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Por los sismos, y por la crisis que ya existía, es indispensable la reactivación de la imagen de Oaxaca

Es cierto que los sismos del pasado mes de septiembre metieron a Oaxaca en una dinámica que, en el mediano y largo plazo, cambiará todos los planes de desarrollo preestablecidos. También lo es, que Oaxaca ya tenía problemas sociales y políticos que bien podían catalogarse como críticos, y que ellos no son consecuencia directa de hechos o decisiones recientes. Sin embargo, aún con todo eso, es importante que el gobierno de Oaxaca busque los mecanismos necesarios para remontar cuanto antes la crisis por los sismos, y los problemas que ya existían antes de esa contingencia.

En efecto, los sismos de septiembre cambiarán en gran medida las prioridades que pudiera tener preestablecidas el gobierno oaxaqueño. La dimensión de los daños ocasionados por los sismos, y las necesidades actuales de atención e inversión pública, rebasan por mucho cualquier posible planeación o protocolo —que no existían— para una situación de esa naturaleza. Toda una región de la entidad quedó devastada por el siniestro, y pasará mucho tiempo antes de que distintas áreas del gobierno puedan ocuparse de cualquier otro tema que no sea la atención a los damnificados, a la reconstrucción y a la vigilancia de que las inversiones para dichas labores se lleven a cabo correctamente.

Sin embargo, de manera concomitante a ello, es evidente que Oaxaca mantendrá su dinámica en todos los demás problemas que ya existían. Temas como la atención del conflicto magisterial, a las organizaciones sociales, a los conflictos agrarios y de autoridades municipales, además del proceso electoral federal que ya se desarrolla, seguirán su curso; y, además, tendrá que haber también atención institucional a las regiones que no resultaron tan afectadas por los sismos, pero que ya habían sido lastimadas por otras situaciones de índole social.

En esa lógica, el refuerzo a la imagen y al potencial que tiene la entidad, será determinante si es que de verdad se tienen coordenadas claras de qué más se debe hacer aparte de la atención a los damnificados por el sismo, ya que ese no es el único ni el más añejo problema que enfrenta la entidad.

¿De qué hablamos? De que, en temas que tienen que ver con la actividad económica y turística de la entidad, deben procurarse las señales de preocupación debidas para que no parezca que los espacios potencialmente más importantes se encuentran abandonados. Por ejemplo, la capital oaxaqueña sufrió mermas menores en cuestión de ocupación hotelera y arribo de turistas luego del sismo, y sería muy importante que con coordinación institucional se reforzaran las condiciones de atracción hacia Oaxaca.

Lamentablemente, esa no ha sido una constante en el gobierno en los últimos meses. Por ejemplo, el año pasado a La Carrera Panamericana se le atravesó el enfrentamiento de Nochixtlán, en junio, y la larga resistencia magisterial —que cerró durante semanas el paso de la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, por donde se desarrolla buena parte de la competencia en la ruta de Oaxaca a la ciudad de Puebla—, por cuya contingencia se tuvo que cancelar su paso por Oaxaca.

La situación, frente a las circunstancias, fue ampliamente comprendida; y por esa razón se lamentó la cancelación de la sede en Oaxaca, pero realmente nadie cuestionó la decisión tomada por los organizadores. Lo que no se termina de comprender es por qué en 2017, La Carrera Panamericana nuevamente decidió no pasar por Oaxaca,

En su trigésima edición, La Carrera Panamericana se desarrolla de Querétaro a Durango, pasando por Puebla, la Ciudad de México, Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Por segunda ocasión consecutiva, excluyeron a todo el sureste del país, ya que en diversas ocasiones la competencia había iniciado o en Tuxtla Gutiérrez, el Puerto de Veracruz, la capital oaxaqueña o en Bahías de Huatulco.

SIN EXPLICACIONES

Cuando en febrero pasado, desde la cuenta oficial de Facebook de La Carrera Panamericana, se dio a conocer el itinerario oficial en que se confirmó que Oaxaca estaba nuevamente excluido de la competencia, innumerables fanáticos de la competencia oriundos de Chiapas y nuestra entidad, cuestionaron duramente la decisión de los organizadores.

Éstos, cortésmente contestaban a quienes pedían una explicación por la exclusión de Oaxaca y Chiapas en la edición de 30 aniversario de la competencia, que “se deben alinear los factores para tener una gran carrera en todos los aspectos”; que había “factores ajenos al Comité Organizador de la Carrera”; y que “la planeación de la ruta requiere de muchos elementos”, entre otras respuestas que, aunque decían poco, dejaban ver mucho.

¿Qué dejaban ver? Primero, que a nivel nacional se seguía teniendo una percepción negativa de la entidad, como un territorio dominado por el conflicto magisterial, y por la inestabilidad social que inhibe la certidumbre sobre algo tan básico como la posibilidad de que las carreteras estén abiertas y disponibles en un periodo en específico —y siempre. Esta percepción, sigue sin tener un contrapeso real a través de acciones gubernamentales y civiles para revertir dicha imagen. Parece, pues, que a nadie le importa la imagen socialmente violenta y de inestabilidad de Oaxaca.

Pero, en segundo término, esas respuestas lacónicas de los organizadores de la Panamericana, también dejaban ver que o no hubo la suficiente concertación y apoyo de los representantes gubernamentales para lograr la reinserción de la entidad dentro del mapa de la competencia; o que, aún habiéndolos, de todos modos los organizadores de la competencia no le tomaron la suficiente seriedad a sus interlocutores del gobierno estatal, y de ahí la decisión de dejar de todos modos fuera a la entidad. Todo esto, a pesar de que durante prácticamente todo el año, no se presentaron bloqueos importantes de vías carreteras en la entidad; y de que incluso la agenda magisterial tampoco ha tenido exabruptos importantes a lo largo de todo el año.

