+ Federación debe ahora sí cumplir, dando certidumbre económica

Es ya conocido el argumento de que el conflicto social ocurrido en 2006 no se remedió, porque el intento de arreglo que en diversos momentos promovió el gobierno federal, fue sólo entre las organizaciones sociales en pugna. Nunca volteó hacia la ciudadanía y sus agravios. Y por eso, en esa lógica del chantaje como condicionante de la paz social, la crisis magisterial se convirtió en un conflicto que ya supera la década vigente. Hoy, el anuncio de reactivación económica debe ser consistente porque de ello depende en gran medida la certidumbre social que tanto anhela Oaxaca.

En efecto, ayer el gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio a conocer tres medidas inmediatas para la reactivación económica de la entidad, ante el desastre que enfrentan diversos sectores productivos. Dijo que en coordinación con el gobierno federal, se atenderán de manera urgente los adeudos y pasivos que dejó el gobierno anterior y que al día de hoy suman aproximadamente dos mil 200 millones de pesos. Pasivo, explicó, que puede crecer una vez que se vaya conociendo la información de las demás secretarías del gobierno de Oaxaca.

También mencionó que habrá una mesa permanente de participación del sector productivo, como se ofreció en campaña, para poder atender sus demandas a partir de escuchar sus necesidades. Además, se incorporarán las cámaras empresariales una vez instalado el Coplade al Comité Técnico Estatal, “como fue el compromiso de mi campaña, para que juntos en los demás órdenes y sectores, podamos hacer la planeación estatal y regional de nuestro estado”.

Este anuncio resulta trascendente no sólo por los problemas de inmovilidad económica que han ocurrido en los últimos meses en la entidad, sino porque en ese contexto la demanda de una verdadera reactivación económica, ha sido una de las más sentidas, pero también de las menos atendidas en la entidad en la última década.

Pues durante los seis años de su gobierno, Gabino Cué Monteagudo decidió no sólo guardar silencio, sino profundizar la crisis económica que ya había en Oaxaca, producto de un primer reclamo no atendido por parte del gobierno de Ulises Ruiz, e incumplido por la federación, luego del conflicto magisterial y popular de 2006. Quizá para muchos ese ya es un antecedente remoto que, sin embargo, resulta relevante a la luz del cada vez más perceptible riesgo de estallido social en la entidad por la inmovilidad económica de prácticamente todo el sector privado, que da trabajo e ingresos a toda la gente que no depende de los empleos del Estado.

DEMANDA AÑEJA

En ese sentido, vale atender a ese primer antecedente: en 2006, las pérdidas por el conflicto magisterial fueron monumentales en cuanto a empleo, actividad económica y capacidad productiva porque todo lo que giraba alrededor de la prestación de servicios de turismo —única actividad económica de la entidad— quedó colapsado por la crisis magisterial que se extendió a lo largo de prácticamente todo aquel año. Dentro de las medidas que anunció en aquel entonces el gobierno federal, se supone que para paliar la crisis y el enojo social, fue la de la reactivación económica. Dijo, de hecho, que invertiría unos 20 mil millones de pesos en la reactivación económica, aunque en realidad nada de eso ocurrió.

En suplencia, el gobierno de Ulises Ruiz trató de inyectar recursos a partir de su necesidad de que los sectores productivos no demandaran su salida. El magisterio y organizaciones sociales habían basado su demanda de desaparición de poderes en el repudio social, y entonces Ruiz trató de congraciarse con todas las representaciones de la iniciativa privada para evitar también una confrontación con ellos. Por eso, el gobierno se esmeró en consumir lo local, y en pagar a tiempo; aunque siempre fue claro que eso era apenas si alcanzaba a ser un mejoral para la gigantesca crisis económica que prevalecía, y que tocaba a toda la gente que a causa del 2006 había perdido su empleo.

Así, en 2010 Gabino Cué llegó al gobierno y se negó a reconocer la crisis económica, porque su gestión tuvo como génesis justamente al conflicto magisterial. Por eso, reconocer el problema económico era tanto como aceptar los daños ocasionado por la Sección 22 y las organizaciones sociales, de las que Cué fue aliado permanente bajo la idea —errónea— de que ellas le permitirían los márgenes de gobernabilidad que su gobierno demandaba.

En eso, el gobierno de Cué pasará a la historia como un fracaso doble: por un lado, la Sección 22 y las organizaciones sociales convirtieron la alianza en un chantaje abierto siempre sometiendo la gobernabilidad; y por el otro, la resistencia a aceptar la crisis económica generó el colapso que hoy vemos. El problema es que a Cué eso nunca le importó. Por eso su gobierno tuvo una resistencia permanente a cualquier forma de activación económica. Dejó de consumir lo local hasta en los aspectos más básicos, y generó un profundo cuello de botella en las finanzas estatales, que terminó ahogando a prácticamente toda la economía local, que hoy se encuentra —y no es exageración— en riesgo de extinción en varios de sus sectores.

RECONCILIACIÓN

En el fondo, esa será una de las claves para la reconciliación. Hay sectores que, igual que el magisterial y de las organizaciones que exigieron reparación de los daños ocasionados por el conflicto, hoy esperan la atención del Estado para continuar en un marco de existencia digna. Es, por ende, un tema toral que pasa por la necesidad de reconocimiento para generar un mejor clima social para Oaxaca.

