AMLO, o la renovada confusión ante el conservadurismo y la izquierda en México
Cada que parece que ya nada puede detener la ruta hacia el acariciado triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, es él mismo quien se boicotea. Lo ha hecho en innumerables ocasiones en las dos campañas presidenciales anteriores, y aunque en menor medida, también lo ha hecho en ésta. Su más reciente traspié lo dio este inicio de semana, cuando acusó a dos periodistas e intelectuales mexicanos de ser agentes de la mafia del poder y representantes del conservadurismo. Quizá López Obrador confunde los términos, o acusa deliberadamente. Y se aprovecha la poca idea que los mexicanos promedio tenemos de qué significa ser conservador, y qué implicarían las verdaderas convicciones de izquierda.
En efecto, López Obrador se lanzó contra dos intelectuales que criticaron su campaña: el director de la revista Letras Libres, Enrique Krauze, y Jesús Silva-Herzog Márquez, articulista del periódico Reforma. El cruce comenzó luego de que este lunes Silva-Herzog Márquez publicó el artículo “AMLO 3.0”, en el que describe al aspirante como “un político pragmático”, “sin nervio ideológico ni criterio ético para entablar alianzas”, en referencia a que el líder de Morena ha invitado a integrantes de otros partidos y equipos a sumarse a su campaña.
“Del extremo del sectarismo, López Obrador se ha desplazado al punto contrario: el oportunismo. Su coalición no es ya ni sombra de su base política. Morena ha sido traicionado antes de ganar el poder. El caudillo lo ha entregado al cálculo de sus ambiciones. La lealtad de hoy puede vencer a la deshonestidad de ayer; los mafiosos pueden transformarse en abanderados de la regeneración nacional, los bandidos pueden ser perdonados por la infinita bondad del prócer. Morena ya ha sido sacrificada. Al caudillo le sirven los foxistas, los calderonistas, los zedillistas, los salinistas. Todos caben”, indica el articulista.
Además, Silva-Herzog Márquez comparaba esta postura del presidenciable con el priismo. “Su política no es nueva. La conocemos en México como priismo. López Obrador ha vuelto a sus orígenes: ha fundado un partido con la ambición de recoger a todos los ambiciosos, un partido en el que las ideas no importan. Ha fundado un partido para que la política no castigue a nadie”, agrega en su texto, referido en una nota del portal electrónico de la revista Expansión.
Ante esto, López Obrador respondió vía Twitter lo siguiente: “Hace tiempo que Jesús Silva-Herzog Márquez me cuestiona con conjeturas de toda índole. Hoy, en el periódico Reforma, me acusa sin motivo de oportunista. Ni modo, son tiempos de enfrentar a la mafia del poder, a sus secuaces y articulistas conservadores con apariencia de liberales”, con lo que comenzó un cruce de tuits en los que Silva Herzog Márquez respondió: “Ojalá aceptara alguna vez, don @lopezobrador_ que la discrepancia no es inmoralidad. Criticarlo a usted no es entregarse a la mafia. Si no aceptamos que hay razones para el desacuerdo, el diálogo no tiene sentido.”
Ante ello, el historiador Enrique Krauze intervino citando el mensaje de López Obrador para señalar que “el mesianismo condena” e, igualmente, pronunciarse a favor del debate. El tabasqueño también tuvo palabras para Krauze, a quien ubicó en la misma categoría de conservador con apariencia de liberal: “Enrique Krauze: en buena lid y con todo respeto, tú también eres de aquellos profundamente conservadores y que simulan, con apariencia de liberales. Y por su puesto que acepto la crítica y respeto el derecho a disentir.”.
CONSERVADORES Y LIBERALES
Las historias mexicanas de la lucha por el poder durante el siglo XIX tuvieron siempre como protagonistas a liberales y conservadores. Los primeros, que hoy podríamos ubicar como progresistas, buscaban el desarrollo y el progreso de la sociedad en todos los ámbitos y especialmente en el político-social, basados en la ley y en la separación de la iglesia y el Estado. Los segundos eran los que hoy ubicaríamos como reaccionarios. Es decir, aquellos que se oponen al cambio y que son partidarios de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales, oponiéndose a reformas o cambios que representan progreso en la sociedad.
Quién sabe si en México exista hoy una verdadera corriente progresista, ya que en general desde hace mucho tiempo la izquierda se ha dedicado a ser opositora al poder, pero también reaccionaria. Lo ha sido desde la perspectiva de que su política permanente frente a cualquier iniciativa, ha sido la del rechazo. Esa izquierda partidista —léase PRD, Morena, PT, etcétera— no ha sido capaz de proponer y empujar políticas propositivas que sirvan como alternativa a las de sus contrapartes.
Y, de hecho, si de progresismo y conservadurismo se trata, el propio López Obrador tiene insuficiencias notables. Por ejemplo, ha sido un líder y candidato de la izquierda progresista que se ha negado a pronunciarse a favor del aborto o de los matrimonios entre personas del mismo sexo, llegando al extremo de proponer que temas como esos sean sometidos a consultas populares, como si la protección y el respeto a ciertos derechos fundamentales —derecho a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad frente a la ley, y otros— pudiera quedar al arbitrio de una mayoría popular, o la opinión de ciertos sectores de la población.
En esa perspectiva, pareciera incluso que los reaccionarios tradicionales —el panismo, que formalmente ha estado en contra del aborto, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, o incluso de temas más de fondo como el reconocimiento a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y varios más— hoy se ven superados por algunas posturas de la izquierda, que resultan tan conservadoras como las planteadas por los partidos de derecha.
En el fondo, el problema no radica en si hoy la política se inunda de conservadores o liberales, sino en el hecho de que algunos militan en un bando pero ejercen prácticas propias de sus contrapartes. Ese es un problema mayor que tiene que ver con la congruencia, pero sobre todo con la capacidad de aprovecharse de los vacíos conceptuales en los que nos encontramos la mayoría de las personas, para hacer pasar posturas y prácticas de un tipo, como si fueran exactamente lo contrario. Siendo liberales o conservadores, la medida de todo radica en el respeto a la ley, y a los principios, valores y derechos contenidos en nuestra Constitución.
