de circulación o, lo que es más común, sin la licencia de conductor que, no sin alegar, les permitiría brincar el cerco policiaco puesto para espantar a los parroquianos e incrementar la expedición de infracciones y vehículos remolcados a los corralones. Para esos efectos, “la licencia de Dios”, con la que muchos conducen su vehículo, no es salvedad para ser infraccionados.

Realiza Poder Judicial, jornada de capacitación para alcaldes del Istmo

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Realiza Poder Judicial, jornada de capacitación para alcaldes del Istmo

Se les orientó en cómo actuar en cada rama del Derecho, ya sea penal, civil, familiar o administrativo e incluso como mediador para conciliar

El Poder Judicial del Estado que preside el Magistrado Raúl Bolaños Cacho realizó en Juchitán la Jornada de Capacitación y Asesoría para Alcaldes Municipales del Istmo de Tehuantepec, con la finalidad de que los funcionarios municipales conozcan cómo actuar en cada rama del Derecho, ya sea penal, civil, familiar o administrativo e incluso como mediador para conciliar en algunos casos.

Del 23 al 25 de mayo, en Juchitán, la Escuela Judicial realizó la Jornada de Actualización Regional en el Istmo de Tehuantepec, donde se capacitaron y actualizaron a los abogados e impartidores de justicia en diversos temas del derecho, la cual concluyó con la Capacitación y Asesoría para Alcaldes Municipales del Istmo, en el salón del Hotel Calli.

En este caso, la asesoría fue impartida por el Magistrado Crescencio Martínez Geminiano, decano del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, acompañado por el Licenciado Eduardo Enríquez Martínez, Juez Civil de Tehuantepec.

En ella también se abordaron temas relativos a las facultades, obligación y límite de competencia de los alcaldes, explicando a su vez cada una de las diligencias en las que ellos intervienen como son la de apeo y deslinde, transcendentes para reconocer los límites territoriales que permitan a paz entre los pueblos vecinos.

En esta reunión con autoridades municipales asistieron los alcaldes representantes de los distritos de Matías Romero, Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz y San Carlos Yautepec.

De acuerdo con el Manual del Alcalde diseñado por la Escuela Judicial,  los servidores públicos municipales tienen la obligación de auxiliar a los tribunales, jueces del Estado y la federación, en las actividades necesarias o convenientes para que se imparta debida justicia.

Sin embargo, esta circunstancia impone a las autoridades la obligación de coordinarse, unas entre otras, para lograr la eficacia de su respectivo sistema de justicia, principalmente cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas.

Contra placas foráneas

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Contra placas foráneas

Carlos R. Aguilar Jiménez.

En su afán desquiciado de conseguir todo el dinero posible para llenar sus bolsillos, el director de la Policía Vial, José Guzmán Santos, desde hace días ha instruido a sus sicarios a bordo de patrullas y motocicletas para instalar retenes ilegales donde puedan extorsionar a conductores que porten en sus vehículos placas, matrículas, de otros estados, violando impunemente la ley federal que establece en todo el país se puede circular libremente con placas de cualquier estado, no obstante, para el corrupto José Guzmán Santos, esta ley no importa, porque sin motivo, pretextando sospecha de vehículos robados o cualquier detalle que a juicio insano de los agentes viales sirva para infraccionar, se llevan el automóvil a sus encierros, donde serán desvalijados y además multado el conductor.