+ Mensaje de certidumbre y prudencia, frente al desastre que le hereda GCM

Ante el inicio del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca, hay algunos puntos fundamentales que marcan el inicio de su gestión. Los oaxaqueños debemos asumirlos con prudencia y serenidad no sólo frente a quienes quisieran ver empañado este arranque de gobierno, sino también respecto a los que las propias circunstancias los lleva a titubear sobre lo que ocurrirá este día.

En efecto, hay algunos puntos que debemos repasar concretamente para entender lo que veremos a lo largo de este 1 de diciembre:

En primer término, Alejandro Murat Hinojosa es Gobernador Constitucional del Estado desde el primer minuto del 1 de diciembre de 2016. Ese fue el periodo para el que fue electo, y aún cuando nuestra Constitución no establece criterios específicos sobre el momento exacto del inicio de sus responsabilidades, los propios requerimientos y complejidades del cargo permiten entender que la gestión inicia con el solo paso del tiempo, y que la toma de protesta es un acto de solemnidad por demás importante, pero que éste no resulta ser una condicionante para ejercer sus responsabilidades.

Esto está reforzado por varias situaciones, que vale la pena repasar brevemente. En 2006 había inquietud sobre la posibilidad de que Felipe Calderón no pudiera rendir la protesta que señala la Constitución, ante el pleno del Congreso. Esto finalmente ocurrió. Sin embargo, también quedó establecido el precedente de la necesidad frente a la formalidad, y por esa razón hoy la Constitución federal establece diversos mecanismos de protección constitucional para garantizar la estabilidad y la continuidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo, incluso frente a circunstancias de hecho como las vividas en 2006.

Por esa misma razón, en 2012, Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia desde el primer minuto del 1 de diciembre, designando a los titulares de las áreas estratégicas del país (gobernabilidad, seguridad pública, fuerzas armadas) incluso antes de haber rendido protesta, lo cual fue no sólo aceptado sino convalidado por todas las fuerzas políticas, que entienden que la necesidad de que exista continuidad y certidumbre en las tareas del Estado, sin que ello constituya la posibilidad de poner en entredicho las solemnidades que establece la ley, como la referente a la toma de protesta, con la cual un servidor público perfecciona sólo el último de los requisitos que le impone la ley para ostentar su cargo en términos de la Constitución, pero que no le impide cumplir con sus responsabilidades desde el momento en que asume el cargo.

MOMENTO CRÍTICO

Al mediodía de ayer, Alejandro Murat ofreció una conferencia de prensa que muchos supusieron que era para anunciar la conformación de su gabinete de gobierno. No fue así. En concreto, Murat reconoció el estado crítico en el que recibe la entidad, anunció que no habrá ningún tipo de celebración por el inicio de su gestión, y llamó al diálogo inmediato a la Sección 22 del SNTE. Y fue particularmente enfático al señalar que trabajará desde el primer minuto de su gobierno a favor de las comunidades y familias oaxaqueñas.

¿Qué significa esto? Que por un lado Murat asume la complejidad del problema de gobernabilidad que priva en la entidad, y que por eso su primer anuncio no tuvo como objetivo el reparto de cargos, sino el reconocimiento de sus responsabilidades y del momento tan álgido que vive la entidad. Por esa razón atajó lo relativo a los festejos y arrancó llamando a la Sección 22 al diálogo para tratar de hallar salidas a la protesta que desde ayer realizan en inmediaciones del Recinto Legislativo, para tratar de impedir la toma de protesta.

En ese marco, vale considerar que el Congreso establezca una sede alterna para la toma de protesta del Gobernador, que debe ocurrir ante la Legislatura —es decir, ante los diputados— pero no necesariamente en su recinto ordinario. La ley contempla tal posibilidad, y la circunstancia podría apuntar a que se llegase a tomar una decisión de esa naturaleza. Ello, de ocurrir, no haría más que recalcar la vocación intolerante del sindicato magisterial, que estaría cuestionando al nuevo Mandatario, incluso sin haber antes dialogado con él para hallar respuesta o encauce a su pliego de demandas.

Finalmente, esto es consecuencia del escenario heredado por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Ante la circunstancia, serán muy relevantes las primeras responsabilidades que delegue el gobernador Murat Hinojosa para tareas como la gobernabilidad y la seguridad. Serán ellos quienes este día tengan su primera prueba importante de eficacia y capacidad de interlocución. Quizá mañana, 2 de diciembre, pueda llegar el sosiego para analizar con detalle los nombres, perfiles y antecedentes de las personas en las que hayan recaído esos primeros cargos. Pero su labor de este día, será básicamente la de lograr que no sea una jornada trágica ni de sobresaltos, sino que se cumpla con lo anunciado por el Gobernador el día previo. 

ACELERADOS

Lo dijimos reiteradamente en este espacio, y este día lo ratificamos: las famosas “listas” de posibles integrantes del gabinete no sólo eran perniciosas, sino también equivocadas. Todavía anoche la mayoría de los prospectos para integrar el equipo de trabajo del gobernador Murat Hinojosa, seguían en la incertidumbre sobre qué decisión final se tomaría sobre el gabinete. Eso sólo no lo vieron quienes quisieron engañar, y engañarse, con las listas que periódicamente circularon en los últimos cinco meses.

@ortizromeroc

+ ¿El Estado está reconociendo las deudas educativa y de salud?

