+ Caer en autoelogio ha llevado a los Lunes del Cerro a su nivel actual de crisis

Hoy que terminó la edición 2017 de las fiestas de la Guelaguetza, en todas las dependencias involucradas, debería comenzar un proceso mínimo de autocrítica que les permita ver sus logros y deficiencias y, en función de ello, comenzar la planeación de la siguiente celebración de los Lunes del Cerro aprendiendo —ahora sí— de sus errores y alejándose de los riesgos que implican el autoelogio inopinado.

En efecto, ayer se realizó la octava del Lunes del Cerro 2017 y con ello están prácticamente terminadas las celebraciones de julio en Oaxaca. Lo que resta del mes habrá algunas actividades culturales más, pero en realidad todo lo que queda es simplemente el tramo final de la celebración que llegó a su punto máximo con las representaciones de la Guelaguetza. Es cierto que, igual que cada año, Oaxaca fue más grande que sus problemas y amenazas; es también cierto que finalmente se impuso la grandeza de las tradiciones y el colorido frente a las discordancias ya conocidas; y es también cierto que a pesar de cualquier situación, el turismo llegó y abarrotó tanto el Auditorio como los espacios destinados para las actividades culturales y para el consumo de bienes y servicios turísticos.

El problema es que nada de eso es novedoso y, en términos reales, tampoco debería ser motivo para celebraciones y elogios. Sin necesidad de ningún tipo de promoción, Oaxaca es un imán cultural del sur de México; antes de que cualquier funcionario haga algo —según— a favor de las festividades de julio, éstas ya tienen un público interesado y cautivo que de todos modos llega; y es también cierto que a pesar de todo lo que han manoseado y tergiversado la celebración, ésta sigue siendo vistosa y llamativa para la gente de a pie que de todos modos sigue viniendo, y se sigue yendo maravillada por el enorme mosaico cultural que es nuestra entidad.

Por todo eso, los nóveles funcionarios estatales involucrados en la celebración de las fiestas de julio, deberían evitar caer en los autoelogios: no es gracias ni a Ana Vásquez Colmenares, ni de Juan Carlos Rivera Castellanos, y mucho menos de Mario Jesús Rodríguez Socorro, que la edición 2017 de la Guelaguetza fue el éxito con el que cada año se cataloga la presentación. Ese éxito no es, de entrada, gracias a ellos, sino gracias a Oaxaca que es muchísimo más, inmensamente más que ellos, y que por eso estas celebraciones reactivan la economía, potencian el turismo, y fomentan la difusión de las diversas culturas que existen en la entidad.

De hecho, el punto de partida de esa discusión necesaria tendría que ser el relativo a que la Guelaguetza fue provechosa a pesar de ellos. No porque todo lo hayan hecho mal, sino porque aún tienen un enorme trecho que mejorar, y también mucho qué entender sobre lo que se necesita hacer para preservar la parte tradicional de los Lunes del Cerro, y para lograr que todo eso conviva con el potencial económico de la entidad, que aún tiene mucho potencial sin desarrollar, pero que necesita ser concebido con la seriedad y la responsabilidad propias de quienes quieren trascender por lo que hacen y no por lo que ya encontraron —y quizá, siguen descomponiendo.

¿QUÉ SIGUE EN LA GUELAGUETZA?

Para la edición 2017 de los Lunes del Cerro, el gobierno estatal decidió que la organización de las celebraciones pasara de la antigua Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico —que ahora están separadas y son dos dependencias independientes— a la de Culturas y Artes de Oaxaca. Según se dijo, la idea de ese cambio radicaba en la necesidad de darle prioridad a los aspectos culturales por encima de las necesidades comerciales y de promoción turística. Hoy, una vez culminadas las actividades, tendrían que comenzar ese proceso crítico para reconocer todos en qué fallaron y qué pueden mejorar.

En la Seculta, por ejemplo, si la intención inicial fue la de llevar a cabo un proceso de recuperación de algunas de las cuestiones relacionadas con las tradiciones, esto derivó en un problema básicamente por las protestas de algunas delegaciones que pretendían participar en la fiesta de la Guelaguetza y que sólo lo lograron gracias a la presión ejercida en las calles. Paradójicamente, ni esas ni varias otras delegaciones son capaces de explicar con plenitud el sentido de sus representaciones, y más bien han entendido su participación en la fiesta de la Guelaguetza como una moda, o como una forma de competir contra otras comunidades, sin que en ello cobre relevancia la autenticidad de sus bailes, vestimenta y demás elementos.

Incluso, como lo apuntamos hace algunos días, Seculta debería también definir si la fiesta de los Lunes del Cerro es un certamen, es una pasarela, o es un espectáculo para ser repetido infinitamente en sus mismos términos para el deleite del público que desea presenciarlos. Como no existe un parámetro en ese sentido, cada año la representación cambia, y la participación de las delegaciones se convierte en una cuestión de competencia y no de deseo genuino de demostrar sus cualidades.

Ahora bien, en los rubros de turismo y economía también debería haber un proceso autocrítico profundo. ¿En qué ha cambiado o mejorado la economía o el desarrollo turístico entre los años previos y el actual? La verdad es que no se trata de decir que lo pasado fue mejor —porque en realidad las fallas y la mala planeación llevan años ocurriendo ininterrumpidamente—, sino más bien en que reconozcan que nada, o muy poco de lo hecho en el actual periodo, fue verdaderamente detonante de la economía o del potencial turístico.

Oaxaca atrajo a sus visitantes sola, y los esfuerzos fueron meramente inerciales. Por eso, hablar de mayores asientos de avión, cuartos de hotel o espacios para la comercialización de servicios turísticos suena hasta redundante porque en realidad no existe ningún cambio entre las anteriores administraciones y la supuesta visión renovada que tienen los actuales funcionarios.

Incluso, en el caso del titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, es sabido su amplio desconocimiento de los temas relacionados con la responsabilidad que ostenta, y la forma en que delegó las mayores decisiones de su gestión a un subsecretario, que fue su profesor en un posgrado, para que éste saque a flote —según su criterio, y no de los lineamientos del plan de desarrollo, que además sigue en entredicho— el trabajo de la dependencia en esta nueva etapa.

