Con sus posturas frente a la Reforma Educativa, la CNTE exige que AMLO sea un Presidente Dictador
Un gobierno despótico es aquel en el que el poder lo ejerce una sola persona —o grupo— de forma absoluta, sin limitaciones de tipo legal y sin estar sometido a la ley. A su vez, un dictador es un “soberano” —entendiendo que la soberanía reside en él, y no en el pueblo— que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin subordinarse a ninguna ley. A eso aspira la CNTE cuando abiertamente le exige a Andrés Manuel López Obrador que, de llegar a la Presidencia, elimine por decreto la reforma educativa y la evaluación docente, y no mediante el proceso de reformas legislativas que él mismo ha planteado para conseguirlo sin violar la Constitución.
En efecto, Andrés Manuel López Obrador prometió —y ratificó mediante la firma de un documento— su promesa de dar “marcha atrás” a la Reforma Educativa a través de un proyecto de reforma a la Ley del Servicio Profesional docente, que “elimine la evaluación punitiva”. Con esto, el tabasqueño logró que un sector del magisterio manifestara su “total adhesión” al abanderado de Morena, según quedó establecido en el Acuerdo para la transformación de la educación en México, celebrado el pasado 10 de febrero.
De hecho, el documento de seis páginas es el primer acuerdo formal entre el precandidato y el ex secretario general del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, actual coordinador nacional de activismo en un grupo denominado Redes sociales progresistas magisteriales, rumbo a la campaña presidencial, y el conocido principal lugarteniente de la ex presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.
El equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador confirmó que dicho documento se incorporará al Proyecto alternativo de nación que será registrado ante el INE, el cual establece que “dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente, que tal como la Constitución establece, respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, dé certidumbre en el empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo”.
Esto significaría eliminar los aspectos centrales de la Reforma Educativa de 2012, que estableció que los maestros están obligados a presentar evaluaciones periódicas y, de no aprobarlas, que puedan ser sustituidos de su plaza magisterial. También, en caso de tres faltas continuas a su centro de trabajo, pueden ser despedidos. Por ello, de acuerdo con el documento, la propuesta de reformar la actual Ley del Servicio Profesional Docente incluiría “eliminar la evaluación punitiva” y la “recontratación inmediata de los maestros y maestras cesados por no aceptar una evaluación punitiva”.
Con este documento, López Obrador preveía conseguir también el apoyo del otro sector magisterial, el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido un opositor abierto a la reforma educativa, y el principal impulsor de la eliminación de la misma, tal y como lo había propuesto López Obrador desde el inicio. ¿En dónde estuvo el diferendo? Evidentemente, estuvo no en el objetivo, sino en la ruta para conseguir la eliminación de la reforma.
Lo riesgoso —y paradójico— es que la ruta que ahora la Coordinadora le exige a López Obrador para dar marcha atrás a la reforma educativa, rompe con todos los esquemas aparentemente democráticos y de legalidad que pudiera defender un gremio que se jacta de tales características, al exigirle al tabasqueño que elimine la reforma por decreto y no dentro de los parámetros constitucionales.
CNTE, POR EL DESPOTISMO
En respuesta al planteamiento de López Obrador, de establecer una ruta para la eliminación de las disposiciones constitucionales relativas a la reforma educativa y la evaluación docente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación criticó que el Candidato Presidencial de Morena plantee dar marcha atrás a la reforma educativa por medio de un proyecto de ley o iniciativa, en lugar de proponer su eliminación por decreto.
“Su acuerdo no convence a la CNTE puesto que en vez de establecer un decreto que abrogue la reforma educativa, plantea una iniciativa de ley, Obrador le deja la tarea al legislativo”, indicó la Coordinadora, en un comunicado. En su mensaje, la CNTE se refirió al acuerdo que estableció el precandidato presidencial de Morena, con el exsecretario general del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, actual coordinador nacional de un movimiento denominado Redes sociales progresistas magisteriales.
En él, López Obrador promete “dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente, que tal como la Constitución establece, respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, dé certidumbre en el empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo”. La Coordinadora, en su comunicado, señaló que a Obrador le llegarán los votos que van contra la reforma educativa, aunque criticó que no establezca de entrada una abrogación.
¿Establecer una abrogación por decreto sería posible? Bajo un esquema constitucional más o menos maduro —e incluso en uno joven y a veces un poco inconsistente, como el nuestro en México— eso sería imposible. Sí, porque ningún presidente que ejerce su poder bajo un mandato constitucional tiene la posibilidad de derogar norma alguna contenida en la ley, y mucho menos dejar sin efecto, por su sola voluntad, las disposiciones constitucionales. Hacerlo así, significaría violar flagrantemente la Constitución; significaría también desconocer las potestades y atribuciones constitucionales del Poder Legislativo; y lo pondría en una situación de abierto enfrentamiento con el Poder Judicial de la Federación, que es el garante último de la Constitución.
Gobernar por decreto nunca ha sido buena idea; tener Presidentes despóticos ha sido una experiencia amarga para el país. Lamentablemente, con este tipo de llamados, la CNTE intenta reducir a Andrés Manuel López Obrador —un político con defectos, pero también con cualidades notables, igual que todos los demás abanderados presidenciales— a una figura como la de Antonio López de Santa Anna, que ha sido el único presidente en México que gobernó el país sin facultades ni limitaciones constitucionales de 1853 a 1855, pero que por eso mismo provocó nada menos que la Revolución de Ayutla.