Es tan complejo el entramado legal y financiero de la deuda de una entidad federativa, y tan pobre y poca la voluntad del gobierno por explicar y reconocer los montos y las causas por las que en realidad enfrenta deudas, que conocer con exactitud la deuda estatal de Oaxaca es casi imposible. No sólo eso: el vacío de información ha abierto un enorme espacio de especulaciones sobre el monto real de los pasivos financieros de la entidad, que lo mismo pueden ser ciertos, que haber sido resultado de la imaginación o la intención de quienes los hicieron circular. El problema más complejo es que a estas alturas, nadie cree lo que el gobierno dice y eso profundiza la incertidumbre sobre la situación financiera de la entidad.

En efecto, en reiteradas ocasiones el gobernador Gabino Cué ha señalado que su administración dejará una deuda de alrededor de 14 mil millones de pesos, y que deja unos dos mil 500 millones más en el pago pendiente a proveedores del gobierno estatal a los que él ya no alcanzó a pagar. Ayer, sin embargo, el aún gobernador Electo, Alejandro Murat Hinojosa señalaba que el monto que recibirá de deuda no es de 14 sino de 16 mil millones de pesos, además de los dos mil 500 millones de pagos pendientes a proveedores. En todo este tiempo, el gobierno de Cué se ha resistido a clarificarle a la ciudadanía por qué sí enfrenta una deuda por el monto que asegura, y eso abre espacios para engañar no sólo a los oaxaqueños, sino para ofrecerle lo mismo la realidad que medias verdades al nuevo gobierno de la entidad.

En ese sentido, es evidente que el problema de fondo no radica sólo en el monto exacto de la deuda, sino en la credibilidad de la palabra del Gobernador saliente. Pues resulta que durante mucho tiempo ofreció a los oaxaqueños explicaciones y promesas que no resultaron. Básicamente ocurrió lo mismo con todos los sectores con los que tiene adeudos (a los que asimismo prometía pagos que no llegaban); y la opacidad fue el único común denominador en todo lo relativo a la justificación del crecimiento exponencial de la deuda estatal, a pesar de no haber realizado grandes obras ni haber enfrentado contingencias naturales como en otros tiempos. Incluso, el gobierno ni siquiera se responsabilizó por el desastre social y económico provocado por la crisis magisterial, como para tratar de justificar que en la reconstrucción invirtió los recursos que hoy se cuentan como pasivos financieros.

Esa combinación de opacidad y resistencia a la información, es lo que ha generado el enorme vacío en el que ya nadie sabe quién dice la verdad, cuál es el monto real de la deuda, qué conceptos son los que tienen pasivos, y cuál es el tratamiento posible para el pago de la misma. Gracias a ese vacío, han corrido versiones que —por la misma incertidumbre— ya no se sabe qué tanto nivel de verdad puedan tener.

VERSIONES

Hace algunas semanas corrió una versión que decía que la deuda de Oaxaca no era de 14 mil, sino superior a los 45 mil millones de pesos. Es imposible constatar la veracidad de la información —porque no se ofrecen pruebas—; pero el vacío y el silencio informativo provocado por el gobierno, pone en entredicho la información, básicamente con las mismas posibilidades de ser real que falsa.

¿Qué dice la nota? Que las finanzas públicas de Oaxaca soportan una deuda superior a los 45 mil millones de pesos, producto de la acumulación de compromisos financieros de los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué. A pesar de ello, las condiciones de pobreza, marginación e inmovilidad económica son todavía más graves de las que prevalecían a principios de la década pasada.

Hoy —continúa la información, disponible en http://bit.ly/2fOnDL2—, Gabino Cué y su Secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas han reconocido que la deuda de su administración asciende a los 16 mil millones de pesos, sólo en pasivos directos y deuda contratada, según han asegurado dentro de un mar de cuestionamientos, para la realización de obra pública.

Dicha deuda, acumulada a la dejada por Ulises Ruiz, hacen un subtotal de más de 28 mil millones de pesos, a los que deben añadirse los nueve mil que siguen existiendo como pasivo del sector educativo y que involucran directamente al IEEPO por los sobresueldos  y privilegios salariales que siguen teniendo los trabajadores agremiados en la Sección 22 de la CNTE, los cuales no son pagados por la federación sino que se siguen cargando a la deuda educativa estatal.

Además de esos 37 mil millones, el gobierno de Gabino Cué ha evitado reconocer que existen otros seis mil millones más, por concepto de pasivo de los Servicios de Salud de Oaxaca, que está a punto de colapsar por la falta de insumos y materiales de curación y cirugía básicos en clínicas, centros de salud y hospitales dependientes de dicho sistema.

Y un último elemento a agregar es la deuda a corto plazo por 2 mil 500 millones de pesos que se le debe a los proveedores y contratistas del gobierno. Por eso en realidad la deuda estatal rebasa los 45 mil millones de pesos, que el gobierno de Gabino Cué se niega a reconocer, y que también contempla la protección a los abundantes actos de corrupción tanto de sus funcionarios, como los cometidos durante el periodo de Ulises Ruiz que nunca fueron investigados y sancionados como debiera corresponder de acuerdo a la ley.

INCERTIDUMBRE

¿Cómo saber si esa información tiene fundamentos? Ante tanto dispendio e irresponsabilidad, ¿cómo no pensar que algo hay de cierto? ¿Le habrán dicho toda la verdad al Mandatario entrante? Pronto lo sabremos.

