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La Sección 22 siempre ha estado (y seguirá) presente en todos los procesos electorales

Se equivocan de forma permanente quienes suponen que la Sección 22 del SNTE es ente monolítico que responde a un solo criterio. Se equivoca también quien supone que el magisterio democrático sigue inopinadamente las indicaciones de su Comité Seccional e incluso de su Asamblea Estatal; persiste en el error, quien da por válido que el magisterio no se involucra en los procesos electorales. Todos estos son errores visibles, a partir del simple hecho de que la 22 siempre ha estado, y seguirá estando presente, en todos y cada uno de los procesos electorales porque su naturaleza política es no sólo la de un gremio, sino también la de un grupo de lucha social y de un grupo de presión determinante para la gobernabilidad estatal y regional.

En efecto, a muchos les causó sorpresa que el pasado sábado un contingente de integrantes de la Sección 22 del SNTE fuera a protestar a las inmediaciones de donde se realizaría un encuentro con militancia del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, en la ciudad de Puerto Escondido. Fue así porque hasta la visita previa del abanderado presidencial priista —que fue a la capital oaxaqueña—, la 22 parecía haber sido ajena a las actividades del partido tricolor, y parecía también estar asumiendo su postura de ser respetuosa del proceso electoral, y de no tomar postura por ninguno de los candidatos o partidos.

No obstante, la presencia magisterial del sábado rompió esa fantasía y nos dejó ver lo que el análisis real ha indicado siempre: que el magisterio oaxaqueño sí participa de los procesos electorales; que sí apoya a partidos y candidatos en concreto; y que sí trata de influir siempre en el resultado de la elección, aunque no a través del activismo electoral sino de sus propios medios conocidos de lucha. En este caso, la acción magisterial del sábado en la costa oaxaqueña dejó ver la realidad a quienes insistían en asumir a la Sección 22 como ajena al proceso electoral.

Y es que, aún cuando parece erróneo afirmar que la Sección 22 tiene intereses electorales definidos, porque en cada proceso comicial la Asamblea Estatal del magisterio supuestamente decide y anuncia, incluso de manera expresa, no apoyar a ninguna fuerza política o candidato, y tampoco tener participación directa en el proceso electoral. El argumento que esgrimen para justificar dicha postura, es que ellos consideran que tanto los partidos políticos como sus integrantes, no representan las soluciones a las necesidades que tienen Oaxaca y el país. ¿Cómo interpretar estas dos visiones?

En esa lógica, es necesario comprender que cuando se analizan determinaciones y posturas como las de la Sección 22, la lógica que debe acompañarnos —como lo apuntamos en líneas iniciales— no es la de ciudadanos comunes, sino la de un grupo de lucha social y política que se asume como tal, pero que también se ajusta a los lineamientos básicos de un sindicato que se dice democrático, y que está identificado con los sectores más radicales de la izquierda en el país.

Así, es siempre de antemano previsible que, formalmente, la Sección 22 anuncie su decisión de no participar en la lucha electoral. La razón de esta postura, es que a través de esta decisión anunciada, ponen a salvo su congruencia como sindicato. Sin embargo, aun cuando nieguen su participación en política electoral, lo cierto es que dicha cooperación no sólo res real, sino que además es directa.

Es decir, que en cada elección ellos no promocionarán a partido o candidato alguno, pero sí emprenderán una especie de lucha paralela, a través de sus propios medios y con sus formas particulares, para conseguir el mismo objetivo que se plantean las fuerzas de izquierda —Morena, esencialmente— con las que están identificados. Ese objetivo, para los partidos, es ganar el gobierno; y para el magisterio, es básicamente la derrota del PRI y el triunfo del candidato con el que sí pudieran llegar a tener cierta identidad. Sin embargo, sólo irán juntos —el magisterio y el partido al que apoyen— hasta el momento de la elección. Porque si la oposición triunfa en los comicios, no pasará mucho tiempo antes de que la Sección 22 se declare como su adversaria.

EL CASO OAXACA

Así, la Sección 22 sí participa en lo electoral, y lo hace siempre desde la lógica opositora. En Oaxaca, por ejemplo, el magisterio democrático apoyó decididamente al candidato opositor Gabino Cué Monteagudo. Lo hizo a través de sus propios medios, y contribuyó de manera decidida a que ganara la elección. El problema es que casi al día siguiente de que se declarara el triunfo electoral del candidato que supuestamente era aliado y respaldado por el magisterio, la Sección 22 fue a reclamarle las respuestas que de antemano sabía que el futuro gobernante no podría ofrecerles. Y desde entonces se convirtió en su principal opositor.

Esto es lo mismo que le ocurrirá a Andrés Manuel López Obrador si llega a ganar la Presidencia. La 22, y toda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no sólo no lo respaldarán inopinadamente como sí quisiera el tabasqueño que ocurriera, sino que serán sus primeros críticos y los primeros que le reclamen las respuestas que esperan. Básicamente, irán a exigir que abrogue por decreto la reforma educativa y a que elimine todo tipo de evaluación docente —cuestión que quién sabe si les pueda y quiera cumplir AMLO, una vez que ya sea presidente.