El caso de Mario Jesús Rodríguez Socorro como titular de Economía, es tanto o más dramático. Un ejemplo lo pone en evidencia: la Feria del Mezcal, que no tiene pies ni cabeza; que es una feria pueblerina sin derroteros definidos ni finalidades comerciales destacables. Esa feria, además, fue el resultado de una serie de reuniones entre el secretario y grupos no representativos de la industria del mezcal, para finalmente entregar todo a las feroces reglas del mercado, en el que los productores más grandes arrinconan a los pequeños sin que exista capacidad de generar un mejor panorama para el mezcal oaxaqueño.

¿AUTOELOGIO O AUTOENGAÑO?

En esas mismas condiciones, queda claro que no puede haber una edición 2018 de las fiestas de los Lunes del Cerro. Cometerían un error tremendo si ahora todos esos funcionarios, y los demás involucrados, salen a decir que todo fue un éxito, y que fue gracias a ellos o al gobierno estatal. Con humildad deberían reconocer que Oaxaca les hizo casi todo el trabajo, y que quizá con más humildad y menos protagonismo, ellos pudieron haber hecho algo mejor para la entidad.

+ Reforzar el juicio político y mecanismos de control del SNA, siguiente reto

Además de Oaxaca, en otras diez entidades de la República existe la intención de eliminar el fuero. Esta parece estarse convirtiendo en una tendencia nacional que no necesariamente busca eliminar de la Constitución una figura mediante la cual se ha buscado la impunidad, sino más bien que representa el régimen de los privilegios que sostenidamente se pretende combatir desde la sociedad. De ahí viene el impulso, y ahora será también necesario entender todo lo que se debe también reforzar, a través de figuras como el juicio político, para que este esfuerzo no sea sólo de apariencias.

En efecto, en lo que va de 2017 han votado a favor de eliminar la inmunidad judicial a todos los servidores públicos, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (enero), así como los congresos de Baja California (9 de marzo), Yucatán (15 de mayo), Nayarit (25 de mayo), Nuevo León (31 de mayo), Quintana Roo (15 de junio) y Coahuila (11 de julio). Antes ya habían hecho algo similar los estados de Morelos, Jalisco y Querétaro, y se espera que en Oaxaca esa figura sea eliminada en este periodo de sesiones, según el acuerdo existente entre las diversas fracciones parlamentarias y el respaldo del Ejecutivo, que incluso envió una iniciativa al respecto.

En términos generales, esta iniciativa lo que busca eliminar es la llamada “declaratoria de procedencia” que debía ocurrir para que cualquier servidor público dotado de inmunidad, debiera enfrentar a la justicia en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Esa inmunidad constitucional fue establecida desde que apareció la Constitución, como una forma de no de excluir a ciertos servidores públicos de sus responsabilidades relacionadas con la justicia ante la comisión de un hecho ilícito, sino más bien de garantizar su independencia para que nadie intentara presionarlos a través de acciones judiciales, para que realizara o se abstuviera de alguna conducta en específico.

De hecho, como durante mucho tiempo operó a plenitud el control político que significaba el poder del Presidente en el marco de un régimen de partido hegemónico —y él era quien decidía a quién se le aplicaba la justicia, y a quién no, independientemente de su calidad de servidor público— fue hasta hace pocos años cuando se vio el problema que representaba el llamado fuero para los servidores públicos, y particularmente para los representantes populares. Hasta el momento en que ocurrió el intento de proteger a Julio César Godoy Toscano de la acción de la justicia, se vio que el fuero sí podía servir para fines distintos para los que fue creado.

De hecho, a Godoy Toscano le siguieron otros casos patéticos como el de Luis Enrique Tarín García; o el de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo que también estuvieron protegidos por el fuero para evadir sus responsabilidades frente a la justicia; y más recientemente el caso de un diputado local de Guerrero que es acusado de ser el verdadero líder de una banda criminal conocida como “los tequileros”. Esos, en un país de 120 millones de habitantes y una dinámica bastante compleja, pueden seguir siendo considerados como hechos aislados. Sin embargo, es claro que son casos suficientes como para poder pensar en la eliminación de dicha figura.

FUERO Y JUICIO POLÍTICO

La Constitución de la República establece varios mecanismos para sancionar a los servidores públicos que incurren en alguna responsabilidad relacionada o con su encargo, o con sus asuntos personales. En este sentido, es menester distinguir que el Juicio Político tiene efectos distintos a los que tiene el Juicio de Procedencia, popularmente conocido como desafuero, y que también uno y otro puede ser aplicado a distintos tipos de servidores públicos, que no necesariamente son los mismos para uno y otro. Veamos.

Primero, el Juicio Político está definido como un procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso –la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia–, para hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos que la Constitución establece, y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus cargos, con independencia de los juicios penales que se sigan en su contra por dicha razón.

Este juicio puede comenzar durante el ejercicio de las funciones del servidor público o dentro del año posterior a la conclusión de su encargo, y deriva en una resolución administrativa y una sanción política. La sanción administrativa consiste en la inhabilitación para ocupar todo cargo público durante el tiempo que determine la resolución de la Cámara de Senadores –sentencia que es inatacable–; y la sanción política consiste esencialmente en el hecho de que cuando el servidor público procesado se encuentra en funciones, es destituido de su cargo en virtud de la sentencia del Senado que lo encuentra responsable de las faltas que se le imputan.

Ahora bien, surge otra pregunta: ¿cuándo procede el juicio político? Se exige responsabilidad en juicio político por cometer actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho tales como: ataques a las instituciones democráticas; a la forma de gobierno democrático, representativo y federal; a la libertad de sufragio; por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal; por usurpación de atribuciones; también por cualquier infracción a la Constitución o a leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación, a una o varias entidades federativas o a la sociedad; o porque motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

Según lo establece la Constitución, no procede juicio político contra el Presidente de la República (pues según el artículo 108 constitucional, éste sólo puede ser acusado durante el tiempo de su encargo por traición a la patria y por la comisión de delitos graves del orden común); sin embargo, se puede operar la declaración de procedencia. Es decir, se le puede exigir responsabilidad penal.

