Con las implicaciones mexicanas del caso Odebrecht, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto quizá se encuentre ante la última oportunidad de demostrar que, al menos parcialmente, tiene voluntad para hacer algo en contra de los actos de corrupción. Existe ya un señalamiento directo en contra del ex Director de Pemex, Emilio Lozoya, que bien podría alcanzar esferas aún superiores del poder. De no hacer nada, el gobierno de Peña Nieto se enfrenta no sólo al descrédito internacional, sino también a la posible exigencia de acciones en contra de los responsables e incluso la aceptación de algunas presiones que estarían buscando el reconocimiento de una jurisdicción internacional en el combate a la corrupción.

En efecto, de acuerdo con una declaración grabada que dio a conocer recientemente Quinto Elemento Lab de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, ex ejecutivo de Odebrecht, Emilio Lozoya recibió las “propinas indebidas” del gigante brasileño de la construcción a través de un prestanombres, quien abrió cuantas bancarias en el banco HSBC de Mónaco. De acuerdo con la investigación, Alves da Silva era el ex jefe del Sector de Operaciones Estructuradas de la compañía, la oficina encargada de armar los esquemas financieros necesarios para realizar los pagos de los sobornos.

El ex directivo de Odebrecht fue videograbado mientras rendía su testimonio, el 15 de diciembre de 2016, sobre lo que los fiscales brasileños conocen como el Anexo Temático 19, titulado “Presidente de Pemex”, al que Quinto Elemento Lab tuvo acceso, junto con declaraciones juramentadas, carpetas electrónicas y otros documentos, todos ellos confidenciales y algunos secretos. En el video, de poco más de siete minutos, señaló que Lozoya Austin es el dueño de las cuentas bancarias que se abrieron en el HSBC de Mónaco a nombre de las empresas offshore.

Como titular de esas cuentas aparece Rodrigo Durán, una especie de intermediario financiero contactado por Odebrecht, quien las endosó y las transfirió a Emilio Lozoya Austin, según precisó la investigación de los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic. “Rodrigo transfirió las acciones de la offshore de la cuenta en donde fue depositado el dinero. En cualquier momento, Emilio podía decir esa offshore es mía y esa cuenta es mía si en algún momento hubiera un malentendido entre Rodrigo y él”, sostuvo Alves da Silva, de acuerdo con la investigación de Quinto Elemento Lab.

En la grabación, los fiscales le preguntan si conoce a Lozoya, a lo que responde afirmativamente. Más adelante le preguntan sobre cómo se hizo el pago al ex directo de Pemex, a lo que respondió: “Se abrió una cuenta a nombre de un representante de Emilio, era una persona que nosotros recomendamos, el señor Rodrigo Durán. Emilio no quería tener una cuenta a su nombre”.

Estas revelaciones reavivaron las demandas relacionadas con que en México se persiga y procese judicialmente, igual que como se ha hecho en otros países a los funcionarios corruptos que han sido señalados por los ex ejecutivos de Odebrecht que se encuentran bajo investigación. Hasta ahora, Lozoya es el único mexicano señalado de haber participado en operaciones ilícitas de sobornos a cambio de favores desde el gobierno federal, pero hasta el momento las investigaciones han tenido poco impulso.

Concretamente, el gobierno federal tendría aún cierta oportunidad de procesar y aclarar a fondo el caso Odebrecht en su capítulo mexicano —aún con la caída de Lozoya y quizá otros más— para salvar el honor no del Presidente, sino de la justicia mexicana, que desde hace varios años —como consecuencia de los galopantes actos de corrupción, y la poca disposición de las autoridades nacionales para perseguir y castigar esos hechos— se encuentra sometida a fuertes presiones para reconocer la posibilidad de que un organismo internacional pueda ejercer acción penal en contra de quienes cometan actos de corrupción.

PRESIÓN INTERNACIONAL

Sobre el caso en cuestión, ayer miércoles la justicia ecuatoriana condenó al vicepresidente del país, Jorge Glas, que se encuentra en prisión preventiva, a seis años de cárcel por su implicación en el caso Odebrecht, la trama de sobornos a cargos públicos tejida por la constructora brasileña. El delito cometido por Glas, hombre de confianza del expresidente Rafael Correa, es según la Corte Nacional de Justicia de Ecuador el de asociación ilícita. Es decir, el vicepresidente, suspendido de sus funciones, se benefició según la sentencia de sobornos millonarios para favorecer a la compañía. El fiscal general, Carlos Baca Mancheno, le atribuyó hace un mes la responsabilidad de un “esquema gerencial” en una “organización delictiva y criminal”.