Sin embargo, antes de que llegue ese momento del ajuste de cuentas, es cierto que la 22 hará todo para que gane Andrés Manuel. Por eso, ya tomaron participación en el proceso electoral a través de las manifestaciones del fin de semana en Puerto Escondido, y lo seguirán haciendo las veces que sea necesario para seguir nutriendo sus propias formas de participación política. Aunque a muchos no les agradan, lo cierto es que sus métodos sí son saludados por la militancia más radical e implacable, tanto del magisterio como del Candidato Presidencial de Morena. Y a ellos son a quienes hoy en día quieren mantener cautivos.

PARTICIPACIÓN COSTOSA

Lo que no ven es que el costo será altísimo. En primer término lo será para la ciudadanía y para quienes tengan que padecer sus movilizaciones y jornadas de lucha. Pero lo será mucho más para quienes hoy se asuman como sus aliados. Al final, la 22 es un gremio que ha demostrado no tener amigos ni aliados, sino intereses. Y esa es la lógica que los mueve, dentro de su enorme heterogeneidad, a participar activamente en la elección presidencial.

Los temores causados por la eventual cancelación del NAIM, son reflejo del fracaso del modelo federal en México

 

Es posible que cuando se disipe la polvareda que ha causado la intención del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar la construcción ya en marcha del nuevo Aeropuerto Internacional de México, se alcance a ver que esta propuesta no sólo refleja la vocación rupturista de quien la ha planteado hasta machacarla en medio de la campaña presidencial, sino que también deja ver que como no existe en el país una inversión federal tan relevante en lo económico y social como el nuevo aeropuerto, entonces fue eso lo que lo volvió un blanco clave para tratar de demostrar su engañosa voluntad de cambio. Esta es una muestra más de cómo, a pesar de todo lo que se dice y se siga diciendo, el federalismo mexicano falla gravemente en lo que corresponde al fomento del desarrollo.

En efecto, una de las intenciones del federalismo es provocar un crecimiento económico y el logro del bienestar en todas las partes que integran la unión. Esto es, pues, que el federalismo no es únicamente parte de un sistema político ni tiene sólo intenciones o fines relacionadas con la división de poderes o el reparto de facultades en una República. Más bien, el federalismo se expresa en un sinnúmero de temas que vale también la pena revisar, aunque en México sólo sirva para reconocer que, a diferencia del estadounidense, por ejemplo, nuestro federalismo está lleno de contrastes no sólo en las decisiones políticas o en las leyes, sino también en el tipo de desarrollo de las economías locales.

De hecho, en este espacio hemos apuntado a lo largo de los últimos años el hecho de que todas las reformas impulsadas por el gobierno federal con el regreso del PRI, tuvieron un claro ánimo centralizador. Por eso en cada una de las reformas, uno de los temas de fondo radicaba siempre —como una especie de leitmotiv— en quitarle espacios y vertientes de decisión a los estados o a otros poderes, para regresárselos al poder federal. El argumento de justificación apunta a que los estados no fueron capaces de darse orden por sí solos, y que por ende es una medida emergente que esas facultades retornen a la Federación (que, se infiere, es fuerte) para que ésta reimplante lo perdido.

Esto puede ser parcialmente cierto, pero también lo es que esa no es una expresión de federalismo. Pues éste implica de fondo la necesidad de que la federación se fortalezca para luego darle a sus partes integrantes los elementos necesarios para que éstos también alcancen su desarrollo. Esto no ha ocurrido en México, y por eso tenemos a un gobierno federal fuerte frente a entidades federativas desordenadas, incapaces, débiles y, por si algo faltara, muchas de ellas pobres y un panorama general de enormes desigualdades.

Y es que si revisamos, Estados Unidos, por ejemplo, ha demostrado que un federalismo bien planteado puede generar economías de potencial mundial. Por eso no es raro que Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Washington, Houston, Dallas, Filadelfia o Boston, entre otras, se encuentren entre las veinte ciudades con mayor Producto Interno Bruto del mundo, y que la Unión Americana sea el país que tiene más ciudades tan desarrolladas que por sí solas podrían ser economías independientes y con capacidad de competir con grandes países como Japón, Francia o Korea del Sur.

Si vemos este asunto en un mapa, veremos que a pesar de que Nueva York y Los Ángeles son ciudades distantes de polo a polo, que tienen muy poco en común, y que corresponden a contextos políticos e históricos totalmente distintos, ambas tienen un potencial de desarrollo que sólo puede explicarse a partir de la decisión de Estado de fortalecer todas las regiones del país a la par, sin hacer distinciones de norte o sur, este u oeste, o cuestiones que en México son tan marcadas que lo tomamos como algo natural. Pues de ser así, entonces Chiapas y Nuevo León deberían de tener un desarrollo más o menos similar, y lo cierto es que Nuevo León es la segunda economía local del país, y Chiapas junto con Oaxaca se encuentra en el sótano del desarrollo.

PARADOJAS

Y es que el pobre desempeño que tiene la economía mexicana, ni es pobre en todos lados, ni aplica generalmente a la economía. Decir que México no crece es olvidar que en nuestro país hay estados que durante ciertos periodos bien podrían ser clasificados como tigres asiáticos, conviviendo con entidades que sufren crisis económicas de proporciones similares a la griega. El problema no es que México no crece, sino que crece a 32 pasos diferentes. Unos estados avanzan a la par que otros le ponen el pie.