El juicio político comúnmente es confundido con la declaratoria de procedencia. El primero tiene como fin sancionar políticamente al sujeto: es decir, menoscabando sus derechos políticos a ser votado, y a ocupar alguna otra responsabilidad en el sector público —cuestión que no sólo se inscribe en sus derechos laborales, sino que también y sobre todo se hace en el ejercicio de los derechos políticos—; el segundo, tiene como objeto “dejar listo” al individuo para que sea procesado judicialmente igual que cualquier otra persona que no está protegido por esa inmunidad.

IGUALDAD REAL

Para poder generar un estado de cosas en el que verdaderamente exista igualdad procesal, sí debe pensarse en la eliminación del fuero pero también en la evolución de las demás figuras de control, como el juicio político y el reforzamiento de todo el entramado institucional que regirá el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Es un deber ineludible empujar esas reformas que son indispensables y establecer condiciones para una justicia más asequible y posible para todas las personas por igual.

+ Revive usanza de dar el mecanismo para que otros lo pongan en marcha

Es una derrota para la democracia y la legalidad en México, la forma en cómo está entrando en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ello ocurre en un marco de insuficiencia presupuestal, de servidores públicos y de estructura institucional, que lo único que revela es que el propio régimen político sigue resistiéndose al nacimiento del Sistema. La sociedad, y su exigencia organizada, ahora sí tendrían que impedir que la actual clase política intente posponer —como ha sido costumbre en muchos regímenes que se niegan a cambiar y dejan en otros lo que ellos no quieren hacer— hasta el siguiente sexenio la verdadera puesta en marcha del SNA.

En efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción debía arrancar este 19 de julio con todas las piezas en su lugar. Pero la maquinaria institucional comenzará a operar incompleta: sin fiscal que investigue ni magistrados especializados que sancionen los delitos de corrupción de funcionarios públicos y ahora, también, de particulares. Pareciera, incluso, que ha sido una cuestión casi organizada la de obstaculizar la posibilidad de la creación de una estructura anticorrupción afianzada, y que esa “alianza” entre políticos —gobierno federal, Senado, gobernadores, etcétera— está tratando de posponer la entrada en vigor del sistema, para que sean otros los que lo concreten.

De entrada, resulta que el Senado no cumplió con su responsabilidad constitucional de nombrar al titular de la Fiscalía Anticorrupción que operará desde la Procuraduría General de la República. Tampoco eligió a los 3 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que integrarán una nueva sección y a los 15 que inaugurarán las 5 salas regionales (cinco para cada una).

No sólo eso. Desde la misma Cámara de Senadores hubo flechas que apuntaron hacia el corazón del sistema: el Comité de Participación Ciudadana que vigilará su funcionamiento. En su contra disparó Pablo Escudero, presidente del Senado y legislador por el Partido Verde, quien cuestionó los criterios del Comité de Selección que tuvo a su cargo la integración del órgano ciudadano del sistema.

Como respuesta a los cuestionamientos que despertó el senador Escudero, la Comisión de Selección del SNA presentó el libro blanco del proceso, en el cual explican la metodología y los criterios para utilizaron para elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. “Cuestionaron al Comité de Selección que los mismos senadores eligieron, con los criterios que ellos mismos pusieron”, afirmó en su momento Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. “Claramente hubo una intencionalidad política y evidentemente hay actores políticos que están incómodos”, aseguró.

El último episodio de desavenencia entre el Senado y ciudadanos que han participado en los distintos procesos de cambio que involucra el SNA ocurrió el pasado miércoles 12 julio. Ese día los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción presentaron una carta de renuncia que los desvincula del proceso, porque consideran que el Senado ha incumplido con la ley al no haber nombrado al fiscal.

“Estamos, como ya lo habíamos anunciado, ante una omisión gravísima que mella la legitimidad y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción”, apuntaron en un comunicado. En medio de estas omisiones, incumplimientos, disputas, rupturas y cuestionamientos cruzados comenzará a operar el SNA, la más fuerte apuesta del país por desterrar la corrupción.

“QUE OTROS LO HAGAN…”

Lamentablemente, esta resistencia institucional no es nueva ni tampoco rara. Pues de hecho, una de las “costumbres” de la clase política frente a la necesidad de los cambios, ha sido la de hacerlos tan graduales que hasta parezca imperceptibles. En ese afán —que ha caracterizado a México, que frente al mundo ha hecho cambios institucionales profundos sin pasar por una guerra—, lo que han hecho los gobernantes es crear las nuevas estructuras institucionales, pero legarle a otros su entrada en operaciones real. Es lo que ha pasado con muchos de los nuevos órganos del Estado. Y quizá es lo que estén nuevamente intentando con el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿De qué hablamos? De que cuando crearon otros órganos, como los de transparencia, fiscalización y varios de los que funcionan hoy con autonomía constitucional, los respectivos regímenes —gobernantes y opositores— decidieron que no podían implementar y poner en funcionamiento esos órganos de manera inmediata. En muchos casos, crearon los órganos, pero pusieron como sus primeros titulares a personajes que no eran necesariamente una demostración de autonomía, y que tampoco respondían a la supuesta necesidad de ser los hombres o las mujeres más destacados para esa labor.

Más bien, eran “delegados” que el propio régimen enviaba para estructurar los órganos, para ponerlos a funcionar, y para dar la apariencia de que se había cumplido con el objetivo de la creación, pero sin cumplir el objetivo de fondo de dotar a esos órganos de la legitimidad, de la fuerza moral, y de la autonomía y profesionalización que según la ley constituían las bases fundamentales de esos nuevos órganos.

El complemento a esa “creación colonizada” de órganos independientes, venía en la apuesta de que dichos órganos ganaran su autonomía y su plenitud orgánica en momentos posteriores. Partían del supuesto de que el “legado” de esos gobernantes provenientes de un régimen que no quería cambiar, era justamente haber tenido la voluntad de ceder y hacer los cambios institucionales; pero también señalaban que sería tarea de otros (sus sucesores) dotar a esos órganos de la fuerza que necesitaban para funcionar en los términos en que ellos lo habían creado.