En cualquier caso, lo que queda claro con esta nueva exclusión de Oaxaca de la ruta de La Carrera Panamericana, es que hay quienes no están haciendo su trabajo. Y no se trata de pensar que la Panamericana es el único o el mayor evento del año del que dependa la economía o el turismo local; pero tampoco es aceptable la posibilidad de que las dependencias estatales desestimen la importancia significativa y simbólica, de que Oaxaca aparezca al menos en alguno de los eventos deportivos que tienen eco nacional e internacional por su tradición, por sus participantes, o por el entusiasmo que despierta en los aficionados de todo el país.

RESCATAR LA MARCA OAXACA

Por eso sería muy importante considerar que, además del sismo, es fundamental rescatar la imagen y la marca Oaxaca, como un motor de recuperación en el corto y mediano plazo. La agenda gubernamental, evidentemente, no puede quedar supeditada a un solo tema. Por eso, en la diversificación y en la revalorización de algunos asuntos, podrían obtenerse importantes ganancias para todos los oaxaqueños.

¿Quiénes están operando en contra del rescate de la UABJO?

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Con varios meses de anticipación, el Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez anunció que, de no atenderse, la crisis financiera por la que atravesaba la Máxima Casa de Estudios llegaría a una situación preocupante durante los meses de septiembre u octubre. Por eso, desde hace varios meses ha mantenido como uno de los temas prioritarios de la agenda pública universitaria, el apremio porque los gobiernos estatal y federal contribuyeran a evitar la quiebra financiera de la Universidad. Aunque no hay respuestas claras al respecto, hoy más que nunca debe considerarse la urgencia de que eso no ocurra.

En efecto, para comprender esta crisis, es necesario también reconocer que hoy en la UABJO están entrelazadas las agendas financiera, política, y de corrupción habida en la administración anterior. En el caso de la agenda política, ésta ha estado fuertemente dominada por la intención de la llamada ‘familia real’ —el viejo cacique Abraham Martínez Alavés, y su hijo el ex rector Eduardo Martínez Helmes— de preservar el pernicioso control que presumía tener en las facultades más importantes, y que a lo largo del año se ha demostrado que ya no es así. A pesar de todo, los Martínez Helmes se han dedicado a enrarecer el ambiente para tratar de sacar el mejor provecho de la incertidumbre que priva en ciertas escuelas universitarias.

En el aspecto financiero, también desde hace meses el rector Bautista Martínez estableció la necesidad de que todos los trabajadores y académicos de la Máxima Casa de Estudios tuvieran la capacidad y la disposición para asumir la crítica situación que permea en la Universidad, y tratar . Pues para nadie es un secreto que mientras la Universidad enfrenta serios problemas de inversión en aspectos académicos —e incluso en cuestiones de mera dignidad en la prestación de los servicios educativos—, también tiene una abultada burocracia que sin ningún miramiento ha tratado de avanzar en el cumplimiento de sus conquistas sindicales.

Muchas de esas prestaciones, implican una fuerte carga económica para las arcas universitarias, debido a que en su momento fueron concedidas con base en criterios políticos y no a cuestiones de merecimientos reales o de capacidad financiera para costearlas. De hecho, muchas de ellas fueron parte del clientelismo bajo el cual en buena medida se construyó el poder de grupos como la llamada ‘familia real’ de los Martínez Helmes. Por eso, mientras los oaxaqueños tenemos una Universidad pobre, la Universidad tiene una burocracia llena de privilegios.

Todo eso se entrelaza con los escandalosos señalamientos de corrupción que hoy pesan sobre el ex rector Eduardo Martínez Helmes. A éste se le señala, concretamente, de haber realizado una administración irresponsable, opaca y suntuosa de la cual habría salido ampliamente beneficiado. Incluso se señala que a través de despachos y prestanombres, Martínez Helmes habría tenido una “utilidad” —mal habida— que oscila en los veinte millones de dólares, evidentemente sustraídos de las arcas universitarias a través de diversos mecanismos e invertidos en bienes y empresas para tratar de diversificarlo y ocultar su origen.

¿Y EL RESCATE?

En todo eso, hay un ingrediente adicional: la convicción demostrada en la Secretaría General de Gobierno, de presionar al actual rector Eduardo Bautista, para que haga patente su sometimiento a la familia real. Lo han hecho desde que inició la administración, cuando Alejandro Avilés era titular de la Segego, y lo han continuado haciendo en la gestión de Héctor Anuar Mafud Mafud, con la intención de lograr la renuncia del rector Bautista y permitir el arribo de la actual Secretaria General a la Rectoría, Leticia Mendoza Toro.

Y es que Avilés, en su momento, intentó sortear el conflicto universitario sin generar una intervención a fondo, porque lo que intentaba era ver caer tanto a la ‘familia real’ como al rector Bautista, para que producto de ello ascendiera por ministerio de ley a la Rectoría, la actual Secretaria General Mendoza Toro. Luego, una vez que Avilés fue defenestrado de la Segego, llegó Mafud y en realidad su cambio de actitud hacia la Universidad se notó en el intento por reencumbrar a la ‘familia real’ como fiel de la balanza en la política universitaria.

Por eso, con la ayuda de Mafud desde la Segego, la familia real intentó descarrilar los conflictos en las facultades de Derecho y Contaduría, e inicialmente asumieron que el gobierno los respaldaría para retomar el control que habían perdido dentro de la gobernabilidad universitaria. Quién sabe en dónde quedó ese intentó de Mafud, pero lo que sí es cierto es que más pronto de lo que todos imaginaron, salieron a la luz detalles de la relación —sociedad de negocios a costa de las arcas universitarias— entre Eduardo Martínez Helmes y Jorge Castillo Díaz, y ello hizo insostenible la intención de la Segego de ayudar a la familia real a recuperar los hilos políticos con los que según el viejo cacique Abraham Martínez Alavés continuaría controlando la UABJO para beneficio del grupo gobernante.

