2018: Estos también son tiempos de expresiones de la lucha armada mexicana
Tanto el Ejército Popular Revolucionario, como las demás organizaciones clandestinas en el país, han mantenido un largo periodo de silencio que podría cambiar próximamente. Las definiciones relacionadas con la elección presidencial, pueden significar un momento decisivo para el establecimiento de algunas directrices importantes relacionadas con el sector más radical de la lucha popular. No hay que dejar de considerar que dentro del “tigre” al que aludió Andrés Manuel López Obrador —y sin que esas organizaciones simpaticen con él— se encuentran, en un escaño fundamental, las acciones de los grupos armados mexicanos.
En efecto, el último comunicado emitido por el Ejército Popular Revolucionario está fechado en mayo del año 2017. En diciembre, otro grupo clandestino ubicado en el estado de Guerrero, y denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo —que se define a sí mismo como “una organización modesta pero comprometida totalmente con el pueblo”—, emitió un comunicado (http://cedema.org/ver.php?id=7871) conmemorando a los líderes históricos de la guerrilla mexicana Lucio Cabañas y Genaro Vásquez, y al argentino Ernesto Che Guevara, pero estableciendo puntos importantes para comprender el largo silencio de las organizaciones armadas frente a la situación y los procesos políticos desarrollándose en el país, y su posible viraje en estos momentos determinantes.
“Que nadie se deje engañar. El clima de violencia que se vive en el país y se agudiza en el Estado de Guerrero es solo una mascarada que pretende ocultar el verdadero problema del narcotráfico, de la demanda de drogas que existe en nuestro país vecino, y que es el gran negocio del Gobierno mexicano. Que nadie se engañe. Las elecciones en nuestro país son la gran farsa en la que se compran votos al por mayor y sólo sirven para escoger quiénes serán los políticos que se habrán de enriquecer y que aplicarán la misma política de explotación a nuestro pueblo y de entrega de la riqueza nacional al extranjero.
“Nosotros hemos escogido el camino más largo y difícil. El de construir el ejército del pueblo. Y que será el que ponga sus fuerzas en las guerras del pueblo para conseguir la justicia tantas veces prometida y tantas veces postergada. Estamos presentes en nuestras comunidades, formando comités clandestinos y preparándonos militarmente. Acumulando fuerzas en silencio y en espera de que la semilla de la conciencia, del cambio revolucionario que nosotros y otras organizaciones hermanas estamos sembrando a lo largo y ancho del país.”
Tal posición resulta lógica: los tiempos de la guerrilla no son necesariamente los tiempos de los demás procesos políticos del país. Su lucha y su organización, de hecho, han sido de largo aliento y se ha caracterizado por la meticulosidad y la intención de articular acciones sostenidas con base social. Aún cuando esas organizaciones no son homogéneas, lo cierto es que sus respectivas acciones resultan coincidentes —y quizá articuladas— en momentos decisivos.
Uno de esos momentos pudo haber sido el 2006, cuando hubo diversas manifestaciones de inconformidad política y alzamientos populares —en la Ciudad de México y Oaxaca, respectivamente—; y quizá podría ser ahora frente a una coyuntura que no parece sencilla pero que tampoco debería ser descartada como una de las posibles hipótesis de trabajo en la construcción de escenarios para la elección presidencial.
LLAMADOS
El pasado 12 de marzo fue publicada la edición 183 de El Insurgente (http://www.cedema.org/uploads/El_Insurgente-183.pdf), órgano de difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario. Igual que en cada número, en dicha publicación el Comité de Prensa del PDPR-EPR analiza temas de actualidad desde su propia perspectiva, y toma posición respecto a algunos de ellos. En este número, particularmente, aglutina diversos llamados y posicionamientos que dan luces de la atención con la que están viendo este momento decisivo para el destino nacional.
Así, en varios textos hacen alusiones concretas a la coyuntura nacional, y a planteamientos relacionados con las nuevas formas de lucha popular y armada en México. En un texto denominado “Expresiones del terrorismo de Estado”, concluyen afirmando: “La presente coyuntura que implica el cambio de la junta administrativa está marcada por la intensificación del terrorismo de Estado, que en esencia no implicará cambios independientemente del personero del capital que arribe al gobierno.
“A mayor violencia de clase no se puede responder con el pacifismo burgués ni encuadrarse a los estrechos marcos del estado de derecho oligárquico, ni ser parte de la democracia burguesa; en esa lógica el pueblo queda vulnerable ante la violencia institucional, anula la voluntad popular de combatir y se convalida el régimen de explotación económica y opresión política. Son momentos de cerrar filas contra el terror burgués, de crear organismos de combate popular para hacerle frente a la violencia de clase que emana del Estado. Si la violencia burguesa nos lacera día a día, la respuesta es la violencia revolucionaria de las masas organizadas.”
