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El Poder Judicial contará con un sistema de notificación electrónica: Bolaños Cacho

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El Poder Judicial contará con un sistema de notificación electrónica: Bolaños Cacho

Con esta medida se dará cumplimiento al Código de Procedimientos Civiles y a una demanda de barras, colegios y asociaciones de abogados oaxaqueños, dijo

La responsabilidad de administrar justicia es compartida entre el personal que labora en el Poder Judicial, las barras, asociaciones y colegios de abogados oaxaqueños, así como los justiciables, dijo el magistrado Raúl Bolaños Cacho al anunciar a los estudiosos del Derecho que esa institución que preside, pondrá en breve la operación del Tribunal Virtual de Notificación Electrónica, dando cumplimiento al Código de Procedimientos Civiles y a una demanda sentida de los propios abogados.

En una reunión plural con representantes de diversas organizaciones de profesionales del Derecho, Bolaños Cacho anunció que en fecha próxima entrará en operación del  Sistema de Notificación Electrónica en la vía civil, y familiar, en primera y segunda instancia, con el propósito de modernizar el servicio, dar mayor agilidad, eficacia y transparencia a los procesos judiciales en beneficio de los justiciables.

En presencia de los magistrados Eduardo Pinacho Sánchez y Ricardo Javier Herrera Muzgo, el Magistrado Presidente indicó que con este sistema se busca reducir de manera importante los tiempos de duración de los juicios, abonar a la transparencia de los procesos; agilizar la tramitación de los asuntos y mejorar la calidad en el trabajo de los actuarios.

“El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información ha sido vertiginoso en estos últimos años y actualmente estamos inmersos en una nueva realidad y nuevos paradigmas. El avance de esta tecnología también influye en la administración de justicia con el afán de lograr una adecuada economía, celeridad y seguridad procesal”, expresó.

El consejero de la Judicatura, César Martín Cervantes Chávez explicó a los abogados sobre el mecanismo del sistema. Dijo que el Poder Judicial de Oaxaca sólo enviará las notificaciones a la dirección electrónica que esté almacenada en un servidor de correos electrónicos seguro y certificado por el mismo, así también, las partes que autoricen este nuevo medio de comunicación procesal, contarán con una contraseña personal y confidencial que le permita acceder con seguridad al portal del Poder Judicial autorizado para notificarse.

En presencia de la Secretaria Ejecutiva de la Judicatura, Adriana Zárate Ramírez, refirió que los abogados como los justiciables que se registren en este nuevo sistema recibirán las notificaciones en su dispositivo electrónico,  (computadora, tablet o celular), en el lugar donde se encuentren y de manera instantánea, ágil y segura. Además, el Poder Judicial obtendrá, eventualmente, un ahorro en recursos materiales y humanos.

Reiteró que el sistema tradicional de  notificaciones no desaparece, sino se mantiene como una opción más para el ciudadano que así lo desee.

En la reunión estuvo presente la presidenta del Colegio de Abogadas de Oaxaca, Perla Woolrich Fernández; el presidente de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados de Oaxaca, Jorge Franco Jiménez y Miguel Ángel Varela Sánchez presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho.

De igual forma Oscar Jarquín Rodríguez quien es presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho; Ángel García García, representante de Abogados Litigantes en Línea Horizontal; Eduardo Castillo Cruz, integrante de la Barra Nacional de Abogados, delegación Oaxaca y Saúl Ángel Villarreal, miembro de la Barra Oaxaqueña de Abogados y Pasantes de Derecho Independientes.

Necesario reconocer y respetar derechos de los pueblos indígenas

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Necesario reconocer y respetar derechos de los pueblos indígenas

Magistrados de la Sala Indígena del TSJE presentaron el libro “Multiculturalidad, Ciudadanía y Derechos Humanos en México. Tensiones en el Ejercicio de la Autonomía Indígena”

En México, una nación multicultural con la presencia de 62 pueblos indígenas, que representan más del 15 por ciento de su población, hay restricciones para el ejercicio de sus derechos humanos y como sujetos colectivos aún no alcanzan la representación política en las instituciones estatales de tomas de decisión, como lo mandatan los instrumentos internacional, coincidieron en señalar Magistrados especialistas en materia indígena.

Durante la presentación del libro “Multiculturalidad, Ciudadanía y Derechos Humanos en México. Tensiones en el Ejercicio de la Autonomía Indígena”, del sociólogo Víctor Leonel Juan Martínez, los magistrados Ana Mireya Santos López y Luis Enrique Cordero Aguilar, presidenta e integrante de la Sala Indígena del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE),  indicaron que si bien hay avances normativos y de criterios jurisprudenciales con una perspectiva de pluralismo y diálogo cultural, no siempre se respetan.

En el marco de las actividades organizadas por la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura con motivo de la conmemoración del Décimo Aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, indicaron que la obra de quien cuenta con una amplia trayectoria en la investigación social y el periodismo es referencia de un tema recurrente en Oaxaca derivado de la diversidad del estado.

En su oportunidad, la magistrada Santos López resaltó el análisis puntual que el sociólogo Víctor Leonel Juan Martínez realiza de aspectos como la libre determinación, ciudadanía indígena, ciudadanía colectiva, los partidos indígenas, ciudadanías comunitarias, diálogo intercultural o confrontación de derechos, con asuntos icónicos que llevan a una reflexión del sistema jurídico mexicano.

Por su parte, el magistrado Cordero Aguilar indicó que la descripción de casos que realiza el autor contiene una visión multidisciplinaria desde la corriente crítica del derecho y el pluralismo jurídico. Como profesionales del derecho, encontrar soluciones a la problemática indígena, desde el ámbito institucional, conlleva un trabajo intenso para evitar violar sus derechos fundamentales, resaltó.