Luego vino el anuncio del Gobernador, en agosto pasado, respecto al rescate de la Máxima Casa de Estudios. El gobernador Murat dijo en aquella ocasión que se había reunido con representantes de los seis sindicatos de la UABJO y con el rector Eduardo Bautista, y que ahí le habían planteado una reestructura administrativa de la institución. El Gobernador dijo que esta reestructuración fue aceptada por todas las fuerzas sindicales que confluyen en la Máxima Casa de Estudios, y que él como Gobernador del estado se declaró dispuesto a entrarle juntos para resolver los problemas, y a devolver a la UABJO al primer lugar de importancia en el país.

En aquella ocasión, dijimos en este espacio (Al Margen 23.08.2017) que dentro del mismo gobierno había quienes, en contra de la palabra del Gobernador, abierta y denodadamente intentaban proteger el poder y el cacicazgo ominoso de los Martínez Helmes. “Han cerrado los ojos a los conocidos actos de corrupción cometidos durante el rectorado de Eduardo Martínez; intentan, desde el gobierno, apagar las expresiones de inconformidad y disidencia al poder de los Martínez; y no sólo no cuestionan, sino que privilegian, la preservación del poder de Abraham Martínez, como si fuera él, y no el consenso universitario, el único y verdadero factor de gobernabilidad de la Máxima Casa de Estudios”, dijimos en aquella ocasión.

BOICOT

Por eso, hoy que la UABJO enfrenta una crisis financiera mayúscula, y que parece que sus finanzas están viviendo momentos de excepcionales presiones, deberíamos preguntarnos en dónde quedó todo ese apoyo que debería estar fluyendo luego de que el Gobernador hiciera patente su compromiso con la UABJO, y si ya tienen identificados a los funcionarios e instituciones estatales que, según dijimos en agosto pasado, siguen haciendo todo para remozarle el abollado trono de cacique a Abraham Martínez Alavés.

Requiere sistema acusatoria de abogados especializados

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Integrantes de la Barra de Abogados del Valle Eteco concluyeron curso sobre el tema impartido por la Escuela Judicial

Ante los cambios que han surgido con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, vigente en Oaxaca desde el año 2007 y que se encuentra en la fase de  fortalecimiento y consolidación, un grupo de 33 profesionales del derecho e integrantes de la Barra de Abogados del Valle Eteco concluyeron un curso taller en la materia, impartido por el Poder Judicial del Estado, a través de la Escuela Judicial.

En distintas reuniones con Colegios, asociaciones y Barras de Abogados, el magistrado presidente, Dr. Raúl Bolaños Cacho ha señalado que las puertas de la institución están siempre abiertas para todos los abogados que tengan la disposición de coadyuvar con sus propuestas en el fortalecimiento de la administración de justicia en la entidad, así como que requieran capacitación especializada, como es el nuevo modelo basado en los juicios orales.

En este tema, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura integró la Comisión Permanente de Evaluación y Seguimiento de la operatividad y consolidación del Sistema Penal Acusatorio que impulsó la reestructuración administrativa de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento y trabaja en diferentes acciones para colocar nuevamente a Oaxaca como referente a nivel nacional y modelo para otras entidades del país.

Durante la ceremonia de clausura del curso taller, realizada en el auditorio “Benito Juárez”, anexo al edificio de los juzgados Civiles y Familiares del Centro,  la directora de la Escuela Judicial, Yanis Santiago Rodríguez felicitó a los juristas por su compromiso y esfuerzo, hecho que motiva y responsabiliza a la institución a seguir mejorando, frente a una sociedad vigilante y exigente de sus derechos.

La capacitación se impartió durante un mes, con nueve módulos a cargo de jueces especializados que abordaron temas como: generalidades del Proceso Penal, el Control de Detención, Imputación inicial, medidas cautelares, orden de aprehensión, etapa intermedia, mecanismos alternativos de solución de controversias, etapa de juicio, etapa de ejecución y recursos.

En entrevista, el presidente de la Barra, Misael Reyes López reconoció la atención del titular del Poder Judicial para que los abogados postulantes fortalezcan sus conocimientos sobre el nuevo modelo de justicia, lo que les permitirá contar con las destrezas necesarias y tener un buen desempeño en su papel como defensores dentro de la reforma al sistema de justicia penal.

Juzgadores cursarán diplomado en materia de perspectiva de género

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Suman esfuerzos el Poder Judicial del Estado y la organización Equis Justicia para las Mujeres A.C.

En su compromiso con la consolidación de un modelo de justicia igualitaria y un entorno de actuación con perspectiva de género, el Poder Judicial del Estado y la organización Equis Justicia para las Mujeres A.C. iniciarán el Diplomado denominado “Argumentación jurídica con perspectiva de género”, dirigido a personas impartidoras de justicia y personal de los órganos jurisdiccionales.

La directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, Estefanía Altamirano Jiménez indicó que con esta actividad se fortalecerán en quienes están involucrados en la administración de la justicia, las herramientas teóricas y prácticas para sensibilizarlos sobre la importancia de la aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de la perspectiva de género, así como delprincipio de igualdad, establecido en los artículos primero y cuarto constitucionales.

Destacó que al ser la argumentación jurídica, una capacidad que deben desarrollar los juzgadores en su práctica profesional con imparcialidad, independencia y aplicación del derecho en cada una de sus resoluciones, el diplomado abordará también aspectos sobre el papel de México y de los órganos de impartición de justicia desde los tratados internacionales.