La conclusión en otro texto denominado “Putrefacción de la democracia burguesa”, publicado en el mismo número de El Insurgente, es en esencia muy similar al llamado anterior: “No es tiempo de ser espectadores de la podredumbre electoral, cada proletario desde su trinchera debe desenmascarar al régimen y la democracia burguesa como lo que son, instrumentos que legitiman, aseguran y perpetúan la explotación y la opresión sobre las masas trabajadoras. Se requiere preparar, desarrollar, perfeccionar y crear nuevos órganos de combate proletario para que asuman como necesidad imperante la autodefensa armada de las masas ante la violencia de clase y la próxima imposición de la junta administrativa que emergerá de la putrefacción de la democracia burguesa.”
CONFLUENCIAS
¿Qué significa todo esto? Que a través de planteamientos y análisis, esa y otras organizaciones podrían estar tratando de articular ideas, mecanismos y coincidencias, en un momento determinante para el país. Su primer punto de encuentro pareciera radicar en el hecho de que quizá este podría ser un momento para pasar de la acumulación silenciosa de fuerzas, a la implementación de la autodefensa armada, en un contexto en el que además tienen muy claras sus discordancias y desconfianza frente a todas las opciones electorales que existen en la palestra presidencial.
Dotan de uniformes a guardias de seguridad del Poder Judicial
Trabajadores de Seguridad del TSJO agradecieron la entrega
En representación del titular del Poder Judicial, magistrado Raúl Bolaños Cacho, el director de Administración, contador Antonio Díaz Aragón, realizó la entrega de uniformes a los integrantes del cuerpo de seguridad interna de dicha institución.
En un acto realizado este martes, en las instalaciones del TSJE, en Ciudad Judicial, Díaz Aragón dijo que es prioridad del magistrado Bolaños Cacho dotar de las herramientas necesarias al personal que labora en el Poder Judicial, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz.
A nombre de todos los guardias de seguridad interna del Poder Judicial, recibieron los uniformes, Ernesto Contreras López, Carlos Pérez, Ricardo Santos Ruiz y Luciano Hernández González, quienes por conducto del Contador Antonio Díaz Aragón, manifestaron su agradecimiento al Magistrado Presidente y reiteraron su compromiso y lealtad hacia el Poder Judicial.
AMLO recuerda al país, que desde 2006 hubo riesgo fundado de violencia por el resultado electoral
No es nuevo, ni es casual, lo que le dijo Andrés Manuel López Obrador a los banqueros respecto a los efectos de un posible fraude electoral en su contra. El señalamiento alarmó a más de uno, aunque en realidad el tabasqueño no hizo sino recordar un antiguo episodio en su larga carrera por la Presidencia de la República: el apretado y cuestionado triunfo electoral del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, y las decisiones que se tomaron en ese complejo año en el que la gobernabilidad pudo haberse desbordado en diversas regiones del país.
En efecto, en la reunión con los banqueros mexicanos, López Obrador respondió a la pregunta de Leonardo Curzio respecto a si habría de reconocer los resultados de la elección del 1 de julio, aun si no le fueran favorables. La respuesta fue: “si las elecciones son libres, son limpias (y pierdo) me voy a Palenque, Chiapas, tranquilo”. La gente sabe que allí está su rancho, al que bautizó como ‘La chingada’. Pero, agregó, “si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque, y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte al tigre que lo amarre, ya no voy a estar yo deteniendo a la gente”.
En esa lógica, el periodista Enrique Quintana recordaba en su columna de ayer (http://bit.ly/2DmJba3) que López Obrador ha dicho en varias ocasiones que en 2006 tomó la decisión de hacer el plantón en el zócalo y Reforma para contener a la gente y explicó que, de no haberlo hecho así, habría habido tanto coraje y furia que “habría habido muertos”. Ante ello, ¿en verdad habría ocurrido una cuestión de esta magnitud de no haber habido una contención por parte del mismo López Obrador sobre sus simpatizantes, y sobre los grupos que se inconformaron con el resultado electoral y, sobre todo, con la sospecha de que en 2006 sí hubo un fraude electoral para robarle la Presidencia?
Al margen de cualquier fatalismo, y de lo que pudiera decir el mismo López Obrador a doce años de distancia, parece que la respuesta es afirmativa. Y lo es por razones que son conocidas desde entonces. En este espacio apuntamos, el 22 de abril de 2009, que Felipe Calderón Hinojosa llegó a la Presidencia de la República en condiciones de enorme fragilidad respecto a la legitimidad democrática de su elección, y con el agravante de tener en incubación la revuelta magisterial que entonces ocurría aquí en la Verde Antequera. Evidentemente, había posibilidades de que la semilla de la beligerancia se extendiera en el país, se combinara con el tema postelectoral que defendía López Obrador, y se convirtiera en la semilla de un nuevo conflicto denominado revuelta popular, guerra civil o revolución. Todo eso pudo pasar.