(IN)MOVILIDAD
Mientras los proyectos de movilidad urbana más importantes de Oaxaca siguen pospuestos de forma indefinida ante las evidencias de corrupción e ineficiencia con las que fueron proyectados y construidos, índice global Inrix, revela que Oaxaca es la ciudad con la velocidad promedio más lenta en el mundo en horas pico, con 5.9 kilómetros por hora, similar a la velocidad promedio de una persona al caminar, cuando el promedio del resto de ciudades se ubica en 14.4 kilómetros por hora. Enfrentar este problema tendría que comenzar por perseguir a los responsables del atraso en que enfrenta la capital oaxaqueña en este rubro.
En Oaxaca, el riesgo real para 2018 es que gane la apatía entre los electores
El resultado elección de julio próximo, en Oaxaca dará luces de cuánto lograron avanzar los partidos frente a la apatía y el desánimo de los electores locales. A pesar de ser una elección presidencial, aquí no se jugará el destino de la entidad, y tampoco habrá contendientes lo suficientemente fuertes como para suponer que el resultado electoral marcará el destino político —de un partido, de un grupo, o de toda la clase política— en el mediano plazo. De ahí que, en el resultado, podremos ver si los partidos lograron ganarle algo de terreno a la apatía que parece inundar a la mayoría de los electores oaxaqueños.
En efecto, siempre resulta importante e interesante para analizar, el empuje que tiene una elección presidencial en los contextos locales. En Oaxaca, sabemos de algunos antecedentes ya conocidos, tales como el poder que han tenido las fuerzas de izquierda en las dos últimas elecciones presidenciales; la poca capacidad que ha existido entre los electores para hacer una diferenciación entre los sufragios que emite para la elección de cada uno de los cargos en juego; o la poca efervescencia que las elecciones presidenciales logran prender entre los electores no manipulables, abriendo con ello la posibilidad de que la ingeniería electoral haga el trabajo a favor de uno u otro partido o aspirante.
Esas circunstancias hoy se nutren de otras, que también vale la pena repasar. En Oaxaca pasamos recientemente por una elección de Gobernador que dio como resultado una segunda alternancia de partidos; seguimos viviendo en un contexto político en el que la pluralidad se ejerce con plenitud, pero en la que no se ha logrado construir ningún tipo de mayoría definida que acelere o modifique la inercia propia de los procesos de gobierno y las decisiones que se toman en el Poder Legislativo; que hoy la ciudadanía votante no tiene definiciones claras respecto hacia dónde se moverán sus preferencias electorales; y que, en ese contexto, resultará muy importante lo que hagan los partidos, candidatos, representantes populares y gobernantes, para captar los votos libres independientemente de las estrategias que pudieran tener con sus votantes asegurados.
Esta debiera ser una medición muy particular, porque de ella se desprenderían tendencias importantes para los comicios de 2018. El electorado oaxaqueño ha vivido en pocos años dos alternancias de partidos en el poder; ha visto cómo desde dos frentes electorales distintos se han prometido cambios y mejoras en las tareas de gobierno, y ha visto cómo en ambos casos hubo tantas fallas e incumplimientos que llevaron a sus respectivos grupos a la derrota.
En 2010 fue derrotado el priismo luego de las fallas, excesos y soberbia del grupo del entonces gobernador Ulises Ruiz; y seis años después fue también derrotado el grupo que antes había sacado del poder al ulisismo. Para ganar, en 2010, el grupo de Gabino Cué le prometió a la ciudadanía oaxaqueña un cambio en la forma de gobernar, pero seis años después le entregó corrupción, impunidad y engaño, obteniendo a cambio una nueva derrota electoral.
Todo esto no debiera ser un antecedente menor frente a lo que ocurrirá en 2018. Hay un gobierno de segunda alternancia, y hay partidos que tienen fresco aún el antecedente de haber sido gobierno, aunque ahora sean oposición. En ese contexto, ni a quienes son gobierno de reciente conformación, ni los que son neo opositores luego de haber apoyado a un gobierno desastroso, les alcanzan los argumentos retóricos sustantivos como para pedirle al ciudadano que convalide su preferencia electoral en un nuevo proceso. De ahí la interrogante sobre cuánto habrán podido avanzar en el fomento a la credibilidad entre ciudadanos que están desencantados, en general, de toda la clase política.
¿CÓMO CAPTAR VOTOS LIBRES?
En los ejercicios matemáticos, hoy todos saben que ni el voto duro del PRI en Oaxaca sería suficiente para ganar algo en cualquier elección, como también saben que ni el voto asegurado de Morena, o del PRD, o del PAN, o del partido que sea, le alcanza como para alzarse con números favorables el día de la jornada electoral. Acaso, todos asumen hoy que sus votos asegurados (eso que antes se llamaba “voto duro”) sólo les permite tener un margen concreto de votación que ya no puede ser visto más que como el punto de partida de su trabajo electoral.
En ese contexto, es evidente que todo lo que deben ir a buscar los partidos es el voto ciudadano conquistado, cooptado, comprado o condicionado, independientemente de cuál sea el orden de esas prácticas o maniobras. Deben hacerlo en una proporción que incluso puede superar en 200 por ciento a los márgenes que calculan de voto duro. Esa circunstancia abre una oportunidad por demás interesante para la evaluación —plebiscitaria, incluso— del trabajo que ha realizado cada partido o candidato en el espacio geográfico y político en el que buscará el voto.
Concretamente, si por cada voto asegurado debe ir a buscar otros dos que no están más que en el ánimo del elector, cada partido tendrá entonces un margen de evaluación importante de su trabajo y antecedentes. Esto se hace particularmente relevante en un contexto como el oaxaqueño actual, porque si hubiera que definir el periodo en el que vivimos, éste tendría que llamarse “desencanto” o algo por el estilo, a partir de que las dos alternancias de partidos en la gubernatura, han dejado claro que ninguno de los grupos ha estado a la altura de lo que los oaxaqueños esperan —esperamos—; y que el gobierno actual es tan reciente, que tendrá que hacer mucho trabajo a ras de tierra para lograr convencer a los electores que hay los resultados suficientes como para pedir la convalidación de la preferencia a través de un segundo voto.
A nivel político lo que está en juego es mucho, ya que ésta es la elección concurrente más grande de la historia contemporánea del país. Aún así, en Oaxaca no se logra ver aún un ánimo concreto en el que la ciudadanía se involucre porque considere que algo está en juego. En la elección presidencial, Oaxaca será sólo una pieza más de las 32 que conformarán el rompecabezas electoral; y en lo que corresponde al Senado, y las diputaciones federales, parece que más bien hay un ejercicio en el que quienes resulten candidatos lo serán por exclusión, y no porque sean quienes representen los proyectos de mediano plazo de los grupos políticos.