CAMINO INTRINCADO
Es una lástima que en la intención de ver revocada la reforma educativa y la evaluación docente —que, con virtudes y defectos, es la única que hemos tenido en México—, la CNTE apueste por una decisión tan peligrosa para la Constitución, para la democracia y para el país. Es cierto que la ruta para derogar la reforma educativa es intrincado. Pero lo más saludable para el país sería que eso pasara en el marco de la Constitución, y no en la apertura de una nueva dictadura que ni el mismo López Obrador ha demostrado querer ejercer.
Sólo con un gobierno de coalición —del que nadie habla— los candidatos presidenciales podrían cumplir sus promesas
Al asumir sus respectivas candidaturas, los tres principales aspirantes presidenciales establecieron los ejes de su campaña y de sus propuestas. Por un lado, establecieron como una prioridad el combate a la corrupción, pero también hicieron otros planteamientos que, para ser alcanzables, indispensablemente tendrían que pasar por reformas legales y constitucionales, y por manifestaciones de consenso entre partidos políticos. Llama la atención que todos hablen de promesas de cambio, pero que nadie diga cómo podría alcanzarlas.
En efecto, en sus respectivas asunciones los candidatos presidenciales establecieron un marco de propuestas que tendrán que ser no sólo el eje de sus respectivas campañas, sino también planteamientos de salida para sus respectivos gobiernos. El más importante de ellos es el reconocimiento de que la corrupción y la impunidad son dos de los temas que más le duelen a la sociedad mexicana, y que por esa razón ninguno de los esfuerzos institucionales y políticos hasta ahora realizados ha sido suficiente para atemperar la indignación de la ciudadanía frente al ejercicio del poder.
En esa lógica, es evidente que si bien uno de los ejercicios que podría intentar cualquiera que resulte Presidente de la República es la reactivación de un gran acuerdo de las características del Pacto por México, lo cierto es que está comprobado que esos son mecanismos transitorios y potestativos que difícilmente pueden llevar al Estado a un puerto reconocible, a partir de que no existe un reconocimiento concreto de los compromisos que recíprocos que son necesarios de cumplir, para poder transitar hacia una gobernabilidad democrática y consensada entre todas las fuerzas.
De hecho, desde el gobierno del Presidente Vicente Fox, el gobierno federal ha intentado establecer pactos generales o temáticos con las fuerzas opositoras, pero en todos los casos ha quedado en evidencia la insuficiencia de los mismos. La razón es palpable: en todos los casos, dichos Pactos no tienen la fuerza de un acuerdo institucional reconocido por la ley, y tampoco cuentan con los equilibrios necesarios como para perdurar en el tiempo a partir de un reconocimiento mutuo de responsabilidades.
Incluso, el Pacto por México fue sólo transitorio porque los partidos de oposición no establecieron más compromisos en su agenda, que los relativos a las reformas. Por un lado, el PRI y el gobierno federal no dieron pautas concretas sobre la aplicación y la implementación de dichas reformas, o de los cambios administrativos que impulsarían a la par de las reformas, apuntando hacia un gobierno más transparente, honesto o incluyente; y las fuerzas opositoras no se sintieron obligadas a mantenerse en el Pacto —que era sólo legislativo— porque no había ningún incentivo institucional o democrático —establecido no entre ellos, sino de cara a la ciudadanía— que los conminara a mantenerse en el mismo hasta la consecución de algunas metas.
GOBIERNOS DE COALICIÓN
En realidad, al país no le quedan muchas alternativas en la construcción de consensos y mayorías. A todos nos queda claro que la pluralidad de fuerzas en el Congreso federal ha traído muchos beneficios democráticos para los mexicanos, pero su gran deficiencia ha radicado en la incapacidad de las fuerzas políticas para construir mayorías y consensos. Acaso, el único ejercicio exitoso fue el Pacto por México, con el problema de su vida efímera y el repudio que después le han proferido los propios partidos independientemente de la calidad de sus resultados.
Como los pactos no son suficientes, y ningún partido ganará con una mayoría suficiente en 2018 como para impulsar por sí solo los cambios constitucionales e institucionales que son necesarios para poder cumplir con cualquier programa de gobierno, la herramienta que todos tendrían al alcance debería ser la figura de los gobiernos de coalición. Ésta es ya una figura contemplada en la Constitución federal, aunque carece de reglamentación y de parámetros como para que pudiera optarse por dicha figura.
Frente a esa figura constitucional, se encuentra la realidad. Esa realidad indica que no hay forma de que quien resulte Presidente —Meade, Anaya o López Obrador— pueda cumplir sus promesas si no intenta la generación de un pacto. Ese pacto, como lo hemos conocido, sería no sólo insuficiente sino también inviable dadas las experiencias del pasado. Por eso, tendrían que construir un gobierno de coalición, en el que se establecieran no sólo metas transitorias o legislativas, sino compromisos de gobierno y legislativos compartidos como para lograr una amalgama de fuerzas que transite junta a pesar de las circunstancias o las vicisitudes.