¿Por qué no pasó? La respuesta completa tiene un sinfín de aristas. Enumeremos sólo algunas de ellas. Calderón arribó a la Presidencia en un contexto social y político de un riesgo de estallido social que no se había visto en el país en décadas. Entendiendo esa condición, tenía como una de sus principales premisas la de no reprimir ninguna expresión opositora, pero tampoco permitir que esas expresiones se desbordaran. Caer en cualquiera de los dos polos pudo haber desencadenado un conflicto social o bélico. Así, trazó varias rutas que hasta el momento se han cumplido.
EL TIGRE SIEMPRE ESTUVO AHÍ
Apuntamos en aquella entrega de abril de 2009: “El tema más delicado era —y sigue siendo— López Obrador. El gobierno federal se ha encargado simplemente de no molestar al movimiento del Gobierno Legítimo. Cada que quiere, el ex Candidato realiza manifestaciones multitudinarias, mítines y propone movimientos en defensa de temas determinados. Calderón, hasta ahora, no ha caído en la martirización de su principal detractor. Pero tampoco lo ha dejado crecer.
“¿Cómo ha logrado esto? Nos guste o no, ello lo ha conseguido a través de la lucha contra el crimen organizado. Es un efecto colateral. Armar a los cuerpos policiacos, incrementar su presencia, sacar al Ejército de sus cuarteles e involucrarlo en las tareas de seguridad pública, y ser parte del incremento desmedido de la violencia, ha provocado en los ciudadanos miedo de salir a las calles —lo mismo a protestar por temas políticos que casi por cualquier otra razón. De nuevo, nos guste o no, esa es una de las razones por las que el movimiento lopezobradorista se ha ido desmantelando.
“Evidentemente, la lucha contra el crimen tiene también un importante efecto sobre posibles brotes armados. Esto por la misma razón: el gobierno federal está armando y reorganizando a los cuerpos de seguridad —municipales, estatales y federales— recibiendo asesoría de Estados Unidos. Aunque no hay una causa política, el rearme desalienta los brotes bélicos. En las condiciones actuales, sería más difícil que un grupo de ciudadanos sublevados saliera a las calles a enfrentar a los representantes del orden.
“Si AMLO hubiera llamado en 2006 a defender su triunfo electoral con las armas, en todo el país habría habido mexicanos dispuestos a tomar el camino de la beligerancia. A pesar de sus errores y excesos prefirió la vía pacífica, lo cual debe reconocerse. Por todo eso, lo ocurrido en Oaxaca durante ese aciago año, debe ser el ejemplo en el país de lo que no debe ocurrir. Ello también da las pautas para pensar que México no está ante un riesgo potencial de una conflagración armada.”
¿Qué podemos deducir de todo esto? Que, como ahora lo recordó López Obrador, fundamentalmente en 2006 hubo un enorme riesgo de estallido social y de desbordamiento de la violencia, a partir del resultado electoral. Que en gran medida fue él quien detuvo ese desbordamiento. Y que para permitir un desfogue de la efervescencia social y política que generó aquella situación, hubo que establecer mecanismo alternos como lo fue el plantón en el zócalo y Paseo de la Reforma, en 2006. Evidentemente, ninguna de esas acciones es digna de aplausos. Pero en un contexto tan complejo como el de aquel entonces, e incluso como el de ahora, lo cierto es que todo ello cobra sentido.
EL ELEFANTE EN LA SALA
Al final, lo que es evidente es que el llamado “tigre” al que aludió López Obrador, siempre ha estado ahí. Ha sido, como se dice coloquialmente, un elefante en la sala al que sólo no han visto quienes no han querido verlo, a pesar de su tamaño, de su vistosidad, y de la imposibilidad de ignorarlo desde una perspectiva objetiva. Por eso mismo, es necesario entender que independientemente de que el comentario de López Obrador sea una especie de amenaza (la relativa a que él ya no estará ahí para detener al tigre, sino en Palenque), también es cierto que hay posibilidades que no se inventaron ni se pueden pasar hoy por alto.
Las promesas de la Sección 22 a los normalistas, sobre su contratación automática, fueron desechables
A pesar de lo que digan, y de lo que hagan, los integrantes del Comité Ejecutivo y de la Asamblea Estatal de la Sección 22 del SNTE saben que no podrán cumplirle a los normalistas aquella vieja promesa relacionada con su contratación automática. Este fin de semana, ocurrió una confrontación entre profesores y normalistas, en el que resultó incendiado uno de los accesos al llamado Hotel del Magisterio, donde sesiona la Asamblea Estatal. Los normalistas están enojados por las promesas incumplidas. Pero aunque los maestros presionen y retomen el tema, todos saben que es poco lo que podrán hacer al respecto.