¿Por qué no pensar que todo el régimen actual —el gobierno federal, el Senado, los partidos políticos y todos los que de alguna manera serán sujetos a la potestad del Sistema Nacional Anticorrupción— se encuentran en esa resistencia, natural pero oprobiosa, a su funcionamiento pleno? No existe otra razón suficiente como para entender por qué están intentando detener o aplazar no su vigencia formal —ya está en vigor— sino su funcionamiento en los términos en que fue concebido.

La diferencia que existe entre cualquier otro órgano creado con anterioridad bajo estas circunstancias, y el Sistema Nacional Anticorrupción, es que éste último es consecuencia del consenso generalizado en México de que la corrupción y la impunidad constituyen los mayores y más corrosivos cánceres que pueden existir en nuestra sociedad, y que por ende no debe haber un solo minuto de tregua para combatirlos. Seguramente por eso cae tan mal, y es tan rechazada, la intención del régimen actual de que sean otros quienes pongan en marcha el sistema. Porque parece además, que el país ya no está para seguir aguantando esos aplazamientos a conveniencia sólo de algunos intereses.

DAÑO ECOLÓGICO

Por cierto, ¿al final quién responderá por el enorme daño ecológico que provocó la decisión de convertir las riberas del río Atoyac en un enorme basurero a cielo abierto? Porque sí, qué bueno que ya están retirando la basura. Pero ahí resultarán responsabilidades de diversas magnitudes —que deberían terminar alcanzando a funcionarios de los tres órdenes de gobierno— que no deben ser minimizadas ni escondidas, frente a ese muladar temporal que crearon a la vista de todos los oaxaqueños.

+ Inmunidad constitucional: un anhelo que choca con la realidad

Uno de los acuerdos establecidos para el presente periodo de sesiones entre las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, es la eliminación del fuero o inmunidad constitucional que protege a ciertos servidores públicos. Si la intención de los legisladores tiene como derrotero eliminar el esquema de privilegios para los funcionarios y representantes populares en Oaxaca, entonces la reforma a la Constitución tendría que ir más allá del fuero y extenderse a otros temas que, socialmente, son tanto o más irritantes que la propia figura del fuero.

En efecto, la semana pasada el gobernador Alejandro Murat Hinojosa presentó ante la LXIII Legislatura una iniciativa de ley, que tiene como objeto reformar la Constitución para eliminar la figura de la inmunidad que protege a ciertos servidores públicos y representantes populares, frente a la procedencia de procedimientos del orden penal. Concretamente, la iniciativa contempla derogar los artículos 118 y 119, y reformar el 123, todos de la Constitución local, para desechar todo lo relacionado con el régimen de inmunidad que se establecía para diversos funcionarios y representantes populares durante el tiempo de sus funciones, y únicamente establecer que en los delitos del orden común, los funcionarios estatales no gozarán de protección constitucional alguna “pudiendo en consecuencia proceder contra ellos ante la Fiscalía General del Estado”, establece la iniciativa.

Esta iniciativa es, esencialmente, consecuencia de dos factores: primero, de que en el Congreso ya existen otras iniciativas similares presentadas por fuerzas de oposición en esta misma Legislatura; y segunda, que socialmente la exigencia de la eliminación del fuero ha permeado no sólo en entidades gobernadas por fuerzas distintas al PRI, sino que incluso estados que son de mayoría tricolor están accediendo a eliminar el fuero como una forma de demostrar voluntad porque la clase política no siga siendo objeto de privilegios o de trato diferenciado frente a la población en general, cuando se está ante la comisión de un delito de cualquier tipo.

En el primero de los casos, es evidente el Ejecutivo únicamente está intentando evitar que alguna fuerza de oposición le robe la posibilidad de ser quien impulse, hasta su concreción, la eliminación del fuero. Al menos en la presente Legislatura, este ha sido un tema prolífico y recurrente y, de hecho, ya hubo un intento previo que fue frenado por la propia fracción parlamentaria del PRI, que en aquellos momentos se negó a apoyar la posibilidad de que la eliminación del fuero alcanzara también a la figura del Titular del Poder Ejecutivo.

En esa lógica, pudiera pensarse que a estas alturas, el Ejecutivo aún puede ganar el debate relacionado con el fuero. Sin embargo, lo único que se evidencia es que de nuevo el poder público ha sido reactivo frente a demandas de la ciudadanía, que no necesariamente tienen que ver con una persona en concreto, sino con una figura que claramente no concuerda con la realidad en las circunstancias actuales.

Puede pensarse, de hecho, que la eliminación del fuero constituye una reforma de poca utilidad práctica porque en realidad muy pocos funcionarios o representantes populares, se han escondido tras la figura del fuero para evadir sus responsabilidades penales.

No obstante, casos recientes como el de Humberto Moreira en Coahuila, que intentó acceder a una diputación local para no enfrentar las responsabilidades derivadas de su ejercicio como gobernador; el del diputado local guerrerense Saúl Beltrán Orozco, a quien la Fiscalía de aquella entidad acusa de ser el líder de una peligrosa banda criminal; o el de Antonio Enrique Tarín García, que recientemente intentó asumir como diputado federal para no responder por las acusaciones de peculado que se le formularon por su actuación como parte del gobierno de César Duarte en Chihuahua, ponen en claro que ahora sí algunos han intentado que la figura del fuero sea utilizada con fines distintos respecto a los que se consideraron para su establecimiento en la Ley.

FIGURA INCÓMODA

El fuero, en su tiempo, fue pensado como una forma de garantizar la independencia de los servidores públicos y los representantes populares durante sus periodos de ejercicio como tales. En los libros de Derecho Constitucional, siempre se asumió al fuero como una inmunidad constitucional establecida para impedir que los servidores públicos fueran presionados, a través del ejercicio de la justicia combinado con la corrupción, a tomar cierta determinación o actuar de alguna forma diversa al interés público.

Así fue ideada dicha figura, y así fue asumida por mucho tiempo —en el que la política estaba por encima de la acción de la justicia y, de hecho, ésta era un instrumento de aquélla—, hasta que la pluralidad política provocó que no toda la clase política fuera homogénea, y que entonces sí hubiera diferencias entre la política y la justicia. Por eso, a partir de la pluralidad, la inmunidad dejó de ser un premio o una condición política de facto; pero por eso mismo, el fuero pasó de ser la inmunidad considerada como garantía del ejercicio público independiente, a una posibilidad de privilegio utilizado para evadir responsabilidades no ligadas a su condición de funcionario, sino más bien derivadas de ello.