Al jefe de vialidad no le importa la movilidad de vehículos, le tiene sin cuidado que los semáforos no funcionan y no estén sincronizados, como los de la carretera internacional a la altura del IMSS; tampoco le importa la doble fila y menos la honestidad y comportamiento de sus esbirros a bordo de patrullas, como el policía vial que recién me detuvo sin motivo alguno excepto porque se trataba de un sedan viejo con placas de Puebla, que afortunadamente toda su documentación está en regla, no obstante, buscando cómo salirse con la suya, el agente pretendió intimidarme argumentando que el coche tenía placas foráneas y yo vivo en Oaxaca, como si eso fuera delito, sin embargo, como no viajaba solo, mi acompañante comenzó a grabar la escena con su teléfono, circunstancia que le obligó a comportarse, cambiando su furia policiaca, por cierta cortesía y así dejarme ir, no obstante, muchos otros conductores no corren la misma suerte y, si son humildes, jóvenes o no tienen algún documento, inevitablemente serán asaltados y despojados de su auto, para luego en viacrucis interminable tratar de rescatarlo previo pago de miles de pesos que irán directamente a la caja fuerte o bolsillo personal de José Guzmán Santos, quien sabiendo que ya le queda poco tiempo en el cargo público que ostenta, le urge hacerse de todo el dinero mal habido que pueda conseguir de los desafortunados conductores con placas foráneas que caigan en poder de sus sicarios, mientras el caos vial aumenta, la doble fila es permanente y la actitud prepotente y grosera de los agente de vialidad es directamente proporcional al cuadrado (quizá al cubo) de su ignorancia, pero así es la ilegalidad y abuso en Oaxaca, no se puede circular libremente con placas de otros estados y, si se hace se arriesga uno a que sea detenido para ser cateado y extorsionado impunemente, y sin que el jefe superior de José Guzmán Santos le reclame y despida por violar la ley descarada y públicamente.   

Crean conciencia sobre derechos de la comunidad LGBTTI, en foro

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Crean conciencia sobre derechos de la comunidad LGBTTI, en foro

El Poder Judicial del Estado realiza el “Conversatorio: Identidad de Género, Igualdad y No Discriminación”

La Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca realizó este viernes en la Biblioteca Francisco de Burgoa el “Conversatorio: Identidad de Género, Igualdad y No Discriminación”.

La Maestra Eunice Gutiérrez Cruz, Profesional Operativa en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abordó el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.

Durante su intervención y en presencia del Maestro Ángel Rafael Díaz Ortiz, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado, Gutiérrez Cruz indicó que el protocolo tiene el objetivo de hacer valer los derechos generales a las personas de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales Transgéneros e Intersexuales (LGBTTI) que han sido históricamente ignorados.

“Las personas del colectivo LGBTTI tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad lo cual implica elegir de forma libre y autónoma como vivir su vida, por lo que tienen derecho al matrimonio y adopción, a la modificación del acta de nacimiento por una reasignación sexo-genérica”, apuntó Gutiérrez Cruz, representante de la SCJN.

En tanto, el Magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, integrante de la Sala Indígena y Quinta Sala Penal del TSJE, expuso que hace falta hablar y capacitar más sobre el tema de los derechos de la comunidad LGBTTI para que los juzgadores dejen de ser pasivos.

“Ya no es suficiente que para dictar en Derecho Civil se conozca el Código Civil y para resolver un caso penal se enfoque sólo en el Código Penal. Ya no es suficiente que los abogados sólo lean literatura jurídica sino que deben conocer los tratados internacionales sobre diversos temas”, puntualizó el Magistrado Cordero Aguilar.

Por esto, dijo que es necesario que los juzgadores trabajen en precisar su lenguaje, en abordar los temas desde la perspectiva de género y con respeto en los derechos humanos, no solo simplificar las situaciones, sino tomar en cuenta las diversas situaciones que se involucran en cada caso.

En este sentido, Melissa Mijangos Boijseauneau, activista por los derechos de las personas del colectivo LGBTTI y primera mujer transexual reconocida en Oaxaca como tal, señaló que las integrantes de esa organización luchan contra los estereotipos y prejuicio sociales, de manera especial en el actuar de los juzgadores, ya que se interpreta que por el vestir o actuar de una persona es como se le debe de tratar.

El moderador, Doctor Rodolfo Moreno Cruz, indicó que la principal característica de los derechos humanos es la universalidad bajo el criterio de la uniformidad, la cual es ficticia puesto que busca generar una sola manera de visualizar al ser humano desde su sexo y no el género.

Energúmenos y vengativos

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Energúmenos y vengativos

Carlos R. Aguilar Jiménez.