En medio de todo esto, se encuentra el caso del aeropuerto, al que deberíamos ver como un verdadero símbolo de lo mejor y lo peor de este modelo que nos rige. Pues es cierto que dicha terminal aérea está proyectada para ser una de las más importantes del mundo y, de hecho, la segunda mayor de todo el orbe. Es también cierto que tiene una proyección de utilidad para los próximos 100 años y que representa un triunfo de las capacidades de la ingeniería mexicana —aún con la sombra de la corrupción que, independientemente de lo que diga AMLO, no deja de ser un tema sensible no sólo para esa obra, sino para todas las inversiones públicas del país—.

Aún así, queda claro que dicha inversión podría no ser ni la única ni la más grande que pudiera estar haciendo el gobierno federal mexicano, si hubiera actuado con mayor responsabilidad durante los años de jauja económica que precedieron a la época actual. Es cierto que la obra aeroportuaria es importante; sin embargo también es cierto que las capacidades tanto del gobierno federal como de los estatales están hoy tan reducidas, que por eso mismo cuando una sola obra está en riesgo por las proclamas de campaña de un candidato presidencial, toda la economía tiembla, junto con los magnates y los inversionistas, y todos los que están viendo cómo desde dentro le dan golpes de muerte a esa obra totémica de la infraestructura mexicana, que es la única de esa envergadura que se ha podido concretar en los últimos años.

CAPRICHOSOS

Todo eso debería tenernos preocupados a todos. Máxime cuando lo que la está poniendo en riesgo, es justamente el capricho y la testarudez de una sola persona, que no ha podido explicar ni convencer sobre su convicción por eliminar la obra, y que tampoco ha presentado un proyecto alternativo convincente y viable que alivie la incertidumbre de los inversionistas. Ese parece ser algo así como el peor escenario, para un país en el que toda la estabilidad emocional y económica en general, depende de una sola voluntad, y de una sola obra.

Diálogo cordial entre líderes del SEPJGEOIC y Bolaños Cacho

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Se reúne con los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo que encabeza el Secretario General, Miguel Esteva Domínguez

El titular del Poder Judicial, Magistrado Raúl Bolaños Cacho sostuvo este lunes una cordial reunión de trabajo con la nueva dirigencia del Sindicato de Empleados del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Oaxaca e Instituciones Conexas (SEPJGEOIC) que encabeza el abogado Miguel Esteva Domínguez.

En el encuentro celebrado en el Salón de Plenos del TSJE, ubicado en Ciudad Judicial, Esteva Domínguez presentó a Bolaños Cacho a los nueve integrantes del nuevo Consejo Ejecutivo de su sindicato, y le informó que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado (JASPE), les otorgó la toma de nota correspondiente, luego de una elección democrática celebrada el pasado 8 de febrero.

El dirigente sindical, Esteva Domínguez indicó al Magistrado Presidente que la nueva dirigencia que estará en funciones del 2018 al 2021, mantendrá sus relaciones con el Poder Judicial teniendo como base el diálogo y el respeto.

 A su vez, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Raúl Bolaños Cacho felicitó a los nuevos dirigentes por este cargo, al tiempo de reconocer la importancia de los empleados sindicalizados en la atención de los justiciables.

Les informó que en breve entrarán en funcionamiento los centros de justicia de Tuxtepec, Ejutla y Sola de Vega en cuyos modernos edificios los empleados encontrarán las comodidades para realizar su trabajo con eficacia.

Bolaños Cacho los exhortó a seguir trabajando con responsabilidad, tal como lo exige la sociedad y los invitó a través del diálogo constructivo a aportar propuestas y sugerencias para engrandecer a este Honorable Tribunal.

En la reunión estuvo presente el Director de Gestión Administrativa, licenciado Óscar Valencia Henestrosa, así como el contador Antonio Díaz Aragón, Director de Administración.

El Senado será el contrapeso, o el ‘atorón’, para el próximo Presidente de la República

Toda la atención está puesta en la elección de Presidente de la República, sin considerar que buena parte de la gobernabilidad y la capacidad de gestión que pueda tener el sucesor de Enrique Peña Nieto, se deposita justamente en la relación que éste tenga con las cámaras legislativas. Preliminarmente, los números apuntan a la posibilidad de que, por primera vez, un partido de izquierda (Morena) tenga una bancada lo suficientemente robusta como para desbancar al PRI; que las bancadas de las fuerzas hoy coaligadas (PAN-PRD) crezcan; y que el PRI sea reducido a tercera o cuarta fuerza política. Independientemente de quién sea el próximo Presidente, esa es una noticia hoy agridulce para el funcionamiento del aparato estatal durante los próximos años.

En efecto, en los últimos años se ha reflexionado con cierta profundidad acerca de los efectos que ha tenido en la democracia y el gobierno en México, el hecho de que desde 1997 no exista una mayoría legislativa definida. Se ha dicho, por un lado, que eso ha sido consecuencia de la pluralidad política en México y que eso debe ser asumido como una de las improntas de nuestra joven democracia. En la contracara, se afirma que la pluralidad política ha significado un freno importante a la posibilidad de consolidar grandes acuerdos nacionales, en aras de superar no sólo las diferencias políticas, ideológicas o de opinión, sino sobre todo de establecer condiciones de desarrollo y crecimiento para el país que no signifiquen rupturas entre los grupos políticos opositores entre sí.