Esa misma pluralidad fue la que permitió poner en el debate la posibilidad de la eliminación del fuero, y es la que ahora parece haber movido al Ejecutivo a tomar de forma emergente esta bandera, que inicialmente no estaba en el radar de sus prioridades pero que sí había sido ventilada ampliamente por otras fuerzas opositoras. Al final, el problema político que tendrán todos los que decidan apoyar esta o cualquier otra de las iniciativas en ese sentido que existen en la Legislatura local, es que nadie podrá arrogarse la paternidad de la misma, y mucho menos el Ejecutivo que en realidad ha sido el último impulsor, y no el primero, de este tema.

No obstante, lo que todos deberían asumir es que lo verdaderamente trascendente ya no está en la eliminación del fuero. Éste ya fue derogado de las Constituciones de una decena de entidades federativas y por ende ya no es un asunto particularmente destacable. Lo realmente importante sería que los diputados locales y el Ejecutivo, decidieran ir más allá para eliminar todo el régimen de privilegios que ronda sobre los servidores públicos de primer nivel en la entidad.

Esos privilegios van desde los altos salarios y prestaciones —de jure y de facto— que tienen los funcionarios de primer orden, hasta temas como las remuneraciones extraordinarias y discrecionales, las pensiones y otros aspectos que deberían también ser no sólo revisados con detalle, sino desechados completamente. Al final, no se trata sólo de “hacer economías” con el presupuesto público, sino de demostrar solidaridad con la gente que no tiene para comer, que no puede satisfacer sus demás necesidades básicas, o que simplemente demanda que no existan privilegios desproporcionados respecto a la función pública que realizan. Eso sí sería un aspecto destacable, al que ya se refirió el diputado Jesús Romero en una iniciativa que rebasa el tema del fuero para tratar de ubicar otros temas socialmente sensibles, que son concomitantes a él.

REFORMA INTEGRAL

Ahora falta ver si existe sensibilidad y disposición por parte de los legisladores locales, para hacer eco a esas iniciativas, junto con la que recientemente presentó el Ejecutivo para convalidar su disposición para la eliminación del fuero. Abordar el tema en conjunto, y no por asuntos aislados, pondría verdaderamente a Oaxaca como un ejemplo nacional de austeridad institucional, y de solidaridad con la población. Pero falta ver que lo hagan.

+ Su origen fue la copia; magisterio nunca hizo algo por rescatar las tradiciones

Es una lástima que, como expresión cultural, la Guelaguetza magisterial vaya en franca decadencia. Lo peor es que ese declive era esperado porque en realidad la Sección 22 nunca tuvo la intención de preservar y/o rescatar la fiesta de los Lunes del Cerro en términos culturales, de tradición o de folclorismo. Más bien, lo que siempre intentó fue confrontar al gobierno estatal con la celebración “oficial”. El problema es que a diez años de distancia la llamada “Guelaguetza magisterial” ya mostró todas las grietas que siempre estuvieron ahí, pero que hoy son ya más que evidentes.

En efecto, las solas imágenes difundidas en diversos medios informativos locales daban cuenta de lo decadente que fue la primera celebración de la Guelaguetza magisterial. Mientras algunos grupos radicales estaban empeñados en enrarecer el ambiente de la otra fiesta de los Lunes del Cerro —de la Guelaguetza oficial— para ver si lograban que la gente no llegara hasta el Auditorio, al Estadio Tecnológico llegaron apenas unos cuantos cientos de personas que ni de lejos fueron suficientes para repetir la convocatoria que dicha celebración tuvo en sus nueve ediciones previas. A estas alturas, la propia Sección 22 debería recapitular en los orígenes y circunstancias de la celebración, para luego valorar si continúa realizándola. Si la memoria no nos falla, estas debieran ser algunas coordenadas indispensables:

1. Su origen. A diferencia de la narrativa que intenta ahora establecer la Sección 22, la Guelaguetza magisterial no surgió en 2006 —durante la revuelta magisterial y popular— sino que fue consecuencia de ella. En aquel año, el objetivo central de la 22 radicó en impedir que se realizara la fiesta del Lunes del Cerro en el Auditorio Guelaguetza. Al calor del movimiento y la confrontación, improvisaron algunos bailes en el entonces descampado anexo al Instituto Tecnológico de Oaxaca, y dijeron que esa era la Guelaguetza popular, aunque en realidad no tenía una forma definida. Ya al año siguiente, en 2007, y en el marco de los acuerdos establecidos entre el magisterio, el gobierno federal y la administración de Ulises Ruiz, la 22 definió su intención de impulsar su propia Guelaguetza, e incluso exigió que se le facilitara el Auditorio Guelaguetza para su realización. Fue en esos términos como nació la Guelaguetza magisterial que hoy conocemos.
2. Su financiamiento. En la espontaneidad del 2006 hubo mucha gente solidaria con el movimiento magisterial que acudió al llamado de una Guelaguetza alternativa. Pero al año siguiente hubo ya un enorme despliegue de infraestructura, sonido, enlonados, sillas, tarimas y demás, que fue pagado por el gobierno estatal, como parte de los acuerdos alcanzados para la distensión del conflicto. Aunque nunca fue reconocido expresamente ni por el magisterio ni por el gobierno estatal, lo cierto es que éste último fue quien facilitó a la 22 todos los insumos para la realización de su celebración, aunque el Comité Ejecutivo Seccional aún guardó las formas y pidió una mínima cooperación a toda su membresía dizque para costear la Guelaguetza magisterial. Ese dinero, si en realidad se ocupó en algo relacionado con la celebración, debió haber sido en gastos menores, porque el gobierno estatal corría con todos los gastos de la organización de la celebración, y de la recepción a las delegaciones invitadas.