DESINTERÉS
La última lucha será la del Congreso local, la cual a pesar de representar gran importancia para la gobernabilidad estatal, siempre ha sido la que menos interés despierta en los ciudadanos. Por todo eso, el ganador de fondo de esta elección será no quien manipule mejor los votos, sino quien demuestre que hizo algo para ganarle terreno a la apatía que domina a la mayoría de los electores frente a todos los partidos, todos los candidatos y, en general, frente a todo el escenario electoral actual.
Candidaturas independientes: sus condiciones deben seguir sujetas a debate
Conforme avanza el proceso electoral, vemos las dificultades con las que se han intentado materializar las candidaturas independientes. Aunque para la elección presidencial fueron alrededor de 40 personas las que lograron reunir los requisitos para poder ser reconocidas por la autoridad electoral como aspirantes a una candidatura independiente, lo cierto es que difícilmente habrá más de un candidato por esa vía. Se dice que hay requisitos inalcanzables, aunque también se han señalado algunas prácticas indebidas por parte de los propios aspirantes. En el fondo, lo único que beneficiará a la democracia en México es que aún con sus vicisitudes, las candidaturas independientes continúen sujetas al perfeccionamiento y al debate.
En efecto, de acuerdo con la legislación electoral actual —en la que fue anotado como un triunfo de la ciudadanía, el reconocimiento a las candidaturas independientes— cada uno de los aspirantes a una candidatura ciudadana debe acreditar alrededor de 980 mil firmas de personas inscritas en el padrón electoral, en por lo menos 17 entidades federativas. Quien logre tal hazaña, luego tendrá que hacer una campaña proselitista con recursos económicos provenientes del fondo público para la democracia meramente testimoniales, y por ende tendrá que hacerlo o a través de la caridad ciudadana, del apoyo de poderes fácticos, o del respaldo de organizaciones criminales —que luego buscarán cobrar sus dividendos en impunidad, corrupción o canonjías. No habrá más.
¿Cuál es el resultado? Lo preveíamos en esta columna desde octubre del año pasado (Ver Al Margen 18.10.2017): que de los cuarenta ciudadanos a los que el Instituto Nacional Electoral les reconoció la calidad de aspirantes a una candidatura independiente —por haber cubierto los requisitos iniciales para conseguir tal cuestión— sólo quienes estén verdaderamente aventajados política, social o económicamente podrán conseguirlo. Y que, aún, entre ellos habrá luego una depuración relacionada con su capacidad para financiar u organizar una campaña, o de poder abarcar las 32 entidades federativas con su labor proselitista.
Esto revela lo que ya es por casi todos conocido, pero paradójicamente poco reconocido: que en realidad, las candidaturas independientes fueron establecidas como una forma en la que la clase política mexicana decidió maquillarse de democrática e inclusiva, aunque en realidad no tenía ninguna intención de romper el esquema de los partidos, bajo el cual ellos tienen el monopolio del acceso al poder público. Fue, pues, la forma de cumplir con un requisito democrático, con una sentencia internacional, y con una exigencia social, pero sólo en las apariencias.
En los hechos, el régimen de partidos —que bien pudiera ser hoy denominado como “régimen de partidos hegemónicos”— nunca perdió la noción de cómo protegerse del escrutinio ciudadano y de la competencia basada en condiciones equitativas. Por eso, a los candidatos ciudadanos no sólo les estableció requisitos importantes de apoyo ciudadano comprobado —eso hasta parece no sólo aceptable sino necesario—, sino que sobre todo los marginó del presupuesto público para la financiación de sus campañas, una vez habiendo obtenido la candidatura en cuestión.
CRITERIOS EXCLUYENTES
Una de las cuestiones que tendrán que ser revisadas, a partir de precedentes jurisdiccionales que comienzan a surgir, es la posible inconstitucionalidad de ciertos requisitos que desalientan la posibilidad de las candidaturas independientes. Hay uno en concreto que deberá ser revisado a profundidad en los próximos años, para equilibrar esta figura incluso con la resistencia de la partidocracia, que se sigue resistiendo a perder el monopolio del acceso al poder público.
En esa lógica, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia relevante. De acuerdo con Arturo Espina Silis, la sentencia emitida en el SUP-JDC-1163/2017, en la que se resolvió la impugnación presentada por un ciudadano poblano que aspira a una candidatura independiente a la gubernatura; en la cual se inconformó contra los lineamientos para los aspirantes a las candidaturas independientes para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018 y la convocatoria para el registro de candidaturas independientes.
El actor alegaba que los requisitos exigidos para las candidaturas independientes resultaban excesivos y, por tanto, restringían desproporcionalmente su derecho a ser votado, por lo que solicitaba que se declararan inconstitucionales y por lo tanto no se aplicaran. Los requisitos cuya inconstitucionalidad se analizó eran dos:
- No ser o haber sido militante, afiliado o su equivalente, de un partido político en los doce meses anteriores al día de la elección (artículo 201 bis, fracción I, del código electoral del estado de Puebla).
- Obtener respaldo ciudadano equivalente al 3% del listado nominal de la entidad y que este se refleje en, al menos dos terceras partes de los municipios de la entidad, en los que en cada uno de ellos se obtengan al menos el 2% del listado nominal que corresponda (artículo 201 quater, fracción I, inciso a) del código electoral del estado de Puebla, reproducido en el numeral 15, inciso c), fracción i) de los Lineamientos y en la base quinta, inciso c), fracción I, de la Convocatoria).
Ambos requisitos fueron declarados inconstitucionales por la Sala Superior e inaplicados, la sentencia se votó por unanimidad. Pero, ¿cuáles fueron las razones que dieron los magistrados? Respecto del primero de los requisitos, señalaron que es válida la restricción temporal a los militantes partidistas para ser registrados como candidatos independientes, pues el acceso a las candidaturas independientes es una prerrogativa ciudadana, ya que una de las características de las candidaturas independientes es la desvinculación de los partidos políticos, pero consideraron que exigir a quien aspire a una candidatura independiente que se separe de su militancia o afiliación partidista doce meses antes de la elección es excesivo. Sobre del segundo de los requisitos cuestionados, los magistrados sostienen que es válido exigir un porcentaje de firmas respecto del listado nominal, sin que abunden respecto a si el 3% del listado nominal estatal es excesivo o no.