Durante su intervención, el autor del libro destacó que los pueblos y comunidades indígenas requieren hacer adecuaciones a sus esquemas tradicionales de participación y representación política; ajustar sus reglas a las nuevas condiciones de disputa por el poder local y los complejos contextos en que se desenvuelve su cotidianidad para, a su vez, evitar que conculquen derechos humanos de sus integrantes.

La base de la organización política en Oaxaca es la comunidad. “Esta realidad histórica por muchos años fue negada; sin embargo, ahora han cambiado las cosas y tuvo que pasar mucho tiempo para su reconocimiento”, apuntó el especialista considerado un referente en el análisis del sistema político, los pueblos indígenas y el movimiento social.

Las actividades organizadas por la conmemoración del Décimo Aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas continuarán el próximo miércoles 4 de octubre, con un foro sobre el tema, a partir de las 18 horas en el Centro Académico y Cultural San Pablo.

 

Analizan magistrados aspectos de los derechos indígenas

Luego de los sismos, es indispensable una auténtica vigilancia ciudadana a los recursos para la reconstrucción

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Luego de los sismos, es indispensable una auténtica vigilancia ciudadana a los recursos para la reconstrucción

Todas las formas de politización, frente a una desgracia como la ocurrida en Oaxaca ante los sismos del presente mes, es no sólo criticable sino que resulta esencialmente inadmisible. Por esa razón, hoy que están comenzando a trazarse las coordenadas para la reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos ocurridos los días siete, 19 y 23 de septiembre, debe establecerse como un ingrediente fundamental la presencia de la ciudadanía en las labores de reconstrucción. Sólo así, el propio sector público podrá legitimarse y ofrecerle a los oaxaqueños un panorama del aparente destino irremediable de la corrupción y las interrogantes.

En efecto, los efectos producidos por los tres sismos que han azotado a la entidad en las últimas semanas, son exponencialmente más devastadores que prácticamente cualquier otro fenómeno de la naturaleza que haya ocurrido en las décadas recientes. No existe un antecedente de huracán, sismo o inundación que pudiera asemejar sus consecuencias con las de los fenómenos naturales de las últimas semanas. Es un hecho que, de forma no figurativa, ciudades enteras fueron arrasadas por la fuerza de los sismos, y que los daños se han profundizado por la incidencia de tres movimientos terrestres de gran magnitud, en un lapso de apenas 15 días.

Ante la dimensión del desastre, del drama y de la tragedia para miles de oaxaqueños, nadie quiere repetir las amargas experiencias de otros procesos de atención a desastres, que derivaron en grandes márgenes de corrupción, de las que no sólo se habrían beneficiado los funcionarios en turno, sino que sobre todo como consecuencia de ello se habría marginado a miles de oaxaqueños de los recursos que sí estuvieron disponibles para la atención de sus daños, pero que nunca llegaron gracias a que la discrecionalidad impidió que llegaran a sus manos.

De hecho, aquí mismo en Oaxaca existen algunas historias abrumadoras —algunas de ellas con datos muy concretos— de cómo en contingencias como el Huracán Paulina, o más recientemente con los deslizamientos de tierra en Mitlatongo, entre otros, hubo unos cuántos beneficiaros mientras a las comunidades se les marginó de la oportunidad de recuperarse integralmente no sólo en el momento de la contingencia sino en los meses posteriores cuando la atención mediática dejó de estar ahí, y entonces la discrecionalidad y la codicia le ganó la partida a la ayuda dispuesta para ellos.

Lamentablemente, Oaxaca no ha sido un caso aislado en cuanto a la corrupción emergida de un desastre de la naturaleza, sino que más bien es parte de un todo de mayor calado. Ya en esta administración federal, por ejemplo, existen graves señalamientos de corrupción en contra de funcionarios y dependencias estatales y federales, que actuaron indebidamente en las acciones de reconstrucción de amplias zonas de Acapulco que resultaron dañadas por las inundaciones en el año 2013.

Esa historia se ha repetido casi de manera constante frente a otras contingencias. Y por esa razón, independientemente del contexto particular de Oaxaca, existe hoy la exigencia de que el proceso de reconstrucción y otorgamiento de apoyos a los damnificados, no quede en el marco de la discrecionalidad para el gobierno y tampoco quede al arbitrio de quienes fácilmente podrían convertir esa ayuda en un objeto de la manipulación. Por eso es muy importante, primero la prudencia entre todos los funcionarios involucrados; y segundo, en hacer eco de fondo a los llamados concretos de ciudadanizar el proceso de reconstrucción de las zonas devastadas.

PASOS DETERMINANTES

Una medida importante de prudencia que han tomado la gran mayoría de los funcionarios del gobierno estatal frente a la tragedia del Istmo de Tehuantepec, ha sido su repliegue a favor del Gobernador. Ante una situación de tal magnitud ha habido importantes muestras de cautela entre la mayoría de los funcionarios que están presentes en el Istmo, pero sin incidir en otros temas que no sean los institucionales que tienen encargados. Así, por ejemplo, en el otorgamiento de ayuda humanitaria han abonado a la actuación de las fuerzas armadas; y ahora deben hacer lo mismo para el proceso de reconstrucción, que se debe hacer con mucha prudencia de la mano de la ciudadanía afectada.

En esa lógica, una medida que será fundamental es la que han planteado diversas voces respecto a la conformación de un Consejo Ciudadano que supervise las labores de entrega de recursos y materiales para la edificación de las nuevas casas en las zonas afectadas, y que incida en la planeación de lo que bien podrán ser nuevas ciudades construidas en las zonas devastadas.