MALA COPIA

3. Celebración “alter ego” de la oficial. Pronto la Guelaguetza magisterial dejó ver que no tenía ninguna otra intención más que la de ser una competencia a los Lunes del Cerro organizados por el gobierno. La Sección 22, que tiene presencia en todos los rincones de la entidad y cuyos integrantes gozan —en su mayoría— de un inmejorable arraigo social, no fue capaz de proponerse como meta la preservación o el rescate de ciertas expresiones culturales y folclóricas que podrían estarse perdiendo —y que, de hecho, así ocurre— por el giro económico y mercantilista que ha tomado la celebración original en aras de que, por ejemplo, exista una versión vespertina de la Guelaguetza. No les interesó. No lo hicieron. Y por eso, la Guelaguetza magisterial no ha sido sino una mala copia de la celebración “original” u oficial sin tener, a diez años de distancia, algún valor cultural o social agregado por haber contribuido en algo a preservar tradiciones o expresiones que pudieran contrarse en riesgo de desaparición.
4. Su poder de convocatoria. Durante varios años, era innegable que la Sección 22 tenía similar o hasta mayor poder de convocatoria a su propia representación de la Guelaguetza. Proporcionalmente, hubo años que la 22 lograba atiborrar los campos del Instituto Tecnológico de Oaxaca con gente a la que no invitaba ni le cobraba boleto de admisión, sino que simplemente prefería la celebración magisterial a la oficial. Aunado a eso, la propia dirigencia magisterial establecía algunas responsabilidades a sus miles de agremiados para que “coberturaran” el evento de la mejor forma que ellos conocen: acarreando miles de personas. Ahora no lo hicieron. Y con esa falta de cobertura de su membresía, demostraron también que ya no gozan de la simpatía y aceptación social que tuvieron en otros tiempos.
5. Sus dislates. Han cometido varios, pero el mayor de ellos fue la “invitación” a la Guelaguetza magisterial, que el año pasado se le ocurrió a “alguien” de la Sección 22 y que fue lo mismo objeto de burlas y escarnio, que de abiertas muestras de rechazo por su frivolidad. En esa invitación, difundida a través de Youtube —ahí todavía existe el video— la 22 señala que ellos son los “guerreros flechadores del sol, los jamás conquistados, la gente que viene de las nubes”, para luego decir que son también la gente “con hambre y sed de justicia”, mientras ejecutan diversos bailes representativos… en medio de los camiones y destrozos ocurridos el 19 de junio durante el enfrentamiento en la súper carretera a la altura de Nochixtlán. Ello, con toda seguridad, no les hizo ganar ningún adepto ni fue un acto de reivindicación. Más bien fue una demostración de insensibilidad y soberbia frente al dolor de los deudos de las personas caídas en el enfrentamiento, y también de cara a la gente que en la ciudad de Oaxaca sólo quiere paz.
6. La pérdida de interés. Hoy queda claro que si hay algo que no le interesa al magisterio es su propia versión de la Guelaguetza. Por eso la han dejado descobijada, desatendida y ahora exhibida en sus propias fragilidades. Ya no ocultan el financiamiento oficial que reciben no sólo para la celebración de la Guelaguetza, sino también para la realización de su convite, su desfile de delegaciones, la quema de su castillo con juegos pirotécnicos, y todo lo que implica la suntuosa celebración que realizan. Al final, la Sección 22 dice que realiza su Guelaguetza bajo la consigna de no olvidar, aunque en realidad ellos mismos le están apostando al olvido al terminar de desnaturalizar lo que ellos mismos impulsaron, y al revelar su indiferencia frente a algo que pudo servir no para posicionar lo oficial o lo alternativo, sino para ser un referente de las diversas expresiones culturales de los pueblos de Oaxaca.

Algo lamentable, desde donde se le quiera ver.

GUELAGUETZA, ¿QUÉ ES?

Los grandes espectáculos están hechos para ser repetidos fiel y escrupulosamente, de manera indefinida. Así funciona el teatro, los conciertos, y todas las representaciones artísticas cuando tienen una finalidad comercial. ¿Por qué no entonces definir un formato específico e inamovible de la Guelaguetza, y repetirla fiel e infinitamente? Hoy, la queja común es lo tediosa y aburrida que resulta la celebración por la inclusión de delegaciones que van a representar bodas, celebraciones religiosas, calendas y mayordomías, y no los bailables que la gente quiere ver. Por ello, ese intento de simbiosis entre tradicional y comercial ha sido un fracaso, porque no han entendido que no es la misma gente quien va al Auditorio en la edición matutina y vespertina, y que tampoco es la misma que va al primero y al segundo lunes. Deberían pensarlo con practicidad para dejar de manosear las ya de por sí muy cuestionadas decisiones del mal llamado “Comité de Autenticidad”.

+ Crítico, enfrentar a las instituciones contra las resistencias humanas

Nada garantiza que el nuevo sistema de justicia penal prevalezca en sus condiciones actuales. Al contrario: parece haber —y en este espacio lo hemos señalado con abundancia— una especie de “alianza” entre diversos poderes fácticos y formales para consumar una contrarreforma al sistema, disfrazada de un “ajuste” que no haría sino hacernos retroceder varios pasos hacia el modelo inquisitivo que se supone que tendría que estar en vías de desaparecer. Si no entendemos de fondo la lección —y la premonición— que eso representa, entonces estaremos destinados a repetir el fracaso con el Sistema Nacional Anticorrupción.

En efecto, es clara la intención de reformar el recién estrenado sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para restablecer algunos criterios relacionados con la prisión. Parece quedar claro que la idea prevaleciente en la mayoría de las conciencias del país, es la que apunta a que frente a la comisión de los delitos que socialmente se consideran como graves, debe haber una respuesta ineludible de privación de la libertad.

No se ha entendido —ni se ha querido comprender— que en realidad el nuevo sistema de justicia penal no dispone en sí mismo la tasación de los delitos según su gravedad, sino la consideración de las circunstancias que envuelven al imputado —es decir, a la persona a la que se le acusa de la comisión del delito— para establecer la prisión según las condiciones. Así pues, el sistema permite al juez aplicar su propio criterio en el establecimiento de las medidas que deba imponer no para mantener necesariamente en prisión a la persona que lo comete, sino para garantizar las condiciones para que éste permanezca sujeto al procedimiento penal que se inició en su contra.

En esa lógica, la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y los códigos procedimentales en materia penal de las entidades federativas, en lo que son aplicables respectivamente, establecen sólo un catálogo mínimo de delitos por los que se puede imponer la prisión preventiva oficiosa. Esos delitos son, entre otros, homicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada, delitos cometidos con el uso de armas de fuego y violencia, y los que tienen que ver con la corrupción de personas menores de 18 años de edad.