Entre estos, mencionó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará).

El claustro docente del Diplomado “Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género”, estará a cargo de personas reconocidas por su trayectoria en materia de derechos humanos y género, de instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México (FLACSO), la División Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre otras.

Comprenderá de cinco módulos que se impartirán los viernes y sábados con los temas Sexo y Género, Conceptos de género y normativa de los derechos de las mujeres, herramientas + metodología Perspectiva de Género, Análisis de resoluciones relevantes en materia de género y un taller de elaboración de sentencias. Para mayor información los interesados pueden comunicarse al teléfono 516 52 41 o a través del correo igualdad.genero.pjeo@gmail.com

El Diplomado forma parte del convenio de colaboración suscrito por el Poder Judicial del Estado con Equis Justicia para las Mujeres A.C., el pasado 17 de febrero de 2017 para establecer los lineamientos de colaboración y coordinación institucional para la ejecución del Proyecto “Ciudadanizando la justicia: un modelo de acompañamiento al Poder Judicial del Estado de Oaxaca”, que será financiada por la Unión Europea, a través del Laboratorio de Cohesión Social de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

De forma apremiante, los diputados deben darle legitimidad al órgano de fiscalización en Oaxaca

En el umbral del cambio de titular e integrantes del Órgano Superior de Fiscalización, que sustituirá a la actual Auditoría Superior del Estado, deberá prevalecer la intención de darle viabilidad y certidumbre a los órganos de fiscalización. Sólo así podrán garantizar que este nuevo órgano no sea nuevamente presa de los cuestionamientos y las tentaciones de remoción —como ha ocurrido en la última década, con las dos integraciones de la ASE— y sean verdaderamente reflejo de la intención constitucional de mantener órganos legitimados, autónomos y estables.

En efecto, luego de que se reformó la Constitución y se emitió una nueva Ley de Fiscalización, inició en la entidad el proceso para la elección de los integrantes del nuevo Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. En medio de esto, resurgieron dos temas que serán centrales en los días y semanas siguientes: por un lado, el tema que es responsabilidad de la LXIII Legislatura del Estado, de elegir —ahora sí— a las personas más capaces para ocupar esos cargos; y en el otro extremo, la definición respecto a qué tanta autonomía y legitimidad le procurarán al OSFEO para que éste no termine siendo parte de las tentaciones sexenales que han llevado a la reintegración anticipada del órgano de fiscalización, en dos ocasiones consecutivas.

En el primero de los casos, es evidente que el Congreso tiene ahora la responsabilidad de demostrar que la reintegración del órgano de fiscalización tiene una intención positiva, y que ellos mismos harán lo necesario para que dicho órgano evite ‘nacer’ con cuestionamientos de origen. ¿Cómo lo harán? El único camino que tienen radica en elegir, al margen de cualquier criterio político o partidista, a las más preparadas y capaces mujeres y hombres para cumplir con las responsabilidades del OSFEO.

Esa es una labor titánica para un órgano altamente politizado como el Congreso local en el que, además, sus integrantes han estado acostumbrados a definir este tipo de cuestiones mediante el reparto de cuotas, o de las negociaciones eminentemente políticas y de intereses en las que el aspecto menos importante a evaluar es justamente la preparación técnica y profesional de quienes pueden integrar esos órganos.

De hecho, eso es lo que a la postre ha provocado las reintegraciones anticipadas de ese órgano de fiscalización, cuyos titulares no han podido gozar –ni la han propiciado, y mucho menos ganado— la estabilidad y la legitimidad en sus cargos, como para que no exista la tentación de removerlos. Esto, a pesar de que, en la lógica de los organismos constitucionalmente autónomos, estas dimisiones obligadas por la desconfianza sobre las lealtades al régimen antecesor, no debería ocurrir.

Aunque a la luz de los hechos, es claro que la responsabilidad política de que esto haya ocurrido recae en gran medida tanto en los respectivos gobernadores —Ulises Ruiz y Gabino Cué, respectivamente—, como en las dos Legislaturas del sexenio anterior, porque unos y otros, lejos de ponderar la urgencia de dar estabilidad y certidumbre a la reintegración de los órganos autónomos, prefirieron el camino fácil y cómodo de domar su autonomía con personajes no sólo cercanos, sino directamente ligados al régimen, y que además carecían de la legitimidad técnica, profesional y social que se supone que debía ser el pilar de la credibilidad de esos entes como contrapesos del poder público.

Por eso, si con algo los propios diputados podrán darle certidumbre a su obra, será justamente a través de procurar la designación de los perfiles ciudadanos más idóneos, y no necesariamente cercanos al régimen, con el objeto de que éstos no terminen cuestionados y defenestrados por sus propios intereses y antecedentes, y puedan ser garantes de la autonomía que la Constitución le está reconociendo a dichos órganos.

AUTONOMÍA REAL

La otra cuestión que será toral, es la relacionada con la autonomía que se le debe procurar al Órgano de Fiscalización. Ésta, documentalmente, ya existe en la Constitución. Sin embargo, queda claro que eso no es suficiente, y que más bien esa autonomía se debe establecer como un parámetro de conducta para todos.

Acaso, si para algo habrá de servir el recurso legal que presentó el auditor saliente, Carlos Altamirano Toledo, será justamente para poder discutir qué tanta autonomía le reconoce la Constitución del Estado al nuevo OSFEO a la luz de los sistemas estatal y nacional anticorrupción; y para establecer qué tanto están cumpliendo los diputados con ese principio constitucional al elegir al nuevo titular del órgano de fiscalización.