Pues, de hecho, a diferencia de la conformación de un pacto —que es transitorio, potestativo y sujeto a los tiempos políticos—, en un gobierno de coalición tendrían que existir objetivos comunes concretos, así como responsabilidades específicas para todos los participantes a partir de la construcción de una mayoría equilibrada. Por esa razón, si por ejemplo el objetivo de todos los candidatos presidenciales es hoy robustecer el sistema anticorrupción, ello tendría que pasar por la reingeniería del modelo constitucional de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, así como por la elección de los integrantes de ese entramado —los que están y quizá tendrían que reponerse, y los que faltan—. Y todo ello tendría que pasar por reformas legislativas en las que tendría primero que construirse una mayoría de fuerzas, y después un reparto de responsabilidades no potestativas para su cumplimiento.
Ese es un esquema que en México no tenemos lo suficientemente ensayado y mucho menos puesto en marcha. La política partidista y legislativa ha tenido siempre como impronta que se ejerce como en un juego de cartas, en el que quien va perdiendo puede válidamente salirse del juego dejándolo inconcluso, o rompiendo las reglas, simplemente porque el juego deja de ser de su conveniencia. Eso tendría que terminarse porque justamente esa es una de las causas por las que las mayorías no son perdurables, y por las que tampoco tienen derroteros definidos.
¿GOBIERNO POR DECRETO?
Al final, esta será una condición a cumplirse en el futuro cercano, ya que no existen más modelos disponibles para la construcción de las mayorías que serán indispensables para la gobernabilidad en los próximos años. No hacerlo, y querer gobernar por decreto, será para el próximo Presidente tanto como darse un disparo en el pie. Las condiciones en el país, están dadas. Lo que falta es la voluntad y la civilidad de los partidos para adaptarse a ellas.
Jamiltepec debe servir para el establecimiento de nuevos parámetros en la aviación militar mexicana
Es ilógico y hasta ofensivo suponer que hubo algún tipo de premeditación o intencionalidad en los terribles hechos del pasado 16 de febrero en Jamiltepec, Oaxaca. Es impensable, e inadmisible, cuando queda claro que la única intención de las autoridades estatales y federales que decidieron viajar a esa zona luego del sismo ocurrido horas antes, era encabezar los trabajos de supervisión y ayuda a las víctimas. Sin embargo, lo que sí deberá ocurrir es la evaluación del hecho en todas sus dimensiones, para establecer nuevos parámetros de actuación civil y militar frente a contingencias como las que hemos padecido en Oaxaca en los últimos meses.
En efecto, un fuerte terremoto de magnitud 7.2, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, sacudió la tarde del pasado viernes el centro y sur de México. Una réplica importante ocurrió esa misma noche. Ante ello, el Gobernador Alejandro Murat anunció que viajaría de inmediato a la zona siniestrada para conocer la magnitud de los daños y encabezar las labores de ayuda a la población afectada.
En el mismo tenor se pronunció el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien minutos después de ocurrido el sismo informó que por indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, se trasladaría a Pinotepa Nacional, a fin de evaluar los daños, tras el sismo de magnitud 7.2 que afectó al país. De hecho, en una entrevista previa con un noticiero de cadena nacional de televisión, Navarrete habría indicado de forma preliminar que no existía reporte de pérdidas de vidas humanas ni daños mayores.
“En Oaxaca tenemos daños a construcciones, no tenemos reporte de pérdidas de vidas humanas; en este momento no tenemos reportes de daños confirmados”, señalaba en entrevista con Foro Tv, al tiempo de expresar que el presidente Enrique Peña Nieto le había ordenado activar los protocolos luego de este sismo que ha generado conmoción y nerviosismo, y que asimismo le había dado la instrucción de trasladarse de Campeche —sitio en donde se encontraba al momento del sismo— a Pinotepa Nacional por indicaciones del Ejecutivo federal.
Ambos funcionarios se encontraron en Puerto Escondido, a unas tres horas por carretera de la zona en donde había ocurrido el epicentro del sismo, y a donde existían los reportes de mayores daños en casas, edificios, oficinas públicas y escuelas. Por la hora y por las condiciones de la carretera —en las que ya se sabía que había diversos cortes a la circulación, por derrumbes ocurridos a consecuencia del mismo movimiento telúrico—, los mandos militares que acompañaban a los funcionarios decidieron el traslado por vía aérea primero al municipio de Jamiltepec, y la intención era que posteriormente se trasladaran a Pinotepa Nacional.
Lamentablemente, en Jamiltepec ocurrió la tragedia ya por todos conocida. En lo que las mismas fuerzas armadas han considerado como un error humano, la tripulación de la aeronave perdió el control al momento de aterrizar, provocando que el aparato se impactara contra varios vehículos terrestres que se encontraban en una zona contigua al lugar donde se había decidido el aterrizaje. En el hecho murieron 14 personas que se encontraban en el lugar, y otras más resultaron con heridas de consideración. Entre las personas que iban en la unidad aérea, no hubo ningún lesionado de consideración.
Ésta es considerada por la propia Fuerza Aérea Mexicana, como la mayor tragedia en su historia. De inmediato se anunciaron investigaciones y la Secretaría de la Defensa Nacional asumió la responsabilidad por el hecho. Pero además del deslinde de responsabilidades y el pago de las indemnizaciones y los daños a terceros que deba realizarse, esto debe servir para establecer nuevos parámetros de operación en casos de contingencias.