Sólo en esos casos, el Juez debe imponer prisión preventiva al imputado, al margen de las circunstancias en que ocurre la presunta comisión del delito. Pero en los demás casos —como es la portación de armas de fuego, robos y algunos otros por los que hoy en día muchos pretenden culpar al sistema de justicia por ser una “eterna puerta giratoria” por la que entran y salen de prisión los delincuentes— es el Juez quien debe considerar las medidas cautelares que le imponga al imputado son las suficientes para que éste no se sustraiga de la acción de la justicia —pudiendo incluso decretar la prisión preventiva oficiosa si esa es la medida que considera como indispensable para que una persona que, por ejemplo, ha sido reincidente; que no tiene arraigo en la entidad donde cometió el delito; que no puede ofrecer certeza de su permanencia; o que a juicio del juez representa un riesgo de sustracción del procedimiento que existe en su contra.

Así pues, en realidad el problema de la “eterna puerta giratoria” en realidad no es responsabilidad de la ley, sino del conjunto de operadores del sistema: jueces, fiscales, peritos, policías investigadores, abogados y demás participantes, son quienes tienen la responsabilidad de actuar con eficacia en las facultades discrecionales que la propia ley les da para que establezcan medidas según su tasación de circunstancias, y su criterio. Y por eso mismo, esa “eterna puerta giratoria” que evidentemente constituye y promueve injusticias, en realidad no es responsabilidad del sistema, sino de quien no lo está aplicando en los términos que debería.

¿Cuál es el resultado? Que hoy vemos un bombardeo brutal de opiniones deliberadas —y muchos oficiosos que no saben ni de lo que hablan, pero que repiten cómodamente los supuestos argumentos en contra del sistema de justicia penal— y de intenciones de funcionarios federales, gobernadores, legisladores y hasta de medios de comunicación, que se pronuncian a favor de una contrarreforma al sistema de justicia penal, como si con ello resarcieran el problema de que los operadores del nuevo modelo de justicia no están actuando a la altura de las circunstancias del país, ni de las exigencias que establece el propio sistema.

EL SNA, QUE PONGA SUS BARBAS A REMOJAR

Hay otro problema en puerta, tanto o más grave que el relacionado con el nuevo sistema de justicia: somos testigos de cómo en el país, el propio sistema político está frenando —hasta el oprobioso límite de sus capacidades de resistencia— la conformación de todos los órganos y normas que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

Concretamente, han hecho todo para no definir los nombres y los alcances de la Fiscalía Anticorrupción, y para no permitir el avance de los comités que integran el Sistema. A partir de esa pauta, lo siguiente que veremos son los obstáculos para la puesta en marcha de las atribuciones del propio Sistema. Y si no vira la forma de entender sus alcances, después veremos el cuestionamiento al Sistema como el mecanismo de demostrar que éste no sirvió y que por esa razón se debe reformar —o contrarreformar— para supuestamente corregir los errores pero muy probablemente para frenar de manera definitiva sus capacidades de fiscalización, control y persecución de los delitos y faltas relacionados con la gestión pública.

Lamentablemente, el sistema de justicia está poniendo la pauta: aunque tardó ocho años para entrar en vigor, hoy resulta que —relativamente— muy pocos operadores e instituciones se tomaron en serio la responsabilidad de reaprender todo lo necesario para hacer funcional y eficaz dicho modelo, y hoy que esas circunstancias han hecho turbulento el avance del sistema, otras voces oportunistas apuntan a que es mejor reformarlo y hacerlo retroceder para que entonces sí se cumplan las expectativas del binomio delito/prisión que quieren seguir viendo todos aquellos que justamente no quieren que las cosas cambien, y que tampoco están de acuerdo en que sean las propias circunstancias las que pongan a prueba a las instituciones, para que éstas se crezcan ante esos retos.

Al final, es claro que la corrupción y la impunidad son dos de los más grandes flagelos que enfrenta nuestro país. El de la impunidad intentó abordarse a partir del establecimiento de un nuevo modelo de justicia que pusiera a las víctimas en la cúspide de su operación y de sus prioridades, pero que hoy está siendo sometido a fuertes presiones gracias a sus errores de aplicación. Exactamente lo mismo puede ocurrir con el Sistema Nacional Anticorrupción, si al final triunfan las intenciones de todos aquellos que no sienten fragmentada su alianza permanente por llevar a la quiebra al Estado de Derecho en México.

EL PLANETARIO

No sólo para la Secretaría de Administración, sino para todo el Gobierno del Estado, sería una muy buena forma de celebrar las más de cuatro décadas de existencia del Planetario Nundehui, modernizándolo. Dicen los expertos, que ese es el último planetario del mundo que sigue —medio— funcionando con diapositivas fotográficas y proyectores de los años setentas. Quién sabe si en realidad sea el único en esas condiciones, pero lo cierto es que en todos los demás planetarios del país, las proyecciones se hacen por computadora, con tecnología de imagen de alta definición, y sonido de alta fidelidad. ¿Lo sabrán?

+ Modificación al sistema de justicia, y en asuntos electorales, los ejemplos

Es inaudito que mientras la política nacional es un caos, el único consenso político aparente sea a favor de una contrarreforma. Es lo que están intentando conseguir desde diversos frentes, todos aquellos que se han pronunciado por una modificación a las condiciones de operación del nuevo sistema de justicia penal. Si consiguen también el aval legislativo —que no es complicado, dadas las condiciones actuales de esa discusión— entonces estaríamos en el preámbulo de la consumación de una de las más grandes felonías cometidas, desde el poder público, en contra de sí mismo, y de las personas. Vale la pena reflexionarlo y entender la trascendencia de ello.

En efecto, desde hace varios meses el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha sostenido que la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, ha sido la causa del incremento en los índices delictivos de la capital del país.