En efecto, durante la madrugada del pasado sábado, un grupo de normalistas protestó en la sede de la Asamblea Estatal del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación en Oaxaca, por el hecho de que la Sección 22 no habría realizado ninguna acción de boicot a la aplicación de exámenes de evaluación para la obtención de plazas docentes. Esto ocurrió en el marco de un anuncio tardío del movimiento magisterial oaxaqueño, en el sentido de protestar por dichas acciones relacionadas con la aplicación de la reforma educativa en la entidad, aunque de forma extemporánea porque dichos procesos de evaluación ya habrían sido aplicados.
¿Qué revela esto? Que en realidad la Sección 22 ha dejado de ver en los estudiantes normalistas a un activo para su movimiento, y por eso paulatinamente los está dejando a la deriva, a pesar de que muchos de los ex estudiantes de las Escuelas Normales oaxaqueñas se negaron a iniciar los procesos de evaluación para la obtención de sus plazas docentes, debido a que la Sección 22 los llamó a reforzar su lucha en contra del decreto por el que el gobierno de Gabino Cué les expropió el IEEPO, y a cambio les prometió que en la negociación que lograrían entablar con el gobierno federal pondrían por delante la demanda relacionada con el otorgamiento de plazas automáticas para los más de 900 normalistas que se quedaron en el limbo respecto a su contratación, al entrar en vigor la reforma educativa.
De hecho, en varios momentos la Sección 22 estuvo a punto de obtener la contratación directa de los normalistas, aunque paulatinamente fue intercambiando esa demanda para negociar otras cuestiones directamente relacionadas con sus agremiados, y no con los normalistas. Por ejemplo, desde principios del año 2016 entablaron una negociación muy importante con el gobierno federal y el IEEPO para establecer las condiciones bajo las que ocurriría la transmisión de poderes en Oaxaca. El gobierno federal sabía que ante todo debía garantizar estabilidad y gobernabilidad para el cambio de poderes, y por eso mismo estableció canales de comunicación con el magisterio para atender sus demandas.
¿Qué solicitó el magisterio? La 22 estableció que su principal prioridad ya no eran los normalistas. Más bien, el acuerdo que firmaron el 7 de diciembre de 2016 el gobernador Alejandro Murat y la Sección 22, implicó el reconocimiento de más de tres mil trabajadores de la educación sobre los que se comprobó que efectivamente laboraban en una situación irregular, y a los cuales el gobierno federal se comprometió a regularizarles sus plazas y salarios.
El arreglo, en términos económicos, implicó el compromiso federal de expandir en más de mil 200 millones de pesos el presupuesto educativo anual de la entidad; y eso mismo hacía muy importante el acuerdo para la dirigencia magisterial aún encabezada por Rubén Núñez Ginez, porque éste representaba la conquista más importante de la Sección 22 a la administración federal que, con todo y su resistencia, les impuso y comenzó a aplicar la reforma educativa.
NORMALISTAS, OLVIDADOS
En aquel momento, si la prioridad hubieran sido los normalistas, la Sección 22 habría logrado su contratación automática. Sin embargo, a cambio de eso, y en un acuerdo con la SEP y el IEEPO, todos juntos decidieron engañar a los normalistas: a todos los que estaban en la lista inicial sobre la cual demandaban contratación automática, les extendieron una beca transitoria para que “continuaran preparándose”, o para los procesos de evaluación, o para su contratación como profesores, mientras resolvían las demandas magisteriales al más alto nivel.
Quizá desde aquel momento los normalistas podrían haber visualizado que habían dejado de ser una prioridad para la Sección 22, a partir de cuando menos dos razones: primera, como a todo sindicato, la 22 vería primero por sus agremiados que por quienes aún no lo eran (y por eso la preeminencia que tuvo el acuerdo del 7 de diciembre de 2016 con el Gobernador Murat); y segunda, porque la 22 siempre utilizó a los normalistas para enviarlos al frente de sus manifestaciones, protestas y disturbios, ya que mientras se mantuvo la contratación automática los “futuros mentores” fueron una fuente inagotable de personas dispuestas a todo con tal de congraciarse con su futuro sindicato.
Eso se terminó cuando a todos les quedó claro que la evaluación para la obtención de una plaza docente ya no estaba dentro de lo susceptible de ser negociado, y que tampoco sería posible “revivir” la contratación automática. Por eso, la misma Sección 22 debió asumir que no sería rentable ni redituable invertir ese capital político de oportunidad (el que tuvieron en el marco del cambio de administración en Oaxaca) en un sector agotado, reducido y ya sin capacidad de expansión, como lo son los normalistas.