APRENDER DE LA TRAGEDIA
A partir de ahora, las fuerzas armadas tendrán que asumir la necesidad de establecer qué tareas son prioritarias y cuáles no frente a una contingencia. En esa lógica, es claro que el establecimiento de puentes aéreos y el traslado de ayuda humanitaria, equipos de rescate y personal especializado, deberá ser la mayor prioridad por encima de las órdenes que establezca el propio Ejecutivo federal para el traslado de sus subordinados, hasta que no se tenga la plena seguridad de que las operaciones están garantizadas y, sobre todo, que la población civil no corra ningún riesgo por ellas.
Lo que queda claro es que en el caso del sismo en Pinotepa no hubo una correcta jerarquización de las necesidades, y eso abrió un espacio para un riesgo importante, y una tragedia lamentablemente consumada. Es dolorosísima la pérdida de vidas humanas y de lesionados debido a un error en la operación de una aeronave, pero esto pudo haber ocurrido independientemente de quiénes eran las personas a las que se trasladaba en el helicóptero, si de todos modos los encargados de la operación militar —los soldados que ya tendrían que haber estado en la zona, así como el personal de la Fuerza Aérea que también debía estar previendo y planeando la llegada de aeronaves a la zona—, no tenían la certeza de que dicho aterrizaje no causaría ningún problema.
Al final, el traslado pudo haber sido de personal militar, de ayuda humanitaria o de equipos especializados —como ocurre en cada contingencia, que son frecuentes en una entidad como la nuestra— y de todos modos haber un incidente con el terrible saldo rojo que ocurrió la noche del 16 de febrero en Jamiltepec, ante una falta de planeación adecuada de las operaciones.
Junto a eso se debe encontrar la evaluación del riesgo. ¿Qué habría pasado si en ese vuelo hubieran perdido la vida e l Secretario de Gobernación o el Gobernador del Estado? Esa habría sido también una tragedia que habría no sólo enlutado también a varias familias, sino que habría generado una enorme situación de incertidumbre social y política para nuestra entidad. Por eso, en la evaluación de los riesgos ésta debe ser una consideración fundamental, ya que una incorrecta planeación de operaciones —incluso en medio de una contingencia— puede derivar en hechos de enorme trascendencia y riesgo social y político, que bajo ninguna circunstancia pueden ser desdeñados.
NO REPETICIÓN
Es cierto que debe haber un deslinde puntual de responsabilidades, y que cada uno de los ámbitos de gobierno —y funcionarios— debe asumir sus respectivas consecuencias institucionales. Pero esta situación debe también servir como un punto de referencia necesario, para evitar que, por irresponsabilidad y problemas de planeación, este tipo de situaciones de riesgo y dolor para las personas, puedan volver a repetirse.
Abre el Poder Judicial nuevo juzgado en materia familiar
Instruye el Presidente del TSJE, magistrado Raúl Bolaños Cacho agilizar la administración de justicia atendiendo demanda de los justiciables
Por instrucciones del Magistrado Raúl Bolaños Cacho, el Poder Judicial de Oaxaca ha puesto en funcionamiento a partir del 1 de febrero de este año, el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, además de que en breve entrará en operación un Módulo de Justicia Alternativa en el mismo sector, generando con ello una cultura de paz que restaure el tejido social.
Al informar lo anterior, el consejero de la Judicatura del Poder Judicial, César Martín Cervantes Hernández dijo que este Juzgado ocupará el espacio físico y recursos materiales de los que disponía el Juzgado Octavo Civil, el cual concluye labores de manera definitiva, por lo que su domicilio oficial es el de División Oriente 618, colonia Ex-Marquesado.
“Por acuerdo general 42/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial abre el Juzgado Sexto Familiar y cierra el Juzgado Octavo Civil porque hay una enorme carga de trabajo en materia familiar, no así en materia civil el cual cuenta con siete juzgados, cuyas actividades también se han visto mermadas al abrirse el Juzgado Especializado en Materia de Oralidad Mercantil”, señaló.
Indicó que se ocupará el inmueble del Juzgado Octavo Civil siguiendo una política de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, ordenado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho.
Informó que los asuntos que se encuentran en trámite en dicho juzgado se han turnado a los siete juzgados civiles para que sean resueltos.
Cervantes Hernández anunció que está a punto de abrirse un módulo de Justicia Alternativa en el mismo lugar en donde se encuentran los juzgados familiares y civiles, el cual permitirá solucionar conflictos a través del diálogo, al tiempo que coadyuvará en la despresurización de la carga de trabajo, sobre todo de los juzgados familiares, generando con ello una cultura de paz que restaure el tejido social y fortalezca las relaciones entre particulares.
Se cumple también con una demanda realizada con anterioridad al Magistrado Presidente Raúl Bolaños Cacho por los abogados de las diversas barras y asociaciones, así como por los propios justiciables, de contar con un nuevo juzgado familiar y así darle celeridad a los asuntos en la materia, aseguró.