Sin argumentar demasiado, y sin ofrecer tampoco datos corroborarles de sus afirmaciones, ha responsabilizado al sistema de justicia y con ello ha intentado disculparse ante la ciudadanía por la explosión delictiva que hoy azota a la Ciudad de México. Su remedio propuesto, hoy llevado ya a la arena nacional, ha sido el de modificar algunas condiciones de justicia para eliminar lo que ahora otros mandatarios han denominado como “hipergarantismo”. Algo verdaderamente atroz, si consideramos que lo que está en juego es el catálogo de derechos fundamentales que compartimos todas las personas.

De hecho, Miguel Ángel Mancera ha hecho de la contrarreforma al Sistema de Justicia Penal su principal tema, ahora que preside la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esa bandera ha sido ahora compartida por otros gobernadores que también tienen problemas con sus índices de criminalidad, y que también encontraron la ruta fácil de secundar las intenciones de Mancera de eliminar algunos de los principios del sistema acusatorio para evitar que ese “hipergarantismo” permita que los delincuentes enfrenten sus procedimientos fuera de prisión.

En términos sencillos, eso apunta a regresar, así sea parcialmente, al sistema de justicia que se supone que abandonamos en junio del año pasado cuando entró en vigor la llamada reforma penal; y a volver a esquemas de justicia que sostenidamente probaron ser tan nocivos —y mucho más—, como los que ahora se satanizan por quienes no han entendido que uno de los imperativos de la toda reforma de gran calado radica en ajustar su funcionamiento sobre la marcha, a partir de la experiencia.

El problema, en este caso, apunta a que esa experiencia que ellos están socializando y haciendo pasar por válida, en realidad es la justificación de la ineptitud y la indolencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno por hacer lo que es correspondía, en el tiempo y las circunstancias correctas en lo que corresponde a los esquemas de capacitación y profesionalización de todos los que participan en el nuevo sistema de justicia. Como no lo hicieron cuando debían, hoy el sistema penal no funciona bien. Y lo que quieren es aplicar una contrarreforma para eliminar de la ley los imperativos que ellos no cumplieron, sin reconocer que su prioridad tendría que radicar en ajustar sus políticas y conductas a los requerimientos actuales.

EXTRAÑA UNANIMIDAD

El primero fue Mancera, pero detrás de él han venido otros gobernadores. Los de Hidalgo, Durango, Querétaro y Nuevo León expresaron que el próximo lunes la Conago —ese órgano de gobernadores que con el tiempo se ha ido erigiendo en un grupo de presión, más que en un contrapeso del poder federal— solicitará al Congreso de la Unión cambios legales al nuevo Sistema de Justicia Penal, ante la posibilidad de que miles de reos salgan de la cárcel si solicitan una revisión de su caso para seguir su proceso en libertad, como lo determinó la Suprema Corte, y afinan propuestas para una eventual reforma.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad dice, por ejemplo, que estudian propuestas de reforma al nuevo sistema penal acusatorio, para evitar “hipergarantismo” que permita a presuntos delincuentes enfrentar sus procesos en libertad, en menoscabo del derecho de las víctimas a tener justicia. Estableció también la necesidad de revisar, en particular, la reclasificación del delito de portación de armas de fuego como no grave, razón por la que los indiciados a causa de ese ilícito no pisan la prisión, tema que “preocupa”, dijo.

“Estoy impulsando una buena parte de la reforma al nuevo sistema de justicia penal acusatorio para reforzarlo, porque los operadores de la justicia, como son los jueces y los ministerios públicos, nos están refiriendo una serie de actitudes de la delincuencia de estar aprovechando algunas cosas del sistema donde hay hipergarantismo o garantismo extremo (…) Se trata de que esto no suceda, queremos exacto equilibrio entre los derechos de los imputados, que deben respetarse todos sus garantías, en eso no vamos a retroceder, pero tenemos que garantizar que no se vayan a poner por encima de los derechos de las víctimas”, señala.

Fayad refutó que los gobernadores busquen señalar fallas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio para evadir responsabilidades. “No se trata de que nos justifiquemos o justifiquemos a la violencia. Por eso se realiza una amplia valoración con participación de víctimas, académicos, y la mayoría coincidimos en que debemos ayudar a desarrollar el sistema de justicia”.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro dijo que los mandatarios coinciden en que se tiene que modificar el nuevo sistema de justicia, porque hay personas que pudieran incluso estar en libertad cuando fueron detenidos por portación de arma. “Vamos a firmar un manifiesto todos los gobernadores para pedirle al Poder Legislativo que legisle en esa materia, pero también estamos tomando medidas en torno a una posible salida [de presuntos delincuentes] de esa manera”, dijo el mandatario al término de la ceremonia por el 15 aniversario de la Fundación de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Francisco Domínguez, mandatario de Querétaro, explicó que van a mandar una carta pública, suscrita por todos los gobernadores, para urgir primero a la Cámara de Diputados y luego al Senado, para que todo lo que determinó la SCJN, respecto a que los criminales sigan su proceso en libertad, se revisen, porque es uno de los defectos del nuevo Sistema de Justicia Penal. “Todos los gobernadores mandaremos una carta pública en todos los medios, a más tardar el lunes, donde los integrantes de la Conago urgimos, con todo respeto, empezando por la Cámara de Diputados y siguiendo al Senado, que todo lo que ordenó la SCJN para que los criminales sigan su proceso en libertad, se revisen. Esos son los defectos del nuevo Sistema de Justicia Penal”.

PRESIONARÁN A LOS LEGISLADORES

El presidente Enrique Peña Nieto ha sido ambiguo en el tema, pero no ha rechazado la posibilidad de una contrarreforma. Y la postura legislativa es la que más preocupa, porque ni por bancadas ni por entidades federativas, ha habido pronunciamientos consistentes a favor o en contra. Parece que los únicos que defienden la preservación del sistema de justicia en sus condiciones actuales, está en quienes lo crearon y en quienes directamente lo operan. Pero ellos no tienen la fuerza y la presencia política de los gobernadores. Así, con esa extraña, inusitada —y nociva— unanimidad que parece haber entre gobernadores, lo que podría ocurrir es que presionen a sus diputados federales y senadores, para hacer que esta contrarreforma pase. Sería la demostración de que existe una nueva grieta en el sistema federal, a partir de la cual algunos se ponen de acuerdo para frenar el perfeccionamiento —así sea turbulento— del Estado de Derecho.