Por eso, a ellos les debió haber caído muy mal el hecho de que, al final, tanto el IEEPO como la SEP y la propia Sección 22 los ubicaron en la realidad de que para obtener una plaza docente tendrían que realizar los procesos de evaluación igual que cualquier otro concursante, con el hecho de que, además, ellos ya habrían tenido la ventaja de haber recibido una beca para reforzar sus conocimientos y preparación rumbo a los exámenes que aplica el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con base en los lineamientos de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
RELEGADOS
Frente a todo eso, el respaldo de la Sección 22 a los normalistas que se quedaron sin plaza, hoy se nota disimulado y, más bien, manifestado por obligación que por convicción. En el fondo, todos saben que a pesar de lo que hagan, ésta es una decisión prácticamente irreversible, y que aquellas supuestas convicciones de la 22 por abanderar a los normalistas no fue sino parte de una coyuntura que cambió, y en la que hoy ya no son una cuestión importante.
Capacita PJEO a personal en disciplina financiera y sistema anticorrupción
Por instrucciones del Magistrado Presidente Raúl Bolaños Cacho, experto en la materia orienta a los servidores públicos a administrar los recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y conocer a Fondo el Sistema Anticorrupción que rige a los servidores públicos al servicio de los tres Poderes del Estado, la dirección de Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO) realiza la capacitación de personal administrativo que labora en esta institución.
Así, en las instalaciones de la Escuela Judicial perteneciente al complejo administrativo del Poder Judicial y ante la presencia de integrantes de las direcciones de Finanzas, Planeación y Administración, el licenciado en Contaduría Pública y en Derecho, Carlos Manuel Lamadrid Márquez, miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca, abordó cada uno de los temas que implican la obligación de sujetarse a las disposiciones establecidas en la Ley, misma que obliga a los servidores públicos a administrar los recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
El también Maestro en Fiscal instruyó a los presentes sobre los Criterios Generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera que regirá a los Entes Públicos para un manejo sostenible de las Finanzas.
El expositor, quien también es catedrático de las Universidades Mesoamericana, La Salle y Anáhuac dio a conocer a los asistentes los nuevos criterios para la elaboración y presentación homogénea de la Información Financiera para el ejercicio 2018, lo que coloca a la Dirección de Finanzas del Consejo de la Judicatura a la vanguardia en el manejo de la Información Financiera.
Cabe destacar que esta capacitación despertó mucho interés entre los participantes, generando una nutrida sesión de preguntas y respuestas, demostrando con ello el compromiso firme del titular del Poder Judicial, magistrado Raúl Bolaños Cacho de mantener permanentemente actualizados a quienes laboran en diversas direcciones de esta Honorable institución.
Entre las propuestas de los candidatos, ya no debería mantenerse la de seguir bajando salarios a la burocracia
Se dice que en los primeros años de México como nación independiente, los empleados públicos eran los peor pagados, y los que menos certidumbre tenían sobre su empleo. Esto tenía que ver mucho con las inestabilidades políticas y sociales propias de aquella época. Pero también, con una incorrecta valorización de lo que debe ser el trabajo gubernamental. En estos tiempos de gran incertidumbre y promesas de combate a la corrupción, el gobierno debiera tener prudencia y cuidado para evitar que, en nombre de la austeridad y la reducción de salarios y personal, vuelva involuntariamente al pasado.
En efecto, más allá de la típica visión maniquea —que reiteradamente expulsa del servicio público a todos aquellos que sirvieron a los regímenes del pasado—, hoy para cualquier empleado de alguno de los tres ámbitos de gobierno es claramente perceptible que tanto su empleo, como su remuneración, dejaron de ser atractivos y competitivos. Esto, debido a que ante la constante reducción de personal, y la negativa de la administración pública a reconocer la existencia de bajos salarios, resulta que paulatinamente el nivel de respuesta y preparación de los funcionarios estatales, ha ido disminuyendo. Esto es grave para una administración que, sin embargo, necesita imprimir mayor dinamismo, competitividad y eficacia a sus resultados.
En ese sentido, parece que la confusión entre el interés laboral y el supuesto “espíritu” del servicio público hoy está más presente que nunca. Esto porque, por un lado, la administración pública aprovecha la innegable realidad de que el gobierno es el mayor empleador de Oaxaca, y por esa razón ofrece empleos que ofrecen cierta seguridad pero, en realidad, salarios bajos y un alto nivel de responsabilidad. Todo eso, además, lo enmarcan en la cantaleta moral de que todos los sacrificios son justificados, cuando se tiene “compromiso” o “vocación de servicio” con el Estado.