En esa lógica, lo que sí queda claro es que uno de los grandes pendientes de la democracia en México, radica en que nuestros partidos no han sido capaces de construir un sistema de coaliciones que le aporte estabilidad y certeza a los acuerdos políticos y legislativos, y tampoco han demostrado la civilidad suficiente como para asumir las corresponsabilidades derivadas de dichos acuerdos, más allá de la tentación de aventar el tablero (como lo hacen de forma recurrente) cuando el juego les deja de ser favorable, o cuando éste comienza a mostrar los costos políticos ocultos, dentro de los aparentes beneficios inicialmente vislumbrados.

Por esa razón, parece que la pluralidad legislativa ha sido una especie de ‘atorón’ para la eficacia gubernamental en los últimos años, y en ese marco ni siquiera el Pacto por México logró tener un destino distinto. Siguiendo la lógica de mantener un acuerdo según conveniencias, hoy los mismos que votaron a favor algunas de las reformas incluidas en el Pacto (la educativa es ejemplo perfecto de ello) están proponiendo su derogación. Es justamente lo que hoy plantea el candidato del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, respecto a la reforma educativa, que apenas en 2013 fue respaldada y votada a favor por dos de los tres (los dos más importantes) partidos que lo postulan como candidato a la Presidencia.

Así, queda claro que el reto que viene a partir de diciembre próximo es mayúsculo para la gobernabilidad y la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Sea quien sea el próximo Presidente, deberá enfrentarse a una cámara con una mayoría de izquierda, pero sin los espacios suficientes para generar los consensos que se traduzcan en votaciones a favor ni siquiera para reformas legales, y qué decir de las modificaciones constitucionales, en las que además participa el consenso de los gobernadores y las legislaturas estatales. La situación, en un extremo, no parece simple para el próximo Presidente; pero, en el otro extremo, ese podría convertirse en uno de los frenos más importantes frente a las tentaciones autoritarias de quien pudiera ser el próximo Presidente.

LOS NÚMEROS

En su entrega de ayer domingo (https://bit.ly/2IW83st) en la columna Retrato Hereje, el periodista Roberto Rock Lechón ofrecía una perspectiva de cómo se integraría la próxima Legislatura en el Senado de la República, si las encuestas y sondeos de opinión reflejan una realidad correcta de las preferencias electorales para los partidos políticos.

Rock apuntaba: “Las proyecciones establecidas por diversas encuestas concluidas en las semanas recientes ubican, hasta ahora, al PRI con una bancada de aproximadamente 20 escaños, sumando ya las fórmulas de mayoría relativa, primera minoría y representación proporcional que suman un total de 128 bancas.

Se trataría de la más débil representación senatorial del partido oficial en sus casi 90 años de historia, y muy lejana de los 55 integrantes que coordina actualmente Emilio Gamboa. Esta última podría ser, paradójicamente, la cifra que alcanzara la organización creada por Andrés Manuel López Obrador, un dato insólito para un partido virtualmente recién nacido. El Frente que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano acumularía 44 bancas, y el resto (9) quedaría en otras manos, entre ellas muy probablemente las de al menos un independiente.

Bajo esta nueva realidad, se desfondará la proyección imaginada por diversos actores de la administración Peña Nieto y el PRI mismo para contar una cabeza de playa en el Senado, sea cual fuere el resultado de la contienda presidencial.”

Podría parecer que sólo habrá dos bancadas fuertes: Morena y la del Frente actual. El problema es que así como Morena tiene amplias posibilidades de ganar también la Presidencia de la República y aún así su numerosa bancada no le serviría de mucho sin las alianzas legislativas necesarias y correctas, también es claro que difícilmente podría sobrevivir la alianza PAN-PRD-MC si Ricardo Anaya no gana la Presidencia, y por ende esa supuesta bancada de alrededor de 44 escaños en la cámara alta, en realidad serían dos bancadas en la que la más numerosa de ellas no llegaría a tener más que unas 25 posiciones y la otra ser incluso menor que la del PRI.

¿Por qué es importante esto? Porque nuevamente la perspectiva que queda es que el próximo Presidente tendría que construir consensos. Y dada la historia de desavenencias entre los últimos tres Presidentes y el Congreso siempre que lo que está en juego son conveniencias e intereses políticos y electorales, lo cierto es que eso no parece fácil. Mucho menos cuando se piensa en la posibilidad de derogar disposiciones sensibles como las de las reformas de los últimos tiempos, como la educativa o la energética.

PANORAMA GRIS

Al final, no se puede pensar que después del 1 de diciembre los partidos sigan pensando en la lógica actual. A partir de entonces cada uno de ellos verá sus propias conveniencias e intereses. Y si el próximo Presidente no logra construir alianzas correctas y duraderas, lo más probable es que veamos otros seis años de cambios institucionales parciales, desencuentros, recelos y disputas entre el Presidente y el Congreso. Nada distinto de lo que hemos visto en los últimos años.