En ello, si de verdad tienen voluntad de llevar a cabo un proceso legitimado y consensado de reconstrucción supervisado por la ciudadanía pero además con viabilidad técnica, los tres órdenes de gobierno deberán abandonar los lugares comunes de que sean los mecenas culturales de Oaxaca —el artista plástico Francisco Toledo, el filántropo Alfredo Harp, cantantes o personajes de la vida cultural o social de la entidad— quienes integren o encabecen esos esfuerzos, para darle paso a la verdadera ciudadanía interesada en el tema y con capacidades técnicas y profesionales para darle valor a dicho proceso.

En esa lógica, se necesitan ciudadanos capaces de influir en las decisiones que vayan tomando los órdenes de gobierno respecto a las tareas de reconstrucción; que vigilen que los recursos económicos y materiales destinados para ello, lleguen íntegros a sus destinatarios finales y al margen de cualquier forma de cooptación o condicionamiento político; deben vigilar, además, que todos los funcionarios involucrados actúen dentro de un marco definido de funciones para evitar que el trabajo se convierta implícitamente en proselitismo político.

Y, sobre todo, a esos ciudadanos los deben respaldar otros ciudadanos desde la sociedad civil para tener la capacidad de señalar, de denunciar y de hacer eco sobre los aciertos y errores que se cometan en ese proceso. Al final, el mayor activo y la mayor fuerza de un Consejo Ciudadano —al margen de su denominación— surge de su capacidad de hacer públicas las situaciones, y de contar con el respaldo de la ciudadanía como eje de su fuerza y legitimidad moral.

APROVECHAR EL ESCRUTINIO

Al final, nadie pone en duda que todos los funcionarios involucrados hagan su trabajo cabalmente. Sin embargo, hay tantas experiencias amargas y tantos malos augurios y antecedentes entre la gente, que la decisión más sensata que podría tomar el gobierno en el umbral de la reconstrucción, es abrir anticipadamente sus procesos al mayor escrutinio ciudadano posible. Ganaría mucho más, en el mediano y largo plazo, que con la intención de aprovechar la posible disposición de pesos y centavos que, al final, deben llegar a los damnificados.

Confirmar afectaciones leves por sismos en inmuebles del Poder Judicial

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Confirmar afectaciones leves por sismos en inmuebles del Poder Judicial

El Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, el único que resultó con severas afectaciones, fue cambiado de residencia

La mayoría de los inmuebles que el Poder Judicial del Estado utiliza en las ocho regiones de la entidad registran daños leves en su estructura luego de los sismos ocurridos el 7 y el 23 de septiembre, por lo que continúan brindando atención a la ciudadanía de forma normal y únicamente el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Juchitán cambió de residencia al quedar afectado seriamente el edificio de tres pisos donde operaba.

Al informar lo anterior, el director de Infraestructura Judicial del Consejo de la Judicatura, arquitecto Rafael Flavio Vergara Rodríguez señaló que desde el primer temblor, por indicaciones del Magistrado Presidente, Doctor Raúl Bolaños Cacho, se llevó a cabo un recorrido, principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, con la finalidad de corroborar el estado físico de las edificaciones e integrar un análisis estructural de las mismas para lo que fueron contratados los servicios de ingenieros especializados.

En entrevista en el programa de Televisión La justicia a tu alcance, que se transmite a través de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, CORTV, detalló que en el Istmo de Tehuantepec se reportaron daños leves en 12 juzgados establecidos en infraestructura propiedad del Poder Judicial.

En la Mixteca, los organismos jurisdiccionales en Huajuapan, Teposcolula y Nochixtlán también fueron encontrados en situaciones similares; mientras  que en la ciudad de Oaxaca no hubo afectaciones. “Estamos en fase de reparación de ligeros daños en todos los juzgados tanto del Istmo como de la Mixteca y en breve iniciaremos en Oaxaca”, dijo.

Sobre el Juzgado Primero Familiar de Juchitán, el arquitecto Vergara Rodríguez detalló que por acuerdo 30/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura ya fue trasladado a la calle Independencia número 45, Segunda Sección de Juchitán de Zaragoza, donde continúa dando seguimiento a los asuntos que le corresponden.

El servidor público de la Judicatura puntualizó que es de vital importancia para el titular del Poder Judicial valorar las condiciones en que se encuentran, tanto la Ciudad Judicial, como los juzgados del interior del estado a fin de garantizar la seguridad del personal de confianza y sindicalizado que en ellos laboran.

Por lo que toca a los edificios J1 y J2 del Tribunal Superior de Justicia del Estado que se ubican dentro del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo “General Porfirio Díaz” en Reyes Mantecón, de acuerdo al informe suscrito por el ingeniero Guillermo Martí Torroella, gerente de operación de la empresa “Operadora de la Ciudad Judicial de Oaxaca”, S.A.  de  C.V., (Marnhos), responsable del lugar, se validó la estructura de los edificios sin encontrar daños de consideración.

Las fisuras presentadas tanto en el primer sismo como en el segundo son en los recubrimientos de juntas de control las cuales están en proceso de resolverse en su totalidad, así como la colocación de algunos vidrios rotos, detalló por escrito la empresa.

Por instinto de supervivencia, los partidos renuncian a sus prerrogativas; ¿Quién les donará para campañas?

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Por instinto de supervivencia, los partidos renuncian a sus prerrogativas; ¿Quién les donará para campañas?

Sorprende que los partidos hayan renunciado a sus prerrogativas, porque ellas constituyen una de las cruzadas de más largo aliento que la partidocracia ha dado en este país desde el surgimiento de la democracia en los años noventas. En el contexto actual, no debería sorprender que haya decidido renunciar a ese monumental privilegio económico, porque no hacerlo habría significado renunciar a la poca credibilidad que les quedaba. En ese contexto, una de las preguntas que los partidos y la ciudadanía tendremos que hacernos es de dónde saldrán los recursos que irremediablemente se utilizarán en las campañas electorales. Es un tema de la mayor relevancia que, en su conjunto, todos debemos considerar en el corto y mediano plazo.