+ Medir fuerzas entre organizaciones, muestra de primitivismo, no de poder político

Desde la mañana de ayer lunes, la sede del Congreso del Estado en San Raymundo Jalpan, amaneció resguardada por elementos de la Policía Estatal, pero también por transportistas agremiados a la CTM, que pretenden garantizar la toma de protesta del nuevo Gobernador, el próximo 1 de diciembre. ¿De verdad es buena señal, para el Estado de Derecho, que el recinto legislativo sea hoy custodiado no sólo por la fuerza pública, sino también por grupos de presión que buscan evitar la acción de otros grupos similares?

En efecto, uno de los principios básicos de la división de poderes, establece que tanto el Legislativo, el Ejecutivo, y el Judicial, se encuentran en un plano constitucional de igualdad, y que por ende están obligados a respetar los límites que les impone la propia Constitución. Dentro de esos límites se encuentra uno, natural, que es el relacionado con el respeto y la inviolabilidad de sus respectivas sedes.

En ese sentido, la propia Constitución sobreentiende el hecho —y por eso no lo establece de manera expresa en la ley— de que el Ejecutivo goza de plenas facultades para proteger su sede, habida cuenta que es quien tiene al mando el conjunto de la fuerza pública estatal, en la misma proporción de la obligación que tiene de mantener la paz pública, el orden y la gobernabilidad a partir de sus mismas funciones ejecutivas. No es tal el caso del Poder Legislativo, sobre el cual sí existen disposiciones para normar su resguardo, custodia e inviolabilidad.

En ese sentido, no es la Constitución sino la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca, la que señala en su artículo 15 que “el Recinto del Congreso es inviolable, toda fuerza pública tiene impedido el acceso al mismo, salvo con el correspondiente permiso del Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso, bajo cuyo mando quedarán dichas fuerzas.”

A nivel federal, una disposición similar se encuentra en la Constitución. Sin embargo, en el ámbito estatal eso se encuentra en la ley secundaria, aunque básicamente resulta para los diputados la misma obligación de protección del recinto legislativo  —es decir, del predio que alberga el Congreso—, y para los demás poderes de abstenerse de realizar alguna de las conductas prohibidas sino es con la anuencia del Presidente del Congreso.

Esto resulta relevante porque, con base en dicha disposición, en la comunicación entre poderes sí existe un mecanismo de concertación sobre la seguridad y el resguardo del Poder Legislativo. Éste, de forma ordinaria, cuenta con una guardia que no depende de ninguna corporación policiaca, sino que es un cuerpo de seguridad integrado por el Legislativo para el resguardo de su recinto. Políticamente, además, eso es considerado como una forma de salvaguarda de la soberanía y la independencia del Poder Legislativo frente al Ejecutivo.

De ahí que sólo en ocasiones muy particulares —como la entrega del Informe de Gobierno (cuando sí asiste el Titular del Poder Ejecutivo), o frente a acontecimientos como la toma de protesta de un nuevo Mandatario, o cuando se llegase a registrar un riesgo grave— el Ejecutivo solicite al Legislativo su anuencia para tomar el control de la seguridad del perímetro y del interior del inmueble. Es un protocolo sencillo, pero simbólico, en el que el Ejecutivo solicita por escrito al Presidente de la Mesa Directiva el resguardo temporal del inmueble, y una vez concedido, sus respectivos delegados dan cumplimiento a la disposición.

MEDICIÓN DE FUERZAS

En este caso, la circunstancia política se explica sola: el fin de semana, la Sección 22 del SNTE dispuso que realizaría dos días de protesta previo a la toma de posesión del nuevo gobierno, y anunció también que boicotearía el acto formal de protesta de Alejandro Murat como nuevo Titular del Poder Ejecutivo, a realizarse el próximo jueves en la sede del Congreso del Estado.

Ante ello, transportistas de la Confederación de Trabajadores de México —cabeza de playa del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional— anunciaron que acordonarían la sede del Legislativo para garantizar la realización del acto de toma de protesta. Éstos lo cumplieron puntualmente desde las primeras horas de ayer lunes, cuando establecieron un primer perímetro de seguridad, paralelo al instalado legalmente por la Policía Estatal, que ya tomó la seguridad del recinto legislativo mientras se llevan a cabo los actos preparatorios para el próximo 1 de diciembre.

¿Es este acordonamiento fáctico algo aceptable? Parece claro que no, a partir de la necesidad que tiene ya no nada más el gobierno saliente, sino también el entrante, de demostrar capacidad de interlocución con las organizaciones sociales para evitar este tipo de actos.

Incluso, en la circunstancia actual, la nueva administración se ve aún más obligada a encauzar este problema por la vía civilizada y adecuada, antes que hacer demostraciones indecorosas de fuerza que sólo revelan la incapacidad real de concertación de quien tendría que haber tomado ya las tareas relacionadas con la gobernabilidad, independientemente de que su cargo formal inicie el 1 de diciembre.

RIESGO PARA OAXACA

Además, este acto de presión de la CTM deben considerarlo seriamente por sus efectos a mediano plazo. ¿O los oaxaqueños tendremos que vivir a merced de los caprichos, de las prebendas, y del pago de favores a esa organización, sólo porque por la fuerza garantizó lo que el inminente Secretario General de Gobierno —¿Alejandro Avilés? ¿Celestino Alonso?— no pudo hacer por la vía del diálogo? No es, por donde se le vea, una buena señal ni un buen inicio para quien reciba la encomienda de la política interior del Estado para los años siguientes.