Sin embargo, todo esto choca con la otra parte de la realidad: que los empleados públicos, como los de cualquier tipo de giro oficial o privado, trabajan por necesidad, y lo hacen siempre en la medida de las retribuciones y condiciones de trabajo que se le ofrecen. Esto es simple: el empleado trabaja por necesidad, y rinde y entrega resultados en la medida en que es recompensado, tanto económica como moralmente, por su empleador. En esta lógica, el espíritu de servicio o la vocación, evidentemente salen sobrando.
¿Qué pasa cuando estas dos cuestiones no se encuentran equilibradas ni consideradas? Sucede que, evidentemente, lo que se agudizan son las disparidades, y con ello también se inhibe la posibilidad de mejores resultados. ¿Cómo va a trabajar mejor alguien que cada vez tiene mayor responsabilidad (porque gradualmente le incrementan la carga de trabajo respecto a los que son despedidos), y a la par se le regatean mejoras salariales justas y, al contrario, cada vez que se puede le reducen el salario?
El resultado es un servicio público de menor calidad, con más riesgos y con nulas posibilidades de mejora. Los indicadores así lo señalan.
SUBIR LOS SALARIOS
Vale la pena echar un vistazo al análisis frío de números que pone en la palestra la situación real de los empleados de la burocracia en la administración pública federal.
Pues como lo dice Enrique Huesca (http://bit.ly/1FoORjT), cuestionar a la Administración Pública en el ejercicio del gasto público es producto de la madurez de un pueblo, pero también es producto de la estatura de una nación construir un servicio civil bien remunerado que asegure técnicos preparados para la conducción de las áreas especializadas del país. Singapur, el gran ejemplo de ciudad-estado del lejano oriente, entendió durante el gobierno de Lee Kuan Yew, que para tener una burocracia eficiente, eficaz y fuera de la tentación de la corrupción, había que remunerar justamente a los servidores públicos. El criterio de los tabuladores de sueldo en esta nación no los pone el Estado, sino el mercado. Bajo ese criterio, en México el análisis se determinaría de la siguiente manera: el sueldo del Director de Programación y Presupuesto de SCT debe de ser equivalente al de un director de finanzas de un banco; muy probablemente el primero tiene mayor responsabilidad, pues le hemos encomendado el ejercicio, control y seguimiento de $119 mil millones de pesos que tuvo asignada dicha Secretaría en el PEF 2014.
Lo anterior ayudaría a evitar la pérdida de talentos y situaciones de corrupción. Para funcionarios con nivel de jefes de departamento, que ganan mensualmente entre $13,825.05 y $22,828.90 y llevan sobre sus hombros el otorgamiento de licencias en un Centro SCT, por poner un ejemplo, no es difícil caer en la tentación de vender un permiso. Un subdirector encargado precisamente de la política de servicios personales en este rubro puede ganar entre $20,094.76 a $36,367.26. La pregunta que nos deberíamos hacer antes de cuestionar estas retribuciones públicas sería cuánto gana su par de recursos humanos en Bimbo o Telmex y quién llega al millón de empleados administrados.
Cuando un testador o un fideicomitente constituyen un fideicomiso con bienes de su patrimonio, buscan que el fiduciario sea una institución sólida, profesional, eficiente y confiable. Esos mismos criterios son los que los ciudadanos deberían buscar en el servicio público cuando encomiendan el manejo del patrimonio nacional. Sin embargo, parecería que la comentocracia no coincide con estos criterios: no está dispuesta a que se pague lo justo por esos servicios.
REPENSAR MANIQUEÍSMOS
Son reveladores los datos y las reflexiones que ofrece Huesca: México requiere servidores públicos de primer orden, pero los ciudadanos, y particularmente la opinión pública, deben estar dispuestos a permitir que la Administración Pública obtenga y pague buenos talentos en todos los niveles. Cada vez que critiquemos el salario de un funcionario, pensemos antes si la retribución es proporcional a sus responsabilidades y trabajemos para que así sea. De otra manera, a un buen talento siempre le estará esperando una mejor oportunidad. Cuando levantemos la voz contra el servicio público recordemos que es el único sector que desde el año 2000 no recibe un aumento y que, año con año, su salario no se actualiza con la inflación. Si hacemos la cuenta del poder adquisitivo perdido, probablemente encontremos una correlación estadística con los talentos que también se fueron del servicio a la nación.
Realiza el TSJO foro sobre el feminicidio en México
La Magistrada Maribel Mendoza Flores reconoció avances en los derechos de las mujeres como el juzgar con perspectiva de género, que “es ya una obligación constitucional y convencional”.
Con el objetivo de reflexionar, analizar y visibilizar la violencia contra las mujeres y el Feminicidio como problema global, la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJO), realizó este viernes el Foro “El Feminicidio en México: retos y desafíos en el acceso a la justicia” con la participación de la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario, Luz Idalia Rojas Osorio, así como las Maestras Jazibe Valencia de los Santos y Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.