En efecto, es un hecho que los sismos ocurridos en el presente mes hicieron colapsar lo que quedaba de las estructuras de credibilidad y sometimiento de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Hasta antes de aquellos funestos eventos sísmicos, el electorado veía ya con desconfianza a los partidos, aunque lo más que llegaba a profesarles era desprecio.

Por esa razón, desde hace muchísimo tiempo los partidos tuvieron que echar mano de las prácticas de ingeniería electoral como una forma no sólo de garantizar un número determinado de votos en cada proceso electoral para mantener o alcanzar el poder, sino sobre todo para sostener la apariencia de que ellos, los partidos, seguían contando con el respaldo y la legitimidad brindada por la ciudadanía a través de esos votos (comprados o cooptados).

Todo eso se acabó con los sismos del siete y 19 de septiembre pasados. A partir de entonces —sobre todo del evento del día 19—, la ciudadanía se mostró decidida a no mantener esa actitud de indolencia y desprecio hacia la voracidad de los partidos, y vio en sus respectivos presupuestos una de las muchas posibilidades latentes de obtener recursos para la reconstrucción y, sobre todo, de obligar a los partidos a mostrar solidaridad con la ciudadanía en desgracia.

Así lo exigió la gente y, aunque hubo una resistencia inicial de los partidos por hacer eco de la propuesta de que su financiamiento sirviera para la reconstrucción y la atención de los damnificados, el instinto de supervivencia fue el que en realidad los llevó a recibir —aparentemente con beneplácito— dicha propuesta. Por eso, las propuestas de los propios partidos han ido escalando desde el hecho de no ejercer los recursos que les corresponden para lo que resta del presente año, hasta repudiar el 100 por ciento de las prerrogativas que utilizarían para el mayúsculo proceso electoral del año próximo, pasando por la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de establecer un fondo —controlado por sus incondicionales—, fijado arbitrariamente en 100 millones de pesos, para labores de reconstrucción.

Todo eso suena muy bien. Sin embargo, lo que habrá que pensar en el mediano plazo —y más allá del enojo por la apatía de los políticos y los partidos ante la crisis humanitaria— es que de todos modos a) los partidos siguen teniendo el acceso casi monopólico al poder público; b) que no existe ninguna figura ciudadana como alternativa a la partidocracia en lo que corresponde a la lucha por el poder; c) que de todos modos habrá campañas en las que se consumirán recursos; y, d) que si no es de las prerrogativas, de algún arca tendrán que financiarse los partidos, y quién sabe si los ciudadanos estén dispuestos a donar, si los partidos estén dispuestos a recaudar, o si ello será la puerta de entrada —aparentemente legitimada— para el dinero dudoso a las campañas electorales.

DINERO, ¿DE DÓNDE?

En Estados Unidos, por ejemplo, existe una cultura muy bien afianzada de que buena parte del tiempo que tienen para el proselitismo los partidos y sus candidatos, lo utilizan en campañas de recaudación de fondos. Lo hacen abiertamente porque ahí lo que predomina es el dinero privado para la realización de campañas electorales, y porque así ha sido a lo largo de su tradición democrática. La respuesta que obtienen de una ciudadanía más o menos atenta a sus procesos democráticos, es la disposición de millones de personas a participar de la recaudación de fondos, a través de las donaciones. Por eso, ellos no tienen un problema importante con el financiamiento, porque ni es público ni es a costillas de nadie.

¿Cuál es el problema? Que en México los partidos han llevado el costo de los procesos electorales a niveles estratosféricos tanto en lo legal, como en lo ilegal. En lo legal, porque el costo de los procesos democráticos en México es uno de los más elevados en el mundo, debido a la complejidad del entramado institucional que regula las elecciones y al nivel de gasto que tienen permitido los partidos políticos a través del financiamiento público.

Y en lo ilegal porque, además de todo eso, los partidos gastan cantidades inimaginables de dinero tratando de evitar los límites de la ley y en defensas jurídicas, pero sobre todo en lo que concierne a la compra y coacción del voto. A tal nivel llega la cifra negra de los procesos electorales, que hoy en día es difícil cuantificar el monto que en realidad llega a gastar un partido o un candidato para poder ser competitivo —muy seguramente ni ellos mismos saben cuánto dinero dilapidan en esas acciones no declaradas ni cuantificadas—, independientemente de si gana o pierde las elecciones.

Por esa razón justamente se ha cuestionado duramente la relación entre políticos y partidos, con gente dedicada eminentemente a ser satélite del dinero público. La relación, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador con los Abarca en Iguala, Guerrero; o la relación del Presidente Enrique Peña Nieto con el empresario Juan Armando Hinojosa del Grupo HIGA, o de ex funcionarios federales con los funcionarios de Odebretch que presuntamente los sobornaron a cambio de contratos, con recursos que fueron a parar a las campañas proselitistas. En el fondo, ese salpicadero toca todas las fibras del poder público  y tiene que ver con los afanes que relacionan las ambiciones de poder con la necesidad de tener más dinero sucio para las campañas, porque su destino es justamente la parte ilegal del proselitismo que se materializa en la compra y cooptación de los votos.

PULSO CIUDADANO

Por eso, un termómetro eficaz para los partidos en 2018 respecto a su verdadero arraigo con la ciudadanía —si es que verdaderamente se logra que entreguen todas sus prerrogativas para la reconstrucción de las zonas afectadas— será que la gente done dinero para las campañas electorales. Pero que done dinero la ciudadanía interesada en el proceso electoral, y no los constructores, contratistas y proveedores que ven sus “donaciones” como una inversión que luego recuperarán con dividendos a través de contratos, privilegios y zonas de impunidad para ensanchar sus negocios.