El asunto no es menor, porque en un ejercicio autocrítico debiera verse que esta nueva reintegración anticipada del órgano de fiscalización no abona a la estabilidad y certeza jurídica y constitucional que se supone que deben tener dichos órganos. Lamentablemente, en este caso, el propio auditor Altamirano Toledo decidió banalizar y rebajar esa discusión intentando este recurso constitucional, no como un medio para establecer una discusión deontológica-constitucional, sino como una forma de simple y llanamente frenar el proceso de selección y nombramiento de los nuevos integrantes del OSFEO, en el contexto del cruce de acusaciones con varios diputados sobre las peticiones —no satisfechas— de Altamirano para dejar el cargo sin recurrir a las impugnaciones.

Incluso, en detrimento de sus propias intenciones —que presentó en solitario, mediante un juicio de amparo— el juez que conoce del recurso constitucional que presentó, le concedió la suspensión provisional del acto reclamado, pero únicamente respecto al nombramiento del nuevo titular del OSFEO, pero sin tener la capacidad para detener el proceso de selección de auditor y sub auditores, que sigue en marcha. Pareciera que, aún con el cúmulo de razones e instituciones que pudieran estar a su favor en un tema tan relevante como la preservación de la autonomía y certeza jurídica de los órganos de fiscalización, Altamirano no cosechó la simpatía de nadie —profesional e institucionalmente— y por esa razón se vio obligado a ir solo a un recurso para tratar de defender sólo sus derechos y no necesariamente los temas de fondo que debieran dominar esta discusión.

¿QUÉ QUEDA?

Que los diputados traten de hacer su mejor papel posible en la conformación del órgano; que cumplan, como dice la Constitución, con el hecho de que quienes aspiren a conformar el OSFEO no sólo cumplan con los requisitos técnicos y profesionales que dice la propia Constitución, sino que lo acrediten. Y, en esencia, que rompan la inercia de que la autonomía es relativa, y la estabilidad de esos órganos es sólo sexenal. Como ha sido hasta ahora.

Aplican jueces la mediación en juicios orales mercantiles

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A través de la Escuela Judicial juzgadores se capacitan sobre las recientes Reformas al Código de Comercio

Como parte del programa de capacitación especializada formulado por la Comisión para la aplicación y seguimiento de los juicios orales mercantiles del Poder Judicial del Estado, dio inicio el tercer bloque de actualización en este tema, que se impartirá durante el mes de octubre a un grupo de jueces de diferentes regiones perfilados para la fase de implementación de la oralidad mercantil en Oaxaca.

Las actividades comenzaron con el módulo de Justicia Alternativa, dado que de la Reforma al Código de Comercio  – que impacta en la forma en que actualmente se procesan los litigios mercantiles en los juzgados, particularmente la manera de desahogarlos que será oral para un mayor número de casos y gradualmente se aplicará al cien por ciento de los asuntos-,  establece que en la audiencia preliminar el Juez procurará la conciliación entre las partes, haciéndoles saber los beneficios de llegar a un convenio y de resolver el conflicto de la mejor manera.

Al respecto, la directora del Centro de Justicia Alternativa, Betzzaida Cruz Mendoza, quien fungió como ponente, señaló que los métodos alternos para la solución de conflictos han mostrado su efectividad y resultados, de ahí que se consideren elementos importantes que los jueces deben conocer para utilizarlos de manera humana y sensible, con la finalidad de que las personas involucradas en una situación legal resuelvan sus problemática sin tener que llegar hasta un juicio.

Explicó que herramientas como la mediación, conciliación y justicia restaurativa son de gran relevancia no solo en México, sino en otras partes del mundo y permiten que los jueces puedan pulir y mejorar su escucha, utilizar habilidades para cambiar los mensajes negativos a positivos y realizar preguntas que permitan conocer el origen del problema.

“Celebro esta visión del Dr. Raúl Bolaños Cacho, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura para incluir a la Justicia Alternativa dentro de este taller de capacitación y fortalecer los conocimientos de los juzgadores, principalmente sensibilizarlos aún más y su labor sea aún más profesional de la que están realizando”, dijo.

Con la Reforma al Código de Comercio, el 2018 será un año de importantes retos para la actividad jurisdiccional local ya que desde enero se harán vigentes nuevas cuantías y procedimientos en materia de juicios orales mercantiles, por lo que un factor indispensable para fortalecer la administración de justicia es contar con servidores públicos debidamente formados y capacitados.

¿Estará preparado el gobierno de Oaxaca para cuando pase la crisis por los sismos?

Los sismos que azotaron la entidad oaxaqueña el pasado mes de septiembre cambiaron las más importantes variables de la dinámica gubernamental y social en Oaxaca, y sin embargo es muy importante reconocer que cuando pase la contingencia, los mismos problemas de antes —y de siempre— seguirán ahí. Dada la dimensión de la crisis por los sismos, todo el gobierno se volcó a su atención principalmente en la zona siniestrada del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, una vez que pase la emergencia, el gobierno tendrá que adaptarse y amoldarse a los problemas derivados de los sismos, pero también a los que ya tenía antes de ellos. Y esa no será una tarea fácil.

En efecto, en la agenda pública oaxaqueña había una cantidad ya bastante abultada y compleja de asuntos, antes de los sismos. De entre todos ellos, destacaba por mucho la atención al conflicto magisterial y la relación del gobierno con las organizaciones sociales, que intentaban medir la capacidad y la tolerancia gubernamental a través de acciones violentas. A la par de ello, había problemas propios de las zonas urbanas como el manejo de los desechos, la inseguridad, el desarrollo descontrolado de las zonas habitadas; y con a esos, estaban los problemas que siguen ahí como la pobreza y la marginación, que son por mucho de los temas más sensibles de la agenda gubernamental en la entidad.