Hasta el hartazgo, decepcionados, desilusionados y muchos furiosos, como energúmenos llegando al nivel de venganza acudirán a las urnas electorales este 1 de julio a desquitarse y vengarse, de lo que según su criterio es culpa de su pobreza, resentimiento y rencor social, esto es, del partido político en el poder, buscando no alguna alternativa coherente, propositiva y objetiva, sino únicamente aquella que les dice lo que quieren oír para desquitar su furia contra el sistema político, su enojo contra los adinerados e ira contra el presidente a quien culpan de todos los males y pobreza que sufren, sin saber que, como dijo Sor Juana Inés y yo adapto a las circunstancias: “Ciudadanos necios que culpáis al gobierno, sin saber que son la ocasión de lo mismo que culpáis”, porque es un hecho irrefutable que tenemos el gobierno que merecemos y tendremos el que corresponda, no a la razón y lógica de las circunstancias sociopolíticas, sino a las del enojo, furia y frustración.

Cierto es que vivimos en un contexto social de extrema corrupción, impunidad, indolencia e irresponsabilidad, pero no es culpa exclusiva de gobernantes, es de todos y cada uno de nosotros, desde el que se estaciona en doble fila, hasta el que vende drogas y secuestran personas, porque todos son delitos, unos menores que otros, pero todos lo son, así que el enojo e ira, el portarnos como energúmenos, en principio debiera ser contra nosotros mismos al momento de cometer una infracción por pequeña que nos parezca y, no culpar de todo al gobierno del que muchos se quieren vengar otorgándole su voto a quien astutamente les dice y promete, no lo que se puede hacer, sino lo que los deje contentos e ilusionados, aprovechándose del enojo y deseo de venganza de los ciudadanos malvivientes, y dig no como juicio, sino en función que viven mal y de malas, porque están enojados, amargaron su ánimo, y sin que les importen las consecuencias desastrosas o no de su voto, como energúmenos acudirán a las casillas a desquitarse y sentirse contentos con ellos mismos, igual a  aquel que dijo “ojo por ojo” con ánimo de venganza y represalia, con voto de castigo y pena del talión, que para lo único que servirá será para demostrar que a partir de 2019 probablemente seamos gobernados por decisiones de ciudadanos energúmenos que no razonaron nunca su voto ni analizaron sus implicaciones, decidiendo visceral y no cerebralmente, pero así somos, por eso tendremos el gobierno que merecemos y, aunque nos digamos morenos guadalupanos y cristianos, en realidad somos endemoniados, exaltados y ladinos dispuestos a desquitar nuestra furia aunque después lo lamentemos sin posibilidad de reivindicarnos porque lo hecho, hecho estará como resultado de portarnos como individuos energúmenos o ciudadanos vengativos capaces de linchar o bloquear calles y no como sosegados, respetuosos e inteligentes electores que razonen su voto y sus acciones.

Corral, un Gobernador que repudia las bases del federalismo en México

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Corral, un Gobernador que repudia las bases del federalismo en México

En enero pasado, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunció que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le estaba reteniendo recursos económicos al gobierno que encabeza, señalando que esto constituía una especie de represalia por perseguir a su antecesor en el gobierno chihuahuense, César Duarte Jáquez. Aunque su denuncia parecía estar revestida de un complejo fondo político, lo cierto es que todo lo resolvió cuando convirtió su inconformidad en un chantaje, y convino con el gobierno federal que dichos recursos le fueran transferidos a cambio de no continuar sosteniendo que esta era una acción política. Hoy, Corral es nuevamente noticia por su afán de seguir confrontando al ámbito federal respecto a la actuación y las disposiciones del Poder Judicial Federal.

En efecto, en enero pasado Corral acusó al gobierno federal, y en específico al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Antonio González Anaya, de tratar de amedrentar a su administración mediante la retención de financiamiento para el estado debido a la prisión preventiva por un año que se le dictó al exsecretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, así como Investigaciones que realiza la Fiscalía local sobre hechos de corrupción.

En aquella ocasión, Corral afirmó que días antes se había reunido personalmente con el secretario de Hacienda, Antonio González Anaya, quien le dejó ver el descontento del gobierno federal sobre las investigaciones que realiza el gobierno de Chihuahua y la detención del Gutiérrez Gutiérrez.