A ver si es cierto.

Cajiga y Arnaud: es importante la prisión, pero debería importar también el monto del quebranto

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Cajiga y Arnaud: es importante la prisión, pero debería importar también el monto del quebranto

Las acusaciones judiciales por peculado que pesan en contra de los ex secretarios del gobierno estatal, Gerardo Cajiga Estrada, Germán Tenorio Vasconcelos y Enrique Arnaud Viñas, tienen como fondo la intención del gobierno de no dejar en la impunidad los posibles hechos ilícitos cometidos desde la función pública, pero también deberían tener la perspectiva de recuperar cualquier monto que ellos, o cualquier otro ex servidor público, se hubiera llevado indebidamente de las arcas oaxaqueñas. Con eso se propiciaría un avance —y un revalorado acto de justicia— respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora en la persecución judicial de ex funcionarios en Oaxaca.

En efecto, la semana pasada fueron aprehendidos los dos ex titulares de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Gabino Cué, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas. Fueron capturados en operaciones simultáneas y días después les fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, luego de haber sido vinculados a proceso acusados del delito de peculado. Por ese mismo delito, le fue ejecutada una nueva orden de aprehensión al ex titular de los Servicios de Salud en Oaxaca —preso desde el mes de mayo pasado— Germán Tenorio Vasconcelos. Los tres se encuentran recluidos desde este fin de semana en la Penitenciaría de Santa María Ixcotel, y se ha rumorado que podrían ocurrir más aprehensiones derivadas de esta misma acusación.

Toda detención de esta naturaleza tiene dos objetivos: en la capa superior se encuentra el hecho de perseguir los posibles hechos ilícitos cometidos desde la función pública; pero en una capa más profunda se encuentra el mensaje político de ir contra algunos de los personajes centrales de un grupo político contrario a los intereses del régimen actual. Eso ha ocurrido siempre en México, aunque en realidad, un problema importante radica en que ese tipo de justicia no necesariamente termina traduciéndose en un acto de resarcimiento —moral, económico— para la ciudadanía respecto a los montos o bienes que fueron el objeto del quebranto.

En esa lógica tradicional de la justicia, todo el aparato gubernamental se esfuerza por enviar los mensajes políticos de dureza y de confrontación. Pero lo que queda claro es que, a estas alturas, además de eso, debería también esforzarse por recuperar lo que fue sustraído para que de esa forma la justicia fuera más allá de los mensajes entre grupos políticos, y se acercara más a lo que la ciudadanía de verdad espera, que es no sólo el castigo a la corrupción sino también —y sobre todo— la recuperación de lo sustraído para que esos recursos o bienes lleguen a quienes originalmente eran los destinatarios.

En esa lógica, queda claro que las experiencias más recientes sobre la justicia aplicada entre grupos políticos en la entidad, no han sido las más dignas de presumir. ¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, cuando la administración de Gabino Cué decidió ir en contra del antiguo régimen —una historia muy similar a la actual, pero en su propio contexto— lo hizo en contra de uno de los personajes icónicos del ulisismo: Bulmaro Rito Salinas, a quien detuvo en 2013 e igualmente lo recluyó en el Penal de Santa María Ixcotel acusado de diversos delitos relacionados con su gestión como titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo durante la administración del gobernador Ulises Ruiz.

¿Qué ocurrió? Que, como era de esperarse, hubo voces que inicialmente recibieron con beneplácito el encarcelamiento de este icono central de las historias sobre el enriquecimiento y los excesos cometidos al amparo del poder durante el gobierno de Ruiz. Todo se desdibujó cuando propios y extraños se dieron cuenta que la robustez de los procedimientos penales a los que estaba sometido sirvió únicamente para meterlo en prisión un tiempo, pero no para hacerlo pagar verdaderamente —a través de una sentencia condenatoria y una pena privativa de libertad— por los delitos cometidos y tampoco para que devolviera lo que también propios y extraños decían que había sustraído de las arcas estatales durante sus años como funcionario.

Así, esa historia no pasó del correctivo —una temporada en la sombra— y la anécdota, pero estuvo lejos de ser un verdadero acto de justicia porque finalmente hoy Rito se encuentra libre y, quizá, disfrutando los dividendos —cualesquiera que éstos sean— de su paso por la administración estatal.

DEVOLVER LO SUSTRAÍDO

Por eso es importante que hoy se tenga la voluntad de ir al fondo, y ese fondo hoy debería incluir, como un tema de la mayor relevancia, la recuperación de los bienes sustraídos. Hoy, tanto Cajiga como Arnaud y Tenorio son acusados de peculado, que para efectos del Código Penal se entiende como el hecho de que un funcionario encargado de un servicio público, distraiga de su objeto, para usos propios o ajenos, dinero, valores, fincas o cualquiera otra perteneciente al Estado, a un Municipio, a un organismo descentralizado o a algún particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por cualquier otra causa.

Así, se entiende que los delitos por los que se les acusa deberían tener como fondo el haber distraído dinero o bienes públicos para un uso privado. Por ello, el siguiente delito que se les tendría que configurar es el de enriquecimiento ilegítimo. Éste último delito, dicta el Código Penal lo comete el servidor público, que con motivo de su empleo, cargo o comisión, por sí o por interpósita persona, aumente su patrimonio, sin que pueda justificar la procedencia lícita del mismo, respecto de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Hoy en día, tanto la Constitución federal como la local, establecen la posibilidad de que esos bienes que fueron obtenidos de manera ilícita, puedan ser decomisados a favor del Estado. Del mismo modo, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio contempla la posibilidad de que los acusados de esos delitos puedan intentar una especie de negociación para terminar anticipadamente el procedimiento a través de la entrega voluntaria de los bienes o recursos que pudieran haber sido parte del hecho ilícito, y de ese modo disminuir la pena a la que pudiera hacerse acreedor. Esa ha sido la vía por la cual el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ha logrado reintegrar bienes que fueron adquiridos a través de las redes de corrupción gubernamental y que se encontraban en manos de ex funcionarios y prestanombres.