La liberación del médico en el caso del niño Edward, ni revictimiza ni genera impunidad

La puesta en libertad del médico especialista implicado en la muerte del niño Edward, puede generar una polvareda de verdades a medias y presunciones infundadas que, por la salud de la convivencia entre la sociedad y la comunidad médica oaxaqueña y del país, debe disiparse lo más pronto posible. Es cierto que el médico fue puesto en libertad. Pero también lo es que, independientemente de ello, el proceso judicial no está concluido, ni tampoco está desvirtuada la acusación que formuló en su contra la Fiscalía General del Estado.

En efecto, desde las primeras horas de la tarde de ayer circuló la versión, que luego se confirmaría, de que el médico Luis Alberto P.M. habría de recuperar su libertad luego de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia resolvieran la apelación al auto de vinculación a proceso y el establecimiento de la pena de prisión preventiva, que un Juez de Control le había impuesto al galeno, luego de que le fuera ejecutada una orden de aprehensión por la comisión del delito de homicidio doloso con agravante de responsabilidad médica, y por eso mismo fuera presentado para comunicarle la imputación y decretar su vinculación a proceso.

Esta determinación inicial del Juez de Control, fue lo que generó la inconformidad de la comunidad médica en Oaxaca y en el país, que desde el primer momento salió a protestar por el hecho de que su compañero médico hubiera sido puesto en prisión. Esencialmente, los galenos argumentaban que los médicos se preparan para salvar vidas y no para matar personas, y que por esa razón no se podía “criminalizar” la labor de un especialista que sólo hacía su trabajo. Lo cierto es que la protesta tenía como base la decisión de meter en prisión del médico imputado, pues en realidad el ejercicio de ningún profesionista —y sus consecuencias— está excluida de posibles responsabilidades frente a la sociedad, y en esa lógica el gremio médico no es ni debiera ser la excepción.

Ahí comenzó una cadena de linchamientos, que sólo desvió la atención de los temas de fondo, y alimentó la división entre la sociedad oaxaqueña. Toda la comunidad médica acusó al Fiscal General del Estado de estar actuando indebidamente, a pesar de que la función principal del Ministerio Público es la de perseguir la comisión de delitos, y formular acusaciones cuando considera que existen elementos necesarios sobre la posible comisión de un ilícito, para ponerlos a la valoración y consideración de un juez del Poder Judicial.

Del mismo modo, la comunidad médica argumentaba que no debía criminalizarse la labor profesional de los médicos, cuando en realidad de lo que se trata es de desvirtuar la acusación penal formulada por la Fiscalía y aceptada por el Juez, de que los médicos imputados actuaron incorrectamente y que, o por una negligencia, o por un acto deliberado, provocaron la muerte del menor. Incluso, en el enfrentamiento retórico hubo quien acusó a los padres del menor fallecido de estar actuando dolosamente, cuando lo cierto es que como víctimas de un delito ellos están en la postura natural, esperable, deseable y necesaria de pedir que, en justicia, se le dé a cada quien lo que le corresponda frente a este caso.

FALSAS APRECIACIONES

La comunidad médica demandaba que la Fiscalía retirara la acusación que formuló en contra del médico. Esto no sólo no iba a ocurrir ya que el propio Fiscal General dijo que eso sería algo que esa institución simplemente no haría; pero tampoco habría podido ocurrir así de forma lisa y llana, ya que las víctimas del delito presuntamente cometido también tienen derecho a exigir justicia, y a buscarla en los tribunales incluso frente a una eventual decisión unilateral del Fiscal General de retirar la acción penal ejercida ante el juez penal.

Lo cierto es que independientemente de cuál sea la situación en la que se encuentre el médico, respecto a su integridad personal, lo cierto es que el procedimiento deberá continuar hasta su conclusión. Lo único que habrían revalorado en este momento los magistrados que revisaron la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta por el Juez de Control, es respecto a que el médico imputado no es susceptible de sustraerse a la acción de la justicia, y que por ende puede continuar en libertad durante todo el tiempo que dure el desahogo del juicio.

Por esa razón, es incorrecto suponer que lo que se hizo fue concretamente un acto de justicia, ya que hasta el momento siguen sin ser valorados todos los elementos objetivos, que al final tendrán que servir para llegar a una conclusión de culpabilidad o inocencia del médico que ayer fue liberado, y de la anestesióloga que también está procesada pero que desde el inicio pudo enfrentar esta situación en libertad. Por eso, no se puede hablar aún de justicia, porque la justicia no está sujeta a la mayoría de razón ni a las presiones sociales. Quizá hubo algún elemento social o político, de prudencia para la distensión del conflicto, lo que en parte habría motivado la resolución de los magistrados. Sin embargo, para efectos del fondo del juicio esencialmente todo esto no significa nada aún.

Por todo ello, es necesario esperar a que el caso continúe su curso, y a que finalmente sea en los tribunales en donde todo esto se dirima. Es imposible pensar, o suponer, que por una decisión inicial todo el asunto cambie el curso. También es necesario que todos, el gremio médico y la sociedad, asuman la responsabilidad y el valor civil para apostar a que sean también profesionales, en este caso del derecho, quienes en sus calidades de abogados y jueces, además de todos los peritos que deban participar, sean quienes contribuyan a esclarecer el hecho, encontrar la verdad y establecer el grado de responsabilidad que pudo tener cada uno de los implicados.