+ Es necesario normar y transparentar alianzas y los procesos que ocurren

Estamos a escasas horas de la transmisión de poderes en Oaxaca, y la única constante es la incertidumbre. Parece que eso es parte de la cultura política, que indica que el gobierno saliente hace y entrega lo que quiere, y que el entrante debe alimentar mientras la incertidumbre sobre los grupos a su interior. Esta situación no genera ningún beneficio y sí alimenta el caos que hemos visto en las últimas semanas, y que se agudizará conforme avance la semana. Es necesario repensar con seriedad esto que estamos viendo, para regular y transparentar todo esto, que es opacidad pura.

En efecto, estamos a tres días del cambio de Titular en el Poder Ejecutivo, y los oaxaqueños seguimos esperando que, por ejemplo, se norme la relación de alianza entre los partidos Revolucionario Institucional y Morena, en el Congreso del Estado; seguimos también esperando algún pronunciamiento concreto sobre el proceso de entrega-recepción, ya no sólo en lo documental y administrativo, sino también en el rubro de la gobernabilidad, la seguridad y otros temas estratégicos; y, por si fuera poco, los oaxaqueños estamos en medio de un clima de incertidumbre total por la ausencia de gobierno en los últimos días. Ninguno de estos es tema menor, y por eso es necesario hacer algunos apuntes sobre ellos.

Primero, Oaxaca necesita que, por primera vez, se norme la relación y los compromisos de corresponsabilidad en la conformación de la alianza fáctica entre el PRI y Morena, en el Congreso del Estado. Hasta el momento, las coordinaciones parlamentarias de ambos partidos han negado la existencia de una alianza, aunque los hechos revelan la existencia de un acuerdo político que, por una cuestión de pulcritud elemental —si es que se desea demostrar voluntad de un ejercicio político distinto al de Gabino Cué y su coalición—, debía abrirse al escrutinio ciudadano y, sobre todo, establecer una agenda de trabajo en la que existan no sólo coincidencias para gobernar, sino también compromisos por cumplir y responsabilidades por las cuales responder ante los ciudadanos.

En ese sentido, María de las Nieves García Fernández e Irineo Molina, tienen el deber de clarificar el sentido de su alianza. De hecho, no debieran existir cuestionamientos por definición a una alianza entre esos, o cualquier otro partido, pero lo que sí debe haber es un programa conjunto en el que se defina para qué se alían, qué compromisos asumen, y qué agenda pretenderían impulsar de forma conjunta.

Hasta ahora, lo que hemos visto es que esa alianza ha dado algunos resultados —como Molina presidiendo la Junta de Coordinación Política, a cambio de servirle al PRI como flotador de concertación parlamentaria— pero sin dejar en claro para qué más se están aliando. Por eso, hasta ahora dichos acuerdos sólo han sido vistos como una alianza “a la antigüita” —es decir, opaca, discrecional, pragmática y sin ningún tipo de contenido de agenda—; pero lo saludable para una democracia que se supone que se está transformando —para bien—, debiera ser que ese acuerdo se concretara de cara a los ciudadanos, se formalizara y se le diera un contenido de certidumbre para saber qué están haciendo y decidiendo con la representación popular que los oaxaqueños les delegamos.

ENTREGA-RECEPCIÓN Y VACÍO DE GOBIERNO

Otros dos temas que son concomitantes al cambio de gobierno, es el relativo al proceso de entrega-recepción, que sigue sin abrirse al escrutinio ciudadano; y otro, que es aún más relevante, que tiene que ver con el largo proceso de descomposición que hemos visto en las últimas semanas, en gran medida alimentado por la ansiedad de los grupos en poder de Oaxaca ante las indefiniciones del gobierno saliente y el silencio del gobierno entrante, pero también determinado por esta percepción —al menos constante en las últimas semanas— de que hay un vacío de gobierno en todas las áreas. Este no es un tema menor, y debiera preocupar a las dos administraciones porque todo un estado no puede quedar al garete mientras se definen los entresijos políticos del cambio de la administración gubernamental.

¿De qué hablamos? De que, por un lado, existe la idea de que el proceso de entrega-recepción sigue siendo tan discrecional como en el pasado. Sigue sin haber disposición de las dos administraciones —saliente y entrante— por dar a conocer a la ciudadanía se está entregando y recibiendo. El tema cobra relevancia cuando se asume que no se están transmitiendo bienes y deberes particulares, sino asuntos y bienes públicos, que por ese solo hecho trascienden al interés de toda la ciudadanía. No obstante, lo único que reina es el silencio.

Al lado de ello está el otro tema: hoy la gobernabilidad sufre fuertes presiones, en gran medida porque el gobierno saliente —todo— está preocupado por cerrar la administración y ya no por atender los asuntos relevantes; en el otro extremo, pareciera que también los grupos al interior del gobierno entrante están estresando la gobernabilidad como una forma de presionar los nombramientos y las decisiones relevantes hacia un extremo en específico. El problema es que en medio de ese vacío estamos los ciudadanos que sólo padecemos los efectos de esas presiones, sin que existan la posibilidad de que alguien pueda incidir directamente sobre ellas.