DISYUNTIVA

Al final, queda claro que ese sería uno de los puntos más trascendentes. Sin embargo, hoy el gobierno estatal se encuentra en la disyuntiva de aplicar la justicia según los parámetros políticos tradicionales antes señalados —con el sobrecosto de que, quizá, al final los ex funcionarios pasen un tiempo en prisión y finalmente recuperen su libertad en las mismas condiciones de Rito—, o de intentar que esto trascienda a los grupos políticos y se inscriba en un resarcimiento de fondo a favor de las personas.

Invita Judicatura a presentación de libro sobre multiculturalidad y DH

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Se realizará este miércoles 27 de septiembre, a las 18 horas en el Centro Cultural San Pablo

En el marco de la conmemoración del Décimo Aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura realizará este miércoles 27 de septiembre la presentación del libro “Multiculturalidad, Ciudadanía y Derechos Humanos en México. Tensiones en el Ejercicio de la Autonomía Indígena”, de la autoría del sociólogo Víctor Leonel Juan Martínez.

 Editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el texto aborda los derechos humanos como una herramienta clave en la lucha de los pueblos indígenas y detalla la manera en que instrumentos internacionales, como la Declaración de los Derechos Humanos de 1948,  cobijaron de diversas formas al movimiento indígena y dieron argumento sólido a sus demandas.

Sin embargo, en sentido contrario, los sistemas normativos indígenas son cuestionados porque, de acuerdo a diversas críticas, violentan precisamente los derechos humanos. Es una constante ver cómo particular, pero no únicamente, personas y pueblos indígenas ejercen diferentes ciudadanías y aunque se presentan contradicciones entre las concepciones y valores de estas ciudadanías múltiples, encuentran arreglos, acuerdos, que muestran un diálogo intercultural, destaca el autor del libro.

Víctor Leonel Juan Martínez es doctor en Desarrollo Rural (UAM-X) y Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales (UABJO). Tiene una amplia trayectoria en la investigación social y el periodismo. Ha realizado estancias académicas en American University (Washington D. C., Estados Unidos de America) y la Universidad de Sevilla (España).

Autor de una veintena de trabajos publicados en libros, capítulos de libros y revistas especializadas, es un referente en el análisis del sistema político, los pueblos indígenas y el movimiento social.

La presentación de la obra “Multiculturalidad, Ciudadanía y Derechos Humanos en México. Tensiones en el Ejercicio de la Autonomía Indígena”, se realizará en el Centro Académico y Cultural San Pablo, a las 18 horas.

Un engaño, que intenten confundir la reducción de legisladores con la (necesaria) disminución de privilegios

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Un engaño, que intenten confundir la reducción de legisladores con la (necesaria) disminución de privilegios

Resulta muy paradójicos que en tiempos en los que la solidaridad entre mexicanos se encuentra a flor de piel, y también lo está el enojo social contra los partidos y la clase política —que al menos en el sismo del 19 de septiembre, han demostrado no estar a la altura de la crisis humanitaria y social—, se ponga nuevamente en la discusión la engañosa necesidad de disminuir el número de legisladores. Confundida la ciudadanía por el momento, no repara en que esa es una estratagema lanzada desde el propio poder para evadir la —esa sí— urgente necesidad de disminuir los privilegios para la partidocracia representada en los partidos políticos.

En efecto, a raíz del segundo sismo que azotó a nuestro país —porque en el primero, que devastó la región sur sureste de los estados de Oaxaca y Chiapas, la indignación nacional no escaló por razones que pudieran incluso rayar en el profundo clasismo, que separa al sureste del centro y norte del país— se generó una ola de indignación que de inmediato impactó en la clase política, en los gobernantes y en los partidos políticos.

La primera muestra de esa indignación fue contra las autoridades gubernamentales tanto federales como de la Ciudad de México, que según la ciudadanía no alcanzaron a responderle a la ciudadanía en la medida que ésta esperaba sus acciones para el rescate de víctimas y la atención a los damnificados por el sismo.

La segunda ola de indignación fue aún más profunda. La ciudadanía se fue con todo en contra de los partidos políticos, a los que les exigió —a través de redes sociales, y como una expresión más específica, a través de la plataforma change.org— que entregaran una parte de las prerrogativas que recibirían para el presente año, y el siguiente —que es de proceso electoral y de campaña presidencial, federales, estatales y municipales, en gran parte del país—, para las labores de reconstrucción de las zonas que fueron afectadas por los sismos del siete y 19 de septiembre.

La respuesta vino rápido de los partidos, que de inmediato fueron receptivos a la indignación social que ya existía, pero que se exacerbó a raíz del sismo. De inmediato, vinieron diversos anuncios de diversos partidos para renunciar a una parte de sus prerrogativas para que éstas fueran destinadas a la atención de los desastres naturales.

El Instituto Nacional Electoral —el mayor orgullo, y la mejor creación de la partidocracia— todavía trató de explicar la complejidad de esa “donación”, como para tratar de moderar la presión social. Sin embargo, al final las expresiones fueron tan contundentes, que todos terminaron reconociendo que sí era posible entregar recursos de prerrogativas —o renunciar a ellas— para que se les reorientara a la atención de damnificados.