Los sismos del mes de septiembre cambiaron drásticamente las coordenadas gubernamentales. Desde el primer momento de la tragedia, el gobernador Alejandro Murat se enfocó permanentemente en la atención a los damnificados, y algunos sectores de su gabinete se involucraron en la coordinación de acciones con autoridades municipales y federales, a favor de quienes habían perdido todo por los movimientos sísmicos.

A la par de ello, en la sociedad oaxaqueña mostró un importante sentido de solidaridad no sólo en el aspecto material (en la donación de víveres, enseres y materiales de primera necesidad) sino también en el hecho de que, durante las poco más de cuatro semanas que han pasado desde la primera contingencia, la entidad oaxaqueña ha vivido en relativa calma —relativa, al fin— respecto a su ya de por sí muy compleja agenda política y social, en la que las manifestaciones, la resistencia y a veces la intolerancia de grupos y organizaciones frente al gobierno, era cosa de todos los días. La propia sociedad, además, ha intentado mostrar su sentido de civilidad y solidaridad frente a la circunstancia, y por eso mismo pareciera que la agenda común se ha visto dominada por la prudencia en casi todos sus aspectos.

Incluso, dentro de las pocas acciones que ha realizado la Sección 22 del SNTE de principios del mes de septiembre a la fecha, han sido mínimas. Pues nadie habría imaginado que la Sección 22 se quedaría completamente desmovilizada durante varias semanas, luego de un episodio social y político tan trascendente como la visita del presidente Enrique Peña Nieto a la capital oaxaqueña y las acciones que el mismo día del primer terremoto, había desplegado el magisterio democrático para desestabilizar durante la visita presidencial.

Ese mismo día —el siete de septiembre— el magisterio democrático de la Sección 22 ya tenía listos a sus reprimidos, sus consignas, sus actos de represión, y todo lo que implica para ellos una visita —una “afrenta”, decían— presidencial en su agenda de mediano plazo; y resulta que contra todos los pronósticos, por la circunstancia tuvieron que dejar de lado esa agenda, y olvidarla por completo —como ha sido hasta ahora, que ni siquiera han intentado revivirla—, para tratar de aparejar su trabajo a las acciones de solidaridad que emprendió todo el pueblo mexicano, con la gente que había caído en desgracia por los sismos.

EL DINOSAURIO SEGUIRÁ AHÍ…

Lo que todos deben calcular, es que en cierto tiempo la crisis por los sismos pasará y entonces todos regresarán a enfrentar problemas que quizá estén ahora apaciguados. Particularmente, las áreas encargadas de la atención a la política interna tendrán que regresar a enfrentar la acumulación de cuestionamientos por los problemas que ahora parecen desaparecidos de la corteza política y social de la entidad.

Del mismo modo, dentro de no mucho tiempo aflorará la urgencia de atender con diligencia el aspecto político electoral del conflicto magisterial. Pues a pesar de los sismos y de la tragedia que viven miles de oaxaqueños en las regiones azotadas por los movimientos telúricos, hay cuestiones que no se detienen. Una de ellas, fundamental, es el proceso electoral que ya está en marcha, y que dentro de no mucho tiempo tendrá que entrar en la ruta de las definiciones para todos los cargos que estarán en disputa en los comicios del año próximo.

Oaxaca tendrá una agenda muy importante en ese aspecto porque aquí se renovará el Congreso del Estado y las presidencias municipales que se rigen por el sistema de partidos políticos, además de todos los cargos federales que también estarán en disputa, y la elección presidencial. En todos esos casos, además de los partidos políticos, la Sección 22 del SNTE intentará influir y lo hará de la forma en que siempre ha incidido en los procesos electorales. Es decir, presionando, marchando, irrumpiendo y tratando de involucrarse por sus propias vías en las definiciones ciudadanas. Ahí debería estar ya una parte del gobierno, y si no lo está ahora, dentro de poco encontrará ese problema pero agravado por la desatención ante el sismo.

Incluso, a estas alturas queda claro que han sido pocos quienes han logrado comprender a cabalidad el momento tan complejo que vive Oaxaca. Uno de ellos ha sido el secretario de Desarrollo Social y Humano, Raúl Bolaños Cacho Cué, que con discreción y cautela, se ha dedicado a atender temas que de otro modo estarían sueltos ante la dimensión de la crisis que vive Oaxaca, y que son parte de los temas que debe atender la dependencia que encabeza pero que también son factores de gobernabilidad para la entidad, tales como la dotación de servicios gubernamentales, la atención a las organizaciones de defraudados y otros temas que, igual que los relacionados directamente con la política interna, en este momento pueden estar apaciguados pero que pronto reaparecerán porque no son parte de la agenda de las contingencias, sino de la agenda de prioridades para la política estatal.

NO SE DISTRAIGAN

En el fondo, todo el gobierno debía estar preparándose para cuando ello ocurra. Temas como el turismo, la cultura, la economía y demás, que ahora se encuentran semi paralizados, deben reactivarse de inmediato porque éstos serán algunos de los pivotes que le permitan a Oaxaca ir recuperando paulatinamente su normalidad.

Realiza Magistrado Bolaños Cacho visita a juzgados de Ocotlán y Ejutla

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Exhorta al personal a laborar con transparencia y honestidad en beneficio de los justiciables

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, magistrado Raúl Bolaños Cacho recorrió este martes los juzgados mixtos de primera instancia de Ocotlán de Morelos y Ejutla de Crespo, donde exhortó al personal que ahí labora a no bajar la guardia y laborar con transparencia y honestidad en beneficio de los justiciables; en este último municipio visitó las instalaciones del Centro de Justicia “Manuel Sabino Crespo” e instruyó al personal de la Dirección de Infraestructura Judicial, realizar las adecuaciones necesarias para ponerlo en marcha a la mayor brevedad posible.