Es impostergable el debate sobre una nueva Constitución en México
Recientemente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 101 años de existencia. Fue el cinco de febrero de 1917 cuando la nueva Carta Magna fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, para entrar en vigor el 1 de mayo de ese mismo año. Ha pasado poco más de un siglo desde entonces, y hoy lo que debiéramos preguntarnos cada vez con más ahínco, es hacia dónde queremos llevar a nuestra nación y qué papel debiera jugar en ello nuestra Constitución.
En efecto, aunque esto podría parece más bien un tema aparentemente académico o tedioso, en realidad el estudio y la discusión de los temas constitucionales está más vigentes que nunca: en los últimos años se han realizado importantes reformas a la Constitución que, sin embargo, no le han traído sosiego al país y tampoco han sido suficientes para abordar algunos de los problemas más importantes de la nación, como la inseguridad, la violencia o el galopante fenómeno de la corrupción. Ninguna de las reformas conseguidas ha logrado mitigar esas situaciones, y por ello debiera ser necesario y creíble que la discusión de esos temas pasara por la Constitución.
¿Por qué preguntarnos, en este sentido, si es o no actual la discusión sobre temas constitucionales? Porque hoy, existen importantes sectores de la sociedad y la política, que aseguran que lo ideal para nuestro país sería la creación de una nueva Constitución, que dejara sin efectos la actual, y que organizara los destinos de la nación de un modo más coherente y dinámico. Del mismo modo, los poderes constituidos han buscado los mecanismos para mantener el dinamismo constitucional y adecuarlo a los diferentes momentos de la realidad nacional.
El problema, en todo esto, es que los mexicanos parecemos haber fallado en esos dos propósitos. Esta realidad es palpable desde cualquier ángulo que se le vea: en el lado de los partidos y las facciones políticas —entendidas éstas como los grupos de poder, y no sólo las camarillas oscuras— éstos no parecen haber alcanzado el grado suficiente de madurez como para ponerse de acuerdo.
Y lo mismo ocurre con los poderes federales. Aunque fue un largo anhelo democrático de las fuerzas opositoras, que el Poder Legislativo dejara de estar supeditado a las disposiciones e intereses del Presidente en turno, hoy lo que es perceptible entre esos dos poderes es la trifulca y la continuación de una guerra, que nunca pasó por los equilibrios y las posiciones de dignidad, y casi siempre se ha mantenido en las falsas decencias, las posiciones interesadas y la testarudez que siempre lleva a la parálisis.
Hoy, según parece, no existe posibilidad ni de convocar pacífica y civilizadamente a un nuevo Poder Constituyente que elaborara una nueva Constitución; pero tampoco de generar reformas sustanciales al marco jurídico constitucional —más allá de las reformas estructurales, que intentaron ser modificaciones técnicas que evitaban el basamento social de nuestra Constitución—, que cuenten con el consenso y la aprobación de las más importantes fuerzas políticas del país y que, por tanto, tengan el grado de legitimidad y la viabilidad que el país y los ciudadanos necesitamos.
En el primero de los casos, la historia constitucional de México indica que, en general, los Congresos Constituyentes se instituyeron en medio de amplias agitaciones sociales; es decir, que quienes legislaron las diversas normas fundamentales que han regido al país, siempre lo hicieron teniendo como marco contextual a los movimientos armados revolucionarios, o conminados —y hasta amenazados— por la vía violenta, que ha sido un camino recurrente en la historia de nuestro país.
En el segundo de los casos, queda claro que esa reforma profunda a la Constitución tendría que pasar no sólo por los temas urgentes, sino sobre todo por los aspectos relevantes que siguen sin ser abordados con la valentía que requeriría un país con anhelos profundos de cambio.
¿A DÓNDE VAMOS?
Esa es la pregunta que deberían plantearse todos los legisladores, líderes políticos, dirigentes partidistas y servidores públicos que, en conjunto, tienen en sus manos el destino de la nación, pero que se niegan a participar de los debates de fondo que plantea el escenario nacional. ¿Cuáles debates? Todos los que tienen que ver con las reformas constitucionales que necesitan hacerse, pero que no se han llevado a cabo por diversas razones.
Hoy podemos contar, entre las causales para evitar dicho debate, no sólo con la defensa del interés nacional —algunas veces real y necesaria, pero otras tantas simulada—, sino también con la evocación de intereses partidistas, negativas a costear los costos políticos de las mismas, el llevar la contra a quienes proponen las reformas, e incluso los atavismos que no han permitido que el debate constitucional se eleve, y la nación crezca.