Luego vinieron otras exigencias, como la de que los diputados donaran sus dietas o que las expresiones de solidaridad fueran más allá que sólo los minutos de silencio u otras acciones de índole moral que, para efectos prácticos, no le sirven para nada a los ciudadanos. Y después vino aquella propuesta de reducir legisladores.

¿MENOS LEGISLADORES… O PRIVILEGIOS?

El tema es viejo y ampliamente discutido. Ya, por ejemplo, en 2014 el propio PRI intentó realizar una consulta popular con el propósito de reformar la Constitución para reducir 100 diputados federales y 32 senadores de representación proporcional. La estrategia priista se centraba en conseguir alrededor de un millón y medio de firmas de apoyo de ciudadanos mexicanos para que esta consulta popular se llevara a cabo en la jornada electoral federal de 2015. No lo logró, como tampoco lo hicieron otras fuerzas políticas con otros temas estruendosos pero vacíos.

Hoy intentan revivir esa propuesta que tiene varios problemas de fondo. Uno de ellos, es que reducir el número de legisladores sin variar la composición y los alcances de las cámaras legislativas, lo que está buscando en realidad es concentrar más un poder al que al mismo tiempo está socavando de distintas formas; y segundo, que una parte esencial de la discusión relacionada con el número de legisladores debiera ser si es más viable reducir la integración de las cámaras legislativas, o eliminar algunos de los muchos privilegios que tienen los diputados y senadores en México.

El asunto no es menor. La ciudadanía tiene un enojo añejo y genuino con sus legisladores por la forma en cómo concentran privilegios que no corresponden con la bajísima calidad del trabajo legislativo y con la insuficiencia en la atención de los problemas sociales del país. A partir de ello se ha cuestionado, por ejemplo, la existencia de los legisladores plurinominales, pero no se ha logrado una discusión serena respecto a la necesidad de eliminar a los plurinominales junto con los privilegios de los diputados, pero sin reducir la integración de las cámaras legislativas. Ese es un asunto más importante de lo que a simple vista podríamos suponer.

Pues parece que muchos mexicanos no logramos centrar la razón de nuestra inconformidad. A muchos nos agravian los excesivos privilegios que tienen los legisladores federales. Por eso, una reforma de verdad democratizadora a lo que debería ir encaminada es a quitar los salarios y, sobre todo, los privilegios excesivos, para devolverle el sentido de servicio a la función legislativa. Eliminar curules y escaños en realidad lo que busca es minar al Poder Legislativo en beneficio del Ejecutivo. ¿Por qué?

Porque un Poder Legislativo con menos integrantes significa únicamente la posibilidad de negociar y acordar con menos. Además, la reducción de legisladores es también proporcional a la pérdida de legitimidad en la toma de decisiones de gran calado. Si hoy en día en México hay un legislador por cada 220 mil habitantes, con una reforma que disminuyera la integración legislativa, la representación popular se alejaría aún más de la ciudadanía. ¿A quién le sirve eso? Le sirve al Presidente, que se fortalece frente a un Poder Legislativo débil.

En este caso, la reducción es simplemente de número pero se mantiene la división del Legislativo a través de la permanencia de las dos cámaras. Nada se dice sobre la eliminación de privilegios, y en realidad el “ahorro” económico no es sino la zanahoria con la que quieren justificar una medida que no contribuiría en prácticamente nada a democratizar un poco más el sistema político.

UN ENGAÑO

Por eso habría que ver con más detenimiento esta propuesta y cuestionar de fondo si junto con la reducción de legisladores habrá también una disminución de privilegios; o si con ello habrá también un replanteamiento de las funciones que tiene encomendadas el Presidente de la República. Ésta no parece una reforma saludable. Menos cuando el intento por arrinconar al Congreso llega en un contexto en el que aparentemente es la gente, y no el poder, quien pretende obtener un beneficio general con esa reducción. En realidad, podría ser exactamente lo contrario. Y esa sería una tragedia más para este ya de por sí golpeado país.

Agradece Bolaños Cacho solidaridad del Poder Judicial del Estado de México

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Agradece Bolaños Cacho solidaridad del Poder Judicial del Estado de México

La institución realizó la colecta “De tribunal a tribunal” consistente en víveres para los damnificados de Oaxaca

 

El Poder Judicial del Estado, que preside el Magistrado Raúl Bolaños Cacho, recibió el pasado fin de semana, de su similar del Estado de México, las muestras de apoyo y solidaridad consistentes en víveres destinados a los damnificados del sismo ocurrido el jueves 7 de septiembre.

Agradecido por este gesto humanitario del personal que labora en el Poder Judicial del Estado de México, Bolaños Cacho reconoció la iniciativa del Magistrado Presidente Sergio Javier Medina Peñaloza, al promover la colecta de víveres De tribunal a tribunal, “Recibir estas muestras de apoyo reafirman nuestra convicción de que la unidad entre los mexicanos nos fortalece como Nación, sobre todo en este tipo de adversidades, donde nuestra esencia solidaria se hace presente”, señaló.

“Agradecemos a todos y cada uno de nuestros hermanos mexiquenses que contribuyeron con esta significativa donación, sus muestras de cariño y solidaridad llegarán a los damnificados de las regiones del Istmo y de la Mixteca, que padecen los embates de la naturaleza”, enfatizó.

Este lunes, el Voluntariado del Poder Judicial hizo entrega de estas donaciones, conjuntamente con las recibidas en los Centros de Acopio del TSJE, al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca, institución social que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo harán llegar a los damnificados.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México envió víveres a Oaxaca en apoyo a damnificados por el sismo

Algunas lecciones que debe dejarnos la docena trágica de los sismos en México

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Algunas lecciones que debe dejarnos la docena trágica de los sismos en México

 

 

 

En un lapso de apenas 12 días, dos sismos de gran intensidad sacudieron el sureste y centro de nuestro país. Los mexicanos iremos superando paulatinamente el dolor y la incertidumbre propios de estos acontecimientos. Pero lo cierto es que este proceso debe también traer aparejadas algunas lecciones importantes. Estas son algunas de las que creemos fundamentales.