Para todos será costoso el linchamiento social al que se sometió a la Fiscalía General, a los jueces y a todos los que de alguna forma están involucrados en este hecho. Ni eso, ni la presión social, elimina el hecho de que todos estamos frente a la comisión de un acto ilícito, y a que independientemente de que éste sea doloso o culposo, de todos modos causa gran dolor a la familia y sus seres queridos, y por eso mismo debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias, igual que cualquier otro caso similar cometido por cualquier otro profesional de cualquier ramo, en el ejercicio de sus habilidades y conocimientos profesionales.

NI IMPUNIDAD, NI NADA

Se ha revictimizado a los padres del menor, con el linchamiento y el señalamiento social, no con la libertad provisional del médico imputado. Esto, a su vez, no genera impunidad porque nadie ha sido exculpado de nada. A este proceso le queda aún mucho por delante.

Con todo y sus trampas, la inclusión de El Bronco en la boleta electoral, servirá para minar a independientes

Puede ser infinita la lista de motivos —políticos, jurídicos, de intereses, etcétera— que pueden explicar la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en la boleta electoral de los candidatos presidenciales a pesar de todas las irregularidades que se acusan respecto a las pruebas ofrecidas sobre la obtención de apoyo ciudadano para su candidatura. De entre todas ellas, una que no debe ser soslayada es la de asestarle un golpe, así sea en el mediano plazo, a la apertura del acceso al poder a los ciudadanos sin partido.

En efecto, la decisión del TEPJF sobre la candidatura independiente de El Bronco ha causado todo tipo de descalificaciones, las cuales están basadas, esencialmente, en lo que se acusó desde el propio Instituto Nacional Electoral sobre las irregularidades en la integración del apoyo ciudadano que el Tribunal Electoral decidió desconsiderar para darle prioridad a su registro como candidato, aduciendo una sentencia de corte garantista para proteger el derecho a votar y ser votado de El Bronco, así como la aparente reparación ante el quebranto jurídico que el INE le habría causado al negarle la garantía de audiencia para la revisión de las (miles) de irregularidades detectadas.

Sobre esto, ayer el escritor Héctor de Mauleón refería en su columna de El Universal, los señalamientos del consejero Ciro Murayama al respecto. El Bronco, afirmaba, reunió 2 millones 34 mil 403 apoyos entre octubre de 2017 y febrero de 2018. De esos apoyos, un millón 223 mil 408 coincidieron con la lista nominal. El resto, 810 mil 995, le fueron descartados por el INE. Y es que había 266 mil 357 apoyos duplicados. 11 mil 748 se hallaban en el padrón, pero no en la lista nominal.

15 mil 938 nombres habían sido dados de baja del listado: 7 mil 44 correspondían a personas que habían muerto; 7 mil 78 provenían de credenciales no vigentes (con más de diez años de antigüedad), y 6 mil 630 no fueron encontrados ni en el listado ni en el padrón.

Mil 869 se hallaban fuera del régimen de excepción (es decir, no vivían en municipios marginados, lo que les habría permitido entregar su apoyo en papel) y 508 mil 453 apoyos adolecían de inconsistencias: “esto es, fotocopias, simulaciones o credenciales diferentes a las de elector detectadas desde el principio en la llamada mesa control”, según explica Murayama.

Desde el primer momento, no se validaron, pues, 810 mil 995 apoyos. A Rodríguez le quedaba un universo de un millón 223 mil 408 apoyos. Dicho universo fue sometido —al igual que el de otros 31 aspirantes a convertirse en candidatos independientes— a una revisión censal. Surgieron “fotocopias, simulaciones y documentos no válidos”. 158 mil 532 no eran sino simulaciones de credencial: “cartoncillos, plantillas con pretendida forma de credencial donde se vaciaban datos genuinos de ciudadanos, pero sobre soporte falso”.

Había, además, 205 mil 721 fotocopias. Y se detectaron también 23 mil 644 apoyos en documentos no válidos: “tarjetas de descuento y licencias de manejo” (no credenciales de elector). De manera que al señor Rodríguez se le descontaron otros 387 mil 897 apoyos. Al Bronco, dice Murayama, se le dio derecho de audiencia por cinco días. Cuando se hubo revisado el 100% de los apoyos, se le dieron por buenos 14 mil 426 más. Con eso obtuvo un total de 849 mil 937 firmas.

Le faltaron 16 mil 656 para alcanzar la meta. Él alegó que no tuvo garantía de audiencia. Murayama afirma, sin embargo, que está documentado que en 12 ocasiones El Bronco y su equipo acudieron a revisar sus firmas entre diciembre y febrero, y luego durante el mes de marzo. El criterio final del INE fue que había irregularidades insubsanables en 302 mil 542 apoyos. El Tribunal determinó que la autoridad electoral no había justificado “fundada y motivadamente” su decisión, y había actuado, por lo demás, de manera unilateral. Hasta aquí la cita al texto de De Mauleón.

Lo que resulta relevante es que, con todo y eso, a Rodríguez Calderón le otorgaron el registro. ¿De verdad todo puede ser tan positivo y garantista como se aparenta?