DEBATE ABIERTO
Esto debiera esperarse: un debate abierto y necesario sobre las condiciones para la obtención de candidaturas independientes, que al menos ahora se ven desiguales, desproporcionadas y en franca desventaja frente a los partidos políticos. Flexibilizarlas, significará hacer efectivo el derecho político a ser votado. Por eso, este debe ser el parte aguas de una discusión más de fondo.
El caso Marco Antonio y la necesidad de conocer más sobre la desaparición forzada de personas
La misteriosa detención, desaparición y localización del joven Marco Antonio Sánchez Flores, en la Ciudad de México, debe llevarnos a entender y hablar más en México sobre desaparición forzada de personas. Éste, que es uno de los delitos más abominables que pueden cometerse en contra de una persona y todos los que están a su alrededor, está considerado como de lesa humanidad. Aunque en situaciones distintas, este caso es igual de grave que la detención-desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Por eso debemos tomar la dimensión del caso y, como ciudadanos, exigir que se investigue y se sancione hasta sus últimas consecuencias.
En efecto, Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, es estudiante de la Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue detenido por policías capitalinos el pasado 23 de enero en la colonia El Rosario, supuestamente por tomar fotografías. Un testigo dijo que el menor fue subido a una patrulla afuera de la estación del Metrobús El Rosario.
Pasaron los días y el joven no regresó a casa, por lo que su familia acudió al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), lugar en el que se abrió una carpeta de investigación para saber qué pasó. Luego de esta denuncia intervinieron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y organizaciones de la sociedad civil, quienes exigieron dar con el paradero del joven y acusaron a las autoridades de una posible desaparición forzada. Los usuarios en redes sociales crearon el hashtag #DóndeEstáMarcoAntonio para ayudar a la causa. Por su parte, la UNAM condenó la desaparición y exigió una investigación exhaustiva.
Ante la creciente protesta, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo para su búsqueda. Este domingo la SSP-CDMX informó que dos de los elementos de la policía capitalina que participaron en la detención de Marco Antonio, estaban bajo arresto. La dependencia confirmó que los policías detuvieron al estudiante pero, según declaraciones de los propios agentes, lo dejaron en libertad calles próximas a la detención luego de que un ciudadano lo solicitara.
A dos de los cuatro policías detenidos se les grabaron sus declaraciones sobre el suceso y esto fue lo que dijeron. Martín González Martínez comentó que tiene más de 20 años trabajando en la institución y que lo han reconocido por medio de premios. Agregó que teme perder su trabajo porque él también tiene un hijo y se pone en los zapatos de la familia de Marco Antonio. Y esa es la razón por la que, dijo, declaraba para que se sepa qué paso con el estudiante de la UNAM.
Marco Antonio Sánchez Flores fue hallado cinco días después, el 28 de enero por la noche, en las inmediaciones del fraccionamiento Álamos en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, informó el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Detalló que las autoridades de la CDMX recibieron aviso del paradero de Marco, gracias a una llamada ciudadana tras la conferencia de prensa que dio pasadas las 20:00 horas. Mancera explicó que a la madre del joven se le mostró una fotografía para que pudiera identificarlo. Asimismo, el procurador de la CDMX, Edmundo Garrido, explicó que Marco Antonio presentó algunas escoriaciones en la cara y cuerpo, que según la certificación médica, son lesiones que tardarán 15 días en sanar y que no ponen en riesgo su vida. Sin embargo, no se pudo obtener su declaración, ya que tras la revisión médica se determinó que se le debe aplicar una prueba psicológica.
Ante esta cadena de hechos, tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el del Estado de México intentaron atajar la posibilidad de una acusación sobre desaparición forzada de personas. Ello, a pesar de que, de existir un verdadero Estado de Derecho sólido y robusto, este asunto tendría que haber sido investigado desde el primer momento como desaparición forzada de personas. Igual que como debió ocurrir, también desde el primer momento, con el caso de los 43 de Ayotzinapa y muchos otros casos en los que sólo las circunstancias y la presión social han logrado que se reconozcan como tales.
DESAPARICIÓN FORZADA
Tal delito debió investigarse desde el inicio como desaparición forzada de personas, a partir de dos cuestiones: primera, la apariencia de que la posible comisión de un delito estaba relacionada con eso; y segunda, porque a la luz del principio pro persona (que señala que toda norma que protege un derecho fundamental, debe ser interpretada y aplicada en un sentido maximizador para garantizar su ámbito protector a favor de la persona sobre quien se aplica), la investigación debió ser así para considerar desde el inicio todos los factores posibles, y evitar que una investigación más limitada dejara fuera elementos que sí podrían ser luego necesarios para la configuración de un delito de esa naturaleza.
El problema es que en realidad conocemos muy poco los ciudadanos sobre esos temas, y por esa razón tenemos una capacidad limitada para exigirle a la autoridad. Fue muy eficaz, en este caso, la protesta que impulsaron diversas organizaciones para denunciar la posible desaparición forzada del menor Marco Antonio, ya que eso, la presión social, fue la que presionó a las autoridades para que apuraran la presentación del joven. Si el asunto no hubiera cobrado tal relevancia, las autoridades de los dos estados no habrían puesto celeridad en las pesquisas para la localización del joven, y esto habría quedado como uno más de los casos en los que una persona desaparece, sin que haya interés por dar con su paradero.
En esa lógica, un aspecto por demás relevante es el hecho de que desde el primer momento se denunció que quienes habrían “levantado” al joven eran elementos policiacos. Ello implicaría la participación de agentes del Estado en un evento como ese, similar a lo que ocurrió con la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aunque en contexto los asuntos son distintos, lo cierto es que en ambos casos se trata de personas que fueron privadas de su libertad a manos de agentes que tenían la calidad de servidores públicos, lo que agrava la situación y la hace trascender de un secuestro a una cuestión encaminada a la desaparición forzada de personas.
CASTIGO EJEMPLAR
Al final, en todas las formas y de todos los modos posibles, hay que rechazar y denunciar esas prácticas abominables. El delito de desaparición forzada de personas lesiona todos los bienes jurídicos y derechos de la persona sobre quien se ejerce, pero también los de su familia y de la humanidad. Por eso este no debe ser visto como un asunto menor, sino como una muestra palmaria de lo que ya no debe ocurrir. Y de ese mismo modo debe ser investigado, aclarado y sancionado.