En efecto, no todo está dicho en materia de protección civil y prevención de desastres. Es cierto que “los no se pueden predecir”; sin embargo, más allá de la perversa interpretación literal de esa frase, queda claro que lo que sí es prevenible son las consecuencias fatales de dichos acontecimientos. Todavía cuando ocurrió el sismo del siete de septiembre, hubo quienes nos sentimos relativamente aliviados por la apariencia de que la cultura de la prevención estaba bien implantada en los núcleos poblacionales más importantes del país, y atribuimos la desgracia de algunas zonas a los rezagos en las técnicas de diseño y construcción de inmuebles.

¿Qué se reveló con el sismo que ocurrió 12 días después en el centro del país? Que no sólo que eso no era suficiente la cultura de la prevención en cuanto al diseño y construcción de edificación de inmuebles que consideraran la zona sísmica en donde se realizaron, sino que en ese caso había también lugar a omisiones y corrupción que, aunque en una mayor medida, fueron las mismas que en terremoto de 1985 ocasionaron miles de muertos en la capital del país.

En este caso, ciertamente, no fueron miles de muertos, pero sí los suficientes —un solo muerto lo sería— para preguntarse por qué hay edificios que se siguieron cayendo; por qué las edificaciones mejor construidas soportaron sin ninguna consecuencia el sismo; y por qué incluso edificios de departamentos de reciente construcción colapsaron con un movimiento que se encuentra dentro de lo previsible.

En esa lógica, es claro que así como se dice que en el Istmo los daños fueron devastadores por el tipo de construcciones que predomina en la región, también lo es que en la capital del país todos sabían del llamado boom inmobiliario por el que ahora tendrán que responder autoridades y constructores por este riesgoso negocio de defraudación. Sí, en la capital del país colapsaron inmuebles que eminentemente se ocupaban para arrendamiento de casas habitación y que nadie revisaba, e incluso otros que recientemente fueron vendidos como desarrollos inmobiliarios justo en las zonas donde hubo mayor colapso de inmuebles, como la colonia Del Valle, la Narvarte, Roma, Condesa y otras.

¿Nadie verificó que dichas construcciones se hicieran de acuerdo a los estándares de seguridad de una zona sísmica como la Ciudad de México? ¿Las autoridades de aquella entidad revisaron los proyectos o los autorizaron mediante omisiones o actos de corrupción? ¿Los contratistas, constructores y diseñadores de las obras no tienen ninguna responsabilidad en esto?

Queda claro que la cultura de la prevención parte del “no corro, no grito, no empujo…” pero que va mucho más allá de eso. En los aspectos centrales de esa cultura de la prevención debería encontrarse eso que nosotros pensamos que ya no estaba sujeto a la corrupción, pero que ha resultado al revés: las normas de construcción en zonas antisísmicas siguen siendo bordeadas y violadas con tal de economizar costos de construcción y agilizar las construcciones para satisfacer rápidamente los afanes comerciales. Ese es un punto sobre el cual las autoridades tendrán que responder en el mediano y largo plazo, cuando llegue el momento de saber no sólo quién diseñó y supervisó los edificios caídos, sino quién los autorizó.

LA CRISIS SIGUE

Esa crisis también rebasó —como era natural— al gobierno, que nuevamente quedó en segundo plano, y quién sabe si pueda recuperarlo. De nuevo, la organización ciudadana espontánea rebasó por mucho los esfuerzos institucionales, y hoy es evidente que de otra vez la gente le tomó ventaja a las acciones gubernamentales frente a la crisis.

¿Qué resulta importante de esto? Que la ciudadanía está asumiendo con dignidad y valentía eso que la clase política siempre ha negado: la existencia de una sociedad civil organizada, pujante y exigente. Con el temblor del 19 de septiembre pareció constatarse que ahora sí la ciudadanía se está asumiendo como tal. Pero lo siguiente que debe hacer es considerar que no se trata sólo de un despertar como chispazo o anécdota, sino que después de que pase la crisis por el terremoto debe asumir los siguientes pasos para construir la opción que quizá en el mediano plazo pueda convertirse en la piedra angular de una vía distinta a la de los partidos políticos.

Esa crisis, en el fondo, es concomitante a la crisis de los partidos. ¿Hacia dónde van y cuáles son sus derroteros próximos y de mediano plazo? El cuestionamiento sobre el destino del financiamiento que debe ir a la reconstrucción, en el fondo debió haberse centrado en la necesidad de recortar ese gasto no para destinarlo a algo más, sino para frenar la vorágine del altísimo costo de las elecciones. ¿De qué sirve quitarle mil 300 millones de pesos a los partidos en 2018, si la solución de fondo no incluye que no los recuperen al año siguiente?

Hoy es claro que a los partidos no los quieren porque la gente no se siente representada. Hacer esa maniobra, a medias, sería tantos como combatirlos sin dar soluciones de fondo, y tener un rebote amargo por la persistencia del altísimo costo de las elecciones en los siguientes procesos electorales.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Es claro que en ese y todos los casos, en el fondo lo que debemos combatir es la corrupción, que se ha metido como humedad en todo nuestro sistema. Y es lo que sin tregua debemos combatir porque todas las expresiones antes señaladas —y muchas más que hemos visto a lo largo de estas semanas— tienen el mismo origen de fondo. La corrupción, disfrazada de las más variadas prácticas, silencios, omisiones y formas.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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