Según el diccionario, egoísta es aquella persona que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Esa misma definición puede aplicarse a las agrupaciones sociales. Y esto resulta más nocivo, cuando tal definición se centra en organizaciones que se supone que nacieron para combatir el egoísmo y los abusos por parte del Estado, pero que ahora ejercen su poder indiscriminadamente, sin importar las consecuencias sociales que eso implique. Varios sindicatos en Oaxaca son muestra palmaria de ello.

En efecto, en los últimos tiempos hemos visto cómo varias instituciones públicas han entrado en una espiral interminable de crisis, y que en el fondo de ese problema puede vislumbrarse el sello de los sindicatos. Éstos fueron concebidos como una forma de equilibrar los factores del capital y del trabajo, en tiempos en los que eran comunes los abusos cometidos por quienes eran dueños de los centros de trabajo en detrimento de la clase trabajadora, que no tenía forma de defenderse de las presiones y los excesos que se les imponían a cambio de su trabajo.

De hecho, durante todo el siglo XX, México fue un referente de los derechos sociales elevados a rango constitucional, por la determinación del Constituyente de 1917 de establecer en la Constitución, entre otros, el llamado “derecho del trabajo”, que establecía las bases a partir de las cuales debían regirse las relaciones de trabajo, los derechos de los trabajadores y, justamente, la existencia de las organizaciones sindicales como un mecanismo a partir del cual se buscaba el equilibrio de los factores del trabajo, y se reconocía el derecho de asociación laboral de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Todo ello es destacable por el modelo que estableció la Constitución mexicana para la defensa de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, también fue cierto que esos elementos luego sirvieron también para alimentar el corporativismo del que se sirvió el régimen de partido hegemónico para mantenerse en el poder, y que esa relación entre las organizaciones sindicales y el partido oficial se nutrió de canonjías, excesos e irresponsabilidad en el establecimiento y cesión de las llamadas “conquistas sindicales”. Así como el viejo régimen priista le dio a los ciudadanos estabilidad a cambio de arrebatarles la democracia, a los trabajadores y a los sindicatos les dio privilegios a cambio del apoyo incondicional que, valga decirlo, se ofrecía también a costa de la democracia.

Esa dinámica se replicó a todos los niveles y en todas las proporciones. Por eso, luego en las instituciones ocurrió un nuevo fenómeno en el que, quienes tenían a cargo el manejo y la administración de los recursos cometían todo tipo de tropelías, y para no ser denunciados o señalados convertían en cómplices a los trabajadores sindicalizados, ofreciéndoles más privilegios. Una de las características comunes era que cuando ello ocurría, no había perspectiva de futuro. Por eso, para cometer juntos sus tropelías ponían en riesgo la permanencia de los servicios y el futuro de las instituciones, hipotecando los recursos y la estabilidad que alguna vez tuvieron instituciones como las universidades públicas, los servicios educativos, de salud y muchos otros que hoy se encuentran en un proceso muy profundo y complejo de crisis financiera, que en algunos casos es prácticamente imposible de solucionar.

CRISIS POR DOQUIER

Oaxaca tiene ejemplos de sobra. Acaso, el más complejo es, y ha sido, el de la Sección 22 del SNTE, a la que a cambio de estabilidad y apoyo político y electoral, diversos gobiernos la alimentaron con prestaciones que hipotecaban el futuro financiero de la entidad. El resultado de todo eso fue el punto en el que la economía gubernamental estatal no soportó la continuación de dichos privilegios, y eso provocó una monstruosa crisis social reflejada en una revuelta encabezada por el magisterio en 2006.

El inicio de aquel conflicto fue por motivos económicos. Y, años después, eso mismo derivó en la urgencia federal por rescatar no sólo la nómina magisterial sino todos los elementos de gobernabilidad y estabilidad social que ya estaban en juego. En alguna medida esa fue una de las razones que propiciaron la reforma educativa; y la única solución posible al problema financiero, fue que el gobierno federal tomara el control de la nómina educativa —a través del llamado FONE— del que ya no tenemos una referencia clara sobre su costo real tanto para los fondos federales como para las arcas gubernamentales oaxaqueñas.