Hoy, aunque parezca una mentira o una exageración, todo lo pendiente está pospuesto o ha sido evadido en este debate. Habría que atender lo que atinadamente señalaba Jorge Castañeda, a propósito de este tema, en un artículo denominado “¡Es el futuro, estúpidos!”: “Sin las reformas institucionales —o políticas o de Estado— necesarias para reconstruir el proceso de decisiones en México, ninguna de las otras reformas es factible. Quienes sostienen que antes de abordar lo político hay que resolver… lo fiscal, la seguridad, lo laboral, lo energético de nuevo, etcétera, o bien pecan de ingenuos, o bien apenas disimulan su actitud de obstrucción y sabotaje. Porque a estas alturas (…) no es posible realizar ninguna de las otras reformas, todas ellas necesarias y urgentes, ni tampoco superar los desafíos terribles para el país que implican acontecimientos aterradores como los de Ciudad Juárez y Torreón el pasado fin de semana, sin contar con las instituciones para ello. Quienes alegan que antes de la reelección de legisladores, la segunda vuelta o el referéndum o la iniciativa preferente o las candidaturas independientes hay que… hasta rescatar a los niños huérfanos de Haití, en el mejor de los casos, dicen una quimera y, en el peor, ponen una trampa o una celada…”
Esto lo aseguraba por una razón palpable: por una actitud revanchista, que tiene como base la recriminación a las alianzas políticas generadas en varias entidades federativas —entre ellas, Oaxaca—, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en las dos Cámaras del Congreso federal, decidió postergar el análisis del proyecto de reforma política que en diciembre planteó el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
LA MISMA PREGUNTA
Es la que tendríamos que hacernos: con esas decisiones, ¿a dónde vamos? Es cierto que las alianzas electorales contradictorias son reprochables desde diversos frentes políticos e ideológicos. Sin embargo, al final lo que está en juego no es el predominio de una u otra fuerza política, ni la estabilidad de un partido o facción gobernante, sino nada menos que el destino mismo del país. Por eso es fundamental no olvidarnos que la discusión constitucional debería ser protagonista en el escenario nacional, y no un tema intrascendente, o para el olvido.
Reconoce la UNESCO al Poder Judicial por la conservación de su acervo histórico
El Titular del Poder Judicial de Oaxaca, Magistrado Raúl Bolaños Cacho recibirá este reconocimiento en el marco de la XXXIX Feria Internacional del Libro, en el Palacio de Minería.
En reconocimiento al destacado trabajo que realiza el Poder Judicial del Estado, en la preservación y conservación de valiosos documentos que conforman su acervo histórico, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través del Comité Mexicano Memoria del Mundo, hará entrega al Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Raúl Bolaños Cacho, de un diploma que certifica esta distinción, en el marco de la XXXIX edición de la Feria Internacional del Libro que se realizará en marzo próximo en la Ciudad de México.
A través de un comunicado, la Maestra Catherine Bloch Gerschel, presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo, de la UNESCO, informó que de acuerdo con la recomendación de los expertos que revisaron la propuesta presentada por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, se decidió incluir en el Registro Memoria del Mundo de México, la colección de 305 expedientes con manuscritos coloniales en lenguas indígenas de las secciones de Teposcolula y Villa Alta, del Archivo Histórico del Poder Judicial de Oaxaca (1570-1816).
“La inscripción de este patrimonio documental en el Registro Memoria del Mundo, refleja su valor excepcional y el compromiso de protegerlo para beneficio de la humanidad, difundirlo y asegurar su acceso a toda persona interesada”, señala Catherine Bloch Gerenchel.
El Poder Judicial, pionero en la preservación y conservación de uno de los legados más importantes del país, resguarda en su Archivo Histórico, 139 mil documentos trascendentales, generados por las instituciones de impartición de justicia del Estado, desde su creación hasta 1949, lo que constituye un patrimonio histórico-jurídico de los oaxaqueños.
Con el objeto de compartir con el mundo esta riqueza histórica, en octubre de 2017, el Poder Judicial presentó su postulación ante el Comité Mexicano Memoria del Mundo, para que una colección de 305 expedientes con manuscritos coloniales en lenguas indígenas de las secciones Teposcolula y Villa Alta, fuera inscrita en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO.
Dentro de los ejemplos de la diversidad de estos documentos que conforman esta colección, se encuentran: un testamento escrito en mixteco, un pedimento escrito en náhuatl, un censo del pueblo de San Juan Yalahui, escrito en zapoteco, así como una nota de cabildo de Coixtlahuaca, escrita en chocholteco, entre otros.
El programa “Memoria del Mundo” fue establecido por la UNESCO en 1992, con el objeto de proteger y promover el patrimonio documental mundial, a través de la preservación y el acceso a dichos documentos. Este programa surgió como medida de prevención ante las diversas causas naturales (incendios, inundaciones, temblores, etc.) que provocan el deterioro o pérdida del patrimonio documental.
Aún con AMLO en la Presidencia, no sería fácil derogar la reforma educativa
Andrés Manuel López Obrador prometió echar abajo la reforma educativa si llega a la Presidencia, y en alguna medida para eso se alió con la opositora primigenia de esos cambios constitucionales: Elba Esther Gordillo. Su alianza es electoral porque una parte importante del magisterio nacional —SNTE y CNTE— trabajarán a favor del Movimiento de Regeneración Nacional, y de López Obrador; pero también es de fondo porque en ambos sectores quisieran ver desaparecida la reforma de marras. Lo cierto es que más allá de las promesas electorales, la derogación de la reforma educativa implicaría mucho más que promesas de campaña o la sola voluntad de un eventual Andrés Manuel Presidente.
En efecto, la reforma educativa fue la primera de las grandes reformas constitucionales que consiguió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Lo hizo en los primeros meses de su gestión, cuando contaba con importantes simpatías entre la ciudadanía y con el respaldo en pleno de los principales partidos políticos entonces aglutinados en el Pacto por México. Dicha reforma estableció el mandato constitucional de la evaluación docente como mecanismo de ingreso, promoción y permanencia en el sector educativo.