En el auditorio del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO), la Magistrada Maribel Mendoza Flores, presidenta de la Primera Sala Penal, dio la bienvenida a los asistentes y a las panelistas en representación del titular del Poder Judicial, Magistrado Raúl Bolaños Cacho.
“Desde este espacio, como funcionaria pública y como mujer hago un llamado a todos los órganos de procuración e impartición de justicia para que seamos diligentes en nuestra función, para que apliquemos la perspectiva de género, contribuyendo a frenar el Feminicidio que tanto afecta a la sociedad”, dijo la magistrada Mendoza Flores.
Luego de recordar la figura de la ilustre oaxaqueña, Ministra María Cristina Salmorán referente en la lucha de los derechos y oportunidades de las mujeres en México, lamentó que históricamente las mujeres y las niñas han sido y siguen siendo víctimas sistemáticas de la desigualdad estructural y de la violencia.
Sin embargo, la Magistrada Maribel Mendoza Flores reconoció avances en los derechos de las mujeres como el juzgar con perspectiva de género, que “es ya una obligación constitucional y convencional”.
Por su parte, la Magistrada Luz Idalia Rojas Osorio, del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el Estado de Oaxaca al hablar de “Casos emblemáticos nacionales e internacionales de los derechos humanos de las mujeres víctimas de Feminicidio”, dijo que fue hasta en el 2010 en que el término Feminicidio fue utilizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Mariana Lima Buendía, joven asesinada en Chimalhuacán, Estado de México.
Por su parte, la Maestra Jazibe Valencia de los Santos, directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, presentó su ponencia “El Feminicidio en México: retos y desafíos en el acceso a la justicia”.
En su intervención dijo que la tipificación del delito de Feminicidio es una obligación que los estados tienen de adecuar sus legislaciones a instrumentos internacionales. “Las leyes tienen que ser congruentes con las circunstancias, porque si la sociedad avanza, también avanzan y se recrudecen las manifestaciones de violencia; hablar de política criminal con perspectiva de género es fortalecer estrategias de persecución y sanción de los responsables de ejercer esa violencia buscando el castigo ejemplar”.
Finalmente, la Maestra Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, directora del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó la ponencia “Alerta de Género como instrumento preventivo y de garantías para la seguridad de las mujeres”.
Informó que en este año la CNDH ha abierto 11 carpetas de investigación por homicidio doloso de los cuales 2 están tipificados como Feminicidio.
Lamentó que la violencia contra las mujeres avance, mientras el marco legislativo para contralarlo se encuentra estancado al tiempo que demandó de la federación y los gobiernos estatales más recursos para aplicar medidas preventivas que protejan a la mujer, “porque este flagelo no puede esperar más”, sostuvo.
Es de señalarse que fungió como moderador de este foro, el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez.
Minando al MP federal, ¿se podría abrir la puerta a organismos internacionales de combate a la corrupción?
El desgaste que vive actualmente la Procuraduría General de la República, abre posibilidades que hasta ahora han sido poco conocidas fuera de los círculos académicos e intelectuales en los que normalmente se tienen casos de estudio de otras naciones. Es un hecho que en México, ese desgaste que se nota en la figura del órgano de procuración de justicia nacional tiene su origen en las decisiones que se han tomado desde el poder, pero también —y sobre todo— por la desconfianza ciudadana que, a estas alturas, parece insalvable. ¿Qué podría ocurrir ante esta evidente pérdida de credibilidad?
En efecto, en nuestra entrega anterior sosteníamos que una de las primeras necesidades de fondo que tendrá quien resulte electo Presidente el próximo 1 de julio, será la de generar las condiciones y establecer las bases —jurídicas y políticas— para la transición entre la agonizante Procuraduría General de la República, y la nueva Fiscalía General de la República, y también para propiciar el nombramiento del nuevo Fiscal General. Hoy, con el enésimo uso de la PGR como un instrumento de orden político, y de cara a los antecedentes del órgano de procuración de justicia, es claro que la viabilidad de la PGR es sólo de corto plazo, aún siendo optimistas.
Lo que queda, en realidad, es la transición de instituciones y el nombramiento de un nuevo funcionario. Si bien será necesaria una enorme inversión de capitales políticos para culminar el proceso de creación de la Fiscalía General, resulta todavía más complejo el proceso político y legislativo para el nombramiento del nuevo Titular de la Fiscalía. Ello implica un proceso sinuoso y complejo, y aún así no se ataja por completo la posibilidad de que de todos modos tanto el proceso, como la persona que resulte electa, no genere la suficiente legitimidad entre los mexicanos, por sus rasgos de independencia, idoneidad y compromiso con la ley.