En Oaxaca, los gremios y las organizaciones ven una realidad de egoísmo frente a los ciudadanos
Al parecer, en Oaxaca estamos arañando los límites del egoísmo y el desdén por la realidad que ven y padecen miles de personas. Esos linderos son diariamente confrontados y traspasados por organizaciones sociales y sindicatos que, sin miramientos y sin piedad ante la realidad, exigen y presionan como si sus necesidades fueran las únicas válidas en una realidad donde cada vez más son despojados para que ellos reciban algo. Es una práctica perniciosa pero común, frente a la cual los ciudadanos no sólo debemos ser sensibles sino proactivos.
En efecto, desde el inicio del año hemos visto un cúmulo de acciones que tienen un común denominador: organizaciones y sindicatos exigiendo vorazmente, a pesar de las señales de agotamiento —en todos los sentidos— de las instituciones a las que les exigen. Un ejemplo pueden ser los sindicatos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; otro, la Sección 22 del SNTE; uno más, los grupos, organizaciones y sindicatos que existen al interior de los servicios de salud en la entidad; y detrás de ellos, una cauda de grupos que a lo largo del año exigirán cuotas políticas, prebendas, recursos económicos y canonjías, a instituciones colapsadas por los excesos continuados.
¿De qué hablamos? De que, en el caso de algunos sindicatos, éstos actúan con un egoísmo infame frente a patrones que institucionalmente se encuentran en el límite de lo que pueden hacer. Un ejemplo perfecto es la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, que vive momentos que no sólo son parte de sus ciclos anuales de exigencias y negociaciones salariales con sus sindicatos, sino que hoy se enmarcan en el colapso financiero de la Universidad, que se encuentra incluso en vías de declararse en insolvencia ante la incapacidad de mantener el régimen de privilegios que ha pervivido durante décadas, y por el que existe un riesgo fundado de quiebra.
Eso lo sabemos perfectamente, igual que como se conoce a los responsables históricos y actuales de esta enorme crisis financiera de la Máxima Casa de Estudios. En esa lógica, de lo que poco se habla es de la necesidad no sólo del rescate financiero y del replanteamiento de la relación entre la Universidad y sus trabajadores, sino también el castigo a los responsables inmediatos —y mediatos— de esa crisis. Si de por sí se habla poco de la necesidad de ese acto de justicia, resulta que lo menos importante en todo esto sigue siendo el enorme boquete académico que la crisis y la irresponsabilidad institucional que las sucesivas administraciones universitarias, le han heredado a Oaxaca.
En el fondo, los conflictos políticos, los excesos administrativos, el saqueo al que ha sido sometida la Universidad, y la voracidad permanente que ejercen sus sindicatos, organizaciones, grupos políticos y porriles, ha impactado en que la vida y el aprovechamiento de los universitarios oaxaqueños sea de los más rezagados del país, y que la UABJO sea una opción excluyente y aislada sólo para aquellos que no se encuentran en posibilidad de costear estudios universitarios en un centro educativo cuando menos ordenado, y ajeno a las prácticas indebidas e inestabilidad propias de nuestra lastimada Máxima Casa de Estudios.
Al final, pareciera que en la vorágine perniciosa de exigencias y chantajes de los sindicatos a la administración, nadie ve que la herencia que esto le deja a Oaxaca estará marcada en los universitarios, que gracias a eso tienen un presente académico lleno de carencias y posibilidades negadas, y que muchos de ellos —la gran mayoría— tendrán un futuro sombrío, a partir de que los recursos que debían ser destinados a una mejor educación superior, son invertidos en chantajes y exigencias de quienes, además, ya no están dispuestos a aportarle nada distinto o mejor a la formación de los universitarios.
MÁS EGOÍSMO
Algo similar ha ocurrido con la Sección 22 del SNTE, que marcó una ruta oprobiosa que han seguido muchos de los sindicatos en Oaxaca. El magisterio inauguró y marcó una ruta en la que el gobierno atendía todo tipo de peticiones y exigencias, cuando éstas se volvían amenazas; y en la que el gobierno accedía a privilegios incosteables siempre que éstos le reportaran una ganancia extraordinaria —política, económica, o ambas— al régimen en turno.
Por esa razón, hoy vemos que muchos sindicatos actúan como pequeños émulos del magisterio, y que cuando se revelan sus condiciones de trabajo, salarios y privilegios, se pone también en evidencia que durante mucho tiempo los propios servidores públicos fueron cómplices de quienes ahora aparecen como verdugos de las instituciones por sus exigencias insaciables y reiteradas.
¿A poco, por ejemplo, la enorme crisis que viven hoy los Servicios de Salud de Oaxaca fue sólo propiciada por un puñado de funcionarios corruptos, o solamente estimulada por dirigentes sindicales voraces e irresponsables? Lo que queda claro es que lo que ocurre hoy es resultado de la connivencia entre ambos sectores, y de la irresponsabilidad con la que fueron históricamente manejadas esas instituciones, mientras los fines para los que éstas fueron creadas mermaron hasta límites inadmisibles.
¿Con qué cara exigir privilegios, por ejemplo, cuando esos mismos privilegios dejaron a miles de oaxaqueños sin la atención médica que merecían; a niños enfermos de cáncer sin los tratamientos adecuados a los que sí tenían derecho; y a las clínicas y hospitales sin los insumos médicos más básicos para atender a la gente? El problema en realidad no es que a pesar de todo eso los sindicatos puedan exigir, sino que lo hacen de manera indiscriminada igual que como los sindicatos universitarios amagan con radicalidad a pesar de ser trabajadores privilegiados, frente a estudiantes vilmente precarizados.
RECHAZO CIUDADANO
Por eso mismo es que los oaxaqueños debemos ser empáticos para rechazar el egoísmo de quienes exigen vorazmente, sin considerar que por cada privilegio obtenido se le niega un derecho fundamental —educación, salud, bienestar, etcétera— a alguien que sí lo merece. La actitud de egoísmo e insensibilidad de quienes no parecen ver y considerar otra realidad más que la de sus conveniencias, le hace tanto daño a Oaxaca como quienes han tolerado la corrupción. Eso va más allá de las campañas y de los discursos fáciles que escucharemos durante estos días.