En ente sentido, dijo que el pasado 14 de diciembre, en Palacio Nacional, se firmaron diversos convenios que consistían en el otorgamiento por parte del gobierno federal de 44 millones 777,000 pesos por concepto de desarrollo regional en el estado; 35 millones 334,000 pesos por motivo de fortalecimiento a la gestión legislativa y 700 millones más por fortalecimiento financiero correspondientes al ejercicio fiscal 2017, los cuales dijo no se entregaron en el mes de diciembre como se pactó.

Ante este hecho, Corral relató que había solicitado a Gustavo Madero, coordinador de su gabinete, en el contexto de su buena relación con el secretario de Hacienda, que se comunicara con éste último para saber las razones del por qué no se habían destinado los recursos. El gobernador indicó que en la conversación sostenida, González Anaya arguyó que la recaudación fiscal se había caído por lo que se estaban “teniendo problemas para el cierre” del ejercicio fiscal 2017. No obstante, añadió Corral, la única entidad que no recibió recursos de apoyo federal fue Chihuahua.

De esta forma inició una disputa en la que Corral anunció que presentaría una controversia constitucional para obligar al gobierno federal para que le entregara los recursos que les correspondían, independientemente de cualquier criterio político. Hacienda respondió que no existía ningún criterio relacionado con la persecución judicial a César Duarte para limitar la entrega de los recursos.

Y una semana después, todos hicieron gala de las ilegalidades que ya no deberían existir en México: mediante una negociación de la que no hubo detalles, el gobernador Corral y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunciaron de manera conjunta que existía el compromiso federal de entregar los recursos que eran motivo de la disputa, a cambio de que el Gobernador se diera por satisfecho. ¿Dónde quedó la legalidad, y sobre todo, dónde quedó la supuesta convicción de llevar un asunto como este ante el control constitucional que ejerce la Suprema Corte? Quedó, evidentemente, en el olvido.

DESACATO

Por ese mismo periodo hubo otro caso. En diciembre del año pasado, ocurrió la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien presuntamente operó en un desvío de recursos públicos hacia campañas del PRI el año pasado.

“He sido informado por la Fiscalía Gral. del Edo. que el día de hoy se llevó acabo el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por juez competente en contra de Alejandro Gutierrez Gutierrez, en un operativo conjunto de la Policía Federal y de la Policía Estatal de #CHIH”, publicó Corral en Twitter. En aquella ocasión, el diario Reforma citó el testimonio de Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, respecto a una presunta triangulación de recursos públicos, que habría sido avalada por la Secretaría de Hacienda Federal, cuando Luis Videgaray era su titular.

Según apuntaba ayer el periodista Raúl Rodríguez en su columna Gran Angular, tras el encarcelamiento de Gutiérrez y otros funcionarios, su defensa promovió que la PGR atrajera el caso por tratarse de un delito federal (el desvío, mediante empresas fantasma, de fondos entregados por la Secretaría de Hacienda para programas educativos de Chihuahua). En seguimiento, se operó para que los acusados fueran trasladados a un penal de la Ciudad de México, lo que el gobernador Corral interpretó como una maniobra de protección a los acusados, en coincidencia con la de demorar la extradición del ex gobernador César Duarte.

Fue así que el juez federal Gerardo Moreno García ordenó el traslado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México de los tres imputados. La Fiscalía de Chihuahua respondió que no era posible porque enfrentan otras seis causas del fuero común que deben resolverse ante un juez de control de la entidad. Esta controversia de competencias entre la justicia local y la federal llegó hasta el Décimo Tribunal Colegiado de lo Penal, que finalmente dio la razón al juez federal Moreno García y confirmó la resolución de trasladar de Chihuahua a la CDMX a los acusados.

Rodríguez apuntaba que en esa ocasión llegaron agentes federales a tratar de hacer cumplir la determinación del juez federal, pero no se los permitieron. Y entonces, en un mensaje televisado, el gobernador Corral acusó al juez Gerardo García de acatar una consigna del gobierno de la República para excarcelar y garantizar la impunidad de Gutiérrez y coacusados, y dijo que “ya son muchas las tracaladas” de la justicia federal.