En ese escenario, que no resulta del todo descabellado, y que puede ocurrir si de nuevo la clase política pondera sus intereses por encima de temas como la correcta aplicación de la ley y el combate a la corrupción, entonces habría que pensar en nuevas formas —para México— de enfrentar esos flagelos que lastiman en su conjunto a la sociedad mexicana. No son nuevas las formas, porque en otros países ya se ha recurrido a organismos supranacionales no sólo para procurar, sino también para impartir justicia. Y ese sería un punto relevante por el momento actual que vive el país.
En el caso de Guatemala, por ejemplo, Estados Unidos a través de la Organización de las Naciones Unidas, impulsó la creación de una comisión que fuera coadyuvante de su figura del Ministerio Público, para la investigación y persecución de casos de corrupción. A esa Comisión se le reconoció la facultad de ejercitar la acción penal directamente. Y el resultado fue el propio enjuiciamiento del Presidente de aquella nación, que se vio obligado a dejar el poder para enfrentar acusaciones relacionadas con su participación en la comisión de delitos relacionados con importación y exportación de productos en condiciones ilícitas.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Junto a figuras como la utilizada en Guatemala, hay otras. De acuerdo con Mark L. Wolf, la ‘grand corruption’, entendida como el abuso del puesto público en los escalones más altos de la política para obtener beneficios privados, es endémica en muchos países. Las redes de corrupción florecen gracias a la impunidad que se genera cuando los líderes de una nación no permiten que funcionen las leyes para castigar a sus colegas, amigos, familiares y, principalmente, a ellos mismos. La indignación pública frente a la persistencia de la corrupción está desestabilizando a muchos países. Este proceso de desestabilización genera graves peligros para la paz y seguridad internacionales que la mayoría de los países han acordado proteger a través de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Debido a que la corrupción sistémica está generando una crisis global, es evidente la necesidad de una Corte Internacional Anticorrupción capaz de hacer valer los códigos y reglamentos que sancionen los actos de corrupción (http://www.nexos.com.mx/?p=30452).
Según Wolf, el primer paso está dado. Prácticamente todos los países han promulgado leyes anticorrupción pero el problema radica en su aplicación. Una Corte que procese los casos de corrupción de manera eficiente puede ser una herramienta de disuasión que contribuya a frenar la corrupción. En términos de gobernabilidad y democracia, una Corte que pueda sancionar los actos de corrupción también permitiría la elección de líderes dedicados a servir a sus representados en lugar de enriquecerse a sí mismos, pues vigilaría que los procesos democráticos operen de forma honesta y limpia.
Debe reconocerse que la corrupción sistémica no es un crimen sin víctimas. Sus costos y consecuencias son devastadores. Los gobiernos corruptos facilitan la adherencia a grupos terroristas en muchos países, como Nigeria, y proveen refugios seguros para terroristas internacionales en países como Afganistán y Yemen. De la misma manera, los políticos corruptos y las empresas criminales poderosas, incluidos los cárteles mexicanos de la droga, suelen estar relacionados y actuar en contubernio. La corrupción sistémica también destruye la democracia y es devastadora para los derechos humanos, mismos que todos los gobiernos dicen proteger. Los líderes de los países con los peores índices de corrupción el mundo —incluyendo Somalia, Afganistán, Sudán, Iraq y Siria— son también los que registran mayores violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.
Y luego, Wolf va al problema particular de México, al señalar que la corrupción no florece por una carencia de leyes. 178 países, incluido México, son Estados parte de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas. Esta convención exige a cada uno de los países miembro estatutos que criminalicen el soborno, la extorsión y el uso inapropiado de los recursos públicos. Además, es una obligación internacional crear instituciones para hacer cumplir dichos estatutos, incluso en contra de los miembros del gobierno más importantes. Sin embargo, los compromisos no son acatados porque los políticos corruptos controlan a la policía, a los fiscales y a las cortes. Puesto de otra forma, no se establecen los controles y contrapesos necesarios para asegurar que las leyes anticorrupción se cumplan y los culpables sean sancionados.
Esta falta de obligatoriedad y cumplimiento de las leyes que prohíben la corrupción ha sido reconocida como un problema fundamental en México. En palabras de Juan Pardinas, director del IMCO: ¿Cómo se puede resolver el problema de la violencia y el crimen organizado si no se resuelve el problema de la corrupción? […] Investigaciones realizadas muestran que casi todos los crímenes de corrupción quedan impunes, y aquellos a los que encuentran culpables no son miembros importantes del gobierno. […] Las instituciones del Estado son completamente incapaces de perseguir los actos de corrupción.
¿IR POR UNA CORTE?
Es complejo el basamento de una corte internacional anticorrupción. Pero la cuestión central es que ya se habla del tema; que éste no es privativo de México, y que aunque incipiente, es una discusión que en el mediano plazo tendrá contenido. El SNA es el primer paso antes de llegar a esta figura, que quizá pudiéramos llegar a ver en operación en los próximos años.