Urgente, un debate serio y alejado de la falsa moral con respecto a la legalización de la marihuana
Uno de los rasgos más complejos de la personalidad de los mexicanos, radica en la incapacidad que en general tenemos para abordar sin rodeos las discusiones, máxime cuando éstas implican dilemas morales a los que no queremos enfrentarlos. Un ejemplo de eso es la discusión relacionada con la posibilidad de la legalización de la marihuana, sobre la que quién sabe con qué ánimo, el Secretario de Turismo federal volvió a poner en el centro de la atención al fijar una postura que, luego supimos, era de índole personal —y lamentablemente no institucional— al respecto.
En efecto, durante el fin de semana el secretario Enrique de la Madrid hizo una propuesta por demás inusual en la clase política, aunque no así entre quienes entienden y estudian las implicaciones sociales, políticas, de seguridad y de criminalidad de la legalización de la marihuana. El titular de la Secretaría de Turismo propuso la legalización del consumo, venta y producción del enervante en regiones del país que tienen alta incidencia turística, como una forma de estabilizar algunas situaciones que hoy se encuentran fuera de control, y que ponen en riesgo a la ciudadanía.
De hecho, la propuesta y la reflexión de Enrique de la Madrid resulta por demás interesante y honesta, en este contexto nacional en donde, a pesar de la enorme crisis que vive el país en distintos aspectos, todos parecen estar acostumbrados y ceñidos a las poses de lo prudente y lo políticamente correcto para evadir esas reflexiones y discusiones de fondo honestas y realistas, que le vendrían muy bien a este país que, como lo hemos apuntado reiteradamente, padece un profundo ayuno de ideas y propuestas por parte de la clase política, incluso en los tiempos electorales en los que se supone que ese debería ser el principal insumo de las campañas.
En ese sentido, hay varios argumentos muy rescatables de la aparentemente espontánea propuesta del secretario De la Madrid. Los recuperamos del texto publicado ayer al respecto, por el escritor Héctor Aguilar Camín (http://bit.ly/2GwGnu4) en su columna de Milenio: “México es tan grande”, dijo De la Madrid, “que deberíamos pensar en ejercicios diferenciados. Así lo han hecho en Estados Unidos, donde, a pesar de que, a nivel federal, sigue prohibido el tema del consumo y la producción de mariguana, es un hecho que en diferentes estados, como en California, ya se legalizó para fines médicos y recreativos. Es absurdo que como país no demos ya ese paso”.
También dijo: “Me gustaría ver qué se puede hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos principales destinos de México, que no tienen que ser víctimas de la violencia de un trato inadecuado del problema de las drogas en México” (…) “Nos haría un enorme daño perder esos destinos turísticos por temas de combate al narcotráfico. El hacer legal, no solamente el consumo, sino la producción y venta de la mariguana, que no de otras drogas, contribuiría junto con otras acciones a destinos más seguros”.
“Lo que no se justifica es que un consumidor vaya a dar a la cárcel porque consume mariguana. Lo que no se justifica es que sea víctima de extorsiones porque consume mariguana. Es un absurdo. (…) Tampoco creo yo que se justifique desviar recursos de escuelas y de hospitales para combatir un crimen que, científicamente hablando, la mariguana es mucho menos dañina que el alcohol y que el tabaco”.
DEBATE NECESARIO
¿Era tan grave que un Secretario de Estado se pronunciara en el sentido que lo hizo Enrique de la Madrid? Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sí lo fue, porque por eso mismo publicaron un comunicado estableciendo que lo dicho por el Titular de Turismo era a título personal y que no reflejaba la postura del gobierno federal sobre la situación actual de la marihuana.
Evidentemente, la segura preocupación del gobierno federal se enfocó en la distorsión que significa para su política de combate a la delincuencia organizada, el argumento de uno de sus integrantes sobre la legalización de uno de los productos por los que hoy el gobierno federal persigue de manera violenta a los capos criminales. También es cierto que respecto a la posibilidad de la legalización de la producción, venta y consumo de la marihuana, el gobierno federal se ha mantenido en una postura alejada de los compromisos y muy cercana a la prudencia y la evasión, porque esto lo volvería a confrontar con algunos de los sectores conservadores a los que les atribuye alguna de sus derrotas políticas.
En particular, recordemos que en 2015 el presidente Peña Nieto propuso al Congreso el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo; y que rápidamente su propuesta fue rechazada por algunos de los sectores más conservadores del país, a los cuales el propio Presidente les terminó achacando una campaña negativa contra los candidatos del PRI, y la derrota de muchos de ellos en los comicios federales intermedios de aquel año, a pesar de que en realidad no hubo datos sustantivos que asociaran con claridad los descalabros electorales, con un posible boicot de los sectores conservadores, aún cuando en medio se quedó el grueso de la ciudadanía mexicana a la que nunca le preguntaron si estaba de acuerdo o no en un tema tan sensible y progresista como el del reconocimiento constitucional a la diversidad sexual en México.
En el fondo, quizá el gobierno federal hoy asuma que una discusión de ese tipo, es innecesaria en los tiempos electorales que ya se sienten con particular vigor. Políticamente, sería ya imposible que el Congreso abordara una discusión de esa dimensión en los meses siguientes; y seguramente el gobierno federal está ya evitando que cualquier otra propuesta atrevida, lo siga involucrando en más problemas y cuestionamientos de los que ya enfrenta por sus males endémicos —la corrupción o la impunidad, entre otros—, y lo siga enredando y poniendo en más peligro de cara a la elección presidencial.
Lo cierto, en esa lógica, es que mientras ese tema siga sin discutirse la llamada guerra contra el crimen organizado continuará su curso, y se mantendrá en su sangrienta estela de muerte y terror entre la población de amplias zonas del país. Es cierto que muchísima de la violencia que se padece en México, la mayoría, es producto de la acción de los grupos criminales. Pero también lo es que mientras no se tomen medidas de fondo para arrancar el problema de la población, el eterno círculo vicioso que hoy es la guerra antidrogas continuará para siempre aquí, mientras que nuestro vecino del norte ya utiliza las drogas con fines lúdicos, recreativos y de consumo habitual.
DIFERENCIAS
La diferencia está, en realidad, en la capacidad para discutir un tema sin falsos dilemas morales. Al norte de la frontera hicieron lo primero; aquí, insistimos en evadir el problema y mantenernos en la caótica situación que vive el país.