NOMBRAMIENTOS

Por eso, lejos de las perniciosas especulaciones sobre la integración del gabinete, no debiera ser descabellado pedir que los gobiernos —saliente y entrante— nombraran con anticipación, a los encargados —definitivos o provisionales, pero sí con responsabilidad— de los temas prioritarios, como la gobernabilidad, la seguridad y algunos otros, que no esperan ni dan tregua, por las vicisitudes del cambio de gobierno.

+ Responsabilidad, y no expectativas ilusas, lo que necesitamos

Oaxaca está a pocos días de vivir un proceso político trascendental con el cambio de la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado. Ese acontecimiento debe venir acompañado de expectativas, mas no de esperanzas de un milagro. Debemos ser conscientes de lo vivido hasta ahora como sociedad, y evitar las posiciones que nos invitan a divagar sin considerar las posibilidades de cambio y transformación social y política que, con base en la realidad, están a la vista de todos.

En efecto, el 1 de diciembre ocurrirá la transmisión de poderes en la entidad, tal y como lo señala nuestra Constitución. Dicho cambio ocurrirá en medio de un clima caótico y de desesperación común: el régimen que termina, parece urgido de ya entregar la administración; y la sociedad oaxaqueña parece estar ávida como nunca de que culmine este ciclo. Esa comunión actual entre el desencanto, la frustración y la urgencia por transmitir a alguien más las responsabilidades, puede convertirse —si no es que ya lo es— en el caldo de cultivo para las expectativas, que tanto daño nos han hecho en los últimos años. Por eso, lo que necesitamos los ciudadanos es prudencia; y lo que necesitan los regímenes —saliente y entrante— es prudencia frente a lo que pueden afirmar, y lo que simplemente escapa de sus posibilidades.

¿De qué hablamos? De que, en el caso del gobierno saliente, éste debería irse con una explicación concreta de la situación en la que entrega la entidad. Es increíble cómo la administración de Gabino Cué aparenta estar entregando un gobierno entumecido y rebasado por la irresponsabilidad; y cómo cada día que pasa, la desesperación común —del gobierno saliente, y de la sociedad— agrava esa percepción de que todos están esperando a que llegue el 1 de diciembre para la culminación de este cierre dramático de sexenio.

En el caso del gobierno de Cué, éste no logró cambiar la percepción de ineficacia que se generó a su alrededor —ni se preocupó por hacerlo—, y tampoco parece estar ya preocupado por lo que la ciudadanía piense de sus integrantes. Por esa razón, ya a nadie le interesa explicar el atorón financiero de final de sexenio; nadie parece comprometido ya a tratar de hacer algo más para generar algún tipo de idea de satisfacción; y todos parecen resueltos a navegar hasta el 30 de noviembre sin ninguna expectativa de mediano plazo sobre su prestigio y legado como gobierno saliente.

Ante esto, debemos preguntarnos: ¿con qué levaduras se fermentó este avinagrado final de sexenio? Debemos decirlo sin ambages: este cierre amargo de administración, es el resultado de que, en otros tiempos —hace seis años— nadie controló el crecimiento desmedido de las expectativas. Sí: en aquel entonces, propios y extraños pensamos —como algunos ahora— que el nuevo gobierno sería capaz de revertir los males inmediatos y ancestrales de nuestra sociedad, y volcamos nuestro entusiasmo y esperanzas en quienes habían hecho una buena campaña, pero de los que no sabíamos qué tan eficaces eran para gobernar, y administrar, los recursos del Estado.

EXPECTATIVAS Y DESENCANTO

En ese sentido, nunca consideramos que Gabino Cué era no una esperanza, sino un ser humano con tantos defectos y virtudes como cualquier otra persona. No consideramos entonces que, como otros en el pasado, él sería un gobernante omiso y poco sensible a los excesos que pudieran cometer sus cercanos. Mucho menos tomamos en cuenta que quizá su experiencia no era suficiente ni adecuada para la gestión y administración eficaz de los recursos. E incluso omitimos preguntarnos si él, o su equipo, serían proclives a la corrupción.

La realidad nos aclaró todo: el gobierno de Cué fue mucho menos eficaz de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Aunque todos creíamos que sería una administración comprometida y profesional, resultó un equipo improvisado y de pocas capacidades de gestión y ejecución de recursos; por eso, a pesar de los presupuestos históricos, el común denominador fue siempre el subejercicio, la incapacidad de lograr proyectos sólidos, y la recurrencia de la mediocridad en los logros alcanzados.

Lo mismo ocurrió con la corrupción, que fue una de las banderas de Cué como candidato. Creímos que perseguiría al pasado de corrupción de Ulises Ruiz, pero todo acabó en la impunidad. Y no sólo eso: en su gobierno hubo personajes que se enriquecieron hasta la saciedad y que hoy ven socarronamente a la sociedad oaxaqueña, como estando seguros de que, igual que como ellos hicieron con sus antecesores, no habrá castigo a sus excesos. Ahí están Germán Tenorio, Netzahualcóyotl Salvatierra, Alberto Vargas Varela y otros, que en la actualidad son figuras perfectamente equiparables a los impresentables del ulisismo como Bulmaro Rito Salinas.

NO HABLEMOS DE MILAGROS

Por eso, es importante administrar las expectativas. Pensar en la panacea llegada dos semanas después es tan improbable como suponer que los problemas de Oaxaca pueden terminar en seis años. Debemos, más bien, repasar los retos que presenta nuestra entidad, y los caminos más adecuados por los que el gobierno puede enfrentarlos. Debemos exigir, además, un gobierno —ahora sí— profesional, capaz y comprometido, que cumpla con sus responsabilidades y demuestre que se esforzó al máximo de sus capacidades para lograrlo. Si seguimos en la machacona insistencia de los milagros y de las soluciones mágicas, entonces estaremos preparando el camino para una decepción, similar o mayor a la que hoy significa Gabino Cué para Oaxaca.