Este es un caso que presiona, pero no es el único y Odebrecht no es la única razón. Otras naciones han puesto también raseros que algún día alcanzarán a México respecto al combate efectivo a la corrupción. Por ejemplo, en agosto de 2015 el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Por el mismo caso fue aprehendida la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que antes se había visto forzada a renunciar ante la contundencia de las pruebas en su contra. Finalmente, tanto Pérez Molina como Baldetti se encuentran en prisión enfrentando diversos cargos.

Un punto importante es entender en qué consiste esa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En 2003, luego de que Guatemala pasara por largos periodos de inestabilidad política y guerra civil, el Estado guatemalteco solicitó formalmente la asistencia de la ONU para el establecimiento y funcionamiento de una Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, con miras a coadyuvar en la investigación y desarticulación de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.

En una de las cuestiones más relevantes, esa Comisión de la ONU que opera en Guatemala también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la Comisión, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios.

PRESIONES SOBRE MÉXICO

Cuando en 2015 se escapó Joaquín Guzmán Loera de El Altiplano, Estados Unidos incrementó la presión sobre México para la creación de una comisión similar a la guatemalteca. La reaprehensión de El Chapo calmó las cosas. ¿Pero un caso del tamaño de Odebrecht, y la pasividad —encubrimiento— del gobierno mexicano, no sería también capaz de revivir esta exigencia internacional? Por eso, perseguir a los corruptos por voluntad debiera ser una de las prioridades a lo que le queda de gobierno al Presidente Peña Nieto.

Uno de los grandes temas de la semana que culmina, fue el enorme debate que generó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de considerar la posibilidad de impulsar un proceso de paz a través de la amnistía a quienes generan violencia. Este es un tema por demás sensible, ya que el país atraviesa por una espiral de violencia no provocada por movimiento sociales o armados, sino eminentemente por la delincuencia organizada que. A pesar de todo, parece que hasta el momento no hay posibilidades de detener esta ola sangrienta. Por eso, la propuesta del Líder de Morena abrió una de las ámpulas que más le duelen al país.

En efecto, tal y como lo apuntamos en entregas recientes, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional habló el fin de semana en Tixtla, Guerrero, sobre analizar otorgar una amnistía a los líderes del crimen organizado con el objetivo de pacificar el país. La declaración de amnistía que propone, plantea incluir a corruptos, incluso a los que forman parte de lo que llama “la mafia del poder”, pero además agregó a la lista a los líderes de grupos criminales, aunque precisó que esta decisión tendría que ser avalada por las víctimas.

En esencia, lo que planteaba López Obrador es impulsar una especie de borrón y cuenta nueva para una aparente “reconciliación” entre el pueblo mexicano y los criminales. Según su lógica, los criminales deben ser perdonados en aras de pacificar al país, como si en la lógica de un delincuente, el solo hecho de ser perdonado por la sociedad lo hiciera no volver a delinquir. Incluso, está plenamente comprobado que el inexistente proceso de reinserción social en las cárceles del país, alimenta las calles de criminales que ya habían estado en prisión y que al recobrar su libertad deciden volver a delinquir sin considerar el aparente escarmiento vivido al haber estado en prisión por un tiempo determinado.

Más allá de las posiciones políticas que, hasta el momento hemos escuchado de manera abundante, bien vale la pena revisar algunas cuestiones teóricas y académicas al respecto. Una de ellas, muy importante, es la que plantea la experta en derechos humanos Daniela Malpica, en un interesante texto publicado esta semana en la edición electrónica de la revista Nexos, denominado “Amnistía: más allá de la locura” (https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8308).

Ahí, Malpica indica que  no podemos hablar de amnistías sin antes comprender qué son y cuándo es que éstas son aplicadas. Para ello, debemos comenzar por entender que se llevan utilizando desde hace siglos cómo un método efectivo para solucionar conflictos. En los últimos 30 años, sobre todo en países de América Latina, África y el sudeste de Asia, las amnistías se han aplicado para coadyuvar a solucionar a sociedades que se encontraban en conflicto.