Asimismo, la reforma constitucional en materia educativa sentó las bases para la elevación a rango de autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), así como para la emisión de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que tiene como objetivo someter a todos los docentes de educación pública básica, media básica y media superior del país, a procesos periódicos de evaluación como criterio fundamental para conservar su empleo y sus funciones como personal docente.
Derivado de esa reforma fueron emitidas diversas leyes, y fueron modificadas sustancialmente otras como la Ley General de Educación, para establecer parámetros distintos y hacerlos acordes a los requerimientos de la reforma educativa. A partir de entonces, el INEE inició los procesos de evaluación, que a la fecha han modificado sustancialmente la situación laboral de miles de maestros en el país, y también les ha permitido promociones y cambios de actividad según fuere el caso.
De hecho, desde el primer momento dicha modificación constitucional fue atacada a partir del argumento de que en realidad no era una reforma educativa, sino que sólo se reducía a una reforma laboral y administrativa al régimen de trabajo de los profesores del país. El tiempo ha demostrado la razón que tuvieron quienes aseguraron lo anterior.
Sin embargo, también es cierto que cualquier reforma debe pasar desde el inicio por la revisión del desempeño de sus operadores, en añadidura a la modificación sustantiva, que en éste caso debió haber sido también a otros rubros además del régimen laboral de los trabajadores de la educación. Hasta ahora, nada más que las propias circunstancias políticas han impedido que esa reforma perfectible pueda dar los pasos siguientes en la búsqueda de una mejor redacción y mayores alcances.
En esa perspectiva, habría que ver en términos legales cuál sería el camino hacia la derogación de la reforma educativa.
CAMINO INTRINCADO
En varias cuestiones, López Obrador ha demostrado su desconocimiento de las leyes que rigen al país —y su funcionamiento—. Fue así, por ejemplo, cuando dijo a quiénes propondría él como posibles integrantes de la terna para la elección del Fiscal Anticorrupción, cuando la Constitución establece que dichas propuestas deben emanar del Senado. Ese, si bien puede ser un error menor, sí puede ser ilustrativo de cómo una persona puede seguir suponiendo que con el hecho de llegar a la Presidencia podría gobernar por decreto, o al margen de lo que dice la legislación vigente.
Lo anterior lo aseguramos porque Andrés Manuel López Obrador puede tener la mejor intención, e incluso la convicción de derogar la reforma educativa. No obstante, él estaría obligado constitucional y moralmente a no dejar nuevamente a los niños y jóvenes del país que reciben educación en instituciones gubernamentales, sin procesos de evaluación para quienes imparten clases. Esto porque si bien ello implica un proceso administrativo, queda claro que en su ámbito de protección éste es también parte del derecho fundamental a la educación, que está determinado por el principio de la progresividad.
Por eso, de entrada López Obrador podría derogar esta reforma pero emitir otra según criterios distintos —según él más democráticos o más apegados a la realidad educativa del país—, pero no dejar al sistema educativo sin el único proceso de evaluación que ha tenido en los últimos tiempos. Así, podría pensarse en la derogación del sistema actual pero con el establecimiento de un nuevo proceso de evaluación. No hacerlo constituiría una regresión constitucional que podría a México en conflictos internos y de cara al derecho internacional de los derechos humanos.
Ahora bien, si aún así intentara hacerlo, tendría que modificar la Constitución, y para ello debería generar consensos que quién sabe si logre. En los últimos veinte años, el congreso mexicano no ha tenido mayorías definidas. Incluso en las dos últimas legislaturas, las mayorías que ha construido el PRI han sido ligeramente superiores a la necesaria para la emisión de la modificación a una ley ordinaria (para la que se necesitan la mitad más uno de los miembros presentes de la Cámara de que se trate, al momento de la votación).
El propio sistema constitucional de las mayorías en la integración de las cámaras legislativas, impide que un solo partido tenga la mayoría necesaria como para modificar la Constitución. Morena no va aliado más que con fuerzas minoritarias, y en caso de mantener su coalición después de 2018 (en el escenario en el que López Obrador fuera presidente), de todos modos no tendrían todos los votos suficientes para derogar el contenido reformado del artículo tercero constitucional, y tendrían que aliarse o con el PRI-Verde, o con el PAN-PRD para conseguirlo, lo cual resulta improbable porque ambos bloques se han manifestado totalmente en contra de la intención de López Obrador de derogar la reforma educativa.
NO AL OSCURANTISMO
Al final, queda claro que el camino constitucional no sería tan fácil como lo ve López Obrador. Bajo ninguna circunstancia podría derogar la reforma constitucional por decreto; y, de hecho, sólo podría hacerlo en los términos simplistas en los que lo ha esbozado, si se decide a violar la Constitución. En cualquier escenario, lo más deseable es que si van a modificar el régimen de la evaluación docente, lo hagan para perfeccionarlo y no para devolvernos al oscurantismo en que ha tenido a la educación pública del país, el SNTE, la CNTE y las concertacesiones con los gobiernos priistas, que ahora pretenden revivir con AMLO.