+ La LXIII Legislatura debe demostrar su voluntad de cambio

Esta semana iniciaron las comparecencias de secretarios de la administración estatal ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del Sexto Informe de Gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Ese acto, que para algunos aún podría entrañar democracia y rendición de cuentas, en realidad no ha sido sino un circo en el que se ve y se escucha de todo, pero que, objetivamente, no sirve para nada.

En efecto, si los legisladores locales se jactan de ser realmente democráticos y comprometidos con las causas ciudadanas, debían impulsar cambios profundos al formato en el que ocurre la llamada Glosa del Informe desde hace seis años, y que no ha sido otro que el del intercambio de cifras y señalamientos entre diputados y funcionarios, sin que en realidad exista un derrotero claro hacia la rendición de cuentas, y mucho menos hacia el ajuste o evaluación de los temas que son del interés de los legisladores, ante la comparecencia de los servidores públicos llamados a cuentas. De manera importante, y urgente, debían tomar medidas para evitar este grosero circo en el que únicamente se agrede a la sociedad oaxaqueña. Veamos si no.

En los dos primeros días de comparecencias —que son asambleas exprés, por la premura de realizar la glosa antes de que termine la administración de Gabino Cué— quedó claro que aunque pueda haber espectáculo y señalamientos tronantes, básicamente se está llevando el mismo ejercicio de los últimos años. Tanto la participación de los funcionarios comparecientes, como la de los diputados, dieron cuenta puntual de lo que ha sido esta supuesta evaluación legislativa del trabajo de las dependencias estatales, y de la enorme oportunidad de hacer algo positivo por Oaxaca que, como en muchas otras ocasiones, están desperdiciando a la vista de todos.

Y no. El problema no sólo radica en el hecho de que las comparecencias sean un auténtico circo, sino sobre todo en el hecho de que éstas no tienen impacto alguno en la evaluación del trabajo realizado, o en el establecimiento de compromisos sobre las deficiencias. No. Las comparecencias sirven sólo para que los diputados se luzcan señalando, cuestionando y descalificando a los servidores públicos, y para que éstos vayan e informen lo que les viene en gana.

En ese sentido, fue demostrativa la comparecencia del Titular de la Secretaría de Administración, Alberto Vargas Varela. Desde el inicio se estableció que el formato de la comparecencia incluiría una primera intervención del funcionario, para después escuchar los posicionamientos de diputados representantes de cada una de las fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión, quienes podrían hacerle hasta tres preguntas. Finalmente, tendrían derecho a participar los diputados en iguales circunstancias, teniendo el funcionario la obligación —se supone— de responder a los cuestionamientos de los representantes populares.

En ese sentido, Vargas Varela llegó al Congreso a hacer una exposición simple y escueta de su primer año de trabajo y, como luego se lo señalaron los diputados, su comparecencia no sirvió sino para hacer una relectura de lo que ya se había asentado en el documento que contiene el último informe de gestión del gobernador Gabino Cué.

Luego escuchó los airados reclamos de varios diputados. Todos, sin excepción, le reprocharon su falta de resultados, su intromisión en temas que no son propios de su función, sobre los abundantes señalamientos de corrupción y negocios al amparo del poder y le formularon preguntas sobre su desempeño que, al final, éste optó por evadir, por confundir o simplemente por quedarse callado.

COMPARECENCIAS “CHIMUELAS”

En este marco, es claro que en las condiciones actuales, las comparecencias no tienen ninguna utilidad real. De nada sirve que cuestionen, señalen y hasta intenten defenestrar a un funcionario, si al final de todos modos la comparecencia no sirve para establecer compromisos a cumplir en un tiempo determinado (so pena de ser separado del cargo ante un incumplimiento), ni es un método para coaccionar al funcionario a un mejor desempeño; y mucho menos es resultado de un trabajo conjunto, verdaderamente en comisiones legislativas, entre los representantes de la administración pública y los diputados locales.

Además, las vociferaciones, las burlas y las exigencias de castigo no sirven de nada, si los diputados no pueden exigir hechos o resultados concretos a los funcionarios, y si tampoco tienen herramienta alguna para ejercer cierta presión o coacción tanto para que informe del estado real en que se encuentra la dependencia a su cargo, como para que se obligue a cumplir con ciertos deberes en los que ha incumplido, en no lo ha hecho satisfactoriamente, o en los que debe mejorar para seguir mereciendo continuar en la responsabilidad.

Sin embargo, como nada de eso existe, todos en la comparecencia reían. Reía el secretario Vargas Varela como gesto de impunidad frente a los legisladores que lo cuestionaban, pero que no podían hacer absolutamente para obligarlo a modificar una sola de las conductas o deficiencias reprochadas. Y también reían los legisladores, cuando lo señalaban, cuando se burlaban, o cuando le reprochaban libremente por su ineptitud, por su falta de resultados, e incluso por sus antecedentes como protagonista de la pintoresca grilla local.

¿MUCHA DEMOCRACIA?