Ante esto, surgió en el derecho internacional de los derechos humanos la justicia transicional, la cual tiene entre sus objetivos auxiliar a las sociedades a lidiar con un pasado atroz hacia un futuro en paz, democrático y en donde impere el estado de Derecho a través de la investigación de los responsables, la justicia y la reconciliación. La justicia transicional tradicionalmente se ha aplicado a sociedades que están o se encuentran transicionando de una situación de conflicto o de una dictadura, y donde han ocurrido violaciones masivas a los derechos humanos.

JUSTICIA TRANSICIONAL

La Justicia Transicional tiene cuatro pilares: la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. Para cumplir con su objetivo y alcanzar sus pilares, cuenta con 4 tipos de mecanismos:

1. Para acceder a la verdad, se han implementado comisiones de la verdad o comisiones de investigación (nacionales, internacionales o mixtas) con la finalidad de que la sociedad en general –pero sobre todo las víctimas de las violaciones masivas a derechos humanos– conozcan la verdad de los hechos;
2. En el caso del acceso a la justicia, se han establecido tribunales ad hoc (nacionales e internacionales) y la Corte Penal Internacional, en muchos de los cuales han existido métodos alternativos de solución de controversias, métodos tradicionales e informales para llegar a la justicia. Es importante señalar que se aplica una estrategia de priorización de los responsables en las cadenas de mando (tanto de autoridades como de grupos armados o cárteles en este caso);
3. En cuanto a reparaciones se han implementado programas de reparaciones masivas para las víctimas. Al igual que en los tribunales ad hoc, se puede seguir una estrategia de priorización con las mismas víctimas ante la escasez de recursos, y
4. Para garantizar la no repetición de las atrocidades y violaciones masivas a derechos humanos se requiere de transformaciones institucionales, sociales, educativas, culturales, incluyendo la depuración y de las instituciones de los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones judiciales, legislativas y de seguridad.

Ahora bien, ¿qué son las amnistías? La ONU las define como medidas jurídicas que impiden el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada (por ejemplo presos políticos bajo cargos de traición).

Es importante destacar que tanto para el derecho internacional de los derechos humanos, dentro del sistema universal como en el sistema interamericano, están prohibidas las amnistías por:

1. Crímenes de guerra; 2. Genocidio; 3. Crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación y otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género o otros, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud. 4. Violaciones graves de derechos humanos, incluidos los delitos que afecten concretamente a la mujer y la violencia de género, interfieran con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, a conocer la verdad y a obtener una reparación.

HABLAR CON LA VERDAD

Quizá en México sí sea necesario un proceso de paz, pero no en los términos tan reduccionistas que planteaba AMLO recientemente. Es importante considerar la necesidad de detener la violencia, pero no a costa de la impunidad. México no es la primera nación que pasa por esto, y justamente por eso debe ser importante conocer y considerar la experiencia internacional antes de emitir juicios aventurados.

Los movimientos sociales —incluso los armados, que llegan a utilizar la violencia— guardan una distancia muy amplia con la criminalidad y la delincuencia organizada. Los movimientos sociales y armados persiguen un fin eminentemente político, pero utilizan la violencia como un mecanismo para tratar de hacer valer sus exigencias o postulados ideológicos. Por su parte, la delincuencia común y organizada tiene como único fin quebrantar la ley para obtener un beneficio particular. En cualquiera de las lógicas posibles de cualquier Estado democrático, a los primeros se les puede incluir en un proceso de reconciliación; pero a los segundos se les persigue, hasta el final, con todo el peso de la ley. Eso es lo que no parece entender el Candidato Presidencial de Morena en México.

En efecto, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) habló este fin de semana en Tixtla, Guerrero, sobre analizar otorgar una amnistía a los líderes del crimen organizado con el objetivo de pacificar el país. La declaración de amnistía que propone, plantea incluir a corruptos, incluso a los que forman parte de lo que llama “la mafia del poder”, pero además agregó a la lista a los líderes de grupos criminales, aunque precisó que esta decisión tendría que ser avalada por las víctimas.

En esencia, lo que plantea López Obrador es impulsar una especie de borrón y cuenta nueva para una aparente “reconciliación” entre el pueblo mexicano y los criminales. Según su lógica, los criminales deben ser perdonados en aras de pacificar al país, como si en la lógica de un delincuente, el solo hecho de ser perdonado por la sociedad lo hiciera no volver a delinquir. Incluso, está plenamente comprobado que el inexistente proceso de reinserción social en las cárceles del país, alimenta las calles de criminales que ya habían estado en prisión y que al recobrar su libertad deciden volver a delinquir sin considerar el aparente escarmiento vivido al haber estado en prisión por un tiempo determinado.