Acompañado del magistrado Ricardo Herrera Muzgo Rebollo, Bolaños Cacho visitó en primer orden el Juzgado Mixto de Ocotlán de Morelos, en donde la jueza Leticia García Soto le planteó las necesidades más indispensables en materia de recursos humanos y materiales, para que el personal pueda realizar sus actividades con eficacia.

Más tarde, en el Juzgado Mixto de Ejutla, la titular, Refugio Guillermina Robles Méndez dijo que con esta nueva administración que preside el Magistrado Bolaños, se han subsanado diversas deficiencias, como lo es el abasto de material de oficina en los juzgados.

A su vez, el magistrado Herrera Muzgo Rebollo, al dirigirse al personal, dijo: “Ustedes no están solos, cuentan con el apoyo del magistrado Raúl Bolaños Cacho, quien mantiene estos recorridos para procurar eficientar la administración de justicia en la entidad”.

En tanto, el Magistrado Presidente exhortó  a jueces y personal que labora en esos juzgados, a redoblar esfuerzos con la finalidad de que Oaxaca se reposicione en el contexto nacional,  como un referente en la eficacia de la operatividad del sistema acusatorio adversarial.

Señaló que la Escuela Judicial juega un papel muy importante en materia decapacitación e invitó a los empleados del Poder Judicial a participar en los diversos cursos que ahí se imparten.

Más tarde, Bolaños Cacho recorrió el edificio del Centro de Justicia “Manuel Sabino Crespo” e instruyó al director de Infraestructura Judicial, arquitecto Rafael Vergara Rodríguez, para que se realicen las adecuaciones necesarias al inmueble, para que entre en operación a la brevedad posible. También participó en este recorrido el Visitador General, licenciado Roberto López Sánchez.

Cabe señalar que hasta el momento, Bolaños Cacho ha recorrido 47 juzgados del Istmo, Costa, Mixteca, Cuenca y Valle Central, así como cinco Centros de Justicia.

El voto útil panista será clave para la derrota de Anaya (y de López Obrador)

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Margarita Zavala se fue sola del Partido Acción Nacional, y eso no debería sorprender a nadie. En descargo de Ricardo Anaya, hoy se sostiene que la renuncia al partido blanquiazul de la esposa del ex presidente Felipe Calderón no implica más que un salto al vacío en sus aspiraciones presidenciales, y que de todos modos el panismo seguirá articulando la considerable estructura electoral que planea combinar con la del PRD. Lo que no toman en cuenta, es que en el umbral de la jornada electoral nadie como los panistas se enfrentarán al dilema del voto útil. Ello, a partir de algunos antecedentes, podría ser lo que cambie el ambicioso destino de Anaya, y del paso el de Andrés Manuel López Obrador.

En efecto, en nuestra entrega anterior apuntábamos que Ricardo Anaya Cortés es al PAN lo que Roberto Madrazo Pintado fue al PRI en 2006. Lo decíamos en lo relativo a cómo en la construcción de la candidatura presidencial priista de aquel año, Madrazo se dedicó a menospreciar, segregar y golpear a todos demás aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido, y cómo al final todos esos factores se terminaron alineando en su contra cuando se tuvo el dilema de la orientación del voto útil, que en la fase previa al día de la elección se establece ya no para la congruencia, sino para llevar al triunfo a alguien, o para provocar que cierto candidato pierda.

Eso fue lo que pasó en 2006 con Madrazo Pintado y el efecto que eso tuvo sobre la primera candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En aquellos años, Madrazo golpeó a prácticamente todos los factores de poder al interior del PRI que intentaban hacerle contrapeso. Madrazo consideraba que a pesar de eso, contaría con el respaldo de los gobernadores emanados del PRI bajo la premisa de que ellos serían los primeros beneficiados de volver a tener un presidente emanado de su propio partido, como era en el pasado.

Quizá Madrazo nunca consideró que ese escenario de la verticalidad priista había muerto en el año 2000 y que por ende no volvería nunca. Por esa razón, cuando llegó el umbral de la jornada electoral —la semana previa—, y los factores de poder al interior del priismo se dieron cuenta que sería imposible ganar, orientaron su voto útil hacia Felipe Calderón. En ello hubo, ciertamente, una razón de pragmatismo político.

Pero también fue producto de una venganza, de un castigo —y del rechazo— de la clase gobernante priista en las entidades federativas, en contra de las prácticas caciquiles, totalizadoras, segregadoras y de sometimiento bajo las cuales, en un contexto de profunda inequidad, el propio Madrazo había construido su candidatura presidencial desde la dirigencia nacional del PRI, torpedeando desde ahí a los demás grupos y haciéndose un traje estatutario a modo de sus necesidades y ambiciones presidenciales.

Acaso, el razonamiento de los gobernadores priistas era simple: teniendo un presidente de su propio partido, ellos mismos terminarían de forma voluntaria con los amplios márgenes de maniobra y de poder que les dejó la alternancia del año 2000. Ellos no serían los que se auto infligirían dicho castigo. Y menos lo harían con un presidente que, como candidato y como dirigente partidista, demostró no tener congruencia, ni honor, ni capacidad de inclusión, pluralidad y autocrítica.

Por eso, en el año 2006 fue la mayoría de los gobernadores priistas quienes impulsaron con mayor ahínco el voto útil orientado a sumarle votos a Felipe Calderón —que hasta unos días antes de la elección presidencial tenía un margen mínimo de desventaja sobre el tabasqueño— y así evitar que ganara el entonces Candidato Presidencial del PRD que era —ya desde entonces— un enemigo común del centro y la derecha en México.