Con la definición de candidatos, el PRI en Oaxaca está ante su mayor desafío electoral y de gobernabilidad
† En memoria de mi padre, don Ismael Humberto Ortiz Romero
Conforme avance la presente semana, se irá conociendo la baraja electoral del priismo oaxaqueño rumbo a los comicios de julio próximo. Éste es el mayor desafío que haya enfrentado el tricolor en Oaxaca en todos los tiempos. No es exageración: el PRI gobierna la entidad en una segunda alternancia; pero al menos de entrada, la posibilidad de que el priismo gane la elección presidencial, es lejana. Al ser ésta una elección concurrente, en la misma jornada se definirán los rumbos local y nacional, el primero con las diputaciones locales y las alcaldías, y la segunda por los cargos federales en juego. Por eso mismo la apuesta, y el riesgo para el PRI oaxaqueño, son mayúsculos.
En efecto, en la jornada electoral del primer domingo de julio se definirá la elección presidencial, la de senadores y diputados federales, la de presidentes municipales y la de diputados locales. Es la elección más grande que se haya organizado en el país, y en Oaxaca será la jornada en la que al mismo tiempo se definirán más cargos de índole estatal y federal. Uno de los signos distintivos de esta elección será la ausencia previsible de voto diferenciado. Y siendo así, aquí ganarán todos los candidatos del partido cuyo candidato presidencial aventaje en las preferencias de los electores.
Para el PRI eso es un problema. Tradicionalmente, el priismo está acostumbrado a sumar y restar posibilidad a partir del llamado “voto duro”, que no es sino el conjunto de votos corporativos que se supone que tienen cautivos gracias a sus sectores, organizaciones y la compra, condicionamiento o coacción del voto a través de programas gubernamentales. El problema es que, al menos en Oaxaca, ese voto duro ha demostrado ser insuficiente para determinar el rumbo de una elección, y más bien ha quedado claro que es el trabajo, los candidatos o incluso las inercias electorales las que hacen que un candidato gane o pierda, pero sin que el voto duro resulte uno de los esquemas determinantes para ello.
En esa lógica, otro dato relevante es que en las últimas dos elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador —y sus candidatos— han obtenido resultados favorables de manera abrumadora en el conteo estatal. A pesar de haber perdido las dos elecciones presidenciales, López Obrador ha sido el gran ganador en la entidad, y su inercia ha hecho cómodamente diputados federales y senadores a personajes que en realidad trabajaron poco para llegar a sus curules y escaños, respectivamente, a partir de que muy pocos electores diferencian el voto marcado en las diferentes boletas, y la gran mayoría de ellos al decidir por qué candidato presidencial vota, en automático destina su voto a los demás abanderados de ese mismo partido, incluso independientemente de quiénes sean éstos.
Eso es por demás relevante. En los comicios de 2018 esa inercia podría hacer perder al régimen espacios valiosísimos de gobernabilidad tanto en las presidencias municipales como en el Congreso local, que son las dos anclas en las que todo Gobernador asegura su propia estabilidad. Por eso, un cálculo incorrecto de esas dos últimas variables podrían ser monumentalmente desastrosas para el futuro y la estabilidad del régimen.
LA ENCRUCIJADA
Ganar, evidentemente, es la premisa de toda competencia. Pero en lo electoral la perspectiva cambia: a veces se gana perdiendo, o se pierde ganando. No es un juego de palabras, sino una circunstancia permanente que obliga al gobernante y al político a establecer escenarios diversos. Oaxaca está en esa encrucijada.
En esa lógica, el gobernador Alejandro Murat deberá definir si gana perdiendo o pierde ganando. En el más idóneo de los escenarios, José Antonio Meade gana la presidencia y mantiene el impulso de gobiernos priistas y panistas. Pero en un hipotético triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno priista de Oaxaca sería una isla. Pensar en la sobrevivencia es inminente en estos dos escenarios que se dibujan más cercanos aún cuando Meade, el precandidato, va en tercer lugar de las preferencias electorales.
Ahora bien, para cuando se defina la presidencia de la República, al régimen actual le faltarán aún cuatro años aproximadamente para la conclusión del mandato constitucional, periodo que deberá prever desde ahora porque no ha sido para nadie sencillo cuando la federación cambia de partido. Ya lo vivieron con Fox y Calderón.
Por eso, en el mejor de los escenarios, el gobierno de Murat requerirá aliados: un Congreso local mayoritariamente priísta; presidencias municipales que también lo arropen. Y diputados federales que lo respalden en una eventual solicitud de recursos. El problema hoy, es que al menos el escenario actual, estadístico, sitúa a Morena por encima de cualquier oferta política.
De ahí que la operación en tierra tendría que enfocarse a ganar la mayoría en el Congreso local y las presidencias municipales o, como lo hemos apuntado en diversos momentos, establecer vasos comunicantes para que tanto en el PRI como en Morena haya candidatos capaces de dialogar y generar acuerdos con el régimen. Hablamos, pues, de un escenario micro que no descobije a un gobierno que tendrá que mover sus piezas a las candidaturas.
Es el dilema. Cómo lograr fortalecer el gobierno y cómo presentar buenos candidatos que ganen la confianza del electorado. En este primer año, algunos de quienes ahora aspiran a cargos de elección popular no han ido al mismo ritmo del Gobernador. Muchos de ellos tendrían serios problemas para demostrar su competitividad en tierra. En esta encrucijada, también deberán contener las diferencias internas en el PRI que ya se pueden notar en algunos casos, donde los conflictos son creados o se dejan pasar como en una especie de fuego amigo generado desde algunos espacios domésticos.
Algunos, incluso, parecen no terminar de asumir que estamos viviendo nuevos tiempos. La tardanza en las definiciones del PRI, la ausencia de precampañas locales y la pugna interna por posiciones, abre la posibilidad a los otros partidos políticos que sí han hecho presencia en algunas regiones, aún con las molestas movilizaciones de las que los ciudadanos están hartos.
DILEMA
Al final, las decisiones más trascendentes debieran transitar por acuerdos en los que los candidatos en la oposición sean lo menos radicales posibles para que pueda haber relación civilizada a partir del día siguiente de la elección. Se trata de fortalecer al gobierno con aliados. Ganar perdiendo. Ceder algunas posiciones para ganar estabilidad y concertación. De ese tamaño es la importancia de la operación que necesita ya no el PRI, sino Oaxaca, para asegurarse espacios que de verdad abonen a la gobernabilidad democrática.