¿Para quiénes resulta viable una amnistía? Lo es para quienes fueron parte de un movimiento político, que primero fue perseguido por la vía judicial, pero después se comprende la relevancia social de impulsar un proceso de reconciliación como una forma de darle una solución de fondo a las discordancias sociales, o cuando se pretende terminar de fondo con un conflicto político que llega a la violencia.

En el siglo XIX, el gobierno impulsó diversas leyes de amnistía a favor de personas o movimientos que habían luchado por el poder; en el México contemporáneo, en el ámbito estatal, se recuerdan dos leyes de amnistía: la primera, que fue emitida en 1978, respecto de todos los líderes y participantes en los movimientos sociales surgidos en 1968 y los años posteriores; y se impulsó otra ley de amnistía en 1994, para dejar de perseguir y procesar judicialmente a todas las personas que habían participado en el alzamiento protagonizado en Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

LEYES DE AMNISTÍA

La Ley de Amnistía federal de 1978 ley fue decretada en favor de quienes se ejercitó acción penal por los delitos de sedición, instigación, incitación, rebelión, conspiración u otras faltas cometidas al formar parte de grupos, impulsados por móviles políticos, con el propósito de alterar la vida institucional del país.

En 2015 dicha norma quedó abrogada, al considerarse que a más de 30 años de su promulgación, la legislación cumplió con su propósito al reincorporar a la vida pública a los integrantes de aquellos grupos disidentes, además de aplicarse a los hechos y situaciones que le dieron origen, por lo que su prevalencia en el sistema jurídico mexicano resulta irrelevante. La Ley de Amnistía de 1994, respecto a los participantes en el alzamiento zapatista, continúa vigente.

Ahora bien, en Oaxaca existen dos Leyes de Amnistía vigentes. Una similar a la federal de 1978, que fue emitida en los tiempos en los que el General Eliseo Jiménez Ruiz era Gobernador del Estado, la cual tenía como propósito “otorgar amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercido acción Penal, ante los Tribunales del Poder Judicial del Estado, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley; por los delitos de Sedición, Conspiración o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión u otros delitos cometidos, formando parte de grupos e impulsados por móviles Políticos, con el propósito de alterar la vida Institucional de la Entidad; siempre y cuando no sean éstos contra la vida, la integridad corporal, secuestro, daño en propiedad ajena y robo.”

En el año 2000, el Estado de Oaxaca emitió otra Ley de Amnistía, ahora a favor de quienes habían participado en las acciones del Ejército Popular Revolucionario del año 1996 hasta entonces. Dicha norma estableció “amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal, ante los tribunales del Poder Judicial del Estado, por los delitos cometidos con el propósito de alterar la vida institucional y la seguridad interior del Estado, y para aquellos individuos que en actuaciones ministeriales y/o judiciales se desprenda que el delito que se les imputa se encuentra vinculado con dicho móvil, formando parte de grupos armados e impulsados por móviles de reivindicación social relacionados con los hechos del día 28 de agosto del 1996 hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.”

Las leyes de amnistía son, en efecto, un elemento importante de reconciliación social porque se entiende que los delitos que se cometen fueron realizados y perseguidos en el contexto de una cuestión política, y no porque propiamente hubiera voluntad para cometerlos con un ánimo eminentemente de lucro ni como una forma de obtener provecho particular de ello. Por esa razón resulta abominable el solo planteamiento de decretar una amnistía a favor de las bandas criminales que han asolado al país en los últimos años, porque bajo ninguna circunstancia la naturaleza de su actuación es política, y porque tampoco tienen una base social que respalda sus acciones como parte de una aspiración ideológica.

NO OLVIDAR

Al final, en ningún lugar del mundo se perdona a la criminalidad. No puede ser así, porque ni siquiera a los homicidas, secuestradores, torturadores o ladrones, se les perdona con las normas de amnistía antes mencionadas. De hecho, aplicar la ley con toda energía, y no derogarla de iure o de facto, es una condición indispensable para cualquier reconciliación social que busque cualquiera que quiera ser presidente.