Eso explica en gran medida el resultado electoral de aquel año. Y tiene que ver mucho con lo que podría pasar ahora.

MARGARITA Y EL PAN

Margarita Zavala se fue sola, y dejó al PAN en manos de un Ricardo Anaya que ha demostrado ser un político sin honor, sin palabra y sin capacidad de interactuar con quienes no están de acuerdo con él ni se pliegan inopinadamente a su voluntad. A partir de eso, es cierto que Margarita tendrá que comenzar desde cero la construcción de su propia plataforma política y su estructura electoral, y que eso no le resultará nada fácil. Mientras, Anaya seguirá controlando al Partido (que desde hace años tiene una militancia elitista, que tiene varios lustros sin crecer ni renovarse) y quizá pueda conseguir su codiciada candidatura presidencial. El quiebre vendrá cuando se acerque el momento de la jornada electoral. ¿Por qué?

Porque si el PRI impulsa a José Antonio Meade Kuribreña como candidato presidencial, éste tendrá como misión natural fungir como una bisagra entre el priismo y el panismo que gobernó en los años previos —con él en los gabinetes legales y ampliados, en los tres sexenios—, y como un factor de estabilidad para el sistema político, del cual son actores centrales los gobernadores de todos los partidos.

Ahí es donde Anaya se enfrentará a los demonios que está creando: sin embargo, ya para entonces será muy complicado que logre hacer permear —él, o quien sea su candidato presidencial— una imagen de certeza, inclusión y cumplimiento de compromisos —aspectos que sí garantiza Meade— en medio de la historia a partir de la cual se habría de la candidatura presidencial a través de actos de segregación, de exclusión y de porrismo al interior de su partido.

Por eso, será ahora el panismo quien se enfrente al dilema del voto útil: votar a favor de Meade que representa un punto de equilibrio entre las dos fuerzas, y ofrece certeza en el cumplimiento de los compromisos, y no de un liderazgo anodino y totalitario como el que hasta ahora ha representado Ricardo Anaya. Ese será el verdadero punto de rompimiento de las estructuras panistas, y muy probablemente esa sea la ruta a partir de la cual se desmorone la “estructura electoral” que ahora mismo dice Ricardo Anaya que no se fue con Margarita Zavala.

En el fondo, los procesos electorales no escapan a las circunstancias. Y en México, en las tres últimas elecciones presidenciales, ha quedado claro lo poderoso que puede llegar a ser la orientación de estructuras y el llamado al voto útil.

 

ADVERSARIO COMÚN

¿Qué tiene que ver AMLO en todo esto? Casi nada: Que, de nuevo, el voto útil jugaría en su contra. Como ha sido antes, y como —no hay razón para no pensar— que así será ahora.

Disertan especialistas sobre derechos de pueblos indígenas

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La Judicatura realizó el foro “A 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Avances y Retrocesos en México”

A una década de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hasta ahora no ha sido suficiente para mejorar la situación de este sector de la población que sigue en la inferioridad porque los Estados no cumplen y hay una distancia entre lo que establecen las normas y la práctica.

Lo anterior fue expuesto por los investigadores Juan Carlos Martínez Martínez, Víctor Leonel Juan Martínez y el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, integrante de la Sala Indígena del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), durante el foro que sobre este tema se desarrolló  en el marco las actividades organizadas por la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura.

Destacaron que la Declaración es un instrumento importante para la lucha de los pueblos indígenas que les dio un estándar internacional reconocido y respetado, así como una nueva esperanza de que las cosas podrían cambiar; sin embargo, aún enfrentan desafíos como la pérdida de sus tierras y sus recursos naturales que son pilares centrales de sus medios de vida e identidades culturales.

En su oportunidad, en magistrado Cordero Aguilar, quien fungió como moderador en el foro que tuvo como sede el Centro Cultural San Pablo, apuntó que hay Estados que no han aplicado completamente la Declaración y resistencias a ciertos temas como la autonomía y el gobierno indígena, facultad que tienen para organizar y dirigir su vida interna, de acuerdo a sus propios valores, instituciones, y mecanismos.

Por su parte, el sociólogo Víctor Leonel Juan Martínez resaltó que en Oaxaca se han promovido cambios jurídicos que reconocen a los municipios y diseñado políticas públicas enfocadas a la identidad que no han sido suficientes porque los habitantes de los pueblos indígenas siguen viviendo violaciones a sus derechos.

Consideró que en los últimos años se registró un  proceso de recuperación y fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas, como lo muestran los resultados de los últimos censos realizados por el INEGI, pues mientras en 2010 un total de 15.7 millones de personas se consideraron indígenas, es decir el 14.2 por ciento de la población total del país, en 2015 la cifra incrementó a 21.5 por ciento.

En su oportunidad, el investigador Juan Carlos Martínez Martínez, doctor y maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) comentó que las comunidades indígenas tienen reglas de convivencia y definiciones jurídicas particulares que han garantizado modos de orden, sociabilidad y distribución distintos que se les deben reconocer. “En vez de construir una sociedad homogénea se está fomentando una sociedad diversa”, dijo.

Agregó la materia político-electoral registra avances ya que se han registrado casos donde los tribunales e incluso la Sala Indígena del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado han declinado competencias en favor de autoridades indígenas para que ellas mismas resuelvan sus conflictos internos. “Nos falta insistir en el tema del financiamiento para que no queden subordinadas a las instituciones del estado”, indicó.

Cabe señalar que fue después de 25 años de discusiones en la ONU y de una larga lucha de los pueblos indígenas, que el 13 de septiembre de 2007, hace diez años, finalmente la Asamblea General aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.