Ese, lamentablemente, no es el único caso. Otro ejemplo es el de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, que vive una realidad asimismo complejísima a causa de los sindicatos que viven y exigen una cantidad inmensa de recursos de manera periódica. El problema, en ese caso, es que como la UABJO no ha entrado en una dinámica de crisis mayor derivada de su situación financiera, el Estado oaxaqueño —y mucho menos la federación— no le ha tomado la importancia que tiene no sólo su rescate, sino el establecimiento de un gran pacto para garantizar la viabilidad sindical en el mediano y largo plazo, que es una de las principales apuestas del rector Eduardo Bautista Martínez, que sistemáticamente ha hecho pública la crítica situación financiera de la Universidad, y ha establecido las coordenadas precisas que deberían seguirse para un rescate efectivo de las finanzas universitarias.

El problema es que, en ese caso, los sindicatos y los factores reales de poder al interior de la Universidad no sólo no tienen interés en eso, sino que insisten en seguir medrando con los recursos universitarios. Ahí ha habido todo tipo de excesos, que evidentemente llegaron a su punto clímax con la llamada “familia real”, que terminó de hipotecar el fututo universitario a través de una ordeña indiscriminada de recursos para la manutención de grupos porriles, la “compra de paz” a los sindicatos, y la búsqueda de privilegios para ellos mismos. ¿Cuándo cambiará lo anterior? Parece que nunca, mientras todos insistan en mantener su actitud de egoísmo frente a las amenazas que se ciernen sobre toda la Universidad.

Finalmente, eso mismo ocurre con muchas otras instituciones gubernamentales. Salud sigue siendo un ejemplo ominoso de ello, no sólo por el sindicato y sus enormes privilegios, sino también por la irresponsabilidad de quienes han tenido en sus manos el futuro y la estabilidad de las instituciones, pero que decidieron venderla a cambio de llevarse unos pesos —mal habidos— a la bolsa.

¿CANDIDATURAS EN VENTA?

Se dice, por cierto, que con recursos universitarios, un conocido ex Rector de la UABJO anda haciendo todo por “comprar” —literalmente— la candidatura a una diputación federal, o cuando menos local, en Morena. ¿Será?

Uno de los cambios más trascendentes anunciados por el Gobernador Alejandro Murat ayer lunes, fue el de la titularidad del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. El director saliente, Germán Cervantes Ayala, entregó finalmente la responsabilidad al oaxaqueño Francisco Ángel Villarreal, que ahora tendrá el enorme reto de constatar que el gobierno estatal es capaz de conducir nuevamente la política educativa y la compleja relación con la Sección 22 del SNTE, en un marco de institucionalidad y cumplimiento de la reforma educativa en todos sus aspectos.

En efecto, en un acto realizado la mañana de ayer en el Centro Cultura y de Convenciones, el Gobernador Murat Hinojosa anunció nuevos cambios en el gabinete, por lo que nombró a Juan Pablo Guzmán Cobián como nuevo Secretario de Economía; Ana Vásquez Colmenares como Secretaría de la Mujer Oaxaqueña; y Francisco Ángel Villarreal como Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Así también a Francisco Ángel Maldonado Martínez, como titular del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET) y como encargados en la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Ignacio Antonio Toscano Jarquín; en la Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF Oaxaca-, Christian Holm, y como encargada del INJEO, Alma Ruth Bohórquez Rodríguez.

De entre todos estos movimientos, uno que reviste particular importancia es el de la titularidad del IEEPO, por el amplio y complejo proceso que esta institución ha seguido, desde que le fue expropiada a la dirigencia de la Sección 22 del SNTE en julio de 2015. Si se entiende bien la magnitud de lo que ocurrió entonces, la refundación del IEEPO vino acompañada de una clara actitud de desconfianza por parte del gobierno federal en contra de la administración de Gabino Cué.

Si bien éste había colaborado en el “rescate” del instituto educativo —al ser quien firmó el decreto de extinción del antiguo IEEPO, y la conformación de una nueva institución del mismo nombre—, para todos era evidente que la actitud del entonces Gobernador era potencialmente sumisa y sujeta a las presiones magisteriales.