GOLPE A LOS INDEPENDIENTES

Desde siempre se ha sabido que en México el sistema político no quiere a los independientes. Tampoco los quieren los partidos políticos, porque hasta antes de que éstos aparecieran, el monopolio del acceso al poder público estaba depositado justamente en ellos. Las candidaturas independientes se lograron luego de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el llamado Caso Castañeda Gutman versus México, que obligaba al Estado mexicano a modificar su marco jurídico interno para incluir y garantizar el derecho a ser votado, de las personas que no militan en ningún partido político.

El problema es que las candidaturas independientes hoy tienen todos los escollos posibles, incluyendo a quienes hoy son candidatos presidenciales por esa vía. Un problema inicial radicó en el establecimiento de condiciones muy desiguales para la obtención del apoyo ciudadano, así como umbrales dificultados para ser alcanzados. Además de eso, se les establecieron diversos mecanismos de negación del acceso a recursos públicos, y otras circunstancias que hacían complicada la posibilidad de que cualquiera de ellos lograra juntar el apoyo requerido.

De hecho, en noviembre del año pasado más de 50 ciudadanos registraron sus intenciones de convertirse en candidato presidencial independiente. Desde entonces, los cálculos más optimistas sugerían que cuando mucho habrá uno —o una— que podría lograr juntar las más de un millón 200 mil firmas que eran necesarias —por el margen de error que podían tener en la validación del respaldo ciudadano por parte de la autoridad electoral— para poder acceder a esa candidatura independiente.

Y lo cierto es que buena parte de los obstáculos —constitucionales, institucionales y materiales— a los que se enfrentaron esos aspirantes a una candidatura presidencial independiente, fueron creados y fomentados, por los mismos partidos políticos, como parte de su feroz lucha electoral en la que quieren que no existan más contendientes ni competidores que ellos; además de que el propio balance de la forma en cómo los aspirantes a una candidatura independiente intentaron acreditar el apoyo ciudadano recibido, puso en evidencia que ellos mismos habían incurrido y fomentado prácticas indebidas e ilegales que debían ser sancionadas.

DESCRÉDITO

En ese panorama, es posible que el resultado de la elección presidencial sea lamentable para los independientes, tanto por los votos captados como por las irregularidades cometidas. ¿Y no sería eso punta de lanza para impulsar la discusión de una contrarreforma? Porque si para lograrlo el descrédito era un elemento necesario, parece que las circunstancias ya lo están dando.

Galería de expresidentes de TSJE un reconocimiento del Poder Judicial a destacados oaxaqueños

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Además, el titular del Poder Judicial encabezó la 1ª Reunión Regional de Jueces en Ciudad Judicial.

En Sesión del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada este miércoles y presidida por el Dr. Raúl Bolaños Cacho, Titular del Poder Judicial, los Magistrados Agustín Márquez Uribe, Héctor Anuar Mafud Mafud y Alejandro Enrique Figueroa, instalaron la Galería de Expresidentes del TSJE.

“Este es un reconocimiento a distinguidos abogados oaxaqueños que aportaron y siguen aportando sus conocimientos a este Tribunal Superior de Justicia,  que le siguen apostando a Oaxaca”, dijo el Magistrado Presidente.

Bolaños Cacho agradeció la presencia de Márquez Uribe, Mafud Mafud y Alejandro Enrique Figueroa, quienes develaron la Galería de Expresidentes, que desde hoy enmarca el Salón de Plenos de dicho órganos de justicia.

Asimismo, este miércoles por la mañana, el Magistrado Presidente, encabezó el Primer Encuentro Regional con Jueces del Poder Judicial, con quienes, en un diálogo cordial, abordaron temas del ámbito jurisdiccional y administrativo, con el objeto de identificar los aspectos que deben mejorarse para el fortalecimiento de la administración de justicia.

En dicho encuentro, celebrado en el Auditorio del TSJE, en Ciudad Judicial, en el que también participaron Magistrados de las Comisiones de Oralidad Penal, Oralidad Mercantil y Justicia Familiar, así como directores administrativos, Bolaños Cacho exhortó a los jueces a redoblar esfuerzos, a seguir capacitándose, para brindar un mejor servicio a los justiciables y poner en alto el nombre del Poder Judicial del Estado.

La inusitada candidatura judicial de El Bronco, convalida la práctica deshonesta en las elecciones

De manera francamente inesperada, la noche del pasado 9 de abril El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revivió la candidatura presidencial independiente de Jaime Rodríguez Calderón, al considerar que le violaron sus derechos de audiencia y no se le permitió la revisión de la totalidad de los apoyos invalidados por el Instituto Nacional Electoral. Aun cuando no cumplió con el umbral de firmas, se infirió que al haber recuperado algunas en otras fases, podría recuperar las 16 mil 656 que le faltaban, por lo que ordenó al INE registrarlo como candidato presidencial. Aunque esta es una sentencia pro derecho, lo cierto es que el propio tribunal electoral sigue empujando al proceso electoral a terrenos pantanosos.

En efecto, de acuerdo con una nota de La Jornada, en el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera, la argumentación invirtió la postura del INE que de haber detectado las irregularidades a Rodríguez Calderón pasó a ser quien le violó sus derechos. Sin aludir a la simulación de firmas o las miles de fotocopias consideró: “a pesar de que el actor comparecía a la verificación de apoyos, la decisión sobre la validez o no de los apoyos registrados quedaba a la libre apreciación del personal comisionado por la autoridad, sin que exista constancia de cómo sucedió realmente ese procedimiento”.