Luego de todo esto, ayer la Corte desechó por notoriamente improcedente un recurso de revisión promovido por Corral, contra la orden de que los casos de Gutiérrez y otros procesados sean conocidos por un juez federal en la Ciudad de México. La Corte indicó al gobierno de Corral que contra la determinación de los tribunales colegiados en conflictos competenciales no existe recurso alguno, por lo que son inatacables y los procesados debían ser recluidos en un penal federal en la capital del país, tal y como lo ordenó el juez de distrito Gerardo García.

DESPRECIO

Esto revela el profundo desprecio que Corral le tiene no sólo a la ley, sino al sistema competencial y a la división de poderes y ámbitos de gobierno establecidos en la Constitución. Es un signo más, de los muchos que existen, de por qué en este país la justicia y la legalidad están sometidas a una tóxica presión permanente, a manos de quienes deberían ser sus primeros garantes y defensores.

La justicia a tu alcance: Adopción

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La justicia a tu alcance: Adopción

Ilegitimidad en Partidos Políticos

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Comentario semanal en el noticiero de Estéreo Cristal

Todos los miércoles por “El Vespertino” encabezado por Guillermo Ramón Ramirez en el 105.7 FM y 990 AM del Grupo Acir.

Lleva Poder Judicial del Estado capacitación a los abogados

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Lleva Poder Judicial del Estado capacitación a los abogados

A través de la Escuela Judicial realiza en el Istmo el Programa Regional de Actualización Jurídica

Como parte de las diversas acciones de capacitación, difusión, implementación y actualización en materia jurídica que realiza el Poder Judicial del Estado de Oaxaca a través de la Escuela Judicial, se realiza el Programa Regional de Actualización Jurídica en Juchitán de Zaragoza.

El objetivo del Programa Regional es realizar reuniones con impartidores de justicia para generar y proponer soluciones en las diferentes áreas del derecho, que permitan contribuir al mejoramiento de la administración de justicia, así como la capacitación y actualización constante de la comunidad jurídica de la entidad, en este caso de la región del Istmo.

Así, la tarde de este miércoles, con la participación de abogados y representantes de los medios de comunicación de la zona ístmica se realizó la Simulación de Audiencia Preliminar del Proceso Oral Mercantil, en la Sala de Oralidad, del Instituto de Estudios Superiores del Istmo. Ahí, la Juez Familiar de Matías Romero, Gabriel Aguayo Olivas; la Jueza Segundo Familiar de Salina Cruz, Gabriela Prieto Allende; la Jueza Civil Familiar de Juchitán, Concepción Cruz Santiago y la Secretaria del Juzgado Familiar de Matías Romero, Edith Hernández Ortiz dieron a conocer las bondades de la Oralidad Mercantil que entró en operación en todo el país en enero de este año.

Entre las ventajas del Juicio Oral Mercantil se pueden mencionar la rapidez en que se dicta sentencia, la presencia y participación activa del juez, la demostración de pruebas y de manera especial, la participación directa de la víctima y el imputado, lo cual brinda transparencia al proceso.

Concluida la Simulación de Audiencia, se realizó el Taller en materia de Derechos Humanos, impartido por el Jefe de Departamento de Seguimiento a Quejas y Recomendaciones de la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial de Oaxaca, Aarón Chong Campos.

La Jornada Regional de Capacitación 2018 continuará este jueves en Juchitán con el encuentro entre magistrado y jueces en el Sistema Acusatorio Penal, con la participación del Magistrado Gerardo Carmona Castillo, de la Segunda Sala Penal; Magistrado Crescencio Martínez Geminiano, de la Primera Sala Civil y Magistrado Arturo León de la Vega, de la Tercera Sala Penal.

Además de un taller de actualización en materia penal impartido por el decano de los magistrados, Crescencio Martínez Geminiano, para concluir mañana viernes con la capacitación y asesoría para alcaldes, a cargo del Juez Civil de Tehuantepec, Eduardo Enríquez Martínez.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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