La irritación social, tiene su base en la lejanía entre el discurso político y lo que necesita la gente
Es muy particular, y muy preocupante, el altísimo nivel de irritación social que existe entre el electorado mexicano. Un pulso más o menos asequible, lo ofrecen las redes sociales, en las que se descarga un nivel de furia nunca antes visto entre la ciudadanía, que opina e interactúa no con los políticos, sino con quienes les manejan sus redes sociales. ¿Por qué la irritación social? Porque la gente está enojada. Y parece estarlo porque los políticos insisten en mantener la distancia entre lo que ellos quieren decir, y lo que la ciudadanía desea que le respondan.
En efecto, basta ver prácticamente cualquier comentario publicado por cualquier figura política en redes sociales. En el común, la respuesta inmediata —de los llamados bots, trolles, y de usuarios reales— es una descarga infinita de furia, señalamientos, recriminaciones, ataques e insultos, los cuales en alguna medida tienen su origen en las campañas de seguimiento y desprestigio generadas por sus adversarios políticos, pero en eso también existe una enorme carga de sentimientos genuinos de desaliento, decepción y enojo en contra de la clase política, cualquiera que sea su vertiente.
¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad, para hacerse rentable, la clase política se ha valido del recurso bajo de la confrontación como medio para hacer presencia. Han utilizado ese mismo encono como vehículo para la transportación de todos los odios a partir de los cuales han creado sus plataformas políticas. Acaso, luego del proceso electoral del año 2000, en el que propios y extraños tuvieron —tuvimos— la convicción de que la alternancia de partidos en el poder derivaría en una auténtica transición a la democracia, la constante ha sido la decepción de todo lo que han hecho, dicho, prometido e incumplido los distintos integrantes de la clase política.
Esto bien puede explicar la situación actual. Aunque digan lo contrario, lo cierto es que, por un lado, existe una enorme proclividad de la clase política por ceñirse a lo que la gente quiere escuchar, pero justamente en el terreno del reproche, la confrontación, el encono y los insultos; en el otro extremo, existe la paradoja relacionada con el hecho de que existe toda una vertiente de argumentos respecto de los cuales la clase política cree abordar y agradar a la ciudadanía, pero sin abordar en realidad ninguno de los problemas sustantivos que le darían un rostro distinto a nuestro país, o que cuando menos resolverían algunos de los asuntos que generan ese encono.
De hecho, desde hace casi dos décadas uno de los constructores de ese encendido encono social ha sido el propio Andrés Manuel López Obrador, que ha mantenido un discurso que en gran medida es antisistémico, pero que ha ido variando según el tiempo, la circunstancia y la conveniencia política.
En su propia vertiente, López Obrador ha sido un constructor del discurso de confronta a la clase gobernante, a partir de los propios errores y excesos que ésta ha cometido en los últimos lustros. Y el problema hoy no ha sido sólo ese, sino el hecho de que eso ha generado una inercia entre la ciudadanía que, al no tener otros puntos de referencia, hoy tiende a odiar de manera exponencial independientemente de si esa fue o no la intención inicial de quienes generaron esa tendencia que ha carecido de autocontroles o al menos de la prudencia por parte de quienes la impulsaron.
Esto no significa, sin embargo, que esa haya sido la única forma de incitar al encono o a la irritación social. De hecho, aunque esta parece ser la forma más visible, en realidad es la menos grave porque esa gravedad se centra en quienes, con hechos y con decisiones contrarias a las aspiraciones de la ciudadanía, ha contribuido a alimentar esa inconformidad social.
ENOJO SOCIAL
Hace veinte años una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía era la recurrencia de la crisis económica. A finales de la década de los noventas, la delincuencia organizada y la violencia criminal no eran parte central de los temas en la agenda de la ciudadanía. El entonces presidente Ernesto Zedillo dijo que por primera vez en décadas, en un final de sexenio, no habría crisis económica. Y no sólo lo cumplió, sino que además fue parte de quienes construyeron la alternancia pacífica de partidos en la presidencia de la República —algo que en otros países provocaba guerras, o cuando menos periodos prolongados de inestabilidad política.
Los problemas vinieron después, ya que en el aspecto democrático y de gobierno, Vicente Fox hizo muy poco para desmontar las estructuras que alimentaban el régimen de partido hegemónico; no se decidió a combatir la corrupción ni a establecer los parámetros de una nueva gobernabilidad basada en el Estado de Derecho. Únicamente generó los equilibrios indispensables para sobrellevar su gobierno, pero sin demostrar una verdadera intención por una transición democrática que partiera de un nuevo orden jurídico, político y social.
Lejos de eso, crecieron exponencialmente otros problemas, hoy centrados en dos aspectos: el avance imparable de la criminalidad; y el crecimiento, en esa misma medida, de la corrupción entre la clase política en los tres órdenes de gobierno. El gobierno de Felipe Calderón hizo muchas cosas pero evitó abordar esa, que era la problemática de fondo. A él no se le acusa directamente de haber participado en un acto de corrupción; pero es evidente que su indolencia frente al crecimiento de este fenómeno lo hace corresponsable de esa vorágine que consumió los recursos del Estado y la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.
En esa misma lógica, el gobierno de Enrique Peña Nieto coronó los esfuerzos para enconar a la ciudadanía. Fue un gobierno que, primero, se asumió dominante al establecer un pacto cupular de gobierno —el llamado Pacto por México, que ni de lejos habría podido ser equiparable a otros acuerdos de gobierno como el Pacto de la Moncloa, en España— con el que sacó adelante su proyecto reformista pero sin pasar por el combate a la criminalidad y a la corrupción. Luego vino la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y las revelaciones sobre su llamada casa blanca, y ello constató que el gobierno no tenía voluntad por hacer eco de los temas que a la ciudadanía le preocupaba.
Al final, Peña Nieto no ha tenido que hacer o decir algo en concreto, para seguir enojando a la ciudadanía. Ésta se sigue enojando cada día más por su inacción, por su impermeabilidad a la irritación social, y por su convicción por seguir adelante en sus objetivos sin considerar la irritación de la ciudadanía.
AYUNO DE IDEAS
¿Acusar al adversario equivale a proponer? Evidentemente, no. Pero es lo único que hace la clase política respecto a temas como la corrupción, la inseguridad, la violencia y los altos índices de ineficacia gubernamental, en todos sus niveles. Poco o nada es lo que se propone antes, durante y después de cada campaña electoral.