Por esa misma razón, desde que se creó el llamado “Nuevo IEEPO”, el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública mantuvo una vigilancia estricta de los movimientos y decisiones al interior del instituto educativo, y luego de un periodo relativamente corto de existencia del llamado “Nuevo IEEPO”, pactó con el Gobernador Cué la renuncia de Moisés Robles Cruz, y el nombramiento de Germán Cervantes Ayala —un funcionario de carrera en la SEP— como una especie de “director de transición” que garantizara la continuación de la implementación de la reforma educativa, independientemente del cambio de administración en la entidad.

El problema, según lo diagnosticaba la SEP, no era de nombres o de talantes políticos, sino eminentemente técnicos y de intereses. El gobierno federal acababa de asumir el control de la nómina educativa a través del FONE, y mantenía una fuerte disputa con el sindicato magisterial oaxaqueño por la aplicación de las evaluaciones. Por eso, la SEP no podía permitirse que en el marco del cambio de administración, el IEEPO quedara sujeto al vaivén de alguna flaqueza política o de alguna coyuntura a través de la cual los intereses de la Sección 22 pudieran filtrarse.

Por eso, con Cervantes Ayala al frente del IEEPO buscaron mantener a flote los temas y los espacios más relevantes a pesar de que en varios momentos parecía que la 22 podía retomar espacios que antes le habían sido ya arrebatados.

MANTENER LOS EQUILIBRIOS

Con el cambio de administración, sin embargo, sí hubo algunos cambios menores en el instituto educativo. Las cuestiones administrativas ordinarias del Instituto quedaron en manos de un nuevo grupo, que intentó ganar espacios e influencia en las decisiones educativas. En no pocos momentos, se apreció que algunos movimientos magisteriales eran impulsados desde algunas áreas del Instituto, que pretendían debilitar las posiciones de Cervantes Ayala como Director General del IEEPO, tales como las áreas administrativas o, particularmente, la Coordinación de Educación Preescolar, a la que había llegado —también impulsada desde la SEP— Gabriela Santoscoy, quien es pareja sentimental de Cervantes.

Esos escarceos tenían —como se dice coloquialmente— “el sello de la casa”; pero esa misma era la razón por la que finalmente el Director General no podía ceder ante un grupo interno que pretendía establecer algunas alianzas coyunturales con la 22, para tratar de hacer caer a Cervantes Ayala de la Dirección General y —según ellos— terminar de tomar el control del instituto educativo.

Nada de eso ocurrió. Y por eso, de entrada, es un signo alentador el nombramiento de Francisco Ángel Villarreal como nuevo titular del IEEPO, ya que éste de entrada es un personaje no identificado con ninguno de los grupos que pugnaban por hacerse del control del IEEPO, y que sí llegaron a generar algunos conflictos que impactaron en la gobernabilidad, por los recelos mutuos respecto a las posiciones políticas dentro del instituto.

En esa lógica, otro aspecto que debe ser valorado en una dimensión más amplia, es la confianza que debió tener la Secretaría de Educación Pública en el Gobierno de Oaxaca —y en Ángel Villarreal— para establecer este nuevo proceso de transición en el IEEPO pues, de nuevo, no se trata sólo de personajes o talantes políticos, sino sobre todo del inicio de un proceso de “devolución” —que seguramente será gradual— de las responsabilidades políticas y administrativas relacionadas con el control de la educación pública en la entidad, que en 2015 le quitó a Oaxaca al hacer una especie de consideración, de que sus gobiernos habían actuado irresponsablemente en la conducción de la política educativa y la relación con la Sección 22 del SNTE.

Ahora, los nuevos funcionarios deberán ser cuidadosos en el manejo de la educación y la gobernabilidad. El IEEPO, por su naturaleza y circunstancia, tiene esa doble misión, que ahora deberá llevarse a los hechos.

VAN POR LA CIUDAD

Tanto el ex secretario de Economía, Jesús Rodríguez Socorro, como la ex titular del DIF Estatal, Mariana Nassar Piñeyro, anunciaron su intención de buscar la candidatura del PRI al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. El primero fue irrelevante en su función, mientras que la segunda demostró ser una de las más activas en sus responsabilidades, y de las más apreciadas por el gobernador Alejandro Murat, y por la señora Ivette Morán, quien incluso en redes sociales le dedicó un cálido mensaje de gratitud y reconocimiento, que —evidentemente— es una pauta fundamental para saber hacia dónde apuntará la candidatura priista en Oaxaca de Juárez.