Mikel, o cómo la falta de principios políticos lleva a algunos a convertir atavismos en banderas de campaña
Quién sabe en qué estaba pensando —o qué tan mal asesorado está— el candidato priista a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola Peñalosa, cuando decidió lanzarse, en su cierre de precampaña, en contra de algunos de los temas más sensibles para los habitantes de la Ciudad de México: los matrimonios entre personas del mismo sexo, la adopción por parejas homosexuales y la posibilidad de legalización de algunos usos de la marihuana, entre ellos el recreativo. Quizá Arriola quiere ser un pequeño Donald Trump intentando decir lo que algunas personas quieren escuchar, para cautivarlas como votantes. El problema es que no es lo mismo hablar de economía que de derechos humanos.
En efecto, Mikel Arriola dejó clara su postura en su cierre de precampaña y unción como candidato del PRI a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México: está en contra de los matrimonios entre parejas del mismo sexo y que estos puedan adoptar, así como del uso recreativo de la marihuana.
“Nuestros gobernantes han promovido la ruptura del núcleo familiar y el desprecio, profundo desprecio, por los valores, y esto nos ha llevado al caos en que hoy estamos metidos [en la capital del país]. Como ejemplo, los gobiernos del PRD y Morena han impuesto la idea de que la legalización de la marihuana para fines recreativos va a ayudar a los jóvenes, postura que nosotros habremos de combatir bajo un principio de prevención de las adicciones y blindar al núcleo familiar. No a la marihuana para el uso recreativo, sí a la medicinal.
“La familia será mi prioridad, la Ciudad de México será la Ciudad de los valores, de la familia. Claramente les digo: Mikel Arriola está en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo”; y dijo que de ganar las elecciones, en su primer día como jefe de Gobierno, someterá a consulta pública “todos los temas que nos dividen como ciudadano, como son la marihuana recreativa, el aborto, la adopción y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, para que ahora sí todas las voces sean escuchadas”.
De entrada, Arriola es un pequeño Andrés Manuel y puede convertirse en un émulo mexicano de Donald Trump, ¿por qué? Respecto al primero, porque el único en México que ha propuesto que algunos temas sensibles relacionados con derechos de las personas sean sometidos a consulta pública, fue López Obrador —y eso ocurrió antes de que fuera promulgada la Constitución de la Ciudad de México, en la que están establecidos algunos de esos derechos sin haber sido controvertidos por nadie.
En algún momento, cuando se le pidió al tabasqueño su opinión respecto al llamado matrimonio igualitario, o sobre la legalización del aborto, éste dijo que serían temas que se someterían a la opinión de los ciudadanos. Luego vino Marcelo Ebrard Casaubón —un verdadero, y quizá el único, gobernante de espíritu verdaderamente progresista en México— que reconoció la vocación de avanzada de la Ciudad de México y empujó temas sustantivos como la legalización del aborto voluntario, el llamado divorcio exprés, o el reconocimiento a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Luego vino el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en el que varios de esos derechos se llevaron de manera expresa a la Constitución de la Ciudad de México que, además, hizo suyos los principios generales que rigen a los derechos humanos incluyendo otros como el de la no regresividad y el de la integralidad, que complementan a los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad ya contemplados en la Constitución federal.
DERECHOS
Además, la Constitución de la CDMX reconoció expresamente los derechos que ahora fallidamente pretende controvertir Mikel Arriola: en el numeral 1 del apartado F del artículo 6 de la Constitución capitalina (sobre el derecho de las mujeres a abortar libremente), se establece: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida.”
Sobre el reconocimiento de todas las formas de familia, incluyendo las conformadas por personas del mismo sexo, la Constitución de la CDMX, establece: Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado (numeral 2, apartado D, artículo 6).
Luego, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, los numerales 1 y 2 del apartado H del artículo 11, dispone: 1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. 2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil.
Con todos estos derechos reconocidos en la Constitución de la CDMX, podemos estar de acuerdo o no. Lo que no podemos contravenir es el hecho de que ya son derechos expresamente reconocidos en una Constitución, y que éstos se encuentran sujetos a los principios de progresividad, integralidad y no regresividad, que harían no sólo inconstitucional cualquier tipo de consulta respecto a ellos (de hecho, ni siquiera podría realizarse una consulta ciudadana con valor legal, por la naturaleza de esos temas), sino también controvertible cualquier tipo de reforma que pudiera realizarse a la propia Constitución de la CDMX, a la luz de los principios establecidos en ella misma, en la Constitución federal, y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, que prohíben cualquier tipo de modificación regresiva a los derechos fundamentales.
Por eso quizá puede ser que Mikel Arriola pretenda cautivar a los núcleos conservadores de la Ciudad de México, a pesar de manifestar una postura francamente reaccionaria, desinformada (quizá, de forma deliberada) o abiertamente populista por irrealizable. Aunque pudiera lograr ese primer cometido y llegar a la jefatura de gobierno (algo que se ve muy lejano, en el contexto electoral de la capital del país), lo cierto es que no podría en automático cumplir con nada de lo que ahora sugiere. Más bien, está tratando de decir lo que algunos quieren decir, a ver si con eso le roba un poco de votos a los panistas que ahora se sienten “progres” al aliarse con el PRD.
TIP DEL VERDE
¿Por qué no también hace suya aquella vieja campaña del Partido Verde: “pena de muerte a secuestradores”? Va en la misma sintonía de los dislates lanzados el domingo, y tendría también su mismo destino. En fin…