Evidentemente, el resultado es pésimo. Así irá al Congreso, cada uno de los funcionarios llamados a la glosa. Y así, al final, todos dirán que cumplieron con la ley. Por eso la urgencia de que los diputados demuestren interés por revisar esta figura obsoleta e inservible de nuestra “democracia” estatal.

+ Acreedores desconfían del gobierno, que no ha sabido honrar institucionalidad

A siete días de que culmine la administración del gobernador Gabino Cué, resulta muy revelador —de lo poco que la ciudadanía confía en el gobierno— que amplios sectores de la iniciativa privada, estén alarmados porque el gobierno no ha sido capaz de cumplir con sus compromisos de pago. En todos los casos, las inconformidades y protestas son comprensibles. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente alarmante es que el propio gobierno —englobando a las administraciones saliente y entrante— no logre generar certidumbre sobre sus compromisos. Si el gobierno no es capaz ni de eso, entonces sí está —estamos todos— ante un problema grave.

En efecto, desde hace semanas vemos que por todos lados hay inconformidades porque el gobierno de Gabino Cué enfrenta innumerables pasivos que no es capaz de pagar. Lo que resulta verdaderamente alarmante es no sólo el hecho de la imagen creciente de un gobierno insolvente, irresponsable e incapaz de cumplir con sus compromisos financieros, sino sobre todo que muchas de las empresas que proveen de bienes y servicios al gobierno enfrenten hoy graves problemas financieros gracias a que los servicios o mercancías que ya proveyeron al gobierno, no han sido pagados. Eso genera una cadena de problemas, de fondo, de los que el gobierno no va a hacerse responsable. ¿De qué hablamos?

De que, en ese primer rubro, muchas empresas contraen compromisos de financiamiento y crédito para poder cumplir con sus calendarios de entrega de los productos o servicios que ofrecen. El gobierno es, para cualquier rubro de la economía, un cliente importante primero porque tiene una amplia capacidad de consumo, y segundo, porque se supone que también tiene una capacidad amplia de pago por los servicios e insumos que demanda.

El problema es que cuando el gobierno no paga en tiempo y forma por lo que consume, la economía de las empresas sufre: dejan de pagar sus financiamientos, se enfrentan a los destructivos intereses moratorios, consumen sus reservas —si es que las tienen— y, todo eso, impacta en el bienestar de los trabajadores, que resultan ser los afectados últimos de esa cadena de impagos.

Al final, cuando el gobierno paga, no cubre el costo de las mermas que van desde lo que la empresa enfrentó por el pago tardío, hasta los gastos extraordinarios que los trabajadores debieron hacer para enfrentar la insolvencia derivada de sus centros de trabajo, y financiar indirectamente la incapacidad de pago, o la irresponsabilidad del gobierno, al adquirir compromisos que no puede cubrir con sus ingresos.

Esto es lo que está pasando en muchos sectores de la economía local. Hoy protestan trabajadores, proveedores de transporte, de uniformes escolares, y un larguísimo etcétera de personas físicas y morales que se encuentran en una situación angustiante debido a que el gobierno saliente ya no está en la posibilidad de acceder a nuevos créditos para cubrir sus compromisos. Si eso ya es grave, lo es mucho más que nadie —nadie— confíe en que el hecho de que esos compromisos sean institucionales, y que todos teman que la nueva administración no reconozca los pasivos dejados por el gobierno saliente.

INCERTIDUMBRE

El gobierno de Gabino Cué tiene un gravísimo problema de no saber, no poder, o no querer explicar por qué enfrenta este “atorón” de final de sexenio. El Gobernador asegura que esto ocurre porque no pudieron acceder a créditos de corto plazo. De ser esto así, entonces el gobierno estatal también estaría enfrentando retrasos en la recepción de transferencias federales. Por eso la necesidad de buscar “créditos puente” que dan liquidez en el corto plazo cuando se tienen demasiadas cuentas por cobrar. Eso es algo básico.

¿Cuál es el problema mayor? Que la larguísima estela de corrupción, de avidez y de voracidad de diversos funcionarios del gobierno saliente, tiene al Gobierno de Oaxaca sumido en una enorme crisis de credibilidad, de la que son presa todos los sectores productivos que ven con terror el hecho inminente, de que el gobierno saliente culmine su mandato sin hacer frente a sus responsabilidades. Por su parte, el gobierno electo ha evitado referirse al tema para evitar el reconocimiento anticipado de responsabilidades, y seguramente para evitar también que esto genere que el gobierno saliente deje de sentirse presionado ante las exigencias de pago.

Frente a todo esto, es claro que en este clima de credibilidad devastada y faltantes por doquier, ya nadie cree en aquello de que el Estado es una institución imperecedera, cuyos compromisos subsisten independientemente de quién tenga a cargo la administración de los recursos. Esto, que debía ser un principio básico de credibilidad y certeza, en Oaxaca pierde toda dimensión ante la práctica reiterada de esta administración saliente de desconocer compromisos y responsabilidades sin ningún tipo de remordimiento.

DESPRECIO

En el último de los casos, la ciudadanía está sólo reaccionando de una forma proporcional a la irresponsabilidad del gobierno, a quien no sólo no nunca le importó forjar y mantener su imagen de indolencia frente a sus compromisos financieros, sino que hoy está cerrando la administración con una actitud de insensibilidad y desprecio frente a la atribulada economía local, que en gran medida está detenida por sus errores de planeación y por nunca generar ni el más mínimo sentido de certeza frente a la ciudadanía.