Con una mayoría mínima de 4 a 3, revirtieron la decisión del INE. Incluso, el magistrado José Luis Vargas -quien se ha caracterizado por la abierta confrontación pública a decisiones del INE-, calificó de “desaseado” el procedimiento de revisión de las firmas. En contraste, para los magistrados, Janine Otalora, Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata reivindicaron que sí se le garantizaron la audiencia y que el TEPJF validó el esquema de validación de firmas.

Otalora fue mas allá y aseveró la importancia de garantizar “la legitimidad de los apoyos que son otorgado a quienes aspiran a una candidatura independiente. Esta exigencia es esencial para brindar certeza al respaldo ciudadano requerido y garantiza que esté libre de sospecha y manipulación. Además, es indispensable para garantizar, tanto al interesado como a la ciudadanía y a los demás contendientes que la incorporación de una candidatura tuvo un apoyo real e incontrovertible de un elector”.

No obstante, bajo el eufemismo de que éste era un proyecto “garantista” se señaló: “de las constancias del expediente se advierte que hubo rubros que la autoridad consideró unilateralmente que no eran subsanables, por lo que no le dio acceso al actor a su revisión y tampoco lo hizo respecto de la totalidad de los apoyos registrados en la etapa preliminar, pues en las actas en que se describieron sus comparecencias se asentó que se dio prioridad a los rubros en que la representación del promovente advertía que recuperaba mayor número de apoyos, y en la etapa definitiva, la autoridad expresamente negó su petición de verificar aquellos que no vio por considerar que no era posible regresar un etapa previa”.

Por esa razón, una mayoría de magistrados votó a favor de que el INE revirtiera la negativa del registro a Rodríguez Calderón, y procediera a incluirlo en la lista de candidatos presidenciales bajo el argumento de que al abrir las etapas procesales que inicialmente le negó el INE, podría recuperar las firmas necesarias para poder cubrir el apoyo ciudadano requerido por la ley, y con ello hacerse de la candidatura presidencial independiente. Éste puede ser el inicio de una cadena de sentencias que, al menos en México, podría abrir espacios que hasta ahora parecían definitivamente vedados a la voluntad popular, como la posibilidad de la reelección de un Presidente de la República gracias no a una modificación constitucional, sino a una sentencia judicial.

¿NUBARRONES?

Hace poco más de un mes, el 4 de marzo pasado, el doctor Raúl Ávila Ortiz hacía algunos apuntes en su lúcida columna Oaxaqueñología, que se publica los domingos en la Agencia Quadratín, que hoy son esenciales para entender algunas de las posibles implicaciones de este fallo.

En aquella entrega (https://oaxaca.quadratin.com.mx/inelegibles), el doctor Ávila se refería al contexto actual en que se dirime la inelegibilidad de un ciudadano para ocupar un cargo de elección popular, a la luz ya no sólo de los derechos fundamentales que reconoce el derecho interno, sino de las conexiones jurídicas multinivel reconocidas no sólo en la Constitución, sino también en tratados internacionales, convenios, jurisprudencia internacional, criterios y recomendaciones, entre otros.

Sobre el derecho a votar y ser votado en el nuevo contexto de los derechos fundamentales, apuntaba: “Esto (el cambio del paradigma jurídico de los derechos fundamentales, establecido a partir de la reforma constitucional de junio de 2011) ha venido a cambiar los parámetros de la justicia constitucional, lo que significa la aplicación de métodos más sofisticados de interpretación para favorecer a las personas y sus derechos. Así, por ejemplo, y en el extremo, a lo largo de la última década y media los tribunales constitucionales latinoamericanos han aprobado resoluciones de alto impacto en el juego político.

“En Costa Rica (Óscar Arias), Colombia (Álvaro Uribe) Nicaragua (Daniel Ortega) Venezuela (Hugo Chávez) y, más recientemente, en Honduras (Orlando Hernández), sendas resoluciones judiciales han ponderado principios y reglas jurídicas, nacionales e internacionales, y decidieron inaplicar la prohibición expresa de la reelección presidencial absoluta o relativa, sin necesidad, obvio, de modificar las respectivas constituciones. En consecuencia, despriorizaron la prohibición en favor de los derechos no solo de los nominados sino de amplios sectores de votantes que así lo querían.”

Pudiera pensarse que el actual fallo del TEPJF relacionado con Rodríguez Calderón se ciñe a esta tendencia, por su sentido garantista de proteger los derechos políticos del aspirante por encima de las circunstancias que cuestionan la legitimidad del apoyo ciudadano obtenido supuestamente de manera irregular. Aún cuando esto pudiera parecer defendible, lo cierto es que en realidad, en este caso específico el Tribunal Electoral parece haber rebasado las fronteras entre la protección de derechos y la convalidación de actos no sólo indebidos, sino posiblemente ilícitos.

PREMONICIÓN

Esto es algo que no debemos dejar de ver porque la permanencia de esta tendencia podría impactar directamente en el contenido del artículo 83 constitucional, que establece el principio absoluto de la no reelección de Presidente de la República en México.

La candidatura de “El Bronco”

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